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El segundo round que podría tener la Ley ómnibus en el Congreso en caso de que el Poder Ejecutivo consiga encarrilar una negociación con losgobernadores volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de que el equipo económico había considerado descartada hace pocas semanas: que parte del ajuste fiscal pronunciado que necesita este año para equilibrar las cuentas públicas pueda ser conseguido, además de por un fuerte recorte de partidas, por mayores ingresos que provengan de subas impositivas.Te puede interesar:Dólar debajo de $1.000: ¿es hora de comprar o de vender?

La Casa Rosada abrió la puerta para que la discusión con los mandatarios provinciales tenga como resultado un apoyo amplio al megaproyecto de ley, que naufragó en las sesiones extraordinarias, a cambio de un alivio fiscal para las alicaídas arcas provinciales.https://f575f2db246947d9bf587fbdd29dcea6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Una posibilidad es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, pero en este aspecto ya hubo alguna aspereza: la Nación quiere achacarle esa idea a los gobernadores y estos tampoco quieren absorber el costo político de reducirle el salario a un amplio grupo de trabajadores en un contexto de profunda recesión económica.Te puede interesar:Melconián advirtió que “es cierto que la luz y el gas no están en niveles internacionales, pero los salarios tampoco”

En ese contexto, de todas formas, el equipo económico que conduce Luis Caputo podría obtener una buena tajada si el ida y vuelta con las provincias llegaran a buen puerto, un escenario que todavía es lejano pero al que buscarán apuntar desde el Poder Ejecutivo. Esa tajada se traduce en el “formato” del ajuste fiscalde este año, de cinco puntos porcentuales del Producto Bruto, una magnitud con pocos antecedentes en las últimas tres décadas tanto en la Argentina como en otras economías.

El equipo económico podría obtener una buena tajada si el ida y vuelta con las provincias llegaran a buen puerto. Esa tajada se traduce en el “formato” del ajuste fiscal de este año, de cinco puntos del Producto Bruto

La convocatoria del presidente Javier Milei a una nueva ronda negociadora con los gobernadores vuelve a poner sobre la mesa algunos artículos y medidas que están relacionadas con el ajuste fiscal que busca Luis Caputo y que necesitaban respaldo parlamentario.Te puede interesar:Ayuda escolar anual de $70.000: quiénes pueden cobrarla y cómo se hace el trámite en Anses

Costo del fracaso inicial

Para ponerlo en grandes números, los analistas destacan: el fracaso del primer intento de sanción de la Ley Ómnibus como se bautizó en forma simplificada a la propuesta de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” le había costado al Poder Ejecutivo casi 1,5% del PBI del ajuste total de 5 puntos del PBI que necesita este año, por perder la idea de una suba generalizada de retenciones, la restitución de Ganancias y cambios en el Impuesto a los Bienes Personales.

Todavía no está claro si el texto completo de la segunda versión del megaproyecto será o no idéntico a la última versión negociada sobre el filo en Diputados, que había logrado el respaldo en el tratamiento en general, justo antes de que el oficialismo decidiera retirarlo ante la falta de apoyos en la votación en particular.Resultado fiscal del gasto devengado, según la OPC con datos hasta febrero

Como para tener comparación, antes de que fracasara la Ley Ómnibus en el primer intento de debate en el recinto de Diputados, la hoja de ruta de Caputo exhibía que casi el 60% del ajuste fiscal que buscaba para 2024 estaba explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales. Esos tres últimos integraban el megaproyecto de ley que se negoció el Congreso. Aquel 40% fue puesto en duda tras el naufragio de la ley ómnibus y empezó a tener mayor peso aquella propoción que correspondía a la “motosierra”.

Tras aquel fracaso sobre tablas, la consultora PxQ había estimado que “el revés parlamentario le cuesta al paquete fiscal una reducción del ajuste de 0,5% del PBI respecto a lo presentado al FMI o de 0,8% del PBI respecto al programa original. Por el momento, retraer 0,5% del PBI de otras fuentes no parece un gran desafío aunque, nuevamente, el riesgo refiere a la sostenibilidad fiscal de un ajuste de magnitud que cada vez se basa más en recorte de gastos y menos en suba de impuestos”.

El revés parlamentario le cuesta al paquete fiscal una reducción del ajuste de 0,5% respecto a lo presentado al FMI o de 0,8% respecto al programa original (PxQ)

Aún no está claro qué alcance tendrá el nuevo envión que tendrá la Ley Ómnibus, pero en el equipo económico creen que la modificación en la fórmula de actualización trimestral de haberes y la iniciativa de Ingresos Personales que haga volver a pagar el impuesto a unos 800.000 asalariados tenían “buen consenso” durante las discusiones preliminares. En algunas provincias ya asoma, de todas formas, una resistencia a restituir la cuarta categoría de Ganancias.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) había estimado que en 2024 el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces ministro de Economía Sergio Massa sería de 0,83% del PBI, de los cuales 0,35% corresponden a la Nación y el restante 0,48% del PBI a la combinación de las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El Gobierno le dará otra chance a la ley ómnibus a cambio de alivio financiero a los gobernadores (Comunicación Senado)

La restitución de Ganancias fue uno de los tira y afloje entre las provincias y la Casa Rosada, ya que de ese modo el Gobierno podría recomponer ingresos fiscales pero además los gobernadores conseguirían también una tajada al tratarse de un gravamen coparticipable, a diferencia del impuesto PAIS y de retenciones.

En su informe semanal la Fundación Mediterránea consideró que “ya sea que el gobierno nacional apunte a un superávit primario de 1,5% o 3% del PBI (el segundo implica equilibrio financiero) para este año, en cualquier caso, significa un gran esfuerzo de consolidación fiscal entre 2023 y 2024, de 4,4% y 5,9% del PBI, respectivamente. Dada la magnitud del ajuste necesario, no alcanza sólo con recortar el gasto, de modo que se requiere complementar con otras posibilidades”, mencionó.

No alcanza sólo con recortar el gasto (Fundación Mediterránea)

O bien “aumentar los recursos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos (PAIS), que sean realmente transitorios”, o “lograr que las provincias también ajusten sus erogaciones, de modo que necesiten menos transferencias discrecionales desde el gobierno federal, y así alivien, por esta vía, el gasto nacional”, planteó la entidad.

Por lo pronto, la radiografía del ajuste muestra que “durante el primer bimestre, la reducción total del gasto primario habría sido de $3,9 billones en moneda de febrero de 2024. Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1,68 billones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros”, estimó la Fundación Mediterránea.

Otra pregunta que cuadra es qué porcentaje del ajuste fiscal que llevó adelante corresponde a “licuadora” y cuál a “motosierra”. El economista y autor del podcast Financiero, Monetario e Irreverente Leandro Ziccarelli calculó que con los últimos datos oficiales (enero) el 51% del ahorro en términos reales fue por el efecto licuador de la aceleración inflacionaria y el 49% de ajuste de partidas presupuestarias.

Fuente: Infobae.com

La polémica por el aumento de 30% en el sueldo de diputados y senadores sumó un nuevo capítulo este jueves por la noche, luego de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmara que el oficialismo enviará un proyecto de ley para retrotraer la medida, por pedido del presidente. El diputado José Luis Espert había defendido el aumento a la mañana y, por la noche, tuvo que contradecirse. Javier Milei también rechazó el aumento y lanzó contra los legisladores: «Que no me vengan con que no les alcanza».

«Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011″, escribió Menem en un posteo de X (antes Twitter). Y continuó: «Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis».

Finalmente, el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en el asunto y volver atrás la medida, en medio de un contexto de crisis social y económica cada vez más complejo. La noticia se conoció el miércoles luego de una nota de Noelia Barral Grigera en Cenital e inmediatamente generó indignación por la caída de los salarios en general. En la Cámara de Diputados, con la suba pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $ 1.984.000 en febrero. Por otro lado, el reclamo estaba amparado en la bandera izada por el Ejecutivo de que «no hay plata», algo que no se constataba en la práctica con el aumento. 

Al mediodía, el diputado libertario Carlos González D’Alessandro había adelantado la presentación del proyecto de ley, charla mediante con Menem. «Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento que recibimos Diputados y Senadores. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa. @JMilei @VickyVillarruel», posteo el legislador.

Más temprano, Menem se había mostrado ambiguo en una entrevista radial con Urbana Play, al manifestar que los legisladores de la Cámara baja no cobran antigüedad, ni título, ni aguinaldo. «Yo me comprometí a sortear mi sueldo. Mi dieta personal la sorteo. Todos los jueces, secretarios oficiales, legislaturas provinciales ganan más que un diputado», indicó. Luego agregó: «Si toda la gente está haciendo un esfuerzo, diputados y senadores no deberían ser ajenos a eso«. El mensaje fue similar al que planteó en su último posteo.

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El giro copernicano de José Luis Espert: el aumento era «correcto», pero ya no está de acuerdo

José Luis Espert, diputado de Avanza Libertad, que luego de la asunción de Milei se convirtió en un aliado libertario en el Congreso, había afirmado esta mañana en declaraciones radiales que el aumento era correcto y además corría por detrás de la inflación. «El Estado está haciendo un ajuste equivalente a 50 veces el aumento del gasto público que va a significar nuestra dieta. Tampoco es que cobramos 2 millones de dólares por mes«, se justificó. «Hay una pérdida real del 10%, está bien. Estamos 10 puntos abajo de la inflación«, sumó. 

Sin embargo, luego del retroceso ordenado por Milei y en el mismo día, aseveró: «No estoy de acuerdo con el aumento». «Creo que es una etapa para estar bien conectado con la gente, algo que debería ocurrir siempre de parte de un político. La gente la está pasando muy mal. Estamos en un proceso recesivo, con alta inflación. Con el tiempo, ambas cosas van a ir desapareciendo porque se están haciendo las cosas para que todo termine bien. Pero es una etapa dura en la que tenemos que acompañar«, amplió en una entrevista televisiva con Esteban Trebucq en LN+.

«Estamos trabajando con el presidente de la Cámara y seguramente también estará haciéndolo Victoria Villarruel, para que no ocurra para los diputados y senadores», sumó Espert, quien reconoció que «no sabe bien» si el aumento debe tratarse en el recinto. https://rudo.video/vod/bRIy8W?volume=0

Javier Milei, contra el aumento a diputados: «Que no me vengan con que no les alcanza»

El presidente también se refirió a la polémica y, en entrevista con LN+, explicó: «Tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad». 

«Yo no estoy de acuerdo», dijo Milei cuando le consultaron por los aumentos de los diputados y lanzó: «Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata», argumentó. 

Fuente: Perfil.com

Los gobernadores del PRO y de la UCR quieren disputar la conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo autárquico con un jugoso presupuesto que nuclea a todas las provincias y que el PJ utilizó en los últimos cuatro años como el ámbito de discusión política frente a la debacle del Frente de Todos. Para eso, jefes provinciales de la ex coalición de Juntos por el Cambio y dirigentes cercanos a algunas de esas provincias ya comenzaron a tejer de manera subterránea con colegas del peronismo, a pesar de que a Ignacio Lamothe, el actual secretario General del consejo, se le vence el mandato recién en octubre.

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Lamothe fue elegido para ese sillón el 23 de octubre del 2020, diez días después de la muerte de Juan José Ciacera, un ingeniero que desembarcó en el organismo en 1987 gracias a un acuerdo entre el PJ y la UCR. La carta de constitución del CFI estipula como necesarios el voto de dos tercios de sus miembros -es decir, las provincias- presentes en asamblea para la designación del secretario General. Pero Lamothe fue nombrado en su momento de manera unánime, propuesto por el ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que primero habló con Alberto Fernández -en ese entonces, el ex jefe de Estado aún ostentaba una buena cuota de poder interno- y después con los jefes provinciales, que no pusieron objeciones a la postulación.https://f2c4c34448ce9015f18690d008cba8e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Oriundo de Mercedes como De Pedro, uno de los máximos referentes de La Cámpora y del kirchnerismo con el que trabó un vínculo fluido -cerca del senador aseguraron que el jefe del CFI tiene autonomía propia-, Lamothe nunca perteneció orgánicamente a esa agrupación, y su relación con ese sector del PJ data de muchos años atrás: egresado de la UBA, se diplomó, en términos políticos, al lado del fallecido Juan Carlos “El Chueco” Mazzón, un histórico operador peronista que prestó servicios para el ex presidente Néstor Kirchner. Después fue secretario de Asuntos Municipales de Cristina Kirchner, bajo el paraguas de Florencio Randazzo, y volvió a la actividad pública con la propuesta de De Pedro.

Según el artículo 15 de la carta constitutiva del CFI, el presupuesto del organismo se compone de una proporción del reparto de la coparticipación federal, “similar al coeficiente de distribución” entre las provincias. “El importe que resulte a cargo de cada miembro será retenido mensualmente por el organismo respectivo del gobierno nacional y depositado, de inmediato, a la orden del Consejo, en el Banco de la Nación Argentina”, detalla el texto.Te puede interesar:Con el “Pacto de Mayo” en el horizonte, Milei apunta a reunir esta semana a los gobernadores para resetear la relaciónhttps://f2c4c34448ce9015f18690d008cba8e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En el ejercicio 2024, le corresponde un monto cercano a los $90.000 millones. Destinados, por ejemplo, a programas de financiamiento productivo, a la realización de estudios y consultorías de proyectos de obra y a la “asistencia técnica y financiera para el desarrollo de las economías regionales”, con menos escollos que las burocracias provinciales. También hay partidas para urgencias y para la promoción de festivales o actividades, y hasta subsidios para pasajes y viajes. Es común, en ese sentido, que los gobernadores viajen al exterior financiados por el CFI. Se permiten, por caso, algunas discrecionalidades, habilitadas por la autarquía del consejo.

Pero el encantamiento del organismo no es solo económico, sino también político.Ignacio Lamothe, secretario General del Consejo Federal de Inversiones (Foto: @CFI_Argentina)

Cada vez que los gobernadores se reúnen en Buenos Aires, lo hacen en su sede, en San Martín al 800, en Retiro, a escasos minutos de la Casa Rosada. Este viernes, por ejemplo, varios de los jefes provinciales del peronismo prevén reunirse en ese edificio de vidrios espejados, en la esquina del pasaje Tres Sargentos, antes de reunirse con Guillermo Francos en Balcarce 50, en lo que será el primer acercamiento colectivo entre las provincias y el gobierno tras el fracaso de la ley de bases y la invitación de Javier Milei al Pacto del 25 de Mayo, en Córdoba.

