Categoría: Política

Adriana Baravalle fue designada secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Investigadora y docente de la Universidad Austral, está especializada en inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.Te puede interesar:Los diez terremotos más destructivos en lo que va de 2026: cifras, regiones afectadas y balance de daños

Su trayectoria en la Universidad Austral se extiende por casi tres décadas. Allí desarrolla tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería, con foco en áreas como programación, seguridad informática, visión por computadora e inteligencia artificial generativa, y desde 2026 dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, concebido para consolidar capacidades institucionales en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

“Los talentos que hay en este país son increíbles. Lo triste a veces es que tenemos más oportunidades afuera”, señaló Baravalle en noviembre de 2025, durante la conferencia anual de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, una definición que resume una de las tensiones centrales del sistema científico y tecnológico argentino.Te puede interesar:A los 62 años tuvo a su primer hijo y quedó en la historia de la maternidad en ArgentinaBaravalle fundó synapsIA, un foro regional que conecta científicos con inversores y promueve redes colaborativas entre emprendedores, funcionarios y academia

Defendió la necesidad de tender puentes entre academia, Estado, empresas e inversores para convertir el talento local en desarrollo. “Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento parece esencial y lógico, pero en la academia no es tan común”, señaló, y reforzó esa idea con una pregunta que, según explicó, orienta buena parte de su trabajo: “¿Por qué no generamos esas oportunidades acá?”.

La definición condensa una preocupación que atraviesa su recorrido: cómo evitar que el talento argentino encuentre destino lejos del país y, al mismo tiempo, construir condiciones para que la innovación se traduzca en desarrollo local.Te puede interesar:Daniel Salamone, presidente del CONICET: “Es falso que los científicos se estén yendo del país”Entrevista a Adriana Baravalle: construyendo el Ecosistema de IA en América Latina. (gentileza Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial)

Experta en IA, ciencias de datos y ciberseguridad

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidosy magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

Integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro regional dedicado a la innovación y la inteligencia artificial impulsado por la Universidad Austral. Este espacio vincula a científicos, empresas, inversores y organismos estatales para promover iniciativas tecnológicas en sectores como la salud y el agro.

La investigadora se mueve en la frontera donde convergen la investigación básica y la aplicación tecnológica. Ha liderado proyectos de criptografía poscuántica y trabajado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019, integrando la Mesa de IA y Ciberseguridad.

Su agenda reciente incluye publicaciones sobre inteligencia artificial cuántica, reconocimientos por innovación en ciencia de datos y participación activa en foros globales. En declaraciones de fines de 2025, Baravalle sintetizó esa mirada con una serie de definiciones sobre la necesidad de articular conocimiento, talento y oportunidades en el país. “No es tan fácil sentar en una misma mesa a gente de gobierno, de la industria, inversores y emprendedores, y pensar juntos cómo resolver los desafíos que tenemos”, sostuvo.

Baravalle acumula más de tres décadas de experiencia profesional en gestión académica, ciencia de datos, ciberseguridad y planificación estratégica. Lideró equipos y proyectos en empresas y organismos nacionales e internacionales, y participó en iniciativas de visión por computadora para la salud y de detección de fraudes en finanzas. Ha obtenido el primer lugar en competencias internacionales de minería de datos en la Universidad de Kioto y en la Universidad de Cambridge.

Sobre el potencial local, remarcó: “En nuestro país tenemos muchos desafíos. No siempre somos conscientes de la capacidad que tenemos, sobre todo de talento”.

Desafíos de gestión pública en el contexto actual

La nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología sostuvo que el talento argentino necesita más oportunidades locales para traducirse en desarrollo e innovación en el país

La publicación del Decreto 581/26 redefinió el control de organismos clave, trasladando a la Jefatura de Gabinete el manejo de Enacom y la Agencia de Acceso a la Información Pública, y transfiriendo Arsat y Correo Argentino al vicejefe de Gabinete.

El área que ahora dirige Baravalle conserva bajo su órbita instituciones decisivas como CONICET, CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos. En este entorno, la Secretaría enfrenta un doble desafío: sostener la innovación y recomponer la confianza del ecosistema científico.

La visión de integración público-privada y redes colaborativas

Baravalle promueve un modelo donde el Estado, la academia y el sector privado dejan de ser compartimentos estancos. Su experiencia en synapsIA y en la Universidad Austral la llevó a diseñar espacios donde científicos, emprendedores y funcionarios se sientan a la misma mesa.

Ha expresado en declaraciones públicas una dimensión más personal de ese diagnóstico: “Como madre y abuela, me entristece que mis hijos se vayan a vivir y trabajar afuera. Tenemos un país lindísimo”. Describió el rol que busca cumplir con synapsIA, el foro regional que fundó y conecta inversores con científicos: “En synapsIA hacemos varias cosas, pero básicamente generamos ese hub, ese ámbito donde podemos ayudarlos a que sus proyectos prosperen”.

En distintas intervenciones públicas, Baravalle sostuvo que la IA representa una tecnología transversal, con aplicaciones tanto positivas como negativas, y la definió como una herramienta de uso dual. Considera que, bien aplicada, la IA ofrece un gran potencial, ya que facilita la automatización de tareas previamente manuales, lo que libera tiempo para actividades de mayor complejidad.El reclamo en el Obelisco por la falta de financiamiento en la ciencia argentina (RS Fotos)

Según su perspectiva, la integración de esta tecnología requiere un cambio de mentalidad y la adopción de un rol activo. Para ella, el valor de la tecnología depende de su utilización y del propósito con el que se emplee. Además, destaca la importancia de desarrollar un juicio crítico para interpretar los resultados, promover la conciencia sobre sus ventajas y desventajas, y priorizar la capacitación continua de los profesionales.

La situación actual del sistema científico

El Gobierno de Milei la designó con la intención de “profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”, según detalla el comunicado de la secretaría de Ciencia e Innovación que anunció su nombramiento.

Baravalle asume en momentos en que el sector científico atraviesa un escenario complejo, la preocupación por el financiamiento motivó una movilización nacional ayer, encabezada por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología en el Obelisco.

