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Por orden del juez Julián Ercolini, la Policía Federal realizó un allanamiento en la casa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández involucrado en el escándalo de los seguros surgido durante la administración del ex presidente. Según pudo saber Infobae, el operativo comenzó a la noche en la casa del investigado, ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

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En el lugar se encontraron efectivos realizando la incursión en el domicilio de Martínez Sosa por orden de la Justicia. En paralelo, el abogado que lo representa a él y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, se dio cita en el lugar y tomó contacto con los agentes solicitando dialogar con el responsable del operativo, según pudo saber este medio. Cantero se encontraba en el domicilio. Los letrados, en tanto, no lograron entablar una conversación con los responsables del procedimiento.https://b6a2ecbd7a74274af8db6895307a6a14.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En paralelo, se realizaron tres procedimientos similares en oficinas y viviendas pertenecientes a Alberto Pagliano y Pablo Torres García. Se trata de las personas señaladas en el esquema denunciado por el actual gobierno, con el que se habría montado un negocio a partir de la contratación de Seguros para las distintas prestaciones en las que intervenían los organismos del Estado.

El mecanismo, según se investiga, habría tenido origen en un decreto presidencial que ordenaba a todos los estamentos públicos a contratar a Nación Seguros, empresa que pertenece al Banco Nación, como aseguradora de riesgos en sus prestaciones. Así se creaba una cartera de clientes cautivos. Sin embargo, pese a ese contexto, en cada contratación habrían intervenido empresas privadas, pertenecientes a terceros, a quienes se les cuestiona, primero, la necesidad de su intermediación, y segundo las comisiones que habrían percibido.Allanamiento en la casa de Héctor Martínez Sosa (Franco Fafasuli)https://b6a2ecbd7a74274af8db6895307a6a14.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Es en esa trama donde aparecen los nombres de Martínez Sosa, señalado como uno de los empresarios que se benefició con ese esquema de contrataciones por parte de los organismos públicos en una intermediación cuestionada. El mismo rol se le asigna a Torres García. Pagliano, en tanto, era el titular durante la presidencia de Alberto Fernández, de Nación Seguros. Todas son personas que mantienen algún vínculo con el ex presidente. La trama fue publicada por el periodista Ricardo Roa en Clarín.Te puede interesar:El juez Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

Por caso, Martínez Sosa está casado con María Cantero, histórica secretaria del ex presidente. En su primera declaración pública sobre el tema, Fernández le dijo al diario La Nación: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”. Luego de que el caso se hiciera público, se conoció además que los registros de ingresos a la Quinta de Olivos identifican visitas de Martínez Sosa a la Quinta presidencial durante la gestión de Fernández en al menos ocho oportunidades. Los encuentros, en la mayoría de los casos se extendían por varias horas, de acuerdo a estas revelaciones.

El escándalo estalló a partir de que el ex titular de ANSES, Osvaldo Giordano, detectara este esquema en el organismo y decidiera interrumpir la práctica por considerarla irregular.

El gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales impulsores de la investigación de la trama que tiene al ex presidente Alberto Fernández la mira. Según explicó el vocero Manuel Adorni la semana que pasó, el Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de ANSES, por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos.Te puede interesar:Escándalo de los seguros: la Justicia pidió los registros migratorios de Alberto Fernández y del broker involucrado

La presentación apunta contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.

Por su parte, Osvaldo Giordano, quien ya no forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, explicó cuáles fueron las gestiones que detectó dentro de ANSES y que consideró irregulares. “Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, explicó el ahora exfuncionario nacional en medios de Córdoba.

“Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente”, agregó.

Fuente: Infobae.com

Los sindicatos y las cámaras patronales se encuentran negociando modalidades de aumentos con el objetivo de que los salarios pierdan el menor terreno posible frente a la escalada inflacionaria y la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

En este contexto delicado a nivel económico, durante los primeros dos meses del año la tendencia en cuanto a negociaciones paritarias ha estado enfocada en ajustes salariales mensuales o bimestrales, complementados con vouchers, bonos y otras herramientas en un entorno recesivo.

Aunque en algunos rubros, de momento, no ha existido novedad alguna de acuerdos, en otros ya se han acordado importantes incrementos, en medio de una estimación inflacionaria del orden del 100% para el trimestre enero-marzo, lo que presiona con fuerza a los salarios.

Se destacan en este sentido, por mencionar, los aumentos en los ingresos de los trabajadores bancarios, farmacéuticos, metalúrgicos y de transporte, entre otros.

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Los principales acuerdos salariales en el inicio del 2024

Farmacéuticos

En el que fue el primer acuerdo paritario de cualquier gremio durante el 2024, cerrado en las primeras horas de enero, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cerró un aumento del 91% trimestral, del 19% para enero, del 43% para febrero y del 29% para marzo.

De esta manera, el piso de ingresos para los profesionales de las farmacias y los laboratorios pasó a ser de $750.000, al que se le puede sumar, según establecen las clausulas del acuerdo, un 10% adicional por presentismo, un 12% por capacitación y un 20% por gestión del establecimiento.

Bancarios

La Bancaria cerró un acuerdo que implica un aumento retroactivo del 23,2% a partir del 1 de diciembre (basado en diciembre de 2022).

Además, sobre esa base de diciembre 2023, se otorgó para enero, un incremento salarial de 20% que funciona bajo el concepto de adelanto a cuenta de la inflación que releve el INDEC, lo que llevó el salario conformado inicial de la actividad a $904.357,68.

