Categoría: Política

Como en todas las profesiones, economistas hay de muchas clases. Una de ellas son los llamados “economistas profesionales”. Formalmente no pertenecen a ningún partido, aunque se les conozcan simpatías históricas, transitoriamente asesoren a algún candidato o integren cíclicamente los cuadros de la administración. Generalmente pertenecen a las filas de los departamentos de investigación de bancos, cámaras empresarias y consultoras de la city, como las que componen el REM del BCRA. Son la pata ideológica del mundo de los negocios y su tarea principal, además de legitimar teóricamente las políticas públicas, macroeconómicas y sectoriales, es la creación de expectativas. Dicho de manera sintética y sin argumentos en el medio: el rol de los economistas profesionales es la creación de expectativas. Esto no está ni bien ni mal. Para una parte de la teoría económica las expectativas de los actores son esenciales. Por ejemplo, un sistema de metas de inflación persigue, precisamente, que la política monetaria alinee las expectativas del “mercado” en función de las metas perseguidas. En la economía real, en tanto, las expectativas sobre el futuro de la actividad son las que guían las decisiones de producción e inversión.

Las expectativas, entonces, son fundamentales por donde se las mire y muchos empresarios están convencidos de que son los economistas quienes tienen la clave de su contenido, nada menos que del futuro del ciclo económico. Pero el poder de los gurúes no termina aquí, su capacidad es doble: no sólo pueden predecir el futuro, sino que también tendrían la capacidad de crearlo, lo que explica los millones que las grandes empresas invierten en financiarlos. Por ejemplo, muchos de estos economistas profesionales pasaron los 12 años del kirchnerismo anunciando su debacle. El modelo era insostenible, los logros eran transitorios y consecuencia de factores externos y la crisis fue siempre inminente. No sólo eso, la crisis llegó incluso a existir, pero de una manera muy peculiar que se esgrimió sin rubor: fue “asintomática”. Con Cambiemos, se sabe, llegó el cambio. El camino es ahora el correcto, los salarios bajan junto con los impuestos a los más ricos y lo que hoy se volvió inminente no es la crisis, sino la bonanza. La historia no es nueva. Bajo los regímenes neoliberales siempre hay que pasar el invierno.

Entre los economistas profesionales, como en todas las profesiones, los hay menos y más lúcidos. Resulta de interés el discurso de estos últimos, quienes llegaron a formular propuestas para una continuidad superadora del modelo anterior, incluso asesorando al candidato que perdió en el ballottage, pero que hoy apoyan desembozadamente al nuevo régimen. No importa la ortodoxia, sino la más sofisticada “paraortodoxia”, una versión camuflada por una racionalidad más elaborada y que, a diferencia de su prima hermana, mecha en su discurso componentes de verdad que le permiten ganar en credibilidad.

El punto de partida de este discurso, su componente de verdad, es que los ciclos económicos y las limitaciones estructurales existen. Como el crecimiento que privilegia el consumo hace que la masa salarial incrementada se destine también a productos industriales, los cuales tienen una alta composición importada, llega un momento que, si no se transforma la estructura productiva, aparece la restricción externa, faltan dólares y el ajuste se produce por la vía de la devaluación y consecuente freno de la actividad. El segundo componente de verdad, menos contundente porque debería contextualizarse, es que las tarifas estaban atrasadas y que los subsidios ya habían alcanzado 4 puntos del PIB explicando casi la totalidad del déficit fiscal. Sintetizando: restricción externa y atraso tarifario, lo demás sería “chamuyo”.