Investigadores y referentes del ámbito científico advierten que la reducción de fondos afecta el desarrollo de proyectos y limita el ingreso de nuevos profesionales al sistema. La situación también pone en discusión la continuidad de instituciones claves para la investigación y la innovación en el país.

“Se está destruyendo la ciencia nacional, en forma lenta pero constante y segura”, afirmó a Infobae Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral e investigadora superior del Conicet. Otros especialistas señalaron la depreciación salarial y la suspensión de convocatorias como factores que agravan la situación del sistema científico argentino.

Fuente: Infobae.com

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La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda cae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí como el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.Los límites del programa de Milei

En el país, existen dos jurisprudencias contradictorias de la Corte Suprema. Una corresponde precisamente al juez Fayt. El llamado “caso Fayt” refiere a una resolución del máximo tribunal de justicia en el que declaró “nulo de nulidad absoluta” el articulo de la Constitución que fijó ese precepto etario. El argumento de la Corte de 1999 consistía en que ese artículo agregado a la Constitución por los constituyentes no figuraba en el núcleo de coincidencias básicas que había aprobado el Congreso cuando convocó a la Asamblea Constituyente. El núcleo de coincidencias surgió, a su vez, del llamado Pacto de Olivos que suscribieron los dos mayores partidos políticos de ese momento: el peronismo conducido por Carlos Menem y el radicalismo liderado por Raúl Alfonsín.

Mucho después, la Corte modificó esa jurisprudencia con el llamado “caso Schiffrin” por el camarista Leopoldo Schiffrin, quien reclamó, poco antes de cumplir los 75 años, que hicieran valer en su caso la jurisprudencia que había beneficiado a Fayt. La Corte, integrada ya en 2017 por otros jueces, cambió la jurisprudencia y dictaminó que la Asamblea Constituyente tenía autonomía como para agregar decisiones constitucionales que no estaban en el núcleo de coincidencias básicas. La Constitución quedó así con dos artículos contradictorios: el 99, inciso 4, que establece los 75 años como límite para que los jueces se vayan, y el artículo 110 que dispone la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta.

El reconocimiento de que el límite etario es inconstitucional, tal como la Corte estableció en 1999, contó con el voto del actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien fue asesor de Alfonsín cuando este fue constituyente para aplicar la reforma pactada con Menem. Sin embargo, otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, que renunció en diciembre de 2024 cuando cumplió los 75 años, votaron a favor de reconocer la vigencia de ese artículo. Rosatti y Maqueda fueron constituyentes por el Partido Justicialista para la reforma constitucional de 1994. Dos posiciones entre tres jueces que participaron de la misma reforma constitucional.

Ahora, Irurzun pidió una cautelar cuando el gobierno de Javier Milei ni siquiera le contestó una solicitud formal para contar con un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más, mecanismo también previsto por la reforma del 94. El caso de Irurzun es el mismo del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques padre contó en el acto con el apoyo del Gobierno para continuar siendo juez hasta los 80 años. El Senado le dio el acuerdo con un número arrollador de votos. Hubo intensas gestiones del oficialismo.

La cautelar requerida por Irurzun fue rechazada por el juez de primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Irurzun planteó entonces la cuestión ante la propia Corte Suprema, pero el máximo tribunal debería en este caso dictar una cautelar, decisión que casi nunca tomó. Generalmente, las cautelares se deciden en las instancias inferiores de la Justicia.

Otro análisis que se escuchó en despachos cercanos a los jueces supremos es que se trata de un caso abstracto porque Irurzun ya cumplió los 75 años, aunque el reconocido magistrado hizo su presentación en la Corte antes de su cumpleaños. Irurzun también planteó en primera instancia la cuestión de fondo (¿el límite de los 75 años es constitucional según la jurisprudencia vigente o, por el contrario, es inconstitucional como lo estableció la Corte en 1999?).

Dijeron en despachos muy encumbrados de la Justicia que Irurzun debería esperar, sin renunciar, a que se resuelva el fondo de la cuestión. El problema es que, mientras no se resuelva el planteo a favor o en contra de Irurzun, este no puede ejercer el cargo de juez porque sus decisiones podrían ser objetadas. Mientras no renuncie y se jubile, tampoco cobrará su salario como juez hasta que no haya una sentencia definitiva. Ese es el limbo en el que está Irurzun, un juez que creó una doctrina propia cuando persiguió la corrupción del kirchnerismo. La “doctrina Irurzun” sostiene que los exfuncionarios deben ser sometidos a prisión preventiva porque pueden tener un poder residual para entorpecer el proceso. Julio De Vido fue preso, previa autorización de la Cámara de Diputados que integraba, porque prevaleció la “doctrina Irurzun”.

Esos son los trazos principales de un conflicto de técnica jurídica que afecta a un juez que nunca fue cuestionado. La cuestión central es otra: Irurzun integra la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que tiene a su cargo la revisión de la investigación por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que expuso su propio exdirector, y amigo del Presidente, Diego Spagnuolo. La denuncia afecta directamente a la influyente hermana del Presidente, Karina Milei, y a los primos Menem, sobre todo a Eduardo “Lule” Menem, según se desprende de los audios atribuidos a Spagnuolo.

Fuentes oficiales inmejorables aseguraron que el ministro Mahiques le garantizó a la familia Milei que él se haría cargo de terminar con la investigación sobre los presuntos sobornos por la compra de medicamentos para discapacitados. El ministro Mahiques nunca habló bien del juez Irurzun, tal vez para justificar el desdén con el que lo trató su gobierno.

¿Permitirá la Justicia que se cometa semejante injusticia? En la cuestión de fondo, ¿no son muchos, acaso, los jueces capaces de suscribir la teoría de la inconstitucionalidad de ese artículo de la Constitución porque saben que algún día la guillotina caerá sobre ellos? Además, una justicia que le renueva de inmediato el acuerdo para seguir siendo juez al padre del ministro de Justicia, y se lo niega a un juez con reconocidos antecedentes como intachable magistrado, no es justicia.

