Alberto Fernández fue durante nueve meses un equilibrista en medio de la fuerte división interna del sindicalismo. Pero las señales que fue emitiendo simétricamente desde que asumió, tanto en favor de los dialoguistas de la CGT como de los más intransigentes y kirchneristas abroquelados detrás de los Moyano y de Hugo Yasky, decantaron en una flamante decisión: el Presidente acaba de dar muestras de haber elegido como su sector favorito a los gremialistas que conducen la central obrera.
Hay dos datos que confirman la ruptura de la neutralidad presidencial. Por un lado, eligió a la cúpula cegetista como socia para protagonizar la celebración del 17 de octubre en la histórica sede de Azopardo 802, donde el jefe del Estado se dará un “baño de peronismo” y será convertido en presidente del PJ. Por otro, el Ministerio de Trabajo, conducido por Claudio Moroni, uno de los funcionarios de mayor confianza de Alberto Fernández, incluyó a los dirigentes de la CGT entre los beneficiados por la extensión del mandato hasta dentro de un año y postergó una dura pelea que se iba a dar en marzo de 2021.
La coincidencia de ambas decisiones causaron malestar entre los opositores a la conducción de la CGT. Es obvio. El Presidente podría haber festejado el Día de la Lealtad Peronista de manera más equidistante, dándole participación a otros sectores sindicales y sin darle oxígeno exclusivamente a la dirigencia de la central obrera.
También podría haber dejado a la CGT afuera de los alcances de la resolución 1199/2020 que, con la excusa de la pandemia, prorrogó la suspensión de los procesos electorales en 2020 y los mandatos de los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones por 180 días desde el 21 de febrero de 2021. Es decir, hasta el 27 de agosto próximo.
Alberto Fernández, en su visita a la CGT del 19 de noviembre pasado
Después de todo, si hubiera existido una decisión política de renovar la CGT se podría haber instrumentado algún operativo para que se reunieran con suficiente distancia y votaran en un cuarto oscuro los 2100 congresales cegetistas que deben elegir nuevas autoridades. Sobre todo, tras un antecedente: el Gobierno habilitó 24 escuelas porteñas para que voten en las elecciones de Bolivia unos 60.000 ciudadanos de ese país que viven en la Argentina.
“Alberto terminó eligiendo a los Gordos”, bufó ante Infobae un dirigente gremial cercano al kirchnerismo, de buena relación con el primer mandatario, que no se refería a la silueta de los sindicalistas favoritos del Presidente sino al nombre del sector que integran Héctor Daer, de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Comercio, dos de los integrantes del establishment del gremialismo argentino, que junto con “los independientes” (Gerardo Martínez, de la UOCRA; Andrés Rodríguez, de UPCN, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), tienen el timón de la CGT y no quieren resignarlo.
El jefe del Estado sabe que vienen muchos meses turbulentos en la economía y que cualquier pelea interna en el sindicalismo puede convertirse en un boomerang para el Gobierno, y por eso necesita un interlocutor lo más previsible y confiable que se pueda en las filas del movimiento obrero. Así se entiende por qué se prorrogaron los mandatos de los dirigentes sindicales y, sobre todo, de la CGT. La resolución 1199/2020 determinará que el mapa sindical actual quede congelado hasta dentro de un año.
Antes de la flamante resolución de Trabajo, con los mandatos de la central obrera vencidos en agosto pasado, estaba previsto que el congreso cegetista se hiciera en marzo de 2021. Ahora, Daer, uno de los dirigentes en quien más confía Alberto Fernández, mantendrá el poder durante 12 meses más y no arriesgará su continuidad como cotitular de la central obrera en lo que se perfilaba como una desgastante pelea con Pablo Moyano para dirimir quién iba a liderar la nueva CGT.
Juan Carlos Schmid, Hector Daer y Carlos Acuña, el último triunvirato elegido en 2016 para conducir la CGT
Ahora, ¿fue el mejor cronograma que podría haber elegido el Gobierno? Con este panorama actual, las negociaciones de los sectores sindicales para renovar la CGT alcanzarán su momento culminante después de las PASO y un mes antes de las elecciones legislativas del 24 de octubre. A priori, no parece la mejor decisión que la pelea por conducir la central obrera, que puede ser muy virulenta y terminar contaminando la puja salarial o multiplicando la conflictividad callejera, se haga en medio de un clima electoral tan decisivo para la gestión de Alberto Fernández.
¿O la elección de la nueva CGT pasará para marzo de 2022? Estas especulaciones parecen de ciencia ficción. En estos días, por las dudas, la cúpula cegetista está preparando el terreno para lo que viene: para la reunión de su mesa chica amplia del jueves pasado fueron invitados dirigentes que hoy no integran el consejo directivo, pero a quienes quieren convencer de sumarse a la futura central obrera. Desde los kirchneristas Pablo Biró (pilotos) y Horacio Arreceygor (televisión) hasta los dirigentes del espacio Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (SEMUN), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), pasando por el independiente Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento).
Allí hablaron de la organización del acto del 17 de octubre, que, como anticipó Infobae, tendrá un fuerte componente de participación virtual: por iniciativa de la Casa Rosada, se utilizará una aplicación diseñada por Javier Grosman, el organizador de las celebraciones K, que permite que se conecten en forma simultánea e interactúen millones de personas (se usó por primera vez en abril, en la celebración de los 50 años del Día de la Tierra).
En la última reunión de la CGT se organizó el acto del 17 de octubre y se escucharon críticas al Gobierno
Pero el jueves pasado, sin embargo, hubo dirigentes que plantearon sus ganas de sacar a sus militantes a la calle, respetando la distancia social. Finalmente, se acordó libertad de acción para que cada sindicato organice la modalidad del festejo.
En el encuentro, como ya es tradicional, hubo momentos de catarsis para exteriorizar sus quejas porla inacción en algunas áreas del Gobierno y la falta de interlocutores en la grilla oficial. Los dirigentes de la CGT incluso se permitieron reírse a carcajadas ante la idea de un funcionario de la Jefatura de Gabinete que había propuesto que el salón Felipe Vallese de la sede cegetista, epicentro del festejo por el 17 de octubre, se decorara con una foto de Juan Domingo Perón usando un barbijo, como una curiosa señal de adaptación del peronismo a estos tiempos de pandemia.
Para Alberto Fernández, la opción de elegir como aliada a la cúpula de la CGT también responde a otra razón: confía en Daer y en su eterna capacidad de apoyar al Gobierno, pero, a la vez, desconfía de Pablo Moyano, a quien considera dominado por su carácter volcánico y, para colmo, afectado por un probable procesamiento en la causa judicial en la que se lo acusa de presunto organizador de una asociación ilícita junto a la barra brava del Club Independiente.
Pablo Moyano quiere ser el futuro titular de la CGT
A Pablo Moyano lo respaldan ciegamente funcionarios camporistas como el ministro Wado de Pedro, pero tanto el Presidente como sus incondicionales (el ministro Claudio Moroni, por ejemplo) ven en el secretario adjunto de Camioneros a alguien con muchísima capacidad para meterse en problemas (e involucrar en ellos a quienes lo apoyan).
