Categoría: Opinión

La reunión de ayer de las comisiones de diputados con Juan José Aranguren fue definitivamente irreconciliable. No sólo se enfrentaron el Gobierno y la oposición, lo que modifica de manera sustancial el nivel de responsabilidad frente a las decisiones del Estado. También compitieron dos visiones muy distintas sobre la política y la economía. El viejo intervencionismo peronista estuvo en casi todos los discursos pronunciados por las distintas expresiones del movimiento que fundó Perón. Una concepción más moderna de las cosas estuvo en boca de Aranguren, que dejó pasar, voluntaria o involuntariamente, varias oportunidades para demostrar que el exceso de regulación estatal terminó por postrar la economía argentina.

Graciela Camaño tuvo a su cargo la exposición más sólida de la oposición. Mientras los otros hacían preguntas retóricas o mostraban un papel de última hora, Camaño demostró que había estudiado el tema y probó, también, que desconfía de Aranguren por sus antecedentes empresarios. Esa desconfianza no fue exclusiva de Camaño; estuvo en la alusión directa o indirecta de casi todos los exponentes opositores. Es cierto que Aranguren replicó con un antecedente político que descolocó a Camaño. Le recordó que el Gobierno estaba decidiendo por las disposiciones de un decreto que Camaño firmó cuando fue ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde. Ése fue, tal vez, el único momento en el que Aranguren se permitió una réplica política y no sólo técnica.

El otro exponente destacado de la oposición fue el ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien volvió a describir el supuesto paraíso económico que se vivió en tiempos de Cristina Kirchner. Es decir, le reprochó al gobierno de Macri que no siguiera haciendo cristinismo. Fue una manera indirecta de desconocer que la sociedad había votado otro gobierno y no la continuidad de Cristina Kirchner. Con innegable capacidad para exponer, el ex ministro dijo, en síntesis, que la Argentina sería mucho mejor si se hubiera continuado con las retenciones a la producción agropecuaria y si se hubiera mantenido subvaluado el dólar. Y así, señaló, las tarifas hubieran podido seguir siendo subsidiadas. Macri acaba de decir que su gobierno evitó a último momento que la Argentina terminara en el descalabro económico, político y social que sufre Venezuela. ¿Cómo conciliar posiciones tan distintas? Imposible.

Vale la pena detenerse en la exposición del presidente del Partido Justicialista, José Luís Gioja, porque de alguna manera es el ejemplo del pensamiento y de la acción de gran parte del peronismo. Gioja pidió drásticas regulaciones sobre el precio del gas en boca de pozo y de la electricidad en el momento de su generación. Una decisión en ese sentido tendría dos consecuencias inmediatas. Desaparecerían las inversiones energéticas, porque la Argentina tiene un mercado supuestamente desregulado en la generación de energía. Hay que decir supuestamente porque es verdad que el petróleo tiene en el país un precio mucho más alto que en el mercado internacional, una decisión que tomó Cristina Kirchner y que Macri modificó muy levemente. Los dos le tenían (y le tienen) miedo a la reacción de los gremios petroleros. Las consecuencias locales de la caída internacional del precio del petróleo (con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo) podrían provocar protestas gremiales que amenazarían el abastecimiento del gas en invierno. Aranguren lo insinuó claramente en la reunión de ayer.

Llama la atención que Gioja haya planteado posiciones tan duras contra la industria petrolera, cuando él les dio a las empresas mineras, cuando fue gobernador de San Juan, las mejores condiciones para invertir. La izquierda y sectores de su propio partido lo cuestionaron duramente; Gioja no cedió y las mineras siguen en San Juan. Un poco de populismo; otro poco de hipocresía.

Las conclusiones de ese debate son fundamentalmente dos. La primera es que el kirchnerismo no pudo huir de su historia. Ya fue patético que el ex ministro de Planificación Julio De Vido (responsable final de Energía durante 12 años) se ausentara de la reunión. Es ahora presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la comisión más importante entre las varias que se reunieron ayer. El kirchnerismo no lo podía mostrar sin correr el riesgo de que el verdadero interpelado fuera De Vido y no Aranguren. Después de todo, se hubiera contrastado una gestión de más de una década con otra de apenas ocho meses.

Los radicales Mario Negri y Eduardo Costa fueron los que pusieron el condimento político a la exposición técnica de Aranguren. Negri hizo un balance trágico de la gestión kirchnerista en materia de energía (que ya había descripto con detalles el propio Aranguren) y Costa, santacruceño, denunció que Lázaro Báez recibió la concesión de un importante yacimiento petrolero, pero que no sacó ni un metro cúbico de petróleo. Dijo que se trató de una decisión para darle a Báez beneficios económicos, porque éste podrá vender la concesión de ese yacimiento sin haber hecho ninguna inversión. Debe agregarse que Báez no es el único caso de concesionarios de yacimientos petroleros que no tienen intereses, experiencia ni ganas de invertir en petróleo.

La segunda conclusión es que el Gobierno llegó a la reunión de ayer con el debate perdido por el aumento de las tarifas. La oposición, sea por oportunismo o por aversión ideológica a Macri, había instalado la idea de un tarifazo que no fue. De más de 13 millones de argentinos que usan gas por red o en garrafas, más de 4 millones son beneficiados por una tarifa social. Significan el 31 por ciento del total. Sólo el 13 por ciento de los usuarios recibió facturas de gas de más de 500 pesos con los aumentos incluidos. El 78 por ciento de los usuarios las pagó entre mayo y junio; el porcentaje descendió en julio porque comenzaron a actuar los jueces. Las nuevas tarifas de gas son mucho más bajas, entre un 58 y un 83 por ciento, que las que se pagan en Brasil, Chile y Uruguay. Sin embargo, el clima que se creó es el de un ajuste brutal en el precio de las tarifas, uno de los tres grandes desafíos de Macri, junto con la salida del cepo al dólar y el acuerdo con los holdouts para solucionar el default.

Es cierto que el Gobierno no dio mayores explicaciones cuando en febrero decidió el aumento del gas. No fue un error de comunicación, aunque pudo ser una estrategia errada. Lo cierto es que el Presidente ordenó que no se cargara sobre la herencia recibida en materia de atrasos tarifarios porque necesitaba el voto del peronismo, sobre todo en el Senado, para hacer posible el acuerdo con los holdouts. Sólo ayer, Aranguren describió sin compasión el país energético que recibió el macrismo.