En tanto que a fines de febrero cerró otro adelanto del 14% y una actualización del 0,60% para enero, lo que cubrió la diferencia inflacionaria del mes, por lo que el sueldo inicial de febrero más la «participación de Ganancias» se elevará a $1.036.122,60.

Metalúrgicos

El mes pasado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó un incremento salarial del 25,5% (correspondiente a la inflación de diciembre) para los sueldos de enero. Este aumento se aplicará sobre los salarios vigentes en la actividad al 31 de diciembre.

Actualmente se encuentran en paritarias que no están llegando a buen puerto, ya que el pedido del gremio es un aumento salarial del 35% a partir de febrero y el sector empresario ofrece un anticipo del 15% a cuenta de futuros acuerdos a partir del 1 de febrero

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Aceiteros

Los trabajadores aceiteros acordaron un ajuste salarial del 41%. Además, los operarios del sector recibirán un bono de $644.000, el cual se otorga anualmente y se considera como parte de la participación en las ganancias.

A partir de enero, el salario básico para la categoría inicial, la de peón, alcanzará los $992.161,89. Cabe destacar que la paritaria del año 2023 se había cerrado en un aumento del 211,4%.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento del 20% para los salarios de enero, considerándolo como un adelanto en previsión del aumento mensual de precios, con un sistema de revisión mensual similar al que utilizan sus pares bancarios.

Al igual que la UOM están en plena negociación paritaria para fijar un nuevo aumento desde febrero.

Automotrices

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que solía pactar aumentos de manera trimestral, firmó con las automotrices un incremento salarial de 38,85% para enero y febrero a cuenta de la inflación acumulada en el bimestre.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de la Alimentación acordó un bono extraordinario por única vez de $40.000, junto con un incremento acumulativo del 34% en enero sobre los salarios de diciembre, seguido de un aumento acumulativo del 20% en febrero sobre los sueldos de enero.

Aunque la suma de estos incrementos equivale al 54,9%, debido a su carácter acumulativo, el aumento total alcanza el 62% con respecto a los salarios de diciembre. A esto se suma la suma única de $40.000.

En marzo se procederá a reabrir la negociación paritaria.

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Comercio

El sindicato de Empleados de Comercio, el gremio con la mayor cantidad de empleados, cerró un ajuste retroactivo del 11% para diciembre (sumado al 13,3% ya recibido), además de un aumento del 20% no remunerativo que será abonado junto con los sueldos de enero.

Con este incremento, el salario básico bruto de enero alcanza los $573.423, considerando el presentismo.

El gremio con más empleados cerró con el sector empresarial un aumento salarial del 17,6% para aplicar desde febrero, por lo que el sueldo básico que cobrarán desde este mes partirá desde los $658.000 brutos.

Transporte

Durante la primera semana de febrero, se alcanzó un acuerdo en las negociaciones paritarias de los choferes de colectivos, quienes habían amenazado con realizar un paro. La UTA estableció un salario básico de $597.000 para enero y $737.000 para febrero.

Además, se negoció un aumento en los adicionales por viáticos y reintegro de gastos, así como una asignación extraordinaria de $390.000, la cual se pagará en dos tramos. Por lo tanto, en febrero, el salario total ascenderá a $1 millón.

En detalle, en enero, los choferes recibirán $818.960 ($597.000 de salario básico inicial, $81.960 en concepto de viáticos y $140.000 correspondientes a la primera cuota de la suma fija, que se abonará el 20 de febrero). Para febrero, experimentarán un aumento del 33%, alcanzando un total de $1.088.160 ($737.000 de salario básico, $101.160 en viáticos y $250.000 por la segunda cuota de la suma fija, a pagarse el 15 de marzo).

Después del 15 de marzo, se retomarán las negociaciones.

Trabajadores del Estado

El sindicato de los trabajadores del Estado (ATE) acordó un aumento del 16% para enero. El Gobierno propuso una suba del 12% desde febrero pero fue rechazada por el sindicato argumentando que la inflación del primer mes del año estuvo en el 20%.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), las cámaras empresarias y el Gobierno han llegado a un acuerdo para otorgar una suma fija no remunerativa de $70.000 por única vez, a ser abonada el 9 de febrero, bajo el nombre de «Gratificación Acta Acuerdo del 31/1/2024».

Además, según lo acordado, sobre esta suma no remunerativa se aplicará la contribución patronal a la obra social correspondiente

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Trabajadores de Carga y Descarga

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga cerró un incremento de 51% para el trimestre enero-marzo, en 3 cuotas de 17%, y fijó una cláusula de revisión automática según el dato de la inflación.

Camioneros

El sindicato conducido por Pablo Moyano reabrió la discusión paritaria en enero y llegó a una pauta salarial bimestral de 33.5%, segmentada en un 12,5% en enero y 21% en febrero. Además, comenzarán las negociaciones para definir los aumentos de marzo y abril.

Petroleros

Para los trabajadores de yacimientos petrolíferos, se ha alcanzado un acuerdo para un incremento del 47,5% en enero, calificado como «gratificación extraordinaria».

Las negociaciones se reanudarán a partir del 15 de febrero. En la paritaria anual 2023, los trabajadores del sector petrolero lograron un incremento del 183,2%.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó un incremento salarial del 45% para febrero y pautaron con las cámaras del sector empleador volver a reunirse a fines de mes para evaluar una nueva recomposición.

