La aplicación de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva función por la que introducirá la eliminación automática de imágenes, videos y GIFs enviados en conversaciones.
Esta nueva función, llamada ‘Expiring Media’ (‘Medios que caducan’, en inglés) apareció en la versión beta 2.20.201.1 de WhatsApp para Android, según informó el portal WABetaInfo. La función, al igual que los mensajes que se autodestruyen, permitirá que los usuarios envíen imágenes, videos y GIFs que desaparecerán de forma automática una vez el destinatario abandone el chat.
Para activar esta función, WhatsApp contará con un nuevo botón con el ícono de un temporizador y al tocarlo se volverá de color verde, lo que indica a los usuarios que los archivos que vayan a compartir se caducarán de forma automática. A diferencia de los mensajes que se autodestruyen, no existe la posibilidad de configurar un temporizador, ya que el archivo enviado desaparecerá por completo después de abrirlo.
Además, los clips , imágenes y GIFs eliminados no serán reemplazados por un mensaje como “Este medio ha caducado”, por lo que no dejará ningún tipo de rastro. Hasta el momento, WhatsApp no está probando ninguna función de detección de capturas de pantalla para los archivos que caducan, según explicó WABetaInfo.
Cabe recordar que la posibilidad de programar la eliminación de mensajes, que incluyan fotos, videos y textos, está disponible desde hace rato en Telegram. En estos chats secretos tampoco se pueden tomar capturas de pantalla para cuidar la privacidad de los usuarios.
WhatsApp trabaja en una nueva función (WaBetaInfo)
En este sentido, la función permitiría elegir diferentes fondos de pantalla para cada chat en la aplicación para sistema operativo iOS, aunque podría llegar pronto también para Android. Por el momento se pueden cambiar los fondos de pantallas pero no de manera personalizada por chat sino que las modificaciones se replican de igual manera en todas las conversaciones.
Usar la misma cuenta en cuatro dispositivos a la vez
El soporte para esta característica es una función que la compañía, propiedad de Facebook, lleva desarrollando desde hace varios meses, según ha ido dejando ver muestras en el código de su software. El mes de junio, una beta del servicio reveló que este soporte se extendería hasta a cuatro móviles.
El economista y académico Juan Carlos de Pablo analizó la realidad de la dura situación económica de la Argentina, con una actividad en caída histórica por las medidas de aislamiento social y una crisis de confianza que se acrecienta debido a las recientes medidas cambiarias que generan mayor incertidumbre en el plano financieros.
En diálogo con radio Mitre, De Pablo esbozó con ironía las sobre las cinco alternativas con que cuenta el presidente Alberto Fernández para abordar esta crisis: “Uno suicidarse, dos renunciar, tres enfermarse y pedir licencia, cuatro entregarle las llaves de la Casa Rosada a la señora de Kirchner, y cinco pelear”.
En ese contexto, De Pablo recordó que “Argentina es un país presidencialista y personalista, por eso estamos tan atentos a lo que dice y lo que hace el presidente de la Nación”. Y abundó en que “un Presidente no cambia un gabinete o una forma de gobierno porque alguien le diga. Lo que motiva una decisión tan dramática es que élperciba que está al borde del abismo en materia económica o que tenga la certeza de que pierde las eleccionesel año que viene”.
Un Presidente no cambia un gabinete o una forma de gobierno porque alguien le diga. Lo que motiva una decisión tan dramática es que él perciba que está al borde del abismo en materia económica o que tenga la certeza de que pierde las elecciones el año que viene
De Pablo hizo énfasis en los datos de la macroeconomía. El INDEC informó este martes que el PBI se desplomó un histórico 19,1% en el segundo trimestre de este año, cuando más impactaron las medidas de cuarentena por la propagación del coronavirus, que sumaron dificultades para una actividad que atraviesa el tercer año en recesión.
“El INDEC ayer nos informó de lo que pasó en la prehistoria y el Congreso está discutiendo el presupuesto 2021”, graficó el experto. “Cada uno de nosotros está en lo suyo peleándola mientras está esperando este componente importante”, agregó.
Por eso, aclaró lo que quiso expresar cuando le recomendó al Presidente ponerse a pelear desde el máximo cargo de la política: “Pelear quiere decir agarrar a todos los miembros del equipo económico y decirle esto no está andando, pónganse a laburar. El Presidente tiene que ser exigente con su equipo económico”.
Pelear quiere decir agarrar a todos los miembros del equipo económico y decirle esto no está andando, pónganse a laburar. El Presidente tiene que ser exigente con su equipo económico
“Cuando te ves al borde del abismo sacás fuerzas de donde no creías que las tenías. Y te puede salir o no”, afirmó De Pablo, desde su experiencia de analista de la política y la economía de la Argentina en las últimas cinco décadas.
“Trabajar en política económica es como trabajar en la guardia del hospital, son los muchachos del SAME”, argumentó.
De Pablo también aludió a otro problema de la actual coyuntura económica: el cepo cambiario y la crisis de desconfianza financiera desatada a partir de las nuevas restricciones anunciadas el martes de la semana pasada.
“Lo que está pasando con el tema del dólar si ocurriera en otro país diría es risible”, apuntó, y refirió que “la famosa comunicación del Banco Central tiene tantos requisitos que tenemos un feriado cambiario virtual”.
Si hoy el señor (presidente del BCRA, Miguel Ángel) Pesce se levanta y dice ‘tenés razón, saquemos el cepo’, nadie va a salir a venderle dólares, van a salir a comprarle los últimos cuatro dólares que le quedan
“Si hoy el señor (presidente del BCRA, Miguel Ángel) Pesce se levanta y dice ‘tenés razón, saquemos el cepo’, nadie va a salir a venderle dólares, van a salir a comprarle los últimos cuatro dólares que le quedan”, aseguró De Pablo. Pero subrayó que “quien tiene responsabilidad ejecutiva, lo único que tiene que hacer es intentarlo”.