El principal error del Gobierno, de todos modos, es no haber convocado a audiencias públicas, como lo ordena la ley, para explicar los aumentos de principios de año. Tal vez la razón sea la misma que la de aquella estrategia: evitar un duro enfrentamiento con el peronismo cuando lo necesitaba en el Congreso. «Cristina Kirchner era un cosa en febrero y es otra cosa en agosto», dijo ayer un funcionario en alusión al derrumbe de la ex presidenta como referente del peronismo.

A la Corte Suprema, que es la instancia que deberá decidir sobre los aumentos de tarifas en los próximos días, no le aportó nada el debate de ayer. Las posiciones de unos y otros ya las conocía. La mayor incógnita sobre la decisión del máximo tribunal consiste en saber si aplicará la obligación de las audiencias públicas al precio del gas en boca de pozo. Si lo hiciera, retrotraería el precio de las tarifas al momento en que asumió Macri y abriría un bache de casi un año con tarifas atrasadas. El déficit fiscal sería inmanejable. La ley de Menem que estipuló las audiencias públicas señaló que deben hacerse para el transporte y la distribución del gas, no para el precio de boca de pozo. La posterior reforma de la Constitución amplió los derechos de los usuarios. En su artículo 42 señala, luego de defender la necesaria competencia y la calidad de los bienes que recibe la sociedad, el siguiente párrafo: «La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las provincias interesadas en los organismos de control».

¿Significa ese párrafo que el Gobierno debe convocar a audiencias públicas para el precio del gas en boca de pozo, que anularía todos los aumentos tarifarios del gobierno de Macri? Es el principal debate en la Corte Suprema. El resultado de ese intercambio encierra el destino político y económico inmediato de la coalición gobernante.

Fuente: La Nación  Joaquin Morales Solá

De 2007 a 2012 coordiné como parte del taller de Periodismo del Frente de Artistas del Borda el programa radial Comiómaní?, de arte y salud mental, reflejo del trabajo de esa organización que lucha por el derecho de los pacientes psiquiátricos hace 32 años en el hospital José T. Borda. La radio que nos dio el espacio totalmente gratuito era la AM 530, por entonces llamada La Voz de las Madres, de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini.

La veíamos poco, muy poco, por el horario del programa, sábados a la noche. Pero a veces recurríamos a ella para alguna producción especial. Ahí encontrábamos a la entrañable Kika Pastor de Bonafini que devino durante el terrorismo de Estado en histórica luchadora por la aparición de su hijo, con una sensibilidad increíble cuando leía un poema escrito en el Borda. O cuando hablaba simplemente como madre.

Pero al mismo tiempo conocimos a la Hebe que el kirchnerismo terminó convirtiendo en una aliada que prestó (¿vendió?) su prestigio a una familia que acumulaba poder enarbolando banderas históricas del centroizquierda. A diferencia de Nora Cortiñas, de Línea Fundadora, de una independencia irreprochable, ella eligió ser la oficialista número uno en el campo de los derechos humanos.

Pero el tema es que también estaba la plata, que la transformó en cabeza de una universidad, de una radio y de una constructora. ¡Néstor Kirchner transformó a las Madres en una constructora! Como Wagner, Báez o Calcaterra. Y Néstor y la construcción sólo te llevan a un destino incluso si en tu vida pusiste un ladrillo: la corrupción.

El crecimiento edilicio de la radio hacía pensar que había un ingreso increíble de dinero en la organización emblema de los derechos humanos. En un par de años, pasamos de ir a un pequeño estudio sobre la avenida Cerrito al 200 a un edificio nuevo de tres pisos en la zona de Congreso, con estudios de radio, televisión y una terraza para eventos.

“Acá hacen falta unos $100 mil de publicidad oficial por mes para que funcione la radio”, dijo una vez un directivo de la emisora. Para nosotros era igual. Íbamos sin poner ni recibir un peso, a hacer radio con pacientes psiquiátricos, los talleristas que hacían arte en el Borda. La AM 530, hoy devenida en Radio Madre, era sostenida por muy buena gente, que jamás vio ni de lejos las montañas de dinero que se mencionan en torno las viviendas de las Madres. Muy por el contrario, recuerdo técnicos y operadores que en el mejor momento del vínculo Hebe-Casa Rosada, no cobraban sus sueldos o los tenían en negro. Szpolski con pañuelo.

Cuando estalló el escándalo de Sueños Compartidos, escuchamos el nombre de Sergio Schoklender. Sólo una vez habíamos tenido noticias de él: nos transmitió la molestia de Hebe por algo que había salido al aire en nuestro programa: habíamos elogiado a Estela de Carlotto en el marco de un texto sobre nietos recuperados. Increíble. Por esos tiempos, agradecidos por el espacio, nos fuimos de la radio.

Hebe estaba ya jugando en el club de los D’Elía, de los que subían la apuesta de cualquier tema de agenda con declaraciones que la ponían en el bando de los ultra. A 10 mil años luz de la voz sensible que nosotros encontrábamos cuando la llamábamos para pasarle un poema para que nos dejara grabado en la semana para pasar el sábado. Esa voz que muy calma mencionaba las palabras “amor” o “ternura”.

Todavía algunos los tengo en la computadora. Los ponía los días en los que se empezó a hablar de cómo Néstor y Schoklender la habían usado de constructora estilo De Vido. Los reescuché los días increíbles cuando Cristina la usó para blanquear al jefe del Ejército César Milani, investigado por delitos de lesa humanidad. Los vuelvo a oír ahora, que la veo negarse a declarar y jugar con la denuncia de persecución símil dictadura. Supongo que ni ella, que peleó con la dictadura en serio, se lo cree. Acá a se enfrenta a una Justicia patética y trucha, capaz de armar escenas como para que se masturben los editorialistas del «círculo rojo». Y escucho esos poemas de nuevo ahora que pienso que la vuelven a usar La Cámpora y otra vez Cristina para hacer oposición mientras el peronismo obliga a la expresidenta a actuar como un centro de estudiantes o a ser testimonial como el Partido Obrero.

Lo doloroso es que usada o no, si firmó y fue legalmente responsable, se tiene que hacer cargo, no sólo por la muletilla falsa de la igualdad ante la ley sino por pudor ante los que se quedaron sin casa en el perverso proyecto de los pañuelos constructores. Perverso sobre todo porque hoy deriva en que “Hebe puede ir presa”, una responsabilidad imperdonable de Néstor y Cristina, tan grande como la de dejar pegado al progresismo a la idea de los bolsos con plata. Una escena que le deja el país servido para que se lo repartan en los próximos años opciones conservadoras, como Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey o el impredecible Sergio Massa.

