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El Gobierno apuesta a sacar rápidamente el Presupuesto 2021 en el Senado de manera de conseguir la ley antes de que llegue al país la misión del Fondo Monetario Internacional. Ayer comenzó el debate en comisión y, tras un cuarto intermedio, el presidente de Presupuesto y Hacienda, el ‘albertista’ Carlos Caserio, buscará que hoy mismo se firme el dictamen para que la iniciativa quede habilitada y se pueda tratar y convertir en ley el jueves 12.

Juntos por el Cambio anticipó que no pondrá reparos a la estrategia oficialista e incluso sus senadores integrantes de la comisión de Presupuesto se mostraron contemplativos, más allá de sus críticas. Esta tarde, en reunión de interbloque, radicales y macristas tienen previsto ratificar la postura de los diputados, es decir que optarán por la abstención, una manera de colaborar con el Gobierno sin votar a favor.

La semana pasada el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2021 tras una sesión que duró 20 horas y en la que se negoció hasta último momento. La ley logró 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 votos en contra. A favor, además del Frente de Todos, votaron diputados de partidos provinciales, aliados como los legisladores lavagnistas de Consenso Federal o los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. También los diputados de Juntos por el Cambio de Jujuy (hoy el gobernador Gerardo Morales visitará al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Casa Rosada); los correntinos y también el riojano Felipe Álvarez, que terminó dejando el interbloque de la principal oposición al día siguiente. En contra, además de los dos diputados de la izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño, votaron 13 diputados de Juntos por el Cambio como Paula Oliveto, de la Coalición Cívica y, entre otros, Fernando Iglesias.

Ayer y después de una exposición de cuatro horas de los funcionarios del Ministerio de Economía en el Senado, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, planteó la “necesidad” de sancionar rápidamente la ley de Presupuesto, anunció que se convocará a sesión el próximo jueves 12, unos días antes de la llegada de la misión del FMI, y agradeció la comprensión opositora.

Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Martín Lousteau plantearon las “inconsistencias” de la ley. Como sus pares de diputados consideran “irreales» las proyecciones del oficialismo y descreen de los números pronosticados, como por ejemplo la estimación de un dólar a $ 102. De todos modos, Bullrich aceptó sin discusión la decisión del peronismo de firmar rápidamente el dictamen para que el Gobierno pueda cumplir con los plazos solicitados.

Carlos Caserio expresó el deseo de sacar la ley con el voto de todos los bloques, aunque prácticamente es imposible. Juntos por el Cambio tiene definida por anticipado la abstención, una manera de colaborar con el Gobierno para el fortalecimiento de la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el medio de las últimas negociaciones con acreedores.

En el debate de ayer Bullrich, vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, lamentó precisamente que el ministro no haya participado de la reunión. En cambio sí lo hicieron los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; el de Hacienda, Raúl Rigo; y el secretario de Finanzas, Diego Bastourre. Los tres hicieron largas exposiciones, respondieron preguntas y prometieron agotar más consultas por escrito.

“La situación económica lo ameritaba”, señaló Bullrich. Caserio se comprometió a convocar al ministro antes de fin de año.

Antes de pasar a un cuarto intermedio, Mayans buscó comprensión y explicó que el oficialismo no habilitará cambios para evitar que el proyecto regrese a la Cámara de origen. “Que vuelva a Diputados es un inconveniente”, señaló sobre el trámite parlamentario, por lo que avisó que el Frente de Todos ratificará la media sanción tal como fue girada desde Diputados. “Esteban y Martín saben como es”, dijo mencionando por sus nombres de pila a Bullrich, que presidió la comisión los dos años anteriores, y a Lousteau que fue ministro de Economía.

Esteban Bullrich, senador y vicepresidente de la comisión de Presupuesto (JXC)

Recogió el guante Bullrich. “Nuestra intención no es retrasar un segundo esto”, aclaró, y remarcó que “sabemos la importancia que tiene”, aunque solicitó “evacuar dudas” por escrito.

Mayans agradeció las señales. “Martín y Esteban tienen una visión constructiva», los elogió y mencionó las conversaciones previas, en el mismo sentido, con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el también formoseño Luis Naidenoff, que también es muy crítico del texto del Presupuesto.

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio

En la ronda de preguntas la lista más larga fue la de Lousteau, ex ministro de Economía. “Todavía estamos en pandemia y en Europa hay rebrotes y sin embargo en este presupuesto damos por sentado que no habrá más IFE ni ATP. Entonces no tenemos cubiertos esos riesgos si quisiéramos dar las certidumbres que el ministro pretende”, reprochó. Bullrich acompañó su apreciación. “Este Presupuesto supone que no hay COVID-19. Hoy Italia tuvo la cifra de muertos más alta de los últimos seis meses”, advirtió sobre la segunda ola de contagios en Europa.

La respuesta sobre la ayuda social y laboral la dio el secretario de Hacienda, Rigo: “El proyecto de ley no contiene estas previsiones, pero sí contiene partidas para apoyar y acompañar una transición desde la emergencia a la situación de nueva normalidad”.

