Autor: Jorge Alfredo Baret

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, advirtió este sábado 26 de septiembre que «los índices de pobreza sin duda van a dar un aumento importante» y remarcó que «lo primero es recuperar a los que cayeron en la pobreza en la pandemia». Un día después de dar a conocer su diagnóstico positivo en Covid-19, Arroyo habló sobre los índices de pobreza e indigencia que el Indec dará a conocer la semana próxima y puso de relieve la preocupación del Gobierno ante ese escenario. «Los índices de pobreza sin duda van a dar un aumento importante. Lo primero es recuperar a los que cayeron en la pobreza en la pandemia», sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red. Artemio López: «La pobreza en pandemia arranca subcuenta con 45% a nivel nacional» En el mismo sentido, Arroyo señaló que «la segunda cuestión» es ocuparse de la «pobreza estructural». «Primero hay que rescatar a los que a partir de la pandemia cayeron en la pobreza y luego debemos atender a la pobreza estructural, histórica», dijo con respecto a los efectos de la pandemia en la situación social y económica. «Hay cinco sectores productivos que son los más dinámicos, la construcción, producción de alimentos, actividad textil, economía del cuidado y el reciclado, donde hay mano de obra intensiva para reconstruir el trabajo», sostuvo el ministro. Al respecto, destacó la puesta en marcha del «plan Potenciar Trabajo, que ya está vigente en 22 provincias para llevar adelante proyectos productivos en estos cinco sectores». «Otro eje importante en la reconstrucción del trabajo es la urbanización de los 4.000 barrios populares de Argentina», estimó el funcionario nacional. Por otra parte, el funcionario nacional indicó a través de su cuenta de Twitter un «objetivo» del Gobierno «es destinar en 2021 más del 50% de la inversión social en programas de inclusión socioproductiva». Además, sostuvo que luego de la emergencia sanitaria por el coronavirus “hay que generar trabajo, llevar adelante proyectos productivos y que la gente acceda al monotributo social”. «Creemos que la Argentina se reconstruye con trabajo, de manera colectiva y federal», expresó en la misma publicación. Indec: se sigue ampliando la brecha entre los ingresos de más pobres y más ricos Al respecto de los planes sociales, el titular de la cartera de Desarrollo Social afirmó que «el apoyo que da el Estado entendemos que debe tener una contraprestación, que puede ser trabajar o terminar el secundario». reviamente, agradeció los «mensajes y el afecto» que recibió tras su diagnóstico positivo en coronavirus y señaló: «Me encuentro bien, con síntomas leves. Estoy trabajando desde mi casa, cumpliendo con los protocolos correspondientes». Asimismo, señaló que «estaba yendo a los barrios, a todos lados, por lo que sabía que en algún momento me iba a tocar, ya que hay circulación comunitaria» del nuevo virus.

Fuente: Perfil.com

Las reuniones entre los principales funcionarios del gobernador Axel Kicillof e intendentes vecinos al municipio de Presidente Perón, lugar donde está ubicada la mega toma de 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica, se precipitaron en las últimas horas. Sucede que el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, decidió postergar el desalojo, que debía comenzar el 23 de septiembre pasado a pedido de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para el jueves 1 de octubre. La idea era “lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se consiguió. Los representantes de los cuatro barrios que se formaron en el predio privado, 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión -aunque sin coincidencias absolutas- tienen decidido no abandonar el predio si no hay una propuesta clara de las autoridades sobre cual o cuales serán los lugares de traslado. Antes de la fecha límite, se presentará de manera formal la propuesta que estudia Kicillof junto a Larroque e intendentes del conurbano.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya tiene preparado al pelotón de 500 policías bonaerenses que serán destinados al desalojo compulsivo si el acuerdo no se sella, o si el magistrado no prorroga la fecha de “lanzamiento masivo ordenado” por el juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas. Una situación a la que ni la justicia ni el poder político desea llegar porque el resultado es impredecible.

Según los últimos informes que le llegaron a Berni, los delegados que “mueven» las decisiones en las asambleas que se realizan el el predio tomado pertenecen al Partido Obrero (PO), al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -los impulsores de las movilizaciones contra el desalojo- y el espacio de la Organización Barrios de Pie que responde a Jorge Ceballos -la otra fracción está liderada por Daniel Menéndez, actual subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local-.