Fuente: Perfil.com  Jairo Straccia

La inauguración de los Juegos Olímpicos fue la excusa para que Mauricio Macri se reuniera con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y con Michel Temer, el presidente interino de Brasil. En 48 horas, el Presidente dialogó con representantes de los países más determinantes para la Argentina. La agenda abarcó desde la crisis venezolana hasta las nuevas turbulencias que sacuden a Temer, alcanzado desde el viernes por el escándalo de Petrobras. Como toda política exterior es política doméstica, Macri ordenó las conversaciones alrededor de su obsesión: la atracción de inversiones para acelerar el despegue de la economía. Por eso, las entrevistas son una ventana inmejorable para entender cómo está observando el proceso que lidera. Kerry, que pasó por Buenos Aires el jueves pasado, estuvo reunido con Macri en la Casa Rosada.

Además, estuvo con la canciller Susana Malcorra en el Palacio San Martín. Las conversaciones fueron absorbidas, sobre todo, por las finanzas. Al secretario de Estado se le explicó con detalle lo que espera la Argentina de Obama en ese frente. Lo más inmediato: que se intensifiquen los intercambios entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y su homóloga, la Fincen (Financial Crimes Enforcement Network). El Gobierno espera que esa oficina presione a los argentinos que atesoran dinero no declarado bajo su jurisdicción para que también se plieguen al blanqueo. Sencillo: los Estados Unidos no están entre los países que intercambiarán datos sobre activos ocultos a partir de enero próximo. A Kerry el pedido le sonó conocido: Alfonso Prat-Gay se lo había formulado al secretario del Tesoro, Jack Lew, hace tres semanas, en China.

Las relaciones entre la UIF, que conduce Mariano Federici, y la Fincen se acaban de recomponer. El organismo que persigue el lavado de dinero en los Estados Unidos las había suspendido porque el antecesor de Federici, José Sbattella, utilizaba los datos que obtenía para la persecución política. Una práctica propia de ese «Estado policial» sobre el que alertó al país Cristina Kirchner.

Macri, y con mayor precisión Malcorra, insistieron ante Kerry en otras urgencias que también Prat-Gay trató con Lew. Por ejemplo, la expectativa de que Washington ayude a que el Club de París mejore la nota de la Argentina. El Club solventa costos de las empresas de países avanzados que invierten en mercados emergentes. Axel Kicillof le pagó, sin negociación, la deuda. Pero, aun cuando en abril se superó el default, no sirvió de nada. Entre otras cosas porque las cuentas nacionales siguieron sustrayéndose, por una decisión del kirchnerismo, a la auditoría del FMI.

La dificultad reaparece en las denominadas ECA, Export Credit Agencies, es decir, agencias que financian exportaciones en el marco de la OCDE. La recepción de inversión extranjera choca contra una paradoja: los países asignan a la Argentina una tasa de riesgo de alrededor del 7%, más alta que la del mercado financiero, que apenas supera el 5%. Puesto al revés: si el nivel de intereses que hoy fijan los países fuera realista, los bancos deberían estar cobrando más o menos 12%. Ninguna otra nación de la región presenta esa anomalía. El desbalance está demorando algunos proyectos. Por ejemplo, la central hidroeléctrica Chihuido, que debe realizar en Neuquén un consorcio liderado por Eduardo Eurnekian, con financiamiento ruso. La curiosidad es que la tasa fijada el año pasado desde Moscú, superior al 6%, era conveniente en relación con los riesgos que ofrecía el kirchnerismo. En cambio hoy, con un frente externo despejado, sería más barato pedir esos fondos al mercado.

Este contexto explica por qué es indispensable regularizar en septiembre la relación con el Fondo en los términos del artículo IV de su carta orgánica. La negativa, o la imposibilidad, de Kicillof para aceptar esa auditoría costó los US$ 4000 millones que debieron pagarse demás al Club de París. Son los sobreprecios de la mala praxis disfrazada de soberanía. La situación argentina ante esta asociación se definirá a comienzos de octubre, cuando la misión del FMI ya haya pasado por Buenos Aires.

Sería un error, de todos modos, pensar que Macri piensa al Fondo como lazarillo para el ordenamiento de la economía. Tanto él como Malcorra pidieron a Kerry que avale el ingreso de la Argentina a la OCDE, un club de países desarrollados del que, en América del Sur, sólo forma parte Chile. Malcorra y Prat-Gay solicitaron la incorporación en junio. El gobierno de los Estados Unidos es el más reticente a aceptar nuevos socios. Prefiere que la auditoría económica siga en la órbita del Fondo. Simple: allí su poder es equivalente a su tamaño y a su cuota; en la OCDE, en cambio, cada país vale un voto.

Cuando desembarque en Buenos Aires una misión del Fondo, el kirchnerismo denunciará una nueva traición a la patria. Sería un agravio para Rafael Correa y Evo Morales, que hace tiempo se encuadraron en el artículo IV. Sólo Venezuela quedó afuera. De ese país atribulado también se habló con Kerry. Macri y Malcorra corroboraron que Washington trata al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de sus atrocidades, con prudencia. El secretario de Estado recomendó acompañar el diálogo entre el gobierno y la oposición, que hoy lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Nada que sorprenda. Zapatero asumió esa tarea, que escandaliza al antichavista Felipe González, por pedido de Thomas Shannon, el diplomático al que Obama encargó monitorear la peripecia bolivariana. Por eso también Mariano Rajoy ofreció la embajada de su país para las conversaciones.

Los resultados han sido, hasta ahora, nulos. Pero hay dos factores que mantienen la cautela demócrata. Un descalabro venezolano tendría consecuencias nefastas para todo el norte de América del Sur. En especial para Colombia, en cuya pacificación los Estados Unidos están más que empeñado. Un indicio: Kerry dejó en Buenos Aires una donación simbólica para equipar a los militares que intervendrán en ese proceso en el marco de la ONU. Además, si en Caracas se desencadenara un estallido, Trump tendría otro argumento para castigar la política internacional de sus rivales.

