Autor: Jorge Alfredo Baret

Tras 213 días de aislamiento social, la Argentina superó ayer lunes el millón de contagiados de coronavirus. Según el reporte diario emitido por el Ministerio de Salud, el país ya contabiliza 1.002.662 de infectados, de los cuales 803.965 son pacientes recuperados y 159.695 son casos confirmados activos.

Infobae consultó al médico infectólogo Pedro Cahn, quien forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno y que en las últimas horas había respondido críticas de quienes los acusaban de ser los responsables de los números de la pandemia en el país.

“Nos acusaron de ser la infectadura; escuché decir a políticos y panelistas en programas de televisión que gobiernan los infectólogos y que nos tenían que despedir, cuando en realidad desde el Poder Ejecutivo nos consultan y nosotros lo que hacemos es decir, dar opiniones y sugerencias acerca de cómo habría que habilitar o no determinadas actividades en las jurisdicciones, pero no somos los que tomamos las decisiones”, dijo el especialista, quien agregó: “Para que nos despidan primero tienen que contratarnos”.

Consultado sobre el panorama de situación en el país, el director científico de la Fundación Huésped señaló que “evidentemente la situación no está superada”.

“Existe una visión porteñocéntrica del problema, y la sensación de que como en el AMBA la curva tiende a bajar la pandemia se está superando, cuando lo que ocurre es que el epicentro se trasladó al interior que ya ocupa 70% de los casos”, analizó el experto, para quien “acá es cuando se ponen de manifiesto los vicios de tener un sistema de salud fragmentado”.

“En la Argentina conviven el sistema de salud público, las obras sociales, el PAMI, las empresas de medicina prepaga; todos diferentes efectores para un mismo problema”, consideró.

Y tras destacar que desde el Comité de Expertos COVID-19 (COE) hace tres semanas emitieron un documento donde advertían “la necesidad de mirar la realidad de las diferentes regiones del país”, Cahn señaló que “ahora es responsabilidad de los gobernadores e intendentes, que no en todos los casos casos están a la altura de lo que se tiene que hacer”.

Para Cahn, «independientemente de que una persona sea positiva debe quedar aislada desde el momento en que se hisopa y al mismo tiempo poner en aislamiento a sus contactos estrechos» (Reuters)

“Hay provincias extremadamente tensionadas como Tucumán o Mendoza que se niegan a tomar medidas de restricción de circulación -opinó-. Hay momentos en que hay que aplicar determinados cierres”.

Cahn ejemplificó con un personaje de la historieta Mafalda lo que, a su entender, le pasa a muchos argentinos, y que denominó el “síndrome de Felipe”, en referencia a la recordada escena en la que el amigo de la protagonista estaba triste y cuando ella le preguntó la causa respondió “es que ME empiezan las clases”.

“Los argentinos creen que todo nos pasa a nosotros, y no ven que Francia decretó toque de queda, Holanda está cerrando sus actividades, Suecia que no era proclive a los cierres está empezando a cerrar, al igual que Inglaterra cierra los bares a determinado horario”, puntualizó, para luego reconocer que en materia de COVID-19 “no hay libreto”. “Vamos aprendiendo sobre la marcha”, dijo.

Sobre si tenía alguna crítica a lo hecho en el país en pos del control de la pandemia, Cahn consideró que “no alcanza con cerrar; hay que acompañar con políticas de testeo inteligente -que sea efectivo y rápido- e independientemente de que una persona sea positiva debe quedar aislada desde el momento en que se hisopa y al mismo tiempo poner en aislamiento a sus contactos estrechos, y esto no se hace siempre así”. “Sabemos que el momento de mayor contagiosidad es el previo a la aparición de los síntomas”, enfatizó.

“Las jurisdicciones del interior tuvieron tiempo de prepararse y en muchas lo único que hicieron fue poner policía en las fronteras”, agregó, al tiempo que opinó que “de ahora en más lo lógico sería multiplicar el testeo, pero no es solo un tema de cantidad, sino de calidad y de hacerlo usando todos los recursos que hay a disposición”, en referencia al neokit creado por científicos del Conicet, e incluso “usado con inteligencia se puede usar el test de antígenos”. “Pero insisto, solo testear no alcanza si no se acompaña con medidas de aislamiento y rastreo de contactos”.

