Categoría: Opinión

Las evidencias del delito corroen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero ella intenta una salida: replegarse, acaso junto a Lula, en una cofradía regional de víctimas del imperialismo, bajo la advocación de Hugo Chávez. Ensayó ese movimiento la semana pasada, con el pretexto de que el caudillo caribeño cumpliría años. Pero esa fuga la condujo a otra encerrona. Mientras la ex presidenta lloraba a Chávez, aparecían detalles de los negociados de su administración y la de Venezuela. Es otra dimensión del mismo escándalo: la corrupción en las relaciones exteriores, con Julio De Vido como su tenebroso canciller. Ese enlace, que caracteriza el último ciclo de la peripecia latinoamericana, se va develando poco a poco. Por los infortunios del kirchnerismo y por el colapso bolivariano.

De Vido ha demostrado una habilidad prodigiosa para montar negocios a partir de las crisis que él mismo provocaba. La controvertida relación con el chavismo nació al amparo de las dificultades energéticas. Y de una concepción del comercio exterior basada en los intercambios entre Estados. El fideicomiso para canjear combustibles por alimentos o manufacturas nació con esas coordenadas.

Las irregularidades cometidas al amparo de este trueque se conocieron muy temprano. Todavía gobernaba Kirchner y el entonces canciller Rafael Bielsa pidió ser relevado de las relaciones con Caracas. Fue premonitorio: el 4 de agosto de 2007 fue interceptado en el Aeroparque Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares en una valija. Un José López de juguete.

Más adelante, el embajador Eduardo Sadous denunció la existencia de una embajada paralela en Venezuela, administrada por Claudio Uberti, el amigo de Antonini, y por el consejero comercial Alberto Álvarez Tufillo. Sadous fue llevado a la Justicia y, como nadie corroboró sus imputaciones, terminó procesado por falso testimonio por el juez Rodolfo Canicoba Corral, a pedido del fiscal Jorge Di Lello. Sobre los hechos señalados por Sadous sigue abierto un expediente en el juzgado de Julián Ercolini. Recuerdos de Carl Honoré: Elogio de la lentitud.

Tufillo fue dichoso. Fue ascendido a embajador y destinado ante el bolivariano Rafael Correa, en Ecuador. Bielsa fue removido. Y Cristina Kirchner expulsó a su sucesor Jorge Taiana. Ajeno a estas fechorías, Taiana fue acusado de filtrar información al periodismo. «Tendrías que aprender de Amado, que es leal», lo ofendió su jefa. Así llegó Héctor Timerman, una de cuyas primeras decisiones fue despedir al subsecretario de Integración Eduardo Sigal por informar sobre aquella embajada paralela. En el altar del tráfico con el chavismo fue sacrificado todo un equipo de política exterior.

Sadous señaló a José María Olasagasti, el secretario privado de De Vido, como uno de los encargados de pedir sobornos. Ahora, como reveló el diario Clarín, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal María Luz Rivas Diez investigan a un allegado a Olasagasti, el empresario Juan José Levy, por operaciones irregulares con Venezuela: desde venta de productos de limpieza con fabulosos sobreprecios hasta transferencia de decodificadores de TV adquiridos en Hong Kong, y no fabricados en la Argentina, como exigía el reglamento del fideicomiso bolivariano.

Como sucede con Lázaro Báez y las constructoras, el escándalo de Levy amenaza a todo un sector empresarial. En la Aduana investigan a otros importadores con negocios con el Estado: entre ellos PC Arts Argentina, Informática Fueguina, Newsan y Jukebox. Otro dolor de cabeza para Ricardo Echegaray, el ex mandamás de la AFIP.

El padre de Levy fundó en Palermo el laboratorio Esme, para fabricar pasta dental y gel de baño. Esa actividad no alcanza a explicar la llamativa fortuna acumulada por el hijo. Vive en una gran casa del barrio La Isla, de Nordelta, vecina a la de Sebastián Eskenazi, otro engranaje del kirchnerismo empresarial. Levy comenzó a realizar viajes y fiestas opulentas, a las que a veces llegaba en helicóptero. Su adquisición más reciente fue una Porsche Macan, «igual a la que tiene Tevez», como él dice. Levy se ufana de su amistad con Olasagasti. Y de conocer a Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. Los De Vido, ingratos, lo niegan.