El ministro del Interior ya había visitado a los gobernadores de la UCR y el PRO, al cordobés Martín Llaryora, a representantes de Catamarca y Tucumán y a legisladores dialoguistas como Miguel Ángel Pichetto en esas oficinas en pleno debate por la Ley Ómnibus, para negociar la coparticipación del Impuesto PAIS en medio de la discusión en torno a ese fallido proyecto de ley que ahora la Casa Rosada busca resucitar. Después de esa cumbre en la que Francos se comprometió a estudiar el tema, Milei ordenó retirar el capítulo fiscal del texto.

Lo cierto es que, en los últimos años, la sede del CFI fue un ámbito de discusión casi exclusivamente vinculado al peronismo y aliados. En la campaña electoral, por ejemplo, Sergio Massa y Agustín Rossi fueron recibidos por todos los gobernadores del PJ. Es lo que, en despachos provinciales de la UCR y del PRO, quieren tratar de discutir: la posibilidad de conducir el organismo en un acuerdo con el peronismo “blando” no kirchnerista.Te puede interesar:Axel Kicillof habla ante la Asamblea Legislativa: le responderá a Milei, con la presión de la oposición para que firme el Pacto de Mayo

“El CFI sirve sólo si los gobernadores tienen poder”, explicó a Infobae un reconocido ex gobernador de una provincia del norte durante varios mandatos. “Funciona a reacción, a demanda de las provincias. Es cierto que se profesionalizó mucho en los últimos años”, resaltó, por su parte, un senador peronista que conoce muy bien la gestión de Lamothe.

El funcionario tiene diálogo con todas las provincias, incluidas algunas que, según confiaron, manifestaron puertas adentro serias intenciones de pujar por ese lugar. “La verdad es que trabajamos bien con él”, dijeron en una de ellas. Lamothe, resaltaron, tuvo la habilidad de trabajar especialmente con aquellos jefes provinciales que asumieron por primera vez en diciembre pasado.

Según pudo reconstruir este medio, hay, de todos modos, un grupo de gobernadores colaboracionistas con la Casa Rosada que no quieren esperar a octubre. Hay diálogos subterráneos. Incluso circulan nombres de dirigentes con ganas de reemplazar al actual secretario General del organismo. Hay, al menos, uno del PRO, y circula el nombre de otro de la UCR. Ambos, de muy fluidas conversaciones con las provincias, en momentos de incesantes comunicaciones en el interior del país por la complejísima toma de decisiones por parte de Milei, que mantiene desorientados a los jefes provinciales en vísperas de la reunión de este viernes.

En ese contexto, la discusión política en torno al CFI toma cierta relevancia. En momentos, además, de retaceo de fondos a las provincias, y de un complejo panorama en el mapa del poder que obliga al sistema político tradicional a tratar de ocupar la mayor cantidad de lugares posibles.

Fuente: Infobae.com

Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). En sintonía con la “motosierra” que constantemente declama Javier Milei, en el Gobierno dicen que se desvincularon empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.

La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.

En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás pasó a la órbita de Posse. En la página web de esa empresa -que gestiona las rutas concesionadas- aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.

Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.

Contratos por 90 días

Los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.KARINA MILEI VS RAMIRO MARRA: DESPLAZARON AL BROKER DE LA JEFATURA DE BLOQUE DE LA LIBERTAD AVANZA EN LA LEGISLATURA

Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.

En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles. “Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada que sin embargo no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.

Danza de nombres

En la gestión de Milei, el ajuste del personal avanza rápido mientras la designación de las autoridades superiores (sobre todo subsecretarios) y los funcionarios ejecutivos de alto nivel (directores y coordinadores) en muchas áreas se da a cuentagotas.

Los despidos que se conocieron esta semana en AySA y Enacom combinaron desplazamientos por motivos políticos con cesantías que el Gobierno justificó por presuntas inasistencias o mala conducta. Son dos áreas que en la gestión del Frente de Todos estaban bajo la influencia de Sergio Massa.LA JUSTICIA PIDIÓ EL DESAFUERO DE UNA SENADORA BONAERENSE POR UNA PRESUNTA DEFRAUDACIÓN AL ESTADO

En distintas empresas públicas y organismos que dependían del extinto Ministerio de Infraestructura, en tanto, quedaron al frente funcionarios del gobierno del Frente de Todos que se ajustaron a los nuevos tiempos políticos. En AySA, luego de la corta estadía de Marcelo Papandrea al frente de la empresa en los papeles, lo sucedió como presidente su segundo, Oscar Ferrari.

Pero, tal como publicó LA NACION, en las cuestiones operativas diarias –en el ajuste de personal y de los recursos– tiene fuerte injerencia Eduardo Endeiza, director general administrativo y operativo de AySA, que supo trabajar para Massa en la Secretaría de Finanzas que comandaba Eduardo Setti. Antes de eso, trabajó en el Senado.

En la Casa Rosada informaron que las 200 cesantías en AySA obedecieron a “personas que presentaban una situación laboral irregular”: ocupaban puestos directivos políticos, no cumplían con sus tareas o contaban con inasistencias injustificadas”.

Respecto a Enacom, el Gobierno desvinculó a 50 funcionarios de la gestión anterior que se desempeñaban como titulares de las delegaciones en las distintas provincias del país. El organismo está intervenido por 180 días con el mandato de hacer una fiscalización. Al frente de esa tarea revisora fue nombrado Juan Martín Ozores, que viene de la actividad privada. Como interventores adjuntos, el Gobierno designó a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, dos personas de carrera que ya cumplieron funciones en el ente, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en el gobierno anterior, cuando el organismo era conducido por Claudio Ambrosini, un hombre fuerte del massismo.

La gestión libertaria tiene como materia pendiente llenar casilleros en organismos que tienen delegaciones en todo el país (como Anses, PAMI o Enacom), con amplia llegada territorial. Es una herramienta siempre muy valorada por los gobiernos de turno, que encuentran en esas oficinas un método de pago político o de llegada directa a las provincias con tropa propia. Todavía hay tensiones internas en la cúpula del Gobierno entre quienes quieren darle esa utilidad política y quienes pulsean por nombrar a personal de carrera.

Respecto a los despidos, otras empresas del Estado están haciendo un trabajo de relevamiento del personal para avanzar con los recortes. En Trenes Argentinos (OFSE) hubo pedidos en distintas áreas para responder a la motosierra de Milei. En esa empresa, que ahora quedó en el organigrama del Ministerio de Economía, se dio una metamorfosis llamativa. Su anterior titular, Martín Marinucci (hombre del massismo), fue reemplazado por quien era uno de sus subordinados, Luis Luque.

Hasta 2021, Luque fue concejal del Frente Renovador en San Miguel. Pero ahora debe ajustar su estructura para responder a la máxima libertaria.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei se mostró en desacuerdo con el aumento en las dietas de los legisladores y dijo que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”. “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”, cuestionó el jefe de estado. Este miércoles se dio a conocer que tanto diputados como senadores tendrían un aumento de alrededor del 30% por enero y febrero de este año.

«Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos, que eran el resultado de la paritaria de la gente del Congreso. En función de eso, se firmó. Obviamente, dada la situación del país, le pedí a Martín que saque la cláusula y avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad«, explicó Milei en entrevista con LN+.

