La Comisión de Acuerdos del Senado realiza hoy una audiencia pública con el objetivo de tratar el nombramiento como juez de la Corte Suprema del abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla.

El letrado debe responder las preguntas que le realicen los senadores. El miércoles de la semana pasada, Ariel Lijo -el otro candidato del oficialismo- estuvo durante 8 horas en el Congreso de la Nación para defender su postulación.

La convocatoria forma parte del proceso de selección que establece la Constitución, y se enmarca dentro de las actuaciones del expediente PE N°36/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Manuel José García-Mansilla”.

Actualmente, la Corte Suprema nacional está conformada por los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.10:26 hsHoy

Presentan la postulación de García-Mansilla para la Corte Suprema

10:25 hsHoy

Comenzó la audiencia pública

09:35 hsHoy

Quiénes integran la Comisión de Acuerdos del Senado

La Cámara de Acuerdos del Senado de la Nación está integrado por 17 legisladores (Jaime Olivos)

La Cámara de Acuerdos está integrado por 17 senadores. Los miembros son: Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila por parte del PRO, los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma y José Mayans, los radicales Martín Lousteau, Eduardo Vischi (en lugar de Pablo Blanco), Carolina Losada y Mariana Juri, Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza, los peronistas no K Carlos Espínola y Juan Carlos Romero y el legislador de Misiones, Carlos Arce.09:08 hsHoy

El antecedente de García-Mansilla en el Senado

Manuel García Mansilla

En 2018, García-Mansilla testificó ante el Senado Argentino durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En su intervención, afirmó que “el supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”. Esta declaración representa la postura del constitucionalista en la discusión sobre el derecho al aborto en el país.

García-Mansilla también expresó su oposición al fallo F.A.L. emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Dicha resolución establece que los abortos de embarazos resultantes de una violación no son punibles, sin importar la salud mental de la mujer. Esta decisión judicial integra una serie de criterios que la Corte ha interpretado a favor de los derechos de las mujeres en situaciones específicas desde el marco jurídico argentino.08:40 hsHoy

A qué hora comienza la Audiencia Pública

La audiencia pública será presidida por Guadalupe Tagliaferri, del bloque de senadores del PRO

La audiencia comenzará a las 10, en el Salón Azul de la Cámara alta,y se espera que el otro candidato del presidente, Javier Milei, para el máximo tribunal defienda su postulación.

Esta convocatoriase enmarca dentro de las actuaciones del expediente PE N°36/24 caratulado “solicitud de acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr. Manuel José García Mansilla”. La Comisión de Acuerdos cuenta con otros 17 integrantes y será presidida por Guadalupe Tagliaferri, del bloque del PRO.

La convocatoria a la audiencia se formalizó el pasado 19 de julio, mediante una comunicación realizada por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. En ella, se establecieron las fechas para el tratamiento de las dos candidaturas: la de Lijo y la de García Mansilla.08:14 hsHoy

Datos sobre Manuel García-Mansilla

Aunque cuenta con seis adhesiones, Manuel García-Mansilla se enfrenta a 23 impugnaciones y dos observaciones en la audiencia pública que tendrá lugar este miércoles, según informó la Comisión de Acuerdos del Senado.

García-Mansilla, de 54 años de edad y nacido el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro, llega a esta instancia con una considerable polémica a su alrededor. La presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezará la sesión donde se analizarán las objeciones y apoyos recogidos.

Las impugnaciones y observaciones reflejan un conflicto en torno a la candidatura de García-Mansilla. Este proceso forma parte de las formalidades del Senado para ratificar o rechazar las designaciones propuestas, un mecanismo que permite a ciudadanos y organizaciones presentar sus opiniones y argumentos a favor o en contra del candidato.

A pesar de la controversia, García-Mansilla también ha obtenido apoyo de distintos sectores, con seis adhesiones que resaltan sus méritos y trayectoria profesional. Este respaldo será parte del debate durante la audiencia, donde se evaluarán tanto las objeciones como los méritos presentados.

El proceso de audiencias públicas en el Senado es un paso crucial para asegurar la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones significativas, como lo es esta designación. La comisión procederá a estudiar cada una de las impugnaciones con detenimiento, así como las dos observaciones registradas, para tomar una decisión informada.07:49 hsHoyLa Comisión de Acuerdos del Senado realizará una nueva audiencia pública con la presencia del abogado García Mansilla

La convocatoria se da una semana después de que el otro candidato propuesto por el Gobierno, Ariel Lijo, respondiera a las preguntas de los miembros de la comisión

El abogado constitucionalista Manuel García Mansilla

Luego de que fuera el turno del juez federal Ariel Lijo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará hoy una audiencia pública con el objetivo de tratar el nombramiento como juez de la Corte Suprema del abogado constitucionalista Manuel García Mansilla.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno nacional mantendrá el programa red Sube en servicios interjurisdiccionales, según indicaron fuentes oficiales a través de un comunicado. Se confirmó así que desde septiembre dejará de subsidiar los descuentos de la red SUBE en los colectivos que tengan sus recorridos íntegramente en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia, argumentando que busca alejarse del “ventajismo político», cruzando duramente al Gobierno de Axel Kicillof. 

«En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos», señala el documento difundido esta tarde por la cartera que conduce Franco Mogetta. 

En este sentido, apuntaron que «la Nación mantendrá el programa red SUBE en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes, a la vez que se sostendrá la tarifa social a más de 5,3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país. De esta manera, el Estado nacional continuará con el programa de descuentos de 50 y 75% en el valor del boleto de los viajes en las 103 líneas de jurisdicción nacional del AMBA y en los trenes«. Las otras 10 líneas son del interior del país. Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Sostienen que, «debido a que el Estado Nacional subsidia únicamente con tarifa social a los transporte jurisdiccionales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede exigir privilegios para su jurisdicción y menos tener un accionar que se asocie al ventajismo político«. «Desde el Gobierno Nacional se apunta a que los recursos se distribuyan de forma equitativa en todas las provincias del país, asumiendo los gastos exclusivamente de las responsabilidades que le corresponden», argumenta el Gobierno.

Finalmente, el comunicado de Nación remarca que «en el mes de julio la provincia de Buenos Aires había aceptado hacerse cargo de los costos del sistema en las líneas de colectivo de su territorio, pero ahora decidió que no solventará red SUBE, perjudicando a más de 450 mil bonaerenses por día que no podrán acceder a los beneficios. La medida va en línea con que las jurisdicciones implementen los descuentos que consideren como sucede por ejemplo en Mendoza y Rosario, entre otros».

Desde cuándo las empresas de colectivos reducirán el servicio y a quiénes afectará

Uno por uno, los servicios que seguirán teniendo descuento de la red SUBE

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.

En el interior del país: Línea 906 Santa Fe-Paraná; línea 907 Santa Fe-Paraná; línea 902 Chaco-Corrientes; línea 904 Chaco-Corrientes; línea 908 Viedma-Patagones; línea 911 Neuquén-Río Negro; línea 912 Apóstoles-Colonia Liebig; línea 914 Neuquén-Río Negro; línea 915 Buenos Aires-Santa Fe; TP 249 Buenos Aires-Santa Fe.