En el entorno de Alberto Fernández apuntan en ese sentido a la excluyente responsabilidad del secretario adjunto de Camioneros en el bloqueo dispuesto en el centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza. Una decisión que irritó al Presidente y que ocasionó un cortocirtuito entre los Moyano. Es que “Pablito” decidió la protesta contra la empresa de Marcos Galperin sin el aval explícito de su papá Hugo, recluido por la pandemia en su departamento de Barracas.
¿Un dirigente tan imprevisible puede manejar la CGT? Es la pregunta que se hacen muy cerca del Presidente y también entre los mismos sindicalistas. Ese carácter intempestivo de Pablo Moyano, además del estilo de liderazgo personalista que mostró Hugo Moyano cuando piloteó la central obrera, ahora juegan en contra del regreso de Camioneros al máximo sillón cegetista. El único que hasta ahora se animó a verbalizarlo fue el líder de La Fraternidad, Omar Maturano, quien en una entrevista con Infobae afirmó algo que comparte el 90% de la dirigencia gremial: “Yo no quiero la CGT camionera”. Lo nuevo es que, por primera vez, Alberto Fernández también parece haber decidido qué CGT quiere.
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, criticó este sábado 3 de octubre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el per saltum solicitado por los tres jueces desplazados por el Senado. «La Corte perdió toda su credibilidad, ya no tiene autoridad», expresó. El funcionario dijo que lo «sorprendió» que haya un debate por el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli porque , «por primera vez hubo unanimidad en las instancias inferiores que tuvieron que tratar este asunto del desplazamiento» de esos magistrados. «La Corte perdió toda su credibilidad con el fallo del 2×1, paso de ser una Corte de mucho poder a una que ya no tiene autoridad», manifestó Crous en diálogo con el programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa. Tras el per saltum, el oficialismo pidió el juicio político de Rosenkrantz En esa línea, apuntó: «todos sabemos que los movimientos fueron de la misma baja calidad que las designaciones de los jueces de la Corte, empezamos muy mal. Estamos en un sistema muy decadente, no hay debate para dar. Esta Corte es una Corte chiquita de un país de pocos dueños, el Mitrismo estableció una Corte chiquita para tener mas control». «En todas las instancias inferiores, dos juezas en lo Contencioso Administrativo, la Cámara que estaba por fallar y no la dejaron, y en el resto de las instancias penales que debían recibir a los jueces, comprendieron que esos traslados necesitaban completarse o revocarse», expresó el titular de la Oficina Anticorrupción. En ese sentido, sostuvo que «sorprende que haya un debate, porque por primera vez hubo unanimidad en las instancia inferiores» que «tuvieron que tratar este asunto del desplazamiento». «En realidad, de la reversión de un traslado incompleto de tres jueces que no completaron su trámite de redesignación», precisó. Crous manifestó que «tanto Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron ellos bajarse de esos traslados, porque sus otros siete colegas fueron al Senado y rindieron la audiencia que prevé la Constitución». Consejo de la Magistratura pidió a la Corte que rechace el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli Asimismo, consideró que «esta Corte, la de cinco miembros, es el producto de la victoria de Buenos Aires después de la Batalla de Pavón». «El primer proyecto de Corte después de independencia de la Asamblea del año XIII preveía 9 miembros y 2 fiscales ante la Corte», expresó el jefe de la Oficina Anticorrupción. El traslado de los tres jueces fue suspendido por el Senado y la Corte Suprema de Justicia estudia una salida a los reclamos de los magistrados luego de haber aceptado esta semana el recurso de ‘per saltum’.
El Gobierno nacional y el campo sumaron un nuevo capítulo en su historia de tensiones y rispideces. Si bien la relación nunca fue del todo buena, el malestar se acentuó en los últimos meses, donde los problemas del sector se agudizaron y las decisiones oficiales provocaron un constante choque de intereses.
Si se hace un recuento de los principales inconvenientes que atraviesa el agro, la falta de reglas claras, la presión impositiva, la brecha cambiaria y el financiamiento se erigen como los más importantes, con un protagonismo excluyente del Ejecutivo Nacional, en un contexto de condiciones climáticas adversas, con una profunda sequía y numerosos y grandes incendios.
Los anuncios que realizó el jueves pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conjunto con los de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lejos estuvieron de complacer a los productores y generar la tan mentada “confianza” que reclama el campo. El campo necesita señales del gobierno, para transformarse una vez más en el sector que encabece la recuperación del país, que se encuentra desde hace tiempo inmerso en una crisis y que la misma fue agravada por la pandemia.
El gobierno, en su avidez de dólares que alimenten las menguantes arcas del Banco Central, lanzó una baja temporaria de retenciones a las exportaciones del complejo sojero, que en el caso del poroto de soja bajan desde este mes 3 puntos porcentuales hasta el 30% y progresivamente vuelven a instalarse en el 33%. Para sus subproductos, entre los cuales la harina y el aceite se destacan por su peso, la alícuota pasa del 27-28% en octubre al 30-31% en enero de 2021, restableciendo el diferencial entre los despachos de materia prima y los que tienen algún procesamiento.
Asimismo, el Gobierno nacional anunció el “Plan de Compensación y Estímulo a Pequeños Productores de Soja y Cooperativas”, a un costo fiscal de $11.500 millones y con una segmentación que dependerá de la escala productiva y la distancia de las explotaciones a los puertos. Se trata de una promesa que el gobierno había anunciado en marzo pasado, hace más de 6 meses.
El pasado jueves el gobierno anunció medidas económicas en Casa Rosada
Para los dirigentes de la Mesa de Enlace, los anuncios oficiales -sobre todo, la baja de retenciones- son “medidas aisladas e insuficientes”. Al respecto, remarcaron: “Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retención solo le sirve a algunos actores, que no son los productores agropecuarios. Estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”.
Para entender cuáles son los problemas que afectan al campo, he aquí un recorrido por los principales reclamos que dirigentes y productores del campo plantearon más de una vez a los funcionarios nacionales:
1 – Reglas claras
Las reglas claras para desarrollar el negocio agropecuario son una demanda central. Para los ruralistas, establecer pautas que aseguren el normal desenvolvimiento de la actividad son indispensables para crear confianza y certidumbre, algo que hoy no existe.
En su comunicado sobre la baja temporal de retenciones, la Mesa de Enlace indicó que “el problema es mucho más hondo e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones en que llevamos a cabo nuestras actividades. La imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro”.
Según una encuesta publicada ayer por Infobae, 92% de los productores relevados indicaron que la principal demanda del sector es el de reglas claras para desempeñar la actividad. También se mencionó como importante que haya una “planificación estratégica” para el sector.
Siguen los cruces entre el Gobierno de Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, tras los anuncios del jueves pasado
Para apreciar esto con mayor claridad, cabe mencionar que en lo que va de la presidencia de Alberto Fernández, el esquema de retenciones sufrió ya tres modificaciones, que se suman a los constantes cambios en las reglas para el acceso al mercado de cambios dispuestas por el Banco Central, o la introducción de nuevos impuestos o tasas municipales sobre el sector.
