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Los mercados comienzan a reconocer que la recuperación de reservas en el Banco Central no tendrá el ritmo deseado, tanto por los operadores privados como para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, parecen convencidos que la estrategia de tomar como una necesidad secundaria (o terciaria) el incremento de dólares en poder de la entidad que maneja Santiago Bausilli; y en priorizar la reducción de la inflación por arriba de la cobertura cambiaria.

Ante esto, los informes de los principales operadores del mercados comienzan a tomar nota de la nueva realidad, y a elevar conclusiones sobre el mediano plazo.

Sobre esta base, analiza la situación financiera y monetaria la consultora Criteria que, de todas maneras, estima que se abrirán «puertas» importantes para el lanzamiento de oportunidades para la colocación de divisas. También adelanta un tenue buen momento en la economía real para el cierre del año, especialmente en comparación con lo que se vivió en el tercer trimestre.

Las principales conclusiones del informe, titulado «Menos volatilidad, más estacionalidad: ¿alcanza para un nuevo impulso?», son las siguientes.

• No hay dudas de que la victoria oficialista y el alineamiento estratégico con Estados Unidos consolidan un compromiso creíble con el equilibrio fiscal y reducen el riesgo de reversión política al tiempo que ayudan a anclar expectativas. En este contexto, podemos imaginar dinámicas que podrían ayudar a encausar la economía sobre un sendero de crecimiento sostenido. En este sentido, despejado el riesgo político la moderación inflacionaria podría impulsar un aumento en la demanda de dinero real y reducir la preferencia por la dolarización, abriendo espacio para un proceso de re-monetización capaz de recomponer la profundidad del sistema financiero doméstico.
  
• A medida que la economía acepta un mayor nivel de pesos, el BCRA podría realizar compras netas de divisas en el mercado de cambios sin generar presiones inflacionarias, especialmente en un contexto de brecha más baja, ingreso de IED bajo el RIGI y condiciones más favorables de financiamiento externo. Ese proceso podría cimentar una variable crítica: la reactivación del crédito. La ampliación de la liquidez bancaria, la baja de las tasas reales y la extensión gradual de plazos permitirían que el crédito al sector privado comience a recuperar dinamismo. Entendemos a este punto como central, porque marca el momento en el que la liquidez acumulada se transforma en consumo e inversión sin tensiones sobre los precios.
  
• Es, en definitiva, la señal más clara de que el círculo virtuoso —re-monetización, acumulación de reservas, normalización financiera— empieza a trasladarse a la economía real.
  
• Un proceso como el descripto podría constituirse como el disparador, que catalice de manera genuina y sostenible en el tiempo, la ansiada recuperación económica de Argentina.
  
• En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un incremento desestacionalizado de 0,5% respecto de agosto, mientras que en términos interanuales registró un crecimiento del 5,0%.
  
• No obstante, la recuperación continúa siendo heterogénea, evidenciando una economía divergente: los sectores tradicionales que aún no logran revertir la caída de 2024, mientras que minería mantiene su tendencia al alza y el agro muestra un desempeño superior al de 2023, aunque con cierta debilidad en los últimos meses.
  
• Para el último trimestre, los indicadores de alta frecuencia anticipan un buen desempeño de la actividad en noviembre y diciembre, con el riesgo político despejado.
  
• Por su parte, en octubre las exportaciones totalizaron US$7.954 millones, con un crecimiento interanual de 13,1%, mientras que las importaciones alcanzaron US$7.154 millones, con un aumento de 16,9%. En términos desestacionalizados, las exportaciones retrocedieron 1,7% frente a septiembre y las importaciones 2,3%.
  
• En los primeros diez meses del año, las exportaciones acumularon US$71.487 millones (+8,1%) y las importaciones US$64.641 millones (+30,6%), arrojando un superávit de US$6.846 millones, por debajo de los US$15.969 millones del mismo período de 2024. Excluyendo el sector energético, el superávit se reduce a US$778 millones, frente a los US$11.648 millones del año anterior, lo que evidencia la relevancia del sector energético, y que el mayor dinamismo importador se concentra en los demás sectores.
• Fuente: Mendoza online

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Durante ese período, el Gobierno buscará tratar el Presupuesto 2026 y dar ingreso formal a los proyectos estructurales que integran la agenda del Consejo de Mayo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de anunciar la medida. La publicación oficial llegará el martes 9 de diciembre en paralelo a la conferencia en Casa Rosada donde se presentarán las iniciativas del Poder Ejecutivo.

La convocatoria incluye el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y una reforma integral del Código Penal. Según Casa Rosada, ningún borrador previo debe considerarse oficial hasta esa presentación.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca

La elaboración del Presupuesto dependerá exclusivamente de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Hacienda Carlos Guberman. La discusión central será cuántos recursos del superávit fiscal se destinarán a atender demandas de los gobernadores y bloques aliados.

Negociaciones con gobernadores y prioridades del oficialismo

El Gobierno ya mantuvo reuniones con 18 gobernadores para evaluar pedidos sectoriales, aunque no todos serán incorporados. El criterio oficial prioriza a los mandatarios aliados, a quienes mantienen equilibrio fiscal y a quienes aportan volumen legislativo propio, como Gerardo Zamora, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua.

La Casa Rosada sostiene que, a diferencia de años anteriores donde funcionó con prórrogas presupuestarias, 2026 debe contar con un presupuesto aprobado. Tanto la oposición dialoguista como el FMI consideran esa sanción esencial para la previsibilidad macroeconómica.

Ley de Inocencia Fiscal y regla fiscal

El Gobierno impulsará junto al Presupuesto una “Ley de Inocencia Fiscal”, destinada a incentivar la declaración formal de “dólares del colchón”. A su vez, propondrá una regla fiscal para impedir aumentos de gasto sin respaldo de financiamiento explícito.

Reforma Laboral: los cambios en indemnizaciones, juicios, horas de trabajo, multas y vacaciones

El oficialismo convocará a los jefes de bloque de Diputados y Senado para acordar la hoja de ruta de diciembre. La invitación podría extenderse también a los gobernadores.

La reforma laboral: dos ejes y cambios de fondo

La reforma laboral, cuyo contenido se dará a conocer la próxima semana, estará dividida en dos grupos principales. El primero apuntará a la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones sobre criterios de indemnización y responsabilidad patronal. El proyecto buscará acotar las “zonas grises” que elevan las sentencias por despido y establecer que el trabajador deba acreditar el daño.

El texto también propondrá limitar la “ultraactividad” de los convenios colectivos y establecer la “prelación” para que los acuerdos por empresa o jurisdicción tengan prioridad sobre los de alcance general.

Reforma del Código Penal: más de 900 artículos

El paquete penal incluirá más de 900 artículos y tendrá como eje endurecer penas y reducir la discrecionalidad judicial. Se prevé una actualización para delitos como homicidio, robos agravados, narcotráfico, trata y pornografía infantil.

Nueva reforma del código penal: ¿Qué dice el proyecto?

El anteproyecto establece que el cumplimiento efectivo alcanzará el 82% de los casos. Finalmente, no se incluirá la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, aunque el Gobierno evalúa una comisión bicameral para acelerar el dictamen.

Reforma tributaria, Ley de Glaciares y minería

En reforma tributaria, una de las alternativas analizadas es la creación de un “Súper IVA” que habilite a las provincias a disputar la recaudación para atraer inversiones. La Ley de Glaciares será modificada para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares.

