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El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que designó por decreto en la Corte Suprema a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla «hasta la finalización del próximo período legislativo». Sin embargo, García-Mansilla había declarado el año pasado que “no hubiera aceptado” ser nombrado en comisión en el máximo tribunal, aunque indicó que es un mecanismo constitucionalmente válido.

La declaración fue el 28 de agosto de 2024, cuando el abogado expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado, y Anabel Fernández Sagasti, legisladora de Unión por la Patria (UxP), lo interrogó sobre la decisión de Mauricio Macri en 2015, cuando el entonces mandatario intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, antes de que obtuvieran el acuerdo del Senado.

Ante la pregunta, García-Mansilla contestó con un contundente: “Visto el impacto que tuvo el decreto 83 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión”.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Durante esa audiencia, el abogado advirtió que ciertas atribuciones constitucionales pueden afectar a las instituciones según “el contexto en que se ejerzan”, y dio como ejemplo la ampliación de la Corte Suprema, sosteniendo que, aunque es una “facultad estrictamente constitucional”, su aplicación puede provocar “descrédito en el Poder Judicial”.

Cuando Fernández Sagasti le preguntó si una designación en comisión podría afectar la independencia de un juez, García-Mansilla reconoció que “es posible” que un magistrado nombrado de esa forma tenga “falta de independencia” si debe fallar en causas que involucren al Poder Ejecutivo.

Tras conocerse su designación, desde su entorno explicaron que su respuesta “fue ante una pregunta hipotética” y remarcaron que “los contextos son importantes».

García-Mansilla, un abogado cuestionado por su perfil conservador y su postura antiaborto

García-Mansilla es cuestionado por su perfil conservador y su postura antiaborto. Cuando fue consultado el año pasado en el Senado respecto de la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), sostuvo que la normativa «vigente se tiene que cumplir», pero dejó dudas al opinar que esa norma no es compatible con tratados internacionales como la «Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos».

El juez es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que lo evaluó. En su currículum también resalta su especialidad en «Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario», y se acumulan posgrados, masters y trabajos sobre la Constitución, la exploración y producción de hidrocarburos y «Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».

«Horror» y «estafa electoral»: duras críticas al Gobierno por la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

Asimismo, fue asesor y participó «en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos» y «de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial». Su vínculo es tan próximo al rubro que expuso, en una audiencia pública en 2016, en favor del «tarifazo» durante la gestión de Mauricio Macri.

En 2015, García-Mansilla también avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti, presidente actual de la Corte, y Rosenkrantz, como ministros del Tribunal Supremo. Por ello, fue crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en la Cámara de Diputados el año pasado.

García Mansilla se proclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución; su tesis doctoral fue sobre la independencia de los jueces y la condición del magistrado de último intérprete de la letra de la ley.

Fuente: Perfil.com

Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, Javier Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales debido a que el Gobierno pretende que asuman cuanto antes sus cargos, pese al rechazo de la oposición y un proceso que requiere la intervención de la Justicia.Te puede interesar:El Gobierno defendió el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema

Como había anticipado Infobae, el primer mandatario resolvió en esta semana -cuando el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado- firmar el decreto, que llevó el número 137/2025. Fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.Camino a la Corte. Ariel Lijo y Manuel García-Mansillahttps://93294dd5bd022ce3926747eac5175d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html

En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.Te puede interesar:El Gobierno defendió el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema

También resaltó que «es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos».https://93294dd5bd022ce3926747eac5175d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html

Como publicó el lunes este medio, la Casa Rosada lejos de replegarse por el impacto del caso de la criptomoneda $LIBRA, decidió redoblar la presión y, ante el rechazo del kirchnerismo a la aprobación del pliego de Lijo en el Senado, nombró a ambos por decreto, retomando el axioma que planteó apenas se presentaron las postulaciones: “Los dos o ninguno”.Te puede interesar:Las designaciones de Milei para la Corte anticipan el juego cruzado que se viene en el Congreso y en año electoral

Infobae había anticipado que en el entorno presidencial crecía el convencimiento de que era hora de avanzar más rápido con el nombramiento de los jueces de la Corte: “Este gobierno es un auto que viene sin la R de Reversa. Mientras cualquiera recomendaría esperar, doblar o hacer otra cosa, creo que van a acelerar”.https://drive.google.com/file/d/1FKRmYdbUZrQFvMmP4NjcqsZXLyRSLJ93/preview

Licencia y oposición

El Senado de la Nación está encargado de aprobar por dos terceras parte de los presentes la postulación de los jueces de la Corte

Pero más allá de las aspiraciones que tiene el Gobierno para que se acelere la asunción, todavía quedan aspectos que quedan fuera de su dominio y deben pasar por el tamiz de otros actores que juegan con reglas y lógicas diferentes.

