Autor: Jorge Alfredo Baret

Julio Garro: “Alberto Fernández debería salir a decir que el que toma un terreno va a ir preso”

A pesar de que los números epidemiológicos a nivel nacional no son nada alentadores, Julio Garro respira con cierto alivio al explicar que la tasa de contagios en su municipio mostró una leve baja durante las últimas semanas.

Sin embargo, la pandemia no es su única preocupación. El intendente de La Plata sabe que los próximos años serán muy difíciles. Especialmente en municipios golpeados por la recesión económica y dependientes de las obras de Provincia y Nación. Por eso, le reclama al gobernador Axel Kicillof la descentralización de los fondos y gestos políticos contundentes contra la inseguridad y la toma de tierras.

Si bien asegura que no es momento de hablar de candidaturas o de disputas por el liderazgo opositor, destaca la capacidad política y de gestión de “su amigo” Horacio Rodríguez Larreta. También se organiza en silencio junto a Jorge Macri, Diego Valenzuela y Néstor Grindetti para hacer valer su peso territorial en las listas el año que viene.

— ¿Cómo viene la evolución de la curva de contagios en La Plata?

— El municipio tiene cinco veces más territorio que la Capital Federal, con casi un millón de habitantes. Pero la sociedad platense ha hecho un gran laburo porque es la cuarta semana consecutiva que viene bajando la tasa de contagios. SI bien no hay nada para festejar porque de una pandemia siempre se sale perdiendo, somos el municipio con menor tasa de contagios cada 100.000 habitantes de todo el AMBA.

— ¿Hay margen para endurecer la cuarentena si siguen aumentando los casos?

— Yo creo que el camino es este trabajo que se viene haciendo de ir flexibilizando inteligentemente, con distintos protocolos; donde el comerciante, el consumidor, el vecino de a pie, el industrial, han tenido un comportamiento con enorme responsabilidad. Porque me parece que estamos al filo también de caer en una rebelión en algún sector que no haya abierto. Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar.

— ¿Cuáles serían las actividades prioritarias para la próxima etapa de flexibilización?

— Creo que la educación tiene que ser considerada como un servicio esencial. No decimos toda la educación, todos los niveles, pero sí los últimos dos años del secundario y los dos últimos del primario. Porque tienen que ver mucho en la etapa que sigue. Pero no todos, sino que la Provincia nos diga cuántos no se han conectado a Internet. La Plata tiene muchos lugares para llevar adelante esa planificación: puede ser la República de los Niños, el parque ecológico, los espacios públicos que hay cada seis cuadras, incluso los patios de colegios.

— ¿Cree que los comercios se van a poder recuperar rápido?

— No, no. Hoy los comercios que han abierto con modalidad take away o delivery están trabajando por debajo del 50% de lo que trabajaban antes. Por una cuestiones lógicas: por prioridades, por una situación económica que genera mucha incertidumbre, por un dólar que no se estabiliza y que tampoco genera previsibilidad hacia adelante. Hoy el nivel de consumo no es el mismo que en marzo. Uno habla con los comerciantes y ve en el día a día que la situación económica es angustiante.

— ¿Y la situación financiera del municipio?

—Hoy la caída de la recaudación en la mayoría de los municipios sigue siendo del 20%, con una caída de la coparticipación de cerca del 18%. Seguimos caídos en la recaudación propia por una cuestión lógica y por supuesto la provincia al recaudar menos también coparticipa menos.

— ¿La crisis sanitaria es un buen pie para rediscutir la coparticipación?

— Sin ninguna duda, es uno de los temas en agenda. Leí por ahí que los intendentes íbamos por lo que Horacio Rodríguez Larreta había perdido. No, eso no es así. Nosotros vamos por todo lo que llega a la Provincia desde la Nación que entendemos que debe ser coparticipable. Veremos qué es lo que nos dice el gobernador. Pero es un tema que nos preocupa porque hemos destinado muchos recursos en lo sanitario, tuvimos que desviar fondos de obra de infraestructura, de mejora de servicios.

— ¿Los intendentes quieren que se coparticipe el dinero destinado al aumento salarial a la Policía Bonaerense?

— No son solo esos fondos, es eso más todo lo que se viene desembolsando Nación en todos estos meses. Desde que arrancó el nuevo gobierno fueron más de 100.000 millones de pesos. Y entiendo -y esto es una opinión personal- que la mejor manera de llegar al territorio es mediante los intendentes, porque ellos son los que conocen las problemáticas, las prioridades, el territorio, las urgencias, lo que puede esperar y lo que no. Entonces entiendo que la clave de gobernar es apoyarse mucho en los intendentes sin importar el color político.

— ¿La centralización lleva a que no se gasten bien los recursos?

— Pongo un solo ejemplo. Hay un Fondo Covid que fue creado en el área de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Ningún municipio salvo algunos del oficialismo recibieron asistencia. Uno de los ejemplos es Morón. No es nada contra el intendente de Morón, pero qué diferencia tiene Morón con La Plata, o con Lanús, o con Vicente López o Tres de Febrero. No estamos teniendo certezas en ese sentido.

— ¿Cómo evalúan la situación de la seguridad?

— Primero hago un paréntesis: nosotros estamos trabajando muy bien, coordinadamente, con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Creo que nobleza obliga, esto hay que contarlo. Hay buena coordinación. Hay buen diálogo. Hay una mesa de trabajo con la provincia, con la Ciudad, dentro de la órbita del Ministerio.

— Otros intendentes sí se habían quejado del trabajo de Sergio Berni

— Puede ser. Puede ser. No es el caso de La Plata. Dicho esto, lógicamente que la inseguridad nos preocupa, nos quita el sueño.

— ¿Hubo un aumento de la tasa de delitos?

— Nosotros todavía seguimos debajo de lo que abandonamos en marzo antes de la pandemia. En la ciudad de La Plata hay un sistema que hemos implementado que se llama Policiamiento Predictivo. Es un sistema inglés, la provincia de Buenos Aires firmó en su momento un convenio con ellos, y lo empezamos a aplicar. Es un sistema planificado que se distribuye en el territorio donde cada quince minutos o diez minutos, dependiendo la zona, y el mapa de calor del delito, pasa un policía.

— ¿Cree que el conflicto con la Bonaerense se manejó bien?

— Yo creo en el diálogo, en los consensos, en las mesas de trabajo. Primero que no comparto que la policía se manifieste. Ahora, también reconozco la falta de atención de las necesidades de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tienen derecho a laburar dignamente, con capacitación, con equipamiento y con un sueldo digno. Jamás me opondría a eso. Ahora, creo que hay maneras. Yo no voy a condenar a la policía porque quizás buscaron el diálogo y no lo encontraron, pero me parece, y esto lo digo muy humildemente, que se podrían haber tomado otro tipo de medidas sin llegar al extremo. Sin llegar al extremo de rodear la Quinta de Olivos.

— ¿Qué opina de la táctica del gobierno bonaerense para resolver la toma de tierras en Guernica?