Los intendentes se reunieron en la Municipalidad de Presidente Perón cuya intendenta es Blanca Cantero

La idea fuerza de los funcionarios es presentar una propuesta atractiva para la mayoría de las familias que nada tienen que ver con estos sectores para “debilitar» sus posiciones y así lograr el desalojo voluntario, al menos “del ochenta por ciento de los ocupantes que no están enrolados en esos grupos”, tal la definición de uno de los activos intendentes que colabora activamente para encontrar una solución “política” al problema judicializado de la ocupación ilegal.

En principio, la propuestas con la que se trabaja es la siguiente: adquirir tierras en Guernica, cerca de la toma, para trasladar, al menos a las 650 familias de Presidente Perón que fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. El o los barrios que se formarán serán urbanizados y tendrán todos los servicios. Es decir que se evitará que se forme un asentamiento precario.

Para eso hay dos modelos que se manejan, la participación de cooperativas que dependen de alguno de los movimientos sociales con experiencia en este tipo de construcciones; o el modelo similar al que se utilizó en la urbanización de Villa Palito -ahora Barrio Almafuerte- en La Matanza, y que fue la auto gestión de cada una de las familias con la “articulación entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal”, según explicaron para que “niños, adultos mayores, mujeres y hombres recuperen el verdadero sentido de la vida familiar”.

Algo similar sucedió también con la toma que realizó la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Gregorio de Laferrere, también en La Matanza. Eran tierras privadas que fueron compradas por la provincia y con fondos federales se autogestionó la construcción del Barrio María Elena.

El censo también determinó que el segundo número de familias pertenece al vecino municipio de Almirante Brown y en menor medida a Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes y La Matanza.

Para el resto de los ocupantes del predio se estudia la posibilidad de otorgarles un subsidio de 50.000 pesos -el monto puede variar- para que con esa suma puedan ingresar a un alquiler de una vivienda digna, o comprar una parcela de tierra dónde construir una vivienda con la ayuda del Estado a través de programas especiales para ese fin.

En este último caso, está previsto realizar un seguimiento “familia por familia”, para que dinero sea invertido en una solución habitacional y que después no aparezcan tomando terrenos en otro lugar.

Según el censo realizado en la toma, los 1.904 gruposque respondieron el cuestionario, declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad. Es decir que casi el 90% están sin trabajo. (Franco Fafasuli)

Si las casi 70 familias de Almirante Brown ingresan a este sistema de subsidios, o se les compra tierras aún no está definido.

Como se ve, la fórmula que se está analizando para llegar a una solución consensuada no es sencilla, las variables son muchas, pero se trabaja a destajo para llegar a un final que deje conforme a la mayoría.

“Lo complejo del diseño del plan que se presentará en el juzgado y a la mesa de diálogo no es sencilla porque se toma en cuenta las necesidades de cada familia. El censo ya nos dio un dato incontratable de las 2.344 parcelas tomadas, solo se acercaron para responder el cuestionario 1.904 representantes de familias. El resto no lo hicieron porque o son delincuentes, porque no les interesa entregar sus datos, o porque tienen otras intenciones como vender los terrenos que ocuparon”, le explicó a Infobae un funcionario que trabaja codo a codo con Larroque.

Los principales números que arrojó el censo y que serán tenidos en cuenta en la propuesta son los siguientes: en la toma de Guernica hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad. Es decir que casi el 90% están sin trabajo.

La propuesta que se está elaborando se perfiló después de horas y horas de diálogo que Larroque mantuvo con los alcaldes, con Kicillof y un grupo de referentes sociales, entre ellos Emilio Pérsico, del Movimiento Evita -también es funcionario nacional- y el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el diputado Carlos Alderete.

Cuarenta y ocho horas atrás, el viernes, Los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados), representantes de Esteban Echeverría y los ministros de Desarrollo de la Comunidad y Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Larroque y Julio Alak, respectivamente, se reunieron en la Municipalidad de Presidente Perón.