El Gobierno bonaerense calificó la decisión como «un anuncio engañoso»

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, calificó la decisión como «un anuncio engañoso», ya que “dentro de la provincia, unas 262 líneas con 9.000 unidades, quedarán fuera de la cobertura” y dijo que “la buena noticia es sólo para los vecinos de la Ciudad”. 

En declaraciones a Radio con Vos, el ministro señaló que “si bien se mantendrán los beneficios para las 132 líneas de carácter federal que cruzan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la provincia, unas 262 líneas con 9.000 unidades, quedarán fuera de la cobertura”. “Esto le pega a los bonaerenses y, fundamentalmente, al que menos tiene y al que más tiene que viajar”, explicó. 

“Con 3,5 millones de tarjetas SUBE registradas en la provincia y más de 9 millones de operaciones diarias, la eliminación de los descuentos en los colectivos provinciales representará una carga para quienes viven en áreas alejadas y dependen de varios medios de transporte para llegar a sus destinos”, insistió D’Onofrio. Detalló que quienes tomen dos colectivos verán un aumento del 25% en sus costos diarios, mientras que quienes requieran tres o más unidades podrían enfrentar incrementos del 40%.

“Estamos hablando de un programa federal dentro del Presupuesto nacional, con partidas e impuestos que se cobran para esa erogación”, recriminó el funcionario de Kicillof. “Esto no es contra la casta, le pega a quienes menos tienen y más viajan. Yo no conozco a nadie de recursos que salga a pasear en colectivo”, ironizó.

El picante comunicado de CABA: “Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”

 El Gobierno de Jorge Macri sostuvo este lunes, previo al comunicado de Nación, que “no es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional”. “Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, se quejó la administración porteña. 

“La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación. Esa no es responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicaron sobre las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad.

“Si sacan el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas. No es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional. Pero es una decisión del Gobierno nacional”, insistieron y aclararon: “La Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios”.

Asimismo, indicaron que la administración porteña no recibe los subsidios de Nación, sino que lo reciben directamente las líneas de colectivos. “Desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado Nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares)”. 

“La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna”, puntualizaron. 

“El Gobierno Nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad. Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, alegaron los funcionarios porteños. 

Lourdes Arrieta dijo que teme por su vida, pero no piensa renunciar a su banca: «Si me expulsan, me iré con la frente en alto»

“El Ministerio de Economía de la Nación envió una nota fechada el 19 de julio, en la que comunicaba su decisión unilateral e inconsulta para que la Ciudad se haga cargo, a partir del 1 de septiembre próximo, de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño. El 8 de agosto, la Ciudad respondió el rechazo al planteo y advirtió que en caso de que el Estado nacional decida recortar los subsidios a su cargo se deberá hacer responsable de la decisión y de los conflictos que puedan surgir”, advirtieron.

Por último, fuentes del gobierno porteño dijeron a PERFIL que “lo que el Gobierno nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa”. “Más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación. Si la discusión fuera solo la ‘ubicación en el mapa’ entonces el puerto o Aeroparque deberían ser de la Ciudad. Las realidades preexistentes a la autonomía de CABA deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente”, sentenciaron.

Fuente: Perfil.com

En las próximas horas, el Gobierno oficializará un nuevo cambio de gabinete en un área sensible por la relación con la Iglesia. Tal como adelantó este medio, Nahuel Sotelo, diputado bonaerense, presidente del bloque libertario en esa cámara y muy cercano a la Casa Rosada, será desde esta semana el nuevo secretario de Culto, y buscará reencauzar el vínculo con el Papa Francisco, en medio de su cada vez más incierta visita a la Argentina.Te puede interesar:Los motivos del mensaje de Cristina Kirchner contra José Mayans por la referencia a Victoria Villarruel

“Es difícil, no imposible”, resaltaron fuentes cercanas al inminente funcionario que ayer trajinaba el área de Legal y Técnica de la Casa Rosada, donde se terminaban de pulir los detalles de su nombramiento que, además del reemplazo, traería, de no mediar imprevistos, una novedad: la inclusión, bajo esa órbita, del rubro derechos humanos en el plano internacional y el rechazo formal a la Agenda 2030, bajo el supuesto nombre de Secretaría de Culto y Civilización.

Fanático del club San Lorenzo, como el Papa, y de perfil ultraconservador como su antecesor, el muy polémico ex secretario Francisco Sánchez, Sotelo mantuvo desde que trascendió públicamente el reemplazo, el miércoles 14, un estudiado bajo perfil. Para no alterar ninguna relación. Por lo pronto, tiene mejores formas que el dirigente neuquino. Mucho más cuidado.Te puede interesar:Se diluye el poder de los piqueteros sin el manejo de los planes y arrinconados por denuncias: ya van 4 meses sin cortes de calles

“Tiene bastante más conocimiento del territorio y el trabajo de la Iglesia”, explicaron fuentes eclesiásticas. El legislador no tiene vínculo con Oscar Ojea, el titular de la Conferencia Episcopal, aunque sí con algunos sectores de la Iglesia. Tampoco tiene referencias en el Vaticano: su mayor acercamiento fue en febrero pasado, cuando integró la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei que viajó a Roma. Se fotografió con el Papa en la audiencia general. Su pareja, la mexicana Clara Cuevas, una influencer católica nacida en México, sí tiene algún tipo de llegada a algunos sectores del Vaticano.La canciller Diana Mondino con Nahuel Sotelo y su antecesor, Francisco Sánchez

La llegada de Sotelo a Culto se da en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica que Sánchez no pudo apaciguar desde el momento en que asumió en ese lugar con durísimos cuestionamientos al Papa, y con un perfil reaccionario y provocador que nunca cayó bien en Roma.Te puede interesar:Más activo, Macri prepara un nuevo acto político junto a tres gobernadores y se esperan más críticas al Gobierno

El sábado 7 de septiembre próximo, el nuevo secretario de Culto podría debutar oficialmente en su nuevo rol, en la relación con la Iglesia, en la celebración que tendrá lugar en Santiago del Estero para la concreción oficial del traslado de la sede primada de Buenos Aires a esa provincia. Estarán la cúpula de la CEA y obispos de todo el país. Desde la Conferencia Episcopal se cursó la invitación no solo a la Secretaría de Culto, si no también al Presidente, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la canciller Diana Mondino. Según trascendió, todavía no hubo, en ningún caso, ninguna respuesta formal.

Sotelo, como Sánchez, también está atravesado por el ultraconservadurismo católico y arrastra posiciones bien conservadoras, nacionalistas y hasta controvertidas: escribió, hace algunos años, el libro “Cartas de los ‘70, el dolor de la otra parte”, con el que intentó reavivar las teorías de “guerra” de los años más oscuros de la historia. Pero para el sistema político, es mucho más prolijo y pragmático en sus vinculaciones que su antecesor. Es parte de un grupo que aglutina también a Agustín Romo y a Santiago Santurio, todos referenciados en el consultor Santiago Caputo, el asesor más influyente del Ejecutivo. Aunque no pertenece a ese sector, Agustín Caulo, actual director nacional de Culto Católico, tiene buena sintonía con ellos. Su permanencia está ahora bajo estudio.