Acerca de la segunda ola y la aprobación de una vacuna segura y eficaz

«Estamos viendo una segunda ola en Europa con gran cantidad de casos aunque es cierto que de un nivel de gravedad menor» (Reuters)

“No estoy en condiciones de afirmar que la Argentina no va a tener un rebrote el próximo invierno; no hay elementos para pensarlo”, dijo en relación a los dichos del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, que la semana pasada había hecho declaraciones en ese sentido. “No estoy diciendo que el ministro esté equivocado, digo que estamos viendo una segunda ola en Europa con gran cantidad de casos aunque es cierto que de un nivel de gravedad menor”, agregó.

Y tras informar que desde Fundación Huésped están reclutando pacientes para el ensayo de la vacuna de Sinopharm (los interesados en participar pueden inscribirse en estudios.huesped.org.ar/vacunas), el infectólogo destacó que aún no hay datos de estudios en fase 3.

“Ojalá tengamos pronto una vacuna; mi expectativa es que más de una sea efectiva pero lo cierto es que hay ocho o nueve desarrollos que están en fase 3 o entrando -precisó-. Seguramente van a conseguir primero una aprobación de uso de emergencia si demuestran que son inmunogénicas, esto es, que multiplican al menos por 4 la cantidad de anticuerpos, pero se va a necesitar más tiempo para demostrar que ese aumento de anticuerpos evita que la persona se contagie de SARS-CoV-2 o que tenga una forma leve de la enfermedad, como ocurre con la vacuna antigripal”.

Fuente: Infobae.com

Las próximas horas serán claves para el futuro del traslado de jueces, que juega su suerte en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre este martes y el jueves se espera que salga el fallo del máximo tribunal. No sólo es la idea en el cuarto piso del Palacio de Tribunales dónde está la Corte, que hace tres semanas hizo lugar al Per Saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, sino que es también lo que se espera en el entorno de los magistrados que llegaron al Palacio de Tribunales con su reclamo luego de que el oficialismo reviera sus traslados, concretados durante el macrismo, así como en el oficialismo.  Al igual que sucedió en la previa a la decisión sobre el Per Saltum, en la Corte volvió a reinar el hermetismo en los últimos días. No es que no se sepa qué hacer, sino que se resolvió evitar filtraciones, detallaban a PERFIL este fin de semana desde el edificio de la calle Talcahuano. Los magistrados se reunirán al mediodía de este martes vía zoom (los acuerdos presenciales están desaconsejados por el departamento médico). Si hay acuerdo ya podría conocerse mañana mismo, de lo contrario podría demorarse al miércoles o jueves. La idea es que salga lo más fuerte posible.    La Corte Suprema no se pone de acuerdo con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. REGISTRATE Ya tengo cuenta En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Las variantes sobre las que podrían decidir son, fundamentalmente, la confirmación de los traslados, su rechazo, o bien un fallo que indague sobre alcances mayores. Este último podría, incluso, admitir una posición de corte más salomónico, que «salte» la grieta que se hizo entorno al tema.  Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados entre 2017 y 2018 por el macrismo. Tras el cambio de gobierno, el kirchnerismo pidió la revisión de sus traslados -junto a otros 7- bajo el argumento de que no estaban completos al no tener Acuerdo del Senado de la Nación. La avanzada empezó en julio pasado en el Consejo de la Magistratura, luego pasó por el Ejecutivo y llegó al Senado.  A medida que eso sucedía, los magistrados judicializaron la situación y así llegaron vía Per Saltum a la Corte. La decisión del máximo tribunal de hacer lugar a ese recurso extraordinario -algo que no sucedía desde 2013- sorprendió, a fines de septiembre, al Ejecutivo, que confiaba en que los ministros esperarían a que el caso llegara a ellos por los canales tradicionales.    Expectativa por inminente definición sobre jueces que cuestiona el Gobierno   Bruglia primero y Bertuzzi después pasaron desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, instancia estratégica por ser la revisora de las causas judiciales. En tanto que Castelli fue trasladado desde un TOF de San Martín a uno de Capital. Tanto por la Cámara como por el TOF en el que está Castelli pasó o está la causa de los cuadernos de las coimas, que involucra a CFK, acusada allí de ser jefa de una asociación ilícita vinculada a la Obra Pública. El silencio también se impuso entre los jueces involucrados en el caso, quienes tras la apertura del Per Saltum se llamaron a silencio. Por estas horas, cerca de ellos que buscan conservar sus puestos, se ilusionan con un fallo positivo. Creen que desde el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano, podría salir una decisión que establezca la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura, que habilitó las revisiones, “sin meterse con el instituto de los traslados”. Una decisión posible para un escenario abierto, en la que el máximo tribunal tiene la última palabra.