Sebastián Senesi, Director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA, dijo que «la idea política del gobierno está atravesada por un modelo intervencionista, de baja calidad institucional y fuertes liderazgos. No importan los marcos regulatorios, sino que están definidos por una persona y termina siendo más la imposición por la fuerza de un liderazgo político, que el planteo de reglas de juego que den certidumbre, confianza y previsibilidad”. Según Senesi, eso se traduce en una baja calidad institucional. “Quedás inmerso en la decisión de una persona y no en una decisión colectiva. Esta lógica se traduce después en un modelo donde existen tipos de cambio diferenciales , retenciones, alta carga impositiva y otras medidas en detrimento del campo, cuya visión es totalmente diferente”, remarcó.
2 – Retenciones y presión impositiva
Las retenciones son una disputa histórica entre el campo y el Ejecutivo nacional, que tuvo un hito en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el conflicto de la Resolución 125. La soja tributará en octubre el 30%, pero volverá al 33% en enero de 2021, el trigo y el maíz 12%, la carne 9% y el girasol 7%. A fines del gobierno de Mauricio Macri las alícuotas eran 24,7% para la soja y 6,7% los cereales, con un tope de retención de 4 pesos por dólar exportado. Cuando asumió Alberto Fernández, el tope fue eliminado y soja, maíz y trigo pasaron a tributar lo que pagan en la actualidad. Luego, en marzo pasado, el Gobierno le sumó 3 puntos más a la oleaginosa y provocó un cese de comercialización de granos y hacienda por parte de un sector de la Mesa de Enlace.
La eliminación de retenciones es un reclamo histórico En las “Propuestas del Campo y la Producción” de la Mesa de Enlace, presentadas a todos los candidatos presidenciales en 2019, se las considera «un mal impuesto, que no tiene en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones”.
Para apreciar el impacto sobre el sector, basta mirar la contribución de las retenciones agroindustriaes en el primer trimestre 2020. Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en los primeros seis meses del 2020, el sector aportó por derechos de exportación USD 3.643 millones, casi un 20% de los USD 20.002 millones que exportaron en conjunto las cadenas.
Ya que tiene una incidencia negativa en la producción agropecuaria, el sector viene reclamando desde hace tiempo una eliminación de las retenciones
El campo también mostró disconformidad con el restablecimiento del diferencial entre la exportación del poroto sin procesar y sus subproductos, que llegaría al 2% en enero de 2021. Para la Mesa de Enlace esto se traduce en una transferencia de los productores a la industria. Y para la Cámara de la Industria Aceitera “es un paso correcto para equiparar la carga tributaria sobre los productos finales y la materia prima utilizada en el proceso”.
Pero las retenciones son solo una parte de la presión tributaria sobre el sector, que el campo considera “asfixiante”. Según el Índice FADA, que mide la carga impositiva sobre la actividad, en septiembre la participación de los tres niveles del Estado (Nación, Provincias y Municipios) en la renta agrícola era en promedio, del 62%: de cada $100 que genera el campo, $62 van a las arcas estatales.
3 – Brecha cambiaria
La brecha cambiaria es otro problema importante. No impacta solo por la diferencia entre el dólar oficial y los paralelos, sino también por el valor del dólar que cobra el productor, que en el caso de la soja será 30% inferior al oficial, por las retenciones. Más allá de lo que diga el Banco Central, por un dólar de exportación un productor sojero recibe cerca de $57 por dólar de exportación, pero la mayoría de sus costos están dolarizados y no siempre al valor del dólar oficial. Si además pretende comprar dólares deberá pagar casi el triple del precio que a él le reconocieron. En definitiva, el dólar al productor está muy por debajo de las diferentes cotizaciones que hay hoy en el país y que inciden en los precios de sus insumos.
Siguen las críticas del campo a las medidas cambiarias del Banco Central (Reuters)
Para el analista del mercado de granos, Carlos Etchepare, “lo que debería solucionarle el Gobierno al productor es el desdoblamiento cambiario que los está matando: por tonelada de soja ingresan al país USD 428. A ese total hay que restarle unos USD 12 de gastos de exportación y un 30% de retenciones, que serían unos USD 130 menos. Quedan entre USD 290 o USD 300; es lo que debería agarrar el exportador y decirle al productor ‘acá tenes’, pero esos dólares van al Banco Central”.
“Entonces, al exportador también le dan pesos, por lo que toma esos USD 300 al cambio oficial y le da al productor $24.000. Pero no son el equivalente a USD 300 sino USD 155, porque si el convierte esos $24.000 en dólares le dan un tipo de cambio de de $140 o $150. No solo no tiene un refugio de valor; si se suman las retenciones y el desdoblamiento cambiario, le quitan en efecto el 63%”, concluyó.
4 – La falta de financiamiento
Para un productor es imprescindible contar con líneas de financiamiento a tasas accesibles. David Miazzo, economista Jefe de FADA dijo al respecto: “Financiamiento de corto plazo hay, por lo menos para sectores como agricultura y ganadería pampeana; me refiero a plazos para descuentos de cheques, tarjetas agropecuarias, líneas del 24%. Son plazos normalmente de seis meses, un año o en algunos casos a tres años. Hay líneas especiales del 24% para descuentos de cheques, a las que el que tiene stock de soja no puede acceder, y eso afecta a gran parte de los productores agrícolas”.
«Lo que casi no hay -dice Miazzo- son créditos de largo plazo, a 5 años por ejemplo, para inversiones más sustanciales, como las porcinas o en tambos, que requieren más plazo. Hay poco y en dólares, pero hoy la gente no quiere endeudarse en esa moneda”.
5 – Relación institucional
Si bien hay reuniones periódicas entre la Mesa de Enlace y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, desde el campo consideran que la cartera no ofrece respuestas y soluciones a los reclamos del sector. Inclusive, tras el último encuentro que mantuvieron, las entidades agropecuarias criticaron las «reuniones inconducentes” y alegaron: “Hemos sido respetuosos de las dificultades planteadas por la pandemia, pero hasta el momento sólo han dilatado los tiempos y no se avanzó en cuestiones urgentes”.
El jueves se sumó un nuevo capítulo: en conferencia de prensa, Basterra criticó al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, y aseguró que tanto esta entidad como CRA y Coninagro se opusieron a la segmentación de los pequeños y medianos productores: “Hemos tenido diez reuniones con la Mesa de Enlace, en ninguna terminamos con discusiones y siempre estamos dispuestos al diálogo. Esto es producto del diálogo con Federación Agraria, se opuso Coninagro, se opuso CRA y se opuso Sociedad Rural a tratar la segmentación a los productores. Nuestro compromiso fue trabajar más hacia las personas que más necesitan”, dijo el ministro.
Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina
Al ministro de Agricultura le respondió Carlos Iannizzotto, de Coninagro: «Nuestra entidad está en contra porque segmentar sería una forma de admitir y mantener las retenciones y eso se puede instrumentar a través de Ganancias”, explicó. Y Pelegrina fue al hueso: “estamos empantanados en la relación con el funcionario. No rechazamos las medidas para la agricultura familiar, pues consideramos que hay que tenerla en consideración, pero no es la única parte de la política agropecuaria. Parece que el ministro estuviera más dedicado a eso”.
