La semana pasada -en un almuerzo del que participaron políticos, empresarios y diplomáticos- un conocido banquero preguntó : “¿Qué pasaría si las tomas de tierras se siguen multiplicando a lo largo y a lo ancho del país?, ¿intervendría la Corte Suprema?” Un legislador oficialista, con años de experiencia, respondió de manera categórica: “Hoy la Corte Suprema de Justicia está anestesiada, no está en condiciones de resolver nada importante”.
De inmediato un senador de la oposición agregó : “Nosotros llamamos todas las semanas para que se ocupen del dinero que el gobierno nacional le birló a la Ciudad de Buenos Aires y nos dicen que no logran conseguir tres votos concordantes para ninguna cuestión”.
Los memoriosos de la historia del máximo tribunal de la Argentina no recuerdan un momento parecido al actual. Siempre hubo un líder que lograba ordenar las posiciones. Eso hoy no existe. Desde que Carlos Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, en octubre del 2018, intentó cambiar el estilo de liderazgo de su antecesor : “Yo no soy Lorenzetti -aclara Rosenkrantz a quien quiera escucharlo-, yo no recibo a los jueces, no hablo con políticos, ni soy el jefe del tribunal: yo tengo un voto… no me encargo de formar mayorías”. Y la realidad parece darle la razón. No son pocos los magistrados que en estos dos años intentaron hablar con él y recibieron como respuesta de alguno de sus colaboradores: “Dice el doctor que le explique en un correo electrónico el motivo de la consulta».
Los que recorren a diario el cuarto piso del Palacio de Justicia simplifican las diferencias de la siguiente manera: Juan Carlos Maqueda y Elena Highton son viejos amigos del presidente Alberto Fernández y sienten que lo estarían traicionando si reponen en sus cargos a los tres jueces que la vicepresidenta de la Nación quiere expulsar. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votarían por el regreso de los tres, aunque por distintos motivos. Y Horacio Rosatti, que llegó a la Corte por un pedido de Elisa Carrió a Mauricio Macri, modifica su decisión permanentemente. El último cambio ocurrió luego de un sorpresivo diálogo entre el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero, con Silvio Robles, una especie de alter ego, operador o “influencer” de Rosatti, y en otro tiempo estrecho colaborador de Felisa Miceli, la ex ministra de Economía condenada por corrupción. Lorenzetti ya marcó diferencias serias. Y fue explícito con Rosatti: “Yo no voy a rifar mi ética por vos y tus operadores”.
No son pocos los juristas que intentan explicar lo difícil que será para el máximo tribunal tomar una decisión justa. “Si convalidan la posición del kirchnerismo y expulsan a los jueces, el repudio social a la Corte puede llegar a ser ensordecedor -afirma off the record un prestigioso constitucionalista-; si convalidan los traslados le están dando al gobierno de los Fernández la posibilidad de hacer 220 traslados de jueces con lo que ello implica: nombran por concurso un juez en Río Gallegos y luego lo sientan en el juzgado que manejaba Claudio Bonadio”.
Algunos piensan en una solución intermedia: terminar para siempre con la facultad del Ejecutivo de trasladar magistrados y reponer al trio desplazado en sus juzgados, llamando a un nuevo concurso por esas vacantes permitiendo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli participar del mismo.
Claro que, para tomar una decisión, la Corte Suprema deberá primero despertarse.
Tras el envío de los proyectos de ley destinados a promover un blanqueo tributario que genere el ingreso formal de divisas a la construcción, especialistas y agentes económicos consideran que para el éxito del mismo será crucial lograr la ansiada “tranquilidad” de la economía local, que permita trazar un horizonte de estabilidad cambiaria y monetaria y una proyección de crecimiento. Fuentes del equipo económico se mostraron entusiasmados con el lanzamiento de estos proyectos, considerando que los mismos podrían canalizar inversiones por un monto superior a los 3.000 millones de dólares destinados a distintas iniciativas en la actividad de la construcción, aunque los analistas ponen en duda que se consiga realmente esa cifra en exteriorización de activos. El blanqueo fiscal realizado en el año 2009 obtuvo 4.300 millones de dólares, en el efectuado en 2013 llegó a 900 millones y en el 2016 unos 117 mil millones. Uno de los proyectos contiene incentivos tributarios para aquellos que canalicen sus ahorros en inversiones destinadas a la construcción. Serán eximidos del pago del Impuesto sobre Bienes Personales durante dos años y obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso. Se propone diferimiento y ajuste al Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre Transferencia de Inmuebles. A quienes declaren voluntariamente la tenencia de moneda nacional o extranjera y la destinen a la construcción, se les cobrará un único tributo con alícuota creciente en el tiempo y se les concederá un blanqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre esos fondos. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos El segundo proyecto de ley busca atender el déficit habitacional, facilitando el acceso al crédito hipotecario y protegiendo a los propietarios e inversores ante descalces entre salarios e inflación, con la creación de una Sociedad Hipotecaria. Para el tributarista Iván Sasovsky “hay que generar condiciones de estabilidad y reglas claras”. “Es importante que haya iniciativas para promover la inversión. Ahora si luego el Estado va a responder con más impuestos sobre los que blanquearon, como ocurrió este año con los contribuyentes que ingresaron al plan de 2016, o se aplica el impuesto a la riqueza o el aumento en Bienes Personales, lo que se observa es una gran contradicción”. Por su parte, el también tributarista César Litvin enfatizó que “el objetivo de los proyectos es muy bueno, pero se choca con otras iniciativas que son controvertidas, como el impuesto a la Riqueza, lo que lleva a que para que tenga éxito hay que mantener reglas claras”. Privados. La Cámara Argentina de la Construcción consideró como “histórico” que se hayan enviado al Congreso dos proyectos de ley que tienen como objetivo impulsar a este sector y consideró que “dará la oportunidad a miles de argentinos de volver al trabajo y de acceder a una vivienda a través del incentivo a la inversión privada”. En una sintonía similar, el desarrollador Miguel Di Maggio, director de Depa, señaló que “el éxito de este tipo de medidas depende, en última instancia, de su implementación en el contexto de un plan económico sólido que ofrezca previsibilidad al inversor por parte de un gobierno que genere credibilidad. Esto último hace que no pueda aseverar que se tratará de una medida exitosa”, agregó el ejecutivo. Luis Guido, director de la desarrolladora Grid, enfatizó que “entendemos que la posibilidad del blanqueo de capitales a través de la industria de la construcción, en particular para las obras en pozo, sería una medida muy productiva para el sector, que lo movilizaría mucho”.
La justicia dio su ultimátum y antes del 30 de octubre la toma de 100 hectáreas de Guernica deben estar desalojadas. Para eso, Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, ya tiene preparado el mayor operativo policial que se recuerde para un “lanzamiento”. Son unos cuatro mil efectivos que ya están designados. El juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas supervisará las acciones. Esto sucederá si finalmente los funcionarios de Axel Kicillof no logran que las familias que quedan en el predio lo hagan de forma voluntaria, un hecho muy poco probable ya que anoche las asambleas que se realizaron en los barrios 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha, rechazaron la nueva propuesta, que por escrito, les realizó el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.
La situación volvió a tensarse.
El Polo Obrero, con el dirigente Eduardo Billiboni a la cabeza, anunció que respalda la decisión tomada por las familias que quedan en el lugar de “resistir” el desalojo. Lo mismo sucede con las organizaciones sociales que conforman la toma, como el FOL, Libres del Sur y la Corriente Darío Santillán, entre otras.