Peor: Irurzun podría ser reemplazado por el juez Pablo Yadarola, amigo personal del ministro Mahiques. Todo un estropicio. Como señaló ayer en un artículo en LA NACION el entrañable político Esteban Bullrich “sin instituciones confiables, la república termina siendo apenas una palabra escrita en la Constitución”.

Ese es el contexto en el que se enmarca la audiencia convocada para hoy por la Cámara de Casación para escuchar a las partes; en síntesis, los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky aceptaron escuchar a Claudio “Chiqui” Tapia y a su cómplice, Pablo Toviggino, otro personaje frecuentado por el ministro Mahiques, o a sus abogados. Estos aspiran a que la investigación sobre la propiedad de la mega mansión de Pilar, atribuida a Toviggino, testaferros mediante, se dirima en el juzgado federal de Campana, donde manda el juez Adrián González Charvay. Los dueños de la AFA confían más en la bondad para con ellos de González Charvay que en la jueza Verónica Straccia, actualmente a cargo de ese expediente y con prestigio de persona seria y trabajadora.

La Cámara de Casación debe decidir si la sede de la poderosa AFA está en un terreno baldío de Pilar (en ese caso, la cuestión caería en manos de González Charvay) o en su histórico edificio de la calle Viamonte en la Capital, donde durante décadas se vivieron los días de gloria y de infortunio del fútbol argentino. Hace poco, Tapia y Toviggino hicieron levantar una carpa en el terreno de Pilar, e instalaron baños químicos, para poder hacer una asamblea de dirigentes. Todo es poco para notificar a los jueces de que ellos ahora trabajan en Pilar y no en la calle Viamonte de la Capital. Todo es poco para que sea el juez González Charvay quien investigue la propiedad de esa mansión en la que el juez Carlos Mahiques, padre del ministro, habría festejado sus 75 años. No es solo una versión. Hay también una virtual confesión: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el problema?”, respondió Mahiques padre cuando le preguntaron si era cierta la información de su fiesta cumpleañera en ese lugar.

Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia señalaron que la Justicia debe establecer la sede de Pilar como el lugar de la AFA porque así lo estableció la Inspección General de Justicia. ¿Solo por eso? ¿Manda más la IGJ que el criterio de los jueces? Elisa Carrió reclamó ayer que el juez Barroetaveña se excuse de seguir tratando el caso de la AFA en la Cámara de Casación porque fue presidente de la Comisión de Ética de la entidad más importante del fútbol argentino hasta fines del año pasado. Tiene razón. No se puede ser juez y parte. Barroetaveña no es el único juez que estuvo cerca de Tapia y Toviggino en los últimos años. Son muchos, no pocos de ellos cumplen funciones en las provincias. La AFA y el vaho de poder que la rodea son demasiado seductores. Por su parte, el juez Yadarola, el amigo del ministro Mahiques, quedó en el puesto 16 entre los candidatos a integrar la Cámara Federal en el examen escrito, pero escaló hasta la terna finalmente enviada por el Consejo de la Magistratura al Gobierno luego de su examen oral. No hay otra deducción creíble si no se piensa mal: saben hablar, pero no saben escribir.

Por Joaquín Morales Solá

Fuente: La Nación

La última encuesta de Cristian Buttie, de CB Global Data, encendió una señal para el Gobierno en un momento en que la discusión económica y los problemas en el Congreso consolidaron su curso de colisión con la imagen de Javier Milei. En agosto, la valoración positiva del presidente cayó a 35,1%, frente al 36,8% de julio, mientras la negativa avanzó de 61,3% a 62,8%. El 2,1% restante corresponde a quienes no saben o no contestan.

El movimiento mensual confirma un deterioro respecto de los niveles que Milei mostraba un año atrás. En agosto de 2025, la positiva alcanzaba 46,1% y la negativa 51,5%. La serie tuvo oscilaciones durante los meses siguientes y llegó en diciembre a 48,3% de aprobación frente a 49,5% de valoración negativa. Desde entonces, la relación volvió a abrirse en contra del presidente.https://490c8e70238e7dd9d298398aad5ac469.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

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El cambio se hizo más visible a partir de marzo. Ese mes, la positiva bajó a 42,3% y la negativa subió a 55,6%. En abril, los registros fueron 36,2% y 59,7%, respectivamente. Mayo llevó la positiva a 34,8% y la negativa a 63%. Hubo una recuperación parcial en junio, con 37,9% favorable y 59,6% desfavorable, pero julio y agosto volvieron a mostrar una pérdida de respaldo.

El movimiento que detecta Buttie se da justo en el mes en el que la campaña presidencial parece haber comenzado con toda la furia. Un comienzo tan temprano de la estrategia electoral para el 2027 también marca un estado de cosas que exige definiciones políticas rápidas.

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No es casual que al mismo tiempo se debatan otros lanzamientos presidenciales, por ejemplo de quienes buscan captar un voto flotante que se ubica en el centro del espectro electoral. Se trata de un universo que oscila en un 30% de los votos que comienza a definirse como quienes no aceptarían bajo ningún concepto votar un candidato que proponga algún regreso a los cuatro mandatos kirchneristas, pero que exige cambios, cordura y moderación a la oferta que propone hoy La Libertad Avanza.https://490c8e70238e7dd9d298398aad5ac469.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Ni Mauricio Macri, ni algún sector del peronismo no kirchnerista, parece por ahora captar parte de ese electorado. Y de ahí los interrogantes.

La curva de la imagen presidencial también impacta en la comparación latinoamericana que elabora CB Global Data. Javier Milei quedó en el puesto 15 entre 18 dirigentes incluidos en el relevamiento, con 35,1% de consideración positiva. En julio había registrado 36,8%. El presidente argentino aparece inclusive por debajo del dictador Daniel Ortega, que ocupa la posición 14 con 36% de positiva y 61,4% de negativa.

