El paradigma del tránsito y movilidad del futuro poco tiene que ver con el transporte de las películas de ciencia ficción. Lejos nos encontramos de Los Supersónicos, Volver al futuro, o Star Trek.
El exponencial crecimiento urbano de la provincia de San Juan, de norte a sur, de este a oeste, presentará un punto de inflexión en la forma de trasladarse por la urbe, la periferia y las localidades aledañas y alejadas.
Atentos a la necesidad de ampliar conectividad, y en armonía con las necesidades de los usuarios, esta planificación de políticas en movilidad del Gobierno de San Juan apunta a que los sanjuaninos vivan la experiencia de una novedosa forma de trasladarse para llegar a destino con RedTulum, el nuevo sistema de transporte público de pasajeros.
Los inconvenientes que viven a diario quienes utilizan el transporte público, motivaron la reformulación del paradigma. Los ejes son distintos: menos autos en circulación, más peatones y más bicicletas.
Si el objetivo es más y mejor transporte público, RedTulum propiciará un estándar de calidad elevado para el usuario, con mejor conectividad, reducción de tiempos de viaje y amigable con el medioambiente gracias al menor gasto energético y emisiones contaminantes.
La puesta en marcha de este sistema también exige mayor accesibilidad y seguridad para los sanjuaninos que transiten la provincia. La meta a cumplir es que todos tengan la posibilidad de trasladarse seguros sin importar su edad o condición física, dando la oportunidad a la mejora del espacio público peatonal, a la convivencia con los vehículos de energía alternativa y a priorizar el uso de transporte público.
Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina.
La suba del dólar se mantendrá en un rango “acotado”. Así lo definió el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPOM), donde da varias pistas sobre cómo piensa manejarse en lo que resta del año y las expectativas sobre la actividad económica y la inflación futura.
El objetivo de la entidad que preside Miguel Pesce es que la tasa de interés en pesos le gane a la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. En un contexto de estricto cepo cambiario esto resulta relativamente fácil de administrar, salvo por un detalle: la evolución del dólar informal está fuera del control del Central y es lo que finalmente determina hasta qué punto el ahorrista está dispuesto a quedarse en moneda local. Puesto de otro modo: mantenerse en pesos a una tasa del 33% anual dependerá sobre todo de que no se produzca un salto en el “blue” y mucho menos de lo que suceda con el dólar oficial.
El Central viene llevando adelante una imperturbable política de administración cambiaria, que consiste en subir el tipo de cambio a una tasa del 2,6% mensual. Tras una leve aceleración en abril (al 3,5%), luego avanzó con una velocidad crucero que mantiene hasta ahora.
El BCRA reconoce que en los próximos meses se producirá una aceleración de los precios, a partir de la recuperación de la actividad económica y de la reanudación de las discusiones salariales.
Además, en el extenso informe deja claro que el dólar oficial no se encuentra atrasado, ya que el índice de tipo de cambio real multilateral volvió a los niveles prepandemia. La devaluación del dólar en el mundo también ayuda a ese objetivo.
“La acotada volatilidad cambiaria y el uso prudente de las reservas internacionales acotaron el impacto de las turbulencias financieras originadas por la pandemia y permitió preservar la competitividad de la producción local”, explica.
Aunque no lo menciona explícitamente, es claro que la postura de Pesce es que el dólar actúe además como ancla antiinflacionario. El BCRA reconoce que en los próximos meses se producirá una aceleración de los precios, a partir de la recuperación de la actividad económica y de la reanudación de las discusiones salariales: “Los precios de los servicios privados cobrarían mayor dinamismo, tras haber quedado visiblemente rezagados frente a la evolución reciente de los precios de los bienes”.
Para el BCRA no se verifica una situación de atraso cambiario del dólar oficial. Por lo tanto, no es necesario acelerar la tasa de devaluación. El problema, claro, sigue siendo la gran brecha entre los $76 y la cotización del dólar financiero y en el mercado informal, 82% más alto.