En los últimos diez días, como adelantó Infobae, al predio ingresaron cientos de familias que no estaban en el asentamiento. Según el último relevamiento realizado por una comisión mixta de vecinos, organizaciones, organismos de Derechos Humanos (CELS y SERPAJ) y funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y difundido por el Centro de Estudios legales y Sociales y el Servicio de Paz y Justicia, en la usurpación hay 1400 familias, compuestas por un total de 4417 personas.
En ese mismo informe se le sugiere a las autoridades bonaerenses “la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de Gestión Participativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional”.
“El Polo Obrero lo único que hace es poner palos en la rueda bloquear cada posibilidad de acuerdo que presentamos”, le dijo el ministro de Kicillof a este medio.
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Según el cruce que los funcionarios realizaron entre ambos relevamientos, a las familias originales de la toma se sumaron otras 650. “Reconocemos el grado de vulnerabilidad y necesidad de estas personas que se sumaron a la toma, pero a ellas no las vamos a tener en cuenta para la distribución de los terrenos que ya ubicamos para las 647 familias que sí acordaron retirarse de manera pacifica y voluntaria del lugar. A estos los vamos a poner una lista aparte y seguramente serán beneficiados, con parte de los 3.000 terrenos que le corresponden a Presidente Perón del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Habitat”, explicaron desde el ministerio que lidera Larroque.
Esa posición es rechazada enfáticamente por el Polo Obrero que, hoy por hoy, parece liderar la toma, aunque Belliboni lo niegue y asegure que esa corriente política solo “apoya” las decisiones que surgen de las asambleas barriales.
“El gobierno ha mentido a sabiendas sobre la cantidad de familias que hay en Guernica para justificar la represión que prepara Sergio Berni con un ejército de 4.000 milicos de la ‘maldita policía bonaerense’ y para demonizar a las organizaciones que apoyamos a los vecinos. Mientras Larroque habla de diálogo, Berni prepara el desalojo violento como ya lo viene haciendo en todas las ocupaciones que protagonizan masas de trabajadores desesperados porque no pueden pagar el alquiler y no aguantan más la situación en la que sobreviven”, sostuvieron desde el Polo Obrero en un comunicado difundido en las últimas horas.
Los extremos que se vivieron las últimas 72 horas entre las familias que componen la toma, las organizaciones y partidos de izquierda y los funcionarios de Kicillof quedó plasmado en una multiplicidad de actitudes dispares. Mientras se realizaba el relevamiento y Larroque elaboraba las propuesta final, el Polo Obrero difundía un vídeo en el que su principal dirigente aseguraba: “No nos vamos a ir, queremos tierra, tierra para vivir”.
Lo hacía 24 horas después que el gobierno de Kicillof llevó alimentos, pañales, colchones y otros suministros para asistir a las familias que habían perdido sus pocas pertenencias por la lluvia y el viento de los últimos días.
El desalojo ordenado por la justicia se vence el 30 de octubre próximo
“Las asambleas que se realizaron este sábado fueron masivas y dieron un rotundo resultado: rechazaron el ultimátum que fue presentado como propuesta y que no contempla ninguna propuesta de tierra concreta para los vecinos. En cambio, las y los vecinos han aprobado y llevaran al gobierno una nueva contra-propuesta”, sostienen los delegados y delegadas de la toma en el último comunicado.
Esa contra oferta no es nueva, ya le fue presentada al propio Kicillof y a Larroque en la mesa del diálogo, y no fue tenida en cuenta, y tampoco lo harán ahora. Se trata de un proyecto de urbanización basado fundamentalmente en la ley 14.449, que establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ceder el 10% de cada emprendimiento para la construcción de viviendas populares.
“La nueva propuesta parte del principio discutido por los vecinos de tierra por tierra, lo que muestra la voluntad de diálogo de los y las vecinas y a la vez la firmeza de conquistar la tierra para vivir. Esta nueva propuesta consiste en la entrega de 30 hectáreas, 1.400 lotes, muchísimo menos que lo que deberían ceder los 17 countries que se asientan en Guernica, a los vecinos del asentamiento, en el lugar dentro del distrito que determine el Estado, con planes de pago de esa tierra en cuotas que no superen el 10% del salario mínimo vital y móvil, a tasa 0% financiada por los bancos estatales”, expuso Billiboni a Infobae.
El sábado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad ofreció 650 terrenos y albergues transitorios por seis meses hasta que la solución habitacional definitiva
La propuesta elaborada por escrita del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y rechazada consta de nueve puntos. Los más importantes son:
-«A partir del 25 de octubre de 2020 el funcionamiento de espacios receptores para el alojamiento temporal de las personas que habitan el predio de Guernica, cuyo desalojo es objeto de la IPP. 06-02-2138-20. A tal efecto, se ponen a disposición dispositivos de transición abiertos con una dimensión total aproximada de 6 hectáreas y media situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan 2 dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad. En los espacios receptores para alojamiento temporal se garantizarán servicios sanitarios así como provisión de agua potable y de alimentos».
“El dispositivo interministerial, aportará en un plazo no mayor a los 6 meses, como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Habitat, 650 lotes en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que, informe socio ambiental mediante, evidencien problemas habitacionales estructurales. Se aclara que estos terrenos serán destinados a los grupos familiares de las características aludidas que según el último relevamiento territorial habitan actualmente la toma y fueron incorporados al censo realizado los días 18 y 19 de septiembre”. Es decir que quedan afuera las nuevas 650 familias que ingresaron los últimos días.
-«El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aportará subsidios habitacionales para los grupos familiares que, informe socio ambiental mediante, evidencien problemas de vivienda que puedan solucionarse a través de estas herramientas» y “se garantiza colaboración con el traslado de materiales y objetos personales de las personas de la toma hacia el lugar de transición y, posteriormente, hasta la vivienda definitiva”.
“Es el máximo esfuerzo que desde la provincia podemos hacer”, sostienen desde el gobierno de Kicillof y agregan: “El pronto rechazo a esta propuesta formal y por escrito es una muestra más del ánimo de confrontación, sobre todo del Polo Obrero y de otras organizaciones que manejan la toma para hacer política y sin pensar en las necesidades de las familias”.
Así las cosas, el tiempo se agota y el día del desalojo forzado se acerca.
En la Argentina el bipartidismo se ha consolidado bajo el titulo informal de “la grieta”. Una división que deja a un lado y al otro al peronismo y al antiperonismo. Al radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica, y a los que en el nombre de Juan Perón y Eva Duarte ocupan la vereda de enfrente. Pero existen grises. A veces difusos. A veces casi transparentes. Pero reales. Están en la paleta de colores de la política nacional.
Es justamente en ese centro donde quedaron parados un puñado importante de dirigentes después de las últimas dos elecciones. Algunos intentando sostener una pequeña estructura partidaria. Otros haciendo valer, frente a todos los condicionamientos de la rosca, su voluntad por sobre la conveniencia electoral. En ese centro están escritos los nombres de cuatro políticos de relevancia actual y pasada. Por lo que hicieron, por la influencia en este tiempo o porque los dos frentes mayoritarios los quieren en sus filas.