El paquete también incluirá cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, con nuevas restricciones a la compra por parte de extranjeros.

El Gobierno prevé una segunda convocatoria a extraordinarias desde mediados de enero hasta finales de febrero, en la antesala de la apertura formal del año legislativo.

Fuente: Perfil.com

La agenda financiera argentina sumó una señal de impacto sobre el cierre de la semana con la primera emisión en el mercado en moneda local de moneda dura desde hace ocho años. El ministro de Economía anunció una nueva licitación de un bono en dólares bajo ley argentina con vencimiento en noviembre de 2029.Te puede interesar:En Madrid, Victoria Villarruel advirtió: “Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”

Según detalló el Ministerio en un comunicado oficial, el título tendrá como objetivo refinanciar vencimientos de capital e intereses de los Bonares AL29 y AL30 y pagará un cupón del 6,5% anual con pagos semestrales, bajo una estructura “bullet” que prevé amortización total al vencimiento.https://311772e97d347e5f57d6ebe53b0dc005.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

La información oficial llegó junto con las primeras lecturas de los analistas del sector privado y la búsqueda de establecer el posible “precio de corte” y las implicancias de la operación para el mercado financiero argentino.Te puede interesar:Javier Milei resaltó la llegada de los aviones F-16 a la Argentina: “Es un día histórico para el país”

Tras el anuncio, los bonos soberanos registraron ligeros avances y el índice de riesgo país bajó siete unidades, hasta cerrar en 627 puntos básicos.

Tras el anuncio, los bonos soberanos registraron ligeros avances y el índice de riesgo país bajó siete unidades, hasta cerrar en 627 puntos básicos

El punto central para los inversores se ubica en la tasa interna de retorno (TIR) esperada para la nueva emisión. El consenso identifica dos curvas principales de referencia: la de los Bonares bajo ley local y la de los Globales bajo ley extranjera.Te puede interesar:La presentación de los F-16: seis aviones de combate hicieron su viaje inaugural y sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group, destacó el foco del mercado en “la tasa de corte que el Gobierno logre colocar este nuevo instrumento denominado en dólares”. Botto explicó: “Las declaraciones del ministro Caputo sugieren que la gestión buscará reflejar la reciente compresión del Riesgo País, apuntando a un costo de financiamiento que consideran más justo que el actual. El objetivo no oficial es mantener un Spread Over Treasury (SOT) más cercano a los 550 puntos básicos, reflejando optimismo y buscando establecer un precedente favorable para las condiciones futuras de endeudamiento”.

Respecto a las tasas, Botto subrayó que “si se logra ese objetivo, y dadas las tasas de referencia del Tesoro estadounidense para la vida del bono, la TEA para la nueva deuda se situaría aproximadamente en el 8.8%”. Agregó: “En un escenario más conservador, si el mercado impone un SOT de 650 puntos básicos, el rendimiento se elevaría hasta cerca del 9.8%”. Para el especialista, “un resultado razonable y exitoso para el Gobierno sería colocar la deuda a una tasa efectiva que ronde el 9%”, con especial atención al nivel de sobresuscripción, un dato clave para confirmar si el mercado otorga un voto de confianza a la administración económica en este proceso.

Inicialmente, las estimaciones ubican el rendimiento de los nuevos bonos en terreno de dos dígitos porcentuales, aunque los movimientos del mercado de los días que quedan hasta la licitación del 10 de diciembre y un diferencial favorable a inversores extranjeros entre el dólar MEP y el “cable” -el costo de mover al exterior dólares financieros- pueden hacer que ese rendimiento teórico llegue a valores de un solo dígito.https://e.infogram.com/bf913435-3982-439f-88a1-959711b5e430?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2025%2F12%2F06%2Fargentina-regresa-al-mercado-con-su-primera-emision-de-deuda-en-dolares-en-ocho-anos-expectativas-de-tasa-montos-y-demanda%2F&src=embed#async_embed

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, estimó que “el nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno a 10,5% anual”. Según su mirada, el objetivo del equipo económico es comprimir esa tasa hasta niveles de un dígito, aunque reconoció que la orientación puramente local limita la llegada a grandes fondos internacionales, quienes priorizan instrumentos sujetos a legislación de Nueva York.

En línea similar, Juan José Vázquez, Head de Research de Cohen Aliados Financieros, sostuvo que un cierre por debajo del 9% anual sería difícil de lograr, pero consideró factible una tasa entre 9% y 10% si la demanda y la intervención de inversores locales acompañan. “Hoy la TNA de toda la curva de ley argentina está levemente arriba de dos dígitos, pero está en dos dígitos. Estaba invertida. Ahora, dentro de todo, esta noticia ayudó a que comprima más el tramo corto”, precisó.

El nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno a 10,5% anual (Ritondale)

El análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), mostró que alcanzar una TIR del 10% anual requeriría que el precio de colocación se ubique alrededor de 89,5 dólares por cada 100 de valor nominal. PPI remarcó que, “si el bono fijara precio sobre la curva ley local, la tasa sería consistente con una TIR cercana al 11,5%”, reflejando la escasez de referencias de plazo medio para este tipo de instrumentos.

Desde Banco Mariva, mientras tanto, la expectativa también apuntó al doble dígito. Señalaron que el cupón del 6,5% anual se encuentra por debajo de la curva Argbon, “que se sitúa levemente por encima del 10% anual”. El gráfico incluido en ese reporte ubica al nuevo Bonar 29 entre el 10% y el 10,5% de TIR, en línea con el resto de los especialistas.

Posibles anclas y el contexto local

El tamaño de la demanda y la sobreoferta dominaron la previa de la licitación. Alberto Bernal, jefe de estrategia macroeconómica de mercados emergentes de Bulltick, resaltó ante Reuters la importancia del tamaño del libro de ofertas: “Lo más importante de todo va a ser el tamaño del libro: cuántas veces está sobresuscrito el libro. Y yo esperaría que la emisión va a estar muy sobresuscrita, porque hay mucho inversor que le quiere jugar a esto”.Juan José Vázquez, Head de Research de Cohen Aliados Financieros, sostuvo que un cierre por debajo del 9% anual sería difícil de lograr (Foto: NA)

Bernal agregó que una buena colocación “será un paso fundamental en la normalización del stand de Argentina con Wall Street” y anticipó que un gran resultado podría pesar en las evaluaciones próximas de las calificadoras de riesgo. En este punto, advirtió que un “muy buen libro, con muy buen price action apenas salga el bono”, funcionaría como argumento para que eventualmente mejore la nota de crédito soberana del país.

Entre los factores que pueden incidir en la oferta aparece la presencia de algún inversor ancla del exterior, aunque los distintos especialistas se mostraron escépticos sobre el peso que la demanda internacional obtendrá en este proceso.

PPI no descartó la presencia de “algún tipo de gran (e inesperado) inversor ancla internacional”. Mientras Ritondale subrayó, que “la licitación apunta, sobre todo, a inversores institucionales y minoristas locales”, aunque incluyó también cuentas del exterior.

Una buena colocación será un paso fundamental en la normalización del stand de Argentina con Wall Street (Bernal)

Para Juan Manuel Truffa, economista de Outlier, la emisión tiene carácter de “testeo” pero continúa siendo “una colocación estrictamente local orientada a captar dólares”.

Truffa sostuvo: “Es probable que la tasa salga en torno al 10% anual según la curva; bajo ley local esto es lógico. El cupón relativamente alto lo vuelve más competitivo frente al resto de la curva y puede ayudar en el pricing final”.

