Categoría: Destacado

Alberto Fernández emitió en pocas horas dos fuertes mensajes de presión sobre la Corte Suprema, con foco personalizado en su presidente, Carlos Rosenkrantz. El primero cosechó una mala respuesta también en velocidad. El segundo tiene final abierto. Y los dos en conjunto, terminaron de colocar al tribunal máximo en el centro de una batalla política con eje en el desplazamiento de tres jueces apuntados antes que nadie por Cristina Fernández de Kirchner. No es todo, porque cualquiera sea el desenlace, las pinceladas de conflicto o daño institucional serán ya inocultables.

El martes próximo, la Corte tiene cita para tratar los planteos de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y del juez Germán Castelli. Los tres refieren a causas por corrupción, incluido como cartel principal el caso de los cuadernos de la coima. Hasta hace apenas una semana, las versiones indicaban que la respuesta del tribunal sería una nueva versión de “cronoterapia”, según el término que solía usar un extinto juez, prestigioso, al describir con acidez el camino de los largos trámites para desandar presiones y enfriar problemas. Pero algo cambió en el pronóstico y esa versión inquietante habría llegado de inmediato a Olivos.

Surgieron dudas sobre la solidez de la salida mayoritaria a favor de extender en el tiempo la resolución sobre el reclamo de los tres jueces removidos de sus cargos. Todo, en un cuadro complejo. Difícil incluso para allegados al circuito de la Justicia establecer corrientes internas: se habla de cierta atomización registrada desde que Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, desplazando a Ricardo Lorenzetti, y agudizada con el recambio de poder político.

Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema. Fue apuntado directamente por Alberto Fernández.

Hasta ese momento, la especulación más firme apuntaba al rechazo del per saltum, abriendo el sendero –en principio, lento- para volver a reclamar con un recurso extraordinario, con el añadido de algún gesto menor frente a los planteos más funcionales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Después, se puso en duda la existencia de una mayoría sólida que siguiera sosteniendo esa estrategia.

Conocedores del paño judicial recomiendan no perder de vista el juego interno, pero prestan atención además y de manera creciente al contexto externo. Al habitual rechazo que produce en la Corte el hecho de quedar expuestos en la resolución de “conflictos políticos”, se añadiría malestar frente a la trascendencia pública que fue tomando este caso, con fuerte presencia en las consignas de los últimos “banderazos”, en los cruces políticos y en las redes sociales.

La convocatoria de Rosenkrantz a la reunión del martes próximo fue leída también con ese registro en el oficialismo. Y la movida de Olivos –más allá de otras consideraciones sobre el nivel de pericia- terminó colocando a Alberto Fernández en la primera línea de presión sobre otro poder. Eso mismo tiñe de antemano y de manera inquietante cualquier resolución que tome la Corte. Será una respuesta interpretada en blanco y negro: alineamiento con Olivos o potencial conflicto de poderes. Tal vez el Presidente haya buscado no dejar espacio para los matices o las diagonales.

La primera carga contra Rosenkrantz produjo un resultado inesperado o mal calculado. El Presidente le achacó desinterés en la capacitación de la estructura judicial con perspectiva de género, como dispone la ley Micaela. Sin mencionarlo directamente, la Corte le respondió con una exposición de sus pasos concretos en ese terreno. Y lo hizo mediante un informe elaborado por Elena Highton. Una señal. La jueza está a cargo de esas políticas en el principal escalón de la Justicia, pero además sólo ella asistió hace dos meses al acto de presentación de la “reforma judicial”, en la Casa Rosada.

El último «banderazo», con consignas apuntadas a la Corte y contra la impunidad.

La segunda andanada presidencial fue directa. “¿Qué está buscando?”, apuntó contra Rosenkrantz en declaraciones radiales. A esa sugerencia sobre una operación conspirativa, agregó dos elementos. Rechazó las críticas al proyecto de reforma del fuero federal. Y defendió con énfasis el desplazamiento de los tres jueces decidido por el Senado y refrendado sin demoras por decreto. Para completar, descalificó de antemano cualquier interpretación en sentido contrario como fruto de desconocimiento del Derecho.