En uno de los puntos más polémicos, la entidad consideró que la política monetaria expansiva “no se traducirá en una aceleración de la inflación anual”. Pero en el mercado no piensan lo mismo. Al contrario, la advertencia de economistas es que la emisión monetaria récord para atender al gasto provocado por la pandemia generará un fuerte salto de los precios una vez que la economía vuelva a ponerse en marcha. “La política monetaria se conducirá para que el proceso de reacomodamiento de precios relativos asociado a la recuperación de la economía ocurra en un entorno de inflación acotada”.
Luego de que el oficialismo logró dictamen para tratar la semana que viene el proyecto de reforma judicial, la senadora Anabel Fernández Sagasti salió a criticar la postura de Juntos por el Cambio en el debate, pero también habló sobre uno de los expertos que expusieron ante la comisión del Senado y terminó generando una fuerte respuesta del abogado constitucionalista, Daniel Sabsay. En diálogo con TN, Sagasti contó parte de las discusiones que se dieron en la comisión de Asuntos Constitucionales que finalmente dieron dictamen el proyecto del oficialismo. En esa línea, hizo referencia a que la oposición repite «que el Gobierno quiere apañar la impunidad del gobierno kirchnerista» y para afirmar que esa no es la búsqueda del oficialismo, citó al abogado constitucionalista. Fernández Sagasti: «La pandemia es una excusa de la oposición para tener una actitud obstructiva» «El constitucionalista Sabsay, que estuvo en la comisión de Asuntos Constitucionales, creo que nadie puede decir que tiene un pelo de oficialista, ante la pregunta concreta que le hizo la senadora Ana Almirón de qué artículo de la ley que estábamos tratando garantizaba la impunidad de alguna persona, la respuesta fue contundente, ninguno, porque es verdad», relató. Sin embargo, en ese momento, desde su cuenta de Twitter, Daniel Sabsay salió a desmentir inmediatamente a la senadora nacional, una de las dirigentes de mayor afinidad con la vicepresidenta Cristina Kirchner. «En el Senado expresé que la reforma judicial apunta a conseguir la impunidad de Cristina. Son varios elementos de un plan entre los cuales la ley en discusión que trata de tapar ese objetivo. Lo que dice Fernández Sagasti no es cierto. Está falseando mi palabra escandalosamente», manifestó. Con la incorporación de modificaciones al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos firmó en soledad el dictamen favorable a la iniciativa de reforma judicial, que espera tratar la semana que viene en el recinto. Al iniciar el debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun repasó el proceso de debate de la reforma con cinco audiencias y más de medio centenar de expositores, y luego enumeró las modificaciones introducidas al proyecto, que pese a los cambios fue rechazado por la oposición. El más notorio en el dictamen del oficialismo es que se deja de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, sino que se crea un tribunal de resolución de conflictos de competencia.
El 15 de julio pasado la Secretaría de Comercio Interior le concedió aumentos a las empresas de consumo masivo de hasta 4,5% -3% en promedio- luego de reiterados reclamos por las subas de costos que habían sufrido desde marzo, cuando quedaron congelados los valores de todos los alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza, como parte del paquete de emergencia por el Covid-19. Los aumentos no llegaron a compensar los incrementos que pedían, pero por lo menos agradecieron que comenzara una gradual actualización. A un mes de esos incrementos y sin noticias aún de nuevos ajustes, la industria volvió a la carga.
Varias fuentes de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) confirmaron a Infobae que pidieron un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y que en principio se realizaría entre miércoles y jueves de la semana próxima. El programa Precios Máximos, que congeló los valores de gran parte de los productos que se comercializan en los supermercados a los del 6 de marzo, se fue prorrogando mes a mes y ahora vuelve a vencer el 31 de agosto.
¿Qué hará el Gobierno dentro de diez días? Kulfas dijo semanas atrás, ante empresarios, que Precios Máximos no era un programa sostenible por mucho tiempo y que se trató de una respuesta de emergencia ante la pandemia. “No teníamos ninguna intención de ir por ese lado. Creemos que su aplicación logró los resultados esperados, se estabilizó la inflación en un nivel relativamente bajo y no hubo desabastecimiento, más allá de faltantes puntuales”, había dicho el ministro en una charla invitado por la Cámara de Comercio norteamericana en el país (Amcham).