El componente de liquidez también aparece como vector relevante para la operación. Ritondale recordó que existe “amplia liquidez en dólares disponible en el mercado local”, lo cual refuerza las posibilidades del Tesoro de renovar el monto de vencimientos involucrado, estimado en “unos USD 1.200 millones que vencen de los Bonar Ley Local 2029 y 2030”. De ese total, unas “USD 138 millones (11%) están en manos del sector público”. El economista de Puente apuntó que el Ejecutivo nacional tiene margen para “captar fondos adicionales”.

Estrategias oficiales y alternativas de ingeniería financiera

A nivel estratégico, la emisión del Bonar 29 actúa como punta de lanza de una secuencia más amplia.

Vázquez consideró que “es el camino inicial a normalizar todo lo que son las colocaciones de deuda” y planteó que la nueva composición del Congreso permite destrabar legislaciones para encarar, en 2026, una reapertura del crédito internacional mediante títulos bajo legislación extranjera.Operadores estimaron en USD 1.200 millones el monto de máxima que se necesita para refinanciar los vencimientos de lo bonos AL29 y AL30, que son sólo una parte de los que pagan renta y capital en enero (Foto: Reuters)

PPI evaluó la elección de un plazo de tres años y medio como una táctica de gestión de riesgos. Considero “sorprendente que la estrategia oficial apueste por una duration relativamente corta”, y sugirió que lo más lógico sería que los próximos lanzamientos “apuntaran al tramo largo de la curva esperando a que este tramo opere en rendimientos de un dígito”.

En esa línea, el equipo económico dejó trascender la posibilidad de “una operación vinculada a los Globales Ley Internacional” que podría agregar volumen y facilitar la compresión de rendimientos.

Podría pensarse en la opción de obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales (PPI)

PPI mencionó que otra interpretación del movimiento del Tesoro podría vincularse con la necesidad de “obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales”.

Eric Ritondale sumó que, tras la colocación local, la “oferta de ‘hasta USD 7.000 millones’ de bancos internacionales” se encuentra en agenda y que el Ejecutivo apunta a renovar la deuda y prolongar el calendario de vencimientos.

Elementos técnicos que pueden definir el pricing

El debate entorno al spread de legislación (la diferencia entre la curva ley local y la internacional) se profundizó tras las expectativas de distintas combinaciones financieras.

Juan Manuel Truffa dijo a Infobae que “con el spread de legislación que muestra hoy la curva, probablemente influido por rumores de operaciones financieras de recompra, una emisión bajo ley local termina colocándose a un precio menos favorable”.

PPI coincidió en que bajo condiciones locales, la tasa podría ubicarse incluso por encima del 11% anual.Outlier explicó que quien opere con dólares cable puede “venderlos para bajarlos y suscribir” (Foto: Reuters)

Un factor adicional que puede impactar en la TIR final lo otorga el “canje a estos niveles”. Outlier explicó que quien opere con dólares cable puede “venderlos para bajarlos y suscribir” y que, como el canje está caro, la cantidad de dólares obtenidos es mayor, lo cual habilita convalidar tasas algo menores.

A lo largo de los análisis, la modified duration del nuevo bono jugó un papel central. Los cálculos posicionaron este parámetro en el rango de 3,25 a 3,36 años. Vázquez estimó una duration entre 3,25 y 3,4. Mariva precisó 3,36. El rango de vencimientos involucrados en la licitación se ubicó en la zona corta-intermedia de la curva soberana.

Montos, vencimientos y el registro de las obligaciones a cubrir

El foco operativo de la licitación apunta a refinanciar los vencimientos de enero de 2026 de los Bonar AL29 y AL30 bajo ley argentina, un total de aproximadamente USD 1.187 millones de capital, sin incluir los intereses asociados. Si se suman todas las series en dólares bajo legislación extranjera, el compromiso alcanza USD 2.695 millones y el saldo total a cubrir supera los USD 4.200 millones con intereses incluidos, según los datos provistos por PPI y Banco Mariva.

Los especialistas coincidieron en que la licitación representa “una instancia fundamental para testear mercado, demanda, precios de referencia y apetito local e internacional por riesgo argentino”.

El comportamiento futuro de la curva dependerá de la compresión que logre la nueva colocación y del eventual impacto sobre el índice de riesgo país (Mariva)

Analistas de Mariva subrayaron que el comportamiento futuro de la curva dependerá de la compresión que logre la nueva colocación y del eventual impacto sobre el índice de riesgo país.

La definición de los plazos, la estructuración de la colocación y los niveles de pricing final quedarán sujetos a la dinámica de los próximos días. Una parte significativa de los analistas evaluó que el desenlace tendrá efecto de referencia sobre el potencial de la reapertura del mercado internacional y sobre las negociaciones futuras de Argentina con sus acreedores institucionales.

Fuente: Infobae.com

CÓRDOBA.- Después de ocho años la Argentina volverá a los mercados voluntarios de deuda; la expectativa del ministro Luis Caputo es lograr US$4.100 millones. La noticia era esperada desde el triunfo libertario en las elecciones legislativas, cuando empezó a caer el riesgo país y empresas privadas y algunas provincias comenzaron a buscar financiamiento en el mercado de capitales. El titular de Economía, incluso, empezó a flexibilizar la autorización de avales nacionales que requieren los gobernadores.

Hace 15 días hizo una colocación la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por US$600 millones, a una tasa del 7,8%, con aval nacional. Este jueves fue el turno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro colocó US$810 millones al 8,1% a nueve años. Todos los fondos se destinarán a infraestructura.

Hasta la salida de la Ciudad, solo Córdoba había captado US$725 millones en julio, un bono que incluso podría reabrir en los próximos meses. Fue la primera en salir desde diciembre de 2017, cuando se cortó esa posibilidad por los problemas macroeconómicos.

Otro que tiene aprobación de la Nación para buscar fondos afuera es el neuquino Rolando Figueroa. Por ahora, prefirió tomar líneas de organismos como la CAF, el BID y el Banco Mundial para rutas y obras verdes.

Desde la asunción de Diego Santilli en el Ministerio del Interior, una de las puertas que se abrió fue la agilización de los avales de Economía para que las provincias puedan usar su coparticipación como garantía de colocaciones en el mercado de capitales.

En Economía prefieren que los gobernadores se financien en el mercado local, ya que los fondos que invierten en mercados emergentes son compradores de bonos nacionales, subnacionales y privados, por lo que todos compiten para conseguir estar en sus carteras. De todos modos, Caputo aceptó no demorar tanto las firmas de los avales.

El Gobierno nacional prefiere que las provincias se financien en el mercado local. Las provincias buscan cubrir baches de financiamiento, muchas de ellas para infraestructura y algunas otras para gastos.

Cuando el ministro visitó en Paraná al entrerriano Rogelio Frigerio, el gobernador dio una señal en ese sentido. Afirmó que la posibilidad de conseguir financiamiento permitirá a las provincias ejecutar obras de infraestructura.

Hasta ahora Chaco, que podría emitir un bono para recomprar el que está en el mercado y liberarse del peso del pago de capital y estirar los plazos, no avanzó todavía. Tampoco hay novedades del chubutense Ignacio Torres.

Salvo La Rioja, que está en default, todo el resto de los distritos podría sumarse a la colocación de bonos, claro que la tasa dependerá de los niveles de fortaleza que muestren sus números.