«Yo no estoy de acuerdo», dijo el presidente cuando le consultaron por los aumentos de los diputados y lanzó: «Entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres y más de 10% en la indigencia. Entonces que no me vengan con que no les alcanza porque hay gente que la pasa muchísimo peor, con menos plata», argumentó. https://rudo.video/vod/bRIyVM?volume=0

El incremento del 30% generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo, frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados. El temblor que generó puertas adentro fue fuerte. De hecho, 24 horas después del anuncio, Milei se reunió con Menem y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para dar marcha atrás con el aumento. 

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados publicó esta noche en su cuenta de X (antes Twitter): «Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011″. Y continuó: «Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis«.

Críticas de Milei a los gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus

Milei tiene la intención de reflotar varios puntos de la fallida Ley Ómnibus con su convocatoria al «Pacto de Mayo» y, a pesar del paso del tiempo, no dejó atrás sus críticas para los gobernadores, quienes acordaron participar de la reunión de este viernes. 

“Yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores, nosotros después de enviar el DNU, cuando empezamos a trabajar sobre la Ley de Bases, en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal”, dijo. 

Axel Kicillof irá este viernes a la cumbre del Gobierno y habrá «cartón lleno» en Casa Rosada

Luego agregó: “En ese capítulo, nosotros ofrecíamos arreglar el problema de las provincias como consecuencia de lo que hizo el gobierno anterior. Lo enviamos a las provincias para que se reacomodaron y puse a disposición a todo el equipo de economía para que los ayude con el tema de la deuda”.

“Nosotros estábamos dando un punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían dos. Esto es una derrota para las provincias y, si vos te fijás, el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”, puntualizó.

Milei habló sobre la denuncia de Iñaki Gutiérrez contra la Universidad de Belgrano y dijo: «Soy un animal de redes sociales»

La actividad del presidente en las redes sociales se volvió una especie de cuestión de Estado, considerando su uso desmedido, con cientos de tuits por día y agravios a personas destacadas de la política y la cultura.

En la nota televisiva que brindó este jueves por la noche, al presidente le consultaron «por qué usa tanto Twitter», a lo que respondió: «Porque soy un animal de redes sociales. De hecho, en la campaña, como no teníamos financiamiento, usábamos redes sociales. Es más, hubo un apagado sobre nosotros, por lo que nos volcamos a las redes, donde nunca pusimos un peso». 

Milei reconoció que «en eso somos muy fuertes». «Para mí es un mecanismo de comunicación directa con la gente, no necesito un intermediario. Yo manejo mi propio Twitter, mi propio Facebook y mi Instagram. El TikTok me lo maneja Iñaki», detalló y retomó la denuncia que realizó en el discurso que dio en el Colegio Cardenal Copello. 

«Al pobre Iñaki le costó que, en la Universidad de Belgrano, una profesora de Microeconomía lo persiguiera y le hiciera bullying. Lo hostigaba y lo agredía en clases. Me contó Iñaki que, a partir de mi declaración, los chicos ahora tomaron fuerza y están dispuestos a declarar, algo que la Universidad ocultaba, protegiendo a esa profesora», denunció. 

«Pero no son los únicos, de hecho yo me fui de esa Universidad porque había muchos radicales y kirchneristas que se dedicaban a perseguir liberales. Hay persecución directa y abierta contra estudiantes liberales, algo que denuncié y la Universidad lo permitía», aseguró el presidente. 

Fuente: Perfil.com

La mayoría de los gobernadores que concurrirán a la primera convocatoria del Gobierno de cara al Pacto de Mayo, respaldan la propuesta anunciada por Javier Milei en la Asamblea Legislativa,pero tienen dudas sobre su contenido y llegarán a la reunión de hoy a las 15 con una serie de reclamos. Especialmente, sobre cómo se va a plasmar la promesa de alivio fiscal para las provincias, a cambio de apoyo a la nueva versión de la Ley Bases que enviará al Congreso. Buscarán certezas sobre la reactivación de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias con el objetivo de recomponer las alicaídas arcas provinciales, después de la quita de subsidios, la desaparición del FONID – que no fue renovado -, y el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.

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Los mandatarios provinciales enfrentan una fuerte reducción en sus recursos, básicamente, por tres razones. Una es la baja en el impuesto a las Ganancias promovida por Sergio Massa en la campaña electoral, ya que se trata de un tributo que se coparticipa en un 60% y cuya marcha atrás estará hoy en la mesa de negociación. La discusión sobre la reversión de Ganancias no tiene asegurados los votos en el Congreso, por la falta de consenso dentro de los sectores dialoguistas y el rechazo que ya adelantaron varios gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y los patagónicos, preocupados por el impacto sobre la clase media trabajadora y la merma que viene sufriendo la recaudación de ese impuesto.PUBLICIDAD

Las otras dos, tienen que ver con la caída en la recaudación por el freno a la actividad económica que, a nivel nacional se traduce en una baja en la coparticipación automática, y la merma en los ingresos por impuestos provinciales.

En la mesa de negociación estará presente, también, la coparticipación del impuesto PAÍS, que impulsan los mandatarios provinciales pero es resistida por Milei, y la quita de las retenciones al campo que reclaman Santa Fe y Córdoba, y que apoyó Mauricio Macri ayer en su visita a Expoagro.Te puede interesar:Cumbre en Casa Rosada: Posse, Caputo y Francos definirán la estrategia para sumar apoyo de los gobernadores al Pacto de Mayo

El panorama de sequía fiscal en las provincias, se agravó por la interrupción casi absoluta en las transferencias no automáticas de Ejecutivo nacional a las provincias desde el 10 de diciembre, incluidas aquellas con algún respaldo por ley, o con partidas previstas en el Presupuesto 2023, prorrogado para este año.

Las discrecionales son las únicas transferencias que pueden ser suspendidas o redireccionadas por el Gobierno nacional en función de la “caja” disponible o por un criterio político. En ese sentido, se diferencian de la coparticipación federal, que se gira automáticamente según un porcentaje prefijado a medida que ingresan los impuestos que recauda la Nación. Hay dos tipos de giros discrecionales: los corrientes, para pagar gastos ordinarios de las provincias -cruciales para los mandatarios que enfrentan déficit en sus distritos- , y los de de capital, para financiar inversiones a largo plazo, y cuya interrupción implicó, de hecho, un freno a la obra pública en todo el país.Te puede interesar:Con el “Pacto de Mayo” en el horizonte, Milei apunta a reunir esta semana a los gobernadores para resetear la relación

Los gobernadores se quejan que esos giros se frenaron o llegan “en cuentagotas”, básicamente por compromisos asumidos en la anterior gestión que no se habían ejecutado. Según los últimos datos, en febrero de 2024, esas transferencias discrecionales tuvieron una caída real interanual del 88% y, en el primer bimestre del 2024, del 91%, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadín Argañaraz. Fueron casi $52.000 millones comprometidos en febrero mes pasado que no se giraron a las provincias.