La llegada del legislador bonaerense, que colabora en el armado territorial de LLA en la Provincia, se da en medio de un proceso de agudización de la crisis social que tiene en estado de alerta a la Iglesia, y en particular a Francisco, crítico del programa económico implementado desde diciembre pasado por Milei y su ministro Luis “Toto” Caputo, y cuyo principal leitmotiv está enfocado en la disminución del Estado.La Iglesia criticó la gestión económica del Gobierno y sube la tensión de la relación

Es uno de los puntos en los que la Iglesia hizo hincapié durante estos primeros meses de gobierno.

El sábado, por caso, se desarrolló en San Justo, en el corazón de La Matanza, la jornada “Indefensión de la Comunidad ante el Narcotráfico, diálogo entre la Justicia y las Periferias”, un encuentro que tuvo al obispo del distrito, Eduardo García, como anfitrión, y que reunió a dirigentes y sindicalistas vinculados al Poder Judicial, al procurador provincial, a la defensora de los derechos de los niños y adolescentes, y a jueces, entre ellos Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, uno de los que motivó la cita. Dos camaristas ideológicamente afines con el kirchnerismo.

En junio, Cáritas ya había organizado un encuentro que contó con la presencia de Ojea y de dirigentes como Mario Quintana y Fernanda Miño, muy cercana a Juan Grabois, en el que reivindicaron el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana implementado por el anterior gobierno, y vapuleado por éste, y pidieron mayor presencia del Estado para evitar lo que en la Iglesia empieza a inquietar cada vez con mayor preocupación: el avance del narcoestado.

Francisco está bien pendiente de la coyuntura local. En todos los rubros.

En el último mes, por ejemplo, tuvo dos intervenciones bien puntuales como respuesta al escandaloso tour de media docena de diputados libertarios por el penal de Ezeiza, para visitar a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad por secuestrar, torturar y matar durante la última dictadura. Primero visitó a la sobrina de una de las monjas francesas asesinada por el represor Alfredo Astiz, preso en Ezeiza. Después recibió en Santa Marta a la hija de otra de las víctimas del “Ángel de la muerte”, y grabó un video con la siguiente frase: “No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios”.

El malestar de la Iglesia con el sector libertario que organizó y ejecutó esa muy polémica visita se acrecentó, además, por la participación del cura Javier Olivera Ravasi, que fue corrido hace diez días de la Diócesis de Zárate-Campana en la que residía. La diputada Lourdes Arrieta, a punto de ser expulsada del bloque por Karina Milei, mostró en sus redes los chats de WhatsApp en los que se confirmó la injerencia del sacerdote en la trama, que incluía la promoción de un proyecto de ley de “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable” que impulsaba reformas en los códigos penal y procesal penal para beneficiar a los genocidas.

Para la CEA, el rol de Olivera Ravasi fue por demás incómodo. 48 horas antes de su expulsión de la Diócesis de Zárate-Campana, Ojea recibió en su oficina a organismos de Derechos Humanos, inquietos con la participación del cura.

En ese contexto de crisis socioeconómica, construcción de un nuevo paradigma cultural por parte del Gobierno y de confrontación permanente en el terreno político, la visita de Francisco, que él mismo proclamó en reiteradas oportunidades en el afán de volver a su tierra, quedó envuelta en estos últimos tiempos por un manto de duda. El viaje que prevé para este próximo lunes, por Asia y Oceanía, muy ajetreado y con distancias largas, será un buen termómetro para testear, además, su estado de salud.

“No sería tan pesimista ni tan optimista. Sigue siendo un tema extremadamente particular del Papa”, abundó una fuente eclesiástica.

Hasta ahora, no hubo ningún preparativo formal ni informal, tampoco oficial. Más allá de la invitación protocolar del presidente, que intentó recomponer en este primer semestre del año el vínculo con el Vaticano después de una campaña electoral en la que se enfrentó en durísimos términos con el Papa.

Es el camino que, según pudo reconstruir este medio, buscará explorar Sotelo en la nueva función que está a punto de oficializarse, en vísperas de la visita que la conducción de la CGT realizará en la segunda quincena de septiembre en Roma, en lo que será el primer encuentro entre Francisco y la cúpula de la central obrera, en medio de la disputa entre el sindicalismo y el Gobierno por la situación económica y laboral. Según los principales sondeos, el desempleo empezó a posicionarse entre las principales preocupaciones de los argentinos.

Hasta ahora, el Papa no se había reunido nunca con la cúpula cegetista como tal. Se trata, en ese sentido, de un todo un gesto de su parte. Se sabe que el Sumo Pontífice es quirúrgico con cada uno de sus movimientos.El Papa Francisco se reunió con representantes de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en defensa de Aerolíneas Argentinas

Lo fue, por ejemplo, en junio pasado, cuando recibió a Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en plena discusión parlamentaria por la Ley Bases y la privatización de empresas públicas: Francisco posó junto a él con una bandera del sindicato y de Aerolíneas Argentinas. El Sumo Pontífice tiene un vínculo directo con algunos gremialistas. Ricardo Pignanelli, de SMATA, es uno de ellos. Con Héctor Daer, que planifica su viaje al Vaticano junto a Carlos Acuña y Pablo Moyano -se especula con quiénes integrarán el resto de la comitiva-, se relaciona a través de intermediarios. Hay otros casos, como el de José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias, que trabó un nexo a través de Luis Liberman, rector del Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento, con acceso al Papa sin intermediarios.

En esos días, Francisco recibió además a Axel Kicillof, uno de los gobernadores más enfrentados a Milei.

El miércoles pasado, por caso, hizo lo propio con Ricardo Quintela, de La Rioja, también en las antípodas del gobierno libertario y lanzado prematuramente como candidato presidencial. La gestión para esa visita en Roma estuvo en manos de Guillermo Oliveri, el ex secretario de Culto.La CGT se reunirá con el Papa Francisco (Jaime Olivos)

Antes de ese encuentro, el Papa se reunió en el Vaticano con tres magistrados federales de la ciudad de Buenos Aires: los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone, y María Eugenia Capuchetti. Según trascendió, Francisco les reiteró el rechazo al proyecto de ley del oficialismo enviado al Congreso que pretende bajar la edad de imputabilidad a 13 años. “Es una discusión de adultos, no de pibes”, resaltaron fuentes de la Iglesia a este medio en línea con lo que Ojea ya había manifestado en una jornada reciente en la Universidad de Avellaneda.

Por lo pronto, el único encuentro confirmado -hasta ahora- entre Francisco y funcionarios del Ejecutivo es el que está agendado para el próximo lunes 25 de noviembre, en el aniversario del firmado del tratado de paz con Chile. Viajará, en principio, la canciller Mondino, que guardó la fecha en su calendario.

Fuente: Infobae.com

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Hay 13 causas de corrupción abiertas en el juzgado de Ariel Lijo desde hace mas de 10 años

Entre ellas está la investigación por YPF, contra empresarios y dirigentes kirchneristas, que le valió a la Argentina una condena por US$16.000 millones en EE.UU.; y el expediente Siemens, contra menemistas, algunos ya fallecidos

• 26 de agosto de 2024
• 19:57
• 7 minutos de lectura

LA NACION

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El juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para ocupara una silla en la Corte Suprema de Justicia, tiene en su juzgado expedientes de corrupción con atrasos significativos, entre los que se destacan al menos 13 causas con más de 10 años de antigüedad que involucran a exfuncionario del menemismo, del kirchnerismo y a empresarios, según en relevamiento que realizó la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según datos que la ONG tomó del Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo tuvo a lo largo de sus 19 años como juez federal titular un total de 89 causas de corrupción. Casi un tercio de estos expedientes (26) continúa en etapa de instrucción –la fase liminar de cualquier proceso de investigación– y la mitad de ellas permanece en este estado hace 10 años o más.