El efecto aumentado de esta ofensiva, que podría ser el prólogo de una disputa mayor, está definido a la vez por el conjunto de movimientos en el plano judicial. No es un hecho aislado. Y potencia de hecho el signo inicial del consejo consultivo creado por decreto presidencial y bautizado de inmediato como “Comisión Beraldi”. Esa junta analizará y propondrá reformas sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Las tensiones se van expandiendo en todos los frentes. Y otro caso potente involucra a los mismos protagonistas: la poda de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que también llegó a la Corte, que comenzó a escribir un segundo capítulo en el Congreso y que provocó el quiebre más profundo en la relación del Gobierno con la oposición. Son decisiones presidenciales, con marca CFK.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, presentó una nueva herramienta para el registro de información sobre los fallecidos por Covid-19, con el objetivo de terminar con el subregistro de los mismos. Con esta actualización,se incorporan 3.523 fallecidos a las estadísticas oficiales llegando a 12.566 al 25 de septiembre. El funcionario detalló que «con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzamos a utilizar información proveniente de tres bases de datos: SISA, SIGEC y el Registro de las Personas, y así recategorizamos los datos de mortalidad por coronavirus y evitamos el subregistro de los mismos, un problema existente en todos los países del mundo». En conferencia de prensa en la Gobernación provincial, Gollan afirmó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) «es bueno» pero reconoció que presentaba «demoras en la carga», algo que ocurre en todos los países en el marco de esta pandemia. «Nosotros vamos a solucionar ese problema, lo afrontamos para que todo el mundo sepa día por día (el número de fallecidos) y así poder evaluar la evolución de esta pandemia», precisó. Fernán Quirós confirmó que la ocupación de camas de terapia en CABA bajó al 50 % Puntualizó que «el 60% de los datos actualizados corresponden al sector privado y el 40% al público. Dentro del sector público, el 39% corresponde a hospitales provinciales, el 2% a nacionales y el 59% a municipales». El resultado de la aplicación de esta nueva herramienta, incorpora 3.523 fallecidos por coronavirus en territorio bonaerense. Según pudo saber PERFIL de fuentes oficiales, la nueva herramienta surgió porque «cuando cruzamos las bases de datos descubrimos que los certificados de defunción no decían Covid y eran Covid. Cruzamos la base de Datos nacional con nuestro sistema de camas y con las defunciones del registro de las personas». «En España, el diario ABC denunció que son 53 mil los muertos por coronavirus, 24 mil más que los informados oficialmente. Reino Unido y Francia tienen un sub registro confirmado porque, al principio de la pandemia, sólo contabilizaban las muertes ocurridas en hospitales. Recién en abril se comenzaron a sumar también aquellas que ocurrieron en centros geriátricos. Si tenemos en cuenta que, desde esa fecha, algo más de la mitad de los muertos franceses se han producido en residencias de adultos mayores (51%) tomamos dimensión del sub registro de fallecidos. En Nueva York, en un solo día aumentaron los fallecidos en 3700 porque también solo contaban los muertos ocurridos en hospitales», explicaron en un comunicado oficial desde el gobierno bonaerense. Y concluyeron: «En América Latina, la opinión del director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López Calva, es un ejemplo de lo que está pasando. Aseguró que en México, Ecuador, Chile y Perú ‘la pandemia puede haber matado hasta 5 veces el número de personas registradas oficialmente’. Con este nuevo paso, la Provincia implementa estrategias de gestión inéditas, creadas para monitorear la pandemia en el territorio bonaerense, que aportan soluciones para tomar decisiones y hacen más transparente al sistema».

Fuente: Perfil.com

“Las organizaciones sociales son, por un lado, parte del problema, pero por el otro, también parte de la solución”. La reflexión ante Infobae la realizó un funcionario del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que conoce al dedillo el complejo entramado que se mueve detrás de los movimientos piqueteros. La conversación tenía como eje la usurpación aún no resuelta de la toma de las 100 hectáreas en la localidad de Guernica. “Algunos de estos movimientos están detrás de las tomas de tierras, o al menos fomentan las usurpaciones, pero también son de gran ayuda para los intendentes porque con sus cooperativas de trabajo levantan barrios enteros. Construyen las casas, abren calles, tiran cables de luz y hasta hacen pozos de agua. Y antesde que llegue el Estado para brindar los servicios a las familias más necesitadas”.

Se trata de una fenomenal maquinaria, que mueve millones y millones de pesos, concedidos por los gobiernos de turno para que las organizaciones sociales, a través de sus cooperativas de trabajo, lleguen a donde ellos no supieron o no pudieron llegar, y además den trabajo.

Las 52 viviendas fueron construidas por las cooperativas de la CCC. Los terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. (Prensa CCC)

“El tema de las viviendas es así. Se toman las tierras. Si son privadas, se presiona para que los dueños, a través de la municipalidad o de la provincia, las vendan. Después pasan a manos de los que tomaron esas tierras. Ahí entran las cooperativas de las organizaciones para construir las casas. Las cooperativas brindan una solución rápida. Si no fuera por las cooperativas de trabajo, no sé qué pasaría», sostiene Cecilia Galluzzo, cooperativista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Programas Sociales, la organización que reclama ante el ministerio de Trabajo para que le otorgue personería gremial.

«En José C. Paz -recuerda Galluzzo- el barrio de viviendas sociales, llamado Lamas, se construyó así. Ese barrio es todo de los cooperativistas por un convenio que se firmó en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner y se terminó con el de Cristina Kirchner. Se firmó un acuerdo con el municipio para que ponga los terrenos y nación pagaba los materiales. La mano de obra corría por cuenta de los cooperativistas. Todo funciona muy bien hasta que la política mete la cuchara y quiere sacar una tajada. Cuando los intendentes le dan el manejo a los punteros políticos se desbanda todo”, sostiene y afirma: “Detrás de las tomas están las organizaciones sociales que muchas veces están en connivencia con el poder político y todo lo que hay detrás”.

Son varias las agrupaciones piqueteras, alineadas con el actual oficialismo, que están presentes a lo largo y ancho del país y que manejan miles de cooperativas de trabajo. También que son beneficiadas con entregas de alimentos y otro tipo de planes para que sean distribuidos entre los vecinos y militantes más necesitados.

Entre esas organizaciones sociales se destaca el Movimiento Evita, que tiene como sus dos principales referentes a Fernando “Chino” Navarro, actual secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo.

Es la organización social más importante que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estructura que se sostiene sobre tres pilares fundamentales: el mencionado Movimiento Evita, del cual también forma parte el diputado nacional Leonardo Grosso; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, y el Movimiento Popular La Dignidad, comandado por su secretario general, Rafael Klejzer, actual director de la Secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las primera organizaciones barriales que salió a la calle para pedir “tierra, techo y trabajo”, y comenzó con la toma de tierras en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense y disputar con gobernadores e intendentes la propiedad de las parcelas usurpadas. Su líder indiscutido es el diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, referente, además, del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

“La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena, en Gregorio de Laferrere, en La Matanza, nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que le comprara la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional. Eran terrenos inhóspitos, fangosos, nos metimos con carpas, sin luz, agua, ni baños. Fue doloroso. Pero lo conseguimos y los compañeros tienen sus escrituras. Las casas las fuimos auto construyendo. Nos costó mucho, pero ganamos en experiencia y ahora construimos hasta en las laderas de las montañas jujeñas. Si no dábamos batalla para quedarnos con esas tierras y construir nosotros, ahora sería Villa Elena en vez del barrio Elena», le dice Alderete a Infobae.