Con organismos internacionales

En marzo pasado, había salido la última tanda de autorizaciones para créditos con organismos internacionales. En ese momento, consiguieron avales la ciudad de Buenos Aires , Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Salta, Chubut y Chaco, por un total US$1.715 millones.

En ese menú estaban la Capital Federal, con US$300 millones para subterráneos, y Córdoba, con dos créditos, uno por US$250 millones para infraestructura hídrica, saneamiento, vial y otro por US$125 millones para el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba-

También aparecían Santa Fe con tres autorizaciones (uno por US$400 millones para infraestructura económica, productiva y social; otro por US$125 millones para el acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba, y uno por US$30 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier) y Salta con dos, uno por US$150 millones para tecnología e infraestructura para el desarrollo de la puna; y el otro por US$50 millones para el programa de Agua y Saneamiento.

Chubut quedó habilitada para US$145 millones para el programa de ampliación y optimización Regional Sur; Chaco por US$80 millones para el plan corredores de interconexión y US$40 millones para infraestructura, vial, hídrica y energética y Neuquén por US$20 millones para la finalización y puesta en marcha de la represa Nahueve.

En esta nueva etapa de diálogo con los gobernadores, también Economía impulsaría más el uso de estas líneas de préstamos para infraestructura.

Por Gabriela Origlia

Fuente: La Nación

Un estudio nacional realizado por CB Consultora dejó expuesto el profundo deterioro en la imagen de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el relevamiento, el 65,8% de los encuestados desaprueba su gestión, una cifra que golpea de lleno al dirigente en medio de un clima de creciente desconfianza hacia el organismo que conduce.about:blank

La encuesta, realizada entre el 1 y el 2 de diciembre de 2025 y con una muestra de 1.115 casos en todo el país, muestra que la desaprobación es mayoritaria en prácticamente todos los segmentos. El resultado confirma una tendencia que ya venía manifestándose en redes sociales y debates televisivos: la percepción de que la AFA atraviesa un mal funcionamiento estructural.

Entre los motivos de la caída en la imagen de Tapia aparecen distintos factores. Los encuestados mencionan denuncias financieras que envuelven a la dirigencia, arbitrajes polémicos que se repiten en distintas categorías y una conducción institucional que genera más dudas que certezas. El informe plantea que las fallas arbitrales ya no se leen como errores, sino como señales de posibles acuerdos o pactos que comprometen la transparencia del torneo. La acumulación de controversias hizo que el público asociara los conflictos no a hechos aislados, sino a una dinámica que se mantiene y se agrava.

La encuesta también revela un dato inquietante: más de la mitad de los consultados considera que la selección nacional podría verse afectada por los problemas internos de la AFA en la previa del próximo Mundial. Para ese sector, los escándalos y la inestabilidad en la conducción institucional se trasladan, en distinta medida, al rendimiento deportivo.

Otro punto crítico señalado por los encuestados es la falta de legitimidad en el sistema de elección del presidente de la AFA. La mayoría sostiene que el mecanismo actual debería modificarse hacia uno más representativo, lo que implica un cuestionamiento directo al modo en que Tapia renovó su poder en la entidad.

El panorama que arroja el estudio es contundente: Tapia enfrenta un nivel de desaprobación que supera los dos tercios del país y que pone en jaque su capacidad de sostener la autoridad en un organismo que ya acumula tensiones internas, conflictos públicos y denuncias de diversa gravedad. En su entorno, saben que estos números no sólo dañan la imagen del dirigente, sino también la del fútbol argentino en su conjunto.

Mientras tanto, la encuesta abre una conclusión clara: el presidente de la AFA enfrenta un escenario adverso que, de no revertirse con acciones concretas y un cambio profundo en la percepción pública, corre el riesgo de consolidarse como una crisis de confianza estructural que marcará su gestión.

Fuente: Noticias

Un hito militar. Un hecho político. Y un encuentro popular espontáneo. La presentación pública de los seis primeros F-16, de un total de 24 que fueron adquiridos por el Gobierno a Dinamarca, combinó esta mañana atípica en Buenos Aires y en Córdoba la recuperación del poder supersónico aéreo, la reivindicación del presidente Javier Milei del valor las Fuerzas Armadas, y una expresión popular espontánea de la gente que fue testigo del primer vuelo de esas aeronaves.Te puede interesar:La presentación de los F-16: seis aviones de combate hicieron su viaje inaugural y sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Minutos después de las 8 de la mañana, cuando la luz apenas se filtraba sobre los edificios del centro porteño, un estruendo seco quebró la rutina de la ciudad. Desde la Costanera Norte, seis F-16 daneses —cuatro biplazas y dos monoplazas— aparecieron en formación cerrada en el cielo de la Ciudad de Buenos Aires.Javier Milei planteó un fuerte discurso político de reivindicación de las Fuerzas Armadas

El recorrido, calculado para dejar una marca visual y sonora, cruzó Plaza de Mayo, Avenida 9 de Julio, el Obelisco y la Plaza del Congreso. Los cazas ingresaron a unos 2.000 pies de altura (algo más de 600 metros) al pasar el eje central de la capital, exhibiendo potencia y velocidad como no se veía desde hacía décadas.Te puede interesar:Javier Milei resaltó la llegada de los aviones F-16 a la Argentina: “Es un día histórico para el país”

Cientos de personas se reunieron en la Casa Rosada, el Obelisco y la Plaza de Mayo, atraídas por un espectáculo atípico y, para algunos, histórico. Mientras unos salieron a buscarlos, la mayoría se topó con la sorpresa. Hubo aplausos, gritos y muchas banderas y remeras de Argentina. Celulares en alto y asombro por el estruendo.La Plaza de Mayo se colmó de gente que fue a mirar la llegada de los F-16

El Gobierno había hecho una convocatoria por redes sociales y esas imágenes espontáneas tuvieron un impacto simbólico: la ciudad, por un momento, alzó la vista.Te puede interesar:En Madrid, Victoria Villarruel advirtió: “Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”

Ese sobrevuelo fue el prólogo de una jornada planificada por la Casa Rosada: el arribo oficial de los F-16 al Área Material Río Cuarto y el acto central liderado por Javier Milei, quien voló de Buenos Aires a Córdoba mientras seguía la operación y preparaba el discurso que reiteraría más tarde: Argentina volvía a tener “ángeles protectores” en sus cielos.El estruendo de los F-16 se escuchó por el centro porteño, en una mañana atípica de sábado

El acto estuvo encabezado por el presidente, que fue acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Petri (Defensa), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería), entre otros, y los jefes de las tres Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto.

En Río Cuarto, el clima fue diferente: menos sorpresa, más expectativa. Vecinos acostumbrados a la presencia militar se acercaron desde temprano para ver el arribo de los cazas y la llegada del Presidente. Familias, banderas argentinas, mate y veteranos de las Fuerzas Armadas se mezclaron en una escena donde la curiosidad tenía un tinte emotivo. La pista se alistó para el recibimiento y el desarrollo del acto oficial.

El Presidente arribó a Las Higueras, en las afueras de Río Cuarto, cuando los aviones estaban surcando el cielo porteño. Milei eligió el evento como doble plataforma: destacar la magnitud histórica de la compra y enviar un mensaje político interno con elogios, reproches al kirchnerismo y definiciones estratégicas.Los seis F-16 hicieron un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires

Insistió en que la llegada de los cazas representa la recuperación del poder supersónico de la Fuerza Aérea, una mejora insoslayable tras décadas de dependencia de flotas antiguas con capacidad disuasiva limitada. Es que los míticos Mirage que pelearon en la Guerra de Malvinas ya son historia.