El caso más explosivo de esa lista, aunque no el más antiguo, es el expediente CFP 3518 del año 2006. Es la causa por el vaciamiento y expropiación de YPF. En la carátula aparecen los delitos de infracción de la Ley 22.415 (Código Aduanero), incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública.

La Cámara Federal dijo que se investiga la presunta ausencia de control estatal sobre la información técnica que están obligadas a proporcionar las empresas petroleras. Esto habría dado lugar a una posible manipulación de datos sobre el nivel de reservas, lo que se habría traducido en una pérdida de importantes volúmenes anuales de gas y petróleo para el país.

En particular, el objeto procesal se encuentra ahora enmarcado en la investigación de una posible administración fraudulenta por parte de los directivos de la firma Repsol YPF y representantes del Estado ante el directorio, en virtud de maniobras de vaciamiento mediante descapitalización e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de funcionarios del Estado.

Entre los denunciantes figuran Elisa Carrió, Mario Alejandro Cafiero, Alejandra Dibo y Carlos Stornelli, y son querellantes YPF SA y la Oficina Anticorrupción.

Carrió informó que hubo sucesivas ampliaciones de prueba, en las que se fueron incorporando acusados: Amado Boudou, Julio de Vido, los hermanos Eskenazi –que ingresaron como accionistas a la compañía de la mano del kirchnerismo–, Axel Kicillof, Carlos Zannini y las compañías Repsol YPF e YPF SA, entre otros. Hasta el momento, ninguno de los denunciados ha sido procesado ni sobreseído.

El expediente que investiga el rol de la familia Eskenazi en la compra de la empresa YPF sobresale como caso paradigmático: según otra entidad, la Inecip, hace 16 años que no muestra avances. “Recién en septiembre del año pasado envió un exhorto a la justicia de España para averiguar si el grupo Eskenazi se había quedado con algún derecho litigioso en la quiebra de sus subsidiarias que poseían el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol”, se lee en el trabajo de la Inecip, publicado en julio, que catalogó a Lijo como el juez con el “peor desempeño de Comodoro Py” y el que registra mayores demoras en casos de corrupción.

En cambio, y con otros tiempos, en el juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya condenó a la Argentina a pagar indemnizaciones por US$16.000 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar a los accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Quienes cuestionan al candidato de Milei a la Corte le endilgan no haber avanzado sobre cómo estos accionistas ingresaron a la petrolera durante el kirchnerismo y le pasan la factura por los US$16.000 millones.

Acusados que mueren sin resolución

Otro expediente resonante lleva el número CFP 2645/1998. Es decir, fue iniciada hace 26 años. Corresponde al Caso Siemens, en donde se investigan irregularidades en la licitación 1/96 del gobierno nacional para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas”, conocido como Proyecto DNI.

En el caso se denunció el pago dirigido a funcionarios públicos por parte de Siemens con el fin de obtener la licitación. En 2013, Lijo procesó a 17 imputados: nueve de ellos pertenecían al Grupo Siemens, tres actuaron como intermediarios del dinero destinado a los funcionarios estatales y cinco eran miembros de la empresa competidora en la licitación, que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens.

Pero aún continúa abierta la investigación sobre la culpabilidad de los funcionarios públicos, entre quienes se encuentran imputados el expresidente Carlos Menem (ya fallecido), y su ministro del Interior, Carlos Corach.

Otro expediente antiguo y que involucra a la política es la causa iniciada en 2007 contra Edmundo Ruckauf, expresidente de la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía (OSME) y primo del exgobernador de Buenos Aires Carlos Ruckauf. El acusado fue procesado por administración infiel y fraude en perjuicio de la administración pública.

El juez entendió que la obra social falsificaba expedientes que luego eran presentados en la Administración de Programas Especiales (APE) con el fin de recibir subsidios para la compra de medicamentos destinados a afiliados que no padecían las enfermedades que se describían. Hay 11 imputados, un procesado sin prisión preventiva y un sobreseído.

En la lista de expedientes longevos se encuentran también un caso contra Menem, de 1998, donde el expresidente fue denunciado por fraude por Jorge Estrada; una causa de 2012, por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, contra Amado Boudou, actualmente con confirmación de la Cámara Federal del procesamiento; un caso por violación al Código Aduanero y fraude al Estado sin imputados identificados; otra causa por malversación de caudales, que lleva en la carátula a Miguel Ángel Paniagua.

Asimismo, hay un caso de 2012, elevado a juicio en 2022, contra Norberto Berner, que era secretario de Comunicaciones del gobierno de Cristina Kirchner. El querellante es el Grupo Clarín.

En el juzgado de Lijo se tramita otra causa desde hace diez años contra Florencio Randazzo, exministro de Transporte y actual diputado nacional, por defraudación y abuso de autoridad.

También hay una denuncia de 2014 contra Boudou por malversación de caudales, exacciones ilegales, violación de deberes y abuso de autoridad; y otro caso del mismo año contra la extitular de la Casa de la Moneda Katya Daura, que en parte ya fue elevada a juicio y juzgada, pero que parte del expediente sigue abierto en el juzgado.

Otro exministro kirchnerista tiene una causa abierta en el despacho de Lijo. Se trata de un caso por nombramientos ilegales y estafa contra el exministro de Trabajo Carlos Tomada, con un sobreseimiento dictado en 2018, pero que sigue abierta en el juzgado. Similar es la situación del exfuncionario de la Anses y actual intendente de Montecarlo, Misiones, Julio César Barreto. Investigado por fraude, cuenta con un sobreseimiento a su favor, pero el expediente sigue abierto en el despacho del candidato de Milei para el máximo tribunal.

El miércoles pasado, Lijo enfrentó cuestionamientos de algunos senadores (los radicales Carolina Losada, Pablo Blanco y Eduardo Vischi, la macrista Carmen Álvarez Rivero y el oficialista Francisco Paoltroni) por la demora en tramitar causas de corrupción. Le señalaron el mote de “tiempista” con el que se lo cataloga, en alusión a la falta de cierre de las causas que involucran a funcionarios y políticos, que no son condenados, pero tampoco sobreseídos y se mantienen bajo acusación.

Para contestar, el juez federal se excusó detrás de la “rigidez” de los procesos judiciales. “En criminalidad trasnacional, los períodos de demora, de exhortos y de pedidos de información son fenomenales. Los tiempos promedio de respuesta de un exhorto internacional son de seis meses, y es incompatible con los resultados este tipo de esquema de investigación, que son rígidos”, afirmó Lijo.

A su vez, habló del “sesgo” de las estadísticas, que, según su criterio, no tienen en cuenta todo el derrotero de un expediente. “Están basados en el universo de casos que se escogieron para auditar y no en la totalidad. Y tienen ese sesgo que evalúan las empezadas versus las concluidas. No tienen en cuenta las sucesivas denuncias en esos expedientes que están tramitando y que generan un límite respecto de la información que yo puedo brindar porque son causas en trámite”, consideró. Y remató: “El juez de primera instancia es el más controlado”.