El dato contrasta con etapas anteriores señaladas en el material, cuando Javier Milei había ocupado durante un período prolongado el primer lugar de esa tabla. En agosto, los primeros puestos corresponden a Nayib Bukele, con 68,7% de positiva; Claudia Sheinbaum, con 66,5%; Keiko Fujimori, con 55%; Abelardo de la Espriella, con 52,4%; Lula da Silva, con 51,9%; y Rodrigo Paz, con 50,5%.

Los números no definen por sí solos una tendencia irreversible, pero reflejan el costo de una secuencia que combina economía y política. El Gobierno no modificó su propuesta ni su horizonte económico. El problema aparece en el tránsito hacia ese objetivo: el esfuerzo acumulado comenzó a mostrar señales en el bolsillo del argentino medio. El consumo y la caída de actividad golpearon los ingresos al inicio de agosto con una intensidad que, según el material, hasta ahora no se había registrado.

A ese frente se sumaron los efectos del caso Manuel Adorni y el fracaso sufrido por el oficialismo en el Senado. La realidad indica que parte de ese resultado se debe a errores al momento de dosificar las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger dentro de un escenario parlamentario en el que el Gobierno necesita administrar cada negociación. La combinación amplificó el costo político sobre la figura presidencial.

La Casa Rosada lanzó el martes pasado una estrategia de control de daños. La mesa política aparece como el primer instrumento de ese proceso, aunque sin siquiera una foto con el invitado del día y principal apuntado de la crisis, Federico Sturzenegger, y con tensiones que permanecen abiertas.

En Diputados, además, se dio el primer paso: el oficialismo suspendió una sesión y la Ley Hojarasca del desregulador Sturzenegger quedó sin definición. El cuadro y el impacto de los errores obliga al oficialismo a revisar estrategias.

La nueva hoja de ruta para el Congreso incluye una ley de mercados de capitales, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una segunda etapa de Inocencia Fiscal. Nada de desregulaciones sin negociación ni chequeo previo.

En el caso de la Inocencia Fiscal el nuevo esquema contempla un blanqueo que ahora no beneficie a funcionarios ni a familiares como se pretendía. El Gobierno también negoció esa condición y aceptó eliminar ese posible privilegio. Es un comienzo, pero el camino es largo.

Fuente: Mendoza online

La batalla judicial por quién se queda con la causa que investiga si la quinta de Pilar pertenece a jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el flujo de fondos de la entidad presidida por Claudio Tapia sumó una nueva disputa. Primero fue Elisa Carrió y, luego, Guillermo Tofoni. Ambos apuntaron contra los jueces que deben decidir si el expediente continúa en el fuero federal o en Penal Económico.

El empresario Tofoni, quien impulsó recursos judiciales contra la AFA en Estados Unidos, presentó un pedido de recusación contra dos jueces de la Cámara de Casación Penal: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Ambos integran este tribunal clave junto a Alejandro Slokar.

Según el escrito de Tofoni, existen “circunstancias objetivas que fundan el temor de parcialidad”. En el caso de Barroetaveña, argumentó que el juez “integró durante años el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino”, al que renunció en diciembre del año pasado.

“Mientras se habrían ejecutado las operaciones de desvío y lavado de fondos de la AFA que hoy se investigan, el magistrado llamado a decidir sobre esta causa integraba y presidía uno de los órganos de gobierno interno de esta entidad”, sintetizó.

El escrito de Carrió indicó sobre el caso de Barroetaveña: “Lejos de tratarse de un vínculo circunstancial, una coincidencia social o una relación académica con alguno de los involucrados, documentos emanados de la propia Asociación del Fútbol Argentino acreditan una vinculación institucional directa, estable y reciente”.

La exdiputada también solicitó que, en caso de que su pedido sea rechazado, se le corra vista al fiscal de la Casación, Mario Villar, para que opine sobre la participación Barroetaveña en el expediente de la quinta y que, además, se requiera la elaboración de un informe sobre el camarista acerca de “su presencia en actividades sociales en la estancia de Villa Rosa adquirida en 2024 por Real Central S.R.L. que se encuentra en el objeto de la causa”.

Tofoni, además, pidió recusar al juez Borinsky. Citó una opinión del magistrado que data de mayo de este año. En ella había manifestado: “Si bien el Alto Tribunal ha admitido excepcionar esta regla cuando hubiera denegatoria del fuero federal (…), lo cierto es que este supuesto no se aprecia en el caso. Por el contrario, en las presentes actuaciones, la competencia se mantiene en el fuero federal”.

¿Por qué la disputa por donde tramita la causa es tan relevante para las partes? El expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y ahora Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.

González Charvay, juez de Campana, del fuero federal, fue foco de una de las últimas decisiones sobre el destino de este expediente. Durante meses engordó el expediente con no sólo la quinta de Pilar bajo investigación, sino también el flujo de fondos de TourProdEnter, contratada por la AFA para recaudar su dinero en el exterior. Pero en junio, sin mayores avances y con cuestionamientos por parte de denunciantes, la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa, y ahora la disputa entre ambas competencias se volvió la próxima gran decisión que la Justicia deberá dirimir.

De hecho, este miércoles se produce una audiencia de la que no se espera que salga inmediatamente una definición, aunque tampoco se dilatará demasiado. Presentarán escritos el fiscal ante la Casación, Mario Villar, y también los abogados de Luciano Pantano, titular junto a su madre, Ana Lucía Conte, de Real Central, sociedad a nombre de la quinta.

Mientras la Coalición Cívica presentó la denuncia sobre la denominada “mansión de Pilar”, Tofoni es el empresario que impulsó en Estados Unidos los recursos de discovery, mediante los que se conocieron los movimientos de dinero de TourProdEnter. Esta firma, encabezada por Érica Gillette y el empresario teatral y exlegislador bonaerense por el Frente Renovador Javier Faroni, recaudó al menos US$300 millones de la AFA.

Según una investigación de LA NACION, al menos US$57 millones fueron transferidos a sociedades radicadas en Miami sin empleados ni actividad verificada, y con titulares que percibían asignaciones sociales en Argentina.