Juan Manuel Urtubey, Margarita Stolbizer, Roberto Lavagna y Miguel Lifschitz son el fiel ejemplo de aquellos políticos que eligieron un camino diferente al de la mayoría. Impulsaron ofertas electorales con resultados magros pero generaron representaciones parlamentarias que se consolidaron como el punto de equilibrio entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En los últimos comicios jugaron todos juntos pero en la actualidad los caminos son distintos. No ganar las elecciones es una derrota a medias. No se llega al primer premio pero se impide que los dueños del podio concentren el poder absoluto.
Juan Manuel Urtubey durante su última experiencia electoral (Adrián Escandar)
¿Dónde están esos dirigentes en la actualidad? ¿Qué hacen? ¿Qué proyectan? Recibieron votos a lo largo de los últimos 6 años. Y todos son codiciados por los dos espacios mayoritarios. En ambas veredas hay quienes les restan importancia, pero después los buscan para sumarlos o padecen, en las negociaciones parlamentarias, la negociación tripartita en vez del mano a mano o la definición unilateral por mayoría propia.
En el 2019 Juan Manuel Urtubey puso todas las fichas que tenía en el bolsillo en el número 1 de la ruleta. Quería ser presidente de la Nación. Pero también quería ser el impulsor de un peronismo sin Cristina Kirchner. Un peronismo que supere la conducción del kirchnerismo y la figura omnipresente de la actual Vicepresidenta. Fue uno de los creadores de una fuerza que se llamó Alternativa Federal, donde se juntaron 10 gobernadores, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el ex senador Miguel Pichetto.
El final de aquel intento de peronismo sin Cristina es conocido.La fuerza duró menos de un año y se desintegró.La mayoría terminó detrás de la dupla Fernández-Kirchner y Pichetto fue el compañero de fórmula de Mauricio Macri. El ex gobernador de Salta hizo un acuerdo de urgencia con Roberto Lavagna y presentaron una fórmula que sacó el 8% de los votos. La polarización los estrujó.
La líder del GEN, Margarita Stolbizer, ensaya un acercamiento a Juntos por el Cambio (Gustavo Gavotti)
Urtubey lleva un año sin hablar públicamente. Pasó tres meses en España junto a su familia. Dio clases en la Universidad de Loyola Andalucía, comenzó un máster en administración de negocios, se volcó a estudiar análisis financiero y se dedicó, durante la pandemia, a dar clases sobre administración pública en la Universidad Católica y en la Austral.
El año al costado de la política llevó al ex mandatario salteño a entender que un conjunto de dirigentes puede generar un espacio en el medio de los dos grandes polos nacionales, pero si no hay una demanda voluminosa de la sociedad, cualquier estructura política se desmorona. Para él, la mayoría de los argentinos se siente más cómoda en la dialéctica de la confrontación. Y esa, por ahora, es una lucha perdida. Sin embargo, asume que en los próximos años puede cambiar y quiere trabajar en consecuencia.
En el 2019 Macri le ofreció ser candidato a vicepresidente. Dijo que no. El Frente de Todos le hizo llegar una propuesta para sumarse y ser candidato a senador. Tampoco aceptó. En los borradores del plan renovador que hay en Juntos por el Cambio su nombre está en carpeta. Incluso, ha habido contactos para sumarlo a partir del próximo año, cuando el espacio, de cara a los comicios de medio término, renueve su nombre y ensaye un cambio de identidad acelerado.
Roberto Lavagna fue candidato a presidente en las últimas elecciones nacionales (Adrián Escandar)
Urtubey no tiene intenciones de sumarse al mayor espacio opositor del país. Entiende que la lógica del macrismo y del kirchnerismo es negar la existencia de cualquier otro esquema que no sea el que ellos representan. Siente que si se mete en uno de esos dos bloques, lo que está haciendo es destruir su discurso de los últimos años. Si se suma, contribuye a la concentración opositora y, en consecuencia, al bipartidismo.
“El problema de la Argentina es que mientras exista ese nivel de poder de Macri y Cambiemos, va a existir, con ese mismo nivel de poder, Cristina y el Frente de Todos”, reflexionó en los últimos días durante una reunión virtual con dirigentes cercanos. En definitiva, sumarse a Juntos por el Cambio, aunque sea con una fachada nueva, sería aportar un grano de arena más a la lógica de una construcción híper polarizada.
Su idea es la misma que la que explicó públicamente en los últimos años: caminar por el medio. Asume que el año que viene no será el momento de volver a empujar por el camino central, pero está convencido que al 2023 los polos políticos del país llegarán desgastados. ¿El motivo? Cree que ya se demostró que el peronismo con Alberto Fernández es una versión aggiornada del kirchnerismo, y que Macri, quien no ha mostrado una verdadera autocrítica, seguirá siendo un diseñador importante del pensamiento de Juntos por el Cambio.
El ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz (Nicolás Stulberg)
Su concepción de construir un espacio de centro derecha es similar a la que tiene el tridente Monzó-Frigerio-Massot. Que hoy arman dentro de Juntos por el Cambio pero su futuro es incierto. Construyen. Si no los dejan jugar adentro, lo harán por afuera. La línea telefónica está abierta y hubo comunicaciones durante todo el año entre ambas partes. Para Urtubey la mira está puesta en un horizonte que sobrepasa el 2021. En Salta eligen diputados y el ex gobernador no tiene intenciones de ingresar al Congreso, pero está interesado en un armado antigrieta.
Margarita Stolbizer es otra de las dirigentes que sufrió las consecuencias de la polarización. Su experiencia electoral junto a Lavagna durante el 2019 no terminó bien. No solo por el resultado, sino porque el ex ministro de Economía impuso a Graciela Camaño como primer candidata a diputada nacional en detrimento de la líder del GEN. Priorizó una figura del peronismo por sobre una que representaba la centro izquierda. Esa movida hizo estallar la relación entre ambos.
El último fin de semana el GEN tuvo su congreso nacional. En el intercambio remoto todos coincidieron en que la ancha avenida del medio está más angosta que nunca. Por lo que alimentar la polarización es ganancia para los dos espacios grandes. Sin embargo, también se planteó la necesidad de sobrevivir a la presión de la polarización y actuar en consecuencia, aplicando una dosis de pragmatismo.
En el final de la campaña de 2019 Margarita Stolbizer se había corrido del espacio político (Adrián Escandar)
Frente a un peronismo unido, y sin posibilidades – por cuestiones ideológicas – de formar parte de un mismo esquema con el kirchnerismo, en el GEN evalúan un acercamiento a Juntos por el Cambio. En el bloque opositor el nombre de Stolbizer también está entre los apuntados. Hay un interés mutuo de acercar posiciones pero hay condiciones que aún no están resueltas.
En el espacio de Stolbizer ven la necesitad de tener representación parlamentaria e institucional para hacer oír su voz. Si no hacen una alianza con un espacio opositor más grande, ese objetivo nunca se concretará. Algo similar sucedió en el 2015 cuando el PRO, la UCR y la Coalición Cívica unieron fuerzas. Separados no tenían peso específico, unidos llegaron a gobernar el país y la provincia de Buenos Aires.
Lo que están esperando Stolbizer y su partido es que primero se salde el debate interno que hay en Juntos por el Cambio sobre la nueva identidad y los potenciales liderazgos. Si el ala dura gana esa puja y toma el liderazgo del esquema opositor, entonces creen que una alianza no es el mejor camino. No están dispuestos a ir a un espacio donde la conducción la llevan adelante Mauricio Macri, Miguel Pichetto y Patricia Bullrich.