Fuente: Perfil.com,

Después de la presentación de NODIO, un observatorio para analizar, relevar y prevenir contenidos “maliciosos y falsos” en los medios masivos de comunicación, la defensora del Público, Miriam Lewin, expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. “Estaba ansiosa por encontrarme con ustedes”, señaló la periodista antes de leer un extenso informe sobre las campañas, relevamientos y trabajos impulsados durante los 100 días que lleva como funcionaria. Fue muy enfática al rechazar que sea su intención coartar la libertad de expresión. “No estamos a favor de multar ni sancionar”, enfatizó, y recordó que no es una atribución de la Defensoría.

Al responder la ronda de preguntas Lewin alzó la voz y agregó: “Nunca yo, que fui secuestrada y desaparecida, nunca hubiera aceptado un cargo que significara coartar la libertad de expresión de ninguno de mis colegas, jamás hubiera aceptado de ningún modo hacerme cargo de esta defensoría si en sus potestades hubiera estado la potestad de sancionar o señalar a un colega. Los invito a que vean si en los informes que hemos hecho en algún momento hayamos estigmatizado a algún colega”, siguió y recalcó que los trabajos que realizan “son insumos académicos”.

Desde la oposición, la radical Karina Banfi propuso disolver NODIO “porque nos va a traer muchos dolores de cabeza”. En cambio Pablo Carro, del Frente de Todos cordobés, se presentó como profesor adjunto en la materia Derecho de la Comunicación en su provincia. A diferencia de la oposición, defendió la iniciativa: “Es una buena idea”, la calificó y aseguró que en todos los análisis que hizo la Defensoría “no hubo intervención, censura ni sanción” por lo que descartó que se limite la libertad de expresión.

Lewin había destacado que desde que asumió promueve “más libertad de opinión, no menos; más libertad de expresión, no menos”. Y citó que se incrementaron en un 150% las presentaciones de la sociedad ante la Defensoría.

Karina Banfi hizo fuertes críticas a la creación de NODIO, “una muy mala idea que me parece riesgosa”. Y advirtió que “el Estado no tiene que intervenir, tiene que promover que la sociedad se autorregule”. “Crear un organismo en el marco del Estado es parecernos más a Tailandia, Malasia o Nigeria que a los países a los que nos queremos parecer para la defensa de la democracia”, continuó.

Además preguntó por qué no está más en la web oficial la información sobre NODIO. “No sé qué pasó, no sé que pasa con la información de la defensoría”, insistió, y preguntó qué haría el observatorio con declaraciones como las del presidente Alberto Fernández que recomendó tomar bebidas calientes para prevenir el coronavirus. “Resultó una fake news. ¿Qué haría NODIO con esto?”, repitió, al tiempo que citó un tuit de la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, quien en las redes sociales señaló que “hay límites que no deberían cruzarse” respecto a un artículo cuestionado en las redes sociales. “Lo linkeó al Presidente, usted que viene de los medios, ¿cómo opera la autocensura?”, consultó, y repitió su planteo sobre si sancionaría o no un tuit como ese. “Disuélvalo, arranquemos de nuevo”, propuso en el cierre de su participación.

Fue el diputado Carro quien le respondió y dijo que las universidades, que en muchos casos son estatales, realizan análisis y seguimiento de contenidos como los que haría el observatorio.

“El Estado no está para hacer vigilancia de la libertad de opiniones y mucho menos de la libertad de prensa, tenemos que ser garantes desde el Congreso de la Nación para que estas cosas no ocurran” reprochó el radical Miguel Bazze que señaló que “las universidades no son parte del poder político”. “Sería un gravísimo error del oficialismo embarcarse en este proyecto, uno nunca sabe dónde terminan estas cosas, uno nunca sabe cuáles son los límites”, agregó el diputado bonaerense. “No podemos avanzar en el control de la opinión, de la expresión y muchos menos de la libertad de expresión”, concluyó.