Junto a la intendenta Blanca Cantero analizaron el problema de la toma de Guernica, la necesidad de una solución pacifica al conflicto que se generó ante el reclamo de tierra y viviendas, y la posibilidad de que la intendencia, con la asistencia de la provincia, compre las tierras para radicar al menos a las 650 familias que usurparon las 100 hectáreas privadas y que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El ministro Andrés Larroque presentará en los próximos días la propuesta del gobierno bonaerense para intentar un desalojo voluntario de la mega toma de Guernica, en el municipio de Presidente Perón. Aglaplata

El resto de los alcaldes presentes, según pudo saber Infobae, se pusieron a disposición de Cantero para abordar la situación de las personas de la toma que provienen de otros distritos, tal como arrojan los datos del censo. Ante eso, hablaron de analizar “caso por caso” y “en función de los informes socio ambientales correspondientes, se abordará una respuesta para cada uno”, entre esas soluciones, la entrega de un subsidio que podría ser de 50.000 pesos.

También se acordó “trabajar de manera coordinada entre todos los municipios y la Provincia”.

Ni Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, ni Mayra Mendoza, de Quilmes, estuvieron presentes ya que son muy pocas las personas que pertenecen a esos distritos. De todos modos ambos ya expresaron su total alineamiento con la causa, brindaron su apoyo para transmitirle al juzgado muestra de unidad, y cada uno por su lado aportó su experiencia -sobre todo el matancero- en tomas anteriores en sus distritos y las maneras de abordarlas.

Como los problemas detectados por el censo van más allá de la necesidad de una vivienda, también participaron del encuentro el subsecretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Rubén Pascolini, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini y el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Pablo Fernández.

Por ejemplo, cuando se los consultó sobre las razones por las cuales ocuparon el predio, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.