“Alberto Fernández no se puede ir a su casa hasta el 10 de diciembre de 2023”, añadió el economista. “El presidente de la Nación debería estar pensando ¿qué carajo hago? O si no, tiene que tener alguien cerca de él en el que confíe, para que mire las cosas como las está mirando cualquiera de nosotros”, aconsejó.
A comienzos de esta semana, el Presidente de la Nación junto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, encabezaron un evento en la residencia presidencial de Olivos. El evento contó con la presencia de diferentes autoridades nacionales y municipales, representantes de organizaciones socioambientales, guardaparques y brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, y recuperadores urbanos de diversas cooperativas y asociaciones. Durante la jornada se anunciaron varias medidas entre las que mencionó la presentación en el Congreso del proyecto de Ley de Educación Ambiental, con contenidos que se agregarán a la currícula educativa. Por pedido expreso de Alberto Fernández, también se incluirá la “jura por el medioambiente”, que los niños y niñas de la primaria sumarán a la tradicional promesa a la bandera. Según detallaron, el proyecto tiene como objetivo promover la sostenibilidad y fomentar un nuevo paradigma de relación con la naturaleza. Además, el plan se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación y en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Mendoza: Convocan a «detectives ambientales» desde la universidad En este contexto, el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, señaló: “Necesitamos hacer una Ley de Educación Ambiental para poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta disputa, esta pelea por preservar la casa común». Es vital recordar que la educación está estrechamente relacionada con el paradigma vigente. Hoy, y frente a la crisis climática y ecológica que nos atraviesa a nivel local, regional y mundial, un proyecto de Ley de Educación Ambiental federal implicaría una gran herramienta para promover el comienzo de un cambio de paradigma en la sociedad. Educación ambiental: una deuda pendiente. La Ley General del Ambiente (LGA) data del 2002 y establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la promoción del desarrollo sostenible en Argentina. Asimismo, estipula la necesidad de «promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sostenible, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal». Sin embargo, si bien algunas provincias cuentan con su propia ley de educación ambiental, no existe una reglamentación que sea federal y plantee una estrategia a nivel nacional. En línea con lo mencionado, los actuales planes de educación formal han avanzado integrando contenidos de educación ambiental a las currículas oficiales. Aunque cada vez son más las instituciones educativas que trabajan estos contenidos, aún hay grandes desafíos pendientes: la calidad y vigencia de los materiales con los que las escuelas trabajan, la formación docente en su nuevo rol como educadores ambientales, entre otras. En este contexto, cabe aclarar que desde hace años se vienen presentando diferentes proyectos de ley con el objetivo de darle un marco federal a la educación ambiental en Argentina: Gisela Scaglia, Diputada por el PRO, promueve la sanción de esta ley desde el 2015, y su proyecto que estuvo a punto de obtener media sanción durante 2019, no fue incluido en la última sesión de diputados del año y perdió estado parlamentario. En marzo de este año y retomando los lineamientos de aquel proyecto, la Diputada Scaglia presentó una nueva versión. Por su parte, Gabriela Cerruti, Diputada por el Frente de Todos, también presentó un proyecto de ley de Educación Ambiental durante 2020 que espera ser tratado próximamente. Si bien los proyectos mencionados tienen sus diferencias, el objetivo pareciera ser el mismo: que la educación ambiental se incorpore a la currícula de todas las instituciones del país y en todos los niveles educativos, promoviendo desde la educación inicial comportamientos y actitudes acordes con la preservación de un ambiente sano, el desarrollo sostenible, la protección de la diversidad biológica y la preservación de los recursos naturales, entre otros. De qué consta el plan de políticas ambientales que presentó Alberto Fernández El rol de las organizaciones socioambientales Con el foco puesto en los vacíos que se perciben en torno al abordaje educativo de temáticas socioambientales durante la trayectoria escolar obligatoria, muchísimas organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del país han asumido la tarea cotidiana de llevar la educación ambiental a las escuelas a través de talleres, capacitaciones, charlas y diversas actividades. Con la convicción de que la solución a los problemas socioambientales requiere de un cambio cultural profundo en la sociedad, coinciden en que la educación ambiental es la principal herramienta para promoverlo de cara a los próximos años. Es necesario y urgente comenzar a implementar políticas a largo plazo, y una de ellas debe ser la educación ambiental que prepare a las generaciones presentes y futuras para un mundo cambiante, donde los recursos son cada vez más escasos y las circunstancias nos obligan a repensar nuestro vínculo con el ambiente desde una perspectiva más sana, justa y sostenible. *ECO HOUSE es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sostenible a través de la educación, el voluntariado, la política y la certificación ambiental.
Sorpresivamente el Frente de Todos convocó a un plenario de comisiones con el objetivo de obtener hoy mismo dictamen para el proyecto de Ley que establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Hubo cambios consensuados entre senadores kirchneristas y el Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas que recién expondrán en el debate de esta tarde.
“Se mantiene el espíritu, con más beneficios para las pymes”, aseguran voceros de quienes participaron en el análisis de las distintas propuestas y alternativas. Una vez que haya dictamen, y que se vote en el recinto, el proyecto debería volver a la cámara de origen, es decir Diputados, para que ratifique los cambios de los senadores o insista con la primera versión. La falta de entusiasmo al difundir la convocatoria de esta tarde permite inferir que el texto no termina de conformar ni a todo el kirchnerismo ni a quienes trabajaron en la primera propuesta. Cerca de la vicepresidenta aseguran que no es ella quien influya en el tema mientras otros le atribuyen a algunos de sus legisladores el pedido de exceptuar a grandes empresas y en cambio concentrarse en las micropymes y pymes.