Urtubey quiere volver a intentar meterse en política con un armado antigrieta (Foto: Prensa Urtubey)
En cambio, si se impone el sector moderado que representan Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau, la posibilidad de un acuerdo para integrar una fuerza más grande se multiplica. Stolbizer está en contacto con representantes de ambos sectores internos, pero solo compatibiliza con uno de los dos. Por eso para ella es esencial que la moderación se imponga en la conducción por sobre el ala dura.
En el GEN no descartan una alianza con Juntos por el Cambio pero creen que las negociaciones podrían avanzar con mayor fluidez después de las elecciones del año que viene. Stolbizer flexibilizó sus posiciones porque entendió que su mirada extremadamente crítica la llevó a colocar a su espacio político en un lugar sectario y de minoría que resultó ser un pasillo sin salida.
“¿Cómo hacemos nosotros para participar de un debate y que esa coalición tenga otro proyecto de gobierno? Si vamos a discutir ahí adentro, hay que discutir qué proyecto conjunto se puede llevar adelante más allá de los cargos”, les dijo a sus dirigentes en uno de los últimos Zoom. El camino está abierto y las negociaciones subterráneas tienen fluidez. El avance de esas conversaciones parece ser una cuestión de tiempo.
Los cuatro referentes del espacio creado en el 2019 siguieron caminos diferentes (Gustavo Gavotti)
Otro de los dirigentes que quedó en el medio es Roberto Lavagna. Recluido en su chacra y con la atención puesta en las variables económicas, se convirtió en un asesor estrella de Alberto Fernández. El Presidente lo llama o lo invita a almorzar a Olivos y le pide opiniones sobre temas puntuales. También suele hablar con el ministro de Economía, Martín Guzmán. El ex candidato a presidente nunca se negó a los asesoramientos. Ni con Fernández ni en la era Macri.
En las últimas semanas giró fuerte el rumor de que se sumaría al Gabinete pero en su círculo más chico lo descartaron de plano. “Roberto viene ayudando y lo seguirá haciendo. Da su visión crítica y propuestas. Pero no está en sus planes asumir responsabilidades institucionales”, explicaron. Cuando sus dirigentes más cercanos le preguntan sobre esa posibilidad, Lavagna, fiel a su estilo, les responde en pocas palabras: “Deben gobernar los que ganaron, no los que perdimos. Así es la democracia”.
El ex ministro está cómodo en su rol de asesor y, en paralelo, de padrino de una fuerza política que está en el medio de los dos grandes espacios políticos que tiene el país. Su objetivo para el año que viene es fortalecer ese esquema, que tiene como principal sostén al interbloque Federal en la Cámara de Diputados. Allí conviven 11 legisladores y es un punto de unión entre el socialismo y los PJ de Buenos Aires, Córdoba y Salta.
Lavagna y Lifschitz mantienen una alianza firme que busca ampliar su representación parlamentaria (Diego Medina)
En el 2021 apostarán a ampliar el interbloque. Van a presentar una lista de Consenso Federal. Apuestan a sumar legisladores de Santa Fe y Córdoba, y le abren las puertas a diputados que no están conformes en otros bloques. Buscan darle un mayor volumen a la estructura legislativa “Acá saben que van a encontrar un espacio autónomo, que tiene una discusión interna sincera y es independiente”, sostienen cerca de Lavagna. Los dardos van apuntados al interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y que suele ser funcional a la mayoría de los pedidos del oficialismo.
En el lavagnismo se asombraron cuando transcendió una información sobre un posible desembarco del ex ministro en el Frente de Todos para ser candidato el año que viene. “Es una ridiculez”, le dijo a Infobae un dirigente de su extrema confianza. También descartaron acercarse al oficialismo a través de Sergio Massa, como marcaba otro dato periodístico que giró en los últimos días. La relación con el líder del Frente Renovador se cortó el año pasado y nunca volvió a ser la misma.
El cuarto dirigente en cuestión es el socialista Miguel Lifschitz. El ex gobernador de Santa Fe, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial, se mantiene muy arriba en las encuestas de imagen de su provincia. Sigue siendo un actor preponderante en el armado opositor local. Y ese rol lo vuelve atractivo para cualquier fuerza política, ya que Santa Fe es uno de los cinco distritos electorales más importantes de la Argentina.
El ex mandatario mantiene un vinculo fluido con Lavagna y solidificaron su sociedad desde el momento en que la construyeron el año pasado. En paralelo, recibe ofertas del PRO en Santa Fe. El espacio fundado por Macri trabaja en una movida fuerte en el territorio para agrupar a toda la oposición y compensar la fuerza que logró ganar el peronismo luego de unirse en las últimas elecciones y llevar a Omar Perotti a la gobernación.
Stolbizer cree que puede cerrar un acuerdo con Juntos por el Cambo si el ala negociadora toma el mando del espacio (NA)
Los radicales que están en Juntos por el Cambio, otros que están más alejados y un sector importante del PRO motorizan un frente de frentes con todos adentro. Una forma de construir una oposición voluminosa que dé su primer golpe en las elecciones del año próximo, donde se renuevan los 3 senadores por Santa Fe más una parte importante de los diputados. Ese sector es el que busca sumar al socialismo y a Lifschitz a un espacio más amplio.
El ex gobernador se mantiene en silencio. No da señales. En su entorno no descartan que esa alianza local se pueda realizar pero no hay ningún indicio suficientemente contundente para pensar que se podría cerrar en el 2021. El juego está tan abierto que lo que pase de aquí hasta el cierre de listas del próximo año puede modificarse una cuantas veces.
Los cuatro dirigentes están activos pero con horizontes diferentes. Los cuatro serán gravitantes en las negociaciones político-electorales del próximo año y las que surjan en el camino hacia el 2023. Falta mucho tiempo. La Argentina es un país donde en 24 horas puede cambiar la realidad abruptamente. Las elecciones del próximo año están cerca pero hasta ese momento las versiones sobre alianzas podrán cambiar una y otra vez. Tal vez no. De ser así, sería una rareza.
Por las demoras -en algunos casos significativas- en el registro de fallecidos por COVID-19, los números que se informan diariamente no reflejan la situación del momento. En promedio el desfasaje es de 15 días, según el calculo realizado por la Unidad de Datos de Infobae al analizar la fecha en que son informadas las muertes en los partes diarios y la fecha real en que ocurrieron, según la base de datos del Ministerio de Salude Nación.
Por este motivo, los expertos recomiendan tomar una ventana de al menos dos semanas para evaluar una tendencia en términos epidemiológicos. “Como mínimo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) está tomando dos semanas para ver la tendencia”, advirtió el médico infectólogo Eduardo López, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Más allá de este desacople entre lo informado y los números actuales, este especialista que integra el Comité de Expertos que asesora al Presidente, admitió que la tasa de letalidad “es alta porque se testea poco”, y que “si se testeara más activamente, los casos confirmados serían mucho más”.
En efecto, la letalidad está muy vinculada a la cantidad de tests para identificar las personas contagiadas. De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Salud, desde el comienzo de la pandemia se realizaron en el país 2.777.087 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 61.200 muestras por millón de habitantes. Este valor sigue estando muy por debajo de países como Dinamarca, que registra 820.000 test por millón de habitantes.