Fuente: La Nación

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibirá este martes 27 de agosto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien realizará una exposición y responderá preguntas sobre la aplicación de políticas de género por parte del Poder Ejecutivo, que, entre otras medidas, eliminó el Ministerio de la Mujer.

Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el ministro estará presente y expondrá un informe a partir de las 15, en el anexo C de la Cámara baja tras haber sido convocado por la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha (Unión por la Patria).

Alberto F insistirá en que la causa por violencia de género salga de Comodoro PyEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La convocatoria dirigida a Cúneo Libarona se produjo luego del decreto de necesidad y urgencia 450/24 que trasladó a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género desde el Ministerio de Capital Humano hacia el Ministerio de Justicia.

Esa subsecretaría es el único organismo que continúa vigente luego de que se llevara a cabo el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que operó durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. De hecho, el edificio donde funcionaba fue puesto a la venta por el Gobierno de Javier Milei.

En paralelo, el Poder Ejecutivo compartió este lunes en el Boletín Oficial una modificación en el acceso al programa «Acompañar», que tiene como objetivo ayudar a víctimas de violencia de género, mediante el decreto 755/24.

De esta manera, las mujeres y personas integrantes de diversidades sexuales que sufren violencia de género deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial para recibir asistencia del Estado, cuando antes solo bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Justicia argumentaron que «se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política».

Fuente: Perfil.com

Desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada cambió el paradigma de las protestas piqueteras en la calle: hay reclamos, pero ya sin cortes porque marchan sin interrumpir el tránsito. Hasta el dirigente de izquierda más caracterizado con este sector, Eduardo Belliboni, reclama por alimentos para los comedores desde la vereda del Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, las convocatorias son exiguas. ¿Qué sucedió para que en menos de nueve meses el Gobierno de Javier Milei plasmara una de sus promesas de campaña que era “terminar con las extorsiones y los cortes de los piqueteros”.Te puede interesar:Los motivos del mensaje de Cristina Kirchner contra José Mayans por la referencia a Victoria Villarruel

Infobae dialogó con diez dirigentes sociales vinculados a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que integran Unión por la Patria y piqueteros de izquierda, para comprender las razones de la nueva realidad. Con poca autocrítica, reconocen que se impuso un orden y que la sociedad los cuestiona. “La gente del territorio que se movilizaba y marchaba está muy mal, está desencantada, ya no confía en el dirigente social”,reconocen.https://9a5a0fa5523fcdf6f7005b9d063d436d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recordó: “Circular por el país parecía imposible. Muchos argentinos pensaban que los piquetes iban a ser eternos. Al llegar el gobierno dictamos un protocolo que regula el modo en que se llevan adelante las protestas y fue avalado por distintas instancias judiciales. Estamos ante un cambio de paradigma en esta materia. Nadie impide que puedan tener su marcha, lo que no van a poder hacer es cortar la calle. Irán por la vereda o a una plaza”.Te puede interesar:Más activo, Macri prepara un nuevo acto político junto a tres gobernadores y se esperan más críticas al GobiernoEduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita

Tercerización y pérdida de poderhttps://9a5a0fa5523fcdf6f7005b9d063d436d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El protocolo antipiquetes fue la primera herramienta utilizada por la administración de Javier Milei para torcerles el brazo, al menos por ahora, a las organizaciones sociales de izquierda y peronistas. Además se implementó la Línea 134 para que beneficiarios de planes denuncien las “coacciones” a las que eran sometidos por algunos dirigentes sociales para que asistan a las marchas. En la misma línea se encolumnan las políticas que implementó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para quitarles poder después de una batería de auditorías internas que revelaron serias irregularidades en la distribución de los alimentos que recibían por parte del Estado para distribuir entre los sectores más vulnerables. Según esos registros, sólo el 7% de los alimentos que recibieron “fueron rendidos”.Te puede interesar:El Gobierno oficializa los cambios en Culto: las dudas por la visita del Papa y todas las alertas de la Iglesia

Pettovello les quitó la tercerización de esos bolsones de comida: ahora la asistencia es directa a través de la tarjeta Alimentar Comunidad. También desplazó a los dirigentes de la UTEP que eran funcionarios en el ex Ministerio de Desarrollo Social como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Fernanda Miño, dirigente del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y actual funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof. También desdobló el Potenciar Trabajo. Con esa acción les quitó el “poder de dar altas y bajas” del mayor programa de esa cartera. En concreto, dejaban de certificar la contraprestación de los planes que las organizaciones sociales manejaban a través de las cooperativas -que eran las ahora desaparecidas Unidades de Gestión- y que, según las denuncias judiciales, una parte de ellas eran utilizadas para movilizar a personas a las marchas. El hecho quedó reflejado en las llamadas al 134. Por momentos la línea se saturó.

Hasta el 26 de agosto se recibieron 201.333 llamados:, 10.814 fueron derivados; 1.925 denunciaban que los obligaban a asistir a movilizaciones; otras 8.889 denuncias fueron por amenazas y coacciones para asistir a piquetes bajo apercibimiento de quitarles el plan; y 3.493 fueron asesorados según el tema de la consulta. La mayoría de esas denuncias contra organizaciones sociales y piqueteras fueron derivadas a la justicia y ya son investigadas. Ayer el Ministerio de Seguridad registró 210 llamadas, varias de ellas por coacción y amenazas.Las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, e implementadas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de Capital Humano, Sandra Pettovello, terminaron con los cortes de calles y piquetes

Dirigentes sociales cuestionados

Desde la Casa Rosada interpretaron que con las políticas implementadas, no sólo se logró que la comida llegue de manera eficiente a los más necesitados, sino que se “cortó de raíz” con los bolsones de corrupción, se “desplazó a los gerentes de la pobreza” y se “terminó la intermediación piquetera”.

“La política opositora está paralizada y golpeada. Los dirigentes sociales estamos muy cuestionados. La gente del territorio que se movilizaba y marchaba está muy mal, está desencantada, ya no confía en el dirigente social por lo que ve en la noticias, por ejemplo, y sea cierto o no, que se afanaron el morfi de los comedores. Algunos lo vivieron. Hubo malos dirigentes de bases que amenazaban para que se movilicen, para quedar bien con el referente y eso nos afectó. Los dirigentes sociales estamos muy cuestionados”, admite un histórico militante social vinculado al peronismo.

Otro de ellos fue muy crítico con las políticas desarrolladas por el gobierno del Frente de Todos. “La sociedad está muy descreída en general del sistema político que gobernó hasta el 10 de diciembre de 2023, ya sea la variante peronista-kirchnerista a nivel nacional, y kirchnerista-peronista en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA”. Y destaca: “A los sectores populares no los atrae ni motiva consignas, ni figuras, ni propuestas ni planes de lucha para movilizarse. También fueron derrotados el macrismo y el radicalismo, por lo cual la política está golpeada y paralizada”. Quien habla -pidió no ser mencionado como el resto- integra uno de los movimientos sociales más beneficiados por la administración Fernández y no dudó en apoyar públicamente al ex mandatario cuando la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo cuestionó.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, frente a la policía durante una protesta antigubernamental. Fue procesado por hechos de corrupción AP Foto/Natacha Pisarenko

Otro dirigente de la UTEP y de extracción peronista analiza: “Por lo que veo y escucho, me da la impresión que la menor movilización tiene que ver con que las organizaciones sociales están más golpeadas, más perseguidas, más arrinconadas por la justicia, y por amenazas. Eso genera temor en las bases”.