La industria de alimentos y bebidas reclamará la eliminación del programa de Precios Máximos y, de no ser posible, un nuevo aumento de precios.
En esa oportunidad, admitió que las empresas con las subas otorgadas no recompusieron todas las subas de costos pero que fueron un primer paso para avanzar en esa dirección. Y afirmó: “Esperamos ir saliendo gradualmente de este esquema”.
Sin mantener encuentros individuales desde hace unos dos meses con la secretaria de Comercio, Paula Español, según confirmaron en varias compañías, la industria de alimentos y bebidas reclamará la eliminación del programa y, de no ser posible, un nuevo aumento de precios.
Si bien reconocen que las subas deberán ser paulatinas, acumulan una lista cada vez mayor de incrementos en los costos. Cada vez más sectores acordaron paritarias, el peso se siguió devaluando (el dólar mayorista subió 2,9% en un mes, de $71,36 a $73,48), con el impacto que ello tiene en los insumos importados. También siguen en alza los costos logísticos, impulsados por el aumento en los combustibles y en los sueldos del gremio de Camioneros, aseguran en el sector.
“Hay muchos temas para hablar con Kulfas. Por un lado, seguimos esperando la promesa de que iba a haber un microaumento por mes. Aparte, durante este tiempo se devaluó más la moneda, se empezaron a cerrar paritarias, subió la nafta. No se puede eliminar la inflación por decreto”, aseguró el directivo de una importante firma alimenticia.
Desde otra empresa alimenticia, afirmaron que “la industria requiere nuevos aumentos porque el atraso es muy grande” y el objetivo del encuentro con el ministro es acordar cuál va a ser el siguiente movimiento en los precios. “El mensaje que se le pasó es que necesitamos aumentos graduales para ir absorbiendo de a poco los costos. En algunas categorías se necesitan más subas que en otras, pero hay un mínimo de atraso del 20%”, sostuvo el directivo de esa compañía.
En el caso de las bebidas, el escenario es similar. La cámara Bodegas de Argentina ya en abril había solicitado aumentos de precios al Gobierno producto de que por la escasez de vino, el precio del vino como insumo se duplicó, de $ 8 a $ 16. Pero aún sin este componente, las subas de costos en el sector oscilan entre 15% y 20% y hay productos con rentabilidad negativa superior al 10%, aseguraron fuentes de la industria.
El oficialismo logró dictamen de mayoría para el proyecto de reforma judicial y lo llevará al recinto del Senado para su tratamiento la semana que viene. Con algunos cruces con la oposición, que había anticipado su rechazo por anticipado, el Frente de Todos aprobó un texto con cambios. Uno de ellos es que no se unificarán los fueros civil y contencioso administrativo, pero en cambio creará un tribunal que decida la competencia. Otro de los puntos incorporados es el blanqueo de los sorteos para las causas, siempre objeto de controversias, que deberán ser grabados en soporte técnico, so pena de nulidad. La reforma tiene además un mandato de aplicación gradual del sistema acusatorio, con el nuevo Código Procesal Penal, que da poder de investigación a los fiscales por encima de los jueces. Algo similar ocurrirá con los concursos de los jueces. La reforma judicial genera rechazo en Juntos por el Cambio, que tras la marcha del 17A pidió retirar el proyecto. La oposición sostiene que hay una intención de manipular a los jueces para buscar impunidad. Rechazo En ese sentido, la senadora Silvia Elías de Pérez, insistió con que el oficialismo quiere desplazar al procurador Eduardo Casal, porque “molesta”. Al cruce salió la senadora Anabel Fernandez Sagasti, que consideró que la oposición rechaza “todo” sin argumentos., pero no así», precisó. Silvia Giacoppo, senadora opositora por Jujuy, dijo que con esta reforma «vamos a duplicar los jueces de Comodoro Py y los van a designar a dedo. No vamos a acompañarlo». «Es necesaria la reforma judicial «No le estamos resolviendo los problemas a la gente», dijo el senador del PRO Esteban Bullrich. Más temprano, Fernández Sagasti había defendido el debate de la reforma: “Hemos recibido más de 40 expositores de todo el país. Ha sido muy variado y federal. Todos han aportado modificaciones, inclusive superadoras en algunos casos del proyecto de ley y hoy vamos a firmar dictamen. Si es posible lo trataremos la semana que viene en el recinto”. Donde no tendrá el oficialismo la misma facilidad será en Diputados, ya que varios diputados, además de los de Juntos por el Cambio, anticiparon su rechazo, entre ellos los del peronismo cordobés y los que responden a Roberto Lavagna.
