Autor: Jorge Alfredo Baret

Poco después de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires comunicara la modificación en la carga de datos y confirmara más de 3.500 nuevos muertos por coronavirus, distintos dirigentes de la oposición plantearon fuertes críticas contra el gobernador Axel Kicillof por haber ocultado los datos hasta hoy.

“Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas”, afirmó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En la misma línea, el ex secretario de Medios de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, afirmó: “Descalificaron al que pensaba diferente. Se proclamaron propietarios de la única verdad. Argumentaron y acusaron. Ahora vemos que se basaban en datos erróneos y falacias. Ante la realidad evidente crecerán en agresividad”.

“Eso marca el desmanejo de la situación que han tenido hasta ahora. A 180 días de cuarentena no pueden decir que recién se dan cuenta que estaban cargando con tanto atraso los muertos. No se pueden tomar medidas acertivas con datos viejos”, sostuvo el diputado Alfredo Cornejo.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff, sostuvo en su cuenta de Twitter: “Durante 184 días nos encerraron en PBA dando explicaciones desfachatadas por cadena nacional evidentemente basadas en información incompleta. Hoy informan 3.500 nuevos muertos con tono administrativo. @Kicillofok es una vergüenza que ni usted ni ningún ministro ponga la cara”.

La polémica se desató este viernes luego de que la provincia de Buenos Aires presentara una “herramienta de gestión de sistemas informáticos” que, según el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, permitirá -de acá en adelante- informar con exactitud lo que pasa todos los días. «Eso se viene a informar con este sistema informático. Estamos en un proceso de la mejora de la gestión y de transparencia. Todo esto permite dar absolutamente todos los datos. En los últimos tiempos muchos medios nos consultan de esta situación, de por qué hay un retraso en este tipo de procesos”, explicó el ministro.

Los funcionarios explicaron que como ningún sistema individual reúne el 100% de los casos, se trianguló la información para obtener el número total de fallecidos. Del SISA se desprendieron 9.043 muertes. A estas se le sumaron las cotejadas en el SIGEC (Sistema de Gestión de Camas) y RPP (Registro Provincial de las Personas), las cuales sumaron 3.523 fallecimientos, por lo que el total de muertos por coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendió a 12.566.

Fiel a su estilo polémico, el diputado Fernando Iglesias se limitó a compartir un mensaje que repetía la cifra 3.523 e ironizó con el eslogan #AxelCumple.

A su vez, la diputada provincial Carolina Píparo señaló que el gobierno bonaerense tomó “pésimas decisiones” sin datos. “El saldo es más pobreza, angustia, chicos sin clase y miles sin trabajo. Hoy después de 180 días nos enteramos que en PBA fallecieron 3523 bonaerenses más por COVID. Degradaron su palabra”, recriminó.

Mientras que la diputada María Luján Rey lamentó que anunciaran las nuevas muertes como si hablaran de “manzanas, piedritas o porotos”, Alejandra Lordén planteó que aparecieron 3500 muertos “como por arte de magia”. «Papelón inadmisible”, resumió.

Finalmente, el senador bonaerense, Juan Pablo Allan, agregó: “La cuarentena estaba destinada a preparar el sistema de salud, incluida la carga rigurosa de estadísticas. Seis meses después aparecen 3500 fallecidos no contados. El manejo de la pandemia muestra a la Ciudad de Buenos Aires con una enorme profesionalidad y a la Provincia con una gran impericia. Lamentable”.

Fuente: Infobae.com

Cuando parecía que la Cámara de Diputados comenzaba a recuperarse de la polémica sesión del 1° de septiembre que revolucionó al oficialismo y la oposición, recibió otro duro golpe a su funcionamiento con el escándalo que protagonizó el jueves por la tarde el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri. Rápido de reflejos, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió su suspensión menos de una hora después del suceso y cuando habían pasado apenas ocho horas, la renuncia de Ameri ya había sido aprobada por todo el arco parlamentario. La reacción del tigrense, que el martes ya había tenido que esquivar el affaire del ministro Martín Guzmán y su “sarasa”, fue trabajada en tándem con el jefe del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner. Primero fue la reunión en privado para tomar una primera definición sobre la inconducta de Ameri y luego llegó el respaldo formal del bloque, a través de un comunicado que no daba lugar a dudas y que dejaba al salteño fuera de juego. “Queremos manifestar nuestro apoyo a la definición de la presidencia de la Cámara de disponer su inmediata suspensión, que contó con la aprobación de todo el cuerpo legislativo”, señalaba el texto. La estrategia fue la misma que vienen afianzando desde el inicio del año legislativo: Máximo Kirchner brindó el sostén ideológico-político y Massa, que también buscó el aval de Alberto Fernández, se encargó de la ejecución en tiempo récord.