“Se denuncia la circulación posterior de los bienes, incluyendo la conversión de remesas en efectivo y la realización de actos concretos de lavado de activos como la compra de propiedades”, agrega la acusación de Tofoni sobre el movimiento del dinero en el exterior. Su escrito alude a la quinta en cuestión, vehículos y caballos.

La AFA y TourProdEnter siempre negaron los cargos en su contra. En paralelo, los titulares de las sociedades receptoras de esos US$57 millones permanecen en silencio.

Por Ignacio Grimaldi

Fuente: La Nación

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió otra derrota política. Luego del traspié en el Senado, donde se cayeron dos capítulos claves en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el funcionario no podrá avanzar con el paquete de reformas que tenía previsto lanzar en las próximas semanas y todas sus iniciativas serán revisadas hasta el detalle por sus compañeros de gabinete.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ, uno de los proyectos que no será prioridad en el corto plazo para la agenda parlamentaria es la reforma a la Ley del Libro. Se trata de una legislación que regula el mercado editorial. La iniciativa apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001, que establece que cada libro debe venderse al mismo precio en librerías, supermercados y plataformas digitales. El anteproyecto también contempla cambios sobre la normativa de fomento del libro y la lectura.

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El planteo de Federico Sturzenegger con la Ley del Libro

Sturzenegger había salido públicamente a defender la propuesta y planteó que la norma vigente funciona como una prohibición para que los comercios puedan vender libros más baratos. “La ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros. En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, denunció. Como ejemplo, contó el caso de un librero que durante la última Feria del Libro porteña quiso vender Las Crónicas de Narnia a $40.000, pero debió elevar el precio a $99.000 porque era el valor establecido por la normativa.

El Gobierno no avanzará con la ley de LibrosMatías Moyano

A partir de ese argumento, el ministro cuestionó que la defensa de la actividad cultural pueda hacerse a través de una ley que, según su interpretación, encarece los ejemplares. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores ”, afirmó Sturzenegger. Y agregó: “Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”. Para el ministro, la eliminación del precio único permitiría que los comercios compitan entre sí y ofrezcan mejores condiciones a los lectores. “La competencia simplemente los obligaría a ofrecer más productos y a mejores precios”, sostuvo.

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Los cuestionamientos a la Ley del Libro

El planteo oficial abrió un fuerte debate dentro de la industria editorial. Editoriales, librerías y escritores sostienen que el precio uniforme no busca impedir la competencia, sino evitar que las grandes cadenas y plataformas puedan concentrar la venta de los títulos más populares mediante descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de igualar. El sector también advierte que una eventual liberalización podría provocar el cierre de comercios pequeños y reducir la diversidad de títulos disponibles. Según datos citados por El País, Argentina cuenta actualmente con unas 1.500 librerías y más de 500 editoriales pequeñas y medianas.

La gestión libertaria ya había intentado avanzar con la eliminación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera en dos oportunidades. La primera fue a través del DNU 70/2023, publicado al inicio de la gestión, que incluyó entre sus medidas de desregulación la derogación de esa misma ley. Sin embargo, ese capítulo del decreto no llegó a efectivizarse, el DNU fue cuestionado judicialmente y el Congreso rechazó ese capítulo.

El segundo intento se produjo durante el tratamiento de la Ley Bases en 2024. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incluía nuevamente la derogación de la Ley 25.542. La iniciativa formaba parte del paquete de reformas y desregulaciones impulsado por el Gobierno, pero durante la negociación con los bloques opositores dialoguistas el capítulo fue retirado para conseguir respaldo parlamentario.

Fuente: Mendoza online

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y así puso a salvo los fondos de la caja sindical.Te puede interesar:Los candidatos de Kicillof para sucederlo aumentan el ritmo electoral y promocionan su candidatura nacional en las provincias

Esa norma,como anticipó Infobae,fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del Decreto 407, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, vía el convenio colectivo de trabajo, que financian a los sindicatos.

CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de aquella provincia, señala en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales.Te puede interesar:Agustín Rossi cuestionó al Gobierno tras el revés en el Senado: “Perdió retorno con la sociedad y está aislado”Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE)

Según la demanda judicial, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales. Si la Justicia accede a su pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La presentación de CATSE, encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del Decreto 612/2026, que, según la entidad, aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes.Te puede interesar:“Fuerza capitán”: el presidente Javier Milei le envió un mensaje de apoyo a Lionel Messi

Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que fue reformada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

PUBLICIDADUna movilización del Sindicato de Camioneros en Capital (Foto: NA/Juan Vargas)

Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según había dispuesto el anterior Decreto 407. Sin embargo, el nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base.

En términos concretos, para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula, la base sube a $1.260.010,29. El resultado: $200.000 extra por trabajador cada mes, lo que representa, según el escrito de CATSE, un incremento del 18,87%.

La cámara que preside Lo Bruno sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.La CGT acordó con el Gobierno un decreto que puso a salvo el financiamiento de los sindicatos

Plantea que el decreto no sólo eleva los costos, sino que lo hace vulnerando la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.

CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso, dado que “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.

En el amparo presentado se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos hechos entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, es decir, que la nueva norma no pueda ser usada para reclamar diferencias retroactivas.Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero, tres impulsores de la reforma laboral

Uno de los puntos centrales es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según la presentación, sólo el Parlamento puede fijar los límites y sus bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y la alteración por decreto constituye un “exceso reglamentario”.

La entidad señala que el propio Estado nacional había fijado primero una base y después la cambió sin que medie una ley. “Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, afirma la demanda.

Además, la CATSE advierte que actualmente “tres fuentes superpuestas e incompatibles” generan una situación de “indefinición casi total”: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente el primero.Los choferes de camiones recibirán un aumento de casi el 19% si se aplica el Decreto 612 del Poder Ejecutivo (Foto: Shutterstock)

Por eso pidió de forma urgente una medida cautelar de no innovar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo transitoriamente el sistema anterior hasta que haya una sentencia definitiva.