Al ser juez federal y estar a cargo de dos juzgados de Comodoro Py, Lijo tenía previsto presentar un pedido de licencia extraordinaria que requerirá de la intervención de la Cámara Federal y, luego, de la propia Corte, que preside Horacio Rosatti, y que integran Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Del resultado de ese trámite dependerá el futuro inmediato de una de las dos designaciones en comisión que hizo el presidente Milei. Hay jurisprudencia que avala y otra que rechaza la retención de un juzgado inferior para cumplir una función provisoria de una instancia superior. El interrogante respecto de sí la Corte desconocerá un decreto del presidente Milei o lo convalidará, se resolverá en las próximas horas. Tal vez más de las que esperan en la Casa Rosada.

No será una decisión que se tome en el vacío, ya que desde el ámbito político la oposición lanzó una fuerte ofensiva en contra del decreto de Milei. Desde el PRO a la UCR, de la Coalición Cívica a Encuentro Federal salieron a cuestionar la medida tomada por el Gobierno.

El kirchnerismo, que tiene la llave en el Senado para aprobar o bloquear la nominación de un juez de la Corte -tiene 34 sobre el total de 72 bancas- difundió un comunicado con duras críticas: “El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de Lijo y García-Mansilla ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.

Pero el presidente del bloque, el formoseño José Mayans, en un seminario que organizó la revista Parlamentario, planteó un matiz a ese tono flamígero. “Nosotros ofrecimos al Poder Ejecutivo el diálogo. Hay dos lugares que son importantes (por los de Lijo y García-Mansilla), pero algunos hablaban de una Corte de siete o de nueve, después está el tema del Procurador General, el Defensor General, el Defensor del Pueblo. Nosotros dijimos: hagamos una conversación entre las fuerzas políticas y este problema lo resolvemos en una semana”.

“Pero si el Gobierno quiere por la fuerza imponer sin ningún tipo de diálogo, diciéndonos que los candidatos que ellos ponen son los candidatos nuestros, a mí me parece que de esa forma no pueden conseguir el acuerdo”, dijo el senador, junto a los diputados Silvia Lospennato (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Karina Banfi (UCR), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.El senador Mayans, en el centro, con saco celeste, en un encuentro del medio Parlamentario

El objetivo del Gobierno

Así como en marzo del año pasado estuvieron los integrantes de la Corte anterior en la Asamblea Legislativa, en la Casa Rosada esperaban que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti vuelvan al recinto, pero ahora acompañados por Lijo y García-Mansilla.

Es una pretensión ambiciosa, debido a que quedan menos de 72 horas. “Es una posibilidad, pero no depende del Gobierno. Está la idea de que sean invitados Lijo y García-Mansilla a la apertura de sesiones del sábado. Si pudieron jurar, sería la foto de la nueva Corte”, expresaron en diálogo con Infobae fuentes oficiales.

Lo cierto es que el comunicado que confirmó la designación de ambos como jueces de la Corte Suprema en comisión concluyó con una frase que plantea el tono que le dará el Ejecutivo a la defensa de su decisión: “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.142 Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, Buenos Aires; Argentina, el 1 Marzo de 2024. (FOTOS: Comunicación Senado)Com

Fuente: Infobae.com

El Gobierno decidió ubicar al Grupo Clarín entre sus adversarios. Luego de que se oficializara que Telecom (que tiene entre sus accionistas al conglomerado de medios) va a adquirir a Telefónica de Argentina, altas fuentes del Gobierno aseguraron que la gestión de Javier Milei está dispuesta a “ir a fondo para obstaculizar la conformación de un monopolio artificial” en la industria de las telecomunicaciones. “El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) es el que tiene que autorizar la adquisicion y va a evaluar si hay posicion dominante”, dijeron cerca del Presidente a LA NACION.