-¿Qué autocrítica hacen? ¿Antes, con Mauricio Macri ustedes, y con Alberto Fernández los piqueteros cortaban calles, puentes, accesos, la Avenida 9 de Julio, y ahora con Javier Milei, y protocolo antipiquetes mediante, marchan por las veredas?, preguntó Infobae a un líder social de peso que fue ex funcionario en el gobierno anterior.

-Lo primero es que el Gobierno intenta mostrar que la calle la tienen controlada, podría ser así si sólo se mira el conflicto social desde la Avenida 9 de Julio; sin embargo, hemos hecho muchas jornadas de las que participamos activamente, como la del 7 de agosto el Día de San Cayetano que terminó con un acto en plaza de mayo por Paz Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros entendimos desde el principio de esta nueva etapa que las características de la resistencia social a este gobierno deberían tomar formas y características distintas a los gobiernos anteriores. Esta administración decidió implementar la violencia como forma para resolver la conflictividad social. Estas formas de violencia se pueden expresar en hostigamiento y persecución mediática vía redes sociales y medios masivos de comunicación, también hay persecución judicial. La última marcha al Congreso terminó con muchos detenidos, con violencia en las calles y con la represión. Esto fue un cambio. Ni con Macri se ejerció la violencia callejera en los niveles que la ejerce este gobierno. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para entender las nuevas condiciones y el porqué la lucha social fue adoptando nuevas formas y métodos. Hay que entender cómo están llevando a la Argentina, en una primera etapa, a la implosión social con mayor violencia horizontal en todas sus formas y una segunda etapa que no sabemos como termina, aunque se puede presumir que muy mal con 20% de indigentes, 55% de pobreza, un millón y medio de pibes que se van a dormir sin morfar, desempleo creciente, cierre de pymes, jubilaciones por el piso. No puede terminar bien un experimento así.Alberto Fernández incorporó a su gobierno a dirigentes sociales ahora cuestionados (FACEBOOK UTEP)

En el Ministerio de Seguridad también toman como ejemplo la movilización del 7 de agosto. “La peregrinación, a diferencia de los ocho años anteriores, se hizo cortando las principales arterias de la Ciudad. Esta vez no se interrumpió el tránsito. Y la concentración se hizo sobre Plaza de Mayo. Y en la desconcentración, cuando un grupo de piqueteros del Polo Obrero, quiso cortar, fue desalojado”, recordaron y destacaron que la última vez que la izquierda cortó la 9 de Julio e intentó avanzar hasta Carlos Pellegrini y Juncal fue para protestar frente a Capital Humano, El último hito fue el 10 de abril. No lo consiguieron: la Policía Federal y las fuerzas federales lo impidieron. Desde entonces, la circulación en la 9 de Julio, a la que ellos mismos la llamaban “corsódromo”, no fue interrumpida por ninguna marcha piquetera.

Reconfiguración piquetera

El procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, también referente de la Unidad Piquetera junto a otros 16 dirigentes, entre ellos Jerónimo Canteros, su mano derecha en la organización de izquierda, generó un duro cuestionamiento entre sus pares, aunque no de forma pública. Un hecho que también repercutió en los ex beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que solían engrosar las marchas convocadas por los movimientos de izquierda.

El juez federal Sebastián Casanello lo procesó por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Esos fondos, según el expediente, fueron desviados -usando facturas apócrifas- para fines partidarios. Además se le dictó un embargo por $390 millones. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado. También por la presunta coacción a los beneficiarios de ese plan social para que asistan a marchas y movilizaciones.El último intento de corte en la Avenida 9 de Julio terminó en incidentes. La policía impuso el protocolo antipiquetes Maximiliano Luna

Las organizaciones piqueteras están en una reconfiguración. Buscan nuevas formas de protesta, que aún no consiguen plasmar y realineamientos políticos y hasta reordenamientos internos. El más evidente: para tomar distancia de Belliboni unas 15 organizaciones que formaban parte del Bloque Nacional Piquetero formaron la organización “Territorios en Lucha”. Entre ellas destacan Libres del Sur, y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Algunas de ellas mantienen reuniones con el sector del radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín. Dialogan sobre la creación de un nuevo espacio. Algo impensado antes de la llegada de Javier Milei a la primera magistratura.

“Nosotros seguimos marchando y reclamando, por ejemplo para que Pettovello distribuya alimentos a los comedores”, dijo uno de los líderes piqueteros de Territorios en Lucha y aclaró: “Vamos a seguir marchando como lo hicimos la semana pasada a capital Humano, respetando el protocolo de Patricia Bullrich”.

El 16 de agosto, hace tan solo 11 días, Javier Milei, fiel a su estilo directo expresó en el Congreso de Inversiones Inmobiliaria: “Se terminaron los malditos piquetes que nos arruinaban cada día” y subrayó: “Tengo una ministra monumental en el plano de seguridad que es la doctora Patricia Bullrich, quien ha sido muy generosa, y la historia también le va a dar su reconocimiento, no solo por el apoyo que junto con el presidente Mauricio Macri nos dieron para la segunda vuelta, sino por su trabajo”.

Poco antes, el 2 de junio, el mandatario resaltó las cualidades de la otra funcionaria que integra su gabinete: “Pettovello es una gran ministra. El mejor indicio es que todos los corruptos están aterrados y la están tirando afuera todo el tiempo porque están desesperados”. “Es la abanderada de la lucha contra la corrupción. Yo le digo que vaya al hueso”. Y por si quedaban dudas sobre la ponderación que tiene su ministra por la lucha contra los piqueteros diez días después expresó: “Pettovello cortó con los gerentes de la pobreza. Le quitó a los delincuentes el financiamiento y con esa plata le dimos el doble de asistencia a la gente”.

Fuente: Infobae.com

El PRO declaró su apoyo el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, a la que calificó como «una ley inapropiada» y coincidió con el Gobierno en que «el equilibrio fiscal es innegociable». En ese sentido, insistieron en que la fórmula no funcionaría «si no se arregla antes la economía».

«Es un momento importante para que desde el PRO ratifiquemos los valores que nos unen. El principal es trabajar siempre por el cambio y apoyarlo con generosidad donde esté sucediendo. Eso significa hacer lo correcto sin especular sobre las conveniencias particulares«, expresó el partido amarillo a través de un comunicado difundido por sus redes sociales.

El apunte de puño y letra de Milei sobre la reforma jubilatoria: «Macri, Néstor y Cristina Kirchner y Pichetto»Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

«Más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia», añadió el espacio presidido por Mauricio Macri. De esa manera, declaró su apoyo al veto anunciado por Milei «a esta ley inapropiada», en referencia a la norma que aumenta en un 8,1 por ciento los haberes jubilatorios, sancionada por legisladores peronistas, federales y radicales.