— Yo soy abogado y te voy a contestar como abogado, no como intendente. Te contesto con sentido común. El día que los argentinos cumplamos las leyes, Argentina va a ser otro país. Hay leyes, no hay nada para inventar. Hay jueces que dictaminan. Cuando uno quiere que las instituciones funcionen tienen que ver con esto: si hay una ley hay que respetarla. Comprendo que no tiene que haber violencia y lo comparto. Ahora, hay una ley, está prohibido incluso en la Constitución violar el derecho a la propiedad. Si nosotros no entendemos eso la verdad que no entendemos nada. La manera de terminar con las tomas de tierras es hacer cumplir la ley y que haya un mensaje claro del Poder Ejecutivo. Así como cuando el presidente Fernández dice que el que se junte en casa de familia va a ir preso, que salga y que diga el que toma un terreno va a ir preso. Una decisión política con esa contundencia, aún no la hemos escuchado. Tiene que haber una decisión política derramada hacia la sociedad. Una decisión de hacer cumplir la ley.
Julio Garro y el gobernador Axel Kicillof
— ¿El gobierno bonaerense puede sentar un mal precedente si no se lleva adelante el desalojo?

— No tengo ninguna duda. Ninguna. Y mucho menos si se expropia. Porque van a generar que la gente piense: “Hay que tomar tierras total el gobierno las expropia y te las da”.

— La ministra Sabina Frederic también señaló que la Justicia muchas veces es la que demora los desalojos, como en El Bolsón, por ejemplo.

— Te cuento el problema a nivel local con ex Club de Planeadores. Son 160 hectáreas, ahí comenzó una toma en febrero. Hoy la policía de la provincia no puede ingresar a las tierras porque son de jurisdicción federal. ¿Y sabés cuántos gendarmes hay cuidando 160 hectáreas para que no se tomen? Seis. ¿Cómo hacés?

— O sea, sigue llegando gente.

— Sigue llegando gente y la gente no vive ahí. Están todas las casillas armadas y la gente no vive. Están especulando. Tampoco niego la necesidad de la gente, porque ese es otro tema. Pero acá detrás de todo esto hay escribanos mafiosos, abogados mafiosos, inmobiliarias mafiosas, especuladores, punteros políticos, organizaciones sociales. Si no hablamos con la verdad también es muy difícil que arribemos a una solución concreta y sincera.

— ¿La Justicia Federal dio la orden de desalojo?

— No, todavía no. Está la denuncia presentada. Nos quisimos presentar como particular damnificado no nos aceptaron. Pero estamos esperando que la Justicia Federal se expida para empezar a planificar el desalojo de las tierras. Además, en ese predio si llueve un cuarto de lo que llovió en el 2013 podemos perder vidas. La gente se va a inundar.

— ¿Está empeorando la problemática de la toma de tierras?

— Del 2015 al 2019 hubo 6 intentos de toma. De diciembre del 2019 al 31 de agosto, van 40. Ese es el número.

— En La Plata.

— En La Plata. Seis intentos en cuatro años contra cuarenta en diciembre a agosto.
Horacio Rodríguez Larreta y Julio Garro
— Generó mucho revuelo la reunión que tuvo con Rodríguez Larreta. ¿Cómo ve la disputa interna por el liderazgo opositor?

— Hoy es momento de concentrarnos en lo sanitario y en la segunda pandemia, que es la económica. Uno no puede poner ningún tipo de especulación por delante de esta tragedia. Luego por supuesto que veo en Horacio, y veo en muchos dirigentes más, una vocación de construcción política muy interesante, como un resurgimiento de nuevos representantes y líderes dentro de lo que es la oposición. La verdad que es muy sano, lo festejo. Yo no dudo para nada de la capacidad de Horacio, no solo de su capacidad de gestión sino también de su capacidad política. Lo conozco hace muchos años, es amigo mío y tengo la autoridad de poder contarlo. Pero me parece que no es momento para hablar de candidaturas.

— ¿Cómo ve la gestión en los próximos años tras el golpe económico y social que generó la pandemia?

— Muy difícil. Por eso es importante la previsibilidad por parte de la Provincia hacia los intendentes. Cuando tenés previsibilidad podés armar tu hoja de ruta. Cuando no tenés previsibilidad la verdad que en muchos casos, no digo en todos, gobernás con los ojos vendados, y eso es lo peor que nos puede pasar.

Fuente: Infobae.com

3 octubre, 2020
Otro debate caliente en el Senado por el formato que definió CFK para sesionar

La grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no deja de profundizarse con el correr de las sesiones en el Senado y la reunión de este viernes 2 de octubre no fue la excepción. Es que una nueva maniobra de Cristina Kirchner terminó por destruir buena parte del trabajo que venían realizando los principales referentes de ambos sectores para intentar calmar los ánimos. Nada de eso se logró y Juntos por el Cambio volvió a ausentarse en las votaciones de los distintos temas que se trataron. “No se puede impedir, ni en estado de sitio, la presencia de los senadores en el recinto”, gritaba enfurecido el jefe del interbloque de JxC, Luis Naidenoff, completamente en desacuerdo con el decreto firmado por la titular del cuerpo que a partir de ahora solo permite agregar la presencia de cuatro legisladores, dos por el Frente de Todos y los otros dos de Juntos por el Cambio, además de las autoridades de la Cámara que ya venían participando. Pero el eje central de la discordia consistió en que se puso como requisito que cada bloque deberá pedir autorización a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de anticipación. “¿Se dan cuenta de lo que van a votar? Pedir autorización a la secretaría para ejercer el derecho de sentarse en las bancas”, planteaba Naidenoff con indignación a la vista. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. REGISTRATE Ya tengo cuenta En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Durante la semana, el formoseño cruzó varias charlas con su par oficialista y comprovinciano José Mayans para intentar destrabar el conflicto. En principio la sesión se iba a realizar el jueves pero el avance del diálogo postergó un día más el encuentro, lo que permitía vislumbrar un entendimiento. La propuesta de Juntos por el Cambio consistía en habilitar la presencia de al menos 10 senadores más en el recinto, con la posibilidad de que sean “rotativos” esos lugares, de acuerdo al tratamiento de cada tema, con la intención al mismo tiempo de lograr la mayor representación “federal” de las bancadas. Pero Cristina Kirchner no aceptó y ordenó avanzar con su plan, que quedó plasmado con la participación en sus bancas del bonaerense Jorge Taiana y de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, mientras que la oposición rechazó la oferta de sumar a dos legisladores de manera presencial. Naidenoff completó su idea y confirmó: “No vamos a convalidar. Vamos a estar ausentes en esta votación. Este decreto no se debería tratar. Es una ofensa a cada uno de los senadores”, indicó el jefe radical. “No te enojes tanto Luis”, le dijo Mayans a Naidenoff, y remarcó que “está absolutamente claro que son válidas las sesiones y las decisiones que estamos tomando”. Según comentó, hasta el momento se realizaron 18 sesiones, con lo que ya se superó la cifra del año anterior “cuando Macri gobernaba” y les advirtió que “si vemos que quieren condicionarnos para paralizar, para entorpecer, obviamente no vamos a permitir eso. El pueblo necesita que el Parlamento funcione y no que judicialicen la política”. La aprobación del decreto 16/20 firmado por Cristina se alcanzó por 42 votos y con la ausencia opositora, en línea con la estrategia que utilizaron tanto para el debate de la modificación de la coparticipación como del tratamiento del proyecto de Economía del Conocimiento, en el que se ausentaron al momento de la decisión final.