El escrito sostiene que el daño que causará la norma es “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Cada liquidación salarial, advierte la cámara, implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual.

De todas formas, enfatiza que los montos discutidos por el decreto no afectan el sueldo que perciben los choferes de camiones ni ningún otro ingreso alimentario, ya que se trata sólo de cargas patronales a favor del sindicato. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales -dice-, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas”.El Gobierno logró un éxito político con la sanción de la reforma laboral en el Congreso (Foto: Charly Díaz Azcue/Comunicación Senado)

En apoyo de su pedido, la cámara acompañó informes contables sobre tres empresas modelo (pequeña, mediana y grande), donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, además del porcentaje que representa sobre el margen operativo.

CATSE basa su legitimación para reclamar ante la Justicia en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita a las asociaciones a presentar amparos cuando defienden derechos “de incidencia colectiva”. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente el fallo “Halabi” sobre protección colectiva de derechos.

Las empresas representadas, según el escrito, son “en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas”. Todas ellas, asegura la cámara santiagueña, adhirieron expresamente a la acción, y su nómina fue presentada como anexo.Hugo Moyano, en una marcha de Camioneros, junto con su hijo Jerónimo y Octavio Argüello

Según CATSE, la vía del reclamo individual sería “económicamente inviable” para cada empresa, por lo que la acción colectiva es la única forma de tutela judicial real frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.

La demanda aclara que el universo alcanzado por la acción son “empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE”, que emplean trabajadores comprendidos dentro de convenios colectivos afectados.

En ese sentido, señala que no existe otro proceso colectivo con igual objeto y clase en trámite. Aclara, además, que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato de la actividad, que lidera Hugo Moyano, pero que allí los intereses y la parte actora son “frontalmente opuestos” (trabajadores vs. empresas).

Fuente: Infobae.com

El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza confirmó este domingo que está dispuesto a competir por la Presidencia en representación del PRO y se diferenció de La Libertad Avanza: “Somos distintos”.

Al respecto, el exfuncionario detalló que mantuvo charlas con el presidente del PRO, Mauricio Macri, y varios dirigentes del partido, donde expresó su intención de competir en los comicios del 2027

“No es un arrebato individual ni la decisión de un grupo minúsculo”, aclaró Lacunza a TN, en el programa ¿Y mañana qué?

Consultado sobre cuál sería su reacción si Macri decide finalmente ir con un candidato más cercano a la gestión de Javier Milei, Lacunza respondió: “En ese caso, yo no estaría en esa cancha”.

“Va a haber dos canchas, dos estadios, y habrá un momento donde tendrán que decidir en cuál juegan”, remarcó el exministro sobre una eventual alianza entre el PRO y LLA. En esa línea, agregó que esa primera opción, lejana al oficialismo, “tampoco es excluyente de otras fuerzas. Acordémonos de las elecciones de 2015″

“Es prematuro dar definiciones ahora, pero lo que sí sé es que si vamos con LLA, porque hay una parte del PRO que así lo quiere, irán otros, no pasa nada”, profundizó Lacunza.

Advertencia por la economía

Lacunza también advirtió sobre la situación económica del país: “Hoy estamos yendo a una economía fragmentada y tenés otro motor apagado que es la construcción, la industria, el comercio”.

“Estamos hablando de 8 millones de puestos de trabajo que van a terminar mal”, afirmó el exministro.

El exfuncionario sostuvo que “hay menos dinero en la billetera que hace dos años porque el poder adquisitivo es menor”. En esa línea, criticó el plan económico del presidente Milei y remarcó que “no es esto o el ‘plan platita’”.

“No podemos decirle a la gente que aguante a largo plazo, porqueesa gente no llega a largo plazo, está pensando en la semana que viene“, consideró.

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“Hay una descomposición social”, añadió el dirigente del PRO. Sobre el gran endeudamiento con tarjetas de crédito o préstamos que enfrenta un gran porcentaje del país, Lacunza remarcó que “si nadie puede devolver los préstamos, los bancos van a empezar a tener problemas”.

En esa línea, agregó: “Si la deuda es masiva, el problema ya es macro”.

Fuente: TN

Tras horas de información cruzada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se incorpora esta martes a las reuniones de la mesa política. Se trata del tradicional cónclave de los funcionarios que definen la agenda parlamentaria y negocian con la oposición.

El encuentro se realizará a las 13 en Casa Rosada, donde «El Coloso» asistirá por primera vez, según confirmó el entorno del exfuncionario macrista. Su presencia se origina tras un pedido de Javier Milei, quien busca empoderarlo tras los cuestionamientos internos a su rol en la confección del proyecto de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió un duro traspié en la sesión del Senado, tras caerse los capítulos sobre la reforma de la ley de Tierras y en el Plan Nacional del Manejo del Fuego.https://77d68375d0e15b61b2c3dac3799e78e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

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El señalamiento radicó en que se trató de un paquete reformista demasiado “abarcativo y ambicioso”. “Era como una ley ómnibus, con proyectos muy delicados, controvertidos y se llegó a la sesión con acuerdos flojos. Ya no puede repetirse”, subrayó uno de los integrantes de esta mesa política.https://77d68375d0e15b61b2c3dac3799e78e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“Más allá que se avanzó con media sanción, se mostró una señal de debilidad y que el Gobierno perdió en la narrativa. Es necesario llegar con proyectos más trabajados con los aliados y que sean la absoluta prioridad”, sintetizó. “Termina poniendo en juego todas las reformas”, subrayó otra fuente negociadora del oficialismo, que recuerda todavía el desguace de capítulos importantes de la Ley Bases y la reforma laboral que había impulsado sin éxito el ministro, quien también protagonizó un escándalo la semana pasada por el conflicto portuario que provocó tras desregular la actividad del practicaje.