Fuente: Infobae.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó en forma reservada al Gobierno argentino su informe de fondo en el caso AMIA, a propósito de la demanda iniciada ya hace más de 20 años por los familiares de víctimas del atentado agrupados en Memoria Activa, por el estado de impunidad en que aún se encuentra el hecho, que la Comisión definió también como “un acto terrorista” cuyos efectos se proyectaron a lo largo de todo el país en la sociedad argentina. En ese informe, “la Comisión observa que no se encuentra probada la participación de agentes del Estado en las acciones que generaron las afectaciones a la vida y la integridad personal” y que “el incumplimiento del deber de prevención del Estado surge no por el acontecimiento del atentado, sino por la omisión de tomar medidas razonables, tendientes a evitar acciones violentas, cuando contaba con información inusual sobre un lugar respecto del cual había una alerta general que incluso había llevado a reforzar su seguridad”, que “el Estado conocía una situación de riesgo en general sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, que dicho riesgo era real e inmediato” y que “se abstuvo de tomar las medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio”. Por lo demás, “el Estado argentino resulta responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” en perjuicio de las víctimas del caso, pues “durante la etapa de instrucción del atentado se produjo un desvío de las reglas racionales que deben regir cualquier investigación criminal. En efecto, los magistrados que actuaron durante dicha etapa -de forma articulada con otros actores estatales- realizaron actividades al margen de la ley con el propósito de construir y profundizar una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico”, “fabricada” y absteniéndose deliberadamente “de continuar profundizando y desarrollando una línea lógica esencial para el desarrollo de la investigación”, con “una manifiesta parcialidad del juez por interés en generar un determinado resultado que no obedece al material probatorio incorporado de manera legal a la investigación”. “Estas acciones favorecieron en forma deliberada el encubrimiento de los verdaderos responsables del atentado, perjudicaron de manera determinante el derecho de las víctimas y de la sociedad argentina de conocer la verdad de lo sucedido y explican, en gran medida, el estado de impunidad en el que actualmente se encuentra el caso”. Siempre en palabras de la Comisión: “Un supuesto de encubrimiento deliberado de la verdad histórica y la negación de la obligación estatal de esclarecer y sancionar tales hechos”. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. REGISTRATE Ya tengo cuenta En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Respecto de lo actuado por el fiscal Nisman tras el apartamiento del juez Galeano, la Comisión observó “que gran parte de la investigación de la causa AMIA y, en particular, lo referente a la determinación de la identidad de la persona que se habría inmolado, está sustentado en informes de inteligencia realizados por la Secretaría de Inteligencia del Estado u otros organismos de inteligencia argentinos”, que “de no llevarse adelante diligencias dirigidas a obtener pruebas conforme a las normas procesales que puedan ser incorporadas en el expediente, se vería seriamente comprometida la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial que determine la correspondencia con la verdad de las hipótesis acusatorias planteadas por la UFI AMIA y se sancione a los individuos acusados”. “Resulta necesario que el Estado practique en forma exhaustiva todas aquellas diligencias probatorias que resulten pertinentes para dar suficiente solidez a la versión de los hechos que se pretenden sostener”, sostiene la CIDH. Respecto del supuesto autor material del atentado, la Comisión “recuerda que la circunstancia de que el Estado haya omitido hasta el año 2016 inventariar restos orgánicos recolectados en la escena del hecho refleja en sí mismo la falta de debida diligencia estatal”. Observa que “tuvieron que transcurrir más de 10 años para que la UFI AMIA identificara la existencia de material biológico en un depósito que no correspondía a ninguna de las víctimas conocidas”. Que “no fue sino hasta el año 2017 que la UFI AMIA logró concluir que esa muestra no poseía correspondencia genética alguna con uno de los hermanos de Berro” y que “resulta razonable que a la fecha continúen existiendo serias dudas respecto de la veracidad de la hipótesis fiscal plasmada en el dictamen de octubre de 2006”. La Comisión concluye que “la falta de realización oportuna de esta diligencia probatoria, así como otras que permitieran fortalecer la línea investigativa que vincula a Hezbollah y a funcionarios y nacionales de la República Islámica de Irán con el hecho, impidió asimismo que se pudieran explorar otras eventuales líneas de investigación complementarias que no incluyeran necesariamente la participación de Berro o de sus supuestos asociados en el atentado, impactando negativamente el avance de las investigaciones”. “La Comisión ha verificado que los resultados de la investigación son muy exiguos y tanto las víctimas como la sociedad argentina poco conocen respecto de lo sucedido en el atentado a la AMIA y aún menos respecto de quienes son los responsables de tal grave hecho. Aún más grave, la Comisión ya ha puntualizado que ha sido la propia actuación estatal la que ha contribuido a la generación de múltiples factores de impunidad, entre las que se incluyen un numero de falencias, irregularidades, demoras, abandono irracional de determinadas líneas de investigación lógicas, creación de líneas de investigación al margen de la ley y sin sustento probatorio que han desviado por años la investigación y, finalmente, el establecimiento de hipótesis investigativas de gran fragilidad fáctica toda vez que no son el fruto de una investigación diligente y exhaustiva”. Y aún respecto de la muerte del fiscal Nisman, la Comisión dijo que no era materia del caso pronunciarse al respecto, salvo para “únicamente dejar constancia que la falta de esclarecimiento de tales circunstancias no ha permitido en el presente caso identificar si existiría un nexo causal entre tal muerte y el rol del Sr. Nisman como operador de justicia” y para “que el Estado continúe investigando dicho hecho y esclarezca las circunstancias en las que tuvo lugar”. “La Comisión resalta que la naturaleza transnacional del delito de terrorismo implica que los Estados poseen un deber especifico de hacer todo lo que este razonablemente a su alcance para incentivar y asegurar la cooperación judicial internacional de terceros estados en cuyo territorio se encuentren personas o documentación que sea de interés para el esclarecimiento de los hechos”, que “en el caso concreto, el adecuado cumplimiento del deber de investigar con debida diligencia demanda que el Estado argentino arbitre los medios que estén a su alcance para asegurar que toda información que se encuentre en manos de un extranjero o una agencia perteneciente a un estado extranjero pueda ser incorporada a la investigación judicial actualmente en curso” y que “la Comisión no cuenta a la fecha con información detallada que permita establecer de manera concreta qué esfuerzos estaría llevando a cabo el Estado argentino en dicha dirección”. Así, la Comisión encomendó que “el Estado debe proseguir las investigaciones judiciales para esclarecer el atentado a la sede de la AMIA y sancionar a todos sus autores materiales e intelectuales, como así también a quienes hayan obstaculizado o encubierto las investigaciones”, que debe “reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos identificadas en perjuicio de las víctimas”. Y demás deberá “adoptar e implementar las políticas y medidas necesarias para establecer un mecanismo de gestión y rendición de cuentas de las partidas presupuestarias secretas asignadas a los organismos de inteligencia”, con el “objetivo de garantizar el adecuado registro de tales fondos, la legalidad de su ejercicio y su control externo y oportuno”. La CIDH le ha dado al Gobierno el plazo de dos meses para que le informe “sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión”, que resultan consonantes con los compromisos asumidos por nuestro país en la audiencia del 4 de marzo de 2005 como “el camino que será necesario transitar para terminar de una vez con la vergüenza argentina de este caso”. Enhorabuena, el Presidente de la Nación ha anunciado en su reciente presentación ante la Asamblea General de la ONU su decisión de “continuar la política iniciada en este ámbito en el año 2003”, en consonancia con su “Nunca más es nunca más”, que también se evidencia imprescindible en este caso.   *Abogado. Ex titular de la Unidad AMIA.

