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  • La controvertida base militar china en la Patagonia ya está lista para operar

    Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC). Así se identifica la empresa «estatal y popular» que tendrá como misión administrar la extensa y supertecnológica base que China logró establecer en la Patagoniaargentina. El cuartel «científico» ya está listo para comenzar a operar, aunque todavía no esté esclarecido a qué dedicará sus jornadas laborales durante elmedio siglo que durará la concesión y qué control ejercerá el estado nacional.

    Desde hace 30 años CLTC, la «empresa» en cuestión, depende en forma directa del poder central del régimen chino: el Ministerio de Defensa. Fueron pues los propios ingenieros y científicos del Ejército quienes diseñaron la base e indicaron qué tecnología se requeriría según los objetivos que persiguiera Beijing, aún ocultos para las autoridades argentinas. También responde a la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional.

    La superantena fue montada en tiempo récord. Será de uso militar. Tiene la capacidad de interceptar comunicaciones de otras potencias

    La superantena fue montada en tiempo récord. Será de uso militar. Tiene la capacidad de interceptar comunicaciones de otras potencias
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    (Télam)

    (Télam)

    (Télam)

    (Télam)

    (Télam)

    (Télam)

    La central china, construida bajo el pretexto de la exploración espacial y el lanzamiento de satélites, tendrá también capacidades que van más allá de lo científico o astronómico. No sólo se dedicará a mirar las estrellas. Con sus cuarteles generales en Beijing, CLTC nació en 1986 bajo el aura total delEjército de Liberación Popular de China. Por aquel entonces, sus bases se dedicaban al enlace y logística, pero también a la telemetría, el control y el seguimiento. La interceptación de las comunicaciones siempre resultaron claves para CLTC.

    Pero además, el director a cargo de CLTC también es el responsable delDepartamento General de Armamentos del Ejército chino. Esta dependencia oficial resulta clave para las fuerzas armadas del gigante asiático en su carrera armamentística. Es la que le provee alertas y notificaciones sobre la actividad en el espacio aéreo. También la que la abastece de nuevas tecnologías.

    ¿La base en la Patagonia servirá para la primera de las funciones? ¿Interceptará comunicaciones y datos de otros países? La superantena que se instaló en tiempo récord en el predio de 200 hectáreas en la pequeña localidad de Bajada del Agrio en Neuquén y que ya está lista para operar sería una tentación para cualquier militar que pretendiera conocer las comunicaciones de otras superpotencias. Una orden directa sobre CLTC sería obedecida automáticamente.

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    Aunque en febrero de 2015 la ex presidente Cristina Kirchner y su par Xi Jinping intentaron encuadrarlo dentro de un simple acuerdo bilateral -lo que resulta obvio ya que no se registraron invasiones chinas al sur argentino-, lo cierto es que la instalación de esa central en Neuquén otorga unas facilidades inéditas para otro país en territorio soberano: 50 años de explotación en solitario, con nula participación argentina y sin el pago de un peso en concepto de impuestos.

    El levantamiento de esa base militar de China en suelo argentino generó una gran preocupación en Europa y los Estados Unidos. El uso militar que se le dará al lugar es lo que despertó las alarmas en lo más alto de la Unión Europea y Washington.

    El gobierno de Cristina Kirchner le concedió 200 hectáreas en la Patagonia para disponer de una base militar. Mauricio Macri deberá autorizar o no su puesta en marcha. La central ya está lista para entrar en operaciones

    El gobierno de Cristina Kirchner le concedió 200 hectáreas en la Patagonia para disponer de una base militar. Mauricio Macri deberá autorizar o no su puesta en marcha. La central ya está lista para entrar en operaciones

    Otro dato que llama la atención es lo reservado y el secretismo que rodea al área ocupada por el Ejército de Liberación Popular. Solo personal autorizado por Beijing (militares y miembros del régimen chino) tendrán acceso a las instalaciones. Ningún argentino podrá ingresar a supervisar obras o saber qué ocurre en el misterioso predio. Ahora, el gobierno deMauricio Macri deberá definir si permite que la antena se ponga en funcionamiento. Sobre todo si le cree a Beijing cuando le aseguran vía diplomática que no es su intención hacer un uso militar de la base y que sólo pretenden mirar las estrellas.