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A partir de la descoordinación del gabinete, hay unidad de criterio que se deben recalibrar los proyectos libertarios de ahora en más. «Hay otros proyectos que tienen prioridad de ahora en más. Los de Propiedad Privada deberán esperar», sentenció uno de los responsables del Ejecutivo en el Congreso.https://77d68375d0e15b61b2c3dac3799e78e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La mesa política del Gobierno se reúne este martes

Desde ahora, el Gobierno definirá un orden de prioridad dentro de los proyectos en danza. Para los hermanos Milei resultará clave aprobar durante agosto o septiembre la reforma en la carta orgánica del Banco Central y los cambios en la ley de inocencia fiscal, que se tratan esta semana. Además, se pretende que en septiembre pueda reencauzarse el debate por el proyecto de reforma electoral, con la suspensión de las elecciones PASO.

Muchos de estos proyectos fueron considerados en la mesa política, un ámbito donde asisten todos los funcionarios que participan de la negociación con los bloques aliados. Más allá del malestar con la senadora Patricia Bullrich por no haber logrado un poroteo exitoso en los días previos a la sesión del Senado, puertas adentro el resto de los miembros son conscientes que deben blindar los proyectos de mejor manera, sin poner en riesgo o forzar demasiado las alianzas que se han logrado con los gobernadores.

Los emisarios de Milei tendrán una función mucho más relevante en la confección de cada articulado de los proyectos. “Una cuestión es avanzar con una reforma integral, donde todos podemos estar de acuerdo, y otra cosa es que se arme un megaproyecto sin reparar en los efectos adversos que puede generar para luego ir a buscar los votos”, relataron funcionarios que participan en esas conversaciones con los dialoguistas. Esa observación apunta a que el proyecto de Sturzenegger no se desmenuzó previamente en la mesa política, por lo que llegó a modo de “libro cerrado” y solo faltaba “reunir los votos”.

La mesa política está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Fuente: Mendoza online

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La semana pasada fue difícil para el oficialismo. En medio de la concatenación de problemas de gestión, con el paro de los prácticos y el desgajamiento de la ley de propiedad privada, la detención de dos exfuncionarias de Anmat debido a las muertes por fentanilo contaminado sumó otro frente en la Casa Rosada. Del expediente judicial surgen alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones, que podrían complicar su situación.

Distintas fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION reconocieron que la tragedia del fentanilo, que ocasionó al menos 90 muertes, es un escándalo latente, mientras avanza el expediente en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Lugones está firme en el cargo y Javier Milei replicó el sábado un tuit suyo sobre la gestión sanitaria. Sin embargo, hay preocupación en el oficialismo por las derivaciones del caso.

“A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, plantearon quienes lo vieron por estos días al ministro, que en agosto de 2025, en una de las pocas entrevistas que dio, se quebró y lloró. “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”, dijo Lugones ese día, respecto de los involucrados en la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedad del detenido Ariel García Furfaro.

Hace una semana, la exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó, dos técnicas de carrera, quedaron presas. La hipótesis de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado. Operó, según los representantes del Ministerio Público Fiscal, un “manto de cobertura estatal”.

A las mujeres las excarcelaron el viernes pasado, tras una caución real de $75 millones que solventaron con inmuebles en garantía. Tal como contó LA NACION, Mantecón Fumadó dijo que Lugones era informado de las decisiones que se tomaban sobre Ramallo y HLB, y que había promovido el cierre del laboratorio.

La exjefa del Iname fue echada en agosto del año pasado, mientras avanzaba la investigación penal que comenzó en mayo de 2025. Bisio, que estaba frente a la Anmat, fue sostenida por Lugones un tiempo más y presentó la renuncia recién en enero de este año.

El día de la detención de ambas coincidió con la Cena Anual Consenso de Salud 2026, que reunió a personalidades del sector. El arresto de las exfuncionarias no pasó desapercibido para los asistentes. Lugones asistió a la cena y dio un discurso basado en la gestión libertaria del sector.

En el Gobierno aseguraron que no hay ninguna colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias, a las que se “les soltó la mano desde hace tiempo”. Y repitieron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”.

Voces del oficialismo que hablaron con LA NACION contaron que internamente los avances en el caso no generaron algún escándalo interno o aceleraron medidas drásticas. Tampoco se activaron terminales judiciales respecto del expediente. No obstante, asumieron: “Obvio que genera ruido el tema, sobre todo porque este gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. Hay que ver hasta dónde escala”. Otra fuente expuso: “Es grave para todos en la gestión, pero no le dieron tanta importancia”.

El ministerio, más allá de lo del caso del fentanilo, está atravesado por desinteligencias entre el estratega Santiago Caputo, que maneja políticamente la cartera desde la Argentina, y su socio Rodrigo Lugones, hijo del ministro, que da instrucciones desde España. Además, también sufrió los coletazos por el avance judicial del caso que investiga sobreprecios y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también está bajo la órbita de Salud.

En el kirchnerismo −que se vio salpicado por los negocios de García Furfaro−, esperan que el próximo 19 de agosto -cuando sesione la Cámara de Diputados para tratar proyectos que mandó Milei- se pueda forzar el tratamiento en comisiones de una nueva ley de Anmat. De esta forma, lograrían reinsertar el tema fentanilo en la discusión pública.

Referentes de distintos sectores políticos del arco opositor coinciden en que la Anmat −un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y autárquico− debería tener una ley que regule su día a día. Afirman que hay una serie de grises en las normas de procedimiento de esa dependencia estatal que quedaron expuestas con las muertes por el fentanilo. En el Gobierno, Lugones también impulsa una profunda reforma del área.

“La Anmat, que controla la industria farmacéutica, tiene una estructura débil con salarios bajos. Es un tema complicado”, comenta un dirigente político de experiencia, que también señala los vínculos de las droguerías y laboratorios con el financiamiento de las campañas políticas.

Durante 2025, cuando trascendió el caso en la Argentina, en Diputados funcionó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein. Participaron ahí familiares de las víctimas. Sirvió para darle más exposición al caso y para que los diputados se pusieran en órbita. No obstante, distintas fuentes que hablaron con LA NACION reconocieron que el contundente triunfo electoral libertario de octubre (la comisión arrancó a funcionar en septiembre) diluyó su presión. Lugones no asistió a esa instancia; remitió preguntas por escrito.