Con la renuncia de Ameri, la cuestión quedó prácticamente cerrada y recién se volverá a tratar cuando se conforme la comisión que evaluará su conducta y que seguramente hará una condena política del asunto. Sin embargo, volvió a alimentar la polémica con la oposición sobre la pertinencia de las sesiones virtuales. Diputados que se duermen, que se cambian de ropa en vivo o que dejan un fondo de pantalla estático para simular que siguen atentos forman parte de las anécdotas de los seis meses de sesiones en pandemia que, sumados a los cuestionamientos al funcionamiento remoto pueden hacer tambalear el sistema. Con lo de Ameri, Juntos por el Cambio considera que sumó un nuevo argumento en su lucha por regresar a la modalidad presencial, luego del pedido formal que ya había realizado el último martes para que la discusión del Presupuesto 2021 y del Aporte Solidario y Extraordinario sea cara a cara, sí o sí. Según supo PERFIL, la intención del oficialismo es lograr lo antes posible la media sanción del proyecto de Carlos Heller para gravar las grandes fortunas. Entonces la pregunta que surgió en la oposición, que tiene miedo que el tema sea propuesto la próxima semana, fue la siguiente: ¿Cómo harán para encontrar un lugar alternativo al recinto en tan poco tiempo?”, si es que verdaderamente están dispuestos a darle el gusto para que no les trabe dos iniciativas de relevancia en la agenda K. Desde el oficialismo aclararon a este medio que la intención es que haya al menos una sesión virtual y avanzar con la discusión del Presupuesto, y recién ahíi pensar en un cambio de estrategia. Alberto Fernández: “Cuando lo vi no sabía si reír o llorar” Las reacciones por el caso Ameri llegaron a las más altas esferas de la política y el propio Alberto Fernández se refirió al tema. “Lo que ocurrió degrada la democracia. Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reír o llorar”, dijo el mandatario en una entrevista radial. Fernández se enteró casi de inmediato sobre lo sucedido ya que Sergio Massa lo consultó sobre su intención de suspenderlo por 180 días mientras se definía su futuro y le dio su aprobación. El Presidente admitió que sintió “indignación” y sostuvo que “un diputado es un representante del pueblo, lo que no puede pasar es que no pase nada, porque si no, en la política todos nos iguala. Es algo grave y la política no debe pasarlo por alto”, advirtió. Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, condenó el hecho pero se mostró satisfecho porque “no hubo una mirada corporativa y mucho menos machirula, sino que se actuó con la norma, independientemente de quién se trate”, indicó. El jefe de ministros se confesó “bastante absorto, como todos los argentinos, que cuando veíamos esas imágenes no podíamos creer que eso sucediera”. En sintonía con Fernández, analizó que Massa “actuó rápido y le dio el marco adecuado, ya que las reuniones así sean remotas o presenciales tienen el mismo cumplimiento y están en el marco del recinto”. Cafiero aprovechó el suceso para volver a cuestionar al macrismo y le recordó el caso del ex intendente de Paraná Sergio Varisco que “tenía causas por narcotráfico y, sin embargo, el PRO hacía campaña con él”. Según recordó, “el macrismo lo acompañó hasta último momento y ahora está condenado a prisión por narcotráfico y nadie de los que lo acompañaron a hacer campaña, Patricia Bullrich incluida, se expresó sobre el tema y me parece que esas son las diferencias”, agregó.

Fuente: Perfil.com

Alberto Fernández emitió en pocas horas dos fuertes mensajes de presión sobre la Corte Suprema, con foco personalizado en su presidente, Carlos Rosenkrantz. El primero cosechó una mala respuesta también en velocidad. El segundo tiene final abierto. Y los dos en conjunto, terminaron de colocar al tribunal máximo en el centro de una batalla política con eje en el desplazamiento de tres jueces apuntados antes que nadie por Cristina Fernández de Kirchner. No es todo, porque cualquiera sea el desenlace, las pinceladas de conflicto o daño institucional serán ya inocultables.