Fuente: Perfil.com      Alejandro Rua

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en el Gobierno sostienen que la Argentina saldrá de la crisis, especialmente, a través de un aumento en las exportaciones y la producción. Es decir, de la mano del aporte que realiza la cadena agroindustrial, el cual significó, entre abril y agosto del presente año, que solamente el complejo sojero y maicero representaron el 46,6% del total de los despachos argentinos.

Además, a pesar de las dificultades, las cadenas agroindustriales han tenido un destacado rol en lo que va de la pandemia, sosteniendo la actividad y garantizando el aprovisionamiento de alimentos a los mercados interno y externo, al tiempo que se protege la salud de los trabajadores.

Pero para potenciar a dicha cadena, aseguran en el campo, se necesita generar un sendero de crecimiento económico y de desarrollo, mediante políticas públicas que generen previsibilidad, estimulen las inversiones y las exportaciones, en momentos de elevada incertidumbre por el rumbo de la Argentina.

“El sector, necesita un marco de certidumbre económica para el mediano y largo plazo, con una macroeconomía estable y mejores condiciones de financiamiento para que inversores y empresarios puedan proyectar sus planes de negocios”, sostienen desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Meses atrás, la reunión del presidente Alberto Fernández con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (Foto: Presidencia)

Esta semana, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó las proyecciones para la próxima campaña gruesa, y por segundo año consecutivo se plantea un escenario de caída de siembra y cosecha total del ciclo agrícola 2020/2021. Todo esto, como consecuencia de la falta de precipitaciones que afectarán los futuros rendimientos de los cultivos, y por la mayor carga impositiva que asfixia al sector. Las alarmas están encendidas y crece el malestar entre los productores, por la falta de políticas e incentivos.

Ayer, en un comunicado, los integrantes de la Sociedad Rural de San Pedro, señalaron: “Está cada vez más claro que el campo y la producción son fundamentales para mantenernos en el mapa del mundo e intentar recuperarnos. Sin embargo, el gobierno está perdido en un mar de incertidumbre que nos llena de preocupación”.

Las entidades del campo que representan a los productores agropecuarios y que se encuentran dentro de la Mesa de Enlace, profundizarán en los próximos días el reclamo al gobierno de “un cambio de rumbo”, y plantearán que hay errores que se cometen en la política cambiaria y tributaria para con el campo, que están provocando numerosos problemas de rentabilidad. Así lo indicaron Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras confirmar el creciente “malestar” que exhiben las bases del sector.

En la búsqueda de medidas que beneficien a la producción y las exportaciones, por estos días los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino presentaron a técnicos del gobierno nacional un documento con lineamientos de políticas, denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Inclusiva, Tecnológica, Sustentable y Federal”. Hasta el momento hubo un amplio apoyo de funcionarios nacionales, gobernadores y sectores de la oposición, a la idea que promueve el Consejo de aumentar las exportaciones y el nivel de empleo.

La portada del borrador al que accedió Infobae

“A la luz de la experiencia histórica, el comercio internacional es clave para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para la salida de una situación como la que estamos atravesando. Es posible consolidar a la Argentina como líder en el comercio mundial de alimentos, y de otros bienes, servicios y tecnologías bio-basadas. Ello redundará en aumentos de producción y exportaciones, y en la creación de empleo y oportunidades en las distintas regiones del país”, expresaron desde el CAA.