Este es uno de los principales motivos por el que 21 mandatarios de los 24 concurrirán hoy a la Casa Rosada a la convocatoria formalizada el miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ya confirmaron asistencia todos ellos, aún el bonaerense Axel Kicillof, que había manifestado cierta resistencia inicial. Tres provincias enviarán a sus vicegobernadores: Formosa (Eber Solís estará en nombre de Gildo Insfrán, Mendoza (irá Hebe Casado en lugar de Alfredo Cornejo que está en una feria de minería en Canadá), y La Rioja(Teresita Madera irá en representación de Ricardo Quintela). Además de Francos, estaráel jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero no participará el titular de Economía, Luis Caputo, de viaje por una reunión del BID en Punta Cana. Es muy factible que lo reemplace el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No está confirmada la presencia del Presidente, quien podría “pasar a saludar”.El ministro de Economía, Luis Caputo, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, al frente de las negociaciones con las provincias

Según el análisis del IARAF, en febrero, las transferencias discrecionales comprometidas – o sea, gasto devengado – tuvieron una baja real del 67%. Pero lo efectivamente pagado, fue aún menos: 23 de los 24 distritos recibieron en total apenas $18.250 millones de Nación, un 88% menos en términos reales respecto de febrero de 2023, en la gestión de Alberto Fernández.

El gasto comprometido en febrero era de casi $70.000 millones, pero la Nación solo giró el 26% por lo que dejó de pagar $51.175 millones a las provincias. Si se suma los fondos “frenados” por la Nación en enero, esa deuda de fondos discrecionales comprometidos en el primer bimestre del año ascendía,al 1ro de marzo, a $101.000 millones. Esto se debe a que, en los dos primeros meses, desde Economía solo se giró el 16% del gasto devengado. Esta deuda es lo que están reclamando las provincias, y buscarán en la reunión de hoy alguna certeza sobre lo que pasará de marzo en adelante.

“Está claro que el Gobierno nacional cortó las transferencias discrecionales, en un cambio de paradigma, por el ajuste que está llevando a cabo. Y si bien en febrero aumentó el porcentaje de lo girado respecto de enero, igualmente es muy alto lo que no se está pagando, ni se está devengando”, analizó Argañaraz ante Infobae.https://flo.uri.sh/visualisation/17053368/embed?auto=1A Flourish table

Una docena de los 24 distritos recibieron apenas $18 millones o menos durante todo febrero de transferencias discrecionales. Peor le fue a La Rioja, la única provincia que no recibió nada, pese a que – hasta el 2023- estos giros no automáticos tenían un peso significativo en las finanzas provinciales. La Rioja tenía comprometidos el mes pasado apenas $2 millones, que tampoco llegaron. Lo mismo sucedió en enero, con cero transferencias de este tipo. Un año atrás, en la gestión de Alberto Fernández, el distrito había recibido $2.673 millones a valores de ese momento.

El gobernador riojano es uno de los opositores peronistas que mantiene una fuerte disputa con Milei. De hecho fue el que recurrió a la Corte Suprema de la Nación para objetar judicialmente la constitucionalidad del mega DNU dictado en diciembre por el Presidente. A principios de febrero, Quintela presentó una demanda en contra del Estado Nacional por la retención indebida de fondos coparticipables como “una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente” a la provincia. “Hoy, La Rioja no sabe si no va a recibir nada en todo el año, o va a recibir algo, y en ese caso, cuándo. Se genera una incertidumbre muy grande”, advirtió Argañaraz.

“Lo ideal es que los gobernadores inicien un diálogo concreto y claro con la Nación, que tenga un objetivo conjunto de llegar a un acuerdo. Es clave que se evite estos conflictos que vimos y su judicialización, como está sucediendo. Porque esta incertidumbre termina en la suba de las carga tributaria en las provincias, como ingresos brutos o el impuesto a los sellos. Y después, no se vuelve atrás de esa mayor carga tributaria provincial”, sostuvo el economista del IARAF.

Si bien en el primer bimestre todas las jurisdicciones tuvieron una caída interanual real en las transferencias no automáticas recibidas, Chubut es la provincia que registró la menor caída en estos giros: un 8,3% menos respecto de febrero 2O23. Esta provincia patagónica recibió en febrero $1.506 millones de los $1.671 millones comprometidos. El dato llama la atención en el marco del enfrentamiento del gobernador Ignacio Torres con el Presidente, por la quita de $13.500 millones en la coparticipación automática por una deuda anterior del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El mandatario llevó su reclamo a la Justicia Federal de Rawson, que le dio la razón. Pocos días antes, el mandatario del PRO había obtenido otro triunfo en esos Tribunales, con el fallo que le ordenó al Gobierno nacional dar marcha atrás con la quita de los subsidios al Fondo Compensador del Transporte dispuesta a principios de febrero.

Pero el dato del menor recorte a Chubut en el mes en que se enfrentó con el Ejecutivo nacional se explica, básicamente, por el envío de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) el 8 de febrero por $1.500 millones. Fueron giradosantes de la amenaza de Torres que le cortarle el envío del petróleo al resto del territorio nacional, si la Nación no giraba los fondos de la coparticipación retenidos. Ante la consulta de Infobae, desde la gobernación chubutense aclararon que esos $1500 millones fueron girados a principios de febrero para combatir los incendios en el parque nacional Los Alerces.

Los otros dos distritos que tuvieron un recorte menor al promedio general del 88%, fueron Santa Cruz (-62,7%) y Tucumán (-67,3%). En el caso de Santa Cruz, recibió en febrero $1.801 millones sobre los $4.547 millones comprometidos. Pero casi toda la partida girada fue para el funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad SAMIC “El Calafate” por $1.791 millones. Desde la gobernación a cargo de Claudio Vidal aclararon que el dinero fue transferido al Municipio de Calafate, y que eran fondos comprometidos en la gestión anterior. “Tenemos obra pública certificada, pendiente de cobro, pero como Vialidad nacional pasó a Infraestructura y luego fue absorbida por Economía, no la están pagando”, señalaron fuentes de la gobernación santacruceña a Infobae.https://flo.uri.sh/visualisation/17053659/embed?auto=1A Flourish chart

Elegir la pestaña a visualizar de gasto comprometido (devengado) de transferencias discrecionales y el efectivamente pagado en febrero

En tanto, la menor caída en las transferencias no automáticas a Tucumán – recibió en total $2.378 millones el mes pasado -, obedece al envío de ATN por $2.000 millones el 27 de febrero. Este distrito tenía comprometido $2.661 millones. Desde la gobernación a cargo de Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas que le dio su apoyo a la Ley Ómnibus a través del voto de sus tres diputados nacionales, a cambio de beneficios para la provincia, explicaron que esos ATN fueron “por la emergencia y gestión hídrica por problemas en el dique El Cadillal y la derivación que tenía de falta de lluvia en zona norte. y lluvias de más, en el sur”.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la única jurisdicción de las 24 que tenía previsto un aumento real del gasto comprometido ($19.030 millones), un 47,7% más respecto de febrero de 2023. Sin embargo, esta partida corresponde casi en su totalidad para el funcionamiento del Hospital Garrahan ($18.999 millones) que, en realidad, es nacional, aunque jurisdiccionalmente está en CABA. Fuentes del Ministerio de Hacienda porteño aclararon a Infobae “hay una cuestión técnica de cómo se visualiza la información en la web de Economía por la unidad geográfica, pero esos fondos van directo a ese Hospital pediátrico, sin pasar por la Ciudad”. No obstante, en febrero, de esa partida solo fueron transferidos $111 millones. La Nación sigue sin pagar los fondos adeudados por la quita de un porcentaje de la coparticipación al distrito porteño dispuesta por Fernández en plena pandemia para darle fondos extra a la Provincia de Buenos Aires, destinados a sofocar una protesta de la Policía bonaerense. El ex jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema en 2020, luego del recorte de casi 2 puntos y, en diciembre de 2022, el Máximo Tribunal hizo lugar a su planteo. Pero la sentencia aún no se ejecutó, y el reclamo lo lleva ahora adelante su sucesor, Jorge Macri.