Desde San Luis, Eugenia Catalfamo celebró el informe de Lewin y también se mostró en contra de la suspensión del observatorio porque “no son sus funciones controlar” y solicitó a la oposición “que se pongan a leer de qué se trata, no dándose cuenta de lo que está sucediendo en la sociedad”.

Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos

Desde Neuquén el senador kirchnerista Oscar Parrilli, que no es miembro de la comisión Bicameral, habló como invitado. “Me parece muy loable que se genere este debate democrático frente a las distintas posturas frente a este manejo de los medios de comunicación”, inició, y sugirió dos documentales, Nada es privado y El dilema de las redes sociales, que “muestran lo que está ocurriendo en el mundo con la manipulación de la información”. Incluso remarcó que “las redes sociales fueron la gran herramienta para incidir en la opinión pública” en procesos electorales. “Lo que sí sirve es informar, hacer conocer a la sociedad lo que cada uno ve que están haciendo los medios de comunicación”, recalcó. El senador K propuso pensar en el “derecho del consumidor a tener información veraz, a que no se le mienta, a que no se lo engañe, porque a veces se lo engaña sin querer y a veces se lo engaña con premeditación y alevosía. Hemos visto no solo en Argentina sino en otros lugares cómo desde los medios de comunicación se les miente y se les miente”, denunció.

En ese contexto Parrilli planteó que hay una campaña para difamar a la política y a los políticos y le pidió a Lewin que se informe al respecto. “Hay intención de difamar a la política y los políticos, son todos inútiles, inservibles, corruptos, choriplaneros, se hace para suplantarlos por los CEO”.

“La difamación sin pruebas tiene por objetivo reemplazar a los políticos, suplantarlos no por militares como antes sino por los CEO”, siguió, antes de reclamar que NODIO “incluya estos temas para mostrar cuántas veces se ha mentido sobre la honorabilidad de los dirigentes políticos”.

Luego hubo un cruce entre la presidenta de la Bicameral, Gabriela Cerruti, y el macrista Waldo Wolff. La diputada reprochó que se haya judicializado la labor de la Defensoría que está bajo control parlamentario y Wolff se justificó y se mostró respetuoso del fallo en contra de su presentación de la jueza María Eugenia Capuchetti que acaba de apelar el fiscal Carlos Stornelli.

Lewin explicó que la Defensoría apunta a “una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes vieron vulnerados sus derechos”. “La pandemia extrema la responsabilidad para los comunicadores, que a su vez son personal esencial”, y sin embargo se desenvuelven en condiciones laborales precarias», reflexionó la funcionaria, que ante una pregunta respondió que preocupa “la autocensura de los periodistas por la posibilidad de perder el trabajo”.

«Las audiencias están en una situación de enorme vulnerabilidad, expuestas a informaciones contradictorias”, describió antes de que varios diputados del Frente de Todos la defendieran. “No se trata de vigilar”, apuntó el pampeano Hernán Pérez Araujo.

Lewin enumeró las reuniones que mantuvo desde su asunción en junio con las autoridades de RTA (Radio y Televisión Argentina), de FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), de Télam, FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Y también contó las propuestas a los periodistas y medios sobre un tratamiento “responsable” de la información vinculada con el coronavirus y que su plan es reunirse con organizaciones de la sociedad civil y “con todos los que están preocupados con la circulación de discursos de odio”. “Vamos a producir materiales que apuntan al debate, de iniciativas ciudadanas” y a promover “un cambio cultural”.

En la presentación del observatorio NODIO, la defensoría lo describió como un espacio orientado a registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos “con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional”.

Muy prudente, el senador de Misiones Humberto Schiavoni (PRO), que por un cambio en la integración de la Bicameral participó por primera vez de la misma, pidió ser “muy cuidadosos y muy celosos de la libertad de expresión”.