En paralelo sigue en pie el reclamo judicial de Juntos por el Cambio que plantea que es inválida cualquier votación con el protocolo de funcionamiento votado una semana atrás por lo que cuestionarán la legalidad del dictamen de hoy, a pesar de tratarse de una ley que piden sus senadores.
El derrotero fue largo y el acuerdo, difícil. Tras la media sanción en Diputados en el mes de junio, con 246 votos afirmativos y sólo dos en contra, y su debate en comisión, el tratamiento de la ley se frenó durante un mes y medio en la Cámara alta. La oposición de Juntos por el Cambio reclamó votar rápidamente, sin éxito. Incluso la semana pasada los senadores de la UCR y el PRO habían solicitado una sesión especial, en minoría, con ese tema en el orden del día. En la estrategia opositora se buscaba mostrar que el oficialismo no avanza en temas necesarios para la economía sino en cuestiones “personales” como la revisión de los traslados de los jueces con causas contra Cristina Kirchner o la Reforma Judicial. Finalmente Juntos por el Cambio desistió de su sesión tras denunciar una “trampa” kirchnerista: la vicepresidenta fijó la convocatoria en base a un decreto de sesiones que no había sido validado por el cuerpo.
El ministro Matías Kulfas defendió el proyecto de ley en Diputados
En ese marco y tras varios cruces entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, la oposición sí se presentó a la sesión convocada para ese mismo miércoles por la tarde pero con el temario del oficialismo en la que votó en contra del decreto que establecía la prórroga del las sesiones remotas por otros 60 días. Luego invalidaron la votación que resultó por mayoría simple y no por dos tercios. Y por último este martes hicieron una presentación judicial. Reclaman cambiar las condiciones, mayor presencialidad y acordar funcionamiento agenda parlamentaria.
El protocolo remoto anterior, votado dos meses atrás por unanimidad, venció este lunes 21. Los senadores opositores asisten a las reuniones de comisión pero anunciaron que no firmarán dictámenes ni votarán en las sesiones que se convoquen hasta que no haya un fallo judicial o un acuerdo político y una nueva votación. Mientras tanto sólo pronunciarán discursos y “observarán” cada debate y reunión.
Varias son las razones del oficialismo para poner hoy en agenda el régimen que establece beneficios para el sector de la economía del conocimiento, capaz de generar empleo aún en contexto de pandemia e ingreso de divisas. La primera razón es que se trata de una ley que piden desde el presidente Alberto Fernández, a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. También en Diputados fue de fácil negociación y se consensuó en varias charlas entre oficialistas y opositores y el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Martín Lousteau reclamó varias veces la aprobación de la ley de Economía del Conocimiento
La segunda razón por la que el Gobierno empuja la ley es el creciente malestar a nivel empresario, afectado por el aislamiento, la profunda crisis económica, la falta de estímulos e incentivos y ahora además, el avance del impuesto a las grandes fortunas. El oficialismo necesita mostrar una agenda vinculada con la producción y el empleo. Es la agenda que empieza a generar el Presidente con visitas a fábricas y anuncios de estímulo al mercado interno. Necesita, sostienen empresarios vinculados al sector, una señal positiva para el mundo empresario, distender el clima y generar posibilidades para el ingreso de divisas.
En tercer lugar el kirchnerismo habilita el tema que más reclamó Juntos por el Cambio cuando ese frente opositor considera inválida cualquier votación. Ocurrió algo similar con la Ley de Alquileres que se votó por unanimidad en Diputados y sólo para no conceder los dos tercios la principal oposición se negó a acompañarla en el Senado. Incluso esa ley tenía un autor del PRO, el ex diputado Daniel Lipovetsky.
Lo planteó ayer la propia Cristina Kirchner al sostener que se judicializan las sesiones remotas para frenar los debates en el Congreso. Seguramente esta tarde en el debate será un argumento del oficialismo contra la oposición cuando a partir de las 15 se reúnan conjuntamente las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda en forma virtual.
Hace dos semanas el Presidente conversó a solas con Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto
El oficialismo buscará un debate exprés y el dictamen a favor del proyecto de Ley que establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. En los hechos es una ley similar a la 27.506, votada el año pasado por unanimidad, pero que dejó sin efecto la Emergencia Económica. Juntos por el Cambio, para ser consecuente con la demanda presentada ante el juzgado Contencioso 9, no pondrá la firma al dictamen ni tampoco votaría la semana próxima si hubiera sesión sobre este tema.
El Gobierno, al inicio de la gestión, dejó sin efecto la puesta en vigencia de la ley de Economía del Conocimiento, sancionada en el final del gobierno de Mauricio Macri. En febrero envió un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados donde hubo intensas negociaciones durante casi cuatro meses y modificaciones para lograr el acompañamiento opositor.
En el texto con media sanción que se giró al Senado, se establecieron facilidades para el ingreso de las PyMEs al régimen y también para las empresas con 70% de su facturación total del último año a partir de actividades que utilizan el conocimiento sea para educación, investigación, desarrollo de tecnología, informática, robótica, nanotecnología, telecomunicaciones, entre otras.
Además se estableció la posibilidad de convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad. Esa cifra ascendería otro 10% cuando las empresas empleen personas transexuales, con discapacidad y mujeres, entre otras.
Entre los beneficios se incluyó una quita del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias, la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y finalmente la creación de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” cuya tarea principal sería analizar las empresas sobre las que hubiera dudas sobre si deben o no acceder al régimen.