La gestión de Milei ya había enviado señales de hostilidad hacia el grupo empresario en octubre del año pasado, cuando, en una conferencia de prensa de Manuel Adorni se anunció la apertura del 5G a nuevos jugadores, lo que generaría mayor competencia para Telecom. Aquello fue una advertencia que aún no tuvo derivaciones concretas. Pero esta vez la Casa Rosada anunció que “tomará todas las medidas pertinentes” para evitar que Telecom acumule más de 41 millones de clientes de telefonía celular de los 62 millones que hay en el país, de acuerdo a los cálculos oficiales.

En lo político, la decisión respecto a la adquisición de Telefónica de Argentina coincide con el malestar de la gestión libertaria contra una parte de los medios tradicionales por determinadas informaciones y opiniones que estos emiten. Es una manera de ubicar al enemigo afuera del núcleo duro de seguidores de Milei que habita las redes sociales.

En el oficialismo hay quienes opinan que la decisión, además, busca desordenar a la oposición. La abierta confrontación con el Grupo Clarín es un clivaje muy ligado a la historia del kirchnerismo. De hecho, el encuadre es el mismo: se machaca sobre su posición dominante en el mercado (el kirchnerismo hablaba de “oligopolio” y el mileísmo de “monopolio”). Es una agenda que deja a los aliados de la gestión libertaria (sobre todo a Pro) en un lugar de incomodidad, opinaron fuentes de La Libertad Avanza.

El comunicado que emitió el lunes pasado la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) advirtió que el Gobierno dará intervención al Enacom y la Comisión Nacional de Derecho a la Competencia (CNDC) “con el fin de evitar posiciones oligopólicas”.

Apuntó que la administración nacional va a investigar la compra de Telefónica por parte de Telecom para evaluar si la adquisición incurre en la formación de un monopolio “creado a la luz de décadas de beneficios estatales”. Y advirtió que la administración Milei tomará todas las medidas “para evitarlo”.

“Monopolio artificial”

La pelea contra los monopolios no marida del todo con el enfoque económico histórico que Milei ha defendido en los foros internacionales. Sin ir más lejos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2024, Milei dijo: “¿Por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos, si nos trajo tanto bienestar y tanta caída en la pobreza? Y en realidad, como diría Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, el problema es que el análisis neoclásico está mal”. Y añadió: “Supongamos que tengo diez empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares y una de ellas descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. Naturalmente hay nueve empresas que van a quebrar. ¿Alguno de ustedes se quejaría por tener mejores teléfonos a un mejor precio?”. En otro tramo de aquella alocución, el Presidente agregó: “Regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen”.

En Balcarce 50 salvan esa contradicción haciendo una aclaración: aseguran que el Gobierno no está en contra de los monopolios “naturales” que se dan por la capacidad de las empresas de ofrecer mejores bienes y servicios que sus competidores, sino que se opone a los monopolios “artificiales” dados por “beneficios estatales”, tal como subrayó el comunicado de OPRA. Es la misma argumentación que utilizaron cuando embistieron contra las prepagas.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno sabía desde hacía un tiempo que había una posibilidad firme de que Telefónica de Argentina fuera adquirida por Telecom, una compañía que pertenece en un 40% a CVH ( Grupo Clarín), en un 40% a Fintech (David Martínez) mientras que un 20% cotiza en Bolsa. Y confirmó la noticia unas horas antes de que Telecom de España lo oficializara ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid. Eso explica por qué el comunicado de OPRA, validado por el Presidente, se publicó tan rápidamente.

El área de telecomunicaciones del Gobierno depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de Darío Genua, quien fue directivo de Telecom Argentina entre 2015 y 2018 además de secretario de Hacienda en el municipio de Pilar, durante la gestión del intendente kirchnerista Federico de Achával. Al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se ubica Juan Martín Ozores, un consultor que supo trabajar con Movistar, del Grupo Telefónica. Toda el área quedó supervisada por el ala del asesor presidencial, Santiago Caputo, sobre todo luego de la renuncia del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, que era el que controlaba estas dependencias en los primeros meses de la gestión mileísta.