Fuente: Perfil.com

3 octubre, 2020
La comisión de juristas de Alberto Fernández quiere debatir los traslados de los jueces y se postergó la participación de la Corte Suprema

Con la Corte Suprema de Justicia en primer plano y a punto de dictar un fallo sobre los jueces trasladados, la comisión de juristas que convocó el presidente Alberto Fernández para pensar la reforma del máximo tribunal trabaja a paso silencioso. El debate sobre el máximo tribunal todavía no empezó.

El Gobierno había quedado en encargarse de la invitación formal a los jueces de la Corte Suprema para proponerles participar de la comisión que analiza su reforma. Esa invitación todavía no llegó al cuarto piso del Palacio de Justicia. “El Ejecutivo va a esperar, por obvias razones”, deslizaron desde la Casa Rosada fuentes consultadas por Infobae.

En el cerrado círculo de la comisión, entienden la jugada. Es más: creen que la postergada invitación ya no saldrá de los despachos oficiales, en medio del clima de tensión como el que se abrió en los últimos días. Si ya a la presentación en la Casa Rosada solo había asistido Elena Highton, nadie garantiza que no vaya a repetirse un nuevo desaire, lo que sería un desgaste innecesario para el oficialismo.

Este martes, cuando la Corte Suprema firmaba el per saltum que sorprendió al Gobierno, los 11 expertos trabajaban sin hacer comentarios sobre la noticia que fue tema de conversación del mundo judicial (y político) durante toda la semana. No hubo ninguna alusión en el Zoom programado, aunque el jueves circuló en el WhatsApp que todos comparten la respuesta que el Consejo de la Magistratura le envió a la Corte pidiendo que rechace el amparo que pidieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Reunión de Consejo de la Magistratura (archivo/ Maximiliano Luna)
Precisamente, el Consejo de la Magistratura es otro de los blancos de la comisión que creó el Presidente. Por estas horas, según revelaron a Infobae fuentes judiciales, se debate la idea de ampliar el número de miembros, como adelantó este medio. Todavía no le pusieron un número, pero buscan llegar a un acuerdo. “No queremos ni los 13 de ahora ni los 20 de antes”, dijeron. Para esa ampliación, hay un cierto consenso para que haya menos participantes políticos.

Es más: hasta se baraja la idea de dejar afuera del organismo a los tres senadores que integran el cuerpo y también al representante del Poder Ejecutivo, revelaron las fuentes consultadas por Infobae. ¿Por qué? Porque tanto el Senado como el Ejecutivo forman parte del proceso de designación de jueces.

“Son las cosas que se están hablando. Aún no hay nada escrito. Y obviamente, en el análisis del Consejo de la Magistratura, es imposible no mirar los 1300 empleados que tienen y la productividad de los últimos años, con demoras en concursos y en los procesos de investigación sobre los jueces denunciados”, señalaron los consultados.

Pero en el medio de la discusión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura apareció en el debate público el problema de los traslados de jueces, que no estaba en el temario original que propuso Alberto Fernández. Hay algunos integrantes que quieren incluirlo en el debate precisamente en este bloque de trabajo.

No es un detalle menor. Fue el Consejo de la Magistratura durante el macrismo el que promovió los traslados que ahora se cuestionan. Y es el Consejo de la Magistratura actual el que decidió revisar lo que se había hecho dos años antes. Lo motorizó el integrante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Uztarroz, y el oficialismo en el organismo junto a la diputada Graciela Camaño entendieron que había que revisar diez de esos pases.

Ahora es la Corte Suprema la que está revisando el pedido de amparo de tres de esos jueces que no fueron a la audiencia del Senado a convalidar sus nuevos destinos. El per saltum que decidieron abrir los cinco miembros del máximo tribunal -aún con sus peleas internas- incomodó al Ejecutivo y aguardan la definición de fondo, es decir, qué pasará con el destino de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero también podría influir en la suerte del resto de los siete magistrados que sí fueron a la audiencia del Senado -entre los que está Eduardo Farah y Federico Villena-.

La comisión de juristas podría incluir su postura dentro de las recomendaciones a Alberto Fernández. “Los traslados tiene que terminar de una vez por todas”, dijeron en voz baja a Infobae.
Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, junto a la ministra de Justicia Marcela Losardo
Coordinados por el abogado Fabián Musso –director del BICE-, la comisión está integrada por los abogados Carlos Beraldi –defensor de Cristina Kirchner–, León Arslanian –ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia–, Andrés Gil Domínguez –el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín–, Gustavo Ferreyra –allegado a Eugenio Zaffaroni– y Marisa Herrera –especialista en derecho de familia–. También están los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). Y Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.

Los expertos trataron primero el tema del Ministerio Público, después la transferencia de la justicia nacional penal a la órbita de la ciudad y luego implementar el juicio por jurados a nivel nacional. Ahora se centraron en el Consejo de la Magistratura. El tema de la Corte Suprema llegará recién a partir del 13 de octubre. El escenario ayuda a que se agigante la expectativa sobre las decisiones que tomará. Aun aunque solo sean sugerencias que el jefe de Estado podrá descartar o convertirlas en un proyecto para que ensaye suerte en el Congreso.

“No es casual que hayan dejado ese tema para el final cuando saben que es lo que más presión va a generar, mejor seguir con el bajo perfil”, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. “Hasta ahora el 80% de lo que se charla es académico, aunque se cuela algo de política. El clima que se vive en la comisión hasta ahora es muy bueno. Cuando llegue la Corte, ahí va a empezar la verdadera discusión”.

Sin embargo, otro de los consultados rechazó que pueda haber problemas. “La Corte no va a ser un conflicto, al contrario. Tenemos totalmente identificados los problemas: la cantidad de causas, la falta de plazos y la forma de resolver los rechazos. Si en algo coincidimos es en que la Corte no está funcionando todo lo bien que debería”.

La discusión sobre el máximo tribunal se prolongará durante un mes. El 18 de noviembre tienen que dejar plasmadas sus recomendaciones ante el jefe de Estado. Por lo pronto, ya hay algunos preocupados en si van a llegar a tiempo para escribir. “Ya tenemos el diagnóstico, ahora tenemos que hacer las recomendaciones y definir si llegamos a un consenso por mayoría o hay opiniones en minoría”, señalaron.