La fuerte caída que registran los bonos y acciones argentinos a tan solo dos semanas de haberse cerrado exitosamente el canje de deuda se debe “80% por ciento” a la política, según plantearon analistas del mercado en alusión al endurecimiento del cepo que afecta a la deuda de empresas privadas, a recientes decisiones con “sesgo antiempresa”, como la ley del teletrabajo y el DNU que declara servicio público a las telecomunicaciones. En este contexto, los analistas enfatizaron que “en los últimos 20 años no hay ningún país que haya debutado tan mal post reestructuración de deuda”. Fue en el marco del Tercer Congreso de la Cámara de Agentes de Bolsa que se desarrolló en forma virtual durante el panel en el que se analizó las tendencias del mercado el que expusieron Gustavo Neffa, de Research For Traders, Leo Chialva de Delphos Investment, y Alberto Bernal, de XP Securities. Guzmán defendió dólar e inflación estimados en el Presupuesto y advirtió: «la grieta cuesta» Chialva destacó que “en las experiencias de otros países cada vez que hay un canje exitoso los bonos tienden a comprimir tasa, a Ecuador le fue bien y ya rindiendo al 11%”. “¿Por qué se arruina esta historia en Argentina? Se arruina por el 80% que es lo que importa en los países emergentes que es la política, de nuevo la política en Argentina destruye una historia que empezaba a construirse”. “Los bonos corporativos de bancos argentinos rendían el 7,5%, y el gobierno empieza a tomar una dirección, con la ley del teletrabajo, se agrega el Decreto de Necesidad y Urgencia de las telecomunicaciones, se agrega el impuesto a la riqueza, el acceso (restringido) al mercado único y libre de cambios para las compañias, y todo eso hizo mella en la confianza de los empresarios y de los inversores”, enumeró. Consultado sobre si el dólar Contado Con Liquidación a $140 es el reflejo de que aún no explotamos, o es el precio del choque, Chialva sentenció: “Se está adelantando a lo que puede ser un choque”, y afirmó el peronismo “va a tratar de resistir hasta último momento” una eventual devaluación. La compra de dólar ahorro se normalizaría esta semana “Hoy lo que está jugando es el partido de tratar de llegar a marzo sin devaluar (a la espera de los dólares de la cosecha) porque la devaluación en un contexto en el cual emitiste $1,5 billones para pagar la extensa cuarentena, si en este momento liberas el tipo de cambio que va a pasar con los precios”, razonó. En igual línea, Neffa destacó que “en los últimos 20 años no hay ningún país que haya debutado tan mal post restructuración de deuda, hay una caída de los flamantes bonos en menos de 15 días de 25% de caída de precios en dólares, con el riesgo país escalando a la zona de 1.350 puntos, es un desastre en materia financiera y no descartamos que los precios de los bonos de Argentina puedan caer un poco más si el gobierno se empecina con perseguir esas políticas cada vez menos ortodoxas”. “Estoy convencido que la cuasi prohibición del atesoramiento de los dólares es el mal menor. Me preocupa más el sesgo anticompañía que pueda tener a partir de ahora, porque ya la primera evidencia la tenemos” señaló Neffa en alusión a la norma del BCRA que «invita» a las empresas a refinanciar el 60% de los vencimientos de deuda que tienen de octubre a marzo. Impuesto a la riqueza: la mitad de lo que esperan recaudar lo pagarán solo el 2,7% de los ricos “Eso es una muy mala señal” criticó Neffa quien sostuvo que «el escenario financiero de de corto plazo va a depender de la efectividad de las medidas que se han tomado para controlar al dólar, y la estabilidad de las reservas”. En cuanto a las perspectivas, el analista alertó que “estamos llegando a una brecha cambiaria prácticamente de 100%, es muy complicado pensar en un escenario macroeconómico positivo para Argentina a corto plazo”. “Hay muchas rispidices y fricciones en una economía que está apuntando en 2021 a un crecimiento de 5,5%” pero “para eso necesitamos las exportaciones, pero no las estamos fomentando, quién va a querer liquidar sus dólares con esta brecha cambiaria”, reflexionó. Además, especuló que si se complica el panorama “siempre está la posibilidad de que se vuelvan a tener más controles, y eliminar de cuajo los US$ 200 para atesoramiento, y restricciones a las importaciones”, y no desechó que si se agrava aún más la situación haya que “apelar a la devaluación”. “En este contexto, es difícil ser optimista a corto plazo”, confesó A su turno, Bernal acordó que una de razones principales «de lo que sucede en Argentina en este momento es 80% política, que mal manejado, debería haber habido una vuelta olímpica del país luego de haber reestructurado el 99% de los bonos». «Se debería haber hecho una conferencia especial con los inversores internacionales, diciéndoles vengan a invertir a Argentina, somos un país que va a crecer fuerte. Eso no pasó. Fue la revés, vinieron esas decisiones agresivas en contra de corporativos», lamentó.
Ante las fuertes advertencias de los principales tributaristas de la Argentina, el oficialismo decidió introducir algunos cambios en el proyecto conocido como impuesto a la riqueza. El texto que tendría dictamen de comisión el viernes dispondrá que la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio será la de la posible sanción de la ley y no el 31 de diciembre de 2019.
Los expertos en cuestiones tributarias venían indicando que tomar en cuenta una base de cálculo previa, que es la que se utiliza para Bienes Personales, implicaba aplicar el gravamen en forma retroactiva. Por lo tanto, para el Gobierno el peligro era que llovieran los amparos y la aplicación del gravamen quedara congelada.