Alfredo Cornejo (presidente de la UCR), Patricia Bullrich (presidenta del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente de la CC), José Luis Espert (Despertar Argentina), Margarita Stolbizer (GEN) y el ex presidente Eduardo Duhalde coincidieron en realizar fuertes críticas al proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso por “inoportuno”, “inconsistente”, “de mala fe” pero, sobre todo, porque no tiene consenso de las fuerzas políticas ni de la sociedad civil, mucho menos de los actores involucrados.
Los dirigentes fueron convocados por el Club Político Argentino, entidad que preside Graciela Fernández Meijide, que ayer hizo público un documento firmado por casi 200 personalidades del mundo sindical, empresarial y religioso exigiendo amplia participación ciudadana para “despejar sospechas” de manipulación del Poder Judicial. Pero el plato fuerte estuvo dado por las ponencias realizadas por Manuel García Mansilla, Roberto Gargarella y María Angélica Gelli que, moderados por Ricardo Gil Lavedra, dieron los argumentos por los que la reforma de la justicia, así como se está planteando, “debe ser fulminada”.
El abogado García Mansilla fue el primero en hablar, dando un panorama histórico desde 1947, la primera oportunidad en la que se intervino políticamente la Corte Suprema a través de un juicio político, detallando las veces en que se modificó la integración (1955/1966/1969/1973/1976/1983/1999/2003/2006) o fueron removidos desde entonces y la cantidad de jueces que integraron el Máximo Tribunal en relación a Estados Unidos, por ejemplo. “Así como no nos podemos rehabilitar de la adicción a la inflación, parece que tampoco podemos rehabilitarnos de manipular la Corte Suprema”, dijo.
Gargarella, por su lado, explicó que tiene una visión procedentalista del derecho, no en el sentido de que no se puedan hacer reformas, sino que hay que partir con la presunción de inconstitucionalidad cuando se quieren cambiar las reglas de juego. “Puede hacerlo, pero el control tiene que ser estrictísimo. Por eso, tal como está diseñada esta reforma, hay que fulminarla, no es algo que pueda hacerse así en una democracia”, expresó en forma taxativa.
La constitucionalista Gelli también fue muy crítica. “Lo que comienza mal es difícil que termine bien”, aseguró. Y consideró que “hay un simulacro de debate quizás porque ·no se acepta que el poder judicial debe ser independiente para garantizar igualdad de todos los habitantes del país ante la ley”.
Roberto Gargarella.
Guillermo Lipera fue el primero de los juristas que comentó las ponencias y no evitó criticar a la gestión anterior. “Ahora son todos fanáticos de la institucionalidad”, arrancó, lamentando que Mauricio Macri haya mantenido el recurso extraordinario que interpuso Cristina Kirchner que buscó politizar el Consejo de la Magistratura al cambiar los porcentajes de integración y darle mayor representación al Ejecutivo. “Que la Corte se la juegue ahora (y avale la demanda por inconstitucionalidad de esa ley), porque el lugar que no ocupa lo van a terminar ocupando otros”, reclamó.