Kerry, que es católico, confesó que simpatizaría con un mayor compromiso del Vaticano en las negociaciones venezolanas. Sobre todo porque el papa Francisco insinuó que le gustaría intervenir. El límite en este caso es Antonio Parolin, el cardenal secretario de Estado. Ex nuncio en Venezuela, Parolin no desea exponerse a que un fracaso condene a la Iglesia local a la persecución chavista. Con Kerry se coincidió en otra iniciativa: que la mediación sea acompañada por un grupo de países de la OEA. Es para sacarla de los límites de la Unasur, donde Maduro consigue algunas adhesiones. El tristísimo trance venezolano reapareció en Río de Janeiro. Macri dialogó con Temer sobre la crisis que se desató en el Mercosur por la presidencia rotativa. Brasil y la Argentina se niegan a que la ejerza Maduro. Paraguay va más allá: pretende expulsar a Venezuela por violar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia. Temer y Macri acordaron lo que ya habían conversado sus ministros Malcorra y José Serra: que entre el viernes que viene y el próximo 23 se identifiquen los incumplimientos económicos que obligarían al chavismo a renunciar a la presidencia. Maduro tendría una coartada: echar la culpa a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que no aprobó algunos de esos requisitos.

Desde que el chavismo denunció el desplazamiento de Dilma Rousseff como un golpe, Brasil se ha propuesto que Venezuela no presida el Mercosur. Esa negativa es más urgente porque, en vez de fortalecerse, Temer se debilita. El viernes, cuando proclamó el inicio de los Juegos, se cuidó de que su imagen no apareciera en las pantallas. Sirvió de poco: apenas escuchó su voz, el estadio lo abucheó. Se ve que el pirotécnico estaba entrenado: ante el primer silbido, atronó con los fuegos artificiales. Igual es imposible ocultar el tamaño de la crisis. Kerry dejó el estadio antes de tiempo y se fue al aeropuerto sin estrechar la mano del presidente. Nada que sorprenda: mientras el Maracaná se electrizaba, salía a la calle la revista Veja con la cara de Temer en la tapa. El poderoso arrepentido Marcelo Odebrecht reveló que el reemplazante de Dilma también había recibido fondos de la corrupción para su campaña.

La nave brasileña navega sin rumbo. Pero Macri igual es optimista. A la economía de Brasil parece alcanzarle con que no repongan a Rousseff para normalizarse. El dólar, en vez de llegar a 5 reales, como muchos vaticinaban, bajó de 4 a 3,20. Quiere decir que las exportaciones argentinas ganaron un 20% de competitividad sin que, en rigor, suceda nada. El Presidente sigue al minuto los altibajos brasileños. Como le ilustró con números a Kerry, son una variable estratégica para la recuperación local.

El drama de Brasil sólo tiene un beneficio, simbólico, para la Argentina: la comparación. Macri puede ufanarse de ser el líder de un cambio consistente. Acaso quien mejor definió esa imagen fue Prat-Gay, hablando ante los ministros del G-7: «Macri representa lo contrario de lo que ustedes temen. El mundo está amenazado por el proteccionismo y el populismo. Y a Macri lo votaron para emancipar a la Argentina de esos males». Buen vendedor, Prat-Gay.

Con el canciller de Obama sólo un tema estuvo ausente: la aspiración de Malcorra a la Secretaría General de la ONU. Washington no quiere abrir la boca sobre una cuestión que tiene a Macri cada día más inquieto. Sobre todo desde que Fulvio Pompeo le anunció que en la última votación Malcorra había salido tercera. El Presidente dudaba de que su ministra llegara tan lejos. Ahora Malcorra es la única mujer detrás de dos europeos: el portugués Antonio Guterres y el serbio Vuc Jeremic. Si la disputa queda bloqueada en el viejo continente, tal vez por el factor ruso, el camino podría despejarse para ella. Hasta ahora no hubo vetos. Pero en septiembre habrá otra votación. La carrera se definiría en octubre, cuando Rusia presida el Consejo de Seguridad. Hoy llega a Buenos Aires Ban Ki-moon, antiguo jefe de la canciller. Estará en el CARI. ¿Tocará el tema? Si Malcorra triunfara, Macri elevaría muchísimo su perfil externo. Aun cuando quede en la encrucijada, para él, más fastidiosa: la de tener que cambiar su gabinete.

Fuente: La Nación  Carlos Pagni

La montaña de dinero que el gobierno le concedió el martes a las obras sociales y la devolución a las provincias de una enorme masa de recursos coparticipables, son las últimas dos de una larga lista de decisiones económicas que, analizadas en conjunto, enseñan que en los primeros ocho meses de gestión del macrismo no hubo nada parecido a un fuerte ajuste fiscal. Donde sí hubo un ajuste fortísimo fue en el poder adquisitivo del salario.

Para calmar el malestar sindical, el gobierno les entregó $ 2.700 millones en efectivo y 14.000 millones en bonos con sus correspondientes intereses. Para seguir manteniendo gobernabilidad, comenzó a devolverles a las provincias lo que reclamaban de coparticipación desviada a la ANSeS, que sólo este año implicará pagos por $ 37.000 millones más 24.700 millones prestados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

A la cuenta hay que agregar varios miles de millones de pesos que recibirán este año beneficiarios de AUH y jubilados que cobran haber mínimo por la devolución de 15 puntos de IVA. También un monto, imposible de precisar pero significativo, que desde el mes próximo el Estado comenzará a pagar por la deuda acumulada con los jubilados y por el reajuste de haberes.

A lo que hay que sumar la pérdida de recaudación por la rebaja y eliminación de retenciones, y por el aumento en el mínimo no imponible de Ganancias. Según el titular de la AFIP Alberto Abad el Estado dejará de percibir este año $ 50.000 millones por los cambios en Ganancias y otro tanto por el beneficio al agro y a la minería. Con esto último coincide el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que calculó que el recorte en las retenciones al agro tuvo en el primer semestre un costo fiscal de casi u$s 1700 millones.

Aunque no agotan la lista, los anteriores son los casos más relevantes de medidas que requirieron aumentar el gasto público o resignar recaudación, y alcanzan para ilustrar que en términos macroeconómicos la política fiscal no ha sido contractiva. Es decir que no ha habido ajuste en ese sentido.

Los números de la secretaría de Hacienda lo confirman. En el primer semestre el gasto primario aumentó más que la recaudación, con lo cual el déficit primario aumentó nominalmente en relación a igual período del año anterior. Y si la comparación se realiza a precios constantes, el déficit primario a valores reales apenas se redujo en $ 7673 millones. Nada parecido a un fuerte ajuste. No es por ahí por donde corresponde correr al macrismo por izquierda, aunque por cierto algunas de las medidas fiscales fueron regresivas.

