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Aun mes y medio de la sanción de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei sentó las bases legales para las privatizaciones de cuatro centrales hidroeléctricas: Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Además, fijó un período máximo de 180 días para llevar adelante el proceso de licitación de las empresas públicas.

Así se desprende de la letra chica del Decreto 718/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Desde el oficialismo señalaron que el plazo de los contratos de concesión de las compañías dedicadas a la generación de energía eléctrica «se encuentra vencido».

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El Gobierno avanza con las privatizaciones de empresas públicas

En esa línea, el Ministerio de Economía busca avanzar hacia «un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de los aprovechamientos hidroeléctricos a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones«.

Actualmente, el paquete accionario de las generadoras a privatizar se encuentra en manos de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Economía instruyó a ambas entidades a que adopten las medidas necesarias para «realizar el traspaso al sector privado a través de un procedimiento licitatorio transparente y competitivo«.

A propósito del procedimiento, la implementación del mismo requiere «la elaboración de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, la definición de las normas de manejo de aguas aplicables, la identificación de las inversiones obligatorias que deberá realizar el nuevo concesionario con el objetivo de extender la vida útil de los activos de los complejos hidroeléctricos, el replanteo del perímetro de concesión de cada uno de los complejos hidroeléctricos, y la elaboración de los manuales de protección del ambiente y seguridad de presas entre otros».

Al mismo tiempo, se resolvió la extensión del plazo de operación de las concesiones actuales hasta tanto sean transferidas las acciones mayoritarias a los adjudicatarios de las unidades de negocio como consecuencia del proceso licitatorio.

Cómo se realizarán las privatizaciones de las hidroeléctricas

En tal sentido, la administración libertaria dictaminó que la titularidad de ENARSA y de NASA de las acciones de las sociedades constituidas «resulta transitoria, hasta tanto se produzca la transferencia de los paquetes accionarios al sector privado, a través de un concurso público nacional e internacional, competitivo, transparente y expeditivo, que propenda, además, a la consecución de valores de mercado en consideración de la actividad de interés general afectada a un servicio público involucrada y a la relevancia de los bienes operados».

Por otra parte, el decreto establece que en caso de que fracase el concurso público, la titularidad del paquete mayoritario permanecerá en poder del Estado Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo.

De esta manera, las autoridades económicas postularon un período de seis meses para presentar los lineamientos del «Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante» de Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra del Aguila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima.

Por último, el concurso tendrá que contemplar el esquema de remuneración de los concesionarios durante el período de concesión y, cómo mínimo, los siguientes ítems:

• Contrato de Concesión.
• Perímetro y descripción.
• Inventario.
• Seguridad de presas, embalses y obras auxiliares.
• Normas de manejo de aguas.
• Guardias permanentes.
• Protección del ambiente.
• Seguros.
• Obras y trabajos obligatorios.
• Fuente: Perfil.com

Legisladores de Pro, el radicalismo y la Coalición Cívica vuelven a la carga en la Cámara de Diputados para limitar el poder de los gremios. Con el aval del Gobierno, buscarán reformular el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Ambos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunirá este martes a las 11 para iniciar el tratamiento de 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.EL RELATO COMPLETO DE FABIOLA YAÑEZ SOBRE EL ABORTO QUE ALBERTO FERNÁNDEZ LA “EMPUJÓ A HACER”

Si bien durante la sanción de la Ley Bases hubo un intento de avanzar con una nueva reforma, finalmente el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron una “modernización laboral” acotada. Allí se contemplaron algunos de los cambios que el Presidente impulsó en el DNU 70/2023, aunque se quitaron los artículos más resistidos por los sindicatos. En esa oportunidad, fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, el principal detractor de las reformas, que exigió postergar la discusión con los gremios una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Hay consenso, la mitad de los proyectos que vamos a discutir son de Pro y la UCR. Es probable que, después de algunas reuniones, haya dos dictámenes: uno de mayoría y uno de minoría con las expresiones del kirchnerismo y la izquierda”, resumió Tetaz a este medio.

En este nuevo round, y según precisó LA NACION, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de Asociaciones Sindicales. Su objetivo es no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno traducirá “en el futuro” a proyectos de ley la modificación del modelo sindical con la intención de limitar los mandatos sindicales y garantizar alternancia. Prometió también iniciativas legislativas para revisar la denominada “cuota solidaria” y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el último aprobado.