Lousteau afirmó que “Argentina no crece en serio desde 2006, sin embargo vemos que en el Presupuesto hay más presión tributaria y más apreciación real del tipo de cambio”. También indagó sobre los subsidios a la energía y al transporte: “¿Cuál es el aumento de tarifas que tiene previsto el Presupuesto?” y “¿cuál es el impacto en el IPC?” porque, detalló, “si hay aumentos del tipo de cambio, los subsidios a la energía también aumentan”. En materia de gas resaltó que “hasta ahora el crédito previsto no alcanza para cubrir en cantidad la resolución 4617 y hay un nuevo esquema que según trasciende tiene un costo muy importante, la pregunta es como se piensa cubrir”.

Por otra parte apuntó a la movilidad jubilatoria y subrayó que “si uno estima el 8% a diciembre y ve el arrastre con respecto al año siguiente, eso quedaría en 17% y como el Presupuesto prevé 25% de aumento, quedaría solo margen para dar el aumento -de acuerdo a la inflación- de 8% en marzo y eso sin contar algunas cosas, porque está subestimada la cantidad de crecimiento vegetativo”. Le contestó Montagu, quien recordó que una comisión de diputados, senadores y funcionarios de Anses, Trabajo y Economía trabajaron varios meses y están evaluando la fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. A la espera de esa fórmula, que surgirá de “dos o tres propuestas en estudio” dijo que se hizo “un promedio”. “Aún está en discusión” admitió el secretario. También le prometió que se enviará un presupuesto plurianual 2021-2023.

Lousteau preguntó sobre “la suspensión de algunos ítems de la Ley de responsabilidad fiscal que tiene que ver con la evolución de gastos por debajo de lo que crece el producto” y pidió información sobre la reforma tributaria y el impuesto a las grandes fortunas, que tiene dictamen en Diputados pero aún no se voto: «Si se aumentan los ingresos, ¿eso se destina a más gasto o a bajar déficit?”.

Los funcionarios de Economía defendieron la ley. Montagu dijo que “pone el eje en la economía real” sobre la base de «una economía que ha sido seriamente golpeada por la pandemia y que ya venía experimentando problemas previos”. Enumeró algunas de las previsiones para el 2021: un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar que no supere los $102,4.

Carlos Caserio (Frente de Todos), presidente de la comisión de Presupuesto

Por su parte, Rigo mencionó que se trata de un Presupuesto “prudente” y que los planes proyectados se financiarán de manera “razonable”. Sobre el déficit aseguró que se financiará en un 40% con deuda pública y 60% con emisión monetaria. «Los recursos fiscales mostrarán una recomposición robusta”, prometió y consideró que a partir del crecimiento previsto «será posible que la actividad económica, impulsada también por el gasto público, hagan que la recaudación tenga un crecimiento importante”. De acuerdo a sus cálculos la recaudación por el impuesto a las Ganancias subirá 38% interanualmente.

Después de cuatro horas y media de exposiciones y preguntas, Caserio propuso pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, reunión para la que convocó a Marcos Makón, titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Para poder votar la ley sin sobresaltos, el oficialismo también hace gestos: esta semana no habrá sesión en Diputados y en la sesión del Senado de este jueves habrá una batería de iniciativas entre las que se encuentran algunos proyectos opositores y otros viejos. Sólo dos temas incluidos en el orden del día generan malestar opositor: una de las leyes en tratamiento busca llevar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.

El otro tema es el pliego del juez federal de Tucumán, Raúl Daniel Bejas, quien será designado para completar la Cámara Nacional Electoral. A Bejas lo impugnó el PRO con el argumento de que fue apoderado del Partido Justicialista de su provincia entre 1984 y 1986. El otro reclamo contra Bejas fue su elección cuando una jueza mujer, Alejandra Lázzaro, obtuvo el mayor puntaje en el concurso para el cargo de juez electoral. “En este Senado se sancionó una ley contra la violencia política sobre las mujeres, que se ejerce con hechos, con omisiones, etc. Esto es una claudicación a las banderas que se vienen construyendo día a día. Ustedes se quedan en el discurso”, se molestó días atrás Naidenoff. A pesar de la postura de su bloque, el Frente de Todos tiene los votos para designar al tucumano que la semana pasada defendió su pliego.