En los años ’90 Alderete y el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda y de la Agrupación Miles, Luis D’Elia, marchaban juntos en los reclamos. Así como La CCC construyó el Barrio María Elena sobre tierras usurpadas, el piquetero condenado por la toma de una comisaría hizo lo propio con el ahora Barrio El Tambo, también ubicado en La Matanza.

La CTEP, a través de la Cooperativa 20 de Diciembre también construyó de cero el Barrio San Jorge, unas 600 viviendas ubicadas en Florencio Varela. “Luego de mucho esfuerzo se logró demostrar que las cooperativas de trabajadores de la Economía Popular pueden llevar a cabo un trabajo eficiente y transparente, generando así un sistema que permite crear puestos de trabajo y a su vez realizar una obra de infraestructura con trabajo de interés social. Las organizaciones sociales proponemos esta idea cómo una posibilidad concreta de resolver los problemas laborales, sociales y de hábitat que sufren los barrios populares de nuestro país”, dijo en su momento Emilio Pérsico. Era diciembre de 2017.

El juez ordenó que el 1 de octubre se desaloje la toma de Guernica. Son 100 hectáreas ocupadas por 1904 personas. (Franco Fafasuli)

Barrios de Pie es otra de las organizaciones sociales de peso en el universo piquetero y del cooperativismo. Su coordinador nacional es Daniel Menéndez, es el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Menéndez es referente nacional del partido SOMOS, que lidera la titular del INADI, Victoria Donda. Junto a otros referentes sociales, estuvo presente en Gregorio de Laferrere durante la presentación del proyecto de ley del proyecto de Tierra, Techo y Trabajo que desde la Cámara Baja impulsa Alderete.

Del acto en la “Catedral Piquetera” participó Fernanda Miño, referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y Secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El proyecto, que cuenta con el apoyo, entre otros, de Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado nacional, provincial o municipal, la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares.

«La vivienda está en el centro de nuestra agenda. Tenemos que materializar las cuestiones pendientes y en particular en la provincia de Buenos Aires con carencias y problemas estructurales profundos”, dijo el ministro de Axel Kicillof durante la presentación del proyecto de ley apoyado por todas las organizaciones sociales.

“Esta no es una ley cualquiera, es una ley hecha por muchos que han tenido que tomar tierras para construir barrios dignos. Estos compañeros son protagonistas de ese proceso, son los humildes, son los desposeídos, son los que Evita amaba, son esos compañeros los que toman la política”, apuntó a su turno Pérsico.

En Gregorio de Laferrere, La Matanza, se presentó el proyecto de ley «Tierra, Techo y Trabajo». propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos y la compra por parte del estado la adquisición de tierras privadas o la entrega de parcelas fiscales para la generación de nuevos barrios populares. (Prensa CCC)

La presentación en sociedad del proyecto de ley coincide con el conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, entre ellas las 100 hectáreas de Guernica, que tiene al 1° de octubre como ultima fecha para el desalojo.

Si bien buena parte de los barrios y viviendas que construyeron en provincias como Chaco, Salta, Jujuy, o Buenos Aires, fueron sobre terrenos adquiridos por el Estado para desarrollar planes de viviendas sociales, existen otros que fueron edificados en terrenos usurpados y que, a fuerza de reclamos y cortes de calles y avenidas, llevaron a los funcionarios a “acordar” con los dueños privados de las parcelas usurpadas su compra y cesión a los tomadores, regularizando la situación mediante escrituras.

La concreción de estos propósitos -enorme solución para los que no tienen techo y gran frustración para los propietarios que ven sus campos o terrenos invadidos- es posible gracias a una maquinaria política finamente articulada entre las organizaciones sociales y los funcionarios. O al menos un punto de encuentro en el que ambas partes consiguen un rédito. De justicia social para unos y político para otros que muchas veces se traducen en votos.

“Nuestra organización ha hecho 7.200 viviendas en 18 provincias. Hemos firmado un convenio marco con el entonces presidente Néstor Kirchner para conseguir una cantidad de viviendas para nuestra gente. Para eso teníamos que llegar a acuerdos con intendentes, con gobernadores para solucionar el principal problema, dónde construir”.

-¿Y si no les daban las tierras ustedes las tomaban?

-A veces no queda otra. Pero siempre logramos la regularización de dominio. La provincia o el municipio buscaba a los dueños y les compraba las tierras. No queremos eso, por eso presentamos el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. Nosotros demostramos que la enorme organización de amplios sectores populares, los descartados de éste sistema perverso, no solo luchamos y nos organizamos en el barrio, también hacemos política y tenemos un programa para transformar esta Argentina.

-Y una vez conseguida las tierras, el dinero para la edificación, para pagar sueldos, para comprar materiales, ¿de dónde sale?

-De los fondos nacionales. Mire, si hablamos de tierra, nos referimos a un derecho legítimo. Para vivir y trabajar, y en Argentina y América Latina la tierra está en manos de unos pocos. Si hablamos de techo, plantamos la bandera en la lucha para que no haya más hacinamiento de millones de familias como vemos en los asentamientos en las villas y los barrios populares. Cuando decimos trabajo, afirmamos que las organizaciones sociales desde su nacimiento pelearon y seguirán peleando por trabajo para todos los que habitan nuestro suelo.

Las cooperativas de trabajo dan la solución que no les otorga el Estado. Construyen las casas, abren las calles. Tiran cables, dan agua potable. Una inmensa maquinaria que cuenta con la participación del Estado que suele darle la espalda. (Franco Fafasuli)

No sólo en el conurbano bonaerense las organizaciones sociales toman tierras para después construir los barrios populares. Alderete recuerda, por ejemplo, que el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, adquirió a los dueños las tierras que la Corriente Clasista y Combativa tomó en esa provincia, y allí, con las cooperativas de la CCC, construyeron las 420 viviendas que conforman el Barrio Finca Valdivia.