Con la suba acordada, los encargados de edificios tendrán un sueldo básico de $441.447 para el caso de la categoría con vivienda en el edificio y de $518.912 en los casos de encargados sin vivienda.

Seguro

Acordaron un alza de 54% para el primer bimestre, dividida en 32% para enero y 22% para febrero. Los porcentajes se aplican sobre la base de salarios de diciembre. Una vez que estén liquidados todos los porcentajes, un trabajador del Grupo 1 que realice 8 horas efectivas, superará los $930.000 brutos.

Plásticos

El Sindicato Plástico también irá negociando mes a mes. Había acordado un aumento del 24,35% para enero y una suma fija no remunerativa de $70.000. En los primeros días de febrero, cerró un aumento de 25% más con respecto a enero y un bono de $85.000, consiguiendo casi 50% en el primer bimestre. El gremio y las cámaras se volverán a reunir en 30 días para negociar los próximos incrementos.

Pasteleros

El aumento salarial será del 24% no remunerativo sobre salarios básicos de enero para la Rama Pastelera. En febrero ese aumento se suma al básico.

Perfumistas

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas firmó un aumento del 20% en diciembre sobre valores de noviembre, y un 15% en enero sobre valores de diciembre.

Fuente: Perfil.com

Tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones legislativas, los American Depositary Receipts (ADR) de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York arrancan la jornada en el pre market con subas generalizadas.Te puede interesar:Caída de la actividad económica: cuánto tiempo tardó la Argentina en salir de las últimas recesiones

Minutos antes de las 10 de la mañana la acción de Cresud marcaba un aumento del 8,28%, YPF subía 2,02%, Banco Macro, 1,47%; Grupo Financiero Galicia, 3,19%; IRSA, 1,28%; Loma Negra, 0,59%; Transportadora de Gas del Sur, 2,70%; BBVA, 3,77%; Central Puerto SA, 0,25%; y Tenaris, 0.08%.https://80c9a6343ea80e59ba87c4e0f57956cc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El rally alcista se da luego de que Milei convocara a los gobernadores a sumarse al “Pacto de Mayo” luego de semanas conflictivas con los mandatarios.Te puede interesar:Qué hacer con los pesos: mientras se debilita el dólar libre, crece el atractivo de los bonos soberanos

Cabe recordar que previo el viernes, previo a la disertación del jefe de Estado y ante la incertidumbre de posibles medidas económicas, se operaron más de 683.000 contratos de futuros de dólar como resultado de coberturas que “probablemente desataron miedos en otros especuladores y coberturistas y decidieron pasar el discurso con posiciones especulativas, o para compensar exposiciones vendidas de tipo de cambio oficial, y se generó un frenesí de compras”, aseguraron desde Outlier.https://80c9a6343ea80e59ba87c4e0f57956cc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Ahora, el mercado está reaccionando positivamente a la iniciativa del Ejecutivo de reunirse el próximo 25 de mayo en Córdoba para firmar un acuerdo y establecer 10 políticas de Estado, cuyos lineamientos estarán sujetos a la aprobación previa de la presentada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y un nuevo pacto fiscal. Los puntos son:Te puede interesar:Tarifas de luz: cuánto va a pagar cada usuario con los aumentos que llegarán este mes

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal innegociable.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

El anuncio fue bien recibido por las cámaras empresariales, las cuales mostraron rápidamente su apoyo.

Entre las primeras, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y también la entidad que aglutina a los exportadores de cereales, CIARA-CEC.

“El diagnóstico y el curso de acción planteado por el Presidente Milei van en la dirección correcta. Desde nuestra entidad apoyamos firmemente el proceso de desregulación que está llevando adelante el Gobierno Nacional, como así también el contundente ordenamiento fiscal y monetario, la austeridad en el manejo de los fondos públicos y el combate a la corrupción enquistada en diversos ámbitos”, sostuvo Natalio Mario Grinman, presidente de la CAC

Desde CIARA-CEC afirmaron: “El discurso del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la Apertura de Sesiones Ordinarias fue contundente, claro y preciso en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social. Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestra país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”.

El Consejo Agroindustiral Argentino (CAA), por su parte, dijo: “Instamos a las fuerzas políticas, gobiernos provinciales, legisladores y entidades gremiales empresariales y de trabajadores, a trabajar para lograr que “el Mayo Cordobés” sea el punto de partida de una nueva Argentina que atraiga inversiones, genere empleo de calidad y pueda salir al mundo con productos con agregado de valor”.

Fuente: Infobae.com

Ante el vallado de las oficinas que tiene la agencia de noticias Télam en el centro porteño y la restricción para su acceso a los trabajadores, los empleados salieron al cruce de la medida dispuesta por el Gobierno nacional. “Es una ilegalidad lo que están haciendo porque no puede cerrarse si no es por ley”, señalan los periodistas y administrativos con cierta esperanza de que la decisión de Javier Milei de cerrar el órgano no se pueda llevar adelante.

“Estamos estudiando todas las presentaciones que se tengan que hacer. La agencia estaba incluida en la ley ómnibus como una de las 41 empresas públicas para ser privatizadas. Si bien ese proyecto aún no prosperó, se está avanzando de manera ilegal con Télam”, denunció, en Radio con Vos, Carla Gaudensi, secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y periodista en ese medio. “Necesita pasar por el Congreso para que Télam sociedad del Estado no exista”, enfatizó desde el interior de la redacción.