Luego viene el componente ideológico, el gobierno anterior habría estimulado artificialmente el consumo mediante el bálsamo del atraso cambiario, los subsidios y los salarios, una supuesta “nitroglicerina” en la nafta. Aquí la paraortodoxia se vuelve lisa y llana ortodoxia y empalma con el macrismo duro: el gobierno anterior no cometió errores sino “algo peor”, “intentó fundir” sectores de la economía, por eso “se perdieron 10 millones de cabezas de ganado para favorecer la mesa de los argentinos, se perdieron las reservas de gas y de petróleo y las reservas del Banco Central”, todas simplificaciones que ignoran a sabiendas los procesos que están por detrás de cada uno de estos ítems. La pérdida de stock bovino tiene alta correlación con la rentabilidad puramente agraria, el autoabastecimiento de petróleo y gas se perdió como consecuencia de políticas muy similares a las del presente, que desde mediados de los ‘90 sólo favorecieron la extracción en el contexto de altos precios dolarizados, y con las reservas del BCRA se pagó deuda externa, lo que habilitó las condiciones para emitir más de 35 mil millones de dólares de deuda nueva en apenas nueve meses. Después se critica el déficit fiscal generado por los subsidios cuando los mega ajustes tarifarios de 2016, que dispararon la inflación y profundizaron el parate, respondieron especialmente a las necesidades emergentes de la duplicación del precio del gas en boca de pozo, alrededor de 3000 mil millones de dólares que nadie que mire los números puede ignorar. También se critica el déficit provocado por las transferencias a consumidores y empresas vía subsidios tarifarios sin decir nada de las transferencias implícitas en la eliminación de retenciones. La nueva alquimia sería que se puede hablar de baja de impuestos ignorando la caída de ingresos provocada, algo así como una nueva distinción entre déficit bueno y déficit malo. Pero la peor simplificación de la paraortodoxia es que todo lo que sea incentivar consumo sería agenda de corto plazo, “populismo” por la necesidad de ganar elecciones cada dos años, mientras que la verdadera agenda del desarrollo de largo plazo sería el incentivo de la rentabilidad por el lado de la oferta, presunto motor de la inversión. Esta necesidad de populismo transformaría a la política económica en una montaña rusa entre años impares, electorales, y pares, no electorales, “lo que hay que hacer si querés que la gente que no ahorra, que no terminó el secundario, te vote”. Lo que es falso es la oposición entre consumo e inversión, usada como eufemismo de la verdadera oposición entre salarios y ganancias.

Este diagnóstico, que sirve para legitimar el ajuste, necesita ser acompañado por el segundo paso: crear expectativas falsas. El concepto central es el de “rebote”. Aquí también la argumentación tiene componentes de verdad. Es evidente que cuando llegan los salarios nuevos post paritarias o las nuevas jubilaciones, aunque la recomposición este por debajo de la inflación interanual, el mayor ingreso disponible se traduce en aumento parcial de la demanda de corto plazo. Lo mismo ocurre con la “keynesiana” obra pública después de meses de parálisis. Pero el rebote ocurre en el fondo del pozo. La economía deja de caer, pero ahora con otra distribución del ingreso y más desempleo, ahí está “el truco”. Podría ocurrir incluso que en 2017 aparezca algún punto de crecimiento, pero será por la comparación contra los bajísimos niveles de 2016. También es posible que el último cartucho que le queda a la Alianza PRO, el atraso cambiario, contribuya a la mejora de la demanda de 2017. Cualquiera sea el caso, esa mejora nunca será del 5 por ciento. Tirar cualquier número no es de economistas serios.

Fuente: Página 12

Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques habían pedido la indagatoria de 34 personas, pero Ercolini llamó a declarar a la mitad de la nómina. Estos son los convocados y las respectivas fechas: -Cristina Elisabet Fernández, ex Presidenta de la Nación, 20 de octubre. -Julio Miguel De Vido, diputado y ex ministro de Planificación, 24 de octubre. -Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido Presidente y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, 26 de octubre. -José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas y preso por enriquecimiento ilícito, 27 de octubre. -Nelson Periotti, ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), 31 de octubre. -Lázaro Antonio Báez, dueño de Austral Construcciones y preso por la llamada «ruta del dinero K», 2 de noviembre. -Graciela Elena Oporto, ex subsecretaria de Obras Públicas, 3 de noviembre. -Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas, 4 de noviembre. -Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas, 8 de noviembre. -Abel Claudio Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, 9 de noviembre. -Héctor René Jesús Garro, presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial de 2003 a 2006, 10 de noviembre. -Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la AGVP de Santa Cruz, 15 de noviembre. -José Raúl Santibáñez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz, agendado para el 16 de noviembre. -Juan Carlos Villafañe, ex Jefe del Distrito 23° (Santa Cruz) y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), 17 de noviembre. -Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del Distrito 23° y Jefe de la División Obras del Distrito 23°, 21 de noviembre. -Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del Distrito 23° de la DNV, 22 de noviembre. -Mauricio Collareda, ex jefe de la División Obras del 23° Distrito y ex jefe del Distrito 23°, 23 de noviembre. Entre los que había pedido la fiscalía, pero no fueron convocados por Ercolini, figuran Martín Antonio Báez, hijo de Lázaro y accionista y director de varias empresas del Grupo Báez; Sandro Férgola, ex subadministrador de la DNV y ex gerente de obras y servicios viales de la DNV; Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones; Fernando Javier Butti, socio de Austral Construcciones, yMyriam Costilla, presidente de la constructora Kank y Costilla (del Grupo Báez).