Algo similar sucedió con el Barrio Che Guevara, en San Salvador de Jujuy. Allí sucedió algo muy curioso, el que colaboró desde el Estado nacional para destrabar el conflicto por la toma de esas tierras, fue el entonces viceministro de Desarrollo Social, Sergio Berni, actual ministro de Seguridad bonaerense. La ministra del área era Alicia Kirchner y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Alderete lo recuerda así: “Berni intercedió ante la gobernación de entonces (el peronista Eduardo Fellner) para que la gente que estaba tomando las tierras privadas, fueran trasladadas a un predio muy cercano a la toma y que eran terrenos provinciales porque los propietarios no querían vender”.

A la derecha Juan carlos Alderete en la presentación de su proyecto en «La catedral piquetera», en Gegorio de Laferrere, en La Matanza. «La regularización dominial de las tierras es parte de mi vida. El Barrio María Elena nació de la toma de tierras privadas, pero de forma inmediata buscamos la intervención del Estado para que intervenga y le compre la tierra a los privados. Así lo hizo. Pero para eso hicimos movilizaciones porque no hay una política de Estado para resolver el problema habitacional.(Prensa CCC)

El dirigente social y diputado aclara que en algunos casos, la propia CCC adquiere los terrenos con dinero “de la propia organización, hacemos las viviendas y se las vendemos a los compañeros en cuotas muy accesibles. En La Matanza hicimos dos barrios así. El último fueron 52 viviendas en terrenos adquiridos por sus miembros, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en la localidad de Virrey del Pino.

Casos similares de tomas y regularización forzosa de las tierras, estuvieron protagonizadas, por otras organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la CTEP aunque ellos lo nieguen. De hecho, uno de sus referentes, Juan Grabois, ya había advertido que la toma de tierras era un hecho inminente. También lo que viene detrás de las usurpaciones.

Fuente: Infobae.com

El Frente de Todos dará hoy el último paso y sacará dictamen para el proyecto de ley que establece el pago obligatorio, extraordinario y por única vez a quienes posean bienes por más de $ 200 millones con alícuotas que van de 2 a 3,5%. Juntos por el Cambio presentará su propio dictamen, de rechazo, con reclamos puntuales para ampliar la base tributaria con aquellos que evaden al fisco a través de depósitos en paraísos fiscales y también reclamará mayor austeridad estatal. Y en el interbloque Federal, donde habían apalabrado el apoyo al impuesto tras acordar algunos puntos de la iniciativa, mantienen las conversaciones con el kircherismo e pedirían volver a la versión anterior en la que no se incorporaba a residentes en el extranjero que posean bienes en territorio nacional. De las últimas modificaciones introducidas es la única que genera roces con algunos de los diputados que podrían ayudar al oficialismo a tener mayoría.

Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y autor junto con Máximo Kirchner del proyecto de ley titulado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” convocó a reunión para esta tarde a las 15. En la previa remitió a los diputados de todas las fuerzas políticas un último borrador con las modificaciones que anunció el lunes.

Hubo un cambio que sin embargo fue celebrado hasta por Juntos por el Cambio: la ley se aplicará sobre los bienes personales desde el momento en que entre en vigencia y no con fecha 31 de diciembre. Su retroactividad había sido ampliamente cuestionada y dejaba a la norma a un paso de la judicialización. Había sido uno de los cuestionamientos de varios bloques y el cambio lo elogió, a pesar de rechazar conceptualmente toda la ley, el diputado radical por Misiones Luis Pastori, uno de los encargados de seguir el tema por la oposición. Tanto él como Luciano Laspina del PRO y Alejandro Cacace de la UCR, advirtieron que la ley afectará a quienes podrían generar empleo y desalentarán la llegada de inversiones.

En su artículo 1°, el texto establece la creación “con carácter de emergencia y por única vez” del aporte “obligatorio” que recaerá sobre las personas con más de $ 200 millones “según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.

El artículo 2 detalla a quiénes alcanza el aporte: «Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior”; «aquellas personas humanas de nacionalidad Argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”; y “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior” que deberán tributar “por la totalidad de sus bienes en el país”. En este último caso quedan exentas aquellas personas cuyos bienes no excedan los $ 200.000.000, inclusive.

Al artículo se le agregó este texto: “Las personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte, que pertenezcan a los sujetos mencionados en el segundo párrafo del inciso a) o en el inciso b), ambos de este artículo, deberán actuar como responsables sustitutos del aporte, según las normas que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Lo dispuesto precedentemente incluye a las acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley General de Sociedades N º 19.550, T.O. en 1984 y sus modificaciones, que pertenezcan a los sujetos allí indicados”.

El responsable sustituto será el que consolide la totalidad de los bienes que pertenezcan a esos sujetos.

En el artículo 3° se indica que “la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trust, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.

Las alícuotas se establecen en una escala gradual que arranca en 2% y termina en 3,5%.

Por otra parte para los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación, se fija un 50% más para el cálculo del aporte, también gradual.

Para la repatriación se considerará un plazo de 60 días contados desde la entrada en vigencia de la ley, tanto para las tenencias de moneda extranjera en el exterior como los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo, un 30% del valor total de los bienes situados en el exterior. El Poder Ejecutivo podrá ampliar el plazo por otros 60 días. Una vez efectuada la repatriación, los fondos deberán permanecer, hasta el 31 de diciembre de 2021, depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular o podrán ser afectados, una vez efectuados ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Ejecutivo.

La ley, a pedido de distintos bloques y tras meses de conversaciones, fija el destino de la recaudación: 20% para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares y un 25% irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A. en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”. Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen.