En un artículo sobre el programa económico del macrismo que publicó en el portal El País Digital, Jorge Carrera, ex economista jefe del Banco Central durante el kirchnerismo, sostiene que cuando el gobierno vio que su esquema original de redistribución a favor del capital no se traducía en inversión ni en crecimiento ‘decidió un cambio drástico en la política fiscal’ con aumento a los jubilados, a las provincias y con un mega-anuncio de obras públicas. «Este volantazo fiscal es la mayor confirmación de que la esperanza de un crecimiento no estaba funcionando y una comprobación directa de la que expectativa de que la inversión privada lidera un crecimiento suficiente es lejana», dice el actual profesor de finanzas internacionales de la Universidad de La Plata.

Algo similar había señalado el estudio de Miguel Bein en el informe de hace ya dos meses que llevó como título «Ajuste ¿Cuál ajuste?». Y lo mismo Ecolatina, que por entonces decía que «si bien se avanzó en el proceso de recorte de subsidios, ello no alcanza para compensar la quita/reducción de retenciones, el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, los incrementos de asignaciones familiares, y la reducción del IVA próximamente, entre otras medidas».

Si dos meses atrás el recorte de subsidios no alcanzaba a compensar las medidas expansivas, mucho menos ahora que la justicia frenó los aumentos de tarifas.

En la discusión sobre si hubo o no ajuste fiscal la razón está más del lado de los ortodoxos que, como los consultores de Economía&Regiones o aún más extremistas, se quejan de «la mala política fiscal del gobierno» que «en la primera mitad de 2016 logró el mismo déficit que en la primera mitad de 2015». Son los que corren al gobierno por derecha y reclaman un ajuste. Vade retro.

El verdadero ajuste de estos primeros ocho meses de macrismo lo sufrió el salario real y, en general, el poder adquisitivo de la mayoría, con pérdidas que en promedio supera el 10%. No hay duda de que la política económica ha perjudicado a los sectores populares y ha fracasado en impulsar el crecimiento.

El peligro es que en la situación actual el gobierno les haga caso a los que en plena recesión piden ajuste fiscal, y debilite aún más a una demanda agregada que ya viene castigada por la caída del consumo y de las exportaciones, y por la evidencia de que, en general y salvo excepciones sectoriales, la inversión privada no está respondiendo como esperaban a la redistribución y a un estilo market friendly.

Fuente: El Cronista   Marcelo Zlotogwiazda

El éxito que Mauricio Macri logró ayer no se puede despreciar. La Comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría opositora, aprobó los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, designados por él para conducir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es la antigua SIDE. La importancia de este resultado deriva de que Arribas y, sobre todo, Majdalani merecieron innumerables objeciones, algunas de ellas graves. En el caso de Arribas, por la falta de antecedentes en la disciplina que debe administrar. En el de Majdalani, porque los pocos antecedentes que exhibe son muy controvertidos.

El fenómeno más destacable no es que Macri consiga sostener a esos funcionarios. Más llamativo aún es que los senadores, encabezados por el salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador y precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey, hayan dado su visto bueno en menos de dos horas de debate.

Estas peculiaridades adquieren su verdadera magnitud contra el telón de fondo del proceso político de los últimos años. La Comisión de Acuerdos no debía tratar ayer el pliego de un par de embajadores o de algún director del Banco Central. Fue convocada para analizar la calidad de quienes conducen un organismo en constante degradación, que durante la última década quedó convertido en una ciénaga. Arribas y Majdalani están frente al aparato de inteligencia desde el cual Néstor Kirchner controló, casi apelando a la extorsión, al fuero federal.

El nivel escalofriante de corrupción del ex presidente, de su esposa, y de su entorno sólo se explica por la impunidad que suministraron esos tribunales, controlados desde las oficinas de Héctor Icazuriaga, Francisco Larcher, Antonio Stiuso y Fernando Pocino. Es decir, desde la Secretaría de Inteligencia que, según reveló LA NACION el lunes pasado, fue denunciada en 2007 por la DEA de proteger el tráfico de drogas. Es la que tenía, para enfrentar al narcotráfico, a Pedro Viale, «el Lauchón», cuya sospechosa muerte bajo las balas de la policía bonaerense está cada vez más plagada de sospechas. Es la antigua SIDE, en cuya madeja subterránea cayó enredado Alberto Nisman.

Las deformaciones de la AFI durante el kirchnerismo fueron tan graves que el principal asesor de Macri, Jaime Durán Barba, aconsejó su disolución. Durán Barba sabía de qué hablaba porque fue perseguido por la Justicia en una maniobra montada por los servicios de inteligencia. El ecuatoriano supuso que el cierre de la AFI sería una valiente demostración de que el Presidente está comprometido con la regeneración de la vida pública. También sería un homenaje de Macri a sí mismo: él fue procesado, en un expediente manipulado por los espías de Kirchner, por ordenar escuchas clandestinas.

Macri tomó otro camino. Demostró ser, en una cuestión que para la democracia es estratégica, un integrante más de lo que él llama el «círculo rojo». Con la aprobación de los pliegos de Arribas y, sobre todo, de Majdalani, promovida por Gabriela Michetti y Federico Pinedo, apoyada por los senadores de Pro, del radicalismo y del PJ, Macri confirmó lo que se preveía: que para un área tan controvertida no tiene otro programa que la continuidad del orden anterior.

El Congreso, en su mayoría, está decidido a acompañarlo. En una inquietante demostración de sordera ante el llamado de atención de numerosas organizaciones de la sociedad civil, los senadores agotaron el debate en menos de dos horas. Para que esa indolencia quede clara, Urtubey dispuso que Arribas y Majdalani despejaran algunas incógnitas por escrito. Un ritual inconducente: ayer el dictamen ya tenía las firmas necesarias para la aprobación.

La persistencia del régimen anterior es, en principio, la persistencia de algunos protagonistas. Majdalani, ex funcionaria del intendente Saúl Bouer durante el menemismo, consiguió gracias a Pro una banca en la Legislatura porteña. Desde allí puso al servicio de Nicolás Caputo sus contactos con el gremialismo municipal. Con los Kirchner en el poder, las prestaciones de Majdalani fueron otras. Ascendida a diputada nacional, integró la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia. Fue a pedido de su íntimo amigo Francisco Larcher, el delegado principal de Kirchner en la ex SIDE. Macri accedió a esa solicitud. A cambio, el ex presidente dejaría de perseguirlo por el espionaje clandestino. No le cumplieron. Para el sobreseimiento debió conquistar la presidencia.