    Fuente: Infobae.com

  • Retribución por los servicios prestados

    La Corte ratificó la continuidad de Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra al frente de la dirección encargada de interceptar comunicaciones horas después de que, por decreto, el Presidente extendiera de uno a tres años la duración de sus cargos.

    En pleno festival de escuchas ilegales, mientras la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Corte Suprema de Justicia se desentienden de las filtraciones que el Gobierno usa para perseguir a ex funcionarios kirchneristas, el presidente Mauricio Macri decidió extender de uno a tres años –léase hasta el final de su gobierno– el mandato de los titulares de la dirección que se ocupa de interceptar comunicaciones. Para evitar que el tema pase por el Congreso recurrió una vez más a un decreto de necesidad y urgencia, que como motivo del apuro invoca “el lapso pendiente hasta el inicio del próximo período de sesiones ordinarias”, es decir quince días. El decreto 102/17 dispuso que “por única vez se podrá mantener por tres años” a los jueces que la Corte designó en febrero de 2016, los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, a quienes el ex titular de la AFI Oscar Parrilli incluyó el lunes en su denuncia por “el escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”. Ayer mismo el portal del supremo Ricardo Lorenzetti confirmó que no piensa hacer un nuevo sorteo de autoridades al anunciar que ambos jueces “continuarán a cargo” de la dirección, cuya “columna vertebral” es “el respeto de la libertad y la privacidad de las personas, la reserva absoluta de la información y la garantía de cadena de custodia”, aseguró.

    Fue el propio Macri el 24 de diciembre de 2015, días después de asumir como presidente, quien también por decreto estableció que el entonces Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) pasara de la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte Suprema; que director y subdirector durarían en funciones sólo un año y “no podrían ejercer nuevamente hasta transcurrido un período de CINCO (5) años”. Si la rotación apuntaba a mostrar voluntad de transparencia, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial va en sentido diametralmente opuesto: establece que quienes conducen la pomposa Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, como la rebautizó Lorenzetti, durarán tres años en sus funciones. Transcurrido ese plazo, el subdirector pasará a ejercer el cargo de director y su lugar se cubrirá por un sorteo entre jueces.

    El párrafo del decreto que en teoría fundamenta la decisión explica que “es imperativo reformular el plazo de vigencia de los mandatos, proporcionando continuidad a la gestión y asegurando una transición ordenada”, que en los hechos patea para adelante hasta 2020. “A los efectos de no poner en riesgo el correcto funcionamiento del área durante una etapa crítica de su desarrollo institucional” (por razones que no se explicitan) “resulta conveniente posibilitar la continuidad, excepcionalmente y por período determinado, de las autoridades a cargo”.

    El decreto recuerda que los dos camaristas “serán designados por sorteo” aunque “por única vez” se pueden mantener en funciones hasta 2020, propuesta que corresponde convalidar o no a la Corte Suprema. Ayer mismo, sin invocar una nueva acordada ni explicar cómo se tomó la decisión, el Centro de Información Judicial de Lorenzetti informó que Irurzun y Leal de Ibarra “continuarán a cargo” de la Dirección “tras el dictado del decreto” de Macri, que obviamente no los obliga a evitar el sorteo. Tanto el presidente de la Corte como los dos camaristas y el secretario de la Dirección, Tomás Rodríguez Ponte, fueron denunciados por Parrilli el lunes por la filtración ilegal de escuchas a TN e Infobae, inclusive en fechas que escapan a los 90 días de interceptación de su línea que ordenó el juez federal Ariel Lijo en la investigación del paradero de Ibar Pérez Corradi.

    Fuente: Página 12

  • Marcos Peña: «Esto no es un negocio que le convenga a la familia Macri»

    El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó esta mañana que el acuerdo entre el Estado y la empresa Correos Argentinos SA se enmarca en un proceso judicial que continúa abierto y recordó que «sin homologación de la Cámara no es válido».

    «No hay nada que se haya apartado ni un milímetro de la ley, de la ética, de la transparencia y la institucionalidad», dijo Peña y negó algún interés oculto por tratarse de una empresa vinculada a la familia presidencial: «No es un negocio para la familia Macri».