Fuente: Infobae.com

3 octubre, 2020
Las 5 medidas que tomó el Banco Central sobre compra de dólares, yuanes y tasas

Para acompañar los anuncios del Gobierno nacional para estimular exportaciones y alentar el ingreso de divisas, el Banco Central (BCRA) también lanzó cinco medidas que tienen que ver con la compra de dólares, comercio exterior en yuanes con China, tasas de interés y hasta un cambio en la intervención del organismo en el precio del tipo de cambio. Las medidas de Casa Rosada son destinados a frenar la salida de reservas de dólares, impulsar la producción y luego comenzar a acumular divisas mediante el aumento de las exportaciones para lograr mayor fortaleza macroeconómica. El BCRA confirmó que funcionarios y legisladores nacionales no podrán comprar dólares Por su lado, el Central emitió un comunicado con una serie de medidas que denominó como de «actualización de los lineamientos de Política Monetaria» que también buscan sostener las reservas de divisas, que están en cifras preocupantes. Los funcionarios del sector público de máximo nivel y legisladores nacionales no podrán comprar dólares. El Banco Central anunció que a partir de esta noche que se bloquearon las CUIT para la compra de dólares a funcionarios y legisladores nacionales (diputados y senadores), en una medida que también abarcará a directores de entidades financieras públicas y de esa entidad monetaria. El BCRA puntualizó que la medida restrictiva abarca hasta subsecretarios o equivalentes de la administración nacional, y los directores de bancos públicos incluidos los del BCRA. Cambia la estrategia de intervención en el dólar para generar una menor previsibilidad. «Abandonar el mecanismo de devaluación uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral. En el marco de la estrategia de flotación administrada, el ritmo de depreciación diario se adecuará en forma gradual a las necesidades de la coyuntura», señaló la entidad que preside Miguel Ángel Pesce. Las devaluaciones diarias uniformes eran cercanas al 0,06%. La postura de venta del Central de mañana implicará una variación de 0,918% respecto del valor de venta que tuvo este jueves, O sea, $ 76,95 por dólar, 70 centavos por sobre el cierre que tuvo la divisa hoy. Subir del 19% al 24% la tasa de pases pasivos a un día de plazo, para incrementar el atractivo de ahorro en moneda local. Entre las medidas, el Central señaló que se modificará la tasa de pases pasivos a un día de plazo para ubicarla en 24%, lo que implica un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del nivel vigente de 19%. «La decisión busca incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo, en vistas de desalentar comportamientos que podrían afectar el mercado de cambios en un contexto de tensiones estacionales que se registran en la actualidad», señaló. Permitir transacciones de comercio exterior en yuanes. También anunció que «se abrirá una rueda en el MAE (Mercado Abierto Electrónico) y se tramitará las autorizaciones en el Rofex para permitir la compra del yuan renminbi contra el peso argentino para operaciones de comercio exterior». «También se abrirá la posibilidad de celebrar contratos a futuros denominados en yuanes renminbi. Esta medida no implica que se puedan comprar yuanes físicos para atesoramiento ni se permitirá la apertura de cuentas bancarias denominadas en esa moneda», aclaró. En esa línea, dijo que la medida «está destinada a facilitar la operatoria de comercio exterior» y añadió que el Central «utilizará sus reservas en esa moneda para responder por estas operaciones y no está previsto la activación del swap de monedas firmado con el Banco Popular de China». Se premiará a las nuevas inversiones extranjeras directas. «Se facilitarán las nuevas Inversiones Extranjeras Directas permitiendo que tengan libre acceso al mercado oficial para repatriar las inversiones a partir del primer año de realizadas», sostuvo el Central. Las claves del paquete económico del Gobierno para incentivar el ingreso de dólares El comunicado completo del BCRA En el contexto de una severa crisis de endeudamiento, una macroeconomía con fuertes desbalances y ante una situación social acuciante, el país debió diseñar su estrategia de respuesta frente al COVID-19 a través de los instrumentos disponibles en una economía en emergencia y sin acceso al mercado internacional de crédito. La irrupción de una pandemia sin precedentes y de duración todavía incierta, obligó a replantear las prioridades de política. En ese contexto, la asistencia financiera del BCRA al Tesoro y el impulso al crédito se transformaron en piezas fundamentales dentro de una estrategia sanitaria y económica de emergencia que se propuso evitar que la crisis dejara tras de sí secuelas permanentes sobre una economía ya fuertemente golpeada. Los principales indicadores de actividad señalan una concentración de los efectos de la pandemia en el segundo trimestre, mientras que se observa una recuperación gradual y heterogénea de la actividad en el tercer trimestre del año. El país encaró de manera exitosa un proceso de reestructuración de la deuda pública que se encontraba en una posición insostenible. No obstante, se ha generado en el mercado de divisas un comportamiento de expectativas que es necesario atender en lo inmediato. Por todo lo dicho, el BCRA presenta una actualización de sus lineamientos enunciados el 27 de enero pasado, adecuando el diseño de la política monetaria a las condiciones económicas prevalecientes. Tasa de interés y manejo de la liquidez En un contexto en el que se registran tensiones en el mercado de cambios, se acrecienta la relevancia de la política monetaria como instrumento de estabilización financiera y externa. El BCRA redoblará sus esfuerzos en pos del desarrollo de instrumentos de ahorro e inversión que permitan a los argentinos obtener rendimientos positivos no solo respecto de la evolución de la inflación, sino también en relación a la evolución del tipo de cambio. En este sentido, se procurará armonizar progresivamente las tasas de referencia de los instrumentos de política monetaria, minimizando el impacto sobre el costo de esterilización. Por otro lado, la mencionada necesidad de responder a las demandas de la pandemia ha generado un incremento importante de la liquidez. El BCRA monitorea atentamente la evolución de los agregados monetarios y actuará a través de las herramientas disponibles. Además, en el marco de los favorables resultados obtenidos en materia de normalización de la deuda pública, el BCRA utilizará su capacidad de intervención a través de operaciones de mercado abierto, a los efectos de auspiciar una mayor liquidez, profundidad y transparencia de los mercados de deuda soberana, en vistas de apuntalar el comienzo de una nueva etapa en la que el mercado de capitales local asuma una importancia creciente en la estrategia de financiamiento del sector público. Tipo de cambio En la actualidad, el nivel del tipo de cambio se encuentra en un nivel competitivo. El tipo de cambio real multilateral se ubica por encima de su promedio histórico, al tiempo que la balanza comercial acumula un importante superávit, ratificado también por el resultado positivo de la cuenta corriente del balance de pagos. Se reafirma la estrategia de sostenimiento de la estabilidad del tipo de cambio real, que se considera en línea con el objetivo de acumulación de reservas internacionales. En el marco de la estrategia de flotación administrada, el ritmo de depreciación diario se adecuará en forma gradual a las necesidades de la coyuntura, de modo de evitar efectos no deseados sobre la competitividad, los precios internos, la evolución de los activos y pasivos y la distribución del ingreso. Regulaciones cambiarias En un contexto signado por la escasez, las regulaciones sobre el mercado de divisas buscan evitar desequilibrios temporales que pudieran afectar la posición de reservas internacionales. Las mismas son un instrumento necesario para la coordinación de las decisiones individuales mientras se avanza en la mejora de la situación fiscal, externa y monetaria. Se trabajará activamente en esta coordinación durante la transición para evitar los impactos negativos sobre la actividad productiva. Se busca en el mediano plazo regulaciones macroprudenciales compatibles con la dinamización de los flujos de capitales orientados a la economía real. Política de crédito Para morigerar el impacto económico de la pandemia, el BCRA puso en marcha un conjunto de instrumentos de crédito, cuyos resultados han permitido un inédito crecimiento del financiamiento a pequeñas y medianas empresas. La normalización del nivel de actividad que comienza a evidenciarse en algunas regiones y sectores, permitirá paulatinamente reducir y focalizar los esfuerzos de asistencia crediticia a tasas reales negativas, adaptándose a las necesidades de la nueva etapa.