No es la única trabajadora que conserva algo de esperanza y aspira a que la medida tomada por el Presidente no se haga realidad. “Si bien la agencia fue creada en su momento por decreto, hubo más tarde una ley que refrendó su puesta en marcha, por lo que debería ser cerrada por ley”, dijo a LA NACION un cronista que prefirió mantener en reserva su identidad.

El periodista, que tiene una larga trayectoria en ese medio público, contó que este fin de semana, tras el anuncio que hizo el viernes Milei en la apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa, la sensación en Télam “cambiaba cada 15 segundos”. “Nos cruzábamos mensajes con mis compañeros; creíamos que había sido un dicho al pasar, que no podía ponerlo en práctica rápidamente”, precisó.

Todo cambió a última hora de este domingo, cuando efectivos de la Policía vallaron los accesos a las oficinas. “Eso superó lo que pensábamos”, reconoció el hombre. Sin embargo, opinó: “Todos pensamos que esta situación se puede dar vuelta”.

Sabino Cabrera es delegado de Télam en SiPreBa y no puede ocultar su enojo. “Tengo mucha indignación”, reconoció en diálogo con LA NACION, y prosiguió: “No solo por el anuncio que dio el Presidente, sino por lo que ocurrió” este domingo.

Era cerca de la medianoche y el periodista estaba en la guardia nocturna que tiene la agencia en el edificio ubicado en la avenida Belgrano. De repente, apareció la seguridad privada del inmueble a indicar que efectivos de la Policía Federal Argentina estaban en la recepción. “Nos dijeron que abandonáramos el inmueble o nos sacaban por la fuerza”, relató Cabrera. Mientras tanto, los uniformados colocaban las vallas en la puerta de acceso. Actualmente, quedan unos pocos empleados dentro de las oficinas sitas en Bolívar.

“Intentan esto de esta manera porque no pueden llevarlo adelante por la vía democrática”, denunció el delegado, y dijo que van a acudir a todas las instancias que correspondan “así como lo hicimos cuando nos quisieron privatizar”. “Esto es ilegal”, enfatizó Cabrera.

Si bien muchos de las y los trabajadores de Télam consultados por este diario conservan la esperanza de que la decisión del Gobierno de cerrar la agencia quede en la nada, quienes no tienen un cargo gremial temen dar a conocer sus identidades “por temor a represalias”, confiaron. “Se debe cerrar y/o privatizar por ley, pero esto es una demostración de fuerza, es aleccionador para todos los medios”, se quejó, indignado, un empleado.

Según contó el periodista, este viernes, horas antes de que el presidente Milei anunciara el cierre de Télam en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, tuvo un paso por la redacción de la agencia el interventor Diego Chaher: “Estuvo piso por piso diciendo que él no habría aceptado el cargo si se iba a cerrar Télam y que venía a transmitirnos tranquilidad”.

“No hay desvinculación de hecho aún. Tengo esperanzas porque el escenario está todavía abierto”, dijo otro periodista con vasta experiencia en la agencia. “Ya tuvimos otros siete intentos de cierre previo, de otras épocas, que finalmente no prosperaron”, agregó el hombre.

Valeria Musse

Fuente: La Nación

Luego de que el presidente Javier Milei planteara la idea del «Pacto de Mayo» durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el ministro del Interior, Guillermo Francos ratificó que el Gobierno convocará a los gobernadores a la Casa Rosada e insistirá con el paquete fiscal y la aprobación de la «Ley Bases».

«Empezaremos conversando con los gobernadores por grupos y buscando la forma de encarar todos los aspectos que nos planteó el Presidente de la República en su propuesta. Creo que nadie puede oponerse a tratar estos puntos que son con los que van a estar de acuerdo todos los argentinos», manifestó Francos este domingo 3 de marzo en diálogo con Gonzalo Aziz por Radio Mitre, en referencia a los próximos pasos a seguir hasta el 25 de mayo.

Pacto de Mayo: qué gobernadores dieron el sí y cuáles se muestran reticentes al llamado de Milei

El ministro del Interior confirmó que volverá al Congreso con el paquete fiscal que, entre otras cosas, restituye el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría e incluye una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, requisitos que se buscan alcanzar en la previa a la firma de los 10 consensos básicos del denominado «Pacto de Mayo».

«El impuesto a los ingresos es un impuesto que estuvo siempre presente y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar porque cuando se derogó con fines absolutamente electoralistas lo que hizo fue desfinanciar a las provincias«, analizó.

Francos recordó que el tributo se eliminó en 2023 en el Senado por iniciativa del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, pasando a llamarse impuesto a los «Mayores Ingresos» y siendo solo aplicable a quienes percibían salarios mensuales superiores al nuevo piso, hoy por encima de los $2,3 millones.

La derogación el impuesto en Diputados fue acompañada incluso por el propio Milei, pero una vez que el libertario llegó a la Casa Rosada este cambió de opinión y planteó la «resurrección» del tributo como un elemento de cambio para obtener el apoyo de los gobernadores a la Ley Bases.

No obstante, los constantes desacuerdos de cara al enorme proyecto debatido en comisión de la Cámara Baja obligaron al Ejecutivo a retirar el paquete fiscal. De esta manera, a la diferencia obtenida por Ganancias se sumó el cuestionamiento de las provincias por el aumento de retenciones y el pedido de coparticipar del Impuesto País, una idea rechazada por el mandatario.