    «El Presidente es el primero que quiere dejar en claro esto. Macri no vino para esto, no es un negocio que le convenga a la familia. De hecho, la familia fue atacada durante mucho tiempo por ser el rival político del kirchnerismo. Pero eso es problema de la familia», dijo Peña.

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    En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Gabinete agregó: «Lo que sí es un problema del Estado es tratar de encontrar mecanismos que, sin violar la igualdad ante la ley, puedan dejar la tranquilidad extra a todos los argentinos de que este proceso de cambio y el Presidente no queden envueltos en ninguna sospecha».

    Peña recordó que el conflicto con el Correo lleva tiempo. «Esto lleva 15 años generando un perjuicio claro al Estado. Y este gobierno, dentro del marco de la ley, trata de resolverlo de la mejor forma para el estado».

    En este sentido, el jefe de Gabinete especuló con la posibilidad de que exista una «operación reservada que viene desde hace mucho tiempo».

    Peña aseguró que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le mencionó «al pasar que había que resolver» la deuda entre el Estado y el Correo Argentino y reconoció que «es posible» que haya habido «ingenuidad» por parte del Gobierno en el tratamiento del tema.

    «En el 2009 las partes habían llegado a un acuerdo. Y en un momento se paralizó eso. ¿Por qué se paralizó? ¿Hubo especulación política? Probablemente. Si hay ingenuidad del Gobierno en no preverlo, es posible», dijo.

    El jefe de Gabinete también cuestionó «a los que hicieron el perjuicio al Estado y ahora se rasgan las vestiduras igualando esto a los escandalosos hechos de corrupción como los bolsos de (el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José) López».

  • Habrá 80% más de cámaras fijas para fotomultas en avenidas porteñas

    Habrá 80% más de cámaras fijas para fotomultas en avenidas porteñas

    La Ciudad sumará para fines de año un 80% más de cámaras fijas para fotomultas en autopistas, vías rápidas y avenidas porteñas. La medida busca un mayor control de las reiteradas violaciones de las normas de tránsito, especialmente la graves, como cruzar el semáforo en rojo o exceder la velocidad permitida, con más dispositivos tecnológicos y menos agentes viales.

    En lo que va del año, el gobierno porteño incorporó 45 cámaras a las 95 que ya había instalado y planifica colocar 30 más antes de 2017. Hasta agosto pasado, labró 1.860.480 de multas de tránsito, casi 30% más que en el mismo período de 2015. También en los primeros ocho meses del año hubo más de 74 accidentes con heridos, la mayoría durante los fines de semana.

    Los nuevos dispositivos se instalan en distintos tramos de las autopistas y sobre avenidas como Córdoba, Del Libertador, Lugones, Cantilo, Santa Fe y Corrientes, entre otras. De las 170 cámaras que habrá en total en la Capital para fin de año, 126 detectarán el exceso de velocidad, mientras que las 44 restantes controlarán la violación de la luz roja y la invasión de la senda peatonal. Son faltas cometidas habitualmente (ver aparte).

    «Asumimos el compromiso de reducir 30% las víctimas fatales en siniestros viales para 2019; entendemos que el único valor aceptable es cero. Estamos trabajando en simultáneo en tres ejes: educación, infraestructura e incorporación de nueva tecnología en los controles», dijo a LA NACION Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño.

    Según el funcionario, los controles se focalizan en el tránsito interno y no tanto en el pasante: el 69% de las cámaras se instalaron en avenidas; un 26%, en las autopistas, y 5%, en las vías rápidas. El costo de una multa por violar la luz roja oscila entre los $ 2895 y $ 14.475; por exceder la velocidad permitida va desde los $ 1447 hasta los $ 38.800, cuando se circula a más de 140 km/h, como en las picadas.

    La función de los agentes

    El tránsito porteño colapsa durante los días hábiles. La Ciudad tiene 1500 agentes viales para verificar 1,8 millones de autos particulares, 500.000 motos, 56.000 camiones, 36.000 taxis y 9600 colectivos, según datos oficiales. Los agentes están divididos en seis turnos y labraron en lo que va del año 326.746 multas, un 17,5% del total. El año pasado, pese a que eran menos efectivos (1200), habían labrado hasta agosto más actas: 374.457.