Es que el jueves se hizo evidente que el gobierno ha elegido como sector para dialogar sobre los temas del campo al Consejo Agroindustrial Argentino. Con la Mesa de Enlace el juego es más de confrontación. Las críticas de Basterra a Pelegrina, seguidas por los elogios al nuevo espacio formado por más de 50 entidades sugiere hacia por dónde quiere hacer pasar la gestión de Alberto Fernández su relación con la cadena agroindustrial.
6 – Tránsito entre provincias
Los traslados interjurisdiccionales de los productores, declarados por el gobierno trabajadores esenciales, han sido una complicación constante durante la cuarentena. Si bien en los últimos meses la situación tendió a normalizarse, ciertas provincias siguen exigiendo protocolos que restringen mucho el ingreso, como San Luis y Santiago del Estero.
Ayer se decidió levantar por 15 días los bloqueos a los ingresos de San Luis
Es común que productores tengan o trabajen campos situados en provincias en las que no están radicados. Con la cuarentena, el acceso a los mismos fue afectado y produjo todo tipo de obstáculos a su normal labor. El problema escaló de modo tal que productores, transportistas y comerciantes bloquearon los accesos a San Luis durante cuatro días, en represalia por los restrictivos protocolos sanitarios que la provincia puntana exige no sólo para ingreso, estadía y salida. Ayer, el grupo de autoconvocados que llevaba adelante la protesta levantó los cortes por 15 días tras una reunión con autoridades de San Luis, funcionarios nacionales y dirigentes agropecuarios.
7 – Inseguridad rural
Los hechos de inseguridad en el ámbito rural fueron constantes en los últimos años. Los hechos delictivos más comunes son el robo de producción (sean granos, frutas o ganado), abigeato, incendios intencionales de campos y rotura de silobolsas y otros instrumentos de trabajo. Aunque no son delitos federales, y por lo tanto deben atenderlos las provincias, la escalada de roturas de silobolsas fue tal que el Gobierno nacional decidió intervenir en el tema.
La rotura de silobolsas, uno de los principales hechos de inseguridad rural (www.elregionaldigital.com.ar)
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el propio Basterra elevaron la cuestión al Consejo de Seguridad Interior, con la posibilidad de que se generen acciones preventivas en base a información de los ministerios provinciales de Seguridad y de Agricultura y Producción.También el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de penalización (con hasta cinco años de prisión) a los autores de dichos delitos y se elevaron otras iniciativas para su tratamiento legislativo. Hasta el momento, los proyectos se encuentran en diferentes comisiones.
Mientras, los hechos delictivos siguen sucediendo y no ha habido noticias del alcance que tuvieron o podrían tener las acciones oficiales.
8 – Mejoras en Infraestructura
Se trata de otro reclamo histórico del campo: una infraestructura que permita la salida de la producción de los establecimientos rurales hacia los centros de comercialización, con caminos rurales y rutas en buen estado. Según el Consejo Vial Federal, hay 589.410 kilómetros en la red de caminos rurales, un 26% de jurisdicción provincial, y un 73% municipal. Los productores también piden mejorar la conectividad en el ámbito agropecuario.
Semanas atrás, Coninagro pidió al gobierno un relevamiento real y actualizado de la red de caminos, características y estado en la mayor parte de las provincias. “Es necesario plantear un plan de mejoras prioritario para la red troncal de caminos rurales que garantice una transitabilidad de al menos el 90%», señaló. «Es el primer paso para dar conectividad a los principales corredores productivos del país, optimizando la logística, reduciendo costos, y haciendo viable la vida rural”, dijo su titular, Carlos Iannizzotto.
9 – Actualizar la Ley de Emergencia Agropecuaria
Aquí el Gobierno no tiene nada que ver, pero que las condiciones climáticas jueguen en contra de la producción, altera los ánimos de los productores. Vastas zonas agrícolas, como el norte del país y Córdoba atraviesan una fuerte sequía. La falta de agua impactó de lleno en la campaña de trigo, que en un principio se proyectaba como récord con una estimación de producción de 22 millones de toneladas, pero hoy se esperan 17,5 millones de toneladas. Y también impactó en la campaña gruesa apenas iniciada.
Para hacer frente a la difícil situación climática, desde hace tiempo el campo viene reclamando una actualización de los montos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que continúan siendo de 500 millones de pesos, tal como era en el momento que se aprobó, años atrás. También, hay un histórico reclamo de implementar un seguro multirriesgo, para que los productores puedan contar con algún respaldo frente a momentos complicados en lo climático.
La sequia y los incendios, la problemática climática que impacta en el campo
La sequía derivó en incendios en Córdoba, Chaco, Formosa, San Luis, Entre Ríos, por mencionar algunas provincias. En medio de esta situación, generó mucho enojo en el sector las afirmaciones del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, quien acusó a los productores agropecuarios de ser quienes provocan los incendios en las islas entrerrianas. “El 95% de los fuegos son intencionales y provocados”, dijo el ministro. «Apagamos el fuego y los mismos isleños, a instancias de los productores, vuelven a encenderlo al otro día”, afirmó el funcionario. En respuesta a esas declaraciones la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) señaló: «señor Juan Cabandié, sabemos que usted no tenía preparación previa para un cargo como con el que lo han honrado, pero debería honrar el cargo instruyéndose al menos en cosas básicas como que la baja humedad relativa, los vientos fuertes, las altas temperaturas de estos días, la vegetación arbustiva y leñosa que permanece encendida internamente, son características suficientes para que el fuego se reinicie”.
La justificación de las torturas y asesinatos de la dictadura venezolana realizada por Carlos Raimundi es una muestra cabal de la decadencia en la que está inmerso el gobierno. No por Raimundi, que es famoso por su insolvencia intelectual y que en lo único que ha demostrado pericia es en recorrer con perfil bajo el espinel político para tener siempre un cargo. Si el que le diera un cargo fuera Robledo Puch, Raimundi diría que es un hombre que ha luchado contra el imperialismo. El kirchnerismo está lleno de personajes como Raimundi.
El tema es que el mundo está en una situación difícil y estos gestos hunden a Argentina cada vez más en la posición de apestado internacional con el que nadie se quiere juntar y del cual es mejor huir (precisamente lo que están haciendo muchas empresas internacionales mientras la falta de empleo escala a cifras de vértigo). Pero, repito, Raimundi no es el problema. El problema es la extraordinaria falta de gobernabilidad del oficialismo. Lo normal hubiera sido que a Raimundi lo apartaran de su cargo en la OEA inmediatamente y que hiciesen un cerco sanitario aislando a un defensor de dictaduras. Pero el Presidente no puede. No tiene capacidad política para remover a un embajador. ¡En una actitud de increíble patetismo le contó a un periodista que estaba enojado! Como si fuera un concejal de pueblo. En materia internacional el daño es doble: el embajador ante la OEA es defensor de dictaduras y el Presidente no tiene poder para removerlo de su cargo. Cualquier gesto que no sea la remoción del cargo es un escalón más hacia el aislamiento internacional en un momento donde Argentina necesita de muchos apoyos internacionales que le permitan atraer inversiones y crear empleos. Ni un centavo entrará a Argentina y la sangría empresaria se intensificará. Está claro que las viudas de dictadores no cotizan bien en el mercado internacional.