El ministro argumentó que desde la cartera sanitaria habían notado que a pesar de haber expandido la cantidad de test en todo el territorio, los números informados eran cada vez menores. “Hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban pero los negativos no se informaban”, sostuvo. En ese sentido, reconoció que el problema era doble: por un lado, el Gobierno informaba “menos de lo que se estaba haciendo” y, por otro, la “la tasa de positividad daba altísima”.
A la baja cantidad de test realizados – más allá de la existencia del subregistro admitido oficialmente- se suma la demora en la carga de los datos, lo que convierte en imprecisos los datos estadísticos del cuadro epidemiológico en tiempo real en la Argentina. Tal como contó Infobae en agosto, a partir del análisis realizado por los investigadores Federico Tiberti y Mauro Infantino, los números que se informan diariamente no reflejan la situación del momento. Por ejemplo, el 5 de octubre pasado se notificaron 452 casos cuando en realidad ese día habían muerto 306: una diferencia de 146 decesos.
“Hay que tener en cuenta que la notificación tiene cierta irregularidades. Venimos con retraso en la carga de los muertos, casi ninguno de los informados es de hoy, incluso hubo casos de hace 20 días o un mes, como quedó expuesto en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es peligroso tomar el número del día para una visión sanitaria. Mirar los números de esa manera solo sirve para alarmar a la población. Hay que tomar los datos con las curvas corregidas por el día en que ocurrieron efectivamente los fallecimientos”, opinó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, miembro y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Saadi).
La notificación de los muertos por COVID-19 depende de los efectores sanitarios, privados y estatales, que suelen tener su personal agotado también por los siete meses que lleva la pandemia, y no siempre informan en forma actualizada todos los casos o fallecimientos en las distintas jurisdicciones del país. Pero las autoridades del Ministerio de Salud de Nación no aclaran en el parte diario qué cantidad de los muertos informados corresponden a las últimas 24 horas.
“Nosotros pedimos que las provincias carguen por departamento; puede haber fallas en la carga de las jurisdicciones. El Ministerio es un órgano más rector que ejecutor. Y el sector de la salud incluye tres sectores, el nacional, provincial y municipal, del sistema público y privado. Es una complejidad reunir los datos de todos”, explicaron desde la cartera sanitaria nacional a Infobae cuando este medio advirtió las inconsistencias entre la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de Nación y los partes de prensa que se difunden diariamente.
Comparaciones engañosas
Por otro lado, podría ser riesgoso comparar con otros países sin tener las certezas del día. España, por ejemplo, no actualiza los casos diariamente. Entonces afirmar que Argentina tiene más casos que la península ibérica puede reflejar la situación de un momento, pero al día siguiente esa situación se revierte y es la razón por la que hay que esperar que las posiciones se consoliden. Este último dato dependerá del ritmo de nuevos casos diarios.
Para elegir qué países visualizar, pararse en el casillero arriba a la izquierda que dice “Comparar países” y seleccionarlos
En el gráfico superior, se pueden visualizar las muertes diarias por millón para un conjunto de países, incluso en aquellos que tienen una mortalidad superior a la Argentina. En todos los casos se calculó un promedio móvil de 7 días, y para Argentina se usaron las fechas reales de fallecimiento extraídas de la base de datos abiertos descargable del Ministerio de Salud de la Nación.
Si se mira por ejemplo la mortalidad diaria por millón de habitantes para Argentina, un par de semanas atrás, el 7 de octubre, el cálculo de ese indicador por fecha de reporte, arroja 17 muertes por millón de habitantes. Pero si se toma la fecha real de fallecimientos resulta ser menos de la mitad, casi 7.
No es el único elemento que hay que tener en cuenta. Si se usa el dato de muertos por día, además, hay que tener en cuenta que hay países que ya pasaron la primera ola y están cursando la segunda, o que están en franco descenso, cuando aún no se sabe si Argentina llegó al pico de la primera.
De acuerdo al promedio semanal de muertes diarias, España, por ejemplo, durante la primera ola a principios de abril, tuvo días con entre 17 y 20 muertos diarios por millón. Esta cifra casi triplica al valor máximo de Argentina, hasta ahora, que fue de 7 muertos diarios por millón durante las primeras tres semanas de septiembre, tomando como dato la cantidad de muertos por la fecha real de los decesos. No se consideran los datos de muertos de las últimas dos semanas justamente porque esos números no se terminarán de consolidar hasta que se corrijan los problemas con la demora en la carga.
En el caso de Brasil, se observa que el máximo fue de 5 muertos diarios por millón de habitantes, el valor más bajo de la serie estudiada.
Italia e Inglaterra tuvieron un pico de 14 muertos por millón en un solo día durante la primera ola y Francia llegó a los 16 el 10 de abril. Perú tuvo 23 hace más de dos meses, el 14 de agosto. Chile llegó a 12 muertos por millón el 21 de julio pasado. Y Bélgica llegó a los 25 el 15 de abril. Estados Unidos, tuvo 8 muertos por millón el 21 de abril y el indicador parecería estar en descenso.
Los valores de Argentina mostraron un aumento de 5 a 7 muertos diarios por millón entre fines de agosto y principios de septiembre. El indicador se mantuvo casi estable hasta el 8 de octubre. Desde esa fecha en adelante no se pueden sacar conclusiones porque, como ya se explicó, por las demoras en la carga, la cantidad de muertos reales no está consolidada.
Cómo se procesó la información
La Unidad de Datos de Infobae monitorea diariamente distintas fuentes de información. A nivel nacional la base de datos del Ministerio de Salud, y a nivel mundial, el repositorio de la Universidad Johns Hopkins. En el desarrollo de esta nota también se consultaron los datos de Worldometers y Our World In Data: este último portal calcula los muertos por día por millón de habitantes para cada país usando los datos de muertos por fecha de notificación.
En esta tabla se puede observar y descargar la progresión de los datos para Argentina: los muertos por fecha real de fallecimiento, también los muertos por fecha de notificación y el indicador “mortalidad por día por cada millón de habitantes” construido para ambos conjuntos de datos. También figuran los datos de muertes por día por millón, (se desconoce si son del día o fechas anteriores), para un conjunto de países con mortalidad acumulada mayor que Argentina. Al final de la tabla se calcularon los valores máximos de muertos por millón que alcanzó cada país.