    Hoy, con más tecnología, la intención del gobierno porteño es orientar a los inspectores viales a asistir embotellamientos en los puntos más problemáticos, como la avenida 9 de Julio o el microcentro, y a sancionar el mal estacionamiento de motos sobre las veredas.

    «Las cámaras para fotomultas no están mal, sobre todo si se ubican en puntos conflictivos para el tránsito; son apropiadas si están bien señalizadas. Pero no alcanza con colocar miles de cámaras fijas, hay que hacer fotomultas con controles dinámicos, que en la ciudad desaparecieron», dijo Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam).

    Marcelo Guouman, diputado por ECO e integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña, dijo a LA NACION: «Acompañamos las medidas tendientes a desalentar el uso del automóvil como primera alternativa de transporte. Pero se promueve la industria automotriz, se trazan facilidades para la adquisición de autos y no se acompaña esta política con una inversión necesaria en infraestructura. Más autos para el mismo espacio».

    Sobre las fotomultas, Guouman dijo: «En los últimos tres años el valor de las multas se multiplicó por casi 600% debido a la indexación automática cada seis meses autorizada por la Legislatura. Instalaron más cámaras de fotomultas y colocarán más. Las cifras no se correlacionan con inversión en infraestructura y en señalética y, sobre todo, con la cantidad de cursos educativos ofertados ni con la educación vial en niveles secundario, terciario o universitario. La política de multas de tránsito en la ciudad no parece estar decidida por la búsqueda del bien común».

    Para evitar la sospecha de que el objetivo es meramente recaudatorio, la Ciudad analiza como alternativa dar a conocer dónde están ubicadas todas las cámaras de fotomultas mediante la página web oficial, según confió un funcionario cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

    Fuente: La Nación

  • Cuando la tortura cuenta con un paraguas oficial

    Cuando la tortura cuenta con un paraguas oficial

    Ezequiel e Iván son los dos jóvenes de la Villa 21, integrantes de la revista La Garganta Poderosa, que hace diez días denunciaron a más de diez prefectos por someterlos a torturas en la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú, Barracas. Ayer, ambos volvieron al lugar, aunque esta vez acompañados por curas villeros, una multitud de vecinos de la villa Zavaleta y decenas de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Todos confluyeron en un acto que repudió el accionar de las fuerzas de seguridad, exigió el cese de la represión en los barrios populares y rechazó las torturas y la violencia institucional. “Es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a la represión”, advirtió el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, presente junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y otros referentes de DD.HH. Horas antes del acto –y 12 días después del episodio–, la Prefectura había informado la baja a seis de los siete efectivos presos por el hecho.

    “Antes que nada quería agradecer a toda la gente que me dio el apoyo y que se juntó acá”, dijo Iván (18) y desató los aplausos y las muestras más cálidas de solidaridad. Junto a él estaba Ezequiel (15), la otra víctima. Iván mencionó a los maestros y compañeros de colegio que lo apoyaron. Y resaltó las muestras de familiares de chicos desaparecidos que “les paso lo que a mí, y no la pudieron contar”. Luego contó la nueva persecución y amenaza que sufrió esta semana después de relatar las torturas en un programa de televisión. Terminó con la voz quebrada, consolado por su madre.

    El escenario estaba montado a solo unos metros de la garita de Prefectura donde fueron torturados Ezequiel e Iván. Las banderas de La Poderosa tapaban la vista de lo que, tal vez, tenía que ser expuesto. La calle frente al escenario se fue llenando de agrupaciones sociales y vecinales, algunos bombos y muchos carteles.

    Entre las adhesiones, una que resaltó y que incluyó la transmisión de un audio fue la del Indio Solari (ver aparte). Después, una interminable lista entre las que estaban ATE, Colina, Pelota de Trapo, Frente Telefónico Foetra, Agrupación Pingüinos, Barrios de Pie, La Cámpora, Cetep, Corriente Clasista y Combativa, Mugica Vive, Unidos y Organizados, Movimiento Campesino Indígena, Aníbal Verón y seguían las firmas.