El martes próximo, la Corte tiene cita para tratar los planteos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y del juez Germán Castelli. Los tres refieren a causas por corrupción, incluido como cartel principal el caso de los cuadernos de la coima. Hasta hace apenas una semana, las versiones indicaban que la respuesta del tribunal sería una nueva versión de “cronoterapia”, según el término que solía usar un extinto juez, prestigioso, al describir con acidez el camino de los largos trámites para desandar presiones y enfriar problemas. Pero algo cambió en el pronóstico y esa versión inquietante habría llegado de inmediato a Olivos.

Surgieron dudas sobre la solidez de la salida mayoritaria a favor de extender en el tiempo la resolución sobre el reclamo de los tres jueces removidos de sus cargos. Todo, en un cuadro complejo. Difícil incluso para allegados al circuito de la Justicia establecer corrientes internas: se habla de cierta atomización registrada desde que Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, desplazando a Ricardo Lorenzetti, y agudizada con el recambio de poder político.

Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema. Fue apuntado directamente por Alberto Fernández.

Hasta ese momento, la especulación más firme apuntaba al rechazo del per saltum, abriendo el sendero –en principio, lento- para volver a reclamar con un recurso extraordinario, con el añadido de algún gesto menor frente a los planteos más funcionales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Después, se puso en duda la existencia de una mayoría sólida que siguiera sosteniendo esa estrategia.

Conocedores del paño judicial recomiendan no perder de vista el juego interno, pero prestan atención además y de manera creciente al contexto externo. Al habitual rechazo que produce en la Corte el hecho de quedar expuestos en la resolución de “conflictos políticos”, se añadiría malestar frente a la trascendencia pública que fue tomando este caso, con fuerte presencia en las consignas de los últimos “banderazos”, en los cruces políticos y en las redes sociales.

La convocatoria de Rosenkrantz a la reunión del martes próximo fue leída también con ese registro en el oficialismo. Y la movida de Olivos –más allá de otras consideraciones sobre el nivel de pericia- terminó colocando a Alberto Fernández en la primera línea de presión sobre otro poder. Eso mismo tiñe de antemano y de manera inquietante cualquier resolución que tome la Corte. Será una respuesta interpretada en blanco y negro: alineamiento con Olivos o potencial conflicto de poderes. Tal vez el Presidente haya buscado no dejar espacio para los matices o las diagonales.

La primera carga contra Rosenkrantz produjo un resultado inesperado o mal calculado. El Presidente le achacó desinterés en la capacitación de la estructura judicial con perspectiva de género, como dispone la ley Micaela. Sin mencionarlo directamente, la Corte le respondió con una exposición de sus pasos concretos en ese terreno. Y lo hizo mediante un informe elaborado por Elena Highton. Una señal. La jueza está a cargo de esas políticas en el principal escalón de la Justicia, pero además sólo ella asistió hace dos meses al acto de presentación de la “reforma judicial”, en la Casa Rosada.

El último «banderazo», con consignas apuntadas a la Corte y contra la impunidad.

La segunda andanada presidencial fue directa. “¿Qué está buscando?”, apuntó contra Rosenkrantz en declaraciones radiales. A esa sugerencia sobre una operación conspirativa, agregó dos elementos. Rechazó las críticas al proyecto de reforma del fuero federal. Y defendió con énfasis el desplazamiento de los tres jueces decidido por el Senado y refrendado sin demoras por decreto. Para completar, descalificó de antemano cualquier interpretación en sentido contrario como fruto de desconocimiento del Derecho.