El único indicador que Argentina encabeza es el de mayor cantidad de muertos por millón por Covid. Primeros. En primer lugar y luego de la cuarentena más larga del mundo. Destrozaron la economía y aplicaron una estrategia sanitaria notablemente fallida. En este mundo convulsionado, los países atravesaron la pandemia de mejor o de peor forma. Argentina es observada en el mundo como ejemplo de estrategia estrafalaria, manejada por unos personajes que dan más pena que risa. “Es la pandemia, no la cuarentena” es la más reciente excusa que utilizan cuando alguien les hace notar el destrozo productivo que han generado. Tan sólo un poco de información muestra a las claras la falacia de esa frase. Si uno observa algunos datos de países vecinos, podrá notar que Brasil tuvo el mejor mes de agosto desde 2011 en términos de creación de empleo (casi 250.000 mil empleos nuevos). Uruguay está viviendo un boom de inversiones mientras los chicos van al colegio. Vale aclarar, además, que los uruguayos nunca hicieron cuarentena. Los indicadores sanitarios y económicos son claramente mejores que los nuestros. En Argentina, no supieron cuidar la salud y destrozaron la economía. A esta catástrofe se le suma el aislamiento internacional por desastres como la pésima postura frente a la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (Argentina no apoyó al candidato de EEUU que tenía el consenso de casi todos los países de Latinoamérica) o la presencia de funcionarios chavistas en sus filas. A propósito de cataclismos y de progresismos bobos, hay alguien que siempre se destaca: la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Ante la gravedad que significa el asesinato de un policía, hay que destacar que la ministra de Seguridad lo único que hizo fue buscar deslindar responsabilidades. Su tarea se basa en relatar los sucesos con un marcado sesgo ideológico en lugar de procurar encontrar soluciones. Gran exponente del progresismo bobalicón que no soluciona nada.
En el mundo el problema es la pandemia. En la Argentina el problema es el gobierno y su infinita cuarentena.
El Gobierno está lleno de funcionarios cuyo comportamiento se asemeja muchísimo al de los viejos burócratas comunistas cuando estaba por caer el régimen. Se ha escrito mucho al respecto y se han hecho películas sobre unos señores que, mientras el régimen se caía a pedazos, seguían hablando de sus obsesiones totalitarias desde sus posiciones de poder si darse cuenta de que todo se desmoronaba alrededor. El kirchnerismo tiene una cantidad impresionante de personas en esa situación. Gente como Raimundi.
El ex integrante de Montoneros y actual senador, Jorge Taiana, vinculó a los culpables del asesinato de Dorrego, hace dos siglos, con Mauricio Macri. Dijo que a Dorrego lo mataron “los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires, los mismos que han apoyado al ingeniero Macri, a su gobierno, y que nos han dejado en esta penosa situación”. Lo dicho sería desopilante en un programa de humor donde hubiera un personaje con perfil de “montonero gagá” sosteniendo pavadas históricas y queriendo armar un relato en base a cosas inverosímiles. Lo grave fue que se dijo en el Senado durante una sesión donde se trataba el recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Viejos burócratas hablando para que sólo los escuchen otros viejos burócratas de su secta, cumpliendo a su vez los últimos servicios de destrozo de la República y coronando de esa manera una larga vida de desastres. Eso dicen en una sesión del Senado en la semana que salieron a la luz los datos que cuentan que en Argentina hay 40,9 por ciento de pobres y 10,5 de indigentes. La obra del peronismo en su esplendor. Sus taras y obsesiones de burócratas millonarios destrozando la vida y el trabajo de los argentinos. Si tuvieran algo de dignidad, pedirían disculpas, pero sabemos que los que están en una espiral de decadencia no suelen hacer eso.
El voto de la Corte Suprema aceptando el per saltum por la situación de los jueces que quiere trasladar CFK, por su permanente obsesión con manejar la justicia para garantizarse la impunidad fue un respiro republicano. Habrá que ver cómo sigue. El discurso previo de Fernández agrediendo a la Corte y el posterior por parte de los funcionarios marca que cuando es un tema que le importa a CFK, el Gobierno parece llenarse de un repentino entusiasmo discursivo. Es una pena que ese entusiasmo lo usen en contra de la división de poderes y con el fin único de agradar a CFK. El Presidente, que no puede remover a un embajador que le trajo un enorme problema internacional, es enérgico para vulnerar el Estado de Derecho.
Hablan para escucharse entre ellos y para agradar a la jefa. Fuera de eso, no pueden entender que su accionar daña la vida de muchísimas personas.
Al mundo ya no le importa Argentina, salvo para dar cuenta de sus políticas y líderes estrafalarios, tal como ocurría a fines de los años 80 con los viejos líderes comunistas.
Bajo estrictos protocolos sanitarios, la Comuna confirmó que reabrirán sus puertas diferentes dependencias de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, las cuales permanecían cerradas para la atención al público desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Según precisó la responsable del área municipal, Virginia Pérez Cattáneo, “en la sede central de calle 20 y 50 únicamente se podrá tramitar: carnet de principiantes, ampliaciones de las categorías de conducir y renovaciones de profesionales”.
Asimismo, detalló: “Los vencimientos comunes que tuvieron lugar desde el 15 de diciembre del 2019 al lunes 5 de octubre podrán gestionarse en la sede de Gonnet (15 y 495); mientras que en el Automóvil Club Argentino (ACA) de diagonal 79, entre 4 y 5, solo se podrán tramitar las licencias que comenzarán a vencer desde el martes 6 de octubre”.
En todas las sedes, la atención se realizará bajo estrictas normas de bioseguridad para prevenir la propagación del Coronavirus.
PASO A PASO: CÓMO SOLICITAR EL TURNO
Los ciudadanos que necesiten gestionar, renovar o ampliar sus registros de conducir deberán solicitar un turno de forma digital en https://turnos.laplata.gov.ar. Una vez ingresado en el sitio, tienen que consignar nombre, apellido, DNI y una dirección de correo electrónico y hacer clic en “enviar”.
Inmediatamente les llegará un e-mail (en caso de no encontrarlo en la bandeja de entrada, revisar en la carpeta de spam) para confirmar el usuario. Tras ello, serán redirigidos hacia la página de la Comuna, dónde especificarán el organismo en el que quieren realizar el trámite: en este caso, se debe ingresar en la opción “Licencias”.
“Una vez que ingresan en ‘Licencias’, los vecinos deben verificar que no tengan infracciones impagas en el momento de realizar el trámite”, explicó Pérez Cattáneo.
Tras ello, deben marcar el tipo de trámite a realizar (principiantes, ampliación o renovación). Una vez seleccionada la opción correspondiente, se deberá elegir la fecha y la dependencia a concurrir, de acuerdo al trámite que se efectúe.
Paso siguiente, se deberá optar entre alguno de los horarios disponibles para la fecha seleccionada, corroborar que los datos de la reserva sean correctos y confirmar la cita.