El diputado Luciano Laspina

En caso de aprobarse tal como está redactada la ley faculta a la AFIP a dictar normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.

Por último, el kirchnerismo agregó una última modificación, al menos hasta el momento, tras advertir posibles cambios en los bienes desde que se anunció este proyecto: “Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los ciento ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquéllos se computen a los efectos de su determinación”.

Por su parte la principal oposición logró unificar su postura y presentará un dictamen propio, además de haber solicitado al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que la sesión en la que se discuta este tema tenga mayoría presencial y no remota.

El dictamen de minoría de Juntos por el Cambio se acordó para evitar una votación por el rechazo al impuesto a las grandes fortunas. Redactaron un extenso texto para justificar la postura y reclamar que también el Estado y los funcionarios hagan un “esfuerzo”.

Cuatro son los ejes del dictamen de radicales, macristas y de la Coalición Cívica. El primero es que “el esfuerzo debe empezar por casa” y se plantea que el sector público debe hacer un gesto en el marco de la pandemia. El segundo es que el tributo se superpone con un impuesto al patrimonio, Bienes Personales, y por lo tanto lo que se hace es crear otro “análogo”. El tercero es un reiterado reclamo porque el Aporte Solidario no se coparticipa. Otro era la inconstitucionalidad de la fecha de vigencia, lo que se cambió. Y finalmente y quizás lo central es el planteo de buscar una política tributaria que amplíe la base para no recargar con impuestos a los cumplidores sino apuntar a quienes evaden. Por ejemplo, señalan, se deberían activar acuerdos con distintos países para intercambiar información sobre cuentas y tenencias no declaradas.

Según un informe que envió la AFIP esta semana al Congreso, la recaudación estimada sería de $ 307.000 milones. El aporte, que la oposición reclama llamar “impuesto” por su carácter obligatorio, alcanzaría a 7438 personas aunque podrían sumarse otras 1860 que todavía no presentaron su declaración de bienes personales pero que el ente recaudador considera superan los $ 200 millones en bienes a partir del cálculo de actualización. Del total de personas que deberían pagar, 253 poseen bienes por más de $ 3.000 millones y son las que aportarían el 49,2% de la recaudación estimada.

Fuente: Infobae.com

Tal como había anticipado este jueves 24 de septiembre la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, el Gobierno Nacional prorrogó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. A través de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 767/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo, extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres. La norma prorroga hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago. Por otra parte, se extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad. Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país. Nueva Ley de Alquileres: cómo viven en pandemia inquilinos y propietarios   También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean «hipotecarias, judiciales o extrajudiciales». La norma además alcanza a los «lanzamientos ya ordenados» y que no se hubiesen llevado a cabo. Además, establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo. En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a «contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras». En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo. Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original. Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que «las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora».

Fuente: Perfil.com

Tras diez días de contratiempos en el mercado de cambios minorista, el Banco Central informó sobre la medianoche del jueves que los bancos ya tienen a su disposición una opción automática para cumplir con las nuevas normas para vender el cupo mensual de USD 200 de dólar “solidario”. De esta manera, el BCRA expresó que la venta de dólares a los particulares a través de homebanking debiera comenzar su normalización durante el viernes, luego de 7 días hábiles de feriado cambiario de hecho.

Por tal motivo, los bancos no necesitarán comprobar en la web de la Anses si aquel que quiere comprar dólares es beneficiario de un plan social. Ese chequeo será realizado a través de una web que el propio Banco Central pondrá a disposición de los entidades financieras y que cuenta con la información aportada por el organismo previsional.

La norma aclaratoria que el BCRA dio a conocer sobre la medianoche del jueves expresa que «a los fines de cumplimentar lo establecido en la Comunicación «A» 7105, ya no se requiere realizar la consulta en la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); para tal fin deberán utilizar el sistema on line habilitado por este Banco Central –referido en la Comunicación «B» 11944– que cuenta con la información provista por esa Administración».

Los bancos están ahora en condiciones de usar la opción automática para la venta de dólar ahorro a través de homebanking y cumplir con lo establecido por el BCRA la semana pasada: para comprar dólares hay que tener ingresos que no estén vinculados a ningún subsidio o beneficio del Estado, incluyendo a los de carácter alimentario, como la tarjeta Alimentar.

Los bancos están ahora en condiciones de usar la opción automática para la venta de dólar ahorro a través de homebanking y cumplir con lo establecido por el BCRA la semana pasada

Esto incluye a los 8,9 millones de argentinos que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un caso de particular preocupación para el Gobierno, que no quería que una ayuda social fundamentada en la emergencia de la pandemia se transforme en una vía para comprar dólares y “hacer puré”. Tal es el nombre que recibe en la jerga financiera comprar el dólar en el mercado legal y venderlo en el ilegal para hacer una diferencia.

La dificultad operativa que paralizó el mercado minorista residía en que la Anses aspiraba a que los bancos consultaran su web pública en forma manual para realizar cada una de las operaciones, tipeando el CUIT del interesado en comprar dólares y un código Captcha. La Comunicación A7105, modificada a pocos días de haber sido sancionada, especificaba que el control debía hacerse “en la página web de la Anses”.

En un comunicado, el lunes 21 la Anses informó que esa web se encontraba “activa” y que “en dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo.”

En el sistema financiero no faltaron suspicacias acerca de que el entredicho operativo entre ambos organismos públicos y los bancos tenía su origen en que el Gobierno vio una oportunidad para retrasar la demanda de dólar “solidario” por la vía de los hechos. Lo cierto es que el mercado del dólar minorista llegará a octubre normalizado.

Los bancos alegaron que hacer esa operación en forma manual era imposible, en particular para responder a las miles y miles de compras por vía electrónica que pueden producirse en un solo día, en particular a partir del próximo 1° de octubre, en que se renueva el cupo mensual.