Manuel García Mansilla
También hablaron Silvia Torres Carbonell, de ACDE y Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, además del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri y los ex embajadores Marcelo Stubrin y Juan Pablo Lohlé. Y participaron Javier Goñi, Santiago Kovadlof, Federico Pinedo, Luciano Laspina entre otras figuras destacadas del ámbito político, intelectual y empresarial.
María Angélica Gelli
El cierre estuvo a cargo del ex presidente Duhalde, también firmante del documento impulsado por el Club Político. “Mi pensamiento es sencillo, siempre lo fue. No se puede gobernar sin consenso”, dijo. Agregó que “estoy muy enojado con lo que está pasando en la Argentina, voy a seguir colaborando con el Gobierno en materia productiva, como lo hice con la gestión anterior y lo haré en la próxima, si Dios me da fuerzas para seguir, pero no se puede imponer una reforma así sin acuerdos”. Aseguró que “no hay salida si nos seguimos peleando, se lo dije al Presidente”. Lo que no contó en el zoom es cuál fue la respuesta de Alberto Fernández.
Los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y Blas Correa en Córdoba, o el allanamiento ilegal perpetrado en viviendas de la comunidad Qom, en Chaco, son sólo tres de los distintos casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza registrados hasta el momento en el país desde que se decretó, a mediados de marzo, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) para contener la pandemia por el coronavirus.
Si bien a lo largo y ancho del país se han presentado gran cantidad de episodios, desde Amnistía Internacional hemos relevado 30 hechos incluidos en el informe “El uso de la fuerza en el contexto del COVID-19. La violencia como respuesta del Estado”, en el que mostramos cómo todos los casos relevados tienen una vinculación directa con el estado de excepción que estableció el decreto 297/2020 del Gobierno para contener el avance del virus.
Esa medida gubernamental encargó a las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones provinciales, la misión de velar por el efectivo cumplimiento del ASPO. Si bien es razonable que en un escenario excepcional en materia de salud se adopten medidas especiales para extremar los cuidados y morigerar el contagio, todos los hechos de violencia que relevamos desde Amnistía Internacional muestran un accionar violento y desmedido por parte de las fuerzas de seguridad. Este modo de proceder denota la existencia de un problema estructural que la pandemia solo ha agudizado.
Las detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes, uso excesivo de la fuerza, allanamientos irregulares e, incluso, los asesinatos que protagonizaron en los últimos meses miembros de diferentes fuerzas de seguridad -algunos de ellos, inclusive, filmados por las mismas víctimas- tuvieron como blanco a personas pobres.
En muchos de estos casos los poderes ejecutivos locales de diferentes signos políticos repudiaron los hechos, promovieron investigaciones judiciales y separaron de sus cargos a los agentes sospechados. Además, tras presentar nuestro informe, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como la Secretaría de Derechos Humanos se comunicaron con nosotros. Desde Amnistía Internacional valoramos estos acercamientos, no obstante, enfatizamos también que la violencia institucional refleja un problema que requiere la coordinación de medidas urgentes entre la Nación y las provincias.
Sabemos que es un trabajo complejo, pero el Estado debe desarrollar la normativa adecuada para atacar este problema. Sería deseable la sanción de una ley que involucre a las distintas fuerzas políticas, que sea un compromiso contundente de todos los partidos. Sumado a ello, es fundamental el establecimiento de protocolos de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad, así como el diseño e implementación de programas de formación y capacitación permanentes en todo el país.
Independientemente de la fuerza que esté en el poder y de la concepción acerca del modo de combatir la inseguridad que tenga, no hay dudas de que hace falta una política de Estado integral que penetre y por fin funcione; caso contrario, seguiremos contando víctimas.
Aquí me quiero detener en el caso de Facundo Astudillo Castro. Como es sabido, el sábado 15 de agosto se encontró un cuerpo y se estudia si pertenece al joven del que nada se sabe hace más de cien días. Astudillo Castro, de 22 años, había sido visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la Provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena. El 2 de julio su familia había presentado una denuncia ante la justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero. Durante la investigación familiares y abogados manifestaron críticas y dudas sobre el avance de la causa.
