Autor: Jorge Alfredo Baret

La pandemia y la cuarentena implementada para combatirla impactaron de lleno en un presupuesto que ya venía diezmado. En la primera mitad del año, casi 50 de cada 100 pesos gastados por el Estado fueron vía Anses, ya sea para jubilaciones, pensiones o los más recientes IFE y ATP. Si se le suman los subsidios a la electricidad, la asistencia que da Desarrollo Social y los apoyos a las provincias se llega a un 67% del total del presupuesto ejecutado por el gobierno de Alberto Fernández en el primer semestre. Por el contrario, 21 jurisdicciones (que incluyen al Poder Judicial y Legislativo además de ministerios) reúnen solo el 22% de la ejecución. Un dato que es clave a la hora de analizar las posibilidades de retomar el rumbo del equilibrio fiscal, justo cuando se conocieron este miércoles los datos que confirmaron un déficit primario en el primer semestre de 3,3% del PBI (casi $ 900 mil millones). Presupuesto y moratoria, las próximas polémicas del Congreso en cuarentena   En total, se ejecutaron desde enero hasta junio $ 3.221.758 millones, lo que representa el 56,5% del presupuesto. Una cifra que vuelve inevitable una nueva ampliación en el segundo semestre. De hecho, el Gobierno ya anticipó que enviará en breve al Congreso un proyecto de ampliación presupuestaria para sincerar las cifras de 2020 en la previa a lo que será el debate por el Presupuesto 2021. Dentro del gabinete, según fuentes consultadas, la negociación por los fondos en esa ampliación está “hiper cerrada”, en medio de presiones cruzadas de cada ministro para contar con recursos cada vez más escasos. En el contexto de cuarentena, la cartera que viene con el nivel más alto de ejecución es la de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, que ya lleva devengado el 77% del crédito disponible. Más de la mitad se fue en subsidios para la energía eléctrica, que con tarifas congeladas empieza a convertirse una vez más en una bola de nieve para las arcas del Estado. Otro 30% del presupuesto del ministerio es para el programa “Financiamiento a la producción” con el que se respalda las políticas de acceso al crédito en el contexto de emergencia por el coronavirus. En el segundo puesto está Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo. El ministro expresó en los últimos días que su cartera lleva ejecutado el 120% de su presupuesto. Eso es si se cuenta el presupuesto de 2019 (que se prorrogó porque nunca se votó el de 2020), pero si se consideran las ampliaciones que se le concedieron el porcentaje devengado es del 66%. La problemática alimentaria será clave para saber si en el segundo semestre necesita de una inyección mayor de recursos. “Lo alimentario está estabilizado, aunque siempre con una demanda creciente”, explican desde la cartera. Y agregan: “El problema fue el salto de 8 a 11 millones de personas en comedores que se produjo en las primeras semanas de la cuarentena, y que se dio prácticamente en 48 o 72 horas”. Se refieren a los trabajadores que viven al día y de un momento para el otro se quedaron sin ingresos y al poco tiempo sin ahorros. Trabajo (que incluye Anses, que se lleva el 99,7% de su crédito), Salud y Educación son los otros ministerios que llevan ejecutado por encima del 60% en apenas seis meses. Salud, como es lógico producto de la pandemia, es uno de los ministerios que mayor ampliación de fondos recibió (53%), solo superado por Interior (363% de recursos extra que fueron para asistir a las provincias), Turismo (107%) y Desarrollo Social (67%). En el ranking de abajo aparecen dos ministerios que durante todo el año mostraron bajos niveles de ejecución. Son Turismo y Deportes, con apenas el 13%, y Desarrollo Territorial y Hábitat, con el 15%. Turismo y Vivienda, los ministerios que quedaron relegados con sus presupuestos   En el caso del ministerio que lleva adelante Matías Lammens, la explicación que dan es que le ampliaron el presupuesto en un 100% para implementar los planes de asistencia al sector turístico, uno de los más afectados por la cuarentena. Si se considera el crédito que tenía al arranque del año, la ejecución también es baja (27%), pero la justificación allí es que la gran mayoría de los programas debieron cambiar ante la nueva realidad que se les impuso. En el entorno del ministro enumeran los principales programas, como el fondo de auxilio a pymes turísticas ($ 2.600 millones), el plan “50 destinos” (obras turísticas en las 24 provincias, $ 1.020 millones), obras en clubes ($ 500 millones), entre otros. “Todos esos planes en el primer trimestre no existían, en el segundo se armaron y ahora se empezaron a ejecutar. Entre el tercer trimestre y fin de año vamos a terminar en un muy buen promedio”, auguran. La cartera de Hábitat que lidera María Eugenia Bielsa había arrancado el año con niveles bajísimos de ejecución, lo que le valió incluso críticas internas dentro del oficialismo (a fines de febrero llevaba invertido solo el 0,2% de su crédito). Ahora, cerró el primer semestre con un 15% de ejecución y en su ministerio también le asignan gran parte de la demora a la cuarentena, que frenó todas las obras vinculadas a la vivienda. Apuestan a que en el segundo semestre se pueda revertir la situación y que la construcción sea uno de los ejes de la pospandemia. “Ya se anunciaron los programas federales Argentina Construye y Argentina Construye Solidaria, el Plan de Reactivación de Obras de Vivienda, el programa Argentina Unida por los Barrios Populares y se viene el relanzamiento de Procrear, con su espíritu original”, señalan fuentes de la cartera. Y hacen un pronóstico a futuro: “El sector de construcción, tanto en obra privada como pública, será un factor clave en la reactivación económica y el Gobierno nacional, con enormes inversiones a través de este ministerio, apunta dinamizar la producción nacional, y sobre todo local, a generar mano de obra (miles de empleos formales e informales) y aportar soluciones habitacionales en los sectores más vulnerables». El resto de los ministerios que quedaron por debajo del promedio general (56,5%) fueron: Ambiente (35%), Mujeres (38%), Jefatura de Gabinete (38%), Transporte (40%), Cultura (42%), Economía (42,5%), Obras Pública (45%), Agricultura (45%), Justicia (48%), Interior (51%), Relaciones Exteriores (51%) y Ciencia (55%). GZ / DS