Milei, no obstante, está muy enojado con periodistas y editorialistas a los que califica de “operadores ensobrados” y sigue de cerca el tema. El sábado, día de su encuentro con Donald Trump en Washington, publicó un tuit muy agresivo contra un periodista que en la previa a la CPAC había señalado que no estaba prevista una reunión bilateral entre ambos mandatarios. Ese día, el Presidente escribió: “¿Es casualidad que esto ocurrió en el canal del Grupo que quiere comprar Telefónica y así tener el monopolio de las telcos?”. Fue 36 horas antes de que se conociera la compra de parte de Telecom.

Por Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

El Gobierno Nacional levantó la restricción para comercializar al exterior ganado vacuno en pie destinado a la faena para consumo, mediante el Decreto 133/2025 publicado este miércoles 26 de febrero en el Boletín Oficial y Federico Sturzenegger salió a festejar la medida.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado recordó que la prohibición había sido establecida en el año 1973 a raíz de un problema de abastecimiento interno. «…y , como en Argentina no hay nada más permanente que lo transitorio, quedó vigente por 50 años», señaló.

Federico Sturzenegger explicó el decreto que convierte al Banco Nación en SA

Además, recordó que el país podría llegar a muchos más mercados internacionales porque «La exportación de ganado en pie es un mercado activo e importante en el mundo» y señaló que más de 90 países están en el negocio.

«El monstruo del mercado mundial es Australia con barcos que cargan 30.000 cabezas de donde abastece el mercado asiático» explicó y agregó que «Australia, Francia y Canadá́ exportan cada uno más de 1.000 millones de dólares por año de ganado en pie».

Luego, se refirió a nuestros vecinos y argumentó que Uruguay «exporta 250.000 cabezas por año y Brasil 750.000» y puntualizó sobre las características del negocio. «El ganado en pie, además, es importante porque es un producto buscado por sociedades que tienen métodos particulares de faena (Turquía, por ejemplo, no faena animales castrados)».

«Excluirnos gratuitamente de esos mercados es un sinsentido», comentó el ministro y agregó que en las últimas semanas se estuvo discutiendo el tema del tipo de cambio, pero «pareciera omitirse del debate la extraordinaria la cantidad de restricciones que le habíamos autoimpuesto a nuestro comercio».

En ese sentido agregó que «en los últimos días hemos debatido los casos de cueros, carbón y chatarra, todos con prohibiciones o puntos de exportación limitados que cercenan las posibilidades de exportación. Insólito», se quejó el ministro desregulador.

Sobre el fin de la prohibición de exportar ganado vacuno en pie

El Gobierno Nacional levantó la restricción para comercializar al exterior ganado vacuno en pie destinado a la faena para consumo, mediante el Decreto 133/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La habilitación para exportar carne vacuna de esta forma quedó formalizada por medio de la derogación del Decreto 322/1973 que prohibía esta práctica, aunque “facultaba a la entonces Junta Nacional de Carnes a autorizar exportaciones de ganado vacuno en pie con destino a los países limítrofes y a la República del Perú”.

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La flexibilización de las exportaciones de carne vacuna se da en medio del nivel récord que alcanzaron los envíos al exterior del sector en 2024, al totalizar la marca histórica de 629.949 toneladas peso producto (tn pp), un 11,8% más que en 2023 y un 2,2% por encima del máximo alcanzado en 2020.

El texto oficial argumentó que la medida se ampara en el DNU 70/23, promulgado en el inicio de la administración de Javier Milei, en el que “se eliminaron las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de imponer prohibiciones de importación y exportación económicas, con el objeto de brindar certeza jurídica a quienes inviertan en el país”.

La medida que se oficializó a través del Decreto N° 133/2025 se focaliza en «la exportación ganadera, que además de constituir una apreciable fuente de divisas, promueve acciones en favor del mejoramiento zootécnico de las razas ganaderas y suma prestigio de la producción nacional, por lo que es necesario estimular su libre desarrollo», según analizaron desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

De esta manera, argumentaron que «se da de baja una reglamentación definida hace casi medio siglo, en un contexto claramente diferente, permitiendo una mayor competencia dentro de la cadena de ganados y carnes y, por lo tanto, mayor libertad de mercado».

Fuente: Perfil.com

La Cámara Federal se reunirá hoy a las 11 en un acuerdo extraordinario para tratar la licencia del juez federal Ariel Lijo y que pueda asumir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras ser designado ayer por decreto y en comisión por el presidente de la Nación, Javier Milei.Te puede interesar:La Justicia confirmó que el Gobierno deberá pagar los fondos que adeuda a la Universidad del Delta

El titular de la Cámara, Mariano Llorens, convocó al resto de sus colegas –Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun– para analizar el caso, informaron a Infobae fuentes judiciales.