Entre otros, hay un proyecto del radicalismo, firmado por Roxana Reyes, Julio Cobos, Pamela Verasay, Danya Tavela, entre otros, que pretende modificar la ley de Asociaciones Sindicales y prevé que la administración de los gremios sean ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de nueve miembros, o cualquier múltiplo de tres para garantizar la representación de un tercio para la minoría. Además, estipula que los mandatos no podrán exceder de cuatro años, con derecho a una sola reelección inmediata sólo en el caso en que se haya dado acabado cumplimiento al mandato anterior, sin interrupciones ni suspensiones.

Tetaz presentó un proyecto muy similar para “garantizar la democracia interna” de los gremios. Prevé, además, que todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social.FABIOLA YAÑEZ DENUNCIÓ QUE LE MOSTRÓ FOTOS CON GOLPES A LA EXMINISTRA DE LAS MUJERES MAZZINA Y QUE ELLA NO HIZO NADA

La Coalición Cívica cuenta con iniciativas que apuntan a la rendición de cuentas de las cajas sindicales. Disponen la intervención de la Sindicatura General de la Nación para tal fin. La legisladora Marcela Campagnoli propuso, además, un proyecto para eliminar la cuota sindical para los no afiliados.

El Pro, en tanto, apoya e impulsa estas reformas. La legisladora santafesina Veróniza Razzini, fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueos, busca sancionar con dureza la paralización de la actividad como medida de fuerza. “Es urgente la necesidad de una legislación que penalice dichas acciones y castigue a quienes la han distorsionado a base de acciones intimidatorias de todo tipo, convirtiendo a las instituciones en meras escribanías donde se firman acuerdos que son la mas clara sentencia de muerte para el desarrollo productivo argentino, que, lamentablemente, no para de caer a una velocidad alarmante”, dictaminó la diputada a LA NACION.

Delfina Celichini

Fuente: La Naciión

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará este martes 13 de agosto a las 10 (hore argentina) en la causa iniciada contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Será vía Zoom desde Madrid, donde reside actualmente, ante el fiscal de la causa, Ramiro González.

En las últimas horas se conoció que el expresidente pidió estar en el Zoom en el que se hará la declaración. Y que Fabiola Yañez deberá concurrir al consulado argentino en Madrid para llevar a cabo el acto. 

La ex primera dama ratificó el lunes por la mañana la denuncia contra Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito ante la Justicia. Se Se presentó en el consulado argentino en Madrid, España, para llevar personalmente un escrito en el que amplía su denuncia expuesta la semana pasada.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Instalada en la capital española desde que dejó la quinta de Olivos, Fabiola Yáñez solicitó ser reconocida como querellante en la causa penal por agresiones físicas que promovió contra su expareja y padre de su único hijo Francisco, en un caso que sacudió a la opinión pública en las últimas semanas, según cita el diario Clarín. Esta medida le permitirá participar activamente en el proceso judicial, pudiendo conocer todos los movimientos del expediente, solicitar pruebas y apelar decisiones que considere desfavorables.

Florencia Peña, sobre su encuentro con Alberto Fernández: “No hay ningún video, mienten descaradamente”
 

Yañez acudió al consulado argentino en Madrid pasadas las 9 (hora local) acompañada por su abogada, Mariana Gallegos, a bordo de un auto que ingresó en las instalaciones de la sede diplomática y permaneció allí durante más de cuatro horas.

Qué dice el escrito que presentó Fabiola Yáñez

La ex primera dama presentó un escrito de veinte páginas, en el que sostiene que fue víctima de «lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad».

También exigió que el expresidente Fernández sea acusado por amenazas coactivas, describiendo un patrón de «golpes con habitualidad» y «violencia reproductiva». A los hechos de violencia física se suman «actos de hostigamiento, el maltrato, el menosprecio» que dejaron secuelas psicológicas profundas que afectaron su vida cotidiana durante más de 30 días. La denunciante dijo que debió someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

En su declaración aseguró que las agresiones alegadas comenzaron en 2016, mucho antes de la campaña presidencial que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada en 2019 y que el maltrato constante, incluyeron cachetadas frente a su hijo y episodios de «violencia reproductiva», en los que se veía coaccionada respecto a decisiones sobre su capacidad reproductiva.