Fuente: Perfil.com

El presidente Alberto Fernández está solo. Solamente una parte de gabinete le es fiel, como una gran cantidad de amigos de militancia y en esa soledad tiene y tendrá que lidiar con temas apremiantes.

No hay un poder bicéfalo. Sí hay un sector que quiere darle órdenes a otro, que lo condiciona, que lo obliga a contradecirse, a romper con promesas no tan viejas. Y lo que es peor: lo obliga a la incoherencia, aferrados a ideologías trasnochadas de los años setenta. Los cuestionadores no miran el mundo ni la realidad cambiante que los circunda. Son sectarios.

Las últimas semanas se han conocido voces críticas de la gestión de Fernández y eso demuestra que el Frente de Todos era ya un rompecabezas incluso antes de presentarse en las elecciones que lo consagraron.

En primer lugar está la pandemia y en el pico de muertos y enfermos desde que llegó al país. El riesgo de la apertura reciente es que la sociedad no tome conciencia del peligro y se aglomere, no use protección, deje de lado los cuidados elementales. Porque el COVID-19 está libre, tanto en el aire como en el estornudo del vecino. T ataca al que lo provoca. En Europa hay nuevas olas. Ni los españoles, ni los italianos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los norteamericanos usaron con inteligencia la apertura del encierro.

En esos países la pandemia –que se ha llevado más de 600.000 seres humanos a la tumba– volvió, mutada o no. Hay regiones sitiadas, no sólo ciudades. Igual que en España, en Miami volvieron a fase cero. Barcelona volvió al cuidado extremo y al encierro después de gozar lo que pude calificarse de “libertad”. Cada vez queda más claro que hasta que no aparezca la vacuna definitivamente probada no habrá facilidad de movimientos como cualquiera quisiera. Hay avances en muchos laboratorios, incluso con resultados optimistas, pero faltan numerosas etapas de ensayos clínicos para poder aplicarse a los seres humanos.

El ministro Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, la titular del FMI

Como escribió el gran sociólogo argentino José Nun: ”El COVID 19 no tiene moral ni ha creado nuevas injusticias”. No sabe a quién ataca, ni le importa, y la desigualdad económica ya existía de manera grosera.

Mientras tanto, los bonistas acreedores más poderosos han pedido 3 dólares más de lo ofrecido (“la última oferta”) que representan miles de dólares. Si el Gobierno no arregla, el default que está aunque no declarado, pondrá en riesgo no sólo a la Casa Rosada sino a los empresarios privados que necesitan financiación para seguir produciendo.

La oferta de canje vence el 4 de agosto, aunque podría extenderse a fines de ese mes. De inmediato las autoridades argentinas tendrán que tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional para ver la forma de enfrentar la deuda tomada por Mauricio Macri de más de 50.000 millones de dólares.

Con un detalle. La Argentina necesitará de ese organismo financiero y de todos para poder mover las piernas una vez que termine la pesadilla de la peste.

La pobreza habría llegado a junio al 47 por ciento. En poco tiempo se ubicará en el 50 por ciento, la misma proporción de la crisis financiera, económica y humana del 2002

La asistencia a las empresas continuará y los bancos tendrán que atender a los cheques sin fondo, a la mora creciente y a su propia dinámica interna. Algunos crearon “supertiendas” propias donde ofrecen productos tan necesarios como innecesarios. Las ventas de los comercios y empresas han caído con mucho ruido porque los pasivos vienen arrastrándose con la recesión desde 2018. Comercios y empresas han cerrado para siempre.