En el tribunal ya sabían desde ayer que Lijo iba a presentar el pedido de licencia. Lo que tendría que ocurrir es que la Cámara le dé conformidad al pedido, pero que lo eleve a la Corte Suprema de Justicia para que lo apruebe o no. Eso es porque ante pedidos de licencias especiales o extraordinarias el que debe resolver es el máximo tribunal.Te puede interesar:Perfil de Manuel García Mansilla, nuevo juez de la Corte SupremaMariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, integrantes de la Cámara Federal porteña, que se completa con Roberto Boico, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun

El decreto

Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, ayer el presidente Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales debido a que el Gobierno pretende que asuman cuanto antes sus cargos, pese al rechazo de la oposición y un proceso que requiere la intervención de la Justicia.https://10c00d14a7bef836ea5fe61defe57526.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html

Como anticipó Infobae, el primer mandatario resolvió en esta semana -cuando el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado- firmar el decreto, que llevó el número 137/2025. Fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.Te puede interesar:La Policía Federal deberá indemnizar a un agente retirado por sufrir una serie de trastornos psíquicos

Los argumentos

En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.

También resaltó que “es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”.

Fuente: Infobae.com

El gobierno de Javier Milei afirmó que hará todo lo posible para que Telefonica no sea vendida a los accionistas de Telecom, después de que se anunciara que una operación de US$ 1.250 millones que, para concretarse, debe obtener el visto bueno de la administración libertaria.

«La Oficina del Presidente informa que en función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, del Grupo Clarín, se dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio», dijo la Oficina del Presidente en un comunicado.

Los dueños de Telecom son Cablevisión (del Grupo Clarín) con un 40 por ciento; Fintech (de David Martínez) con otro 40 por ciento; y el resto pertenece a otros inversores. Según se estima, el Gobierno podría exigir a los compradores que se desprendan de la empresa Movistar, a fin de evitar un mercado oligopólico.

Según el gobierno, «esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa».

El comunicado dice que, de ser así, «el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo».

En las últimas horas, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había asegurado que el marco regulatorio vigente impide la conformación de oligopolios.

«Ante versiones de público conocimiento en relación con la venta de la operación argentina del Grupo Telefónica, el Enacom informa que el marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de TIC», señaló el ente en un comunicado.

De acuerdo al organismo estatal, ambas empresas son «herramientas y recursos fundamentales para garantizar el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión».

El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciatarias de los servicios de la información y las comunicaciones, y así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina», continúa el comunicado de Presidencia.

«Este Gobierno bajó la inflación para el segmento de las comunicaciones del 15,6% en diciembre del 2023 al 2,3% en el mes de enero de este año, y está determinado en continuar ese proceso», dice. Y finalizó: «El Gobierno Nacional tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación».

Fuente: Perfil.com

A menos que surja algún imprevisto de último momento, como ya se manifestaron en otras oportunidades, el gobierno de Javier Milei ya definió la designación de los dos candidatos a la Corte Suprema por decreto, que podría concretarse en las próximas horas.Te puede interesar:La oposición criticó el giro de Javier Milei en su postura sobre la invasión de Putin a Ucrania

Se trata de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos postulantes impulsados por el Ejecutivo y enviados al Senado en mayo pasado. El Gobierno tiene tiempo hasta el sábado, cuando el presidente inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso, para nombrarlos bajo esa modalidad prevista por la constitución. Ayer, incluso, hubo versiones, tanto en Casa Rosada como en usinas judiciales, de que el decreto ya estaba a la firma de Milei y que podía ser oficializado de un momento a otro.https://adcf5399a2945a0524141ddd22c27430.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html

Fue, por caso, la resolución a la que apeló el ex presidente Mauricio Macri cuando designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, mediante el decreto 83, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.Te puede interesar:El Gobierno presentó el armamento de los F-16 y anunció cuándo arribarán a la Argentina los otros aviones

Una integración de tres, como en la actualidad. De todos modos, tras críticas de la oposición a las que Macri era mucho más permeable que la actual gestión, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.El Gobierno no consiguió hasta ahora los dos tercios en el Senado que son necesarios para el nombramiento (Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)https://adcf5399a2945a0524141ddd22c27430.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html