La base de la propuesta, a la que accedió Infobae, pretende diseñar un Plan Estratégico Integral de 10 años para alcanzar las metas del Consejo, con medidas legislativas y del Poder Ejecutivo nacional, así como de los Gobiernos Provinciales y Municipales.

En la propuesta del Consejo, conformado por más de 50 entidades de la Cadena Agroindustrial, se plantea que con políticas a favor del sector, en 2026 se podría registrar un incremento de casi 15.000 millones de dólares en exportaciones anuales y se generarían más de 500 mil nuevos puestos de trabajo en las diferentes cadenas.

El crecimiento se basará en un mayor uso de tecnología, y cuidando los recursos y el medio ambiente, a través de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Y también será importante para potenciar a la cadena, los precios que perciban los productores, ya que al mejorar su ingreso y, por lo tanto, los márgenes, se producirían cambios en las decisiones de siembra.

Proyecciones

En este contexto, de implementar políticas a favor del sector, en la campaña agrícola 2025/2026, el área sembrada se incrementaría en 1,3 millones de hectáreas (+4%), por lo que la principal fuente de crecimiento serían los rendimientos. Además, la producción de granos de Argentina aumentaría en 31 millones de toneladas (+25%) superando los 156 millones de toneladas cosechadas.

El aumento de producción también se traduciría en un incremento en 2.322 millones de dólares de las exportaciones, principalmente en trigo y maíz. Por su parte, los productos industrializados de primera transformación, como los aceites y harinas oleaginosas, así como la harina de trigo, sumarían nuevas divisas por 4.265 millones de dólares. Por otro lado, las carnes y los lácteos aportarían al total un número también significativo de 2.594 millones de dólares.

Con políticas públicas a favor, la exportación de carne vacuna también se incrementaría (NA)

Por otro lado, en caso de aplicarse mejores condiciones en materia de retenciones y reintegros a las exportaciones, habría un mayor procesamiento de los granos, con un aumento de la producción de harina de trigo de 16%, de 24% para aceites y harinas oleaginosas en 5 años. Las carnes y lácteos, por otro lado, totalizarían 1,3 millones de toneladas producidas adicionales, o un 20% de incremento en producción.

Propuestas en materia impositiva

Uno de los primeros temas a tener en cuenta en la propuesta del Consejo Agroindustrial es el ámbito legislativo, donde se propone para este año la sanción de una Ley denominada “Reactivación agroindustrial y tecnológica, federal, inclusiva, sustentable y exportadora. Promoción de la Bioindustria y la Biotecnología. Plan 2020-2030”. Además, se promueve la inclusión en el presupuesto del año próximo de un Pacto Fiscal Federal.

Si bien la propuesta del Consejo es abarcativa, ya que contempla las cuestiones ambientales, institucionales, financiamiento y de infraestructura, uno de los principales temas a debatir, es la cuestión impositiva, donde las retenciones ocupan un lugar de relevancia.

En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas (Reuters)

En ese sentido, se promueve desde el Consejo una reducción gradual de las retenciones. Las alícuotas del complejo sojero deberán tener un cronograma de reducción tendiente a llegar al 15% a partir del quinto año (2026), y se deberá establecer posteriormente un esquema de reducción tendiente a llegar a 0%. Los demás productos deberán llegar a 0% en un plazo no mayor a los diez años (2030).

En materia de retenciones, el Consejo propone, al momento de implementarse el Plan, retenciones del 0% para las economías regionales, bienes tecnológicos y servicios agropecuarios y agroindustriales. Además, las retenciones para las carnes y subproductos de la pesca, no podrán superar el 5%, y con menores alícuotas para el mayor procesamiento.

En el caso de los cereales, las retenciones no deberán superar el 8%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas de los cereales. Y para las oleaginosas, que sean diferentes a la soja, las retenciones no tienen que ser mayores al 5%, y con menores alícuotas para manufacturas derivadas.

En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas. A todo esto, la propuesta del espacio agroindustrial, también contempla reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación Valor Agregado/Valor Bruto de Producción. Y, por último, se pide evaluar alternativas de menores retenciones en base a incrementos de exportación en volumen y valor.

Fuente: Infobae.com