Milei apeló a la épica militar: habló de “ángeles protectores”, “custodios del espacio aéreo argentino”, de un país que “se toma en serio a sí mismo” y de un Estado que respeta nuevamente a sus Fuerzas Armadas. Los aviones cazas, detenidos tras el escenario, reforzaron esa narrativa de reivindicación, mientras el Presidente apuntó contra las administraciones anteriores peronistas.

La noción de “restitución” fue transversal a toda la jornada. Milei sostuvo que las Fuerzas Armadas fueron “destratadas durante décadas” por “intereses ideológicos y partidarios”, una responsabilidad que adjudicó directamente al kirchnerismo. Señaló que los gobiernos previos desfinanciaron la defensa, demonizaron a los militares y degradaron el vínculo con la sociedad civil. Presentó la compra de aviones como la consecuencia de un “giro histórico” y una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas en la vida nacional.

El Presidente dedicó varios tramos a la crítica al kirchnerismo y lo acusó de usar la memoria de la última dictadura para obtener rédito político y crear un clima en el que las Fuerzas Armadas quedaron como enemigos internos antes que como instituciones profesionales. Propuso una definición de soberanía basada en el crecimiento económico y la capacidad militar: “No hay soberanía sin prosperidad económica y sin fuerzas capaces de defenderla”, afirmó. El objetivo es impulsar una idea de soberanía anclada en la capacidad real de disuasión.Los seis aviones F-16, volaron en formación por sobre la Plaza de Mayo

En ese contexto, los F-16 pasaron de ser simples aviones a constituirse en símbolo político: máquinas que refuerzan una visión de país, alineado con potencias occidentales y capaz de “hacerse respetar”. Milei evocó el pasado argentino y ubicó la compra de los cazas como el primer paso hacia la recuperación de esa grandeza, uniendo pasado y futuro en una misma narrativa.

El acto también incluyó la transición en el Ministerio de Defensa. Luis Petri, uno de los ministros del Gabinete más elogiado por Milei, dejará su cargo para asumir como diputado nacional. Milei sostuvo que la adquisición de los F-16 era “su legado” y elogió su desempeño como “notable”, pero aprovechó para justificar la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como sucesor. Defendió el nombramiento, desestimando críticas “infantiles” y resaltando la idoneidad profesional y la integridad moral de Presti. Diferenció estos valores de “la casta política” y presentó el cambio como profesionalización, no como un retroceso.

Mientras Milei desarrollaba estas definiciones, los aviones permanecían de fondo. La compleja travesía comenzó el 28 de noviembre en Vojens, Dinamarca, con escalas en Zaragoza (España) y Gando (Islas Canarias), y el cruce del Atlántico con apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Tras aterrizar en Natal, Brasil, la flota completó el tramo final a Río Cuarto. El grupo estaba compuesto por cuatro F-16BM, dos F-16AM, un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H en tareas de rescate.Así se lo vio a los primeros seis de 24 aviones F-16 adquiridos por el Gobierno a Dinamarca

El Ministerio de Defensa relató en detalle el operativo durante los días previos, remarcando la magnitud logística y la cooperación internacional. La compra constituye la primera entrega de un total de 24 aeronaves dentro de un plan de modernización que el oficialismo quiere convertir en bandera de gestión. Para el Gobierno, el regreso del poder supersónico trasciende lo técnico: es un mensaje geopolítico, una señal de alineamiento estratégico.

En Buenos Aires, la reacción popular espontánea fue leída por el Gobierno como expresión de respaldo ciudadano. Funcionarios y cuentas oficiales difundieron las imágenes de vecinos observando el vuelo, celulares en alto, reflejando una conexión con valores de orden, seguridad y orgullo nacional. Aunque no se trató de una movilización organizada, el oficialismo capitalizó el episodio en medio de un clima político tenso.

En Río Cuarto, los vecinos se reunieron en los accesos a la base militar. Familias y curiosos se acercaron a presenciar una escena infrecuente: los cazas, con matrículas danesas aún visibles, sintetizaban la modernización tecnológica de la Fuerza Aérea y la continuidad histórica de la actividad aeronáutica en la región.

El acto tuvo un tono general de reivindicación. Tras años de escasa atención pública sobre temas militares, la llegada de los F-16 devolvió el foco al debate sobre la defensa nacional. Milei aprovechó el escenario para reafirmar su premisa: un país soberano requiere un sistema de defensa robusto y una economía que lo sustente. El evento articuló discurso político, demostración técnica y presencia popular, en lo que el Gobierno considera un evento paradigmático.Los aviones sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires y volvieron a Córdoba

En el cierre, Milei reincidió en la mística libertaria: habló de “la fuerza del cielo”, de la protección divina, del destino histórico argentino. Una mezcla de retórica religiosa, épica libertaria y relato fundacional que buscó dotar de trascendencia a la jornada, con los F-16 como símbolo de una nueva etapa.

Cerrada la ceremonia, los aviones quedaron listos para su integración plena a la Fuerza Aérea Argentina. Técnicos iniciaron tareas de puesta a punto y las conversaciones y comentarios persistieron en el exterior. En Buenos Aires, los videos del vuelo seguían circulando; en Río Cuarto, las familias empezaron a retirarse. En ambos sitios había una sensación compartida de excepcionalidad.

Para Milei, la jornada sirvió como consolidación de varios frentes: fortaleció su alianza con las Fuerzas Armadas, profundizó la disputa con el kirchnerismo, fijó su definición sobre la soberanía. Los aviones —su velocidad, su historia y su potencia— se convirtieron en puente entre política y sociedad, escenario que el Gobierno aspira a repetir.

Al final del acto, cumplido el objetivo oficial, la Argentina exhibió su renovada capacidad militar y el Estado reivindicó la mirada hacia el cielo como espacio estratégico.

Fotos: Gustavo Gavotti

Fuente: Infobae.com

Este viernes el Gobierno presentó la “Política de Inteligencia Nacional 2025”, un documento que redefine el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y establece los lineamientos que regirán su actividad durante los próximos años.

Este martes, el Ejecutivo nacional había afirmado que “se superó la primera etapa del proceso de reestructuración” del área de inteligencia y desplazó a Sergio Neiffert para colocar en su lugar a Cristian Auguadra.

El texto, ratificado por el Decreto 864/2025, parte de una revisión completa del sistema que, según el documento, arrastraba “más de tres décadas de deterioro”, y que volvía necesario ordenar su estructura, su conducción y su capacidad de anticipación frente a riesgos emergentes.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca

La intención es que el organismo vuelva a operar bajo una lógica integrada, capaz de suministrar información estratégica en tiempo real y de intervenir de manera coordinada ante situaciones que afecten intereses nacionales.

El nuevo entorno estratégico de la SIDE

El documento desarrolla primero la caracterización del entorno estratégico que enfrenta la Argentina. Sostiene que la competencia entre grandes potencias, extendida al plano económico, tecnológico y discursivo, “produce un escenario internacional fragmentado, donde la presión normativa, la influencia externa y la disputa por recursos se vuelven más frecuentes”.