Gran parte de la información que se investiga en tribunales proviene de una feroz pelea de Levy con su hermano Alejandro, que estaría vinculado a Daniel Scioli. El ex gobernador ingresó en su infierno astral: Elisa Carrió investiga su enriquecimiento y anoche Luis Majul reveló que casi quiebra el Banco Provincia. Seguro hoy Gustavo Ferrari y Fabián Perechodnik renunciarán al gabinete de María Eugenia Vidal en solidaridad con su antiguo jefe.

De la contienda entre los Levy emanan datos inconvenientes. Sobre todo los innumerables viajes a Venezuela, Qatar y Panamá, además de inversiones en Miami. Como suele suceder en estas trifulcas familiares, los hermanos de Levy levantan el dedo contra su cuñada, María Julieta Ratto. La controversia patrimonial alimentó varios expedientes. Quienes están enfrentados a Juan José salieron derrotados. Acusan de ese desenlace a Olasagasti, por su relación con Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo y gestor judicial de De Vido. Antes de abandonar los cargos públicos, Olasagasti anunció a algunos allegados que sería el nuevo gerente general de Radio El Mundo. En ese entonces Levy negociaba la compra de esa emisora. Soñó repetir la historia de Gerardo Ferreyra, Cristóbal López o Báez: blindar sus negocios con los medios. El genial Manuel Castells explica que las mafias hacen lo mismo.

El derrumbe del kirchnerismo está lleno de curiosidades. La última responsabilidad oficial de Olasagasti fue en la ex SIDE, a las órdenes de Oscar Parrilli. Ahora Parrilli, acusado de negligencia en la persecución del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, debe ser investigado por el juez Lijo. ¿Qué conducta asumirá Olasagasti? ¿Ayudará a su antiguo jefe o colaborará en su destrucción? El kirchnerismo se divide frente a ese interrogante. Sobre todo desde que la esposa de José López comentó a sus íntimos que quien alertó al ex secretario de Obras Públicas de que podrían allanar sus domicilios e incautarle su fortuna fue Olasagasti.

Mientras salían a luz Levy y sus relaciones con Venezuela, De Vido y sus suministros electrónicos provocaron otro escándalo. El juez Juan Carlos Gemignani, presidente de la Cámara de Casación Penal durante la feria judicial, descubrió en un recinto del primer piso de Comodoro Py un conjunto de computadoras, televisores, teclados y monitores sin inventariar. Estaban allí a instancias de la camarista Ana María Figueroa. Militante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en diciembre pasado Figueroa había informado a sus colegas que De Vido le había ofrecido equipos del programa Argentina Conectada. Le explicaron que, si los aceptaba, incurriría en el delito de percepción de dádivas o, más grave aún, cohecho. Sobre todo porque De Vido, como otros tantos kirchneristas, están involucrados en causas que se tramitan en ese tribunal. Figueroa no entendió y aceptó los materiales.

Esta camarista ha sido la principal gestora de los intereses del kirchnerismo en el máximo tribunal penal. Su acción más llamativa, tal como informó la nacion el 7 de julio pasado, fue solicitar, al trasladarse de la Sala II a la Sala I, seguir interviniendo en las causas relacionadas con el atentado contra la AMIA. En los tribunales atribuyen el pedido a una exigencia de Carlos Zannini. También resultó escandalosa la demora de Figueroa, que preside la Sala I de Casación, en el trámite de 46 causas que no estaban siquiera registradas.

Así como recibió el equipamiento de De Vido, Figueroa ya había aceptado un cheque de $ 530.000 del Consejo de la Magistratura, para realizar refacciones sin licitación. La revelación de estas novedades llevó al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, a pedir al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre la Sala I de la Cámara, que conduce Figueroa.