Buenos Aires tambiénrecurrió a la Corte Suprema, pero hace pocos días y en sentido inverso: para reclamar por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que había creado Fernández en su favor, y en perjuicio de CABA. La Provincia recibió en febrero solo $10.727 millones de transferencias discrecionales, un 72,3% menos a valores reales que un año atrás. El presupuesto comprometido en febrero de transferencias discrecionales era dos veces más: $32.380 millones. Por ese Fondo de Fortalecimiento Fiscal, la Provincia dejó de recibir, según fuentes de la gobernación, unos $45.000 millones por mes.

El mandatario bonaerense anunció el miércoles que suspendería temporalmente el régimen de la quinta hora de clases en 60 escuelas primarias de 31 distritos, prevista inicialmente para comenzar el 1 de marzo. El Fondo para Incremento de Jornadas implicaba un flujo de $10.000 millones cada 30 días, según las autoridades bonaerenses. Ante esa medida, desde el área de Educación de Nación, confirmaron que el Gobierno comenzará a transferir a “todas las jurisdicciones los fondos destinados al programa Hora Más/Jornada Extendida a partir de mañana (por hoy)”.Transferencias discrecionales, por programa o fondo fiduciario, devengadas y pagadas en el primer bimestre de 2024

Las transferencias discrecionales en 2023

En 2023, como publicó Infobae, la Nación repartió discrecionalmente a las provincias casi $1,9 billones, según el informe “Anatomía de las transferencias” de otro think tank en temas económicos, el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. A valores constantes de enero 2024, considerando la inflación, equivalen a casi $3,8 billones.

El 21,5% de los giros discrecionales el año pasado fueron transferencias corrientes ($297.451 millones) para gastos ordinarios de la provincias. Otro 21% se canalizó el año pasado a través del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que alcanzó $289.021 millones en 2023, establecido por ley para complementar el sueldo de los docentes provinciales. La no prórroga del FONID, que dejó de estar vigente el 31 de diciembre último y el Gobierno nacional ratificó que no lo extenderá, complicó el comienzo de clases en la mayoría de los distritos. En algunos – como la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, o Chubut – los gobernadores utilizaron recursos propios para pagar ese complemento salarial docente, pero quieren discutir hoy qué pasará a partir de marzo.https://flo.uri.sh/visualisation/16646387/embed?auto=1A Flourish chart

Casi el 17% del total de los giros no automático ($231.396 millones), tuvieron como destinataria a la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de PBA, el que ahora Milei decidió sacarle a Kicillof por decreto. Había sido creado por otro decreto de Fernández en 2020, luego de una protesta de la Policía Bonaerense que puso en jaque al gobierno bonaerense, quitándole recursos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro 12,7% se transfirió a través del Programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, que incluye los ATN, y representaron $174.850 millones.

En tanto 12,3% fueron aportes de la ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación ($170.354 millones), y el 11% de las transferencias discrecionales fueron hecha a través del Programa de Asistencia Financieras a las Provincias ($152.696 millones).

Finalmente, el 4,7% de los giros discrecionales de 2023 –$65.383 millones– correspondieron a los recursos que debió enviarle la Nación a CABA, por el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad.

Si se consideran las transferencias discrecionales per cápita, tanto corrientes como de capital, el estudio del IERAL revela que en los primeros puestos aparecen todos distritos peronistas o de mandatarios afines a la anterior gestión del Frente de Todos. Encabeza el ranking La Rioja, con $187.183 por habitante; le sigue Santa Cruz con $93.427 por habitante; Tierra del Fuego, con $85.823; La Pampa, con $74.012; Catamarca con $71.966; y Formosa con $71.628 por habitante. Excepto está última, que tiene 607.000 habitantes, el resto alberga a menos de 500.000 residentes en sus distritos. Buenos Aires, la más populosa del país con 17,5 millones de bonaerenses, quedó en el puesto número 11: en 2023 recibió $47.028 por cada bonaerense.https://flo.uri.sh/visualisation/16649344/embed?auto=1A Flourish chart

En el otro extremo, de acuerdo al informe del IERAL, las provincias que recibieron menos fondos discrecionales de la Nación por habitante fueron Córdoba ($16.417) y Mendoza ($17.646), ambas gobernadas por mandatarios opositores hasta el 10 de diciembre de 2023. Le siguieron Santa Fe ($23.427), Chubut ($25.164) y San Juan ($25.706).

“Las provincias que reciben transferencias discrecionales por arriba de su participación en la población, excluyendo a CABA por el motivo antes señalado (la transferencia de la Policía), son: Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Santiago, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, La Pampa y Tierra del Fuego”, señala el informe realizado por los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky y Daniela Czibener

Fuente: Infobae.com

El Gobierno Nacional decidió prorrogar la validez de un artículo clave de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, y los fondos correspondientes serán enviados a las provincias. Esta medida se produce después de controversias sobre recortes presupuestarios y justo un día antes de una reunión programada entre funcionarios gubernamentales y gobernadores.

La decisión se oficializó a través del Decreto 231/2024, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este jueves. Este decreto establece la extensión de la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con disposiciones de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias.https://drive.google.com/file/d/1S-VCsapjimC7uxCV_U7LItqZqXS81uf-/preview

Y agrega: «teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación».

En los considerandos, el Poder Ejecutivo argumentó que debido a la ausencia de un Presupuesto para el año 2024, y la continuidad del presupuesto del año anterior, «resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional».

Se señaló que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo dispuso durante un lapso de 5 años «una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA».

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Vencido ese plazo se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector. «La asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa», subraya el Gobierno, en el Decreto firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros.

«La situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada. Por ello, resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075″, agrega.

Ayer, el gobierno de Milei hizo público el envío de fondos destinados a financiar la implementación de la jornada completa en las escuelas primarias de toda la nación. Esta medida se adoptó luego de que el miércoles por la mañana la provincia de Buenos Aires optara por suspender temporalmente el régimen de la quinta hora de clases en 60 escuelas primarias de 31 distritos. Esta iniciativa, programada inicialmente para comenzar el 1 de marzo, fue puesta en pausa.

El financiamiento estaba destinado a dar soporte a la expansión de las horas de instrucción en áreas clave como Prácticas del Lenguaje, Matemática y Ciencias.

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«Hay 460 escuelas que pasaron de jornada simple a jornada completa, y hay otras 1844 que pasaron de tener cuatro horas a cinco horas. Y con respecto a las 60 escuelas -que iban a comenzar con el nuevo régimen de clases- suspendimos transitoriamente la ejecución porque se nos cayó el Fondo de Incentivo Docente que hizo frente la provincia con 14.500 millones de pesos mensuales y aún no tenemos noticias de los fondos que la Nación se comprometió a transferir con relación a este programa que es el incremento de jornada«, había advertido Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Urbana Play.