Los avisos de remates de distintos bienes se multiplican. Los locales en venta crecen día a día. Desde comienzos de año cifras oficiales afirman que cerraron 22.000 empresas. Algunos economistas advierten que a fin de año serían 100.000. Las propias entidades que agrupan al sector privado indican que la ayuda oficial ha llegado a una minoría de compañías privadas. No fue una ayuda sin límites, como se dijo.

Dos problemas serios afligen desde hace tiempo. El empleo será el más castigado por la pandemia. En abril pasado 60.000 compañías suspendieron a 715.000 trabajadores. En los tres primeros meses, a partir de abril, las empresas dejaron de pagar aportes. En ese mes de abril los empleos registrados sumaban 11.700.000 y 6.500.000 formaban parte del mundo de la informalidad, es decir sumidos en la precariedad laboral.

El sector público tuvo su propio ritmo con un incremento de 104.000 puestos durante el tiempo electoral, contando provincias e intendencias para descender a 53.000 en los primeros cuatro meses de este año. El desbarranque laboral fue en el sector de la construcción, con 140.000 trabajadores. La industria, en general, perdió 111.000 puestos; el comercio, 83.000; el transporte, un poco más de 41.000; y hoteles y restaurantes, casi 40.000.

Comercios cerrados en el Gran Buenos Aires (Franco Fafasuli)

El nivel del salario sufrió. No se pudieron hacer las paritarias. Una parte significativa prefirió cobrar la mitad del sueldo antes que los echaran.

La pobreza habría llegado a junio al 47 por ciento. En poco tiempo se ubicará en el 50 por ciento, la misma proporción de la crisis financiera, económica y humana del 2002. Y si no hay reparaciones seguirá creciendo más. La clase media ha enfrentado padecimientos. Dejaron de cumplir con obligaciones como tarifas, impuestos y otros requerimientos. La situación de quebranto del mundo de la lechería se debería al bajo consumo de la población. Menos artículos especiales, menos yogurt, menos postres y menos flancitos para los chicos. La heladera está más vacía.

Sobre una población urbana de 41 millones de personas en el semestre pasado, la pobreza dañaría a 17 millones, según las zonas. Pueden llegar a fin de julio a 19 millones. Estas cifras son la demostración que la desigualdad, ese fantasma tan temido, azotará en mayor medida a la sociedad argentina.

Pero en este zafarrancho Fernández no responde cuando le piden planes económicos concretos para poder respirar. Es un error grave. La sociedad necesita pautas, esquemas de trabajo, un panorama menos incierto. Toda actividad humana, día tras días, requiere de planes. Se dice que lo lanzaría cuando arregle con el FMI. ¿Y mientras tanto? La economía pasará a ser tierra de nadie.

Y como si todo fuera poco, los pro-Alberto y los anti-Alberto coinciden en que hay que remozar el gabinete actual. Piden más acción, usar los presupuestos que poseen y que no han sido usados. Con tantos rumores es probable que haya cambios de figuras y un control más severo de las gestiones.

La economista Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete (NA)

Sin duda Fernández no entregará los puestos que ocupan de dos mujeres laboriosas y fieles a su mandato. Una es Cecilia Todesca, una vicejefa de Gabinete que no ha escapado a informar sin subterfugios la realidad que estamos viviendo. Ni tampoco usó Twitter, ni agredió a nadie. La otra es Vilma Ibarra, secretaria Legal y técnica, una de las personas de mayor confianza del Presidente.

En política exterior no hay definiciones claras y cada uno trabaja por su cuenta. Fernández no se decide a tomar posición frente al drama de Venezuela: el cristinismo lo empuja a que se case con una dictadura que padece hambre y practica la tortura a mansalva de los opositores.

Tampoco hay definición sobre el Mercosur y las relaciones con Europa y Estados Unidos. El titular de la embajada en Washington, Jorge Argüello, brega por un acercamiento a toda costa entre los dos países para encontrar respaldo en la negociación con el Fondo.

Si no hay salvavidas y conducción firme en la tormenta crecerá el desencanto de muchos peronistas que ven, en la balanza, que Cristina y sus adláteres no terminarán de lanzar dardos al Ejecutivo hasta que no se eliminen los juicios de la vicepresidenta. Sería borrar la historia pasada y suficientemente investigada. La otra opción sería que Alberto salga a buscar aliados en distintos frentes políticos.