Claro que esta modificación podría ayudar a ganar tiempo a muchos de los contribuyentes que quedan dentro del gravamen para eventualmente reducir su exposición patrimonial. Por otra parte, quienes tienen cuentas en el exterior y son alcanzados por el nuevo impuesto podría verse beneficiados. Sobre todo si el estado de las cuentas sufrió la caída de acciones locales, internacionales y también de los bonos argentinos. Es decir que el patrimonio que entra bajo consideración podría caer significativamente respecto a la base de cálculo del 31 de diciembre. Quien tiene a su cargo darle impulso al proyecto es el diputado Carlos Heller, que además preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.
También genera muchas críticas la posibilidad que se aplique una una tasa confiscatoria entre Bienes Personales y el impuesto a la riqueza. En los casos extremos podría llegar al 7,5% del patrimonio, un nivel inédito para este tipo de gravámenes, sin antecedentes a nivel internacional.
Otro de los temas que genera ruido pero que ya no será modificado es que se estaría cobrando dos veces el mismo impuesto, es decir Bienes Personales y el nuevo gravamen sobre los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Estas críticas relacionadas con la “doble imposición” del impuesto seguramente también será uno de los argumentos que lo terminen judicializando.
Para la AFIP resultaría mucho más engorroso empezar a cobrarlo. Esto se debe a que los contribuyentes que podrían verse alcanzados tendrán que realizar una nueva declaración jurada sobre sus bienes en la Argentina y en el exterior, ya no con base al 31 de diciembre de 2019, sino a la fecha que se sancione la ley. “¿No sería más fácil aumentar por única vez la alícuota de Bienes Personales, en vez de inventar un impuesto?”, se preguntaba ayer un especialista.
La base que se tomaría en cuenta para calcular quiénes superan los $ 200 millones es más extensa: bonos argentinos y vivienda familiar, por ejemplo, están incluidos, mientras que no entran en el cálculo de Bienes Personales. Algo parecido sucede con las acciones en sociedades.
El oficialismo quiere evitar el peligro de que se judicialice el impuesto a la riqueza por aplicarse en forma retroactiva, por lo que avanzará con modificaciones en el texto del proyecto. Sin embargo, hay muchas críticas por considerarse que la alícuota que se quiere aplicar sobre el patrimonio es confiscatoria
También genera muchas críticas la posibilidad que se aplique una tasa confiscatoria entre Bienes Personales y el impuesto a la riqueza. En los casos extremos podría llegarse a una presión fiscal total del 7,5% del patrimonio, un nivel inédito para este tipo de gravámenes, sin antecedentes a nivel internacional.
Esto implica que aún salvada la cuestión de la retroactividad, subsisten varios elementos de importancia que podrían generar una ola de demandas judiciales si finalmente se transforma en ley.
Según los cálculos de AFIP, tomando como base la declaración del 31 de diciembre de 2019 para Bienes Personales, este nuevo gravamen debería ser pagado por un total de 9.289 personas, que debería contribuir con una suma de $ 307.000 millones. Pero lo más sorprendente es que hay 253 personas (las de mayor patrimonio en la Argentina) que pagarían alrededor de $ 150.000 millones, es decir el 49% de total del gravamen.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, hizo uso ayer de una de las dos únicas facultades que le dejaron para convocar a una reunión extraordinaria del más alto tribunal de justicia del país, que deberá debatir y resolver el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Rosenkrantz tomó una decisión disruptiva y excepcional después de varias semanas de indefiniciones de la Corte. El cuerpo, que le quitó a Rosenkrantz casi todas las atribuciones históricas del presidente de la Corte, se reunirá el martes, según la convocatoria de su titular, para decidir sobre la suerte de los jueces destituidos por una veloz colusión entre el Senado y el Poder Ejecutivo. El Senado les rechazó el acuerdo y, pocas horas después, Alberto Fernández firmó un decreto que devolvió a esos jueces a los lugares donde estaban antes de ocupar sus actuales funciones. Bruglia y Bertuzzi habían juzgado y procesado a Cristina Kirchner. Castelli integra el Tribunal Oral Federal número 7, que debe juzgar a la expresidenta por la causa de los cuadernos, la investigación periodística y judicial que se inició con los cuadernos en los que un chofer, Oscar Centeno, tomó nota de cómo, cuándo y quiénes recibían y entregaban sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ayer circularon versiones sobre el porqué de la decisión de Rosenkrantz. La más insistente sostenía que el presidente de la Corte, que votó muchas veces en solitario, buscaba exponer a los jueces del tribunal que se negaran a asistir al encuentro o votaran en contra de la protección de los magistrados damnificados. Sin embargo, varias fuentes que conocen a Rosenkrantz señalaron que este lo hizo porque nunca perdió la esperanza de conseguir que tres jueces de los cinco que integran la Corte coincidieran en defender la estabilidad de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De todos modos, Rosenkrantz demostró otra vez que no es un juez habitual de la Corte, donde sus miembros negocian y acuerdan por lo general gran parte de las decisiones que toman. Cansado ya de esperar que tres jueces supremos se pongan de acuerdo sobre si aceptarán o no el pedido de per saltum de los magistrados destituidos, Rosenkrantz dio ayer un golpe sobre la mesa haciendo uso de una de las dos atribuciones que le dejaron: convocar a reuniones extraordinarias del cuerpo. La otra es la importante pero infructuosa misión de representar al tribunal en actos protocolares. Ninguna fuente de la Corte pudo responder si Rosenkrantz conversó esa decisión con algún o algunos miembros del tribunal.