De forma no explícita, el Gobierno libertario apuesta a generar un «alivio fiscal» que ayude a oxigenar las cuentas de las 24 jurisdicciones en base al apoyo legislativo de los mandatarios opositores al paquete de reformas planteado.

«El pacto es una cosa muy superior a la ley»

En lo que respecta a la «Ley Bases» y su regreso al Congreso, Francos aclaró que «no es que sea una condición para el acuerdo» que se busca alcanzar antes del 25 de mayo, aunque aclaró que en ese camino tanto Nación como las provincias deberán mostrar esa «vocación de acuerdo».

«Que mejor muestra de que vamos camino a un pacto que sellar un acuerdo previo que permita sancionar una ley que beneficie a todos los argentinos y permitirle a las provincias equilibrar las cuentas fiscales que habían sido reducidas en sus ingresos», consideró.

De todas formas, el funcionario insistió en que «no es una condición para nada» y que «son temas distintos». «El pacto es una cosa muy superior a la ley», aseveró.

Gobernadores ausentes al llamado “Pacto de Mayo” y cautelosa reacción de UxP: lo que no se vio del discurso de Milei

«Nuevo pacto social»

«Hay un gran consenso popular en que debemos buscar la forma de sellar este nuevo pacto social donde los argentinos podamos vivir en paz y pensando en un futuro próspero, que es lo que hasta ahora no teníamos», amplió Francos sobre las expectativas de cara al acuerdo.

En este marco, sostuvo que «de ambos lados tienen que ceder posiciones» y, en referencia a aquellos dirigentes políticos que no vayan a apoyar o consensuar el Pacto de Mayo, advirtió que «quien no firme se quedará afuera del consenso».

Para concluir, el funcionario mencionó a varios gobernadores que estarían de acuerdo con las 10 políticas de estado planteadas, entre ellos Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Leandro Zdero (Chaco); Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Fuente: Perfil.com

La Justicia intenta desentrañar un negociado millonario que tiene como protagonistas a una de las principales cajas del Estado y a intermediarios sospechosos que tenían acceso directo al expresidente Alberto Fernández.

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Esa “caja” es la de la Anses, la oficina que administra el dinero de los jubilados y pensionados -entre otros- en la Argentina. Y su primer titular durante el gobierno de Javier Milei, Osvaldo Giordano, detalló algunos datos que sirven para empezar a entender en términos pecuniarios hasta dónde escalan los hechos que se encuentran siendo analizados.

Giordano ya no forma parte de la gestión pública. Luego del traspié parlamentario de la Ley Ómnibus, Milei decidió removerlo del cargo porque su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en contra del paquete de reformas impulsado por la Casa Rosada. No obstante, en las últimas horas dio información relevante para la causa.Los seguros de los créditos que tomaban los jubilados se convirtieron en un negociado que es investigado por la Justicia

La maniobra investigada por la Justicia gira en torno a los créditos que Anses le otorgaba a los jubilados casi sin requisitos. Quienes accedían a esos préstamos estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros y, a partir de allí, se disparaban negocios con intermediarios que recaudaban millones de pesos. Uno de esos intermediarios es Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero.Te puede interesar:Alberto Fernández habló sobre la denuncia por irregularidades en la ANSES: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”

Según explicó Giordano, en declaraciones a La Voz y el Doce TV, cuando asumió el control de la Anses, en diciembre de 2023, se pagaban $1.700 millones por mes a Nación Seguros. En menos de 60 días, ordenó no renovar ese contrato porque otro sistema le permitía ahorrarse un 40% del presupuesto.

“Anses da créditos a los jubilados. Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”, explicó el ahora exfuncionario nacional.Te puede interesar:Alberto Fernández difundió un documento para justificar la maniobra de contratos de seguros

Y agregó: “Ese contrato con Nación Seguro vencía en febrero y había que tomar la decisión de renovar o no y lo que pedí fue hacer una comparación con el costo de volver al esquema anterior de autoseguro, ahí descubrimos que nos costaba menos, que era más eficiente”.

Sin embargo, aseguró desconocer cómo era la ruta del dinero de intermediarios por la cual Alberto Fernández es investigado y de la cual se desligó al mencionar a su secretaria: “Con la información que teníamos en la Anses era imposible investigar cómo era la distribución de recursos”, destacó.

La investigación

La causa judicial de estas maniobras sospechosas la tiene el juez Julián Ercolini. El magistrado está a cargo del expediente que se inició por una denuncia cuyos principales acusados son el expresidente, el mencionado Martínez Sosa, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el broker Pablo Torres García, entre otros. Son algunos de nombres que aparecieron en la nota que publicó Ricardo Roa en Clarín, el domingo pasado, que destapó una nueva “caja negra de la política”.

Según lo que se sabe hasta ahora, en la administración de Alberto Fernández, el Gobierno ordenó por decreto que todas las reparticiones oficiales y dependencias de la administración central contraten sus coberturas con Nación Seguros. Allí estaba Pagliano, que acompañó al expresidente desde que, en los 90, fueron juntos a la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Carlos Menem, y luego armaron desde cero Provincia Seguros. El expresidente Alberto Fernández (Telam)

Ese decreto creó un mercado cautivo, se habilitó que participaran compañías privadas como productoras o coaseguradoras. Allí aparecen empresarios como Martínez Sosa, a quien Fernández también conoce desde los 90 y con quien tiene tanta familiaridad como para deberle por año 20 mil dólares. Entre los contratos y los intermediarios aparece la trama del pago y el cobro de comisiones permanentes y multimillonarias.