Fuente: Perfil.com

El derrumbe del precio de la soja abre un nuevo escenario que podría deparar sorpresas para el mercado cambiario, aunque la reacción de los exportadores es todavía incierta. Lo más concreto es que el precio de la principal commodity de exportación de la Argentina bajó ayer hasta los USD 360,5 por tonelada, su valor real más bajo desde 2006, antes de los precios récord que caracterizaron a partir del año siguiente la gestión económica del kirchnerismo. De mantenerse en esos niveles, la caída del precio afectará el flujo de ingreso de divisas y también la recaudación fiscal. Pero lo que es menos claro es si la tendencia bajista, que ayer se acentuó profundamente al perder unos USD 14 en la jornada, impulsará a los productores y exportadores a acelerar las ventas. O todo lo contrario.Te puede interesar:Expectativa por la baja del impuesto PAIS: habrá impacto en inflación, importaciones y la posible salida del cepo

Según las cifras del sector, donde advierten que las liquidaciones se han ralentizado, aún está pendiente el ingreso de unos USD 10.000 millones ya que de acuerdo a las estimaciones, al menos dos terceras partes de la cosecha todavía está sin vender.

Si bien los analistas financieros destacan que el inesperado desplome del precio internacional de la soja y maíz desde el pico de julio alimenta el actual nivel de liquidación que, caso contrario, podría ser más bajo, fuentes de la industria cerealera aseguran que el incentivo de los productores a liquidar es bajo. De hecho, el titular de la Cámara Aceitera que agrupa a los exportadores de cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó públicamente que se le propuso al Gobierno una reducción de 8 puntos a las retenciones para garantizar el ingreso de al menos USD 5.000 millones en los próximos meses, plan que no sedujo al equipo económico.Te puede interesar:El Gobierno fijó los criterios para emitir el Certificado Único de Discapacidad sin vencimiento

“Es difícil que haya fuertes ventas, el sector está cómodo financieramente y aun cuando retener los granos no fuera la decisión óptima desde ese punto de vista,es la cobertura que el productor sabe manejar y la que más cómodo lo hace sentir. No tiene hoy necesidad de vender”, explicaron. Agregaron que el único incentivo decisivo sería un cambio en las condiciones de liquidación, es decir, una mejora del tipo de cambio, a través de una modificación de retenciones o un esquema al estilo “dólar soja”. “Eso, al menos por ahora, no está en el menú”, admiten en el sector.

Lo ratifican desde el equipo económico, donde aseguran que no sólo no está bajo estudio el pedido del campo de baja de las retenciones sino que no hay ningún debate respecto de ninguna medida en ese sentido. “No se toca nada. Los términos de intercambio y su impacto en las monedas de la región es algo que monitoreamos todo el tiempo”, afirmó un alto funcionario destacando a la pasada una de cal y otra de arena: si bien sigue cayendo el precio de la soja, al menos se recuperó el real brasileño, cuya cotización también venía cayendo, lo cual representaba una complicación más en el panorama cambiario y económico en generalTe puede interesar:Por qué suben las tasas de depósitos a plazo fijo: cuánto paga cada banco

“El equipo económico hizo una buena tarea en contarle al mercado que no va haber pesos pero todavía no termina de explicarle cómo va a hacer para que haya dólares”, opinó Juan Pablo Ronderos, socio de la consultpra MAP, en cuyo último informe se destaca que, si bien el volumen de generación de divisas es alto, el balance cambiario cerrará el año con un déficit de al menos unos USD 1.200 millones.

“Todavía tiene tiempo para hacerlo pero no la tiene fácil Si vemos el balance cambiario, las cuentas no terminan de cerrar aunque el saldo comercial sea positivo son muchos los usos que hay que darle. Al final del día, todavía hay que despejar esa incertidumbre, en la que tanto el mercado financiero como la economía real está poniendo el acento porque sin eso, se retrasa la salida del cepo o se sale con más riesgo”, opinó Ronderos.

Fuente: Infobae.com

Javier Milei y sus funcionarios avanzan a paso firme con la motosierra encendida. Dentro de su plan de ajuste se contamplaba la privatización de determinadas empresas que, hasta el momento permanecen en manos del Estado. En este marco, se dio a conocer la primera maniobra de impacto y se trata de la venta de acciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Así se lo estableció este lunes a través del Decreto 718/2024, publicado en el Boletín Oficial, que cuenta con la firma del Presidente; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

«Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades, a saber: Alicurá Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Chocón Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Piedra Del Águila Hidroeléctrica Argentina Sociedad Anónima (a partir de ahora, denominadas “las sociedades”)», se detalla en el documento oficial.

Y se agrega que tanto Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) como Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) «deben transferir, dentro del plazo definido, las acciones que corresponden a esas empresas, de cada una de las sociedades a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Bases».