En última instancia, es importante recordar que -en el caso de los principiantes- deben contar con certificado o constancia de Grupo Sanguíneo.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó esta noche a favor de los tres jueces federales trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para que continúen en sus cargos de los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que así lo hizo al presentar dos dictámenes ante el máximo tribunal, que ya está en condiciones de resolver si avala los traslados de los magistrados o si los deja sin efecto, como hizo el gobierno nacional tras la decisión del Senado de no avalarlos. La opinión del Procurador no es vinculante para los jueces de la Corte.
Casal señaló que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no para analizar las decisiones que ya se habían tomado.
“El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo Casal en sus dictámenes.
Los tres jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri. Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal -un lugar estratégico para la política y el poder económico porque por allí pasan todas las causas de corrupción- y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde luego quedó radicada la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. En julio, el oficialismo comenzó a revisar los traslados. Sostuvo que se habían hecho de manera irregular porque, entre otros motivos, no fueron aprobados por el Senado de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional para la designación de jueces.
El Consejo aprobó la resolución 183 en la que revisó esos traslados -junto con los de otros siete jueces- y se lo comunicó al Poder Ejecutivo que los reenvió al Senado. La cámara alta no les dio acuerdo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli porque faltaron a la audiencia y luego el gobierno publicó los decretos que dejaban sin efecto sus traslados y regresaron a sus cargos anteriores. Bruglia a un tribunal oral de Comodoro Py, Bertuzzi a uno de La Plata y Castelli a otro de San Martín.
En su dictamen, Casal señaló que los tres magistrados fueron traslados “en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente”. El procurador explicó que esos requisitos luego fueron modificados y que los cambios -principalmente que los traslados debían pasar por la aprobación del Senado- se aplicaron a Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“Esto no implica desconocer la facultad del Consejo de la Magistratura de cambiar a su discreción los reglamentos en materia de traslado o incluso la interpretación que haga de ellos con efecto inmediato; pero, insisto, ello no autoriza a rev isar con carácter retroactivo decisiones ya adoptadas”, sostuvo Casal. Es la primera opinión de impacto político del Procurador -que está en el cargo de manera interina- en un contexto político en el que el oficialismo impulsa su juicio político en en Senado de la Nación.
Para Casal el Consejo de la Magistratura “violó el principio de legalidad, debido a que de esta manera desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando».
Por otra parte, el jefe de los fiscales nacionales y federales hizo referencia a las acordadas 4 y 7 del 2018 de la Corte Suprema en las que analizó los traslados. El Procurador señaló que “a la luz de las pautas establecidas por la Corte” no se puede aplicar una mirada retroactiva ante las decisiones tomadas.
Antes de Casal, el Consejo hizo su presentación ante la Corte Suprema. Fue el jueves pasado y sostuvo que en rigor no puede ser demandado por lo que hizo sobre los traslados fue solo emitir una opinión ya que la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo y el Senado, por lo que en definitiva a esos organismos hay que dirigir la demanda. El Consejo le pidió a la Corte que rechace los per saltum.
Los jueces de la Corte Suprema (csjn)
Pero Casal tuvo otra postura. Dijo que lo del Consejo “no fue una mera recomendación, pues de manera obligada el Poder Ejecutivo y, en su caso, el Senado, debían revisar los actos de traslado de los jueces demandantes”. “El Consejo tuvo un rol activo y determinante en la actuación de los órganos políticos” y fue “el inicio de una serie concatenada de actuaciones que concluyó en la revocación de sus traslados”.
En sus presentaciones, el Procurador citó fallos de la Corte sobre la independencia judicial, señaló que los tres jueces “se encuentran hoy en la delicada circunstancia de haber sido removidos de la sede en que ejercían desde hace años su magistratura” y pidió que se haga lugar a sus per saltum, lo que significa que regresen a sus cargos en Comodoro Py.
Con la presentación de Casal y del Consejo -a quienes le Corte le había dado 48 horas para pronunciarse-, los cinco jueces del máximo tribunal –Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- quedaron en condiciones de dictar su fallo. Será la palabra final en la discusión jurídica. Deben decidir si avala los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y regresan a sus cargos en Comodoro Py o si rechaza sus planteos y entiende que los traslados fueron mal hechos.
La crisis económica que se potenció con la pandemia del coronavirus sigue golpeando fuerte a la Argentina y crece el temor en la sociedad a que se repita lo sucedido en la crisis económica y social del 2001. Así se desprende de la última encuesta de Giacobbe & Asociados, que indica que un 57% tiene miedo a que el Gobierno imponga un corralito a las cuentas bancarias. Ante la pregunta de si tiene temor a que el Gobierno de Alberto Fernández implemente un corralito, un 57,4% respondió afirmativamente, un 27,7% dijo que no y un 14,4% no sabe qué puede suceder. La consultora hizo este relevamiento de 2.500 casos entre el 27 y 29 de septiembre a dispositivos móviles con un margen de error del +/- 2%. En esa línea, la económica es uno de los temas que más preocupa. Es que sólo un 18% confía en el peso argentino para ahorrar, un 56,1% prefiere los dólares como moneda de ahorro, 12.9% confía en ambos por igual y un 12.7% en ninguno. Además, solo un 31.2% abriría una empresa o un emprendimiento en la Argentina actual, mientras que un 68.2% no lo haría. ¿Por qué hay temor sobre un corralito a los depósitos en dólares? «Los miedos sobre lo vivido en el 2001 se han activado, y en cierta forma logran trascender a generaciones que no han transitado esa experiencia. El 57.4% tiene temor a que el gobierno implemente un corralito, contra 27.7% que no registra miedo. Sucede también que, cuantos más estudios o más ingresos, crece la fobia. Apenas algo más de la mitad de los peronistas y los kirchneristas están seguros de que no habrá tal medida, el resto teme o, por lo menos, duda», explicó Jorge Giacobbe. En esa línea, agregó: «En una Argentina que necesita más proyectos, el 31.2% indica que abriría una empresa o un emprendimiento (guarismo que resulta ser 59% y 73% entre peronistas y kirchneristas). El entusiasmo es sectorial. En cambio, el 68.2% se niega a la idea. La voluntad de emprender, contraria a ahorrar en dólares o temor al corralito, crece cuanto menores los ingresos y menores los estudios. En términos generales, apenas el 18% de los argentinos indica confiar en el peso como moneda de ahorro, contra el 56.1% que confía en el dólar. Es brutal la diferencia». En caída libre: la imagen negativa de Alberto Fernández supera por más de 10 puntos a la positiva Alberto Fernández tiene más imagen negativa que Macri En cuanto a las imágenes de los principales líderes políticos, se observa que el presidente Alberto Fernández tiene más imagen negativa que su antecesor Mauricio Macri (52.8% contra 52.4%). De todas maneras, con respecto a la encuesta anterior de hace 15 días, la imagen negativa del mandatario nacional tuvo un considerable baja. «En términos de imágenes personales, durante los últimos quince días las figuras del oficialismo han tenido un respiro. Si bien la positiva de Alberto Fernández cayó un punto, también se descomprimió 2% su negativa. La positiva de Cristina Kirchner no se movió y hasta bajó un punto su negativa. Algo parecido para Axel Kicillof», explicó Giacobbe. En cuanto a la cuarentena por el coronavirus, ya un un 55,7% se niega a extenderla hasta medidos de octubre. Solo un 33,3% lo haría, mientras que un 10.8% no lo tiene en claro. De esta manera, se observa que la aprobación del aislamiento obligatorio cayó 50 puntos porcentuales desde marzo hasta octubre.