Fuente: Perfil.com

2 octubre, 2020
Fuertes cruces entre el Gobierno y la Mesa de Enlace en medio del nuevo esquema de baja de retenciones temporarias

Hay sabor a poco en el sector agropecuario por los anuncios de medidas económicas realizadas por el Gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán. En el Acto realizado en Casa de Gobierno estuvo presente el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien respondió los cuestionamientos que realizaron las entidades del campo a las decisiones adoptadas para acelerar el ingreso de divisas al país.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la cartera agropecuaria respondió las expresiones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien previo a los anuncios había dicho que las medidas del gobierno no resolvían los problemas de fondo del campo.

“No puedo hablar sobre alguien que está ausente. No tengo precisiones sobre donde se fundamenta Daniel Pelegrina en su opinión, porque estas medidas las estamos anunciando en este momento. Puede haberse guiado por información de los medios, que no ha sido consistente”, señaló Basterra.

Y a todo esto agregó: “La ley de solidaridad en la cual se incluía en el caso de que hubiera una modificación de los derechos de exportación en un determinado cultivo, que se generase un modelo de compensación para los pequeños y medianos productores. Por lo cual, nos sorprendió el enojo que sintieron hace una semana atrás cuando el Presidente anunció que había 10.000 millones de pesos para la agricultura familiar, porque la verdad que uno aspira a que el que más necesita, más reciba, en este momento tan agudo. Ahora también se opusieron a la segmentación y este tipo de apoyo a la pequeña y mediana agricultura”.

«No creo que piensen lo mismo los pequeños y medianos productores que van a recibir compensación. El 40% del total de productores de soja va a recibir una compensación que se ajusta a la diferencia de competitividad que puede tener un productor de una región fuera de la región núcleo respecto a la zona de los puertos. Lo invito al doctor Pelegrina a que conversemos sobre este modelo que trae el concepto de equidad territorial y social”, comentó el ministro de Agricultura.
Luis Basterra (Presidencia)
La respuesta de Pelegrina a los dichos de Basterra llegó tras el acto en Casa Rosada. “Nosotros le llevamos al ministro hace dos semanas atrás un temario donde estaban los puntos y no los quiso abordar. Siempre estamos dispuestos al diálogo y lo hemos buscado. Y costó bastante que el ministro accediera a esas reuniones. Estamos empantanados en la relación con el funcionario. No rechazamos las medidas para la agricultura familiar, porque consideramos que hay que tenerla en consideración, pero no es la única parte de la política agropecuaria. Parece que el ministro estuviera más dedicado a eso”.

Por último, el funcionario se refirió al malestar de la Mesa de Enlace con los anuncios del Gobierno: «Hemos tenido diez reuniones con la Mesa de Enlace, en ninguna terminamos con discusiones, y siempre estamos dispuestos al diálogo. Esto es producto del diálogo con Federación Agraria, se opuso Coninagro, se opuso CRA y se opuso Sociedad Rural, a hacer tratar segmentaciones a los productores. Nuestro compromiso fue trabajar más hacia las personas que más necesitan”.

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El Gobierno, después de anunciarlo en marzo pasado, implementará el Plan de “Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas”. Será a través de una Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. “Esto tiene claramente un carácter de desarrollo federal que es parte del principio sobre el cual se sienta nuestra estrategia de desarrollo económico”, dijo Guzmán.

Por otro lado, habrá cambios en el esquema de retenciones para el complejo sojero. Se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados. Guzmán detalló: “En poroto de soja se reduce del 33% actual al 30% en octubre, creciendo a 31,5% en noviembre, 32% en diciembre, y convergiendo al 33% en el mes de enero”.

Y agregó: «Hay reducciones para aceites de soja crudo, aceites de soja refinado envasado, cáscaras de soja y biodiésel y para aceites. La reducción llega al 27% en octubre, convergiendo a entre el 30-31% en enero del 2021, estableciendo una brecha entre el grano y los aceites. Y para el biodiésel se reduce la alícuota del 30% al 26% en octubre del 2020, convergiendo al 29% en enero del 2021”.

Esto significa que retorna el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y sus derivados. Esa diferencia, de dos o tres puntos en los derechos de exportación, estaba vigente desde los años 90, y había sido eliminada por el gobierno de Mauricio Macri.

“Vuelve la prebenda para la industria aceitera. Demás está decir que ese diferencial es una transferencia de recursos del campo a la industria. Anualmente entre 400 y 500 millones de dólares. Para nada esto fomenta la producción, inversión y divisas. Si fomenta la desconfianza”, escribió en su cuenta de Twitter, Santiago del Solar, productor agropecuario y ex Jefe de Gabinete del ministerio de Agricultura, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere.
Luis Miguel Etchevehere
El ex ministro Etchevehere comentó en declaraciones televisivas: «Si la idea es tratar de estimular o dar señales a los productores para que vendan, no creo que sea el camino correcto. Acá igual o mucho más importante que las retenciones es la brecha entre los diferentes tipos de cambio. Si el dólar agro está alrededor de 50 pesos y el dólar de verdad está 140, y que bajen 1-2 puntos de las retenciones no creo que sea ningún estímulo para que los productores salgan a vender”.

Además, entre las medidas anunciadas, el gobierno convocó para el 14 de octubre próximo a los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino, a una reunión con el equipo económico para avanzar en el diseño de un proyecto de Ley para el desarrollo agroindustrial.

La opinión de los dirigentes del campo

“Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores”, dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Decididamente, bajar las retenciones sobre soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto, puesto que hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida, la situación macro sigue inconsistente, en resumen esto es más coyuntural que estratégico”.

Además, el dirigente le respondió al titular de la cartera agropecuaria por haber dicho que Coninagro se oponía a la segmentación de las retenciones. “Nuestra entidad, en esencia, está en contra porque segmentar sería una forma de admitir y mantenerlas, y eso se puede instrumentar a través de Ganancias”.

Por último, Iannizzotto aseguró que su entidad está dispuesta a dialogar y buscar consensos con el gobierno. Al respecto, dijo: “Desde su territorialidad y la impronta de generar puentes de diálogo, Coninagro sigue a disposición para intercambiar propuestas, gestión y contenido en pos del desarrollo local, con políticas que alienten la inversión y la producción, tal como expresa el Plan Coninagro”.
Carlos Iannizzoto, presidente de Coninagro.
Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró tras el acto en Casa Rosada: “Los anuncios demuestran que no conocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. Es una transferencia de recursos del sector productivo a la industria. Un subsidio por parte del sector productivo a la industria».