El efecto aumentado de esta ofensiva, que podría ser el prólogo de una disputa mayor, está definido a la vez por el conjunto de movimientos en el plano judicial. No es un hecho aislado. Y potencia de hecho el signo inicial del consejo consultivo creado por decreto presidencial y bautizado de inmediato como “Comisión Beraldi”. Esa junta analizará y propondrá reformas sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Las tensiones se van expandiendo en todos los frentes. Y otro caso potente involucra a los mismos protagonistas: la poda de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que también llegó a la Corte, que comenzó a escribir un segundo capítulo en el Congreso y que provocó el quiebre más profundo en la relación del Gobierno con la oposición. Son decisiones presidenciales, con marca CFK.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, presentó una nueva herramienta para el registro de información sobre los fallecidos por Covid-19, con el objetivo de terminar con el subregistro de los mismos. Con esta actualización,se incorporan 3.523 fallecidos a las estadísticas oficiales llegando a 12.566 al 25 de septiembre. El funcionario detalló que «con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzamos a utilizar información proveniente de tres bases de datos: SISA, SIGEC y el Registro de las Personas, y así recategorizamos los datos de mortalidad por coronavirus y evitamos el subregistro de los mismos, un problema existente en todos los países del mundo». En conferencia de prensa en la Gobernación provincial, Gollan afirmó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) «es bueno» pero reconoció que presentaba «demoras en la carga», algo que ocurre en todos los países en el marco de esta pandemia. «Nosotros vamos a solucionar ese problema, lo afrontamos para que todo el mundo sepa día por día (el número de fallecidos) y así poder evaluar la evolución de esta pandemia», precisó. Fernán Quirós confirmó que la ocupación de camas de terapia en CABA bajó al 50 % Puntualizó que «el 60% de los datos actualizados corresponden al sector privado y el 40% al público. Dentro del sector público, el 39% corresponde a hospitales provinciales, el 2% a nacionales y el 59% a municipales». El resultado de la aplicación de esta nueva herramienta, incorpora 3.523 fallecidos por coronavirus en territorio bonaerense. Según pudo saber PERFIL de fuentes oficiales, la nueva herramienta surgió porque «cuando cruzamos las bases de datos descubrimos que los certificados de defunción no decían Covid y eran Covid. Cruzamos la base de Datos nacional con nuestro sistema de camas y con las defunciones del registro de las personas». «En España, el diario ABC denunció que son 53 mil los muertos por coronavirus, 24 mil más que los informados oficialmente. Reino Unido y Francia tienen un sub registro confirmado porque, al principio de la pandemia, sólo contabilizaban las muertes ocurridas en hospitales. Recién en abril se comenzaron a sumar también aquellas que ocurrieron en centros geriátricos. Si tenemos en cuenta que, desde esa fecha, algo más de la mitad de los muertos franceses se han producido en residencias de adultos mayores (51%) tomamos dimensión del sub registro de fallecidos. En Nueva York, en un solo día aumentaron los fallecidos en 3700 porque también solo contaban los muertos ocurridos en hospitales», explicaron en un comunicado oficial desde el gobierno bonaerense. Y concluyeron: «En América Latina, la opinión del director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López Calva, es un ejemplo de lo que está pasando. Aseguró que en México, Ecuador, Chile y Perú ‘la pandemia puede haber matado hasta 5 veces el número de personas registradas oficialmente’. Con este nuevo paso, la Provincia implementa estrategias de gestión inéditas, creadas para monitorear la pandemia en el territorio bonaerense, que aportan soluciones para tomar decisiones y hacen más transparente al sistema».

Fuente: Perfil.com

“Las organizaciones sociales son, por un lado, parte del problema, pero por el otro, también parte de la solución”. La reflexión ante Infobae la realizó un funcionario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que conoce al dedillo el complejo entramado que se mueve detrás de los movimientos piqueteros. La conversación tenía como eje la usurpación aún no resuelta de la toma de las 100 hectáreas en la localidad de Guernica. “Algunos de estos movimientos están detrás de las tomas de tierras, o al menos fomentan las usurpaciones, pero también son de gran ayuda para los intendentes porque con sus cooperativas de trabajo levantan barrios enteros. Construyen las casas, abren calles, tiran cables de luz y hasta hacen pozos de agua. Y antesde que llegue el Estado para brindar los servicios a las familias más necesitadas”.

Se trata de una fenomenal maquinaria, que mueve millones y millones de pesos, concedidos por los gobiernos de turno para que las organizaciones sociales, a través de sus cooperativas de trabajo, lleguen a donde ellos no supieron o no pudieron llegar, y además den trabajo.

Las 52 viviendas fueron construidas por las cooperativas de la CCC. Los terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. (Prensa CCC)

“El tema de las viviendas es así. Se toman las tierras. Si son privadas, se presiona para que los dueños, a través de la municipalidad o de la provincia, las vendan. Después pasan a manos de los que tomaron esas tierras. Ahí entran las cooperativas de las organizaciones para construir las casas. Las cooperativas brindan una solución rápida. Si no fuera por las cooperativas de trabajo, no sé qué pasaría», sostiene Cecilia Galluzzo, cooperativista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Programas Sociales, la organización que reclama ante el ministerio de Trabajo para que le otorgue personería gremial.

«En José C. Paz -recuerda Galluzzo- el barrio de viviendas sociales, llamado Lamas, se construyó así. Ese barrio es todo de los cooperativistas por un convenio que se firmó en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner y se terminó con el de Cristina Kirchner. Se firmó un acuerdo con el municipio para que ponga los terrenos y nación pagaba los materiales. La mano de obra corría por cuenta de los cooperativistas. Todo funciona muy bien hasta que la política mete la cuchara y quiere sacar una tajada. Cuando los intendentes le dan el manejo a los punteros políticos se desbanda todo”, sostiene y afirma: “Detrás de las tomas están las organizaciones sociales que muchas veces están en connivencia con el poder político y todo lo que hay detrás”.