“Al comienzo de la denuncia, los familiares estuvieron en la soledad más horrible”, recordó ante LA NACION un dirigente, que definió lo ocurrido como “la máxima tragedia sanitaria argentina”, el mismo término que emplearon otros colegas suyos.

Por Paula Rossi

Fuente: La Nación

Karina Milei sorprendió a los legisladores que la escucharon en la Casa Rosada este lunes a la tarde en las dos tandas de visitas que recibió, primero con diputados y luego a senadores provinciales. “Sebastián hizo muy bien la tarea”, le confesó uno de los presentes a MDZ cuando destacó el nivel de información que manejaba “El Jefe” y la trascendencia que le daba a los proyectos presentados por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Sebastián es Pareja, el jefe político y el que hace de enlace entre los terrenales y la Casa Rosada, que por primera vez recibe en grupo a sus diputados y senadores bonaerenses. Extrañamente, exaltaron la presencia de Agustín Romo y Nahuel Sotelo, dos diputados provinciales que militan en «Las Fuerzas del Cielo». ¿Dudaban que fueran a ir? Extraño.

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Fue una reunión larga y con bastante contenido político. Una de las cosas que llamó la atención fue el nivel de detalle con el que Karina venía siguiendo el trabajo legislativo de La Libertad Avanza en la Provincia. Estaba muy al tanto de la tarea del bloque en Diputados y conocía en profundidad varios de los temas que se vienen trabajando.

“La charla fue bastante tema por tema. Se habló de IOMA, seguridad, reforma política, Boleta Única, de lo que está pasando en el Senado bonaerense y también del programa MESA, entre otros asuntos de la agenda legislativa provincial”, comentó un diputado que pretende que La Libertad Avanza domine la discusión política futura y que predominen sus dirigentes sobre los aliados del PRO y la UCR que podrían conformar el «Frente AntiKirchnerista».

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Clarísima, la hermanísima pidió “no adelantarse a la discusión sobre qué quiere hacer cada dirigente el año que viene ni entrar en una carrera de nombres y candidaturas”. Claramente, en la reunión con los senadores, Diego Valenzuela sobresalió con su claridad y puntillosidad en cada tema abordado.

Al ser una primera reunión nadie quiso dar una mala impresión y mucho menos proponer debates que ni la mesa política nacional se anima a dar. ¿Van a hacer algo con la economía? Carcomía el pensamiento de al menos dos legisladores presentes. Cuando Manuel Adorni estaba en la tormenta, estaba prohibido hablar de eso. Ahora la economía y las familias endeudadas, que dominan el Gran Buenos Aires, tendrá que ser abordado en otra oportunidad.

Cuando terminaron las reuniones, había cierto síntoma de haber perdido una oportunidad. No siempre se tiene a Karina Milei delante para exponer una mirada, que no es homogénea. Por eso, cuando se empezaron a activar los celulares, y se mensajearon entre los coordinadores regionales y locales, lo único que quedó claro es que “tenemos que movilizar para la inauguración de la nueva sede”, en Caseros al 500, en la Ciudad Autónoma, pero que será base operativa y política de la provincia de Buenos Aires.

“Nos mandan los micros pero nada más. Y hoy la gente no está tan entusiasmada como antes”, dijo un referente que solo pidió un colectivo y le pidieron que por favor tomase dos, “aunque luego vengan vacíos”. El negocio de la movilización florece pero no por la comida, sino por el transporte.

Otro mileista de primera hora también compartió el criterio con su colega. Observa cómo los “Rapi” ya no nos atienden o nos dicen déjame ver. Encima no tenemos con qué contenerlos en caso de que tengan que perder el día”. Acá también se dio otro fenómeno. Cansados, los concejales y coordinadores observan que a pesar de llevar tres años como oficialistas ninguno pudo colocar un dirigente cercano en un lugar de poder nacional y sólo se distribuyeron algunas oficinas locales de ANSES, Trabajo y PAMI, pero que en más de una oportunidad ni siquiera pudieron mantenerse ahí porque tuvieron que asegurarse el acompañamiento legislativo del PRO.

Estos libertarios no dudan que su proyecto está atado a la reelección presidencial, pero miran de reojo el cuerdo con el PRO y con mucho más escepticismo con el radicalismo, al que consideran, como lo dijo el senador Benegas Lynch, “esos tibios del medio”. “Imagínate que cerremos con todos esos que son profesionales de la política. A nosotros, que recién empezamos, nos dejan afuera de todo y casi que vamos a tener que pedir permiso para militar por nuestro partido”, sentenció una de las fuentes que estuvo en la Rosada.

Otro tema del que se esquivó hablar en la reunión con Pareja y Milei fue sobre la continuidad o no de Agustín Romo como presidente de bloque. “Ese tema se termina mañana. Asume Juanes Osaba”, y Romo irá a una vicepresidencia de Cámara, confirmó el participante del encuentro.

Karina Milei, junto a Sebastián Pareja, Fabián Fernández y Agustín Romo

En lo que tuvieron bastante serenos Pareja y «El Jefe» fue en la definición electoral bonaerense del año próximo. La idea de no instalar candidatos también afecta a Diego Santilli, otro de los impulsores de un gran acuerdo antikirchnerista bonaerense. Algo de eso se vivió el sábado pasado en la convención radical realizada en La Plata, donde un grupo encabezado por Miguel Fernández, que en 2025 armó Somos con otros dirigentes y exintendentes del PRO y el PJ, se fue junto con un grupo importante de intendentes.

La excusa fue que no le dieron un lugar en la Junta Electoral partidaria, donde Evolución se dividió y cobró por dos. Lo real y concreto es que fue un adelanto de la otra discusión, que llegará el año que viene. Qué hará el radicalismo. Efectivamente irá con un candidato propio como propuso Diego Garcíarena o terminará participando en el frente anti K con el mileísmo como bandera? Nadie dice querer eso, pero casi todos lo ven como inexorable.

Fuente: Mendoza online