En principio, no sería difícil para la Corte reunir a tres jueces que voten a favor de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La Corte dictó en 2018 la acordada 7 en respuesta a un pedido de aclaratoria que le formuló el exministro de Justicia Germán Garavano. El extitular de Justicia se refería específicamente al caso del juez Bruglia; le pidió al máximo tribunal que aclarara en qué condiciones un juez podía ser trasladado sin necesidad de un nuevo acuerdo del Senado. De hecho, todos los jueces, estén donde estén, tienen ya un acuerdo de la Cámara alta. En respuesta a Garavano, la Corte señaló que los jueces que tienen jerarquía y jurisdicción similares no deben pasar otra vez por el Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli venían de tribunales similares y tenían igual jurisdicción, porque reconocían al mismo tribunal de alzada, en sus viejos y en sus actuales cargos, que es la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país. La acordada 7 fue firmada por los jueces supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Las firmas de Rosenkrantz y de Elena Highton de Nolasco no eran necesarias, porque ellos habían señalado en una acordada anterior, la 4, aunque en minoría, que se puede trasladar hasta los jueces de un tribunal oral ordinario a uno federal sin pasar de nuevo por el Senado. Desde ya, Rosenkrantz tiene jurisprudencia propia que podría ser aplicada en defensa de los tres jueces destituidos.
No ha trascendido la posición de Lorenzetti, aunque versiones periodísticas se ocuparon de señalar en los últimos días que todo empezó en la Corte cuando él fue reemplazado en la presidencia del cuerpo por Rosenkrantz. Una manera de subrayar que el máximo tribunal solo funcionaría bajo la tutela de Lorenzetti. El expresidente de la Corte votará según hacia dónde se vuelque la mayoría del tribunal. Nunca votó en solitario y muy raras veces, muy pocas en verdad, formó parte de la camada perdidosa en la Corte. No obstante, su aversión a la gestión de Rosenkrantz podría hacerlo borrar con el codo lo que escribió con la mano. Nunca olvidó el pasmo de la mañana en la que una mayoría del cuerpo (Rosatti, Highton de Nolasco y el propio Rosenkrantz) lo notificaron de que, después de 11 años de presidente del cuerpo, su tiempo había terminado.
Aquellas versiones atribuían también a Rosatti, Maqueda y Highton de Nolasco una permanente relación con el Gobierno. Esos rumores son inexactos, como lo es también que Maqueda esté pendiente de la opinión del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para decidir su voto. Maqueda tenía una vieja relación personal y política con el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, no con Schiaretti. Pero tampoco sus votos como juez dependían de la opinión de De la Sota, según lo demostró en varias sentencias que llevan su firma. Maqueda tiene una vieja relación personal con Alberto Fernández, pero el mejor momento de esa relación ocurrió cuando el Presidente estaba sin cargos políticos. El juez de la Corte tuvo fuertes discrepancias con Cristina Kirchner cuando esta era presidenta. Aunque se conocen desde que los dos eran legisladores, esa relación no se recompuso nunca. Quienes frecuentan a Maqueda aseguran que él nunca firmaría una sentencia que fuera contradictoria con su propia jurisprudencia. Rosatti no tiene trato frecuente con el Gobierno, como se dijo, y él también firmó la misma acordada que suscribió Maqueda, en la que se homologan de hecho los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sería extraño que Rosatti hiciera una interpretación distinta de su propio voto de hace apenas dos años. No es esa clase de juez.
Highton de Nolasco firmó la acordada 4 que le serviría para proteger a los jueces desplazados. Sin embargo, la situación de esa jueza es muy frágil. Cumplió hace dos años los 75 años constitucionales, cuando debió jubilarse según lo estipuló la reforma de la Constitución de 1994. Buscó entonces (y consiguió) una cautelar que la mantiene en el cargo, a pesar de que sus propios colegas en la Corte dictaminaron que todos los jueces se deben jubilar a los 75 años para cumplir con el mandato constitucional. Ella siempre reconoció que su lugar en la Corte se lo debe a Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, y a Marcela Losardo, actual ministra de Justicia. Fue comprensiva del gobierno de Mauricio Macri; es comprensiva de la administración de Alberto Fernández.
Es raro, pero uno de los jueces damnificados ahora, Pablo Bertuzzi, fue trasladado por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, idéntico a los decretos de Macri que trasladaron a los jueces Bruglia y Castelli. Alberto Fernández debió derogar los decretos de Macri y también el de Cristina, aunque a este se lo tapó con un manto de reserva. Los senadores peronistas que rechazaron indebidamente el acuerdo de los tres jueces criticaron durante horas a Macri, culpable de todas las tragedias que hay, hubo y habrá en este país. No dijeron nada del decreto de Cristina, que estaba sentada en el altar del Senado.
De todos modos, el principio fundamental que deberán tener en cuenta los miembros de la Corte es el de la inamovilidad de los jueces. Es un principio rector del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos. La inamovilidad garantiza otro principio: el del juez natural, que protege las garantías y las obligaciones constitucionales. Los jueces supremos no son indiferentes al estado de la opinión pública y saben que las cacerolas del sábado pasado sonaron también para ellos. Más allá de las luchas internas dentro de la Corte, y de las disputas entre oficialismo y oposición, la disrupción que provocó ayer Rosenkrantz obliga a la Corte a debatir sobre principios institucionales básicos en un país asediado por otras crisis.
El acuerdo tiene por finalidad fortalecer e incrementar las relaciones entre ambas partes y alcanza distintos aspectos como el desarrollo de actividades conjuntas de cooperación e intercambio económico, urbanístico, turístico, logístico, entre otros.
La Municipalidad de Gral. Pueyrredon y el Consorcio Portuario Regional Mar del firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de trabajar conjuntamente en la articulación de la jurisdicción portuaria y la ciudad de Mar del Plata.