Sobre ese tablero, “América Latina aparece expuesta a fenómenos que combinan violencia del crimen organizado, expansión de economías ilícitas, debilidad institucional y presencia de actores extrarregionales” con capacidad de intervenir en procesos locales.

Según el texto, esta combinación genera “un clima de vulnerabilidad” que exige un sistema de inteligencia capaz de interpretar amenazas híbridas, identificar interferencias encubiertas y actuar en un contexto en el que “las operaciones informativas y cibernéticas se convirtieron en herramientas corrientes de proyección de poder”.

A partir de ese diagnóstico, la nueva Política de Inteligencia Nacional define un conjunto de intereses estratégicos que orientan la actividad del sistema. El primero de ellos es la protección de la soberanía y la autonomía nacional, entendida no sólo como la defensa territorial clásica, sino como “la capacidad del país para tomar decisiones sin condicionamientos externos derivados de presiones económicas, tecnológicas o discursivas”.

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Este punto supone identificar amenazas que puedan limitar la proyección argentina, detectar oportunidades para consolidar vínculos favorables y monitorear la presencia de actores cuyo accionar pueda alterar el margen de autonomía institucional. También implica “resguardar el conocimiento científico propio” y “observar los sectores en los que la dependencia tecnológica o la vulnerabilidad regulatoria puedan convertir a la Argentina en un actor previsible o manipulable”.

El texto introduce además la necesidad de proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, un concepto que abarca desde “el control de eventuales dinámicas de fragmentación en zonas sensibles” hasta el “seguimiento de campañas de desinformación que puedan erosionar la cohesión institucional”.

La defensa del Estado, bajo esta lógica, no se limita a su dimensión física, sino que incluye la preservación de su autoridad frente a acciones encubiertas, interferencias externas o tensiones internas que puedan debilitar su capacidad de ejercer gobierno sobre todo el territorio.

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Otro eje central es “la protección de la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los habitantes”. Este punto se vincula con la necesidad de identificar debilidades estructurales que puedan afectar la seguridad ciudadana, desde la actuación de redes delictivas hasta “la filtración de información estratégica” que ponga en riesgo sectores económicos clave.

También se relaciona con el seguimiento del crimen organizado, cuya capacidad para operar sobre circuitos financieros, logísticos y digitales lo convierte en un actor con potencial de alterar la estabilidad jurídica, económica y social.

El documento incluye, además, la preservación del sistema democrático, republicano y federal, entendido como “un espacio vulnerable a interferencias externas en procesos electorales, legislativos o de gobernanza territorial”.

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Bajo ese enfoque, la inteligencia debe “vigilar la presencia de operaciones destinadas a manipular debates, alterar percepciones o financiar estructuras políticas de manera encubierta”, así como “identificar patrones de erosión institucional” que puedan impactar en la representatividad democrática o en la transparencia decisional.

Otro punto central es la protección de los recursos estratégicos del país, que abarca desde los minerales críticos y las fuentes de energía hasta ecosistemas de alto valor ambiental. El texto señala que “la presión global sobre estos bienes, en un escenario de creciente demanda tecnológica y energética, convierte a la Argentina en un espacio de interés para actores estatales y no estatales que buscan garantizar acceso a esos recursos”.

La defensa de esas áreas, según el documento, requiere un “monitoreo coordinado de la presencia externa en regiones como el Atlántico Sur”, la plataforma continental o zonas de frontera, así como una lectura que combine dimensiones “ecológicas, productivas y geopolíticas”.

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Sobre esa base, el Gobierno desarrolló lineamientos estratégicos que orientarán la producción de inteligencia. El primero de ellos se refiere a “la disputa de poder en el escenario internacional” y al rol de la comunicación estratégica.

El documento advierte que, “en el mundo actual, la influencia discursiva se convirtió en un instrumento de poder capaz de moldear percepciones, condicionar agendas y alterar la posición internacional” de un país.

La inteligencia, en consecuencia, deberá interpretar narrativas, identificar actores que operen sobre ellas y evaluar “los efectos que esos mensajes puedan tener sobre la proyección externa de la Argentina”.

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Otro eje refiere a la superioridad de la información y al riesgo de influencia externa. Allí se menciona que numerosas operaciones —muchas veces encubiertas— buscan alterar percepciones públicas, manipular debates o interferir en decisiones políticas mediante “la difusión de información falsa o engañosa”.

La inteligencia deberá analizar patrones discursivos, “mapear redes de influencia” y anticipar los efectos de campañas coordinadas destinadas a modificar el clima social o la orientación de políticas públicas.

El documento también aborda el concepto de “poder integral del Estado”, que engloba la capacidad del país para sostener su funcionamiento político, económico, social, científico y tecnológico en un entorno adverso.

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En esa categoría se incluyen variables como “la estabilidad institucional, la proyección internacional, la solvencia económica, la seguridad ciudadana y la disponibilidad de infraestructura crítica”. La inteligencia deberá identificar vulnerabilidades en esos campos, prever escenarios de riesgo y detectar presiones externas que puedan condicionarlos.

Otro aspecto desarrollado es “la proyección antártica nacional”, un punto de suma importancia mundial para los próximos años. Allí se explica que “la presencia argentina en el continente blanco”, sostenida a través de bases permanentes y actividad científica, “se volvió un componente estratégico” en un espacio donde convergen intereses geopolíticos, logísticos y ambientales.

La Antártida aparece en el documento como un territorio cuya “proyección geoeconómica” futura exige un monitoreo constante de actores que puedan disputar presencia o capacidad operativa en la zona.

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El texto incorpora también la preocupación por “la presencia extranjera en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y los archipiélagos de Georgias y Sandwich del Sur”. En ese punto, el documento reconoce que “en esa región se combinan recursos de alto valor, rutas bioceánicas y áreas en disputa”, lo que vuelve necesario observar las actividades científicas, logísticas o militares de potencias extrarregionales. El objetivo es “anticipar movimientos que puedan incidir sobre los intereses argentinos”.

El documento dedica un capítulo extenso a los recursos naturales estratégicos y a los efectos de su explotación sobre la biósfera. Allí se afirma que “la presión global sobre minerales críticos, agua, biodiversidad y fuentes energéticas genera un escenario donde actores estatales y corporativos buscan asegurar su acceso mediante distintos mecanismos”. El servicio de inteligencia, en ese contexto, debe interpretar los efectos ambientales, sociales y productivos de esas actividades, a fin de “preservar la disponibilidad futura de esos bienes”.

El abordaje de la SIDE sobre la tecnología e inteligencia artificial

El eje dedicado al ciberespacio describe este ámbito como “un territorio donde pueden ejecutarse operaciones de sabotaje, espionaje, manipulación informativa o interferencia algorítmica”.

Dado que buena parte de las funciones del Estado y de la actividad privada dependen de infraestructura digital, el documento sostiene que la protección de esos sistemas se volvió “un componente esencial de la seguridad estratégica”.

Además, el documento se explaya sobre “las tecnologías de frontera”, como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la biotecnología avanzada. El texto explica que estas herramientas “redefinen capacidades de defensa, logística y decisión política”, por lo que la Argentina deberá anticipar disrupciones, reducir dependencias externas y proteger el talento científico que las hace posibles.

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La política también aborda el terrorismo como una amenaza que combina redes transnacionales, flujos financieros y capacidad para operar tanto en el espacio físico como en el digital. El objetivo es “identificar vectores de radicalización, detectar señales tempranas y prevenir la articulación de acciones” destinadas a generar desestabilización.