Posteriormente, la Anses y el BCRA en conjunto anunciaron el martes 22 que crearían una vía para que el chequeo pudiera realizarse evitando la consulta manual evitando que la Anses entregue los datos de sus beneficiarios a los bancos en forma directa. Esa decisión se materializó con este nuevo esquema, que el BCRA confía en que entrará en funcionamiento de inmediato.

En el sistema financiero no faltaron suspicacias acerca de que el entredicho operativo entre ambos organismos públicos y los bancos tenía su origen en que el Gobierno vio una oportunidad para retrasar la demanda de dólar “solidario” por la vía de los hechos. Lo cierto es que el mercado del dólar minorista llegará a octubre normalizado. Y el único obstáculo para los compradores de los USD 200 será su precio. Al valor oficial de $79,75 se agregará un 30% del impuesto PAIS y otro 35% de una retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Eso implica que los argentinos que desoigan al Gobierno y quieran ahorrar en dólares deban pagar un precio de $132.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó esta mañana que la ocupación de camas de terapia en la ciudad de Buenos Aires bajó al 50 por ciento debido a los contagios por el coronavirus. «El descenso del sistema de las camas de terapia intensiva ha sido más intenso que el descenso de la propia curva de contagios», explicó Quirós en conferencia de prensa. «En este momento la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva es del 50 por ciento mientras que las camas de internación intermedia la ocupación está entre 30 y 40 por ciento», agregó el funcionario porteño. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, dio positivo de coronavirus Quirós brindó esta mañana los detalles del avance de la pandemia en la Ciudad, que por séptimo día consecutivo mantuvo por debajo de mil los casos de contagios diarios. El la últimas 24 horas las autoridades porteñas reportaron 976 nuevos casos, elevando 121278 los infectados desde el inicio de la pandemia. En tanto, se reportaron 25 nuevas muertes, llevando a 3212 los fallecimientos en la Ciudad a causa del coronavirus.

Fuente: Perfil.com

La Cámara de Diputados sesionó de manera remota durante doce horas y 45 minutos. Sin embargo, todo giró alrededor del escándalo que protagonizó el salteño Juan Ameri, quien posteriormente recibió una serie de mensajes que le mostraron cuál era el único camino posible a seguir: debía renunciar.

Cerca de las seis de la tarde, el propio presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, fue quien advirtió en las pantallas la imagen escandalosa del ahora ex legislador salteño junto a su mujer. Cuando pidió aplicar el artículo 188 del reglamento, que habilita la suspensión de un diputado, todavía muchos de sus pares no habían visto el polémico video.

En consecuencia, Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, se comunicó con Ameri para informarle la decisión de penalizarlo que acababan de tomar Massa, Máximo Kirchner como presidente del bloque, ella misma como vice y Cristina Álvarez Rodríguez como secretaria. También le advirtió que antes del fin de la sesión se firmaría la resolución para constituir la comisión de cinco legisladores que analizarían su cuestionado comportamiento y que podría derivar en su expulsión. Finalmente, no hizo falta, porque los legisladores, muchos de los cuales definieron el suceso como “bochornoso” a la hora de los discursos, aceptaron su dimisión.

El presidente de la Nación ya estaba enterado cuando llamó a Massa por otro motivo. Lo supo como rápidamente lo supieron cientos de miles de argentinos, tras la viralización de las imágenes.

Después de que se votara la suspensión sin goce de haberes el diputado Ameri ensayó un pedido de disculpas y se justificó en una entrevista radial. Dijo que creyó que se había caído internet, que no sabía que estaba a la vista de todos, que con su pareja estaban angustiados, que no podía tomar una decisión todavía y que solo le besó una teta a su mujer.

Con 224 votos positivos, 1 negativo y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Ameri.

El efecto negativo de la escena que el diputado minimizó se derramó rápidamente sobre todo el cuerpo legislativo y principalmente sobre el Frente de Todos, fuerza de la que es parte el ahora ex legislador nacional, un porteño mudado a Salta siete años atrás. “Ojalá renuncie”, dijo a Infobae alguien cercano a Máximo Kirchner mientras desde el oficialismo empezaba un operativo ‘presión’.

Ameri asumió en el Congreso en diciembre pasado cuando el kirchnerista Sergio ‘el Oso’ Leavy renunció a su banca para asumir como senador nacional. Ayer a la tarde fue Leavy uno de los que expresó su malestar y repudio “a la reprochable actitud” del diputado que “ofendió el trabajo legislativo”.

También apuró un pedido de renuncia el partido IgualAR, que lideran radicales del Frente de Todos como Leopoldo Moreau y su hija Carmela Moreau. Desde ese sector, Lucas Godoy emitió un duro comunicado. «Ameri cometió un acto que es una vergüenza y una falta de respeto absoluta, tanto al Congreso de la Nación como a la sociedad argentina”, remarcó y anunció que el legislador había sido separado del Frente de Todos Salta. Además, reclamó que diera un paso al costado: “Creo que debe presentar su renuncia, en forma inmediata”. Y Carmela Moreau hizo replicar rápidamente el pedido de Godoy.

Por su parte, Máximo Kirchner puso a su equipo a trabajar para frenar el impacto. Hubo una contundente gacetilla de prensa para apoyar públicamente el trabajo de la comisión que iba a determinar «la sanción definitiva del diputado en el menor tiempo posible”. “No podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos”, concluyó el frente oficialista.

A las 20, los distintos bloques completaron la lista de diputados y diputadas que dictaminarían sobre la inconducta de Ameri: Moreau y Álvarez Rodríguez por el Frente de Todos; Miguel Ángel Bazze y Silvia Lospennato por Juntos por el Cambio y Graciela Camaño por el interbloque Federal. Cuatro mujeres y un varón.