Son varias las agrupaciones piqueteras, alineadas con el actual oficialismo, que están presentes a lo largo y ancho del país y que manejan miles de cooperativas de trabajo. También que son beneficiadas con entregas de alimentos y otro tipo de planes para que sean distribuidos entre los vecinos y militantes más necesitados.

Entre esas organizaciones sociales se destaca el Movimiento Evita, que tiene como sus dos principales referentes a Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.

Es la organización social más importante que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estructura que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el mencionado Movimiento Evita, del cual también forma parte el diputado nacional Leonardo Grosso; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, y el Movimiento Popular La Dignidad, comandado por su secretario general, Rafael Klejzer, actual director de la Secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las primera organizaciones barriales que salió a la calle para pedir “tierra, techo y trabajo”, y comenzó con la toma de tierras en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense y disputar con gobernadores e intendentes la propiedad de las parcelas usurpadas. Su líder indiscutido es el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, referente, además, del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

“La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena, en Gregorio de Laferrere, en La Matanza, nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que le comprara la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional. Eran terrenos inhóspitos, fangosos, nos metimos con carpas, sin luz, agua, ni baños. Fue doloroso. Pero lo conseguimos y los compañeros tienen sus escrituras. Las casas las fuimos auto construyendo. Nos costó mucho, pero ganamos en experiencia y ahora construimos hasta en las laderas de las montañas jujeñas. Si no dábamos batalla para quedarnos con esas tierras y construir nosotros, ahora sería Villa Elena en vez del barrio Elena», le dice Alderete a Infobae.

En los años ’90 Alderete y el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda y de la Agrupación Miles, Luis D’Elia, marchaban juntos en los reclamos. Así como La CCC construyó el Barrio María Elena sobre tierras usurpadas, el piquetero condenado por la toma de una comisaría hizo lo propio con el ahora Barrio El Tambo, también ubicado en La Matanza.

La CTEP, a través de la Cooperativa 20 de Diciembre también construyó de cero el Barrio San Jorge, unas 600 viviendas ubicadas en Florencio Varela. “Luego de mucho esfuerzo se logró demostrar que las cooperativas de trabajadores de la Economía Popular pueden llevar a cabo un trabajo eficiente y transparente, generando así un sistema que permite crear puestos de trabajo y a su vez realizar una obra de infraestructura con trabajo de interés social. Las organizaciones sociales proponemos esta idea cómo una posibilidad concreta de resolver los problemas laborales, sociales y de hábitat que sufren los barrios populares de nuestro país”, dijo en su momento Emilio Pérsico. Era diciembre de 2017.

El juez ordenó que el 1 de octubre se desaloje la toma de Guernica. Son 100 hectáreas ocupadas por 1904 personas. (Franco Fafasuli)

Barrios de Pie es otra de las organizaciones sociales de peso en el universo piquetero y del cooperativismo. Su coordinador nacional es Daniel Menéndez, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Menéndez es referente nacional del partido SOMOS, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda. Junto a otros referentes sociales, estuvo presente en Gregorio de Laferrere durante la presentación del proyecto de ley del proyecto de Tierra, Techo y Trabajo que desde la Cámara Baja impulsa Alderete.

Del acto en la “Catedral Piquetera” participó Fernanda Miño, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El proyecto, que cuenta con el apoyo, entre otros, de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado nacional, provincial o municipal, la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares.

«La vivienda está en el centro de nuestra agenda. Tenemos que materializar las cuestiones pendientes y en particular en la provincia de Buenos Aires con carencias y problemas estructurales profundos”, dijo el ministro de Axel Kicillof durante la presentación del proyecto de ley apoyado por todas las organizaciones sociales.

“Esta no es una ley cualquiera, es una ley hecha por muchos que han tenido que tomar tierras para construir barrios dignos. Estos compañeros son protagonistas de ese proceso, son los humildes, son los desposeídos, son los que Evita amaba, son esos compañeros los que toman la política”, apuntó a su turno Pérsico.

En Gregorio de Laferrere, La Matanza, se presentó el proyecto de ley «Tierra, Techo y Trabajo». propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares. (Prensa CCC)

La presentación en sociedad del proyecto de ley coincide con el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las 100 hectáreas de Guernica, que tiene al 1° de octubre como ultima fecha para el desalojo.