La Libertad Avanza eligió primero el camino inverso -el consultor Santiago Caputo fomentó y trajinó el plan-, pero hasta el momento no tuvo éxito: intentó durante un semestre reunir los dos tercios necesarios del Senado para aprobar los pliegos de ambos postulantes, en particular el de Lijo, que reunió un amplio consenso de buena parte de los gobernadores. Ahora, Milei y los colaboradores que trabajaron en el tema se convencieron de que las negociaciones con el PJ y, en especial, con el kirchnerismo no llegaban a buen puerto. Y que este año, con elecciones de por medio, tampoco pareciera ser el momento propicio para avanzar en la Cámara alta.Te puede interesar:El Gobierno derogó el SEDI y continúa con las reformas para las importaciones

En estos meses, el Gobierno negoció de manera simultánea con la oposición dialoguista y con el peronismo K para tratar de que el juez federal de la capital reuniera los dos tercios del Senado para ser designado en la Corte. Lijo, de hecho, obtuvo dictamen de mayoría, y la Casa Rosada intentó hasta último momento llevarlo al recinto. La última vez, el pasado viernes. Pero la polémica en torno a la fallida promoción de $LIBRA que sacudió al presidente y a su entorno más íntimo, volvió a tensar la relación con la oposición.

Ayer, sin ir más lejos, el jefe de la bancada del peronismo en el Senado, José Mayans, que responde al gobernador Gildo Insfrán y se referencia en Cristina Kirchner, anunció en la puerta del PJ nacional, en la previa de la reunión partidaria encabezada por la ex presidenta, que el bloque de Unión por la Patria no se presentará este sábado en la apertura de sesiones ordinarias, en la asamblea legislativa en la que hablará Milei.Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, el triángulo de hierro que está en la Casa Rosada

Hasta la semana pasada, sin embargo, en el Gobierno todavía dejaban una luz de optimismo en que el pliego de Lijo podía obtener luz verde del Senado. No así el del académico García-Mansilla, que ni siquiera tuvo dictamen de comisión y por el que, a pesar de la afinidad ideológica, la Casa Rosada trabajó con escasísima motivación para reunir el consenso parlamentario.

“Depende de Cristina”, respondieron la semana pasada desde el Ejecutivo cuando este medio preguntó por la suerte del pliego del juez federal que, en teoría, contaba con el aval de la ex presidenta y de los legisladores de ese sector -ahora suman 34 tras la expulsión de Edgardo Kueider y la asunción de Stefanía Cora, la entrerriana de La Cámpora que completará su mandato-. En la previa de la sesión, la ex jefa de Estado mandó a avisar que no daría quórum y que tampoco ordenaría votar a los senadores que le responden -ninguno de ellos, por caso, votó favorablemente por la suspensión de las PASO-.

En el caso de Lijo, varios gobernadores peronistas, con Gerardo Zamora a la cabeza, le hicieron saber a Cristina Kirchner que veían con muy buenos ojos la designación del juez.La Corte Suprema funciona por ahora con tres miembros (EFE/David Fernández)

Para la Casa Rosada, las señales enviadas por el PRO tampoco fueron homogéneas. Porque mientras el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, avisó que avalaría el pliego, y su colega Rogelio Frigerio se mantuvo prescindente en la esfera pública, Macri sí presionó en el bloque para rechazar al magistrado. Incluso llamó a alguno de esos gobernadores para intentar meter presión. En el caso de Torres, no tuvo éxito. La misma decisión tomó, de manera sorpresiva, Horacio Rodríguez Larreta, que todavía tiene muchísima injerencia sobre Guadalupe Tagliaferri.