Además de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente por parte del Gobierno nacional, el funcionario provincial también cuestionó la eliminación por parte del oficialismo del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que asciende a 45.000 millones de pesos mensuales, y el Fondo para Incremento de Jornadas, de 10.000 millones cada 30 días. «La Provincia no da más», expresó, y dijo que hay más de «700 mil chicos que, a pesar de las circunstancias, tienen más horas de clases».

Fuente: Perfil.com

Será una reunión de ofertas y demandas, de reclamos y exigencias. Y, sobre todo, será un momento para escuchar. En la Casa Rosada aun no confirmaron si estará presente Javier Milei, pero dejaron una puerta abierta. “En principio, no va a estar”, señalaron. En el centro de la mesa estarán los ministros Guillermo Francos (Interior) y Nicolás Posse (Jefe de Gabinete). Los presentes del viernes a las 15 se terminarán de definir hoy.

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, viajó anoche a Punta Cana para presenciar una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las actividades en el caribe se extenderían hasta el sábado, por lo que es poco probable que esté presente en el encuentro con los mandatarios, aunque no está confirmado. De todas formas, el titular del Palacio de Hacienda viene manteniendo reuniones con sus compañeros de Gabinete para presentar una propuesta ordenada en el encuentro.

Ninguno de los gobernadores que estarán presentes – que a esta altura de la semana son cerca de 20 – sabe con exactitud el contenido de la reunión. No hay un temario ni una especificación de los puntos a tratar. Estiman que habrá algunos detalles sobre el contenido del paquete de alivio fiscal que el Gobierno prometió tratar, a cambio de respaldo para aprobar una nueva Ley Ómnibus.

En el contenido de ese proyecto reside uno de los puntos centrales de la reunión. Los mandatarios quieren conocer de primera mano cuáles son los artículos que Milei pedirá que apoyen en el Congreso. En Balcarce 50 aseguran que a lo largo de las últimas semanas se instaló la idea de que el Gobierno no negocia, pero que la Ley Bases terminó con 300 artículos menos de los que empezó. “Es injusto que nos digan que no negociamos y que no somos flexibles”, apuntaron en una oficina importante de la Casa Rosada.El del viernes será el segundo encuentro formal del Gobierno con los mandatarios provinciales

Lo cierto es que el Gobierno va a intentar hacer ahora lo que no hizo antes del tratamiento de la Ley Ómnibus durante enero y febrero: iniciar una negociación ordenada, hacerla con los gobernadores y que sea llevada adelante por los principales ministros del Gabinete. Francos y Posse son parte de la mesa política más chica que tiene Milei, luego del primer anillo de máxima confianza que componen el asesor Santiago Caputo y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.Te puede interesar:Pacto de Mayo: la mayoría de los gobernadores irán a la Casa Rosada, pero reclaman definiciones sobre el acuerdo fiscal

Axel Kicillof es uno de los pocos – tal vez el único – de los que se opone, que el viernes estará presente en la cumbre política. “Si es reunión de trabajo, vamos a estar siempre”, aseguraron en La Plata, reflotando las palabras del Gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura Bonaerense. La intención del mandatario no es ir solo a escuchar, como lo quiere hacer la mayoría, sino también reclamar por el impacto que han tenido algunas decisiones del Gobierno en la economía de la provincia.

“¿Queremos saber qué va a pasar con nuestros recursos?”, explicaron en el entorno del mandatario. En la lista de preocupaciones aparecen la quita de subsidios al transporte, el aumento de los medicamentos y el destino del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), frenado por el Gobierno antes del comienzo de las clases. En ese contexto conflictivo y de ausencia de fondos, Kicillof decidió ayer suspender la jornada completa al quitar la quinta hora de clases en 60 escuelas de la provincia.

Milei no solo frenó los giros por el FONID. También, según explicó al detalle el director de Educación y Cultura bonaerense, Alberto Sileoni, no transfiere más el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que equivale a 45.000 millones de pesos por mes, y el Fondo para Incremento de Jornadas, de 10.000 millones cada 30 días.Quiénes son los gobernadores que están a favor y quiénes los que están en contra del «Pacto del 25 de Mayo»

Es un tema central en la agenda de muchos de los mandatarios que van a estar presentes mañana. Una clara muestra de eso es el pedido de sesión especial que el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, le hizo al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para tratar la recuperación del FONID como ley. La carta lleva la firma de diputados de Santa Fe y Córdoba, donde gobiernan Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.Te puede interesar:Pichetto dijo que es “realista” el pacto propuesto por Milei, pero advirtió que debe ser con “diálogo”

En Córdoba hace varios días que ya tienen las cuentas sacadas. Aseguran que la restitución del FONID como ley podría cosechar cerca de 170 votos en la Cámara de Diputados, debido a que hay consenso con la mayor parte del arco opositor en que debe volver a quedar establecido como ley. El bloque de Unión por la Patria también presentó un proyecto al igual que el radicalismo. Hay un punto de encuentro. El fondo para cubrir una parte del sueldo de los docentes estatales es uno de los temas sensibles que pondrán sobre la mesa en la negociación.

Uno de los temas importantes que los gobernadores quieren plantear es el regreso de la obra pública. Si bien saben que la decisión del Gobierno es inamovible, lo que buscan conocer son los parámetros de tiempo. ¿Hasta cuándo estará suspendida? ¿Cómo retornaría? ¿En qué mes? Desean un plan de acción que el Gobierno nunca brindó. “El país está parado. Tenemos que tener alguna certeza de cuándo se van a reactivar las obras”, remarcó un gobernador cercano al oficialismo en diálogo con Infobae.

Para las provincias la obra pública es determinante porque es un gran generador de puestos de trabajo. El freno de la inversión generó una reducción muy fuerte en el sector de la construcción y, en consecuencia, aumentó los niveles de desocupación. Los mandatarios buscan un plan de gestión más claro. Una hoja de ruta en la que puedan saber cómo va caminar el Gobierno, para poder ellos construir su propio recorrido de gestión en base al impacto de la política fiscal de Milei.Pese a no estar de acuerdo con el Pacto del 25 de Mayo, Axel Kicillof irá a la reunión del viernes en Casa Rosada (Aglaplata)

Ayer el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, hizo hincapié en otro de los temas sensibles que los mandatarios tienen en la lista de preocupaciones: la compensación de los fondos perdidos por la quita del Impuesto a las Ganancias durante la gestión pasada. Los mandatarios presionan para que el Gobierno defina la coparticipación del Impuesto País o del Impuesto al Cheque.

“Me parece un error, con la recesión, volver a ir sobre salarios que están deprimidos por la inflación; me parece que tenemos que ir por altos ingresos. Hay que sacar a los trabajadores”, dijo el cordobés. La coparticipación de otros impuestos será un tema sensible a tratar. “¿Qué parte de todo lo que reciben van a compartir con las provincias?”, se quejaron en el entorno del mandatario.

El Córdoba hay tres reclamos concretos. El regreso del FONID y del Fondo Compensador del Interior, para el transporte público, y en un tercer orden, aunque primero en la lista de prioridades, el depósito de la deuda que tiene Nación en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Entre enero y febrero les deben un total de $10 mil millones. Además, hay una denuncia en la Corte Suprema por una deuda total cercana a los $450 mil millones. Cuentas que no están saldadas.