El término de otra semana caliente en materia cambiaria, el ministro de Economía Martín Guzmán, reforzó ayer el discurso de que el gobierno no va a devaluar. «A pesar de que hay una brecha que genera ansiedades importantes, tenemos las condiciones y los instrumentos para continuar con la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación”, garantizó. Guzmán sostuvo en declaraciones a radio Con Vos que “vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, yendo de la mano con la inflación”. Sin embargo, algunos analistas son escépticos y advierten que ante el deterioro de la confianza tras el endurecimiento del cepo “no se podrá zafar” de la devaluación. Y plantean que ahora la clave radica en si esa devaluación se hará en forma ordenada con un plan que ataque los desequilibrios fiscal y monetario en el marco de un acuerdo con el FMI que contemple fondos frescos para reforzar las reservas. Eduardo Herrera, CEO de Invertir en Bolsa Fondos, afirmó a PERFIL que los dólares paralelos aumentan “porque el mercado ve que Argentina carece de fuentes de financiamiento para el déficit y va a seguir emitiendo pesos, con lo cual sin un cambio de expectativas podría seguir subiendo”. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos El plan de Alberto Fernández: empoderar al ministro Martín Guzmán ¿Qué podría cambiar la expectativa? Herrera consideró que “un acuerdo con el FMI que contemple algún desembolso adicional que permita llegar a la época de liquidación de cosecha gruesa en marzo/abril con algo más de tranquilidad, en ese escenario podría haber una baja de las cotizaciones alternativas, y creo que ese sería el mejor momento para devaluar”. Fernando Marull opinó que “es inevitable una devaluación, y el gobierno tiene que decidir si lo va a hacer ordenado o desordenado”. A su juicio, una manera ordenada sería “una devaluación con programa, cambio de gabinete, mayores tasas de interés, un ajuste fiscal creíble, y la clave del éxito son dos: el apoyo del FMI, y el aval de Cristina Fernández, sin esas dos condiciones, no hay chances de que la devaluación sea ordenada”. En sintonía, Federico Furiase, director de Eco Go, en un charla virtual consideró que “el gobierno llegó a un punto de no retorno, más tarde, más temprano, va a tener que devaluar”. Martín Guzmán: «La grieta política tiene un costo económico» “Lo único que queda es acelerar el acuerdo con el FMI en un marco de un ajuste fiscal más serio, y que a cambio el FMI inyecte algo más de plata para tener más reservas, y devaluar ahí, que la devaluación permita licuar parte del gasto público, y que le de aire al sector exportador, y que el BCRA empiece a recuperar reservas genuinas”, reflexionó. “Devaluar sin un programa de estabilización es ir a un escenario de inflación muy complicado”. Fernando Baer, de Quantum Finanzas, acordó que “en esta etapa no podes zafar de una devaluación; eso no quiere decir que hay que ir a cerrar la brecha con un tipo de cambio a $190, pero sí se podría ir allanando el camino haciendo una corrección diaria del tipo de cambio oficial más acelerada, algo discutido con el FMI y tratar de pasar diciembre de la manera más tranquila posible”, señaló. Leve baja del CCL y blue a $ 195 El rally de los dólares paralelos continuó esta semana pese a las medidas que se implementaron para flexibilizar las trabas para operar con las divisas financieras Contado con Liquidación (CCL)y dólar MEP. El dólar blue cerró ayer en un récord de $195, lo que implica un salto diario de $5 y en la semana trepó $17. La brecha cambiara se ensanchó en una semana de 129,6% a 149,6% con el dólar mayorista que finalizó en $78,13, y acumuló una suba semanal de 61 centavos. Según fuentes del mercado, el BCRA culminó la rueda con un saldo negativo de US$ 60 millones. El stock de reservas brutas quedó en US$40.499 millones, una baja diaria de US$170 millones, y una caída semanal de US$ 285 millones. Por su parte, el dolar minorista para la venta quedó en $83,84, un alza semanal de 64 centavos, y el dólar ahorro se ubicó en $138,34. El dólar blue cerró la semana con nuevo récord a $195: el BCRA pierde reservas En cambio, las divisas financieras ayer se derrumbaron. El CCL cerró ayer a $168,83 frente al pico de $181,06 del jueves, mientras que el MEP culminó en $155,17, o sea un descenso 4,9%. Según contaron operadores a PERFIL ese desplome se debió a una “fuerte intervención” del Banco Central vendiendo bonos para bajar el CCL, y a que “la CNV estuvo llamando a Alycs grandes (sociedades de Bolsa) para que no ellos no operen con su cartera propia en CCL y MEP”. “El pedido fue no operar por el día, así baja el volumen, y cae el precio. Pueden buscar que los inversores vean que pueden perder”, especularon desde una Alyc. Fuentes de la CNV ante la consulta de PERFIL afirmaron que “no es verdad” que existió ese pedido”.
Alberto Fernández, seguramente de manera involuntaria, colocó el foco de mayor atención política sobre las jugadas, recelos y contradicciones en el poder. El Presidente rompió puentes con la oposición y se cerró en la interna: su armado fue restringido a ese terreno y entonces, cada gesto doméstico remite sin escalas al estado de la pulseada por la centralidad con Cristina Fernández de Kirchner. Es materia opinable el dominio real o el equilibrio, pero el dato ineludible es que cada gesto resulta medido de ese modo. Ocurrió con la celebración del 17 de octubre, sucede con las especulaciones sobre el próximo acto por Néstor Kirchner y hasta con un tema especialmente sensible, el proyecto sobre legalización del aborto.
Ese movimiento no expresa fortaleza sino que alimenta incertidumbre, de modo tal que conspira contra la necesidad de generar credibilidad –y por consiguiente confianza- en materia económica. La crisis tiene diversos factores, heredados, propios, profundizados por el manejo de las restricciones en la eterna cuarentena. Pero el dato, también ineludible, es que a la falta de una línea económica “consistente” –según el adjetivo que repite Martín Guzmán-, se agregan las disputas domésticas. Y eso impacta en contra del necesario sustento político para medidas que, además, se suceden a la carrera para calmar el dólar.
La próxima entrega en código interno será el martes próximo, en el acto organizado para instalar una estatua de Néstor Kirchner en el CCK. En estos días previos, se especula sobre las características de esta nueva movida pública, con el antecedente del 17 de Octubre, que no contó con la participación ni presencial ni virtual de la ex presidente y que mostró muy bajo perfil, casi de compromiso, con la asistencia de Máximo Kirchner.
Cristina Kirchner, frente a la estatua de Néstor Kirchner, en Ecuador.
En medios oficialistas, se descarta que CFK tendrá un papel destacado y activo esta vez, pero nadie adelanta cómo y si se limitará al acto armado por el Gobierno en el centro cultural. Hubo por supuesto más de una conversación sobre el tema desde que fue decidido este homenaje. Esa tarea lleva muchos meses, casi desde el arranque de la gestión presidencial, con Felipe Solá realizando gestiones para recuperar la estatua. Había quedado en un depósito de Quito, trasladada desde el edificio que fue sede de la Unasur.
Es probable que de aquí al lunes sea afinado el programa de actividades en homenaje a Néstor Kirchner, a diez años de su muerte. Incluirá cierta movilización de las estructuras peronistas, con convocatoria del PJ y de las organizaciones kirchneristas. El punto, de todos modos, es que los preparativos y las dudas previas operan casi como una movida de Palacio en la que cuenta cada gesto. Es decir, un acto cuyas postales son aguardadas en medios políticos y económicos para leer el estado de la interna y, a la vez, evaluar sus efectos en un contexto de crisis.
Por supuesto, no es un paño sin movidas previas. En rigor, ya nadie disimula las señales de malestar en el Gabinete y desde afuera. Es sabido que desde el círculo de CFK se apunta sobre varios ministros, con el argumento de la inacción o la poca efectividad de las gestiones. Esa pintura agregó pinceladas hasta ahora poco destacados y en sentido inverso: el cuestionamiento, con aristas de tensión sindical, al manejo de La Cámpora en organismos de peso como el PAMI y la Anses.
Las desconfianzas y recelos también cruzan un tema sensible repuesto en el temario esta semana: el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde distintas oficinas oficiales, y sobre todo desde la secretaría a cargo de Vilma Ibarra y del ministerio encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, volvió a ser motorizada la iniciativa. Sin embargo, hasta funcionarios de primera línea y legisladores allegados al Presidente –algunos con posiciones a favor y otros en contra- ponían en duda que finalmente la ley sea impulsada realmente ahora.