“Los anuncios fueron peores de lo que había trascendido. Y restituyen una medida que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo, que es el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y los derivados. Se trata de una transferencia de dinero de los productores a los industriales encargados de la molienda de soja. Ese fue el motivo por el cual nosotros desde la Rural decidimos no participar del Consejo Agroindustrial, porque se promovía esta maniobra de conseguir el diferencial”, aseguró Pelegrina en declaraciones radiales.

Por otro lado, el titular de la SRA expresó: “Todo esto ocasiona más trastornos a la transparencia del mercado, con nuevas distorsiones y no lograrán conseguir la medida que buscan que es que los productores se incentiven a vender. Es por eso que no estamos de acuerdo con el fondo de todas estas medidas y tampoco con las formas, porque nada de esto se nos consultó, ni se nos avisó, y las invitaciones para el Acto fueron a último momento”.

Fuente: Infobae.com

2 octubre, 2020
El PJ define el acto del 17 y quiere ofrecerle a Alberto Fernández la jefatura del partido

El Partido Justicialista se reunirá este viernes 2 de octubre para avanzar en la organización del acto virtual que realizará el 17 de octubre, con el objetivo de conmemorar el aniversario número 75 de la fecha fundacional del peronismo y proponerle a Alberto Fernández ser el presidente del partido. El actual presidente del PJ, José Luis Gioja, es el organizador del encuentro y ya se pronunció a favor de la idea, en la que vienen trabajando dirigentes de peso de la CGT y algunos gobernadores como Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán). Todos coinciden en la propuesta de ofrecerle la jefatura partidaria al primer mandatario, quien pocos días antes de ser proclamado candidato presidencial del Frente de Todos se incorporó como miembro de la Mesa de Acción Política del partido. La iniciativa recoge adhesiones inclusive en el mundo kirchnerista, como por ejemplo en el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que fue el primero que lanzó la idea cuando recién despuntaba el mandato de Fernández y el Covid-19 era aún una lejana amenaza en China. Desde la CGT, descartan marchas multitudinarias el 17 de octubre La proclamación de Fernández choca con la idea del propio presidente de no construir un «albertismo», pero sería un gran ordenador hacia adentro, porque alinearía automáticamente a todas las tribus del peronismo y evitaría una interna que podría dejar heridas. El propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció días atrás que «hay un gran entusiasmo» en torno a la propuesta, pero aclaró que existe un cronograma electoral con una serie de instancias que impedirían proclamar a Fernández en el «Día de la Lealtad». Para que el recambio de autoridades tenga efecto, debe reunirse el Congreso y llamar a elecciones: la fecha de los comicios ya se pospuso dos veces, y de persistir la cuarentena podría incluso postergarse la fecha del 20 de diciembre. En este caso, el único escenario posible sería la prórroga del mandato de José Luis Gioja al frente de la columna vertebral del Frente de Todos. La CGT quiere pedirle a Alberto Fernández que presida el PJ el 17 de octubre El 17 viene asomando Ante la imposibilidad de movilizarse en las calles, debido a la pandemia de coronavirus, el peronismo organiza una gran acto virtual para el próximo sábado 17 de octubre, cuando se cumplirán 75 años del nacimiento del movimiento justicialista. Asimismo, también se analizará la situación del PJ de Corrientes, que se encuentra intervenido desde agosto de 2019: la medida, por la que se designó a Julio Sotelo al frente del sello, se extenderá un año más, hasta el 13 de agosto de 2021. El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió la semana pasada conmemorar la fecha con un gran acto en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, al que fue invitado el presidente Alberto Fernández. El acto se pretendía realizar bajo la doble modalidad presencial y virtual para que concurran al edificio de Azopardo 802 o participen vía la plataforma Zoom gobernadores, legisladores, intendentes y trabajadores. Pero el mismo Presidente había aclarado los alcances de la movilización para ese día: «A los que quieren marchar para apoyarme, les digo que tengo gratitud para todos ellos, pero lo que tenemos que hacer es esperar. Lo que necesitamos es ayudar a los médicos», dijo el jefe de Estado. «Hay que ver cómo lo festejamos. Hay varias propuestas, pero nunca me van a escuchar a mí invitar a descuidar la salud. Hay que esperar, porque este no es el momento de salir» a la calle, dijo el viernes pasado en una entrevista radi .

Fuente: Perfil.com

2 octubre, 2020
El Senado avanzará con la quita de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio insistirá con la ilegalidad del modo de sesionar

El interbloque de Juntos por el Cambio decidió no dar acuerdo al nuevo protocolo de funcionamiento remoto en el Senado por lo que en la sesión convocada para hoy votará en contra y mantendrá su cuestionamiento a la legalidad de las votaciones. En ese marco los senadores de la principal oposición buscarán invalidar el debate y la votación del proyecto de ley que reduce los recursos que Nación transfiere a la Ciudad por el traspaso de competencias de la Policía Federal. Con el mismo criterio cuestionarán la votación del nuevo Régimen de la Economía del Conocimiento. Lo que también decidieron es que participarán de toda la sesión, usarán todo el tiempo disponible para expresarse y recién se desconectarán cuando se sometan a votación las iniciativas.

Anoche, a última hora, la Vicepresidenta difundió un decreto de ampliación del orden del día para dar ingreso al Senado a un listado de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.

Radicales y macristas mantuvieron intensos debates durante los últimos días respecto a si debían asistir o no a la sesión. La tensión se profundizó luego de que Cristina Kirchner impulsara la renovación del protocolo de funcionamiento remoto sin incluir pedidos de la oposición como la realización de reuniones de Labor Parlamentaria y que se permita mayor presencialidad en el recinto. El kirchnerismo impuso la modalidad por teleconferencia por otros 60 días y con el voto de la mayoría de los presentes. La oposición considera que son necesarios dos tercios de los votos por lo que se presentó un amparo judicial.
Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio
Esta semana y para buscar un punto de acuerdo hubo varias charlas entre el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y José Mayans del Frente de Todos. También hubo intercambios entre los mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti, vice del bloque oficialista y muy escuchada por Cristina Kirchner. Naidenoff reiteró las condiciones del interbloque que preside, una de ellas la posibilidad de que haya senadores presentes que se roten en una misma sesión (por ejemplo que sigan el debate desde sus despachos y se sienten en una banca sólo para el momento de su discurso). La Vicepresidenta accedió a una parte, que no alcanzó a satisfacer a los opositores: sólo dos senadores extra por cada uno de los bloques mayoritarios podrán estar en el recinto, escribió en un nuevo decreto Cristina Kirchner.

Tras un largo zoom que tuvo lugar ayer desde el mediodía, los senadores coincidieron en que era mucho menos de lo solicitado y que el nuevo decreto cita justamente al protocolo que se votó con mayoría y no dos tercios de los votos. Votar a favor de la enmienda sería una marcha atrás en el amparo judicial que algunos senadores no están dispuestos a dar. Fue la posición que primó en el interbloque donde además no están de acuerdo con la agenda de temas que propone el oficialismo.

A pesar del insistente reclamo por el reglamento, la pelea mayor será por los otros dos temas del orden del día. Uno es el Régimen de la Economía del Conocimiento, que otorga beneficios impositivos al sector. La media sanción fue modificada en el Senado por lo que se volverá a girar a la cámara de origen, es decir la de Diputados.