Si bien se investigan las condiciones en las que desapareció Facundo, tanto el Presidente de la Nación como el gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguraron respectivamente que “es necesario saber qué pasó con Facundo” y que “no habrá encubrimiento”. Hasta que no haya definiciones contundentes, es cauteloso esperar la información certera y, en el mientras tanto, garantizar que se lleven a cabo procedimientos independientes, expeditos y transparentes.
Para finalizar, quisiera hacer una reflexión. Las historias de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo, si bien son diferentes, tiene ciertas similitudes. En ambos casos Amnistía Internacional tuvo y tiene contacto con la familia directa y sus abogados. En los dos hemos sido testigos de la tristeza, el dolor, la frustración y el enojo de familiares y abogados que se encuentran y enfrentan a un Estado que aparece lento, ineficiente y muchas veces insensible. En el caso Maldonado la familia sigue buscando verdad y justicia. Ojalá que en el caso de Astudillo Castro su mamá, Cristina, pueda saber qué pasó con su hijo y sanar sus heridas.
La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
esde la Municipalidad de Tres de Febrero comenzaremos con una obra que transformará el CEDEM 1 (Alberdi 5524, Caseros), nuestro principal centro deportivo. El proyecto responde a la necesidad de remodelación de sectores existentes que se encuentran en estado de deterioro, como los accesos al predio, veredas, vestuarios y baños.
Además, incluye mejoras en el sector de quinchos y parrillas y en los espacios cercanos a la pileta. También se agregarán nuevas áreas de esparcimiento, como un parque lineal de senderos aeróbicos y la construcción de canchas de beach vóley y fútbol tenis.
“Este proyecto permitirá mejorar las actividades deportivas y los servicios que ofrece nuestro principal centro deportivo”, expresó el intendente Diego Valenzuela. “ Es una manera de acercar a las familias al deporte y la recreación cuando la pandemia lo permita”, agregó. La obra se suma a la construcción del CEDEM 3 en El Libertador, que permitió el acceso al deporte a las familias de la zona norte de Tres de Febrero, y al proyecto del CEDEM 4 en Ciudadela.
Los centros deportivos de Tres de Febrero reciben a vecinos y vecinas de todos los barrios y ofrece diversos deportes y actividades. Durante las vacaciones alberga a chicos y chicas en la tradicional Colonia de Verano y a las familias del municipio para que puedan disfrutar de la pileta durante los meses de enero y febrero. Por la pandemia, los centros deportivos tienen suspendidas sus actividades presenciales y se realizan de manera online a través de “3F desde Casa”.
El objetivo político oculto y definitivo del oficialismo con su anunciada Reforma Judicial es colonizar la Cámara Federal Penal que debe tratar todas las causas de corrupción pública que involucran a Cristina Fernández de Kirchner.
El Gobierno pretende una mayoría automática en esa Cámara Federal y urde una estrategia que se apuntala en los tecnicismos del Consejo de la Magistratura, ciertas facultades constitucionales previstas para el Presidente y la inexpugnable mayoría del peronismo en la Cámara de Senadores.
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner recitan de memoria a Juan Domingo Perón y Carl von Clausewitz, dos estrategas militares que enseñaron la necesidad de ejecutar movimientos visibles y grandilocuentes para mimetizar el objetivo político que se desea alcanzar ante un enemigo que sólo presta atención a lo obvio y corriente.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobó ayer por mayoría un dictamen que apoya la Reforma Judicial enviada por Alberto Fernández al Congreso. Ese dictamen fue rechazado por la oposición y es el paso institucional necesario para lograr que la iniciativa oficial obtenga su media sanción de la Cámara Alta.
Y si la negociación ya emprendida por el Gobierno cumple todos los ritos del regateo parlamentario, la Cámara de Diputados sancionará la iniciativa oficial hacia fines de septiembre. Pese a los cuestionamientos de la oposición y a las críticas perpetuas de la opinión pública.