Además, este fin de semana se confirmó que Ercolini también fue designado por sorteo para seguir otra denuncia, que Infobae anticipó el jueves. Es la que presentó el gobierno de Javier Milei contra el ex director operativo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Federico D’Angelo Campos. El Gobierno lo acusa de haber permitido, presuntamente, la aplicación de “comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros”.

La denuncia es importante porque la presentaron conjuntamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntas irregularidades de la administración anterior. En la acusación, los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo -que siendo concejal mantenía su puesto- “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Fuentte: Infobaed.com

El presidente Javier Milei llamó, ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, «Jinetes del fracaso» a líderes de distintos sectores del peronismo y convocó a los gobernadores al Pacto de Mayo, lo que generó un revuelo aún más grande en el proceso interno de Unión por la Patria de reorganización y búsqueda de nuevos liderazgos.

En un tramo de su discurso, el presidente Javier Milei se refirió a dirigentes peronistas como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano como «jinetes del fracaso» y dijo que la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner fue la «responsable de uno de los peores gobiernos de la historia».

Tras la finalización del discurso, sorprendió el silencio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien estuvo presente en el Congreso nacional, ya que es una de las figuras más prometedoras del peronismo y que cuenta con el apoyo de varios espacios internos para ser el conductor de esta nueva etapa en la que más de un dirigente busca dejar atrás la tutela de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La intención del mandatario bonaerense es sentar posición respecto al Pacto de Mayo y las chicanas de Javier Milei en su discurso inaugural de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, previsto para este lunes a las 16.

Al igual que Axel Kicillof, otro de los gobernadores peronistas en continuo enfrentamiento con el Gobierno, el riojano Ricardo Quintela, también se mantuvo en silencio.

En tanto, Cristina Fernández de Kirchner mantiene la estrategia de no expresarse sobre la administración de Javier Milei luego de su reaparición semanas atrás con un documento de 33 hojas con cuestionamientos al Gobierno y una serie de puntos para debatir en la interna del peronismo, que fue leído como un intento por continuar siendo su conductora.

Según trascendidos, durante la semana pasada hubo una cena entre Cristina y Massa, de la que también participó su esposa Malena Galmarini, pero ambos espacios optaron por no dar más detalles.

En las filas del Frente Renovador (FR) que lidera Sergio Massa hay cierto descontento sobre las actuales relaciones con el kirchnerismo y, especialmente, con el espacio bonaerense que conduce Kicillof.

En ese marco, Massa reapareció este sábado junto a su tropa en un encuentro del Frente Renovador en la ciudad del interior bonaerense de Roque Pérez, cuyo anfitrión fue el intendente de esa comuna, el massista Maximiliano Sciaini.

Allí, se definió la fecha para el próximo congreso nacional del Frente Renovador, que será el próximo 22 de marzo, y se impulsaron a nuevos liderazgos para el mediano plazo.

Durante la reunión se manifestó «preocupación por la caída del ingreso, los despidos y se debatieron propuestas para defender la clase media», según informaron fuentes partidarias.

En el encuentro estuvieron presentes la extitular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini, 19 intendentes, los siete diputados nacionales del FR, once legisladores bonanerenses y funcionarios bonaerenses del partido.

Massa retomó así su actividad política, mientras está terminando su libro y ultima detalles para «poner en funcionamiento la fundación Encuentro» en las primeras semanas de marzo.

El clima interno en el peronismo es complejo y se acrecienta aún más por la impronta de Javier Milei y la aceleración de los tiempos, por lo que a las bases justicialistas cayeron muy mal los gestos del actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien se mostró en un palco con una sonrisa cuando el presidente calificó de «jinetes del fracaso» a sus excompañeros de partido, ya que el funcionario fue vicepresidente de Néstor Kirchner, dos veces gobernador bonaerense, diputado del Frente de Todos y luego embajador en Brasil.

Al igual que Scioli, otro de los mandatarios apuntados es el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien se alineó con las estrategias de La Libertad Avanza sin dudarlo bajo la excusa de que «defiende a su provincia».

También uno de los más fervientes impulsores de la candidatura presidencial de Massa, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, dio una clara señal amigable en las últimas horas con el Gobierno nacional y condicionó al peronismo con sus declaraciones.

«El peronismo tiene que ir a Córdoba y trabajar en este nuevo pacto que tiene que servir para todos los argentinos», sentenció Jalil, mientras que el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se pronunció en el mismo sentido.

«Acompaño la propuesta del presidente de sentarnos a dialogar para buscar respuestas a los enormes desafíos que enfrentamos como Nación y procurar firmar un gran Acuerdo Nacional, que es también lo que junto a varios gobernadores propusimos», dijo Sáenz, un dirigente cercano a Massa.

En tanto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue uno de los que se desmarcó de esa postura y advirtió que «el diálogo se construye a partir del respeto y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición».