El otro tema que enfrentará muy fuerte a unos y otros será el Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pedido del Poder Ejecutivo se fijarán, a partir de la sanción de la ley, las partidas presupuestarias. En los hechos implicará una nueva quita para la Ciudad que se suma al decreto presidencial que reduco en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la vía de un decreto.

El texto establece en $24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses. La actualización se hará a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.
Martín Lousteau, senador por la Capital
Varios senadores querían dar el debate, como lo hicieron en la comisión de Asuntos Constitucionales. Son los que asumieron la voz de la defensa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores por la Capital, y Esteban Bullrich y Gladys González que a pesar de representar a Buenos Aires, provincia que recibirá lo que se le quite a la Ciudad, consideran inconstitucional el convenio.

El Frente de Todos, con holgada mayoría, no tendrá problemas en avanzar y darle media sanción. Por eso cobra más valor para Rodríguez Larreta la estrategia de los senadores de invalidar una votación que perderían.

La semana pasada el proyecto pasó por comisión y obtuvo dictamen sólo con votos del Frente de Todos, luego de la exposición de varios juristas, constitucionalistas, funcionarios del ministerio del Interior y de Seguridad y el ministro de Hacienda porteño. Los expositores que defendieron a la gestión de Rodríguez Larreta consideraron inconstitucional una decisión que tomó el Ejecutivo sin acordar con la Ciudad. Del otro lado remarcaron que hubo charlas durante varios meses y que la gestión porteña no quiso ceder “un privilegio”.

La senadora Tagliaferri alertó que «no estamos castigando a un jefe de gobierno opositor, estamos castigando a seis millones de argentinos y estamos castigando la Constitución” mientras que el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos, como presidente de la comisión de Presupuesto, consideró un acto de “justicia” el convenio. El ex gobernador de San Luis Adolfo Rodríguez Saá consideró que “a los victimarios los quieren convertir en víctimas” porque “no estamos tratando la Coparticipación Federal” y Bullrich volvió a considerar la iniciativa como “un atropello” hacia uno de los máximos referentes de la oposición.

Fuente>: Infobae.com

2 octubre, 2020
Las claves del paquete económico del Gobierno para incentivar el ingreso de dólares

El Gobierno lanzó este jueves 1 de octubre un paquete económico destinado a frenar la salida de reservas de dólares, impulsar la producción y luego comenzar a acumular divisas mediante el aumento de las exportaciones para lograr mayor fortaleza macroeconómica, que incluye rebajas en las retenciones a la soja. El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el encargado de encabezar los anuncios económicos y dijo que las medidas buscan construir un «sendero del manejo de la macro y promover sectores clave para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno y, en especial la construcción». Guzmán anunció que las retenciones a la soja bajan 3 puntos, pero vuelven al 33% en enero Medidas vinculadas al sector agroindustrial: – Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector. – Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen 3 puntos las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados. Medidas vinculadas al sector industrial: modifican el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para: – Incentivar la producción con alto valor agregado. – Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad. – Diversificar y complejizar la canasta exportadora. – Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur. – Suben el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%. Medidas vinculadas al sector minero: – Reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que estableció un tope del 8% para los derechos de exportación de los metales. Medidas vinculadas a la industria de la construcción: – Se trabaja en dos proyectos de Ley: – Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos. – Bienes Personales: exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. – Impuesto a las Ganancias: se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra. – Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario. – Financiamiento: el fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito. – El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos. Guzmán dijo que ya se ven signos de recuperación de la economía Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. – Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica. Parámetros alcanzados por la segmentación: Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,00. Se dividió a las zonas en dos: Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja. Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber: – Desde 0 hasta 100 has. – Desde 101 hasta 200 has. – Desde 201 hasta 300 has. – Desde 301 hasta 400 has. Recursos a distribuir en pesos: $12.000.000.000. Precio Soja: 315 u$s/ton. Valor u$s: 70 $/u$. Cantidad de Productores a compensar: 41.293. Cantidad estimadas de tn a compensar: 10.000.000. Tope a pagar tn por ha sembrada EP: 2,5. Tope a pagar tn por ha sembrada P: 2,9.

Fuente: Perfil.com

2 octubre, 2020
Qué información ocultó el embajador en la OEA cuando Alberto Fernández le pidió explicaciones por Venezuela

Alberto Fernández ayer habló por teléfono con Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para entender porqué había decidido rechazar de manera unilateral el informe de las Naciones Unidas (ONU) que ratificó el plan sistemático de violaciones a los derechos humanos ejecutado por Nicolás Maduro y sus grupos de tarea.

La conversación fue mínima y sirvió para que el Presidente reiterará su posición sobre Venezuela y el embajador político hiciera su descargo. Alberto Fernández cortó la llamada y creyó entender porqué Raimundi había negado la importancia de la investigación formalizada por la ONU bajó la dirección de Michel Bachelet, ex mandataria de Chile.

El martes pasado, durante un encuentro informativo en la OEA, Raimundi opinó que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.

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Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA

Esas afirmaciones del embajador causaron una fuerte crítica en la diplomacia regional, Naciones Unidas, la oposición venezolana, el Departamento de Estado, la Unión Europea, la Cancillería argentina y la oposición local. Y en este contexto, Alberto Fernández decidió llamar a Washington para conocer las razones de Raimundi, tras descalificar su posición unilateral presentada en una reunión organizada bajo el paraguas institucional de la OEA.

El Presidente explicó a Raimundi que la Argentina repudia las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen populista, que no está de acuerdo con el bloqueo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y que apoya la realización de elecciones libres y transparentes en Venezuela con la participación de todos los sectores en pugna incluido Nicolás Maduro.

El embajador ante la OEA escuchó en silencio a Alberto Fernández hasta que llegó su turno de aclarar porqué había implosionado la posición geopolítica de la Argentina frente a la crisis en Venezuela.

“Te agradezco la explicación, yo no conocía la posición de la Cancillería. (Felipe) Solá no habla conmigo”, argumentó Raimundi al otro lado de la línea.

Alberto Fernández cortó la comunicación y en la intimidad de Olivos cuestionó la idoneidad política de su ministro de Relaciones Exteriores.

La reacción del Presidente fue injustificada. Raimundi no le había contado la verdad.
El canciller Felipe Solá y su jefe de Gabinete, Guillermo Justo Cháves
A mediados de septiembre, Solá redactó un cable con categoría reservado que llegó al despacho del embajador argentino ante la OEA. El cable repite en términos diplomáticos la explicación que hizo Alberto Fernández con su lógica política:

1. Rechazo absoluto a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela

2. Crítica al bloque económico y financiero de Venezuela

3. Apoyo al proceso de transición democrática para lograr elecciones libres y transparentes en Venezuela

Infobae tiene una copia del cable reservado frente a la posible desmentida del embajador Raimundi. En su largo texto se pueden leer las palabras “compartimos”, “normalizar” o “agravada”, por si el representante diplomático de origen radical duda de su existencia.