En tanto, Massa mandó un mensaje a Salta por televisión. Dio una entrevista a Animales Sueltos y dijo: “Yo no puedo permitir, de ninguna manera, que haya un tipo que siga manchando la institución Congreso con un video que se viraliza y que todos sabemos que lo único que hace es seguir destruyendo la credibilidad. La gente se enoja con razón frente a estas cosas”. Pero también pasó un aviso a otros diputados que protagonizaron hechos menores aunque llamativos. “El momento de la sesión o la comisión no es ni para poner un cartel, ni para cambiarse, ni para estar tomando un whisky, ni para estar en la cama tapados”, alertó sobre algunas situaciones. La última fue esta semana, cuando se vio en un zoom a Luciano Laspina con el torso desnudo mientras se cambiaba de ropa.

Aproximadamente a las 23.40, otra vez Massa y Máximo Kirchner se retiraron detrás de la presidencia del recinto. Una diputada llamó al salteño y puso el altavoz. Ya impacientes, Massa y Kirchner hablaron para que los oyera el diputado que todavía se resistía a dar un paso al costado. “Hermano, o mandás la renuncia o te echamos esta noche”, alzó la voz uno de los dos, en lo que resultó el mensaje determinante para que presentara su renuncia.

Massa volvió al recinto para el debate por el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Después de la votación, le dio la palabra a Carlos Heller para anunciar el siguiente tema a debatir mientras miraba su celular. Lo interrumpió sin dejarlo terminar. Pidió un breve cuarto intermedio, sin dejar las bancas e invitó a los jefes de todos los bloques a acompañarlo detrás de la presidencia. En privado les mostró que acababa de recibir un mail con firma digital con el pedido de disculpas y la carta de renuncia de Ameri. Ya eran las 0.35.

La carta de renuncia de Ameri, sobre el escritorio del presidente de Diputados, Sergio Massa.

La aceptación de la renuncia se demoró. En Juntos por el Cambio arrancó un debate interno porque, en lugar de aceptarla, algunos reclamaron seguir con el trámite y echarlo del Congreso. Lo explicitó en el recinto Fernando Iglesias: “No queremos enjuagues ni renuncias. Corresponde que se reúna la comisión y que lo expulsen”. Más tarde lo anunció Lospennato que pidió “decoro” y sentar un precedente con la comisión respectiva “como una señal de que esta cámara no va a aceptar estas inconductas”.

El kirchnerismo en cambio ya tenía definido que anoche mismo debía cerrarse el tema y no dilatar una sanción. “Por supuesto tenemos que ir por la renuncia de algún integrante de este cuerpo, pero también tenemos que ir por la reivindicación de la política”, recalcó Claudia Bernazza, diputada nacional encolumnada con el Instituto Patria de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que puso de ejemplo a la joven diputada Daniela Vilar y a los militantes de organizaciones y asociaciones que habían visto desde los palcos el debate por Escazú.

Después de la sanción de esa ley, a las 3.10, Massa leyó la constitución de la comisión que evaluaría el caso Ameri y la renuncia enviada por mail.

El momento que desató el escándalo se dio mientras el diputado Carlos Heller introducía el tema a debatir.

Camaño dijo: “Es el escándalo más bochornoso que me ha tocado vivir y coincido con la diputada Lospennato que no podemos solo aceptar una renuncia”. Reivindicó la rápida reacción de Massa, recordó que en las mismas bancas se sentó una larga lista de históricos diputados nacionales como Bernardo de Yrigoyen o Luis Sáenz Peña y aseguró que lo que “haga un diputado forma un prejuicio que tenemos que aceptar y corregir”. Por su lado, el radical Mario Negri admitió que no fue fácil la decisión, coincidió en aceptar la renuncia y también pidió que la comisión emita una contundente declaración “de cara a la sociedad para que no quede la sensación de que alivianamos la carga, sino que resolvemos rápidamente un problema de inconducta de un colega dentro del recinto”.

A las 3.38 se completó la votación. El secretario parlamentario leyó: 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones. “Ha sido aceptada la renuncia, el diputado acaba de dejar de pertenecer a este cuerpo”, se oyó satisfecho, por fin, a Massa.

Fuente: Infobae.com

Bajo el lema “Una luz por la República”, diversas agrupaciones de abogados de Buenos Aires convocaron a una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 19 frente al Palacio de Tribunales, cuyo ingreso principal está ubicado en Talcahuano al 500.

La manifestación surge en defensa de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados de tribunales federales luego de haber investigado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a ex funcionarios en casos de corrupción.

“Nos reunimos en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para expresar nuestro compromiso con el estado de derecho. Frente a la embestida del oscurantismo autoritario, iluminemos el camino de la Constitución”, señaló el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, en un video donde expresó su adhesión.

La convocatoria virtual, que se difundió con los hashtags #23SUnaLuzPorLaRepublica, #23STodosATribunales #23SImpunidadORepublica, llama a “iluminar” con velas, linternas o la luz de los celulares y se extiende a “todos los palacios de Tribunales del país”.

A la movilización adhieren referentes de agrupaciones judiciales y de abogados cercanos a la oposición de Juntos por el Cambio, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Máximo Fonrouge, y la ONG Será Justicia, entre otras.

Las miradas de los manifestantes apuntarán al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Allí tienen sus despachos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que el próximo martes se abocarán a discutir los reclamos interpuestos por los magistrados eyectados de sus cargos. Recientemente, Castelli dijo que confiaba en el máximo tribunal pero lamentó que se hubiera tomado tanto tiempo para resolver el tema. “Está cometiendo un error de cálculo y eso afecta la institucionalidad”, planteó.