El rol complaciente de Majdalani en esa comisión de control es uno de los reproches que levantaron contra ella las organizaciones agrupadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi) (http:

/www.iccsi.com.ar/observaciones-a-los-pliegos/). Nada raro: salvo Patricia Bullrich, ningún integrante de esa comisión incomodó jamás a los jerarcas de la ex SIDE. En el caso de Larcher, la protección de Majdalani continúa hasta hoy: acaudalado como pocos, él suele ufanarse de que la Justicia no lo inquieta «porque me cuida la Turca».

Los senadores ayer no creyeron necesario indagar en estos compromisos. Tampoco molestaron a Arribas o a Majdalani con preguntas sobre designaciones que confirman que, en materia de espionaje, Macri mantendrá el ordenamiento kirchnerista. La Iccsi objetó la presencia de Juan José Gallea en la dirección de Finanzas de la AFI. Recordó que Gallea ocupaba el mismo cargo durante la agonía del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando se sospechó de la desaparición de varios millones de dólares de fondos reservados. Habladurías que circulan desde entonces aseguran la existencia de un video.

Desde allí Gallea pasó a ser el gerente financiero del multimedios de Sergio Szpolski, vehículo subordinado a Stiuso y a su álter ego, Alberto Mazzino, para las maniobras de la Secretaría de Inteligencia. Si, como todo indicaría, los medios de Szpolski se solventaban desde esa dependencia, Gallea sería un agente reversible: durante el kirchnerismo recibía el dinero que ahora suministra. Szpolski está tranquilo, como Larcher. Para envidia de Lázaro o Cristóbal, nadie va a investigar su conducta durante los últimos 12 años.

Gustavo Vera, diputado porteño célebre por su amistad con el papa Francisco, denunció a Gallea ante la Justicia. Consignó que este espía, asociado al abogado Darío Richarte en una panificadora, contrató como empleada a la esposa de Stiuso. Richarte orbita alrededor de Macri gracias a su relación con el binguero Daniel Angelici, a quien secunda como vicepresidente en Boca. Richarte defendió a grandes celebridades kirchneristas, como Amado Boudou, Alfredo Scoccimarro, Claudio Uberti y, entre muchos otros, José López. Y dejó de hacerlo cuando Cristina Kirchner jubiló a Stiuso.

La continuidad del régimen de espionaje montado por los Kirchner no se agota en la repetición de algunos protagonistas estelares. Es también la supervivencia de las peores prácticas. El último ejemplo fue la acusación del narcotraficante Ibar Pérez Corradi contra Ernesto Sanz, a quien atribuyó haber cobrado 200.000 dólares para promover el juicio político que terminó, en 2010, con la destitución del juez Federico Faggionato Márquez. El abogado de Pérez Corradi, Carlos Broitman, divulgó esa imputación. Broitman es socio de Juan José Ribelli, quien permaneció 115 meses en la cárcel, acusado de participar en el crimen de la AMIA. Salió libre gracias al empeño de Stiuso en revisar ese expediente.

Sanz contestó que ya había soportado esa denuncia descabellada durante el jury de Faggionato, «que era un juez protegido por los servicios de inteligencia». Se refirió así a las insistentes gestiones de Stiuso delante de dirigentes radicales para salvar a Faggionato. Pero también a la relación entre Richarte, que hoy actúa a la sombra de Angelici, y el juez. La secretaria de Faggionato era la esposa Richarte. Y quien fuera abogado defensor de Faggionato en una causa penal, Ramiro Monner Sans, fue designado por Macri procurador porteño a instancias de Angelici.

Macri guardó silencio frente al ataque a alguien que, como Sanz, fue crucial para su llegada a la presidencia y comparte su mesa semana tras semana. Es rara esa actitud. Porque es la segunda vez que un aliado suyo sufre un agravio similar de la misma gente. En 2009 Francisco de Narváez, asociado a Macri, desafió a Kirchner como candidato a diputado. Y Faggionato hizo todo lo posible para vincular a De Narváez con el traficante de efedrina Mario Segovia, a quien él estaba juzgando. Mariano Cúneo Libarona, abogado de Segovia, quiso recusar al magistrado porque durante una indagatoria ofreció aliviar la situación de su cliente si ensuciaba a De Narváez. Para relacionar: hacía ya dos años que la DEA había acusado al espionaje argentino de proteger a los narcos.

¿Alguien habrá ofrecido un pacto parecido a Pérez Corradi? Cuando cayó este narcotraficante, su abogado Broitman se deshizo en elogios a la AFI y después vaticinó: «Pérez Corradi puede involucrar y desinvolucrar gente». ¿Se estará cumpliendo ese pronóstico?

El ultraje de Pérez Corradi contra Sanz tiene varias consecuencias. La más obvia: desbarata las premoniciones del oficialismo que, por boca de la ministra Bullrich, afirmó: «Aníbal Fernández debería preocuparse». Es evidente que Pérez Corradi o quienes lo asesoran no comparten la agenda del Gobierno. Fernández festeja y con razón: ¿por qué los dichos de un narcotraficante serían en su caso más creíbles que en el de Sanz?

El episodio revela, además, un modus operandi extendido. Las principales imputaciones que aparecen en los casos de corrupción provienen de los acusados. Lázaro Báez y sus hijos aseguraron que el juez Sebastián Casanello había estado en Olivos negociando con Cristina Kirchner. Pero hasta ahora no pudieron demostrarlo, a pesar de cruzamientos telefónicos y examen de cámaras viales. Ni siquiera apareció el ignoto mozo que, dotado de la memoria de Funes, recordaría haberle servido un cortado. La acusación fue conducida por la abogada Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola. Dos amigos del fiscal Eduardo Miragaya, que trabaja en la AFI para Majdalani.

El caso de Sanz es de otra naturaleza. Se trata de un blanco comprensible: una de sus misiones es impulsar la renovación del fuero federal. Pero acaso haya más destinatarios de la agresión. Faggionato ha sido el único juez subordinado a la ex SIDE removido por un jury. Que quien se encargó de sancionarlo sea acusado, seis años después, de proteger a narcotraficantes puede tener un efecto disciplinario para los consejeros de la Magistratura que ahora pretendan imitarlo.

El miércoles que viene llegarán al recinto los pliegos que se aprobaron ayer. Será un día crucial para definir el liderazgo de Macri. Es decir, para desentrañar si su proyecto se agota en una propuesta de normalización material de la sociedad o si incluye también una regeneración de las instituciones. Es una incógnita mayor para alguien que se propuso derrotar el narcotráfico.