El descubrimiento de Gemignani se inscribe en esta secuencia. Y desató una guerra dentro de la Cámara. El juez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura. Pero quedó envuelto en un conflicto delicado al pretender inventariar el material enviado por De Vido. En un primer intento, el martes pasado, la secretaria de la sala, Carolina Dragonetti, solicitó postergar la diligencia un par de días. De inmediato el camarista Slokar se comunicó para evitar ese registro. ¿Quién le habrá avisado? El jueves, Gemignani encontró otra dificultad: la subsecretaria de la Sala, María Amelia Expucci, que trabaja a las órdenes de Figueroa, se resistió a labrar el acta con el inventario. El juez, entendiendo que estaba ante un encubrimiento y no ante una simple insubordinación, pidió al personal de seguridad que Expucci fuera remitida al juez de turno, Marcelo Martínez de Giorgi.

Expucci quedó detenida durante una hora y media, por lo que denunció a Gemignani por privación de la libertad ante Daniel Rafecas. Este magistrado deberá decidir si remite el expediente a Martínez de Giorgi.

Los integrantes de Justicia Legítima denunciaron a Gemignani por abuso de autoridad. La Asociación de Magistrados también lo censuró. Entre los líderes de esa organización está el consejero de la Magistratura Luis María Cabral, gracias a quien Expucci ingresó a la Cámara. Pero Martínez de Giorgi o Rafecas deberán desentrañar algunas incógnitas. Por ejemplo, si Gemignani ordenó que detuvieran a Expucci. El subcomisario Gabriel Ruiz informó a Gemignani y a sus colegas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, que Expucci nunca había estado detenida.

La conducta de Expucci fue evaluada por el fiscal de Justicia Legítima Pedro Zoni, quien de inmediato dictaminó la inexistencia de delito. Martínez de Giorgi puede aceptar ese criterio o indagar si, como creyó Gemignani, la secretaria intentó encubrir a su jefa Figueroa y, en todo caso, a De Vido. El ex ministro ayer aportó su interpretación: Gemignani estaría loco.

El conflicto entre Gemignani y Figueroa no se acaba de desatar. Están enfrentados desde hace tiempo. Su mayor desencuentro se debió al pacto entre Cristina Kirchner y Mahmoud Ahmadinejad por la causa AMIA. Gemignani lo consideró inconstitucional. Figueroa lo defendió. Ese acuerdo es enigmático. La explicación más convincente, ofrecida por algunos kirchneristas muy cercanos a la ex presidenta, es que obedeció a una gestión de Hugo Chávez. El fiscal Alberto Nisman fue más allá: denunció que en el medio había negocios energéticos. Es decir, la diplomacia de De Vido.

Fuente: La Nación   Carlos Pagni

Parece cada vez más claro que buena parte de la suerte económica del presidente Macri y de los argentinos descansa estas horas en el resultado del tan mentado blanqueo de capitales y activos dentro y fuera del país. Las dificultades para bajar el déficit fiscal y la inflación que en consecuencia tarda en ceder demoran la reactivación, y la respuesta que se obtenga con la convocatoria al blanqueo podría torcer el fiel de la balanza a la hora de formar expectativas y reanimar, si funciona, la confianza y las inversiones.

Es obvio que un blanqueo exitoso aliviará la carga de mayor déficit que el plan de Macri finalmente determinó en todos los frentes, a la vez que el ingreso de capitales que pudiera destinarse a la inversión local sumará en la cuenta de mayor actividad y mayor empleo. Donde Macri equilibre un poco las cuentas, el escenario económico podría despejarse, con menos inflación y eventualmente menos ajuste en el corto plazo. Ideal para llegar a las elecciones del año próximo.

Todavía no se conoce la letra chica de la reglamentación de la Ley ya promulgada. Los argentinos de la clase alta y de la clase media alta deambulan como Hamlet, mirando sus resúmenes de cuenta y sus escrituras, con el dilema de blanquear o no blanquear. Juegan múltiples determinaciones en cada uno y resulta imposible en una nota periodística intentar conclusiones científicas.