Por ende, la titularidad de ENARSA y de NASA de las acciones de las sociedades constituidas resulta transitoria, hasta tanto se produzca la transferencia de los paquetes accionarios al sector privado, «a través de un concurso público nacional e internacional, competitivo, transparente y expeditivo, que propenda, además, a la consecución de valores de mercado en consideración de la actividad de interés general afectada a un servicio público involucrada y a la relevancia de los bienes operados».Te podría interesar

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Mientras esto sucede, y “atentos a la proximidad del vencimiento del plazo previsto en la resolución 815/23 de la Secretaría de Energía, se considera necesario prorrogar el período de transición por 60 días corridos en tanto dicha extensión no supera el plazo máximo de 12 meses que establecen los contratos de concesión”. 

El proceso de privatización

Respecto a las sociedades, en el decrecto se detalla que «una vez transferido su paquete accionario mayoritario a la adjudicataria del Concurso respectivo, realizará la toma de posesión pertinente de los Complejos Hidroeléctricos del mismo nombre, así como todos los actos necesarios para llevar a cabo la adecuada y efectiva reversión y transferencia de los Bienes, en los términos de cada uno de los Contratos de Concesión».

La transferencia de los bienes a «las sociedades» se entenderá perfeccionada cuando quienes resulten adjudicatarios de las acciones de cada una de ellas hayan:

1. Cumplido con las condiciones que corresponda según el Pliego de Bases y Condiciones para su adjudicación,
2. Constituido las garantías que se requieran,
3. Tomado posesión de los activos correspondientes a las sociedades,
4. Firmado el contrato de transferencia del aludido paquete accionario y documentación vinculada a dicha operación y registrado en los respectivos libros de accionistas.

«En caso de declararse desierto o fracasado el concurso público, y vencidos los plazos indicados, la titularidad del paquete mayoritario de acciones de que se trate permanecerá en poder del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, debiendo las sociedades, según el caso, realizar la toma de posesión del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y todos los actos necesarios para llevar a cabo la adecuada y efectiva reversión y transferencia de los Bienes Cedidos y Equipos de la Concesionaria», se establece.

Fuente: Mendoza online

El expediente de los seguros, que dio inicio a la denuncia de violencia de Fabiola Yañez, tiene una fecha clave: 2 de diciembre de 2021. Ese día se publicó en el Boletín Oficial el decreto 832/21, que le entregó el monopolio de todos los organismos públicos a la empresa Nación Seguros. Los chats encontrados en el celular del entonces presidente de esa firma, Alberto Pagliano, revelan una maniobra silenciosa para intentar imponer un artículo clave, referido a los productores de seguros: los famosos “intermediarios”. Los mensajes revelan que varios funcionarios participaron de esas gestiones.Te puede interesar:Bullrich ordenó que la Dirección de Transparencia investigue al ex jefe de Gendarmería involucrado en la causa Seguros

En el teléfono de Pagliano se encontró una extensa conversación con Roberto Gilbert, un contador que estaba a cargo de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Pese a su cargo, durante meses intervino en las gestiones para tratar de impulsar un borrador del decreto. Gilbert tenía trato directo con el Presidente y reportaba a la jefatura de Gabinete, que en ese momento estaba a cargo de Juan Manzur.

Las conversaciones, a las que tuvo acceso Infobae, arrancan en julio de 2021, cinco meses antes de la publicación del decreto. Un mes después, Gilbert confirma que ya “sacó” el dictamen para que avance el decreto. Pero en octubre Pagliano se refiere a supuestas trabas en el Ministerio de Economía y en la Jefatura de Gabinete. Menciona a Jorge Neme, por entonces vicejefe de Gabinete. El 10 de octubre le manda este audio a Gilbert:Te puede interesar:El Gobierno analiza la mejor estrategia para avanzar con la reforma política y se posterga la reunión con senadores

“¿Qué decís Roberto? ¿Cómo te va? Este. Bueno, la realidad que no sé vos cómo te trató en los cambios, pero lo teníamos ya listo porque el lugar más duro era Economía y lo habían firmado y justo viene todo el quilombo y se va Cafiero y qué sé yo. (…) Mañana tengo una reunión con Neme y con un tipo que estaba antes en Cancillería, Yañez por el tema este. Veremos como sigue. (…) Esa es la situación actual. Te mando un abrazo y esperemos que mañana esto se termine. Faltó el último paso que era que, que, que Jefatura de Gabinete le dé el pase a Legal y Técnica y listo. Pero bueno, así fue. Hasta acá llegamos por ahora. Esperemos que siga. Te mando un abrazo, chau chau”.Alberto Pagliano y Alberto Fernández se conocen hace más de treinta años.