El acuerdo firmado en el Palacio Comunal entre el intendente Guillermo Montenegro y el titular del Consorcio, Gabriel Felizia, tiene por objetivo la colaboración recíproca para desarrollar actividades conjuntas de cooperación e intercambio económico, urbanístico, turístico, logístico, cultural, histórico, educativo, científico, y deportivo, y todo otro tema de interés para ambas, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando así los vínculos existentes
Asimismo, este convenio marco forma parte de un proyecto de ordenanza elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo.
Desde el Consorcio Portuario se valoró que la firma de un convenio con la Municipalidad permite desarrollar programas y propuestas conjuntas para trabajar mancomunadamente la relación Puerto-Ciudad.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes –además Montenegro y Felizia- Jorge González, secretario de obras y Planeamiento Urbano; Pablo Cicceri, representante del municipio en el Directorio del Consorcio Portuario; Hernán Chale, secretario del Directorio del Consorcio y el concejal Marcos Gutiérrez.
OBRAS PROYECTADAS Y EN EJECUCIÓN
Dentro del mismo acuerdo, se proyectaron distintas obras en el sector portuario. Por un lado, la vinculación Puerto-Punta Mogotes: este proyecto -ya incorporado en el “Programa Argentina Hace 2” para su financiación- implica la intervención en las áreas de articulación entre el puerto y la ciudad, específicamente el perímetro que bordea el sector costanero desde la calle Magallanes hasta la calle Vergara, a través de un paseo peatonal.
Por otra parte, esta rúbrica permitirá la articulación público-privada o público-público para llevar adelante proyectos urbanísticos que permitan consolidar la planta urbana en el sector de la Manzana de los Circos y el sector urbano adyacente.
Asimismo, se proyecta un Plan de Ordenamiento de Movilidad: la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la comuna llevará adelante un plan de ordenamiento vial para personas y transporte de carga en todo el sector del puerto a través de distintas intervenciones en las calles interiores del puerto.
Por medio de un acuerdo tripartito entre el Consorcio Portuario Regional, el Consorcio Playa Grande y la Municipalidad se implementará un Programa de Buenas Prácticas Ambientales que posibilitará un nuevo dragado del puerto para el aporte de arena en todo el sector de Playa Grande.
En un trabajo conjunto entre Obras Sanitarias y el Consorcio Portuario Regional, se establecen dos líneas de acción: la regularización y optimización de la estación de recepción de camiones atmosféricos y residuos industriales que tiene la empresa municipal en el Puerto; y la elaboración del proyecto para completar las redes cloacales que se presentó ante el ENHOSA y la entrega de muestreos de descargas al espejo del agua (estos dos últimos puntos dentro de la obra Arroyo del Barco).
RENOVACION DE PAVIMENTOS
Por su parte, el Ente de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) finalizó obras de renovación de pavimentos en el Espigón 1 del Puerto, donde se colocó nuevo asfalto en 350 metros lineales lo que significó unas 400 toneladas.
Desde el Ente informaron que estas obras permitirán mejorar la operatividad de las áreas productivas y distintas actividades que se llevan adelante en el Espigón 1.
ACCIONES ARTICULADAS CON CULTURA
Además, desde la Secretaría de Cultura se trabajará junto al Consorcio Portuario en algunos puntos centrales como las Microreservas Marinas del Puerto, la generación de material de difusión y educación ambiental respecto del Caballito de Mar en el marco de un Centro de Interpretación de la Naturaleza del Puerto de Mar del Plata, la promoción de la Educación Portuaria con alcance comunitario, la colaboración en la caracterización del ambiente para la ponderación de los impactos ambientales de las obras de dragado, entre tantos otros.
También se prevé la articulación mutua para promover el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de cultura sustentable promovidas a través del área, en especial del Museo Municipal de Ciencias Naturales, de acuerdo con sus competencias y atribuciones.
Bajo el lema “Una luz por la República”, diversas agrupaciones de abogados de Buenos Aires convocaron a una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 19 frente al Palacio de Tribunales, cuyo ingreso principal está ubicado en Talcahuano al 500.
La manifestación surge en defensa de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados de tribunales federales luego de haber investigado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios en casos de corrupción.
“Nos reunimos en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para expresar nuestro compromiso con el estado de derecho. Frente a la embestida del oscurantismo autoritario, iluminemos el camino de la Constitución”, señaló el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, en un video donde expresó su adhesión.
La convocatoria virtual, que se difundió con los hashtags #23SUnaLuzPorLaRepublica, #23STodosATribunales #23SImpunidadORepublica, llama a “iluminar” con velas, linternas o la luz de los celulares y se extiende a “todos los palacios de Tribunales del país”.
A la movilización adhieren referentes de agrupaciones judiciales y de abogados cercanos a la oposición de Juntos por el Cambio, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Máximo Fonrouge, y la ONG Será Justicia, entre otras.
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El mensaje de Jorge R. Enríquez en redes sociales
Las miradas de los manifestantes apuntarán al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Allí tienen sus despachos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que el próximo martes se abocarán a discutir los reclamos interpuestos por los magistrados eyectados de sus cargos. Recientemente, Castelli dijo que confiaba en el máximo tribunal pero lamentó que se hubiera tomado tanto tiempo para resolver el tema. “Está cometiendo un error de cálculo y eso afecta la institucionalidad”, planteó.
Memoriosos del Poder Judicial dicen que la Corte no se encontraba ante semejante exposición política desde mayo de 2017, cuando dictó un fallo en el que avaló la aplicación del 2×1 para el cómputo de la pena de los represores. La decisión provocó una importante movilización con críticas a los jueces que firmaron aquella sentencia: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz. Y un hecho político con pocos antecedentes en la historia reciente: el Congreso olvidó la grieta para aprobar casi por unanimidad cambios a la ley sobre la cual se sostenían los argumentos de los magistrados.