Producción: Javier Lewkowicz

Expresiones clasistas

Por Luis Federico Padín *

Una vez más el poder económico ha puesto su mirada voraz sobre los trabajadores. La oportunidad no puede ser más propicia. La muchachada de modales pulidos y universidad coqueta, que forjó su camino (y visión del mundo) en las grandes compañías que operan a escala planetaria, dirige hoy los destinos de la patria. La pobreza argumental con la que el primer mandatario ha encarado la temática, atribuyendo a los trabajadores una propensión al incumplimiento de deberes contractuales, y reclamando a la Justicia Nacional del Trabajo equilibrar decisiones que en su criterio afectan en demasía los intereses de los patrones, ha sido prolijamente encauzada por un editorial del diario La Nación del día 26 de julio de 2016, que dota de un marco teórico al anhelo de la máxima autoridad política del país.

En efecto, mientras las expresiones clasistas de Macri dejan al descubierto el preocupante desconocimiento presidencial de la matriz tuitiva que, por imperativo constitucional, informa al derecho laboral y guía la actuación de los tribunales especializados en la materia, el editorial de la tradicional tribuna de doctrina de los sectores dominantes, bien podría constituir las líneas directrices de un programa integral de precarización de las relaciones del trabajo.

Los argumentos, hoy como ayer, machacan sobre la responsabilidad que cabría a los trabajadores de la Argentina y a un plexo jurídico laboral tildado de excesivamente garantista, tanto en lo que atañe al desaliento de las inversiones por venir, como a la falta de estímulo para la creación de empleo. Sin embargo, el rotundo fracaso de las políticas alumbradas en la década del ‘90, y el inevitable contraste con las medidas económicas antagónicas, de corte heterodoxo, implementadas en el período 2003-2015, echan por tierra el discurso vetusto esgrimido como verdad rebelada por la actual administración: no existe correlato entre la creación de empleo y la ilegítima conculcación de los derechos de los trabajadores.

La estrategia patronal/gubernamental, en gestación, a más de perseguir el cercenamiento de los derechos laborales, en su faz individual y colectiva, centra su ataque en el terreno judicial, mediante la descalificación del accionar de la justicia del trabajo y los abogados de los trabajadores, embistiendo así contra el último recurso con que cuenta un dependiente que ha visto vulnerados sus derechos por un obrar empresarial ilícito.

En esta senda, y con el auxilio de referentes políticos que actúan como oposición edulcorada, satélite a los intereses del partido gobernante, se busca instalar en el imaginario social la falsa creencia de la existencia de una lucrativa actividad, denominada pomposamente industria del juicio, donde trabajadores, sindicatos, abogados laboralistas y magistrados del fuero obrero vendrían a conformar una cofradía destinada a defraudar empleadores, ocultando el hecho evidente que toda condena en los estrados judiciales tiene como antecedente un severo incumplimiento patronal, acreditado en el discurrir de la causa.

En esta coyuntura compleja, y ante el peligro cierto e inminente de una re-estructuración del modelo de relaciones laborales en perjuicio del sector asalariado, se presenta insoslayable que los distintos actores sociales con incidencia en el mundo del trabajo, delimiten un plan de acción coordinado, teniente a resistir el nuevo embate orquestado por los sectores concentrados del poder económico, que una vez más buscan la maximización de la tasa de ganancia a expensas del sacrificio de los sectores populares.

* Abogado de Trabajadores, miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.

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Pérdida de derechos

Por Matías Maito *

En las últimas semanas el Gobierno retomó el discurso sobre la necesidad de relajar el andamiaje jurídico institucional que protege a los trabajadores. Este entramado se manifiesta a través de una legislación específica y la presencia de sindicatos que, con mayor o menor intensidad, velan por los derechos y la seguridad de los trabajadores. Esto no es algo reciente. Es un avance de la sociedad en el marco del modo de producción capitalista que se instaura en casi todo el mundo después de la crisis del ´30 y la segunda guerra mundial. En sus fundamentos se reconoce la obvia asimetría de poder entre capital y trabajo en las relaciones de producción.

Las expresiones del presidente y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir a través de distintos mecanismos el costo laboral; y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo “equilibrando” la justicia laboral a favor de los empresarios. A estas expresiones se suman en tándem distintas notas editoriales del diario La Nación, que traducen en políticas concretas la forma de lograr la precarización de las condiciones laborales. Estas medidas se instauran en un contexto económico que genera preocupación para los sectores populares, por la destrucción de puestos de trabajo (formales e informales) y la fuerte caída experimentada por el salario real a lo largo del presente año (-11 por ciento).