Efectivamente, el decreto se había frenado en la Jefatura de Gabinete. El 3 de noviembre, Pagliano otra vez manda un audio resumiendo el estado de situación y asegura haber hablado con el Presidente: “La realidad que se clavó el decreto allá en el jefatura de mier. Y quería chusmear nada más. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo se iba a ocupar del tema. El presidente me dice que se va a ocupar de un tema mío, pero, me da casi vergüenza decirlo, pero este. Pero bueno, eso quería más que nada chusmear un rato. Nada, nada, nada del otro mundo. Te mando un abrazo. Chau.”Te puede interesar:Senado: el oficialismo busca una salida para evitar la sanción de la ley que mejora las jubilacionesRoberto Gilbert estaba a cargo de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).

Gilbert ofrece sus servicios para contactar a Neme. Pagliano confía en lo que pueda hacer el Presidente: “Si Alberto no lo mueve, estamos en un problema. Pero en todo caso pegame una pispeada a través del GDE a ver que si sigue clavado ahí en jefatura, y me chusmeás después a la noche en todo caso”.

El GDE es el Sistema de Gestión Documental Electrónica.

Los días pasan y la preocupación aumenta. El 12 de noviembre, los interlocutores tienen una noticia para festejar: el borrador del proyecto ya había sido enviado a la Secretaría Legal y Técnica. Pagliano le manda a Gilbert el texto del borrador por WhatsApp. “Me alegra mucho. Hablemos para hacer cosas que nos sirvan”, le contesta el titular de la ONC.

Ese documento revela que había un artículo, el número 3, que luego fue borrado por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra.

El artículo 3 hablaba específicamente de la figura del “productor asesor de seguros”. “En caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicara por nota a Nación Seguros dicha decisión”, establecía.El borrador del decreto que impulsaba Pagliano y otras personas.

Pagliano y Gilbert se vuelven a contactar el 2 de diciembre, el día de la publicación del decreto. “Felicitaciones. Y lo que hablamos. Nos tenemos que ver papi. Esto tiene que ser para que la administración pública, vos, yo, los co, los amigos, hagamos las cosas bien, laburemos. Es. Bien, bien, bien Alberto. Y me gusta haber sido parte de esto. Hay un dictamen mío firmado ahí ¿Eh? ¡Qué grande!”, festeja el titular de la ONC. Pagliano advierte que hubo un recorte: “Le sacaron el art. 3 de productores”. Pero Gilbert hace otra lectura: “Mejor, lo decidís vos, que más, excelente”. Y agrega: “Yo te ayudo si me dejas, podes reglamentar el decreto”.

El decreto de los seguros es el centro de la acusación contra el ex presidente. De hecho, apenas comenzó el expediente, el fiscal Ramiro González reclamó “solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021″.

Infobae ya había revelado que Pagliano habló del contenido del decreto con el medio hermano Alberto Fernández, Pablo Galindez, y le dijo que el ex presidente “empujó o lo aceptó”.

En el expediente de los seguros también hay conversaciones del entonces presidente de Nación Seguros con Jorge Neme, por entonces vicejefe de Gabinete, y con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El 24 de noviembre, Pagliano le manda un audio a Vilma Ibarra y destaca la importancia del artículo 3. “Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker (por entonces titular del Banco Nación) que tenía una duda con el decreto del artículo tres, donde dice algo así que se permite un asesor de seguros, de acuerdo a la Ley de Asesores de Seguros. A ver, yo no tengo problema que ese artículo lo saquen. Lo que sí ese artículo está que está para que se haga cada uno que pide un meter un asesor, que no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo. Están en todas las compañías (sic)”. Y agrega: “Es decir, es tratar de poner en blanco lo que hoy está pasando en negro. Porque la realidad que lo que está pasando es un desastre. Con esta gente haciendo más allá de asesores y las comisiones que cobran. Nada, era eso nomás. Pero si querés me podés llamar tranquilamente”.

Ibarra le anticipa que ese artículo no iba a pasar el filtro: “Creemos que es mejor no legalizar esa figura”.

La participación de los intermediarios ahora es parte de la investigación judicial. Una auditoría de Nación Seguros reveló que durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández se pagaron más de $3500 millones en comisiones. La empresa Bachelier, ligada de manera estrecha con el broker Héctor Martínez Sosa, encabezó ese ranking con $1665 millones por un contrato con Gendarmería. Pero los chats revelaron que esa póliza millonaria fue gestionada íntegramente por el broker casado con la ex secretaria de Alberto Fernández.