Alberto Fernández anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en la Casa Rosada
Desde la perspectiva bélica de Perón y Von Clausewitz, la Reforma Judicial es el hecho obvio y corriente que usarán Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para ocultar su verdadero objetivo político en esta etapa de su Gobierno.
La Vicepresidente necesita desplegar una mayoría automática en la Camara Federal que reemplace a los jueces independientes que fallaron en su contra, cuando comprobaron que había suficiente evidencia para probar su responsabilidad penal en determinados casos de corrupción pública.
La ofensiva contra la Cámara Federal Penal es minuciosa y se mueve a la velocidad de la luz. Martín Irurzun es un camarista federal respetado en Comodoro Py y la Corte Suprema, y odiado por Cristina Fernández de Kirchner. Irurzun tiene la piel curtida y durante sus años en Tribunales ya vio pasar a dos dictadores, diez presidentes y más de treinta ministros de Justicia.
En las últimas horas, un puñado de diputados oficialistas presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Irurzun por “mal desempeño” en sus funciones. Se trata de una típica operación de acoso y derribo contra un camarista federal que enfrenta operaciones políticas desde 1987.
La presentación de los legisladores kirchneristas, encabezada por Rodolfo Thailhade y Martín Soria, no tiene posibilidades de prosperar en el Consejo de la Magistratura. Y su único objetivo es iniciar una ola de presión institucional contra Irurzun para lograr su renuncia y ocupar con un juez propio su lugar en la Cámara Federal.
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El senador kirchnerista Juan Pais embiste a la jueza Biotti que dictó un amparo que protege la estabilidad institucional de los camaristas Bruglia y Bertuzzi
Junto a la ofensiva contra Irurzun, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández y la bancada justicialista en el Senado iniciaron una profunda arremetida contra los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Consideran que Bruglia y Bertuzzi están violando el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, y por lo tanto deben abandonar la Camara Federal porteña.
El artículo 99, inciso 4 de la Constitución, establece que un juez está ajustado a derecho si fue propuesto por el Consejo de la Magistratura, su pliego enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y, finalmente, haber logrado su aprobación por la mayoría simple de la Cámara Alta.
Bruglia y Bertuzzi cumplieron el rito constitucional para ocupar sus cargos en un Tribunal Oral Federal y después fueron trasladados a la Cámara Federal Penal. Ese traslado -horizontal y en el mismo fuero- es impugnado por la Casa Rosada y la bancada kirchnerista en el Senado. Sostienen que es inconstitucional y que ambos camaristas deben renunciar y regresar a sus puestos en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4).
La justicia Contenciosa Administrativa Federal concedió un amparo a favor de Bruglia y Bertuzzi, que el bloque de senadores peronistas transformó en papel picado. El próximo 4 de septiembre habrá audiencias oficiales para analizar la situación legal de Bruglia y Bertuzzi, pero la mayoría kirchnerista ya decidió: deberán regresar al TOF 4, a la espera de un fallo reparador de la Corte Suprema, que hace dos años interpretó que es constitucional un traslado horizontal en el mismo fuero (acordada 7/2018).
En este contexto, el balance de heridos y posibles bajas es posible de contabilizar. Irurzun sujeto a fuego cruzado en el Consejo de la Magistratura, mientras que Bruglia y Bertuzzi con muchas posibilidades de regresar a sus cargos en el TOF 4, hasta que la Corte se expida acerca de las decisión que el Senado consumará en las próximas semanas.
Leopoldo Bruglia, camarista federal penal, cuestionado por la Casa Rosada.
Detrás de los argumentos de la bancada oficialista, se esconde un hecho procesal que permite explicar la ofensiva del Gobierno contra Bruglia y Bertuzzi. Estos dos camaristas federales, hace menos de un año, confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner en una causa por presunta corrupción pública.
CFK no olvidó la decisión procesal de Bruglia y Bertuzzi -ajustada a derecho- y ahora bebe su vindicta política.