Fuente: Infobae.com

Si bien la nueva convocatoria había surgido días después del último «banderazo» del 12 de octubre, el llamado a manifestarse una vez más el próximo 8 de noviembre se instaló como tendencia en las redes sociales tras el 17 de octubre, cuando el peronismo volvió a las calles con el festejo del Día de la Lealtad. Con las consignas «por la libertad y por la república», contra las políticas del Gobierno y en rechazo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las redes sociales los mensajes ya convocan a la próxima manifestación: «8N todos a la calle, si no nos dejan soñar no los dejaremos dormir”, dice una de las imágenes que convoca a la movilización. “Todos el #8N sin fotos trucadas o de otras marchas, aunque para el Gobierno no sea la gente o el pueblo #8NTodosAlaCalle a construir la esperanza!”, escribió en sus redes sociales el diputado de la UCR Luis Petri. Santiago Cafiero contra los manifestantes: «No aceptan el resultado de las elecciones» El legislador ironizó además sobre la publicación de Luis D’Elía, quien destacó en Twitter la marcha oficialista del 17 de octubre, pero cometió el error de utilizar una foto de una de las convocatorias opositoras. La publicación se viralizó y los usuarios de la red social le hicieron notar que había compartido una foto del banderazo contra el gobierno. Por su parte, el actor y humorista Juan Acosta, crítico del kirchnerismo, publicó: “Mientras todos protestamos te toman terrenos se llevan los dólares y te dicen que no odian, #8NTodosAlaCalle”, e ironizó sobre la marcha oficialista: «Quedó comprobado que un tuit pesa más cien camiones». El macrismo rememoró «la marcha del millón» y hubo quejas de aliados En varias de las publicaciones los usuarios recordaron también “la marcha del millón” de 2019, días antes de las elecciones generales, de la que este 19 de octubre se cumplió un año. Mediante un comunicado que difundió el PRO, el expresidente Mauricio Macri se refirió a esa convocatoria y sostuvo: “Creemos que cambiar Argentina es posible y necesario”. “Hace un año millones de argentinos nos encontrábamos en paz en el Obelisco y en cientos de puntos del país. Juntos gritamos los valores en los que creemos: la honestidad, el trabajo, la justicia, la libertad”, escribió el expresidente. “Hoy seguimos siendo millones los argentinos que orgullosos defendemos esas creencias porque estamos convencidos de que son el camino que nos permitirá progresar. Creemos que cambiar Argentina es posible y necesario”, aseveró.

Fuente: Perfil.com

En un último intento por evitar el desalojo forzado, el gobierno de Axel Kicillof comenzó a realizar en el día de ayer el censo solicitado por los delegados de los cuatro barrios que componen la toma de Guernica, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha. El ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque, ya había realizado una compulsa similar, pero los partidos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la usurpación de 100 hectáreas le impidieron terminarlo. Los funcionarios ya están avisados de que el núcleo duro de la toma, compuesto entre otros por el Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Corriente Darío Santillán, no se irán y resistirán el desalojo, que ya fue ordenado por el juez Martín Miguel Rizzo.

Para eso hay tiempo hasta el 30 de octubre y no se solicitará una nueva prórroga. Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, ya avisó que los más de 4.000 efectivos que necesita para llevar adelante el mega operativo de “lanzamiento” estarán aprestados el próximo 26. De todos modos es el juzgado de garantías número 8 de Cañuelas el que fijará el día.

Como sea, los tiempos corren. Kicillof ya anunció que la Policía y el Ministerio de Seguridad “serán auxiliares de la Justicia». El sábado hubo una reunión de la mesa de diálogo en la intendencia de Presidente Perón. Allí se ofrecieron 7,5 hectáreas de tierras sobre las cuales se podrá construir, y tres albergues o dispositivos de tránsito hasta que se consigan los lotes definitivos; uno para mujeres con niños, otro para varones solos y el último para familias numerosas.

También subsidios de 50.000 pesos para mejorar el estado de hacinamiento en las modestas viviendas de donde son originarias muchas familias que usurparon el predio, o subsidios de 15.000 pesos para alquileres hasta que llegue la solución definitiva. Según pudo saber Infobae, “647 personas o familias ya acordaron una salida consensuada con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad”.

La decisión es realizar todos los esfuerzos posibles para evitar una confrontación, como se viene realizando, pero no se aceptará que la toma continúe.