Bachelier se presentó esta semana en el expediente a través de su abogado y pidió una copia de los chats encontrados en los teléfonos. Habló de una posible “violación del derecho a la intimidad” y reclamó ser parte de la pericia. Algo similar ya había planteado la defensa de María Cantero, la secretaria que recibió la denuncia de Fabiola Yañez. El juez Ercolini contestó con una negativa rotunda: “Es criterio de este juzgado que sólo sea incorporado al expediente aquella información que se encuentre relevante para acreditar el objeto procesal de la causa, o que resulte pertinente para otras diligencias probatorias en curso en el expediente”.

Fuente: Infobae.com

Cuando faltan apenas diez días para que Ariel Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos para defender su cuestionada nominación para integrar la Corte Suprema, en la mayoría de los bloques del Senado reina un estado de desconcierto sobre qué suerte correrán los pliegos del controvertido juez federal y del catedrático Manuel García-Mansilla, también propuesto por Javier Milei para ocupar una poltrona en el máximo tribunal de Justicia del país.

El escenario que se registra es, cuanto menos, poco usual para la tradición política de los últimos cuarenta años, lo cual ayuda a aumentar la confusión que campea en la Cámara alta. Un Poder Ejecutivo que no se compromete de manera activa en la búsqueda de votos y una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que como parte de una larga cadena de cortocircuitos con la Casa Rosada no tiene empacho en anunciar, y que analiza volver a pronunciarse de manera pública, que no le gusta uno de los postulantes elegidos por su propio Gobierno, Lijo; configuran una parte importante del difícil de comprender tablero en el que se juega esta partida.TEMOR Y ENOJO EXTREMO EN EL ENTORNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ TRAS EL SECUESTRO DE SU TELÉFONO CELULAR

“Hay incertidumbre”, reconoció ante una consulta de LA NACION un senador de la oposición dialoguista que, aunque no lo verbaliza, está más dispuesto a votar a Lijo que a García-Mansilla. “Suena raro que el Poder Ejecutivo no haga nada para conseguir los votos para la Corte”, agregó el legislador, que no tiene remilgos en admitir su desconcierto y que siente que el Senado ha quedado atrapado en una partida de naipes entre tahúres y que las decisiones pasan por otro lado, fuera de la Cámara alta.

De hecho, fuentes legislativas aseguraron que, ahora, desde la Casa Rosada se envió el mensaje de que no están dispuestos a negociar los pliegos de la Corte en un paquete más amplio que incluya la ampliación del tribunal y otros cargos judiciales que también requieren del voto de una mayoría calificada de dos tercios, como el procurador general de la Nación y el Defensor del Pueblo, tal como informó LA NACION.

Según voceros calificados del Senado, el Gobierno dice que compró la propuesta del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien les habría “vendido” la candidatura de Lijo asegurando que él se encargaba de conseguir los dos tercios para que el juez federal y García-Mansilla alcanzaran la mayoría calificada que exige la Constitución. Por eso, siempre según esta versión, en el Poder Ejecutivo se niegan a pagar con el reparto de otros cargos el acuerdo para los candidatos.

El clima se enrarece a medida que se acercan las fechas de las audiencias públicas: Lijo expondrá el 21 de agosto. García-Masilla, una semana después. En este escenario, los postulantes recorren despachos para presentarse de manera formal ante los senadores que deberán decidir su futuro.

En una suerte de audiencia pública paralela, organizada por el senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) y moderada por la macrista María Eugenia Talerico, exdirectora de la Unidad de Información Financiera del gobierno de Macri y excandidata a senadora de Juntos por el Cambio, el Salón Azul del Congreso será escenario de una reunión en la que un grupo de juristas expondrá sobre el tratamiento de los pliegos de los candidatos a la Corte.

El encuentro se llevará el 19 de agosto, dos días antes de que Lijo se presente ante la Comisión de Acuerdos, y todo indica que tiene por finalidad criticar la postulación del juez federal, cuestionado por su supuesto incremento patrimonial y el manejo irregular sobre todo con los tiempos, de las causas sensibles para la política que se tramitan en su juzgado. Es una forma de sortear el Reglamento del Senado, que impide participar a extraños a la Cámara alta en las audiencias públicas.

No es extraño que detrás de la jugada esté el senador libertario formoseño. Es, hasta ahora –porque dicen que habría otro más–, el único senador oficialista que se manifestó en contra de nombrar a Lijo en la Corte. “Yo estoy parado en el mismo lugar desde hace dos años, el que cambió es el Gobierno”, sostiene el senador cuando se le pregunta por qué votará en contra del candidato postulado por su Gobierno.