El desplazamiento de Bruglia y Bertuzzi puede causar una fuerte movilización social y provocar además un conflicto de poderes entre el Senado y los Tribunales. Si la Cámara Alta ordena su traslado inverso, y la justicia en lo contencioso y administrativo federal mantiene el amparo para bloquear esa posibilidad parlamentaria, se habrá llegado a una instancia política que sólo puede compararse con la Resolución 125 y el conflicto del campo.
Pero el eventual cimbronazo institucional no terminaría en esta instancia política. Balcarce 50 tiene intenciones de recolocar en la Cámara Federal a Eduardo Farah, un cuestionado magistrado que mantuvo relaciones ambivalentes con Mauricio Macri y Néstor y Cristina Kirchner. Farah está aburrido en su exilio corporativo y desea regresar Comodoro Py y su famosa Montaña Rusa.
En este contexto, Irurzun y su colega Mariano Llorens se mantendrán a pie firme en sus puestos. Bruglia y Bertuzzi es muy probable que pierdan sus cargos hasta una eventual revisión de la Corte Suprema, y Farah ya se prueba el traje clásico con tres botones y corte italiano.
Es decir: Irurzun y Llorens estarán en salas diferentes de la misma Cámara Federal. Farah regresará por decisión del Gobierno, y aún restan nombrar a otros tres camaristas, que serán elegidos por el Consejo de la Magistratura, avalados por Alberto Fernández y votados por la mayoría oficialista del Senado.
En cualquier variable matemática-política, Cristina Fernández tendrá mayoría en las dos salas de la Cámara Federal porteña, que deberán revisar las decisiones en su contra que eventualmente tome la primera instancia de Comodoro Py.
Si no suceden acontecimientos imprevisibles en Olivos y el Senado, Roberto José Boico será nombrado camarista en lugar de Bertuzzi o Bruglia. Boico -quedó segundo en los concursos públicos de oposición-, compartió estudio con el exjefe de gobierno Anibal Ibarra, y fue abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en la causa abierta por el Memorándum con Irán.
Boico será un camarista independiente. Así lo prometerá cuando jure por la Constitución Nacional.
El ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, respondió a las acusaciones de Ginés González García sobre un cargamento con vacunas vencidas que se encontraron en un contenedor. En diálogo con Radio con Vos, Rubinstein, que al principio fue ministro (luego bajaron el rango) dijo que está muy molesto con Ginés: “Derrapó mal, está sobreactuando”. “Escucho a Gines Gonzalez García decir que el brote de sarampión lo causamos nosotros y lo solucionó esta gestión, y no es así, fue una pandemia que se dio el año pasado. Tuvimos 180 casos, 90 en nuestra gestión y 90 en esta. Tenemos una tasa de vacunación de arriba del 92 %, intensificamos la campaña durante el 2018. Ya estoy harto con estas cuestiones”, sostuvo Rubinstein en alusión a las reiteradas críticas de Ginés a la gestión macrista. El día que Rubinstein criticó a Ginés por vacunas de sarampión “Estoy molesto con estas actitudes, estos ataques personales lo devalúan más de lo que está», se quejó el ex funcionario. Este miércoles 19 de agosto, Ginés encabezó un recorrido por un frigorífico en la Ciudad en el que se encontraron 4 millones de dosis de vacunas vencidas para distintas enfermedades. No es la primera vez que el Gobierno actual y Ginés en particular acusa a Rubinstein por el tema vacunas. En enero, a poco de asumir, hizo algo similar por un lote de 12 millones de dosis que estaba retenido en la aduana. Rubinstein también habló sobre la marcha del 17A, «Desde lo sanitario no me parecen recomendables las aglomeraciones. Yo no fui a la marcha y no aconsejé ir. Pero entiendo las razones. La presión social por hartazgo, necesidad, y reclamos institucionales, que tienen que ver con el aprovechamiento político de la pandemia, para meter medidas que no tienen consenso social como la reforma judicial».
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Leopoldo Bruglia, camarista federal penal, cuestionado por la Casa Rosada.