El espíritu de aquella recordada frase “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” volvió a hacerse presente 31 años después. Esa expresión del entonces ministro de Economía Juan Carlos Pugliese en 1989, en plena hiperinflación, se ajusta a lo ocurrido en las últimas horas. Ahora es el ministro de Economía, Martín Guzmán, el que buscó seducir a cerealeras y otros sectores para que apuren la liquidación de divisas, a través de una baja temporal de retenciones. Pero la respuesta quedó lejos de ser la deseada.
La cámara que agrupa a las grandes aceiteras, CIARA, emitió un lacónico comunicado pocas horas después de los anuncios del ministro. En primer lugar consideraron “insuficientes” las medidas y además se ocuparon en aclarar que “la reducción de las retenciones anunciadas por el gobierno no beneficia a las existencias actuales de soja en plantas y terminales portuarias, que representa mercadería ya comprada con precio hecho o a fijar”. Las ventas al exterior del grano de soja pasarán de 33% a 30%, mientras que para los aceites la reducción irá al 27%.
La resolución más importante de todas las que se anunciaron el jueves por la tarde un efecto mínimo o quizás nulo en el ritmo de liquidación de divisas por parte de los exportadores. El motivo es que con una brecha cambiaria que supera el 90% pero sobre todo del elevado nivel de incertidumbre, los exportadores prefieren quedarse con la mercadería y liquidar lo mínimo indispensable para hacer frente a las necesidades del negocio.
Si se apura el ingreso de dólares al tipo de cambio oficial no hay un destino seguro para esos pesos y el peligro es quedar expuesto a una fuerte descapitalización hasta que llegue el momento de la próxima cosecha. El Tesoro ofrecerá un bono ajustado al dólar para darle destino a esos pesos que vayan ingresando, pero no está claro que se trate de un producto atractivo en medio de la actual inestabilidad.
Foto de archivo ilustrativa de un billete de 100 dólares y billetes de 100 pesos argentinos. Sep 3, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian
Las cerealeras no muestran ningún apuro en salir a liquidar sus exportaciones. No sólo consideraron “insuficientes” las bajas de retenciones que anunció el Gobierno, sino que además no quieren quedarse en pesos a la espera de la próxima cosecha
Las medidas anunciadas el jueves no tuvieron en general buena recepción ni entre los inversores ni entre las distintas cámaras empresarias. Pero no hubo críticas por el rumbo elegido, sino por tratarse de pasos demasiado tímidos cuando los desequilibrios financieros y cambiarios tienen grandes proporciones. Se trata de una característica ya a esta altura muy clara del equipo económico: correr siempre detrás de los acontecimientos.
La situación llegó a un punto muy crítico, con un Banco Central que prácticamente se quedó sin reservas líquidas, es decir que su capacidad de intervención en el mercado cambiario se achicó dramáticamente. Salvo que esté dispuesto a vender el oro (unos USD 4.000 millones) para seguir “quemando” reservas un par de meses más, algo que no parece que vaya a ocurrir.
El problema es monetario y fiscal, pero la raíz es mucho más profunda. En realidad, todo parte de la desconfianza de los inversores en el rumbo de la política económica, la injerencia de Cristina Kirchner en las decisiones del Gobierno y la ideología detrás de cada decisión. Incluso la desconfianza aumenta cuando se define una reducción de impuestos (como pasó ahora con las retenciones) porque es percibido como una medida desesperada y tomada sin verdadera convicción.
Alberto Fernández reitera una y otra vez que no está dispuesto a convalidar una devaluación. Pero los mercados dicen otra cosa, teniendo en cuenta que tanto el dólar “contado con liquidación” como el informal se acercan a los $150. Es el tipo de cambio hoy vigente para atesoramiento, mientras que para los que gastan con tarjeta por compras en el exterior ya se acerca a los $135.
Foto de archivo. Banco Central de Argentina (BCRA) en Buenos Aires, Argentina. Mar 16, 2020. REUTERS/Matias Baglietto
El Presidente se resiste a convalidar una devaluación por las consecuencias que generaría en la inflación y los salarios. Pero en algún momento tendrá que sincerar el precio del dólar oficial o de lo contrario deberá optar por un cierre mucho más drástico del mercado importador
Claro que para evitar que el tipo de cambio oficial no pegue grandes saltos (recién esta semana superó los $80 en la cotización minorista), el BCRA decidió usar las reservas que le quedaban. El “dólar ahorro” insumió varios miles de millones de dólares, además los importadores demandan todo lo que pueden y rápido. No se sabe por cuánto tiempo podrán seguir accediendo a un tipo de cambio que vale la mitad del que se opera en la calle.
El desequilibrio financiero tiene dos aristas: el BCRA se quedó son reservas para usar y la emisión de pesos ha sido gigantesca para atender las necesidades de la pandemia. Pero habrá mucha más expansión de dinero a fin de año y el Presupuesto 2021 ya prevé que buena parte del déficit fiscal también será cubierto de la misma manera.
Este escenario pone al Gobierno entre la espada y la pared. Primero se vieron obligados a restringir la venta de “dólar ahorro”, pese a las promesas de que no lo haría. Y ahora habrá que enfrentar nuevas decisiones duras, salvo que se produzca un cambio casi milagroso en las expectativas de la gente y de las empresas.
La gran incógnita es si Alberto Fernández estará dispuesto a pegar un “volantazo” para generar más confianza y reducir los altos niveles de incertidumbre. En su momento lo hicieron los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y así consiguieron recuperarse de un arranque inicial muy flojo
Las opciones que hay por delante son desagradables, tendrán un alto costo para la sociedad y seguramente también en la aceptación del Gobierno. Básicamente podrían resumirse en estas dos:
-Avanzar hacia un sinceramiento del tipo de cambio: los esfuerzos por mantener una devaluación en línea con la inflación costaron una verdadera fortuna. Como ya se dijo, el BCRA prácticamente todas las reservas que tenía para intervenir y además ya tiene un stock de USD 6.000 millones vendidos en futuros para satisfacer la demanda. El titular del Central, Miguel Pesce, sostiene que el tipo de cambio es competitivo. Pero aún si tuviese razón es claro que no es el dólar de equilibrio. Un escenario hasta deseable sería inducir una devaluación “a lo Fábrega”. El ex titular del Central, Juan Carlos Fábrega, decidió en enero de 2014 elevar el dólar de $6,50 a $8 y subir la tasa de interés para tentar a los ahorristas. Tuvo un buen resultado, consiguió bajar la brecha cambiaria y llevó cierta tranquilidad a la economía en los meses subsiguientes. Pero aún en pleno cepo, había incluso un clima mejor que el actual para avanzar con una devaluación controlada. El peligro de estas movidas es que el mercado exija incrementos adicionales.