Paoltroni ha tomado el rechazo a Lijo como una cruzada personal. En parte porque el juez benefició al gobernador peronista Gildo Insfrán al remitir la causa The Old Fund a la justicia federal de Formosa, y también por la decisión de Santiago Caputo y Karina Milei de dejarlo afuera en el armado de La Libertad Avanza en la provincia norteña.

Como parte de su activismo anti-Lijo, el senador le envió una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), en la que le pide que ponga en discusión un proyecto de la cordobesa y compañera de bancada Alejandra Vigo, que responde al exgobernador Juan Schiaretti y que propone establecer por ley el cupo femenino en la Corte Suprema.

El pedido no es ingenuo. Lijo está propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante con su renuncia Elena Highton de Nolasco y la discusión de una cuota de género femenino en el máximo tribunal podría entorpecer el tratamiento de su pliego en el Senado, al menos hasta que se resuelva la discusión legislativa del tema. Se sabe que la Justicia, a veces, suele ser rápida para otorgar recursos de amparo.ACUSAN A ALBERTO FERNÁNDEZ DE VIOLAR LAS RESTRICCIONES DEL JUEZ Y LLAMAN A DECLARAR A FABIOLA YAÑEZ

Kueider no ha respondido la nota y tampoco ha dado muestras de convocar la comisión que preside y a la que fue girada la iniciativa de Vigo, cuya discusión pide Paoltroni. Es lógico si se toma en cuenta que el legislador ha quedado sin terminal política en Entre Ríos, donde lo quieren expulsar del PJ por haber votado a favor la Ley Bases y que ha consolidado una muy buena relación con Santiago Caputo que, junto a Karina Milei, cada vez maneja más resortes de poder del gobierno libertario. A tal extremo es buena la sintonía que el senador se convirtió en el elegido por el asesor todoterreno para presidir la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.

La jugada tiene una doble finalidad. Por un lado, es una nueva escaramuza en la guerra declarada por Caputo y la secretaria General de la Presidencia mantienen con Villarruel, que en enero había acordado imponer al frente de la bicameral a Martín Goerling (Misiones-Pro). También es un tiro por elevación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La comisión es el órgano que debe controlar, entre otras cuestiones, los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y, cuando de supervisar el gasto de 100.000 millones de pesos se trata, siempre es mejor contar con un aliado. En este terreno de interna libertaria a cielo abierto, Lijo y García-Mansilla esperan, ansiosos, el final de la novela.

Gustavo Ybarra

Fuente: La Nación

Según una encuesta, el Gobierno de Javier Milei conserva un 44 por ciento de apoyo, una cifra consistente con sus últimas mediciones, desde abril (47 por ciento) hasta la fecha. Además, la imagen del presidente registró una leve mejora, mientras que disminuye el porcentaje de los encuestados que se definen como opositores a su gestión.

La consultora Opina Argentina realizó un nuevo estudio de opinión entre el 1 y el 5 de agosto, a 1189 personas y de forma online, en la que se destaca que la imagen de Javier Milei registró una “ligera mejora”, alcanzando el 52%, frente a una imagen negativa del 47%.

“El diferencial de imagen positiva (la diferencia entre la percepción positiva y negativa), que era de 2 puntos en julio, se elevó a 5 puntos en agosto. Dicha variación, de todos modos, se ubica dentro del margen de error”, aclara la publicación.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

“Los hombres (57%) apoyan en mayor proporción a las mujeres (45%) al presidente”, añade el relevamiento. A pesar de que la valoración positiva de Milei se mantiene estable desde que inició su mandato, la composición de esta imagen sufrió alteraciones, notándose un menor entusiasmo. Se observa una contundente caída progresiva de la percepción “muy positiva”, pasando del 45% en enero al 33% en agosto.

La encuesta también midió la “posición política respecto del Gobierno de Milei”, ante lo que concluyó que el sector opositor se ubica en un nivel mínimo desde el comienzo de la gestión, con un 37% identificándose de tal manera. Además, aumentaron los indiferentes: mientras que en abril un 12% respondía que “ni apoyo ni soy opositor”, en agosto ese número ascendió a 18%.

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Optimismo a futuro y la apreciación sobre otros dirigentes

Al ser consultados sobre el contexto social, los encuestados de la Patagonia demostraron mayor pesimismo (56%), mientras que los del interior de la provincia de Buenos Aires fueron los más optimistas (53%). El optimismo a futuro (48%) supera a la lectura positiva sobre el presente (39%), si se lo compara con los valores del 2023.