El mismo sábado y también el domingo, se realizaron asambleas en los cuatro barrios y se rechazaron de plano todas las propuestas. La voz cantante la llevaron los delegados del PO y del FOL. Lo hicieron en estos términos, tal como los mismos delegados y Eduardo Belliboni, uno de los dirigentes del Polo Obrero, que integra el Partido Obrero y forma parte del Frente de Izquierda, le dijeron a Infobae: “Rechazamos la propuesta del gobierno por insuficiente. Setenta y ocho lotes para 1.300 familias es una propuesta que no se acerca ni siquiera a una racionalidad. Exigimos que se amplíe la oferta de lotes. Solo con eso se encarrilará el conflicto. Si no, vamos a resistir el desalojo que va a encabezar Berni y que puede llegar a ser un desastre».

En tanto, un alto funcionario de Kicillof le advirtió a Infobae: “El Polo Obrero está jugando muy mal en el conflicto. Busca romper los acuerdos con las familias con mentiras descaradas”.

Se refería a un artículo que el fin de semana, en medio de las negociaciones, salió en una publicación vinculada al Partido de los Trabajadores (PTS), y que titulaba “Larroque en Guernica separaría a niños de sus padres en distintos paradores”. “El miedo de ser separado de sus padres se hace presente en los niños que resisten junto a sus familias en la toma”, insiste el artículo.

Esa posibilidad no estuvo nunca presente.

A pesar de esa beligerancia, Larroque se muestra optimista y prevé que a más tardar el jueves llevará al juzgado de Rizzo los avances obtenidos hasta ahora, demostrará que, según sus propias palabras “el 80 por ciento de las personas de la toma ya acordaron con la gobernación una salida pacífica y mejoras de hábitat» y sobre las 200 o más familias o personas que quedan –se verá después del censo– y que son apoyadas por los partidos y organizaciones de izquierda, deberán ser desalojadas de manera forzada.

Berni considera que dirigentes como Belliboni, o el diputado Claudio Dellacarbonara, del Partido de los Trabajadores que también estuvo presente en el predio, y que articula medidas con el Polo Obrero, hacen política con la resistencia y que “su negocio es buscar el conflicto«, tal como se lo expresó a este medio uno de sus estrechos colaboradores.

Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero presente durante el censo de Guernica. Esa organización de izquierda, que forma parte del Partido Obrero, promete resistir el desalojo

Por esa razón, el operativo que dispondrá Berni promete ser impactante y el de mayor despliegue para un desalojo. Intentará “disuadir” a los usurpadores con la presencia de los cuatro mil policías, caballos, cuatriciclos, helicópteros, camionetas y hasta grupos especiales como el Halcón y brigada antibombas. Cuando Infobae publicó los detalles del operativo, el gobernador salió a respaldarlo ante algunas críticas.

En diálogo con este medio, Larroque se mostró “muy satisfecho” por el “despliegue del operativo censal” y evaluó que las tareas se pueden prolongar hasta mañana.

En alguno de los barrios hubo breves discusiones con los funcionarios a los cuales les decían que “nos están ofreciendo unas chapas y algo de guita”; sin embargo, nada pasó de ahí. “No vamos a caer en ninguna provocación armada desde afuera. Las familias de la toma saben la verdad de nuestras propuestas y nosotros sabemos que los grupos más radicalizados no van a aceptar nada porque solo quieren la confrontación”, le dice a Infobae un experimentando funcionario de Kicillof que hoy también estuvo en Presidente Perón.

Los funcionarios del gobernador Axel Kicillof, junto a los organismos de derechos humanos que hacen de veedores del censo

“El censo se está desarrollando con la colaboración de todos de manera tranquila”, confirma desde el lugar María del Rosario Fernández, la abogada que forma parte la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a varios de los imputados por usurpación en la causa que lleva adelante el juez Rizzo. De ese colectivo también forman parte, entre otros, Eduardo Soarez y el ex montonero Roberto Perdía.

Fernández confirmó que representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) “están actuando como veedores”.

Esta es la última acción del gobierno de Kicillof para intentar conciliar una salida pacífica de los terrenos usurpados de Guernica con la mayor cantidad de familias. Los que no se van, los que no acuerden las condiciones de mejoras habitacionales y hasta lotes que ofrece la Provincia, deberán hacerlo por la fuerza. Esa es una decisión que ya está tomada, aunque en verdad nadie quiere llegar a ese extremo, ni los funcionarios ni la Justicia. Pero la cartas ya están jugadas.

Fuente: Infobae.com