En la zona centro de país hay una coincidencia. Necesitan que la economía y la producción se reactiven cuanto antes. Para eso, entienden, sería importante que haya un paquete de medidas productivas entrelazadas con las medidas fiscales. “Si toman conciencia de la situación, es una gran oportunidad para generar un esquema fiscal y productivo que sirva para frenar el efecto de la crisis hasta que el plan económico rebote”, analizaron en unas de las provincias del centro del mapa.

Los gobernadores tienen una lista de reclamos y de preocupaciones. Pero, sobre todo, tienen la intención de escuchar propuestas de parte del oficialismo. Que haya claridad para poder gobernar. La decisión de Milei de bajar el tono en sus redes sociales y en sus apariciones públicas, fue tomada como una señal positiva y esperanzadora por parte de los mandatarios. Renovó la expectativa de poder construir una relación política viable. Sin insultos, sin agresiones y sin descalificaciones sistemáticas. Ahora deben saber si es una voluntad real o solo un espejismo.

Fuente: Infobae.com

La reunión de la Comisión de Bicameral de Trámite Legislativo convocada para este jueves será de alto voltaje y anticipa un fuerte debate ante la decisión del gobierno de Javier Milei de negarse a enviar al Congreso a los funcionarios reclamados por un grupo de legisladores de la oposición dialoguista para que expliquen los pormenores de la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación de la economía.

“No vienen”, fue la escueta, pero contundente respuesta que le dieron a LA NACION fuentes parlamentarias oficialistas del Senado confirmando lo que ya era un secreto a voces desde la tarde del martes: la intención del Gobierno y de La Libertad Avanza es dilatar el tratamiento del decreto todo lo posible.MILEI SE ASOMA A SU PRUEBA MÁS RIESGOSA

La semana pasada la comisión bicameral había votado citar a un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo encabezados por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El pedido había sido presentado por los senadores Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) y Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y el diputado Francisco Monti (UCR-Catamarca).

El compromiso asumido en esa oportunidad por el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Caros Pagotto (La Rioja), había sido trasladar el pedido al Poder Ejecutivo y tener confirmado para el martes siguiente los funcionarios que aceptasen el convite.

En la convocatoria a la reunión de esta semana se incluyeron todos los nombres solicitados, pero en un memo posterior se aclaró que las invitaciones serían definidas por la jefatura de Gabinete, que “informará el cronograma de asistencia”. Este diario intentó comunicarse con Pagotto para conocer las razones por las que no concurrirán los funcionarios, pero no obtuvo respuesta.

Además de Posse, de bajísimo perfil público, y Caputo los legisladores habían pedido que se acercaran al Congreso a explicar las razones que se tomaron en consideración a la hora de la redacción del DNU 70/23 al ministro de Salud, Mario Russo, y a los secretarios de Transformación del Estado, Armando Guibert; de Agricultura, Fernando Vilella; de Trabajo, Omar Yasin; y el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros.

No conforme con retacear la presencia de ministros y secretarios, el oficialismo apostaría en la reunión de este jueves a seguir con las maniobras destinadas a demorar todo lo posible la discusión del primer decreto de necesidad y urgencia firmado por la administración Milei, el pasado 21 de diciembre.

La intención es discutir, también, los más de 100 decretos de necesidad y urgencia que quedaron sin tratamiento desde que, a mediados de 2022, la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner, ordenó el cese del funcionamiento de la Comisión Bicameral, en ese momento en manos del diputado de La Cámpora Marcos Cleri (Santa Fe).

Ese es el planteo formulado por cinco miembros de la comisión, encabezados por el diputado Hernán Lombardi (Pro-Capital), que solicitan que se incluya en el temario de la reunión de este jueves “el análisis de los decretos de necesidad y urgencia que se encuentren pendientes de tratamiento por esta Comisión, dictados durante el período de gobierno del expresidente Alberto Fernández para ser tratados en forma cronológica.”

De la nota no surge si el pedido para un tratamiento simultáneo con el 70/23 o si al pedir la discusión “en forma cronológica” de los decretos dictados durante el Gobierno anterior el firmado por la administración Milei quedará postergado hasta que se agote la nómina de pendientes. El pedido lo firman también los senadores Luis Juez (Pro-Córdoba) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta) y los radicales Zimmermann y Monti, que también firmaron el pedido de citación de funcionarios.

Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volverá a reunirse este jueves 7 de marzo, en lo que será su primer encuentro del período ordinario. El cuerpo presidido por el senador libertario Juan Carlos Pagotto se enfocará en analizar el mega DNU 70/2023 de Javier Milei que modificó más de 300 leyes desde su entrada en vigencia el 21 de diciembre.

Los funcionarios fueron convocados a las 14 en el Salón Arturo Illia del Senado por pedido de miembros de la oposición no kirchneristas para discutir el mega decreto de desregulación de la economía. Los representantes del Ejecutivo deberán responder preguntas ante los legisladores sobre el impacto de la normativa y argumentar su necesidad y urgencia.

La comunión de Javier Milei y el círculo rojo, detrás del Pacto de Mayo

En el listado de figuras convocadas se encuentra el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella.

También se llamó al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; al ministro de Salud, Mario Russo, y al nuevo director de ANSES, Mariano de los Heros Battini, quien entró en funciones recientemente. De todas formas, no está confirmada la asistencia de todos los funcionarios a la reunión.

Por su parte, los legisladores de Unión por la Patria insisten desde el mes de febrero en tratar directamente el DNU en el recinto, según indican los plazos establecidos en la Ley 26.122. Si bien pidieron una sesión en tres oportunidades, la vicepresidenta Victoria Villarruel no aceptó los pedidos.

Otros bloques provinciales y el radical Pablo Blanco también enviaron una solicitud de sesión, aunque sin especificar fecha ni horario.

Según indicó el portal Parlamentario, el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, ya se manifestó en contra e indicó que de su grupo de nueve firmantes «una gran mayoría» va por el rechazo. Sumado a los 33 votos de UP, solo restarían 4 más para alcanzar una mayoría opositora y que el DNU pierda en el recinto del Senado.

Por su parte, Villarruel extendió una semana más el llamado a la sesión, considerando que Unidad Federal tenía como fecha posible este jueves 7 de marzo. Así, antes del debate tendrá lugar este viernes la reunión en Casa Rosada con los gobernadores tras el pedido del presidente libertario para acordar el Pacto de Mayo.

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Temario ampliado

En la previa a la reunión de este jueves, el diputado del PRO Hernán Lombardi reclamó que la Comisión Bicameral incluya dentro del temario todos los decretos de necesidad y urgencia que quedaron pendientes para analizar desde la gestión de Alberto Fernández.

Esta idea tiene como objetivo extender el tiempo y no poner el foco solo en la discusión del mega DNU de Milei. La misma fue planteada este miércoles por el legislador aliado del oficialismo junto al jefe del PRO en el Senado, Luis Juez, y el presidente de Cambio Federal en la Cámara alta, Juan Carlos Romero.

De esta manera, se incorporaron al temario asuntos vinculados a los hidrocarburos, restricciones cambiarias, deuda pública, presupuesto, la emergencia sanitaria y en materia ocupacional, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y la Ley de Ministerios, entre otros.

Fuente: Perfil.com