    Mezcladas entre la multitud estaban, ahora, como tantas otras veces, las madres de víctimas de la violencia institucional: Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru; Dolores Sigampa, la de Ezequiel Demonty, y Gumersinda Giménez, la de Judith Giménez, entre otras. También dieron el presente Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza.

    Pasadas las cuatro y media de la tarde, los curas villeros oficiaron una misa en el lugar (ver aparte). Luego, Nacho Levy, de LGP abrió la mesa y cargó contra el comunicado de Prefectura. “Es una burla, qué casualidad que lo emiten hoy (por ayer), dicen que ellos dieron de baja a estos prefectos que están enjaulados en Marcos Paz, pero quienes los dieron de baja fueron los gritos de todos ustedes”, arengó y resaltó que “fueron los huevos de Iván y de Ezequiel los que dieron la baja a esos prefectos, la lucha y la organización popular”.

    El miembro de la revista que visibiliza la situación de las villas en la ciudad puso en evidencia que “a diez días de las denuncias ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se pronunciaron. No dijeron una sola palabra”. Y contó que los vecinos de la Zavaleta se tuvieron que organizar, a través de una comisión que trabaja en contacto con los organismos de derechos humanos, para “cuidarnos de quienes vienen a cuidarnos”. “Para que no haya allanamientos sin órdenes judiciales, para que no decomisen la droga y no la registren, para que no armen causas. Todo eso lo regula la comisión de vecinos, y necesita de sustentabilidad. Queremos que esta lucha se transforme en un proyecto legislativo para combatir la violencia institucional y nos permita frenar, por ejemplo, la barrabasada de la ministra Bullrich de crear una nueva oficina del Ministerio de Seguridad que controlará a las fuerzas federales. ¿Y quién las controlará? Los mismos que las vienen patrocinando”, aseguró.

    Finalmente, remarcó que “necesitamos más participación, la posibilidad de asomar la cabeza. Hay panelistas rubios y morochos, altos y bajos, flacos y gordos, pero panelistas pobres no hay. Y se tiene que empezar a escuchar la voz de los vecinos que hicieron de estos barrios la dignidad”.

    Luego, Verbitsky aclaró de entrada que “el comunicado de Prefectura es una expresión que no significa nada, es como decir que les tiramos de las orejas. No existe dar de baja, hay otras sanciones, que van desde el apercibimiento a la exoneración luego de un sumario y una investigación interna. Y no han hecho nada”. Subrayó que “el Ministerio de Seguridad no da la cara para informar, es la Prefectura la que informa” y argumentó que “no hay mejor demostración de la absoluta falta de control del Gobierno nacional, que les suelta las riendas para que hagan lo que ellos quieran y los respaldan hagan lo que hagan”. “Es una vergüenza que el Ministerio no haya dicho una palabra –sostuvo–, pero es coherente con ese Ministerio que inició su gestión con un protocolo de la protesta social que no pudieron aplicar, porque fue rechazado masivamente en todo el país”. Si bien recordó que “esto no comenzó ahora” y para ejemplos estaban los casos de Bru, Demonty y Arruga, entre otros, resaltó que “en los últimos diez meses esta política de estigmatización de los jóvenes de los barrios pobres, de hostigamiento, de verdugueo, torturas y humillación ha sido redoblada porque es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a esta represión”.

    A su turno, Nora Cortiñas agradeció “poder compartir este momento con Iván y Ezequiel, que nos devuelven el valor que tuvieron nuestros hijos e hijas. En la dictadura nos preguntábamos por qué habían secuestrado a nuestros hijos: fue porque eran luchadores populares como estos jóvenes de La Poderosa. Durante 40 años, las madres salimos a la calle y ahora debemos seguir peleando como nos enseñan estos chicos”.

    El público aplaudió, una vez más. En toda la zona, en la propia garita de las torturas, ayer los prefectos desaparecieron. Quienes estaban a cargo de la seguridad del acto fueron los docentes. “Porque en esta seguridad creemos, en la de los guardapolvos blancos”, dijo desde el palco uno de los organizadores.

    Fuente: Págilna 12