No faltan algunas consideraciones que en realidad irían en contra de un debate necesario. La idea más pobre, por donde sea mirada, sugiere que el proyecto rompería un temario público muy complicado para el Gobierno –economía y cuarentena, en primera línea- y también quebraría la lógica de la grieta entre el Gobierno y la oposición. El presupuesto es conocido: el proyecto fisura de manera transversal a casi todas las fuerzas.
Una de las últimas marchas a favor de la legalización del aborto, poco antes de la cuarentena
Por supuesto, esa interpretación pareciera no medir el cuadro social en su conjunto, sobre todo después de haber frenado la iniciativa utilizando argumentos de sus críticos: el impacto negativo de la legalización como demanda sobre el sistema de salud. “El sistema ya está estresado con la pandemia”, se decía.
Pero entre las fisuras en el propio frente oficialista, no se habrían medido dos posibles resultados en sentido amplio. El primero, la relación con la Iglesia Católica –y en algunos distritos, con las iglesias evangélicas-, considerada gravitante en la contención social con trabajo concreto en los barrios más castigados por la crisis. La segunda, el Senado, donde el oficialismo tiene divisiones profundas y nadie se anima a asegurar el resultado final.
La forma en que fue repuesto el posible tratamiento del proyecto, prometido por el Presidente desde la campaña, dejó alguna duda sobre un primer movimiento con sentido “táctico” para medir el clima y, en sentido contrario, la jugada de un sector para imponer temario incluso a Olivos. El camino no aparece sencillo en ningún caso, entre otras razones porque no asoma claro el respaldo de CFK al menos de arranque, según evalúan en medios oficialistas.
La reacción de la Iglesia era previsible, incluso en la lectura acotada a su expresión local y sin contar la repercusión más amplia para el papa Francisco. De todos modos, la respuesta superó la cuestión de la creencia o el dogma, por una cuestión de contexto. La Comisión Ejecutiva del Episcopado, que encabeza monseñor Oscar Ojea, cuestionó el impulso al proyecto frente a una sociedad castigada por “situaciones extremas” y lo contrapuso a las propias consignas oficiales de Unidad para enfrentar la pandemia. “Insostenible e inoportuno”, fue la inmediata calificación episcopal.
En cuanto al Senado, y con el eco de la votación que le cerró la puerta a la ley en la gestión macrista, el horizonte es especialmente brumoso. Hubo en los últimos diez días tanteos en las dos Cámaras y en el territorio de los senadores no cerrarían las cuentas, al menos de manera espontánea. Debería jugar muy fuerte y ordenadamente el Ejecutivo y la ex presidente para modificar o neutralizar algunos votos en contra. CFK no estaría entusiasmada por el momento social en medio de la cuarentena y porque se fisuraría su dominio y, además, debería articular con algunos legisladores de Juntos por el Cambio. Vuelta al principio: señales internas que importan más allá del tema.
Horacio Rodríguez Larreta anunció este viernes una nueva batería de flexibilizaciones y avanza en su plan de “puesta en marcha” de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por estas horas el Gobierno porteño concentra su atención en los protocolos que implementará para controlar a quienes entren y salgan de la capital durante la temporada de verano.
Las negociaciones de la última semana con el Gobierno nacional se dieron en un clima mucho más distendido que lo habitual. Según revelaron fuentes porteñas, los datos epidemiológicos les dieron muchos más argumentos a la hora de proponer nuevas excepciones a la cuarentena, como gimnasios y restaurantes con cupo limitado. También tranquilizaron a sus pares nacionales.
A diferencia de otras oportunidades, el alcalde porteño y el Presidente no se reunieron, sólo conversaron telefónicamente en la mañana del viernes. Intercambiaron información y acordaron los horarios de los anuncios. Por su parte, los jefes de Gabinete Santiago Cafiero y Felipe Miguel tampoco se juntaron personalmente, bastaron algunos llamados y unos cuantos mensajes para acordar todo. En esta oportunidad Nación aprobó la habilitación de todas las actividades propuestas por las autoridades porteñas.
Los últimos datos revelaron que la Ciudad tiene un promedio de casos diarios -de las últimas dos semanas- que se mantiene en 800 a pesar del incremento de las actividades. Eso ayudó a relajar el clima con los funcionarios del Gobierno nacional, tras los momentos de tensión que se vivieron semanas atrás por la poda en la coparticipación. “Además están más preocupados por las provincias del interior del país”, señalaron en la sede de Uspallata.
Con cierto temor luego de las noticias de rebrotes en las principales capitales de Europa, en la sede de Uspallata ahora analizan tres variables de cara al verano: los turistas de otros países, los turistas del interior y los porteños que salgan de vacaciones y luego regresen a la capital.
A su vez, cada grupo está atravesado por otras cuestiones como por ejemplo el medio de transporte que utilicen (avión, micro o auto). Esta situación vuelve necesario implementar una amplia serie de protocolos sanitarios que abarquen todos los casos.
Hasta el momento, el Gobierno porteño mantuvo reuniones internas con sus ministros y también encuentros con las autoridades de Turismo y Jefatura de Gabinete nacional. Para más adelante quedará la coordinación con la provincia de Buenos Aires. El objetivo es ampliar lo más posible la capacidad de testeo, una estrategia que probó ser de las más efectivas para cortar la cadena de contagios. En el caso de los que ingresen de otras provincias o países, se apuntará a testearlos a todos.
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Por el momento se evalúa algún sistema con testeo en origen para que luego los turistas muestren los resultados al entrar a la jurisdicción. “Si viajan en avión tal vez se podría implementar alguna normativa que obligue a tener resultados para poder abordar”, detalló un funcionario, aunque aclaró que todavía no hay nada definido y todas las medidas siguen en estudio.
También se analiza la forma de imponer cupos y restricciones a la cantidad de vuelos y servicios de ómnibus para “regular el volumen de turistas” y que se mantenga dentro de parámetros manejables para las capacidades sanitarias.
Sin embargo, en la sede de Uspallata reconocen que el principal desafío, y problema, son los porteños que viajen a la Costa Atlántica, ya que pueden ser muchísimos y además se suelen viajar todos juntos a principios y mediados de mes (con el cambio de quincena). “Vuelven todos juntos de un día para el otro”, graficaron.
Las cuestiones logísticas para testear y llevar adelante un seguimiento de miles de autos será una tarea titánica para las autoridades sanitarias. Desde el Gobierno porteño adelantaron que a fines de la semana que viene habrá definiciones más concretas. Por ahora siguen analizando posibilidades y evaluando los datos epidemiológicos.
“Sabemos que puede haber un rebrote, y volver para atrás como pasó en España sería durísimo”, aclara uno de los miembros de la mesa chica del gobierno.
Vuelve Buenos Aires Playa
En diálogo con CNN radio, el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel sostuvo este sábado a pesar de las restricciones por la pandemia, el gobierno de la Ciudad implementará en el verano Buenos Aires Playa, la tradicional alternativa diseñada con amplios espacios con arena, sombrillas, reposeras y entretenimiento para pasar el verano en la Capital en algunos de los parques más importantes. Sin embargo -aclaró el funcionario- le maedida estará adecuada a la dinámica del virus.