Javier Milei convocó a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, expresidentes y líderes de partidos políticos a firmar el 25 de mayo en Córdoba un «pacto fundacional» que consistirá en diez lineamientos para «sentar las condiciones del progreso argentino», el cual se denominará «Pacto de Mayo» y estará sujeto a la aprobación previa de la llamada «Ley de Bases» y de un nuevo pacto fiscal.

A raíz de esta convocatoria, el bloque de gobernadores peronistas comienza a exhibir grietas y complica un poco más la renovación partidaria.

En una semana sin novedades luego de las reuniones de urgencia de la semana anterior por parte de las máximas autoridades del PJ nacional antes de la llegada al país del expresidente Alberto Fernández, el propio titular del Consejo partidario expresó el pasado jueves: «Lo que quiero es que el PJ se reorganice, lo que no quiero es ser un obstáculo».

«Estoy buscando el modo de ayudar. Lo que voy a hacer es seguir militando», concluyó Fernández.

Fuente: Mendoza online

El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitar la compra de alimentos “destinados a mitigar las demandas de la población en situación de vulnerabilidad”. Será a través de dos convenios que ya firmó con Naciones Unidas, por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

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De esta manera el Gobierno de Javier Milei dejó atrás las “metodologías grises” que utilizaba la administración de Alberto Fernández para realizar este tipo de compras y quitó la intermediación de los dirigentes sociales y piqueteros. Fuentes oficiales también destacaron que se dará una “mayor transparencia en el proceso administrativo y de entrega de los productos a los sectores más necesitados”.

El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei cuestionó en duros términos a la gestión del por entonces Ministerio de Desarrollo Social: “Absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control, las organizaciones sociales como la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”, expresó.

Sus palabras estaban basadas en una auditoría interna realizada por la cartera que conduce Sandra Pettovello -que publicó este medio- en la cual sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda. El 80% de esos despachos “no fueron rendidos”. Eso no quiere decir que no hayan llegado a destino, sino que no existe constancia a qué comedores fueron ni a cuántas personas asistieron.La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó falta de trasparencia en la distribución de los alimentos y reclamó más “controles”, algo que, según esos dictámenes, la administración anterior “no implementó”.Te puede interesar:Alberto Benegas Lynch: “Los comedores piden un tipo de calidad de comida y después compran porquerías o la venden”

Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes oficiales, las compras de alimentos implementadas por Pettovello “tienen grandes ventajas” si se comparan con la metodología utilizada por el ex Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos cuatro años.

La lógica de los funcionarios de la Libertad Avanza es “romper” con esa metodología, hacerla trasparente y que los insumos lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables, quebrando parte de “la tercerización que se realizaban a través de los “gerentes de la pobreza”, tal las palabras utilizadas por Milei el viernes.Organizaciones sociales y de izquierda marcharon al Ministerio de Capital Humano ante la falta de entrega de alimentos (Maximiliano Luna)

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, que actúa bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, “los procedimientos de compra son publicados ampliamente, no solo en las gacetas oficiales, diarios de amplia circulación, sino también en los portales web del Proyecto, de amplia difusión y consulta, lo que asegura una extensa difusión y una mayor concurrencia”.Te puede interesar:Piqueteros y la UOCRA se movilizaron en reclamo de alimentos: advirtieron sobre despidos y paralización de la obra pública

El 8 de febrero pasado, Pettovello anunció la firma de convenios por $20.000 millones para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

La licitación, que se publicará esta semana, es por tres millones de unidades de “leche en polvo, arroz y fideos”, un millón cada una.

En cambio, a través del convenio firmado con la OEI se licitará la adquisición de 1.650.555 botellas de 900 ml de aceite de girasol, que tienen como destino los depósitos de Villa Martelli en Buenos Aires y Tucumán y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos que tienen el mismo destino.

Proceso de compra

Según detallaron a este medio los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, “este proceso de compra de alimentos que tramitará a través del documento IAL N° 01/2024, ha sido diseñado para favorecer la más amplia concurrencia de proveedores, no solo grandes sino también pequeños y medianos, garantizando la obtención de las mejores cotizaciones de precios posibles y disipando amenazas de fracaso del proceso, como las que ya se observaron en licitaciones similares del ejercicio anterior”.

Esta es una diferencia significativa a los desarrollados durante la gestión de Alberto Fernández donde, según la auditoría interna, “permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público”. “En el gobierno anterior todo el proceso de adquisiciones estaba viciado”, opinaron desde Capital Humano. Y agregaron: “Se hacían negocios comprando mal”.El gobierno pone en marcha licitaciones transparentes para la adquisición de alimentos para los comedores comunitarios

Para evitar la “cartelización” en las adjudicaciones, las nuevas compras se estructurarán “por lotes o renglones que puedan adjudicarse de manera autónoma, evitando que la eventual escasez de un producto afecte la integridad del proceso de compra; o que los lotes pueden cotizarse parcialmente, con un mínimo del 20% del total de cada uno, asegurando que, ante una posible escasez en el mercado de algún producto, no se afecte la compra de la mayor cantidad posible de ese producto.”

También se tendrá en cuenta que “la evaluación se haga por precios unitarios, comenzando por las ofertas de menor costo unitario, que se adjudicarán hasta las cantidades cotizadas por el proveedor de menor precio. En los casos de cotizaciones parciales de lotes, la cantidad restante se adjudicará el proveedor con el siguiente menor precio unitario y así hasta completar la totalidad del renglón”.