Pero más allá del posicionamiento partidario de los distintos bloques y de la decisión del gobierno, Lijo también habría cambiado su postura en los últimos días y habría avalado ser designado por el presidente en comisión. Tanto en tribunales como en el Ejecutivo reconocen el desgaste lógico del proceso. “La moneda está en el aire”, reconocieron la semana pasada en los pasillos de Comodoro Py. Fuentes de la administración libertaria abundaron, además, en la crisis del caso $LIBRA y en el impacto en el gobierno, aunque hay otras fuentes que creen que esa crisis empezó a quedar atrás y que la diversidad de temas de las últimas horas en danza en la agenda pública podrían impulsar a Milei a publicar el decreto antes del inicio de sesiones del sábado. Por ejemplo, el revuelo por la abstención del gobierno en la ONU respecto de la invasión rusa en Ucrania o la flamante venta de Telefónica de su filiar argentina a Telecom, una operación en torno a los 1.245 millones de dólares. Objetada, con muchísimo énfasis, por Milei a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y por una avalancha de críticas desde las redes libertarias.

Fuente: Infobae.com

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará esta tarde un plenario federal de delegados para definir un nuevo paro nacional exigiendo la urgente reapertura de las paritarias, en rechazo a los despidos en la administración pública, contra el plan de fusión y cierre de organismos nacionales, y contra la privatización de empresas públicas.

Se estima que más de 1000 delegados de todo el país participarán de manera presencial y virtual en el plenario que se realizará en el anfiteatro Eva Perón, ubicado en la sede nacional del sindicato, en Avenida Belgrano 2527, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante 2024, la paritaria de la Administración Pública Nacional, enmarcada en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, quedó muy relegada en comparación a la inflación: los aumentos fueron de 73,3% mientras que el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec fue de 117,7%. Es decir, hubo una diferencia de 44,4%, lo que agudizó la caída salarial que ya se arrastraba de la gestión del Frente de Todos.

Además, desde ATE se rechazó la conversión del Banco Nación y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a sociedad anónima. En este marco, el sindicato estatal considera que se tratan de medidas destinadas a desviar la atención del escándalo de la criptomoneda LIBRA que involucra al presidente Javier Milei, que impulsó el activo digital en redes sociales y ahora es investigado por la Justicia.

ATE también advirtió que el Gobierno está preparando un nuevo decreto para eliminar y fusionar cerca de 50 organismos del Estado.

Fuente: La Nación

La Justicia dictó este martes una medida cautelar para suspender el decreto con el que el presidente Javier Milei transformaba al Banco Nación en una Sociedad Anónima, a raíz de un planteo de la Asociación Bancaria, gremio que reúne a los empleados del sector y que es conducido por el diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo.

“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, dice el fallo realizado por e. juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

Asimismo, el magistrado requerió a las autoridades públicas demandadas que, «dentro del plazo de cinco días, produzcan un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de medida cautelar efectuada por la actora en fecha 20/2/2025″. La decisión se tomó en el marco de una causa iniciada la semana pasada, en la que se pedía que se declarara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización”.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

En desarrollo…

Fuente: Perfil.com

Desde este viernes, los argentinos podrán realizar pagos en dólares estadounidenses en una variedad de comercios, utilizando tarjetas de débito y sistemas de billeteras virtuales, incluso en cuotas. Esta nueva modalidad de pago, implementada por el Banco Central (BCRA), será parte de un proceso que permite la competencia de monedas en la economía local, lo que posibilita que tanto pesos como dólares puedan ser utilizados indistintamente en el mercado.Te puede interesar:El Gobierno derogó el SEDI y continúa con las reformas para las importaciones

La medida, anunciada a principios de este año, abrirá una nueva fase en la dinámica de pagos, ya que los consumidores podrán elegir si abonan con dólares o pesos en las transacciones cotidianas. Además, el Gobierno no solo habilitó los pagos con tarjetas de débito en dólares, sino también la posibilidad de realizar pagos mediante códigos QR interoperables, y la opción de abonar en cuotas, un avance importante para quienes prefieren no realizar pagos completos al momento de la compra.

Cómo funcionarán los pagos en dólares

A partir de este viernes, los comercios podrán recibir pagos en dólares por bienes y servicios si así lo eligen, utilizando tarjetas de débito o billeteras virtuales. Esta modalidad se suma a una serie de medidas impulsadas por el BCRA para fomentar la competencia de monedas en el país. En la práctica, esto significa que los consumidores que cuenten con cuentas bancarias en dólares podrán pagar directamente con esta moneda, sin necesidad de realizar conversiones a pesos ni de pagar impuestos adicionales que encarecen la transacción.Te puede interesar:La Rioja volvió a incumplir un pago de deuda tras permanecer un año en default