Fuente: Infobae.com     Daniel Muchnik

Los científicos del Conicet denuncian que a fin de este mes de julio se vencen las becas de más de 1.500 investigadores y piden que se prorroguen. El organismo dice que ya hubo dos prórrogas y no pueden afrontar otra. Ante este escenario, convocaron a distintas medidas de protesta como un «Festival virtual ni un científico en la calle». «Ningún científicx puede quedarse sin ingresos en plena pandemia, prácticamente sin posibilidades de conseguir otro trabajo. Urge que la presidenta (del Conicet) Ana Franchi y que el resto del Directorio prorroguen todas las becas que caerán en una semana, el 31/7, como parte de una extensión universal de todas las becas de investigación vigentes en el país, por al menos un año», señalaron desde la cuenta de redes sociales los Jóvenes Científicos Precarizados. Científicos del Conicet reclaman mejoras salariales: «Hay personal al borde de la línea de pobreza» En ese marco, con el fin de visibilizar el conflicto, convocaron a un «Festival virtual ni un científico en la calle» para mañana viernes a las 18, en el que participarán distintos artistas: «¿Sabías que CONICET y organismos de CyT quieren dejar en la calle a +1500 científicxs en plena pandemia? Sumate a reclamar: ¡NI UN CIENTÍFICX EN LA CALLE!». En esa línea, también adelantaron que el próximo lunes seguirá el «Paro Virtual de Becaries» y en la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán a las 11.00 al Polo Científico «para exigir respuestas urgentes a las máximas autoridades del MinCyT y CONICET». El Conicet otorgó la extensión de la obra social de estos trabajadores hasta fin de año, pero los científicos creen que es insuficiente: «Consideramos que la extensión de la obra social para lxs más de mil compañerxs del CONICET que están por quedar en la calle es una respuesta de la patronal, parcial y muy limitada, a nuestro reclamo contra los despidos». Por su lado, en diálogo con La Nación, la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, aseguró que ya les otorgaron dos extensiones en abril-mayo y junio-julio. «No estamos echando a nadie, las becas son a término, no se deja a gente en la calle. Se les dieron cuatro meses de prórroga, con un refuerzo económico para pagarlas, no podemos afrontar una prórroga mayor. El organismo hizo todo el esfuerzo posible», detalló la funcionaria y agregó que son el único instituto que garantizará hasta fin de año la obra social para quienes finalicen sus becas.

Fuente: Perfil.com

“Con motivo de la crisis económica generada por la pandemia, el Estado Nacional tomó una serie de medidas de emergencia con el fin de garantizar que toda la población perciba un mínimo de ingresos y acceda a los alimentos, preservar los empleos y evitar que quiebren las empresas”, sostiene la resolución del Senado.

También consideraron que “visto que la emergencia pública, que dio lugar al dictado de la norma en cuestión se vio agravada por la pandemia, resulta necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto”.

En tanto, la resolución en la Cámara de Diputados indica que “encontrándose aún vigente la situación de emergencia” por la que se suspendieron los aumentos de sueldo, que se vio “agravada por la pandemia” y en “correlato con las medidas que el Estado Nacional viene implementando con el objetivo de morigerar el impacto económico que genera esta situación sobre la población”, consideran necesaria la extensión.

El primer paso de este gesto político se había dado pocos días después de que se promulgue la ley de Emergencia Económica. Esa medida fue sancionada con 41 votos positivos, 23 negativos y una abstención, tras 12 horas debate. Luego, a los pocos días, en línea con la ley, las dos Cámaras decidieron en conjunto extender la suspensión del aumento de sueldo.

Aquella decisión, en principio, había llegado un día después de que los senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Naidenoff, reconocieran el reclamo de un sector de la sociedad, que señaló que la dirigencia política no se había sumado al “esfuerzo” que pidió la administración de Alberto Fernández.

Con ese texto en mano se trató la iniciativa en el Senado, en lo que fue la primera sesión conducida por la vicepresidente Cristina Kirchner. El oficialismo logró tratar esa ley gracias a un acuerdo tácito con un sector de la oposición, que bajó al recinto y dio quórum para comenzar el encuentro.

El Presidente, en esos días, había reconocido que hay “abusos” en la política con los que “hay que terminar definitivamente”, pero consideró que existe “una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio”.

“Hay como una prédica de meterle a la gente de que hay una condición de privilegio en la política que verdaderamente no existe. Hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar definitivamente”, enfatizó Fernández. En declaraciones a Radio AM 750, pidió “salir” de la “lógica de pensar que hay una casta política”, al destacar que los políticos tienen “una tarea específica”.

En ese marco, manifestó: “Estamos en democracia y el maltrato a la política afecta a la democracia. Tenemos que salir de esa lógica de pensar que hay una casta política porque la verdad es que los políticos tenemos una tarea específica, en mi caso administrar el Estado”.

Fuente: Infobae.com