“Estamos previendo implementar Buenos Aires Playa y va a tener algunas adecuaciones. Arranca los primeros días de enero y va hasta fines de febrero. Vamos a tener algunas adecuaciones porque estamos en un contexto de pandemia, pero también estamos pensando cómo prepararlo para que tenga la flexibilidad necesaria para acomodarse a la evolución sanitaria que se produzca desde ahora hasta febrero. Por lo tanto lo estamos planificando con bastante flexibilidad, pero sí va a volver Buenos Aires Playa a la Ciudad”, explicó.
El kirchnerismo decidió retomar su campaña para intentar esmerilar la gestión del procurador interino Eduardo Casal ante la imposibilidad de elegir a su sucesor. El senador Oscar Parrilli convocó para esta tarde a la comisión de Justicia para tratar dos proyectos de la oposición que proponen reducir el mandato del Procurador, que hoy es un cargo vitalicio. Sin embargo, en la oposición sospechan que la jugada busca abrir la discusión sobre las condiciones para elegir al nuevo Procurador General.
Los proyectos que serán debatidos, llamativamente, son de los senadores Martín Lousteau (UCR) y Lucila Crexell (Interbloque Federal-Neuquén). El primero propone reducir el mandato a 6 años. “El Procurador General de la Nación dura en sus funciones el término de seis (6) años, pudiendo ser nuevamente designado, por una única vez, habiendo transcurrido un mandato intermedio, y mientras cumpla los requisitos establecidos en el Art. 11 bis de la presente ley”, dice la iniciativa. Sin embargo, mantiene la mayoría agravada de dos tercios para designar al nuevo procurador.
“Necesitamos una institución con fortaleza republicana, esto es, lo elegimos por un consenso bien amplio, que es lo que marcan los dos tercios y, por otro lado, no le damos un poder vitalicio. Es la combinación de las dos cosas, ese es el punto medular, dos tercios y mandato acotado en el tiempo”, destacó Lousteau ante una consulta de Infobae.
El proyecto de la senadora Crexell propone reducir el mandato a 5 años. “El Procurador General de la Nación dura en su función cinco (5) años, pudiendo ser nuevamente designado por igual plazo por una (1) sola vez por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado por el voto de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros presentes”, dice en el artículo 1. Y agrega: “Con excepción del Procurador General de la Nación, los procuradores fiscales, los fiscales generales, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, el fiscal de investigaciones administrativas, los fiscales, y los fiscales de la Procuración General de la Nación, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad”.
Eduardo Casal sigue resistiendo la avanzada del oficialismo (Nicolás Stulberg)
En la denominada comisión Beraldi también se debatió sobre las mayorías necesarias para elegir al Procurador. No es la primera vez que ocurre: cuando el cargo lo ejercía Alejandra Gils Carbó, el macrismo propuso que se pueda votar con una mayoría absoluta, es decir 37 votos.
Casal viene sorteando una embestida política en varias comisiones del Congreso: el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político. Primero se puso en marcha la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, donde desfilaron ONG y fiscales descontentos con su gestión, y luego el kirchnerismo intentó avanzar desde la comisión de juicio político. Ninguno de los dos caminos prosperaron.
Cuando la avanzada parecía diluirse, el oficialismoduro evaluó la posibilidad de iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Ese plan implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.
El Gobierno le respondió al sector de la Iglesia que se opone a la discusión por el aborto legal en el Congreso. El presidente Alberto Fernández tiene previsto enviar el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo y reabrir la discusión parlamentaria. La intención oficial generó un cortocircuito con la Conferencia Episcopal Argentina que se declaró sorprendida y advirtió que el envío de la iniciativa “desalienta la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos”. La Iglesia resaltó que discutir el aborto legal va en contra del discurso “que dice que hay que cuidar de todos los argentinos”. Sin embargo, el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, refutó el argumento en el programa Todo este ruido, que se emite por Radio Provincia. «Evidentemente el Presidente va a cumplir con lo que prometió y con lo que cree. Nunca ocultó su posición, es más en todas las reuniones el tema lo sacó siempre él, dijo que tenía un compromiso y una posición respecto del tema del aborto. Así que nadie se puede sorprender», explicó. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. REGISTRATE Ya tengo cuenta En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Evangélicos piden postergar la discusión del aborto legal: «Estamos en medio de una pandemia» Al respecto, Oliveri dijo que el Gobierno «no está escondiendo nada debajo del poncho y eso facilita el diálogo», mientras que aclaró que «la idea no es romper ni cortar los puentes» con la Iglesia pese a las diferentes posiciones sobre el aborto. A su vez, insistió en que «la Argentina tiene leyes al respecto», como la de matrimonio igualitario, y recordó que el Papa «en su momento se opuso, pero acompañando la posición de la Iglesia en ese entonces». Qué había dicho Oscar Ojea El titular de la Conferencia Episcopal había dicho: “No hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradicen el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad». A través de un comunicado, el purpurado afirmó que «no cuidar todas las vidas, toda la Vida, sería una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes». Ante la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández envíe próximamente la iniciativa legislativa para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, la Iglesia pidió «prudencia política para no desalentar la búsqueda de la máxima unidad posible en un cuerpo social herido por los desencuentros entre argentinos».
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El desalojo ordenado por la justicia se vence el 30 de octubre próximo:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KV4G44U4ABDIHJRT6JODQJJYOY.jpeg)
El sábado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad ofreció 650 terrenos y albergues transitorios por seis meses hasta que la solución habitacional definitiva:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SB423SNDWVGPDIRLIDVITHNRXM.jpg)
Juan Manuel Urtubey durante su última experiencia electoral (Adrián Escandar):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/QLQEPCZRQRCURAOJ34J6WHIMRM.jpg)
La líder del GEN, Margarita Stolbizer, ensaya un acercamiento a Juntos por el Cambio (Gustavo Gavotti):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OK667S3LIZEHVK5JOYFCZUIQR4.jpg)
Roberto Lavagna fue candidato a presidente en las últimas elecciones nacionales (Adrián Escandar):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/QWEYHLT7KFD7JHTW4S5EKKUNUY.jpg)
El ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz (Nicolás Stulberg):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DC7IZPEUCFHQZBBVYFTTQ7MNXE.jpg)
En el final de la campaña de 2019 Margarita Stolbizer se había corrido del espacio político (Adrián Escandar):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OFWNK6WX7BBRJE2BX7ZUHCOGXM.jpg)
Urtubey quiere volver a intentar meterse en política con un armado antigrieta (Foto: Prensa Urtubey):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NAYJ7W7S7JBMZGDD4ZUM7EBJWA.jpg)
Los cuatro referentes del espacio creado en el 2019 siguieron caminos diferentes (Gustavo Gavotti):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BPRCRP72DRDALKPHHCD33CXYQI.jpg)
Lavagna y Lifschitz mantienen una alianza firme que busca ampliar su representación parlamentaria (Diego Medina):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AWMU5SE23FBAHB2WGH3ZFKVUYQ.jpg)
Stolbizer cree que puede cerrar un acuerdo con Juntos por el Cambo si el ala negociadora toma el mando del espacio (NA):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CTUYRLV2EVHKPNOHWPBBFUI36M.jpg)
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Una de las últimas marchas a favor de la legalización del aborto, poco antes de la cuarentena:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6AUUUNI3SBDAHM7GDNFJU65LRU.jpg)
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Eduardo Casal sigue resistiendo la avanzada del oficialismo (Nicolás Stulberg)