Según la norma A-8180 publicada por el Banco Central, los pagos con tarjeta de débito en dólares estarán habilitados para los comercios que opten por esta modalidad, pero no será obligatorio para ellos aceptarlos. Esto genera un escenario de competencia entre las monedas, lo que permitirá a los consumidores decidir si abonan en pesos o en dólares según la situación de su cuenta bancaria. La medida también afecta a los procesadores de pagos, quienes debieron adaptarse para permitir que los comercios procesen pagos en dólares.Comercios de varios sectores comenzarán a aceptar pagos en dólares, aunque algunos aún están en proceso de adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se va a poder comprar con dólares

En un principio, se podrán comprar una variedad de bienes y servicios en los sectores donde ya era común la utilización de dólares, aunque de forma informal. Algunos de los rubros donde se podrán hacer pagos en dólares incluyen:Te puede interesar:Facilitan las importaciones: el Gobierno derogó una norma que dificultaba la entrada al país de electrónicos

1. Turismo: El sector turístico ya estaba acostumbrado a manejar operaciones en dólares, especialmente en plataformas de venta de pasajes y servicios internacionales. Ahora, con la nueva normativa, los pagos en dólares estarán habilitados formalmente, tanto para servicios nacionales como internacionales.
2. Inmobiliario: El sector inmobiliario, que históricamente ha operado en dólares, también podrá regularizar estos pagos mediante el sistema habilitado, permitiendo a los compradores abonar en esta moneda sin necesidad de realizar conversiones a pesos.
3. Electrodomésticos y productos durables: Aunque algunos comercios aún están evaluando su implementación, es probable que el sector de electrodomésticos y otros productos de consumo durable comience a ofrecer esta opción de pago debido a la demanda de transacciones en dólares, que facilita la compra de bienes costosos.
4. Comercio minorista (Supermercados y tiendas de retail): A pesar de que no todos los comercios están preparados para aceptar dólares de inmediato, varios supermercados y tiendas de retail ya están adaptándose a la nueva medida para ofrecerla a sus clientes en el futuro cercano. De todos modos, no creen en el sector que la operatoria sea muy usada para el consumo masivo.

Aunque la opción de pagar en dólares comenzará a estar disponible en varios sectores, la implementación será gradual, por lo que en un principio se verá principalmente en rubros como turismo e inmobiliario, mientras que en otros sectores, como la ropa o el alimenticio, la aceptación de dólares podría demorar un poco más.

Opciones de pago en cuotas

Una de las características más destacadas de esta nueva modalidad es la posibilidad de realizar pagos en cuotas con dólares. Los consumidores podrán adquirir bienes y servicios y pagar en cuotas fijas, utilizando la modalidad DEBIN programado. Esta opción permitirá que el monto total de la compra sea dividido en pagos mensuales, sin que el cliente necesite hacer el pago completo al momento de la compra.La nueva modalidad de pago también incluirá la opción de pagar en cuotas con dólares, a través del sistema DEBIN (GETTY)

Para utilizar esta opción, será necesario que los consumidores cuenten con una cuenta en dólares y que los comercios acepten este tipo de pagos. Las cuotas serán fijas y no podrán modificarse una vez que se haya acordado el plan de pagos, lo que brinda una mayor previsibilidad a quienes decidan utilizar este sistema. Además, el sistema DEBIN se enfocará en brindar seguridad adicional para evitar fraudes y problemas derivados de su utilización en transacciones de alto riesgo, como en juegos de azar.

Incorporación de los pagos mediante QR

Otra de las opciones habilitadas será el pago mediante QR interoperable. Este sistema permitirá a los consumidores pagar en dólares a través de billeteras virtuales con solo escanear el código QR del comercio. La nueva normativa permitirá que el pago se realice no solo con tarjetas de crédito, como venía sucediendo hasta ahora, sino también con tarjetas de débito en dólares, una novedad que ampliará las opciones disponibles para consumidores y comercios por igual.

Según lo establecido por el BCRA, esta opción estará disponible a partir del 1° de abril, por lo que los comercios deberán adaptarse antes de esa fecha para ofrecer el servicio. La interoperabilidad entre distintos sistemas de pagos electrónicos es clave para lograr una mayor integración en el ecosistema de pagos y permitir que los consumidores puedan elegir entre diferentes opciones de pago sin complicaciones adicionales.

Fuente: Infobae.com