También se establece que: “Los oferentes que coticen el 100% de un lote no puedan retirar su oferta si otro proveedor, que cotizó parcialmente ese lote con un menor precio unitario, resulta adjudicatario de esa porción cotizada. De ese modo, se garantiza la existencia de ofertas suficientes para cubrir la totalidad de productos de cada lote”.

“Adjudicación ágil”

En las últimas semanas las organizaciones sociales y piqueteras realizaron varias movilizaciones a los ministerios de Capital Humano y Economía para reclamar ante la falta de entrega de alimentos secos. Los alimentos secos no llegan a los comedores y merenderos comunitarios desde noviembre de 2023.

Los funcionarios de La Libertad Avanza le explicaron a los dirigentes populares que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, última ministra de Desarrollo Social de Fernández, no dejó ninguna licitación en proceso y los depósitos quedaro vacíos o con alimentos vencidos o a punto de hacerlo. Para este año está presupuestado un billón setecientos setenta y siete mil pesos ($1.588.000.000.000) en alimentos para comedores comunitarios, escolares y otros programas alimentarios. A pesar de esas explicaciones los piqueteros continuaron con las protestas y se cortó el diálogo.

Según pudo reconstruir este medio por fuentes de la Casa Rosada, la duración del proceso de licitación, desde su convocatoria hasta la adjudicación, “está diseñado para ser ágil, completándose en un total de 30 días”. Esta rapidez, entienden los funcionarios de La Libertad Avanza, “contribuye significativamente a reducir los riesgos asociados a la variación de precios y a garantizar una pronta respuesta a las necesidades alimentarias”.

Una vez adjudicada la licitación, “las fechas de entrega de los alimentos son prontas, organizándose de manera que la recepción total de los productos se realice dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato”.

Desde Capital Humano también se destacó que “la metodología empleada por el Proyecto PNUD conlleva a un ahorro sustancial por varios factores: baja del costo por componente financiero” dado que las compras están prefinanciadas por el Ministerio de Capital Humano, el pago a los proveedores se realiza de manera rápida, es decir dentro del mes de la entrega, lo que elimina los costos adicionales asociados a largos plazos de pago.

Fuente: Infobae.com

El ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó hoy que el Gobierno enviará proyectos de ley al Congreso durante las sesiones ordinarias para modificar la fórmula jubilatoria y para reponer la cuarta categoría de Ganancias.

Respecto a estos temas, Francos señaló, en declaraciones a Radio Mitre: “El Gobierno está entregando bonos para complementar el haber jubilatorio. Entre los temas que pedimos tratar junto a la Ley Bases está la fórmula de las jubilaciones. El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar. Cuando se derogó, con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Está previsto tratar Ganancias”.

Por otra lado el ministro del Interior se refirió al camino que se debe recorrer para llegar a la firma del Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei. “Tenemos la semana que se inicia la organización de las distintas etapas. Empezaremos conversando con los gobernadores en grupo para que sea más productivo. Creo que nadie puede oponerse a tratar estos puntos. Ayer estuve en Mendoza en la Fiesta de la Vendimia y la gente apoyaba la decisión del Presidente para que los argentinos podamos vivir en una Argentina próspera”, señaló Francos.

“Ninguna tarea de gobierno es fácil cuando uno tiene que llegar a acuerdos y hay intereses contrapuestos. Hay que ceder de ambos lados y vamos a encontrar gobernadores con características ideológicas diferentes. Lo que el Presidente hizo muy bien es explicitar su vocación ante la opinión pública. El que no quiere acordar se va a quedar afuera de un pacto histórico. Muchos gobernadores están de acuerdo”, afirmó el ministro del Interior.

En tanto, Francos descartó que el Pacto de Mayo esté supeditado a la aprobación de la Ley Bases: “El pacto es algo superior a una ley. El tratamiento de la Ley Bases exhibió un desacuerdo entre el Gobierno y los diputados. Tenemos que llegar a un acuerdo fiscal entre Nación y las provincias. Si tenemos estas herramientas podemos acelerar el proceso desarrollo”.

El funcionario admitió las dificultades económicas que pasan los ciudadanos, pero aseguró que la inflación irá bajando: “La gente en general, incluso la que tiene dificultades, mira el futuro con esperanza. En ese camino se van a dar varios hitos. La inflación, que es la preocupación máxima de los argentinos va a ir bajando por la contracción del gasto. Eso va a ir generando la expectativa de mejora económica”.

Fuente: La Nación

Tras el duro discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en el que convocó a los gobernadores a firmar un acuerdo con 10 puntos para refundar la Argentina (Pacto de Mayo), los mandatarios provinciales recogieron el guante y comenzaron a actuar en consecuencia.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los que aceptó la convocatoria de Milei, quien pretende firmar el acuerdo con los gobernadores el próximo 25 de mayo en Córdoba.

En este sentido, Llaryora anunció que impondrá reducciones en los haberes del gobernador, del vicegobernador y de otros funcionarios de su gobierno.

«Vamos a reducir un 25% el haber del gobernador y vice; el 15% el de los ministros; el 10% el de los funcionarios políticos y quiero pedir que dentro de las posibilidades que cada cuerpo tenga se sumen a este esfuerzo que va a hacer el Ejecutivo provincial», anunció Llaryora.

«Vamos por una Córdoba pujante y solidaria, con un Gobierno austero acorde a las circunstancias que vive la Argentina», completó el gobernador cordobés.

Fuente: Mendoza online