Fuente: La Nación  Carlos Pagni

Poco más de un año antes del comienzo del Mundial de Fútbol de Brasil, el francés Jerome Valcke, por entonces secretario general de la FIFA, dio el visto bueno final al comité organizador. Desde siempre, llega un momento en el que las grandes corporaciones del deporte se hacen cargo del acontecimiento casi como si, por obra y gracia de un poder superior, los torneos dejasen de ser responsabilidades del país o de la ciudad anfitriona.

Ese fue el momento en el que la FIFA le pidió a Brasil las llaves de la casa y se adueñó absolutamente de todo. Hasta ser cesanteado de su cargo en 2015 por sospechas de corrupción –casi una medalla de honor para un miembro de la entidad–, Valcke fue poco menos que todopoderoso.

Desde ese lugar, el francés dio el visto bueno al Mundial brasileño con un análisis bastante similar a lo siguiente. “¿No llegan a tiempo las obras de hotelería? ¿Ni las de los aeropuertos? ¿Es verdad que no terminarán algunas rutas? No se preocupen. ¿Los estadios están listos? Nosotros nos encargamos de la televisión. Entonces, habrá Mundial.”

Apenas uno abandona la sensación de que hay gente que no tiene tiempo para ser más cínica aparece la certeza de la lógica rabiosa. Hace años que en los grandes acontecimientos deportivos se prioriza muchísimo más a quienes miran el espectáculo por televisión que a quienes gastan hasta lo que no tienen por sentarse en las tribunas.

El cálculo es tan elocuente como abrumador: mientras en los estadios puede llegar a haber entre 35 mil y ochenta mil personas, a través de la tele, los partidos –y los nombres de los sponsors, reales dueños del asunto– llegan a 3.500 millones de seres humanos. Para colmo, la calidad de imagen de las transmisiones es tan maravillosa que a veces tardamos demasiado en darnos cuenta de que, en realidad, lo que estamos mirando es un auténtico bodrio.

A tal punto los dueños del espectáculo se preocupan cada vez menos por los asistentes que, al menos desde el Mundial 2002 en adelante, el porcentaje de entradas destinado a quienes compran tickets es sensiblemente inferior a lo que se reparten organizadores, patrocinantes y la “familia” de la FIFA.

Dicho de otro modo, tiene tantas chances de ver un Mundial un hincha fanático como una señora que participa de una promoción de un jabón en polvo que forme parte de la cartera de negocios del laboratorio auspiciante del torneo.

Tan poco importamos los hinchas que en Brasil, unos cuantos señores de la FIFA, que ya sabían que la reventa de entradas era ilegal, se enteraron de que, además, se puede ir preso por ello. Eso incluye un puñado de argentinos, claro. Entonces, a ese hincha que tanto le cuesta conseguir la entrada, además le estafamos la pasión cobrándole fortunas por entradas que, en algunos casos, nos regalaron por formar parte de una delegación.

Los Juegos Olímpicos son al COI aun más que los mundiales a la FIFA. Es más. Para muchos deportistas, una medalla dorada en un juego es mucho más valiosa que el título de campeón del mundo de su deporte. Tienen, desde ya, un halo de romanticismo que el fútbol probablemente jamás haya tenido. Y de tanto en tanto disfraza sus miserias haciendo hincapié en que, cada cuatro años, el olimpismo celebra a la humanidad. Sin ir más lejos, ayer por la tarde la sala de conferencias del MPC (Main Press Center) se vio invadido por la delegación de deportistas refugiados, grupo de muchachos y muchachas nacidos en Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Siria, Etiopía o Irán que competirán bajo la bandera de los anillos. La jefa de Misión –algo así como responsable máxima de la delegación– también fue muy especialmente elegida: la keniata Tegla Loroupe no sólo ganó las maratones de Nueva York, Londres, Boston, Rotterdam y Berlín sino que es una reconocida luchadora por los derechos a la educación de la mujer.

Por cierto, hay decenas de ejemplos que podría dar que ubicarían al olimpismo en un lugar infinitamente más decoroso que a la dirigencia del fútbol mundial. Sin embargo, tal vez acodados en la barra de un presunto prestigio, creen que nadie se entera de sus macanas. La más reciente es la que acaban de hacer con Rusia, nación cuya tendencia a instalar un sistema estatal de dopaje nadie discute, pero cuyos positivos no son menos que los que se registran, por ejemplo, en los Estados Unidos, allí donde se esquiva cualquier tipo de sanción grupal bajo el argumento de que son episodios ajenos a las estructuras estatales. Una versión deportiva de aquello tan fresco de que no es lo mismo un gobierno corrupto que un gobierno con corruptos.

En algún arrebato de decoro se podría explicar de qué se trató el ocultamiento de positivos de varios atletas norteamericanos a fines de los 80, descubierto una década después y que le permitió a Carl Lewis quedarse con una medalla dorada que le quitaron a Ben Johnson por estar tan dopado como él. En esto del dóping, la línea divisoria entre limpios y sucios, entre buenos y malos es más imaginaria que el Trópico de Cáncer o el Meridiano de Greenwich.

Para colmo de males, los recursos científico-tecnológicos que preservan muestras de sangre durante largo tiempo, permiten sancionar hoy a campeones de hace cuatro u ocho años. Por un lado, se asume la incapacidad de ir con los controles a la par del consumo de las sustancias prohibidas. Por el otro, nos invitan a comprar entradas para torneos en los que, quizás, el ganador sea descalificado dentro de diez años. Nadie sabrá, dentro de una semana, si debe aplaudir o abuchear a quienes vea subirse a los podios a partir del próximo sábado.

Los Juegos Olímpicos de Río se verán maravillosamente bien por la tele. Y tal como viene la cosa, serán competencias estructuralmente atípicas a las que las polémicas vienen condicionando tanto como recuerdo sucedió con Atlanta 1996 o Atenas 2004. La diferencia es que estamos en América del Sur, allí donde el mosquito del zika debería ser más controlable que un demente que se inmola en la Torre Eiffel en nombre de vaya uno a saber qué tipo de compensación.