Memoriosos del Poder Judicial dicen que la Corte no se encontraba ante semejante exposición política desde mayo de 2017, cuando dictó un fallo en el que avaló la aplicación del 2×1 para el cómputo de la pena de los represores. La decisión provocó una importante movilización con críticas a los jueces que firmaron aquella sentencia: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz. Y un hecho político con pocos antecedentes en la historia reciente: el Congreso olvidó la grieta para aprobar casi por unanimidad cambios a la ley sobre la cual se sostenían los argumentos de los magistrados.

Hoy el tiempo político es otro y la discusión es más compleja. Bertuzzi, Bruglia y Castelli presentaron recursos que buscan retrotraer sus desplazamientos. Con mayor o menor grado de participación, todos participaron en investigaciones contra Cristina Kirchner, presidenta del Senado y mentora de la jugada que luego fue rubricada por un decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, lo que demuestra que en este tema pareciera no haber diferencias en la cúpula del poder político.

Bruglia y Bertuzzi (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K. En especial, hay una decisión de ellos que irrita a CFK: ratificaron el procesamiento dispuesto por el fallecido juez Claudio Bonadio en el caso por los cuadernos de la corrupción. Castelli (TOF 7) es uno de los jueces que debería entender en el juicio oral y público.

Llegaron a esos cargos por una decisión de Mauricio Macri. El oficialismo dice que sus nombramientos fueron irregulares porque no habían sido avalados por el Senado y utilizó ese argumento para avanzar con sus desplazamientos. Bertuzzi debe volver al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

La discusión técnica -y política- en el seno de la Corte gira en torno a una acordada del propio tribunal firmada en abril de 2018 por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Rosatti que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación confirme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”.

Para una persona ajena a los pasillos de los tribunales, la resolución del conflicto ahora sería simple: son los mismos ministros que hace dos años avalaron el traslado de los jueces y no hubo hechos nuevos que podrían modificar la discusión. No hay mucho margen para una interpretación diferente: 1+1 = 2. Pero la Justicia en la Argentina no siempre opera con las mismas reglas que la matemática -mucho menos cuando hay un cambio de gobierno de por medio- y quizás una cuenta que ayer daba un resultado ahora arroje otro.

La convocatoria virtual es impulsada con el hashtag #23SUnaLuzPorLaRepublica.

Fuente: Infobae.com

Héctor Daer almorzó con Alberto Fernández el viernes. El sindicalista más cercano al Presidente le repitió en una Casa Rosada casi vacía lo que le había dicho semanas atrás: “Danos un día y demostramos lo que es tener la calle”. En este encuentro el jefe de Estado le explicó que no podían actuar con “la misma irresponsabilidad” con la que la oposición llama a marchar mientras avanza el coronavirus y lo autorizó a que organice un acto por el Día de la Lealtad, pero que sea federal y de manera virtual. El peronismo no puede copar la calle el 17 de octubre, tal como acostumbra. Tampoco lo podrá hacer el 27 de ese mes, día que se cumple un año del triunfo en las elecciones presidenciales y un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. La pregunta que se hacen hoy en el oficialismo es cuándo podrán volver a salir. Pero el día de la lealtad no pasará desapercibido. La idea no es marchar pero sí hacer un gran evento a lo largo de todo el país. Se evalúa que, a través de una videoconferencia, se pueda mostrar dirigentes en fábricas, unidades básicas y obras recuperadas. No puede haber movilización y se tiene que mantener la distancia social. Por ahora, se está armando la lista de oradores.  “Acá hay algo seguro y es que cuando salgamos a la calle sí tiene que ser para un acto encabezado por Alberto y Cristina y sin distancia social. No existe la manera de garantizar distancia social con los miles de compañeros que están esperando para salir, por lo que hoy pensar en una fecha es imposible”, explica un dirigente kirchnerista. La cuarentena va a octubre y devolvió alguna sonrisa entre Fernández, Larreta y Kicillof El último 17 de octubre, el peronismo lo celebró en La Pampa. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había sacado más de 16 por ciento de ventaja a la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por lo que fue sencillo convocar a todos los gobernadores que un año atrás era impensado juntar. Esta vez, Daer habló de una “amplia convocatoria” pero deberá ser por streaming, según lo acordado con el Presidente. “Sería a través del desarrollo tecnológico para estar en todos los rincones de la Patria», dijo el secretario general de Sindicato de Trabajadores de la Sanidad. ¿Podrán salir a la calle el diez de diciembre para celebrar un año de mandato? “Para esa fecha esperemos que ya no estemos contando los casos diarios de infectados, pero todo va a depender de si tenemos vacuna o no”, admiten en el Gobierno. Por ahora, la calle es de la oposición, pero en el oficialismo están lejos de darla por pérdida. “Cuando podamos salir vamos a volver a demostrar lo que es tener la calle”, insisten. Horas después de la protesta opositora del 17 de agosto, en uno de los almuerzos de los martes en la Quinta de Olivos, el Presidente le advirtió a los comensales que se acostumbren a ver marchas cada 40 días. Escuchaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. CGT+piqueteros: el peronismo profundo quiere recuperar la calle Kirchner repite a los propios que “no hay que ponerse nerviosos por las movilizaciones y hay que responder con trabajo”. El diputado suele explicar además que “en nuestras movilizaciones cuando éramos oposición defendíamos derechos o había reivindicaciones de políticas de la gestión, ahora no se reclama ninguna reivindicación del macrismo y es la queja por la queja”. El oficialismo celebra que las caras de las marchas opositoras sean Patricia Bullrich y Mauricio Macri, dirigentes que tienen los peores números dentro de Juntos por el Cambio. “Encontraron la mera de generar un clima social de crisis pero no acumulan electorado, son los mismos que salieron a tratar de dar vuelta la elección después de las internas”, dicen cerca de Fernández mientras admiten que están lejos de poder demostrar el poder de movilización que el peronismo suele demostrar.

Fuente: Perfil.com