Miguel Pesce, titular del BCRA
-Ir hacia un cierre total de la economía: si la decisión es que el tipo de cambio no se toca, es decir que seguirá aumentando a un ritmó de 2,5% a 3% mensual, entonces ya no habrá más dólares oficiales para abastecer el mercado. La forma de sostener este esquema pese a los signos de agotamiento es imponer muchas más trabas para las importaciones. No sólo ya será imposible encontrar un producto importado en góndolas de supermercados, también empezarían a faltar electrónicos importadores e incluso muchos productos nacionales que tienen componente importado, desde teléfonos celulares, hasta motos, autos o electrodomésticos línea blanca. Es posible que aumente el desabastecimiento justamente por los problemas para importar. El Central ya mostró un primer paso en esa dirección en junio, cuando impuso fuertes trabas para que las empresas puedan acceder al dólar oficial. Luego tuvo que flexibilizar ante las fuertes quejas del sector industrial. Pero ahora la situación es mucho más delicada que hace tres meses.
La opción podría ser un “volantazo” de parte del Presidente, que incluya un cambio en la orientación de las medidas económicas, incluyendo el recambio de varios ministros. Debería ser un giro perceptible, que apoyen tanto los gobernadores como las principales cámaras empresarias, que hasta ahora le vienen dando la espalda a prácticamente todas las decisiones del Gobierno.
En las últimas décadas hubo varios casos que muestran la posibilidad de un giro en medio de la gestión. El caso más emblemático quizás sea el de Eduardo Duhalde, cuando se volcó por Roberto Lavagna y logró empezar a salir de la crisis post-Convertibilidad. Pero también Carlos Menem pudo dejar atrás la hiperinflación a partir de la llegada de Domingo Cavallo y la convertibilidad. Un poco más atrás en el tiempo fue Raúl Alfonsín quien logró darle un giro a la economía que había arrancado muy mal con Bernardo Grinspun al designar a Juan Sourrouille.
¿Habrá llegado el momento de plantear un recambio del equipo económico? Es probable que sí, pero enseguida surge otro cuestionamiento: ¿será suficiente con un cambio de nombres? La respuesta parece ser negativa. Hará falta un giro mucho más profundo para empezar a dejar atrás la crisis económica de proporciones por partida doble: lo que dejó la pandemia pero especialmente los grandes desequilibrios macroeconómicos y la orientación del Gobierno.
En el reporte de la situación del COVID-19 N° 393 en la Argentina pasó a España por un rato, hasta que se conocieron los núevos números de aquel país que está en el séptimo lugar y superó los 810 mil casos. Según la información brindada por el minsterio de salud, y teniendo en cuenta que los fines de semana se cargan menos casos, se reportaron 11.129 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 790.818 positivos en el país, de los cuales 626.114 son pacientes recuperados y 143.909 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 197 nuevas muertes, son 118 hombres y 79 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 20.795, con la salvedad de que una mujer residente en la provincia de Chaco fue reclasificada. La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones. En las últimas 24 hs fueron realizados 20.525 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.051.037 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 45.200,2 muestras por millón de habitantes. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 4.507 | 433.286 Ciudad de Buenos Aires 801 | 128.741 Catamarca 6 | 305 Chaco 120 | 9.063 Chubut 149 | 4.506 Córdoba 1.451 | 39.396 Corrientes 3 | 1.170 Entre Ríos 152 | 7.994 Formosa -1 | 105 Jujuy 122 | 16.083 La Pampa 27 | 831 La Rioja 62 | 5.054 Mendoza 517 | 27.124 Misiones 5 | 104 Neuquén 264 | 8.613 Río Negro 330 | 13.827 Salta 134 | 13.235 San Juan 75 | 829 San Luis 11 | 1.659 Santa Cruz 221 | 5.344 Santa Fe 1.450 | 48.165 Santiago del Estero 123 | 3.844 Tierra del Fuego** 188 | 4.908 Tucumán 412 | 16.632 Monitoreo de internados y camas UTI Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.820 (Información reportada por las jurisdicciones) Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: – Nación: 61,7% – AMBA: 62,9% (Información reportada por las jurisdicciones) noticia en desarrollo .
“¿Qué era más importante?”, se preguntó Alberto Fernández y dio dos opciones: preservar los puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes. En medio de las restricciones a la compra de divisa extranjera y en torno a las discusiones por el cepo cambiario, el Presidente pidió que los argentinos puedan poner en la balanza lo central y considerar lo prioritario. Lo hizo en un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título “Para pensar el Frente de Todos”.
“Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”, sostuvo el mandatario. Luego, respondió a su pregunta con una explicación: “Lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue”.
Con este análisis, el jefe de Estado manifestaba su posición en virtud a la nueva disposición del Banco Central comunicada el miércoles 29 de septiembre: la norma impide a las personas que se hayan beneficiado con el cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) a acceder a la compra de dólar ahorro. La medida integra una serie de restricciones adoptadas por la entidad bancaria que lidera Miguel Ángel Pesce que tienen como objetivo mitigar la demanda de dólares para ahorro.
El mandatario dijo que el país realizó hechos “impresionantes” para no caer en “el peor de los mundos”. De este modo, llamó a la reflexión. “Cuando se pongan a reflexionar sobre las cosas que aún faltan hacer, miren para atrás y tomen en cuenta todo lo que el Gobierno hizo porque es impresionante lo que hemos hecho para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”, indicó según información de Télam. “Nosotros pudimos en tiempo récord tomar las medidas necesarias para que ningún argentino se quede sin atención médica y todos en cualquier lugar hoy tienen una cama y un médico que los atienda, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos y médicos y médicas”, agregó.
En el encuentro estuvieron, además, Osvaldo Caffaro, intendente Zárate; Jorge Selser, de Proyecto Sur; Carlos Raimundi, de SI; Pedro Peretti y Mempo Giardinelli, de Manifiesto Argentino; los socialistas Jorge Rivas y Oscar González; Daniel Galdeano, del Partido Intransigente; y Pablo Pereyra, del Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE)
Alberto Fernández pronunció estas valoraciones en el marco del encuentro “Para pensar el Frente de Todos”, coordinado por los dirigentes Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro Mosquera. En él acordaron celebrar de forma virtual el Día de la Lealtad del próximo 17 de Octubre, y contó con la participación de dirigentes y referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio, incluidos Fernando “Pino” Solanas de Proyecto Sur, Gabriel Mariotto, de Compromiso Federal; Carlos Castagnetto, de Kolina; Tania Caputo, del partido Comunista; Gustavo López, de Forja: Adriana Diaz, del Partido Intransigente; y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario.
A los asistentes, también les habló de unidad: “Lo central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que no se deba discutir. Después podemos tener matices, podemos tener diferencias, bienvenidas sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar personalmente con la militancia”. Asimismo, pidió que es importante entender que para enfrentar el desafío es necesario contar con “todos” y se mostró entusiasmado por el futuro del país.
“Si nosotros sabemos cuáles son los intereses que representamos, entonces seguramente nadie nos va a dividir porque el problema que tuvimos es que en algún momento por egoísmos, por disputas, nos separamos, tomamos distancias el uno del otro, y ese día le abrimos las puertas a que el conservadurismo vuelva y se instale en la Argentina durante cuatro años”, reparó, para después apelar a la motivación: “De los escenarios difíciles siempre hemos salido de pie, hemos puesto en marcha a la Argentina, lo hicimos muchas veces y lo hemos hecho una vez más”.