«En la situación actual, el equilibrio fiscal es innegociable. Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra», profundizaron, a la par que subrayaron: «El PRO declara su apoyo al veto del Presidente Milei a esta ley inapropiada».https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1827764826711396741&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Fpolitica%2Fel-pro-ratifico-su-apoyo-al-veto-de-milei-a-la-movilidad-jubilatoria-ninguna-formula-va-a-funcionar-si-no-se-arregla-antes-la-economia.phtml&sessionId=d4dbbb56bfde777077c56c893d3c0402b8ef1d4b&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

Sumado a esto, el partido explicó el motivo por el cual sus legisladores votaron en contra del DNU que aumentaba los fondos reservados para el servicio de inteligencia SIDE: «Acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo. No alentamos los atajos, porque sabemos que, a la larga, dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos»

El documento del partido amarillo coincide con el mensaje que Macri compartió el viernes en X (antes Twitter): “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general —contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad— el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”.

Pichetto: «Es casi seguro que el Congreso reafirme la reforma jubilatoria y llegue a los dos tercios»

Sin embargo, de alguna manera contradice las declaraciones del presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, quien aseguró que el voto sobre la ley de reforma jubilatoria estaba consensuado con el Gobierno nacional.

“Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad, el Gobierno dijo que si votábamos el artículo 2, el 4 y el 10 lo poníamos en un quebranto. Y en el marco de esas conversaciones fue lo que se votó”, sostuvo el legislador en diálogo con Radio Mitre.

Además, contó que el viernes al mediodía mantuvo una reunión por Zoom con Macri, a la vez que manifestó que seguramente el expresidente no estaba enterado de las negociaciones al publicar su apoyo al veto presidencial. «Probablemente, no estaba informado al dedillo en el momento que opinó sobre las distintas variedades», expresó.

«Las mayorías parlamentarias hay que construirlas, hay que tener la capacidad para imaginarse distintos escenarios. Cuando no tenés la mayoría, tenés que construirla. Nosotros construiremos una importante cantidad de votos negativos en tres artículos que al Gobierno le resultaba absolutamente clave porque son los que financian el presupuesto y rompe el equilibrio fiscal. En eso hemos cumplido a rajatabla la palabra empeñada”, remarcó Juez y agregó: “Los funcionarios deberán explicarle al Presidente qué estrategia se dio en el Senado”.

Fuente: Perfil.com

Gabriel Oriolo, Superintendente de Servicios de Salud, dio a conocer una serie de irregularidades dentro del sistema de obras sociales y empresas de medicina prepaga en Argentina. Según el funcionario, el organismo que dirige detectó un desorden estructural que afecta gravemente la calidad de los servicios brindados a los beneficiarios. Este diagnóstico surge tras meses de auditorías e investigaciones que pusieron al descubierto graves deficiencias en la prestación de servicios por parte de diversas entidades del sector de la salud.Te puede interesar:“Tengo miedo por mi vida”: la diputada Lourdes Arrieta dijo que se siente amenazada pero aseguró que no renunciará a su banca

El Superintendente explicó que la Superintendencia de Servicios de Salud inició un proceso de ordenamiento en el sistema, centrado en fiscalizar tanto a las obras sociales nacionales como a las empresas de medicina prepaga. “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, afirmó Oriolo.https://d07ad87e36354e9ff314d787ae2f0601.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Durante la entrevista, Oriolo detalló que existen actualmente 661 empresas de medicina prepaga registradas en Argentina, de las cuales solo diez cuentan con una inscripción definitiva. “Nos encontramos con sorpresas muy importantes. Tenemos hoy registradas 661 empresas de medicinas privadas, de las cuales solo diez están inscritas definitivamente. Las otras 651 solo tienen una inscripción transitoria provisoria”, explicó el Superintendente, dejando en claro que la mayoría de estas entidades no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la ley para su funcionamiento.Te puede interesar:Desafío para el Gobierno: las 4 causas que impiden salir del cepo en el corto plazo

Según Oriolo, el análisis de la Superintendencia reveló que 127 de estas empresas presentaron ninguna documentación desde su inscripción. “Nunca presentaron un solo papel. Cuando hablamos de papel, estamos hablando de cartillas, contratos, la parte contable y administrativa. Es decir, no han presentado nada”, enfatizó. Ante esta situación, la Superintendencia requirió la documentación necesaria a todas las empresas involucradas.

Como resultado de este proceso, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de la Superintendencia. “Publicamos un edicto en el Boletín Oficial diciendo que iban a ser dadas de baja. De esas 61 empresas, solo tres respondieron. Dos de ellas pidieron la baja voluntaria porque no estaban en actividad, y la tercera está intentando ponerse en orden”, detalló Oriolo, quien también señaló que este proceso continuará con otras 127 empresas que tampoco presentaron la documentación solicitada.Te puede interesar:Travel Sale: vuelven las promociones para viajar al exterior y financian en hasta 24 meses destinos de cabotaje

Una de las obras sociales más relevantes en la mira de la Superintendencia es Osprera, la obra social que atiende a los obreros rurales en todo el país. Con más de 760.000 afiliados, esta obra social ha sido objeto de intervención por parte del organismo debido a su falta de solvencia y graves problemas en la prestación de servicios. “Hicimos auditorías con los prestadores para ver cuál es la cobertura, porque en definitiva lo que buscamos es que el beneficiario reciba lo que le corresponde”, señaló Oriolo.

El resultado de esas auditorías fue alarmante: más del 70% de los prestadores de Osprera no estaban brindando los servicios que, según la obra social, deberían estar disponibles para los afiliados. “Hicimos llamados telefónicos a los médicos, a los prestadores, y casi el 70% de los prestadores de su cartilla, la que ellos dicen tener, no estaban prestando servicios”, afirmó el Superintendente.

Además, Osprera enfrenta una situación financiera crítica, sostuvo el funcionario. A pesar de haber recibido una ayuda financiera de 9 millones y medio de dólares en octubre del año pasado, la deuda previsional de la obra social creció un 63% desde entonces. “Recibieron ese auxilio y, aun así, hoy tienen una deuda superior”, reveló Oriolo, añadiendo que la obra social también tiene una deuda con los hospitales públicos por más de 1.500 millones de pesos. Debido a estas irregularidades, la Superintendencia decidió nombrar un administrador provisorio para Osprera, quien se encargará de llevar adelante la intervención.

Otra práctica que la Superintendencia está tratando de eliminar es la triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Según Oriolo, esta práctica genera costos adicionales innecesarios para los beneficiarios sin aportar ningún valor agregado. “Estimamos que entre un 3% y un 8% del costo de lo que paga un beneficiario final de una empresa de medicina privada que pasa por una obra social es un costo sin valor agregado”, explicó el funcionario.

Oriolo subrayó que uno de los objetivos principales de la Superintendencia es garantizar que los aportes de los trabajadores lleguen directamente a la prestación de servicios y no se pierdan en costos de intermediación. “Lo que nosotros queremos es que el aporte de cada uno de los trabajadores llegue directamente a una prestación y no que en el camino queden en distintas manos de tercerización”, afirmó Oriolo, quien señaló que se está trabajando muy fuerte en este sentido para corregir estas distorsiones.

Una de las principales dificultades que enfrenta la Superintendencia en este proceso de reordenamiento es la existencia de “cajas negras” en el sistema de obras sociales. Estas cajas negras, según Oriolo, están relacionadas con las triangulaciones y generan costos innecesarios para los beneficiarios. “Hay cajas negras. Hay obras sociales con muchísimos beneficiarios que tienen pocos empleados, porque lo único que hacen es un pasaje de manos. Pero es simplemente un peaje”, denunció Oriolo durante la entrevista.