En cuanto al Gabinete del libertario, resalta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo sus imágenes positiva (51%) y negativa (48%) estables, en comparación con julio de 2024. La vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió una baja de un punto en su imagen positiva (51%) y aumentó en dos puntos su imagen negativa (47%).

Luis Caputo, ministro de Economía, tuvo un mes favorable: su imagen positiva aumentó 1%, hasta alcanzar el 43% y la negativa bajó un 3% hasta el 51%. Pero el proceso inverso fue el más usual en el resto de los dirigentes aliados y opositores, quienes sufrieron una baja en la imagen positiva y aumentaron algunos puntos en la negativa. Esto le ocurrió tanto a Mauricio Macri, como a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Juan Grabois.

Fuente: Perfil.com

La ex primera dama Fabiola Yañez declarará en la justicia para relatar cómo fueron las agresiones físicas y psicológicas y el hostigamiento que sufrió por parte de su ex pareja y ex presidente, Alberto Fernández, según ella misma denunció y contó en la entrevista exclusiva que el fin de semana publicó Infobae.Te puede interesar:Un niño quiere que lo adopte una nueva familia que respete su identidad judía

La declaración todavía no tiene fecha pero la expectativa es que sea en el corto plazo por videoconferencia con el fiscal federal Ramiro González, quien desde el viernes está a cargo de la investigación que le delegó el juez federal Julián Ercolini. Había una primera idea de que la declaración fuese ayer domingo, pero finalmente se postergó. “Depende de varios factores”, le dijo a este medio una de las personas que trabaja en la causa que está bajo secreto de sumario.https://c28905a2c469ef999aacf22028c38202.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El testimonio de Yañez -el fin de semana estuvo reunida en Madrid, donde vive, con su abogada Mariana Gallego– será clave porque revelará fechas, lugares y contexto de los hechos. Eso permitirá a los investigadores tener información para avanzar con medidas de prueba que permitan corroborar los hechos. Principalmente de las personas que puedan dar cuenta de las agresiones ya sea como testigos directos o indirectos.Te puede interesar:Llamó para ofrecer asesoría por problemas judiciales con el logo de un estudio jurídico, pero era un funcionario de tribunaleshttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.657.0_es.html#goog_9245346080 seconds of 17 minutes, 30 secondsVolume 0% Video: resumen de la entrevista a Fabiola Yañez

Otro punto importante es determinar donde ocurrieron los hechos. Eso marcará el destino de la causa. Por ahora está en los tribunales de Comodoro Py que tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. Pero si la violencia ocurrió íntegramente en la quinta de Olivos el expediente podría pasar a la justicia de San Isidro. De hecho, en la primera presentación que hizo la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, solicitó que el caso ya pasé a los tribunales federales de San Martín, que tienen jurisdicción sobre la quinta de Olivos. Allí se investigó la fiesta de Olivos donde Fernández y Yañez hicieron un acuerdo económico para suspender la expediente.https://c28905a2c469ef999aacf22028c38202.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Tras la decisión de Yañez de denunciar al ex presidente, el juez Ercolini le dictó a Fernández la prohibición de salida del país y le impuso como obligación no tomar contacto con su ex pareja de manera directa o a través de terceros de ninguna forma, ya sea personal, por teléfono, por mensajes, redes sociales o correo electrónico. Además, el viernes pasado la justicia allanó el departamento de Puerto Madero en el que vive el ex presidente y le secuestró aparatos tecnológicos, entre ellos su celular.Te puede interesar:Tips jurídicos: ¿Debe haber agua gratis en boliches y espectáculos públicos?Ramiro González, el fiscal hoy a cargo de la causa (Foto: Adrián Escandar)

“He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo. Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, dijo Yañez en la entrevista exclusiva con Infobae.

La ex primera dama también reveló que las personas más allegadas a Fernández “si lo sabían y no hicieron nada” sobre la violencia. También que buscó ayuda en el Ministerio de la Mujer, creado durante la presidencia de Fernández, y que no atendieron sus reclamos: “Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Sí, fui y pedí ayuda (en referencia al Ministerio de la Mujer). Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban”.

También contó que el ex presidente la responsabilizó de que el gobierno perdiera las elecciones legislativas de 2021 por la revelación de la fiesta de olivos, el festejo de su cumpleaños en la quinta de Olivos el año anterior en plena pandemia cuando por el aislamiento estaban prohibidas todas las reuniones sociales. “Él (Alberto Fernández) se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Otro juego psicológico que me hicieron. Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó”, contó.

fuente: Infobae.com