Pero aplicando el sentido común, y más de 30 años recorriendo empresas, bancos y los centros financieros y turísticos del mundo; y en contacto con el sector de la sociedad que podría estar incluido en los que tienen algo para blanquear, este periodista podría concluir que por peor que salga, el blanqueo lo salva definitivamente a Macri. Curioso destino para el sector medio alto y alto de la sociedad, que lo votó desesperadamente al ex jefe de Gobierno porteño para alejar a la Argentina de Venezuela, y ahora tiene que pagar la cuenta para que el proyecto no naufrague antes de llegar.

Los números de esta nota están todos hechos en borrador, y desde luego admiten errores de la mano alzada. El lector podrá revisarlas. Pero suponemos que hay unos 50.000 argentinos que tienen propiedades en las playas uruguayas y 10 mil argentinos en Miami, más otros 5 mil argentinos con departamentos o casas en Nueva York, París o las playas chilenas. Y 70.000 argentinos que tienen propiedades en el país y nunca las declararon. Si ponemos un promedio de u$s 200.000 por propiedad en el exterior y u$s 100.000 en Argentina, y todos declaran todo, se llega a unos u$s 20.000 millones que se blanquearían de propiedades por todo concepto. Es decir u$s 1000 millones de recaudación, al famoso 5% de costo.

No es poco, pero lógicamente lo que salva o condiciona el plan económico de Macri depende de cuánto la gente esté dispuesta a blanquear del cash que mantiene en cuentas bancarias del exterior, o en cajas de seguridad u otros resguardos, algunos sorprendentes por lo que se verifica en videos judiciales en estos tiempos de destape judicial y político.

Está claro que todos los especialistas, abogados, contadores y banqueros, recomiendan a los clientes blanquear. Es cierto que los bancos tratan de resolver sus propios problemas de compliance con las normas jurídicas cada vez más rígidas, y además los brokers locales tienen la servilleta colgada del cuello esperando que la gente abra cuentas bancarias y de inversión en el país, para blanquear el dinero o parte de lo que mantienen escondido afuera.

Hay un argumento fatídico para los ahorristas con fondos no declarados: si en el futuro te llegan a agarrar, el dolor de cabeza y el costo puede ser mucho más grave que hoy. Y efectivamente existen motivos para pensar que, tarde o temprano, el Estado argentino tendrá acceso a la información de los registros bancarios y de activos en el resto del mundo.

En general se opina hoy que lo único más o menos a salvo estaría todavía en Estados Unidos, el único país relevante que no firmó las actas de buchoneo internacional que sí firmaron Suiza, Uruguay y otros paraísos más o menos confiables. A quienes por ningún motivo se los puede convencer a que blanqueen, se les recomienda llevar todo a Estados Unidos, y no tener ni propiedades ni cuentas bancarias a nombre de personas en ese país. «Tapar las cuentas o las propiedades con una sociedad de las British Virgin Islands (BVI)», afirman en la jerga.

Nunca Panamá ni Bahamas, después de los Panamá Papers. Pero esto regiría solo para Estados Unidos, que nunca informó hasta ahora detalles de la conformación de sociedades, ni siquiera con los países con los que sí tiene acuerdos, caso Chile o Colombia. Sí informó Estados Unidos, a requerimiento judicial, el nombre de personas que tenían cuentas allí, nunca si estas cuentas estaban tapadas con sociedades.

Nada, en cambio, estaría a salvo en Uruguay, donde la AFIP podría lograr detalles sobre todo de propiedades inscriptas a nombre de personas. Tener propiedades o cuentas en Uruguay a nombre de empresas off shore, práctica muy habitual desde los 60s hasta fin de los 90s, ya resulta carísimo por los impuestos que cobra Uruguay a las sociedades extranjeras, versus los incentivos a colocar esos bienes a nombre de personas. El mínimo no imponible para propiedades a nombre de personas, en Uruguay, es u$s 250.000, diez veces mayor a la Argentina.