Si bien buena parte de los barrios y viviendas que construyeron en provincias como Chaco, Salta, Jujuy, o Buenos Aires, fueron sobre terrenos adquiridos por el Estado para desarrollar planes de viviendas sociales, existen otros que fueron edificados en terrenos usurpados y que, a fuerza de reclamos y cortes de calles y avenidas, llevaron a los funcionarios a “acordar” con los dueños privados de las parcelas usurpadas su compra y cesión a los tomadores, regularizando la situación mediante escrituras.

La concreción de estos propósitos -enorme solución para los que no tienen techo y gran frustración para los propietarios que ven sus campos o terrenos invadidos- es posible gracias a una maquinaria política finamente articulada entre las organizaciones sociales y los funcionarios. O al menos un punto de encuentro en el que ambas partes consiguen un rédito. De justicia social para unos y político para otros que muchas veces se traducen en votos.

“Nuestra organización ha hecho 7.200 viviendas en 18 provincias. Hemos firmado un convenio marco con el entonces presidente Néstor Kirchner para conseguir una cantidad de viviendas para nuestra gente. Para eso teníamos que llegar a acuerdos con intendentes, con gobernadores para solucionar el principal problema, dónde construir”.

-¿Y si no les daban las tierras ustedes las tomaban?

-A veces no queda otra. Pero siempre logramos la regularización de dominio. La provincia o el municipio buscaba a los dueños y les compraba las tierras. No queremos eso, por eso presentamos el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros demostramos que la enorme organización de amplios sectores populares, los descartados de éste sistema perverso, no solo luchamos y nos organizamos en el barrio, también hacemos política y tenemos un programa para transformar esta Argentina.

-Y una vez conseguida las tierras, el dinero para la edificación, para pagar sueldos, para comprar materiales, ¿de dónde sale?

-De los fondos nacionales. Mire, si hablamos de tierra, nos referimos a un derecho legítimo. Para vivir y trabajar, y en Argentina y América Latina la tierra está en manos de unos pocos. Si hablamos de techo, plantamos la bandera en la lucha para que no haya más hacinamiento de millones de familias como vemos en los asentamientos en las villas y los barrios populares. Cuando decimos trabajo, afirmamos que las organizaciones sociales desde su nacimiento pelearon y seguirán peleando por trabajo para todos los que habitan nuestro suelo.

Las cooperativas de trabajo dan la solución que no les otorga el Estado. Construyen las casas, abren las calles. Tiran cables, dan agua potable. Una inmensa maquinaria que cuenta con la participación del Estado que suele darle la espalda. (Franco Fafasuli)

No sólo en el conurbano bonaerense las organizaciones sociales toman tierras para después construir los barrios populares. Alderete recuerda, por ejemplo, que el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, adquirió a los dueños las tierras que la Corriente Clasista y Combativa tomó en esa provincia, y allí, con las cooperativas de la CCC, construyeron las 420 viviendas que conforman el Barrio Finca Valdivia.

Algo similar sucedió con el Barrio Che Guevara, en San Salvador de Jujuy. Allí sucedió algo muy curioso, el que colaboró desde el Estado nacional para destrabar el conflicto por la toma de esas tierras, fue el entonces viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, actual ministro de Seguridad bonaerense. La ministra del área era Alicia Kirchner y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Alderete lo recuerda así: “Berni intercedió ante la gobernación de entonces (el peronista Eduardo Fellner) para que la gente que estaba tomando las tierras privadas, fueran trasladadas a un predio muy cercano a la toma y que eran terrenos provinciales porque los propietarios no querían vender”.

A la derecha Juan carlos Alderete en la presentación de su proyecto en «La catedral piquetera», en Gegorio de Laferrere, en La Matanza. «La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que intervenga y le compre la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional.(Prensa CCC)

El dirigente social y diputado aclara que en algunos casos, la propia CCC adquiere los terrenos con dinero “de la propia organización, hacemos las viviendas y se las vendemos a los compañeros en cuotas muy accesibles. En La Matanza hicimos dos barrios así. El último fueron 52 viviendas en terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino.

Casos similares de tomas y regularización forzosa de las tierras, estuvieron protagonizadas, por otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la CTEP aunque ellos lo nieguen. De hecho, uno de sus referentes, Juan Grabois, ya había advertido que la toma de tierras era un hecho inminente. También lo que viene detrás de las usurpaciones.

Fuente: Infobae.com