Fuente: Infobae.com

En línea con lo anunciado por el presidente Javier Milei, y a la espera de la comunicación oficial del Congreso, el Gobierno ya trabaja en el veto total de la ley sancionada por el Senado, a través de una amplia mayoría el jueves pasado, que reajusta los haberes de los jubilados en compensación por la pérdida de poder adquisitivo.

Altas fuentes del Poder Ejecutivo explicaron a LA NACION que las instrucciones del Presidente son precisas: no bien llegue la comunicación desde el Senado, el decreto que vetará la norma en su totalidad debe acelerarse. Los plazos son bastante exiguos: desde el ingreso de la comunicación parlamentaria, que se prevé para hoy, el Gobierno tendrá diez días hábiles para vetar la norma, y evitar de ese modo –al menos de manera momentánea– que la ley entre en vigor, y con ella la obligatoriedad de reajustar los haberes previsionales.MÁS COMISIONES PARA LOS BROKERS: LOS AUMENTOS DE SEGUROS EN LA GESTIÓN FERNÁNDEZ HASTA CUADRUPLICAN A LOS DE MILEI

La Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Javier Herrera Bravo, ya tiene previsto avanzar a partir de hoy en la redacción del decreto presidencial, que repetirá los argumentos esgrimidos por el Presidente contra los “degenerados fiscales” que, a su juicio, intentan complicar su gestión por medio de esta ley “demagógica”.

Desde el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmaron que, como ocurre con cada ley aprobada, la Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta se tomó el viernes para analizar el contenido de la norma y evitar errores en la transcripción. También se espera la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaría parlamentaria de la Cámara baja. “Mañana (por este lunes) se firma todo y la recibe el Poder Ejecutivo”, explicaron desde la Cámara alta.

Enojo con Macri

Mientras tanto, el enojo de Milei por la aprobación de la ley sigue latente, al menos en las declaraciones de varios de sus principales colaboradores.

“Todo lo que hizo, hace y hará el Congreso no solo está contemplado. Está analizado y estudiado en detalle. Van a tratar de romper al Gobierno por todos los medios. No van a poder. Son la vieja política”, escribió el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, en el inicio de una jornada de llamativo silencio mediático para la Casa Rosada.

“Entre 2017 y 2023 las jubilaciones cayeron 43% en términos reales. A partir de febrero de 2024 empezaron a recuperarse. Los responsables de la quiebra del sistema previsional se acordaron tarde de los jubilados”, agregó Lanari.

El funcionario englobó de ese modo al gobierno kirchnerista de Alberto Fernández con los años finales de la gestión de Mauricio Macri, quien ayer firmó, como presidente de Pro, un comunicado en el que ratifica su postura favorable al veto presidencial, aunque la mayoría de los senadores de su partido respaldaron el jueves la posición contraria.

“Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra. Pro declara su apoyo al veto del presidente Milei a esta ley inapropiada”, dice el comunicado del macrismo.SEMANA NEGRA PARA MILEI | EL PELIGRO DE JUGAR A LA MANCHA CON AVIONES

Pero al margen de avalar de modo contundente el veto presidencial y la marcha de la economía, el partido de Macri sostuvo: “Nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo”. Una sutil manera de diferenciarse, horas después de las críticas que el propio Milei le hiciera a Macri por el voto de los legisladores de su partido.

“Si tomo el tuit de Macri, no está manejando a su propia tropa, porque está en oposición a lo que hicieron sus legisladores”, dijo Milei el viernes, con la idea de contraponer la actitud de los senadores de Pro con la del expresidente, con quien Milei cenó luego de la votación en la Cámara de Diputados contra la cesión de $100.000 millones en fondos reservados para la SIDE, organismo donde el joven asesor Santiago Caputo, apuntado por Macri, tiene una influencia decisiva.

Jaime Rosemberg

Fuente: La Nación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y aunque reconoció que «puede haber diferencias» sostuvo que se trata de una situación «normal». Además, adelantó que podría haber un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las próximas elecciones legislativas en 2025.

El funcionario fue consultado sobre las categóricas declaraciones de la titular del Senado en rechazo de la postulación del juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema. «Creo que ella tiene diferencias de opinión. No digo que me parezca bien, digo que se ha manifestado más de una vez con diferencias con respecto a posiciones del gobierno», comenzó diciendo.

La Casa Rosada, a la espera de la traición de Victoria VillarruelEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

“Es una persona que tiene una imagen parecida a la del Presidente, pero tiene menos responsabilidad política, está en el Senado», añadió Francos este domingo 25 de agosto en declaraciones a LN+. «Es normal que pueda haber diferencias, a mí no me preocupa, sustancialmente creo que piensan lo mismo«, sostuvo al rechazar que exista un juego político por parte de Villarruel.

El jefe de ministros se manifestó acerca de la polémica que generó dentro y fuera del bloque libertario la visita de un grupo de diputados del espacio a represores en la cárcel de Ezeiza y subrayó: «No es parte de la agenda del Gobierno«. Al mismo tiempo, consideró que la forma en la que se gestó esa actividad «es poco clara» y despegó a la vicepresidenta del tema, a diferencia de los que había planteado la legisladora oficialista, Lilia Lemoine.

“Nunca ha parecido que ella tuviera que ver con el tema, nuestro bloque tiene la particularidad de transmitir públicamente lo que debate y no hemos sido muy felices, es eso, ha sido una demostración de lo que no hay que hacer políticamente”, expresó.

Posible acuerdo con el PRO

En otro tramo del reportaje, Francos se refirió a las dos derrotas parlamentarias que sufrió el Gobierno, con el rechazo del decreto sobre «gastos reservados» para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en Diputados y la aprobación de la nueva ley de jubilaciones en el Senado.

Priimero, el Jefe de Gabinete, ratificó que Milei vetará de forma total la nueva fórmula de actualización de los haberes, y después critico a los legisladores por desechar los fondos asignados para Inteligencia. “Se constituyó la Comisión de Seguimiento el martes y el miércoles Diputados rechazó el DNU por el cual se ponía una partida presupuestaria para la SIDE. Es ilógico cuando esa comisión ni llamó al secretario para ver en qué se va a gastar a la plata”.

Así, le bajó el precio a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri en cuanto a la “falta de gestión” de la administración de Milei y supuesta carencia de un trabajo en equipo. “Si Macri habla de falta de gestión o de coordinación, puede ser… tal vez en este trabajo nos haya faltado coordinación pero será cuestión de volver a construirla”, analizó.

Milei sin filtro: arremetió contra el PRO y dijo que los jubilados «ganan más» en términos reales que cuando asumió

El apoyo de los diputados y los senadores del PRO en el Congreso fue clave para que se aprobaran las modificaciones en las jubilaciones. Sin embargo, el funcionario sostuvo que «no tendría ningún problema» en el caso de que La Libertad Avanza y el espacio fundado por Macri lleguen a un acuerdo para las elecciones de 2025, aunque indicó: «Hay que ver cuál es el camino, pero no lo descarto».

En ese sentido, consideró que es “bastante natural” una alianza entre ambos partidos porque comparten electorado. Incluso, cuando Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje en 2023, la gran mayoría de sus votantes acompañó a Milei en las urnas contra el excandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

«El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei, pero no veo por qué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas”, concluyó.

Fuente: Perfil.com