Las propuestas del Gobierno no son originales. Conforman el núcleo de las demandas laborales de los grupos económicos en todas las regiones y países del mundo, pero encuentran particular receptividad cuando quienes ejercen la administración del Estado siguen objetivos neoliberales. Se pueden encontrar innumerables experiencias de estas políticas conservadoras, tanto a nivel nacional como internacional. Todas, sin excepción, demuestran abiertamente que estas prácticas no resuelven la falta de empleo ni mejoran su calidad; y tampoco incrementan los ingresos de los trabajadores. Por el contrario, sólo generan más desocupación, debilitamiento sindical y exclusión.

En Argentina, las políticas implementadas en los ´90 nunca dieron los resultados prometidos. A modo de ejemplo, la tasa de desempleo abierto en los principales aglomerados urbanos se incrementó de 6 a 18 por ciento entre 1991 y 1995. La tasa de empleo no registrado creció siempre durante esa década. La negociación colectiva sólo se mantuvo activa en convenios de empresa, movilizada en gran parte por los sindicatos de sectores privatizados. La negociación sectorial tendió a desaparecer. La gran mayoría de los asalariados no tuvo ningún tipo de mejora salarial a través de acuerdos paritarios.

En las experiencias internacionales, España configura un paradigma relevante para su análisis. En el contexto de la Unión Europea, es el país con mayor incidencia de la temporalidad en la contratación (un tercio de los asalariados). Por otro lado, su modelo sirvió como base para la instauración de las modalidades flexibles en nuestro país. La extensión de este tipo de contrataciones se combina en los últimos 25 años con el mayor desempleo registrado en la región.

El Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documenta la reducción mundial de la participación de las rentas del trabajo en el ingreso nacional desde los ´80. En Italia se implementaron estas reformas del mercado de trabajo durante la década del ´90, modificando el sistema de negociación salarial para bajar los incrementos pactados.

Otro elemento que conforma el paquete de reformas propuesto por la elite dirigente de los gobiernos neoliberales lo constituye la descentralización y el debilitamiento de la negociación colectiva. El caso chileno, muchas veces impuesto como modelo de desarrollo a seguir, demuestra los efectos nocivos de debilitar los mecanismos colectivos. En ese país la proporción de trabajadores comprendidos en convenio colectivo representó como máximo el 12 por ciento en 1992, y en la actualidad no supera al 10 por ciento de los asalariados. Como queda demostrado, estos caminos sólo conducen a una pérdida de derechos de los trabajadores. ¿Retomará nuestro país esa dirección?

Fuente: Página 12

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, admitió hoy que la inseguridad «es una situación dramática» que el Gobierno está «tratando de abordar de manera integral», y confirmó que «casi el 50 por ciento de las personas que salen de las cárceles vuelven a ingresar» al reincidir en el delito.

Ferrari reconoció que «no se va a poder resolver en estos años el problema de hacinamiento» en los penales bonaerenses, ya que hay «casi 9 mil personas de superpoblación» carcelaria.

De esta manera, el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal analizó la problemática de la inseguridad tras conocerse que este año ya hubo 114 muertosdurante asaltos en la provincia de Buenos Aires.

«Es una situación dramática que estamos tratando de abordar de manera integral. Si la inseguridad solamente se la considera desde el punto de vista policial, estamos cometiendo un error muy grave, porque en verdad lo que genera seguridad en un país es que armónicamente la Policía, la ley, la Justicia y el sistema carcelario trabajen de manera ordenada y organizada con un mismo plan», expresó Ferrari.

Durante una entrevista en radio Continental, añadió: «Uno puede tener la mejor Policía del mundo, pero si las cárceles no cumplen la labor que tiene que cumplir, entonces estamos encarando por orden de la gobernadora (María Eugenia Vidal) de trabajar en forma coordinada».

Respecto al accionar delictivo en la calle, Ferrari remarcó: «Casi el 50 por ciento de esas personas que salen de las cárceles bonaerenses vuelven a ingresar, se les detectan que cometen delitos y reingresan».

Tras este dato, Ferrari consideró que se está «fracasando», por lo cual hay que ocuparse «en el tema de las cárceles, que son las grandes olvidadas del sistema jurídico».

«Absolutamente superpobladas», respondió el funcionario cuando le preguntaron sobre la actual población carcelaria en territorio bonaerense.

En tal sentido advirtió: «Es un problema muy grave… Nos comprometemos a trabajar sobre el trato humano que tienen que tener (los presos), pero no se va a poder resolver en estos años el problema del hacinamiento, hay casi 9 mil personas de superpoblación».

Luego explicó que «las edades en relación con el delito han bajado dramáticamente, ya las cárceles están pobladas de jóvenes cuando antes tenían personas más maduras, y esto es una verdad incontrastable que habla de la crisis y del vínculo que casi el 90 por ciento de esas personas han tenido con la droga».