Pero al margen del cable ordenado por Solá, Raimundi recibió instrucciones verbales transmitidas por Pablo Tettamanti -vice canciller- y Guillermo Justo Chaves, jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores. Tettamanti y Chaves hablaron por separado con Raimundi e insistieron con la posición formal de la Argentina frente a la crisis social, política y humanitaria que sufre Venezuela.

Las conversaciones de Tettamanti y Chaves sucedieron una semana antes que el embajador en la OEA rasgara la imagen presidencial en América Latina. Pocos estados regionales creen que Alberto Fernández trata de mantener una posición equidistante con Maduro y las opiniones unilaterales de Raimundi han profundizado esa desconfianza política.

Con todo, y si aún cree que no hay evidencias para cuestionar la honestidad del embajador, Alberto Fernández puede confrontar esta información citando a su despacho a Tettamanti y Chaves, que además tienen copia del cable reservado que ayer Raimundi desconoció sin hesitar.

El embajador no tiene manera de probar que desconocía la posición de la Cancillería. Además del cable reservado y de las conversaciones que mantuvo con Tettamanti y Solá, en su gabinete trabajan cuatro altos funcionarios que son expertos en derechos humanos. Y ahora su principal ocupación y preocupación es el informe de la Bachelet que Raimundi rechazó por las suyas.

Alberto Fernández cuenta con una sola decisión para tomar si pretende recuperar su credibilidad como protagonista de la agenda global vinculada a la crisis de Venezuela. El lunes, a la hora del te, sale desde DC un vuelo a Buenos Aires. Tiene dos escalas.

Fuente: Infobae.com

2 octubre, 2020
La necesidad de una política exterior clara y permanente en defensa de los derechos humanos

La reciente difusión del Informe sobre la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” –elaborado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de conformidad con su Resolución 42/25– ha provocado tanto adhesiones como apoyos a sus constataciones respecto de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –desde el año 2014– en Venezuela.

El documento insta a la administración venezolana a responsabilizarse por la comisión de estos crímenes, al considerar que sus más altas autoridades no sólo conocían lo que ocurría, sino que además ejercían un control, apoyo y coordinación sobre aquellos. Lo anterior se traduce, según los autores del informe, en una conducta sistemática de represión y violación de derechos humanos como políticas de Estado, que ameritaría la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, durante la administración Macri, la República Argentina, junto a Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, solicitó a la CPI que iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.

Esta reflexión no aborda el contenido del Informe de la Misión Internacional Independiente –que el lector puede consultar en fuente directa desde la página del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas– sino que analiza las declaraciones de apoyo o rechazo al documento. Al respecto, consideramos que cualquier aproximación a esta cuestión debe ser realizadas con prudencia y que no corresponde utilizar referencias teóricas –por otra parte cuestionables académicamente– como las que señalan a Venezuela como un “Estado fallido”, lo que que subliminalmente remite a situaciones como las de Somalia, que son incomparables –en todo sentido– con la venezolana.

Una de las adhesiones al documento y sus recomendaciones provino de la Secretaría General de la OEA, que además se encargó de destacar la consistencia entre Informe y lo decidido oportunamente por este órgano en mayo de 2018, respecto de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, un criterio similar al de Zeid Ra’ad Al Hussein, por entonces alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y predecesor de Michelle Bachelet. Sin embargo, no puede perderse de vista que Luis Almagro Lemes (secretario de la OEA) se ve de alguna manera cuestionado por un grupo de Estados latinoamericanos, lo que se traduce en una división interna dentro de la OEA y dificultades adicionales en distintos niveles y ámbitos de representación.

La Argentina parece no tener clara su posición, ya que manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de las Naciones Unidas en Ginebra, mientras que durante la última reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada para tratar el documento en cuestión y la situación de Venezuela, Carlos Raimundi –el representante argentino acreditado ante el órgano regional– manifestó su oposición al Informe. El funcionario afirmó que nuestro país no realiza una lectura ideológica de los derechos humanos y que lo importante es la persona que sufre, al tiempo que rechazó la utilización del Informe para establecer una posición ideológica y efectuar apreciaciones sesgadas respecto de posibles violaciones de los derechos humanos. Concluyó señalando la necesidad de un apoyo y cooperación entre los Estados para garantizar salidas pacíficas y negociadas. Esto muestra un cambio significativo respecto de la postura del Estado argentino ante organismos internacionales en los últimos años.

Esta situación de ambivalencia resulta más notoria si se advierte que, pocos días después, Pablo A. Tettamanti (Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina) aseguró que nuestro país se encuentra preocupado por los informes que reportan graves violaciones a los derechos humanos y que es necesario continuar con el apoyo para alcanzar un respeto pleno de aquellos en Venezuela, junto con un funcionamiento de las instituciones democráticas.

Aunque reste un largo camino por recorrer, existen elementos que deben ser tenidos en cuenta –con suma prudencia– al realizar cualquier evaluación a futuro: 1) referirse a la situación de los derechos humanos en un país determinado implica, necesariamente, considerar los asuntos internos de aquel, ya que el derecho internacional exige a los Estados el cumplimiento de sus normas y estándares; 2) existen foros oficiales universales y regionales –así como distintas ONGs– que vienen expresando su preocupación, desde hace muchos años, por la situación de los derechos humanos en Venezuela; 3) la administración venezolana expresó su voluntad de investigar 58 presuntas ejecuciones extrajudiciales por sus fuerzas de seguridad y 35 causas de muertes documentadas por la oficina de la ONU, así como también proceder al intercambio de información sobre casos individuales y situaciones de derechos humanos y conceder el arresto domiciliario al líder opositor Juan Requesens y el indulto de 110 personas (hechos destacados por Bachelet hace unos pocos días); y, 4) la presentación del documento “La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio” elaborado por la administración de Maduro para cuestionar la obtención de los datos utilizados en el Informe de la Misión Internacional Independiente.

A pesar de que la normativa internacional aplicable en materia de derechos humanos es clara y que los Estados son los destinatarios de su observancia, su implementación no escapa al verdadero mosaico de interpretaciones políticamente dinámicas que se expresan en los diversos foros internacionales.

¿Qué podría hacer la República Argentina ante el actual escenario? Es necesario mantener la posición histórica en defensa de los derechos humanos, sin importar el signo político de la administración en cuestión y que el “Nunca Más” que le debemos a Raúl Alfonsín no sea sólo para nuestra Nación y quienes la habitan, sino para toda la comunidad internacional.

Como país que ha sufrido en carne propia la vulneración de los derechos humanos, el compromiso por la defensa de la vida e integridad de las personas debería pesar más que los signos políticos y, tal como afirma Ricardo Arredondo, es necesario ser más exigentes que indulgentes en el ejercicio de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, ya que además de ser una obligación legalmente vinculante, es un imperativo ético y moral.

En definitiva, la conveniencia de este criterio redunda en una mejor legitimidad, liderazgo y prestigio internacional del país en el desarrollo de sus relaciones internacionales.

*Abogado y Magister en Relaciones Internacionales (UBA). Profesor de derecho internacional público (UBA-UCA-UP-USI). Miembro Consejero del CARI y Miembro Titular de la AADI.

Fuente: Infobae.com Leopoldo M. A. Godio

2 octubre, 2020