Es cierto que hubo retrasos en la finalización de las tareas en la Villa Olímpica. Es cierto que, como suele pasar con edificios por estrenar, aún hoy hay reclamos de distintas delegaciones y a veces recorren los edificios más plomeros que ciclistas. Es cierto que algunas obras de infraestructura quedarán para mejor ocasión y que nadie puede estar seguro de que los traslados de una sede a la otra fluirá. Sin ir más lejos, los controles de uno de los accesos en automóvil al IBC (centro de televisión de los juegos) son tan escasos y lentos que hasta podés poner en riesgo tu horario de salida al aire.

También es cierto que todos estos asuntos serán materia de tratamiento mediático hasta que Michael Phelps empiece a nadar. O Usain Bolt empiece a correr.

Es de manual. Los griegos se animaron a juegos bastante precarios poco tiempo antes de una crisis que aún hoy afecta a Europa. Y a dos días del comienzo de Londres 2012 se convocó a soldados del ejército a encargarse de la seguridad, hasta entonces en manos de una compañía privada que había contratado desde indocumentados hasta señores que ni siquiera hablaban inglés.

Nada de esto justifica los errores cometidos y los que cometerá la organización carioca. Que ojalá sean pocos. Y en ningún caso se ubiquen por encima del espectáculo maravilloso que se genera en los 42 deportes del programa olímpico.

Aun así, con ojos argentinos y a sabiendas de que fue nuestra delegación una de las que más reclamó por inconvenientes con la Villa Olímpica y el transporte, espero que las cosas fluyan y nada complique demasiado.

Nunca hay que olvidarse de que vivimos en el mismo rincón del planeta que los brasileños. Porque así como hoy cuesta explicar que acá los gremios establecen que al mediodía los operarios almuerzan y sólo continúan sus tareas después de hacerlo –como lo hacemos usted o yo, ¿no es cierto?–, tampoco será fácil que un dinamarqués o un canadiense comprendan de qué se trata un piquete, si dentro de dos años, cuando alberguemos los Juegos Olímpicos de la Juventud, algún micro llega tarde a alguna sede.

Fuente: Perfil.com  Gonzalo Bonadeo

Inicialmente, la gente común no participaba de manera activa en la política. El único medio de comunicación que existía era el periódico, pocos leían y sabían lo que ocurría en la esfera del poder. Algunas personas se reunían en las ciudades, discutían doctrinas y manejaban clientelarmente a los pocos que votaban. Los candidatos no hacían campaña. Se consideraba de mal gusto pedir el voto. Los notables solicitaban a un líder que asumiera el mando y, si éste tenía la bondad de aceptar, la gente agradecida era capaz de reemplazar a los caballos para tirar de su carruaje.

Cuando se instaló la radio, entre 1920 y 1940, se amplió la democracia. Los que no leían pudieron escuchar discusiones políticas. Aparecieron oradores cuya voz llegaba a todos los rincones del país y hechizaba a la gente, como Getúlio Vargas, Perón, Velasco Ibarra, Haya de la Torre y Hitler. Las masas se convirtieron en actores subordinados de la política. La radio sirvió inicialmente para leer periódicos, pasaron muchos años antes de que se volviera una herramienta sofisticada de comunicación política que transmite estímulos auditivos para producir en la mente de los ciudadanos imágenes que los movilizan.

En los años 60, la televisión potenció nuestra capacidad de comunicarnos a través de imágenes. Inicialmente, sus contenidos fueron una mezcla entre los de la radio y los del periódico. Las campañas de Eisen-hower, que fueron las primeras en usar la televisión, transmitían textos o dibujos. Pasó mucho tiempo hasta que se desarrolló con toda la fuerza la comunicación propia de las imágenes. Fue Tony Schwartz quien produjo en la campaña de Lyndon B. Johnson el comercial político Daisy, que consagró este tipo de comunicación. Hasta hace unos diez años, la televisión copó el escenario, fue el arma más potente de la comunicación política, pero entró en crisis por la difusión de la televisión de cable, la multiplicación de los canales, la aparición de infinitas ofertas de placer y el desarrollo de internet. Surgieron programas deportivos, de farándula, Netflix y canales especializados en muchos temas que quitaron espacio a los noticieros y a los programas de opinión.

Cuando apareció la red cambió el mundo. El desarrollo tecnológico puso en manos de las personas artefactos electrónicos que transformaron nuestra forma de aprehender la realidad. Nos comunicamos incesantemente, sabemos lo que ocurre en cualquier rincón del planeta en tiempo real, tomamos nuestras actitudes políticas en medio de un torbellino de sensaciones que no tienen que ver con la política como se concebía el siglo pasado. La gente es autónoma, no se puede manipular. Es necesario estudiar constantemente para comprender un fenómeno que cambia. Algunos políticos y analistas usan las herramientas de internet de manera primitiva. Hay quienes se inician en la política sin ser conocidos, buscan subir su identidad creando una página web, sin darse cuenta de que los que los cibernautas van adonde quieren, y llegarán a su sitio si lo conocen. Los miles de mails que algunas campañas mandan diciendo “vote a fulanito” son inútiles y sólo fastidian a la gente.

Las campañas negativas, que atraen a políticos y analistas arcaicos, no sirven para nada. Al respecto, se crean mitos sin ningún respaldo en textos teóricos serios ni en la investigación empírica. Los personajes se instalan o se desprestigian por lo que hacen y lo que comunican, no por lo que alguien dice en Twitter. La gente mira lo que le interesa y no se apasiona por peleas entre políticos. Leen ese tipo de materiales solamente cuando tienen un componente sexual o amarillista.

A propósito de la relevancia de Marcos Peña en el actual gobierno, se ha creado el mito de que dirige un equipo de trolls para hacer campañas negativas. Conozco a Marcos desde hace 12 años, también a sus colaboradores, he compartido con ellos libros, reuniones y seminarios sobre el uso de la red para servir a la gente y desarrollar la democracia con temas como el combate a la corrupción con el gobierno abierto, y el mejoramiento de los servicios públicos usando estas herramientas. Puedo decir tajantemente que nunca asistí con ninguno de ellos a una reunión para hablar de una campaña negativa en contra de nadie, ni nunca conocí a un troll. Me repugnan los usos de la red propios de la gente arcaica, que convierte a los militantes en sicarios virtuales para satisfacer sus pasiones e inseguridades psicológicas. Hacer campañas negativas es una tontería, y el equipo de comunicaciones con el que he trabajado en Buenos Aires está compuesto por gente de buen nivel académico, que sabe perfectamente para qué sirve la comunicación contemporánea. A ninguno de ellos se le ocurriría que los periódicos sirven para matar moscas.

Fuente: Perfil.com   Jaime Durán Barba