Hoy el tiempo político es otro y la discusión es más compleja. Bertuzzi, Bruglia y Castelli presentaron recursos que buscan retrotraer sus desplazamientos. Con mayor o menor grado de participación, todos participaron en investigaciones contra Cristina Kirchner, presidenta del Senado y mentora de la jugada que luego fue rubricada por un decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, lo que demuestra que en este tema pareciera no haber diferencias en la cúpula del poder político.
Bruglia y Bertuzzi (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K. En especial, hay una decisión de ellos que irrita a CFK: ratificaron el procesamiento dispuesto por el fallecido juez Claudio Bonadio en el caso por los cuadernos de la corrupción. Castelli (TOF 7) es uno de los jueces que debería entender en el juicio oral y público.
Llegaron a esos cargos por una decisión de Mauricio Macri. El oficialismo dice que sus nombramientos fueron irregulares porque no habían sido avalados por el Senado y utilizó ese argumento para avanzar con sus desplazamientos. Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.
La discusión técnica -y política- en el seno de la Corte gira en torno a una acordada del propio tribunal firmada en abril de 2018 por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Rosatti que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación confirme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”.
Para una persona ajena a los pasillos de los tribunales, la resolución del conflicto ahora sería simple: son los mismos ministros que hace dos años avalaron el traslado de los jueces y no hubo hechos nuevos que podrían modificar la discusión. No hay mucho margen para una interpretación diferente: 1+1 = 2. Pero la Justicia en la Argentina no siempre opera con las mismas reglas que la matemática -mucho menos cuando hay un cambio de gobierno de por medio- y quizás una cuenta que ayer daba un resultado ahora arroje otro.
La convocatoria virtual es impulsada con el hashtag #23SUnaLuzPorLaRepublica.
Héctor Daer almorzó con Alberto Fernández el viernes. El sindicalista más cercano al Presidente le repitió en una Casa Rosada casi vacía lo que le había dicho semanas atrás: “Danos un día y demostramos lo que es tener la calle”. En este encuentro el jefe de Estado le explicó que no podían actuar con “la misma irresponsabilidad” con la que la oposición llama a marchar mientras avanza el coronavirus y lo autorizó a que organice un acto por el Día de la Lealtad, pero que sea federal y de manera virtual. El peronismo no puede copar la calle el 17 de octubre, tal como acostumbra. Tampoco lo podrá hacer el 27 de ese mes, día que se cumple un año del triunfo en las elecciones presidenciales y un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. La pregunta que se hacen hoy en el oficialismo es cuándo podrán volver a salir. Pero el día de la lealtad no pasará desapercibido. La idea no es marchar pero sí hacer un gran evento a lo largo de todo el país. Se evalúa que, a través de una videoconferencia, se pueda mostrar dirigentes en fábricas, unidades básicas y obras recuperadas. No puede haber movilización y se tiene que mantener la distancia social. Por ahora, se está armando la lista de oradores. “Acá hay algo seguro y es que cuando salgamos a la calle sí tiene que ser para un acto encabezado por Alberto y Cristina y sin distancia social. No existe la manera de garantizar distancia social con los miles de compañeros que están esperando para salir, por lo que hoy pensar en una fecha es imposible”, explica un dirigente kirchnerista. La cuarentena va a octubre y devolvió alguna sonrisa entre Fernández, Larreta y Kicillof El último 17 de octubre, el peronismo lo celebró en La Pampa. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había sacado más de 16 por ciento de ventaja a la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por lo que fue sencillo convocar a todos los gobernadores que un año atrás era impensado juntar. Esta vez, Daer habló de una “amplia convocatoria” pero deberá ser por streaming, según lo acordado con el Presidente. “Sería a través del desarrollo tecnológico para estar en todos los rincones de la Patria», dijo el secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Sanidad. ¿Podrán salir a la calle el diez de diciembre para celebrar un año de mandato? “Para esa fecha esperemos que ya no estemos contando los casos diarios de infectados, pero todo va a depender de si tenemos vacuna o no”, admiten en el Gobierno. Por ahora, la calle es de la oposición, pero en el oficialismo están lejos de darla por pérdida. “Cuando podamos salir vamos a volver a demostrar lo que es tener la calle”, insisten. Horas después de la protesta opositora del 17 de agosto, en uno de los almuerzos de los martes en la Quinta de Olivos, el Presidente le advirtió a los comensales que se acostumbren a ver marchas cada 40 días. Escuchaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. CGT+piqueteros: el peronismo profundo quiere recuperar la calle Kirchner repite a los propios que “no hay que ponerse nerviosos por las movilizaciones y hay que responder con trabajo”. El diputado suele explicar además que “en nuestras movilizaciones cuando éramos oposición defendíamos derechos o había reivindicaciones de políticas de la gestión, ahora no se reclama ninguna reivindicación del macrismo y es la queja por la queja”. El oficialismo celebra que las caras de las marchas opositoras sean Patricia Bullrich y Mauricio Macri, dirigentes que tienen los peores números dentro de Juntos por el Cambio. “Encontraron la mera de generar un clima social de crisis pero no acumulan electorado, son los mismos que salieron a tratar de dar vuelta la elección después de las internas”, dicen cerca de Fernández mientras admiten que están lejos de poder demostrar el poder de movilización que el peronismo suele demostrar.
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Hace dos semanas el Presidente conversó a solas con Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto
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La convocatoria virtual es impulsada con el hashtag #23SUnaLuzPorLaRepublica.