Finalmente, el documento incorpora la contrainteligencia como “un elemento clave para detectar infiltraciones, interferencias o acciones de espionaje destinadas a erosionar la capacidad decisional del Estado”.

Bajo esta óptica, la protección de información sensible y “la detección de operaciones encubiertas se vuelven herramientas centrales” para preservar la autonomía institucional.

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En las consideraciones finales, el texto señala que la SIDE deberá coordinar al conjunto del sistema y garantizar que los organismos trabajen con un criterio común para la producción de inteligencia nacional.

El documento presentado este viernes funcionará como “guía para ordenar el esfuerzo de las distintas áreas del Estado” en la identificación anticipada de riesgos y en la protección de los intereses estratégicos del país.

Fuente: Perfil.com

La reforma laboral que impulsa el Gobierno, respaldada por sectores empresariales, avanza en distintas áreas del Estado bajo un proceso de ajustes, debates y negociaciones. En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza un nuevo borrador que presenta los lineamientos generales del proyecto de modernización que pretende aprobar el oficialismo.Te puede interesar:Vilma Ripoll esperó llorando a Javier Milei en la puerta del Congreso: el motivo de sus lágrimas

La discusión se centralizó dentro del Consejo de Mayo, donde participan funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes sindicales, aunque estos últimos se han apartado del proceso y agravaron su oposición al texto propuesto.

Según el borrador actualizado, la propuesta introduce modificaciones sobre múltiples aspectos: regula regímenes especiales y modifica procedimientos judiciales vinculados. Entre los temas abordados aparecen principios rectores del derecho laboral como vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad y nuevas reglas para indemnizaciones. Además, se suman capítulos dedicados a la regulación del trabajo en plataformas digitales.Te puede interesar:Tensión y gritos Diputados: “La casta tiene miedo”, “Cristina Kirchner libre” y dos gestos repudiables en la jura de legisladores

Vacaciones

El texto presentado reafirma el derecho de todo trabajador a un período anual de vacaciones pagas, en línea con la Ley de Contrato de Trabajo. La novedad radica en la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden, de forma individual o colectiva, la extensión del período vacacional, siempre respetando los pisos mínimos legales.El Consejo de Mayo debate la reforma laboral.https://7b8e5a6524848235cb6d1ecaf1f199c8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

“El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de que las convenciones colectivas de trabajo u otros acuerdos celebrados con la representación sindical en la empresa puedan establecer sistemas diferentes, conforme a las particularidades de cada actividad”, determina el texto.Te puede interesar:El Gobierno atenuó la reforma laboral para tener apoyo de la CGT, pero incluyó un artículo que rechaza el empresariado

Además, contempla la acumulación de días de vacaciones que, en situaciones excepcionales, puede autorizar la autoridad de aplicación a pedido de las partes. En tanto, se incorpora la opción de fraccionar el goce de las vacaciones, lo cual flexibiliza su usufructo en base a necesidades familiares, sectoriales y productivas.

Banco de horas

“Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”.

Se establece que “la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o Convenios Colectivos de Trabajo”.La CGT rechaza el nuevo esquema. En la foto, dirigentes gremiales con Julio Cordero, secretario de Trabajo

Y se agrega: “Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio, de acuerdo con las características de la actividad, siempre y cuando se respeten los descansos mínimos entre jornada y jornada de 12 horas y de descanso semanal de 35 horas. Asimismo, se podrá utilizar el banco de horas de modo de compensar la mayor jornada de algún día con la menor de otro, siempre y cuando no se supere el máximo legal de la jornada semanal, o la que estipule el régimen laboral específico.

Indemnizaciones y despidos

Respecto de las indemnizaciones, el proyecto descentraliza el mecanismo uniforme de pago para los casos de despido sin causa. A partir de la reforma, la indemnización tradicional podrá ser reemplazada por sistemas de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, cuando así lo disponga la negociación colectiva. Estos fondos funcionarían como una suerte de ahorro previo o seguro, financiado por aportes mensuales de empleadores, lo que busca reducir la carga sobre pequeñas y medianas empresas y dotar de mayor previsibilidad al monto a percibir por el empleado.

Además, se precisa qué conceptos integran la base de cálculo: salario básico, sumas habituales, antigüedad y demás componentes remunerativos ordinarios. Quedan excluidos los pagos extraordinarios, premios, gratificaciones extraordinarias y remuneraciones transitorias. La ley faculta a pautar pagos fraccionados de las liquidaciones finales, bajo ciertas condiciones, y limita la aplicación de intereses sobre el capital indemnizatorio.

En materia de despidos, la iniciativa distingue entre desvinculaciones con causa y sin causa. Para el despido sin causa, rige lo mencionado sobre indemnizaciones, mientras que en el despido por justa causa la reforma especifica taxativamente las causales válidas y el procedimiento a seguir. El empleador deberá notificar electrónicamente la decisión, fundando el motivo cuando invoque causa justa, y el trabajador tendrá derecho a defensa administrativa y judicial.El proyecto incorpora la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan bancos de horas

“En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”, reza el texto oficial.

Además, se reorganiza la respuesta ante conflictos en servicios esenciales y actividades trascendentales, estableciendo un funcionamiento mínimo del 75% en sectores críticos y del 50% en sectores estratégicos como salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Remuneraciones

La modificación del capítulo salarial introduce reglas precisas sobre la composición de la remuneración, permitiendo la incorporación de sumas fijas, variables y beneficios sociales determinados. Se consagra la digitalización obligatoria de recibos de sueldo, planillas de asistencia y toda la documentación asociada, equiparándola en validez a la documentación tradicional en papel. En concreto, prevé la incorporación temporal de componentes salariales dinámicos y la exclusión de diversos pagos de la remuneración, como viáticos documentados y reintegros.

El proyecto determina cuáles son los montos que conforman la remuneración computable y cuáles quedan excluidos, de modo de evitar interpretaciones conflictivas ante juicios laborales. Asimismo, se prevé un mecanismo extraordinario para la actualización salarial en línea con la negociación colectiva.

Enfermedad y ausencia

En el plano de las enfermedades inculpables y profesionales, la ley habilita y reglamenta el uso de certificados médicos digitales con plena validez legal, facilitando los procesos administrativos de justificación de ausencias.

Introduce un sistema centralizado de control médico, en el cual las empresas y la seguridad social podrán verificar los diagnósticos y recaudos de los trabajadores aquejados por enfermedad. Además, la norma detalla derechos y deberes frente a prolongados periodos de inasistencia y regula los pasos a seguir al momento de definir si se produce una incapacidad permanente.Los integrantes del Consejo de Mayo, donde se debatió el proyecto de reforma laboral.

La gestión de ausencias injustificadas o reiteradas se aborda con un proceso claro y uniforme. El empleador podrá requerir que toda falta sea documentada con certificado médico digital o presencial, bajo apercibimiento de considerar la ausencia como injustificada. El texto tipifica las acciones consideradas como abandono de trabajo, acortando plazos y procedimientos respecto de la legislación actual. En caso de ausencias prolongadas, la empresa debe notificar fehacientemente al trabajador antes de adoptar decisiones disciplinarias o de extinción del vínculo.

Reincorporación

La reincorporación por sentencia judicial se fortalece en el sentido de que, cuando un tribunal determine que el despido fue ilegítimo, el trabajador podrá optar entre retomar el puesto o cobrar la indemnización equivalente. Si opta por la restitución, la empresa tendrá la obligación de regularizar la relación y abonar los salarios devengados durante todo el período sin prestación de tareas. Este mecanismo busca restablecer la vigencia de los derechos laborales frente a cesantías irregulares, según confirmó la fuente oficial.

“Vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar, debiendo adecuar su categoría, salario y jornada acorde a las mismas. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuere imputable, el contrato de trabajo quedará extinguido con el derecho del trabajador de percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley”, aclara el texto.

Y agrega: “Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, el contrato de trabajo quedará extinguido con el derecho del trabajador a percibir una indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de esta ley”.

Plataformas de reparto

La regulación de las plataformas de reparto y empleo digital establece el reconocimiento de una relación laboral formal entre empresas tecnológicas -como aplicaciones de delivery- y repartidores. La ley impone la obligación de registrar a los trabajadores ante la seguridad social, efectuar los correspondientes aportes y contribuciones, y contratar seguros por accidentes para quienes se desempeñan en estos servicios.

El régimen especial contempla reglas sobre jornada, descanso obligatorio y remuneraciones mínimas, además de reconocer derechos sindicales y a la organización colectiva. También contempla un apartado específico que habilita la representación sindical sectorial y la participación de los trabajadores de plataformas en negociaciones colectivas propias, equiparando su estatus normativo al resto del universo laboral regulado.

Fuente: Infobae.com

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El gobierno de Javier Milei siembra dudas por estas horas sobre si autorizará al gobernador Axel Kicillof a tomar una nueva deuda por US$3685 millones, que ya le autorizó el Poder Legislativo bonaerense esta semana.

La gestión nacional debe darle el aval a la administración de la Provincia para que pueda hacer esta colocación, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene a su cargo otorgar o no esa autorización, no confirmó esta mañana que vaya a hacerlo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy a LA NACION que sería un “escándalo” que le denegaran a la provincia la posibilidad de endeudarse y advirtió que si eso ocurre, lo van a denunciar.

Consultado esta mañana en A24, sobre si le darán al gobierno de Kicillof la autorización, Caputo se limitó a decir: “Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación».

Además, recordó que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, viene desde hace meses “repitiéndole” a los gobernadores que se tienen que adecuar a esa legislación.

Anoche, el diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la Provincia de la secretaria general, Karina Milei, dijo directamente que el Presidente iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, dijo Pareja en LN+, en alusión al endeudamiento.

Minutos después, en TN, se refirió puntualmente a la parte de la deuda que quiere tomar Kicillof y que no está destinada a financiar deuda anterior, sino que va a girarse a los municipios: “Bajo ningún concepto [el Gobierno la va a autorizar], bajo ningún punto de vista”.

En las últimas horas, Milei celebró que los representantes de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura provincial se hayan opuesto al financiamiento que pidió el gobernador y que incluyó, en el marco de la negociación, aumentar de ocho a 14 los cargos en el Banco Provincia y flexibilizar el reparto de recursos a los municipios.

“Kicillof logró aprobar a las 3 de la mañana un endeudamiento de casi US$3700 millones para financiar su campaña presidencial. Lo hizo subastando el Banco Provincia entre quienes lo apoyen. Nosotros desde LLA obviamente votamos en contra”, escribió el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados provincial, Agustín Romo.

Milei, por su parte, lo arengó: “Kirchnerismo de manual. Excelente Agustín Romo poniéndole los puntos a la política delincuencial que se implementa desde PBA”.

En una doble jornada de sesiones de madrugada, el jueves Kicillof consiguió el endeudamiento con el apoyo de diputados y senadores kirchneristas y también de Pro, la UCR y la Coalición Cívica. Tambien, de exintegrantes de LLA que abandonaron la conducción de Romo y migraron a otros espacios que ya colaboraron con la gestión provincial en otras oportunidades.

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Durante ese período, previsto entre el 10 y el 31 de diciembre, el Gobierno buscará avanzar con el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y un paquete de reformas clave para el oficialismo: la laboral, la tributaria y la actualización del Código Penal.

El llamado se hará oficial cuando el decreto sea publicado en el Boletín Oficial el próximo martes. En la administración libertaria tampoco descartan extender las sesiones extraordinarias a febrero, para habilitar un nuevo tramo de debate legislativo previo al inicio del período ordinario, el 1° de marzo.

En cuanto al proyecto de modificación de las leyes laborales, el Gobierno aspira a obtener al menos media sanción antes de fin de diciembre, mientras que las reformas tributaria y penal quedarían para una segunda convocatoria en febrero.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Penas más duras, imprescriptibilidad y cambios en legítima defensa, la reforma del Código Penal que quiere el Gobierno

Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en octubre, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli iniciaron negociaciones con los gobernadores para asegurar acuerdos con las provincias. Este viernes, Santilli concluirá las reuniones individuales con los mandatarios que apoyaron el Pacto de Mayo y que el 30 de octubre se reunieron en Casa Rosada con Milei.

En sintonía con lo expresado por algunos gobernadores, la Casa Rosada impulsará el debate sobre la ley de glaciares, con el objetivo de ampliar las áreas habilitadas para la explotación. Esta iniciativa también comenzaría a tratarse desde el 10 de diciembre.

Otra de las prioridades del Gobierno es el tratamiento del Presupuesto 2026, presentado en septiembre. Además, se abordará el proyecto de presunción de inocencia fiscal, que busca modificar el régimen general y fortalecer el sistema simplificado del impuesto a las ganancias. El Ejecutivo apunta a elevar el umbral del fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria.

La reforma del Código Penal es otro de los objetivos anunciados a principios de octubre. El proyecto es considerado central por la administración mileísta para su discusión en el Senado, donde la figura de Patricia Bullrich tendrá un rol protagónico.

El Gobierno presentó la nueva Política de Inteligencia 2025 y redefinió el rol de la SIDE: los 6 lineamientos más importantes

El Gobierno espera con optimismo la llegada de las reformas al Congreso, especialmente después de haber logrado reunir 95 diputados en la Cámara baja. Con ese número, el oficialismo se convirtió en la primera minoría, posición que antes ocupaba Unión por la Patria.

El Gobierno define el proyecto de la reforma laboral: cuáles son los puntos clave

El próximo martes también se espera la presentación del proyecto de reforma laboral, que ya está concluido, aunque aún se le realizan ajustes finales. El Ejecutivo confía en que la iniciativa llegue al Congreso con el respaldo de sectores dialoguistas y fortalecida por haber alcanzado la primera minoría en Diputados.

La definición final del texto está a cargo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el titular de Diputados Martín Menem y la senadora y jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich.

Reforma laboral: el Gobierno cerró el texto y prepara una pulseada con la CGT en extraordinarias

Según un borrador de la iniciativa difundido por Noticias Argentinas, entre los ejes centrales se encuentran la creación de un banco de horas y de un fondo de cese laboral. El Gobierno también adelantó cambios para reducir la “discrecionalidad” judicial en conflictos entre trabajadores y empleadores. La iniciativa incluiría además la flexibilización del régimen de vacaciones y la posibilidad de pérdida de antigüedad en caso de un cambio de empleador.

Otro eje relevante es la creación de un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, a quienes define como “trabajadores independientes”. El borrador establece obligaciones fiscales y de seguridad social, pero también la posibilidad de rechazar pedidos sin justificación y el derecho a recibir explicaciones en caso de bloqueos en la aplicación.

Fuente: Perfil.com