Un matrimonio con una propiedad a nombre de los dos no paga hasta el medio millón de dólares. Por eso lo más probable es que los que tienen propiedades en Uruguay en general van a blanquearlas. Les conviene también por cuestiones sucesorias, en estos días en que también hay que cuidar a los hijos de los desastres impositivos y de otras índoles que consignan los padres.

También se opina que a la hora de elegir cómo blanquear, la plata grande elegiría pagar la tasa del blanqueo antes que inmovilizar muchos fondos en los bonos argentinos, de 3 a 7 años, que permiten blanquear supuestamente sin costo. Los profesionales del mercado hacen las cuentas y explican que conviene mucho más, para correr riesgo argentino, invertir en bonos que rinden 6% a 7%, y en dos años el cupón paga el costo del blanqueo y el dinero está siempre libre en el país o el exterior.
Otro elemento en este caso alentador para la industria financiera local, es que efectivamente los especialistas en banca privada recomiendan a sus clientes, si blanquean, mantener sus cuentas bancarias en el exterior, pero abrir a la vez una cuenta de inversión en la Argentina. Resulta más cómodo para entrar y salir con inversiones, aprovechar las interminables bicicletas financieras locales que multiplican por diez los magros rendimientos afuera y permitir una maximización de la renta financiera, todo legal.

Nadie arriesga el monto que podría blanquearse, de los miles de millones que tienen los argentinos bien guardados. Todo indica que los motivos de presión legal para blanquear, tanto a nivel internacional como las leyes locales, opera sobre las propiedades y el dinero bancario. Bienes o fondos que están registrados en cuentas. El efectivo que se encuentra escondido difícilmente se blanquee mucho, salvo quien necesite justificar compra de bienes registrables en el futuro.

Es cierto que cada vez es más difícil operar en efectivo, pero el costo del blanqueo es muy elevado y fue poco inteligente el Gobierno al no formular escalas para alentar el blanqueo del efectivo. Pagar 10% del ahorro por dinero que difícilmente te van a descubrir no tiene mucho sentido. Y la gente que tiene mucho dinero, en todo caso va a blanquear lo que tiene en una cuenta, no lo que está encanutado en el santuario que cada uno elija.

Volviendo al sentido común y a la Universidad de la Calle, y otra vez suponiendo que unos 50 mil argentinos estarían en condiciones de blanquear dinero en cuentas del exterior, las cuentas caseras allí pueden tornarse sorprendentes y muy alentadoras para el Gobierno. Dividimos esos 50 mil argentinos en cinco grupos de 10 mil. Y suponemos que cada grupo de 10 mil tiene cuentas con saldos entre u$s 300.000 los más pobretones, y u$s 5 millones cada una los potentados, en promedio. Si todo esto fuera cierto, y todos los 50 mil argentinos aludidos blanquearan todo, se llegaría a unos u$s 90.000 millones que serían declarados, con una recaudación potencial de unos u$s 6000 millones para el país, suponiendo que la tasa promedio que se pagaría fuera 7% dado las distintas alternativas para blanquear.

Es decir que por el cash de los argentinos afuera, el Estado podría recaudar seis veces lo que ingresaría por el blanqueo de propiedades. Si todo fuera un fracaso, y el resultado fuera la mitad de las cuentas del sentido común que se ensayaron en esta nota, aún así podrían ingresar entre 2000 y 3000 millones al fisco. Aún peor, si uno de cada cuatro argentinos en condición de blanquear efectivamente lo hace, el Gobierno se llevaría unos u$s 1500 millones. Como quiera que sea, con un ingreso potencial al Fisco entre u$s 1500 y u$s 5000 millones, y aún con las restricciones que se impusieron para blanquear, lo más probable es que efectivamente los ricos terminen salvando a Macri. El costo, dicen los oficialistas, de no ser la Venezuela de Chávez y Maduro.

Guillermo Kohan.

Fuente: El Cronista.com