Fuente: Infobae.com

En medio de algunos cortocircuitos internos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá este miércoles 4 de noviembre para discutir la propuesta de Elisa Carrió de acompañar el pliego de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación. Además, en el encuentro se abordará el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los magistrados desplazados por el Senado, que causó reacciones dispares en la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. En la reunión -que comenzará a las 9.30- habrá dos vertientes de la coalición, con la llamada «ala dura», del expresidente Mauricio Macri y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el «ala dialoguista», con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses.  La líder de la Coalición Cívica se diferenció en los últimos días del ala dura y se mostró a favor de la designación del exjuez y pidió fortalecer al presidente «débil», como calificó a Alberto Fernández, al señalar que la vicepresidenta Cristina Kirchner «lo vació de poder».  Broncas y debates en Juntos por el Cambio por el apoyo de Carrió a Rafecas Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Carrió había convocado la semana pasada a todos los miembros de su espacio a dar el aval institucional necesario para que el Gobierno avance con la designación de Rafecas como Procurador de la Nación: «Hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones», indicaron miembros de su partido.  El pliego demorado  El pliego para la designación de Rafecas como candidato a encabezar la Procuración General de la Nación, a cargo actualmente de manera interina por Eduardo Casal, había ingresado formalmente al Senado días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, el 12 de marzo pasado. El trámite quedó demorado por la pandemia. Desde el ingreso del pliego y de la publicación en el Boletín Oficial, quedó abierto el proceso de presentación de adhesiones e impugnaciones en el ámbito parlamentario antes del llamado a audiencia pública, en la que debía exponer el postulante. El Presidente había pedido al Senado en aquella oportunidad que «trate pronto» el pliego del juez Rafecas para encabezar la Procuración y le solicitó a la oposición que «no haya discusiones de la coyuntura política» ni «se oponga por el simple hecho de oponerse». En el Poder Ejecutivo, la postulación de Rafecas recibió alrededor de 700 apoyos y tres impugnaciones para cubrir ese cargo estratégico para el funcionamiento de la Justicia. Tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2016, la gestión de Cambiemos designó, con el aval del Senado, a Eduardo Casal como procurador General interino, cargo que continúa desempeñando actualmente en esa condición.

Fuente: Perfil.com

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, ratificó que el juez federal Daniel Rafecas continúa siendo el elegido por la Casa Rosada para ocupar la vacante vigente en la Procuración General y pidió el respaldo del peronismo en el Senado. “Es el candidato del Presidente”, dijo en diálogo con la periodista María O’Donnell en radio Metro.

La sentencia parece una obviedad, pero no lo es. La semana pasada, Elisa Carrió apoyó públicamente la nominación realizada por Alberto Fernández y a partir de ese momento se desencadenaron movimientos en el Congreso que podrían terminar jugando en contra de las chances del magistrado elegido.

El kirchnerismo impulsó proyectos que en su momento habían sido presentados por la oposición para limitar temporalmente el mandato del Procurador. Además, pretende modificar las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar la nominación -hoy se requieren 2/3 de los presentes en el Senado-. Esa jugada es interpretada como un freno del kirchnerismo a las aspiraciones de Rafecas, quien declaró públicamente que no asumiría en esas condiciones.

Losardo no está de acuerdo con esa interpretación. “Yo no hablé con él, pero conociéndolo entiendo que lo que quiso decir es que se requiere un gran consenso para su designación; esto es distinto a si su cargo dura para toda la vida o no”, analizó.

La funcionaria celebró la decisión de la Corte Suprema que impuso un límite temporal para los traslados de los jueces dispuestos por el Poder Ejecutivo. “Nos da la razón y reafirma nuestro criterio de que los jueces no pueden ser trasladados a dedo y esos traslados ser considerados como definitivos”, dijo.

“Para nombrar un juez, hay que pasar por el proceso constitucional: examen, concurso, Consejo de la Magistratura, el acuerdo del Senado y finalmente el Ejecutivo”, recordó.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia dispuso que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi continúen en los cargos a los cuales fueron trasladados por el gobierno de Mauricio Macri hasta que se realicen nuevos concursos para definir jueces naturales.

El voto de la mayoría está conformado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y –en forma concurrente– Elena Highton de Nolasco. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia a favor de una restitución irrestricta de los magistrados.

Para entender el alcance de la decisión, hay que retrotraerse a la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Macri dispuso el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia federal. Tras la asunción de Alberto Fernández en el poder, la metodología fue impugnada por el Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces por esta vía. El trámite pasó al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto los traslados.

Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. En una primera instancia, el máximo tribunal habilitó la discusión del per saltum –una vía excepcional– y dispuso que los magistrados continuaran en los cargos objetados hasta tanto se definiera la cuestión de fondo. Hoy se conoció la sentencia que dirime la cuestión de fondo para Bruglia y Bertuzzi. El jueves se conocerá qué sucederá con Castelli.

Fuente: Infobae.com

Un reducido grupo de empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que los representantes del sector privado expresaron diversas preocupaciones sobre la situación económica al tiempo que se retiraron satisfechos del Palacio de Hacienda por la buena predisposición del funcionario para intercambiar opiniones.

La agenda de la reunión, según pudo saber Infobae, tuvo dos temas principales en los que hubo más coincidencias que disensos: la prioridad en cerrar sin demoras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la necesidad de que en la Argentina se alcancen consensos sólidos para lograr una salida a la crisis. Esa referencia hizo que en el encuentro sobrevolara el pedido de “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales” que la semana pasada hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de una carta. Si bien no se habló en forma específica de esa misiva, sí se dijo con claridad en que los acuerdos forman parte del camino a seguir.

A lo largo de una hora y media y en un tono de mucha cordialidad, el ministro de Economía recibió en su despacho al presidente de AEA, Jaime Campos y a una comitiva integrada por nombres claves del empresariado: Paolo Rocca, de Organización Techint; Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi S.A. y Enrique Cristofani, del Banco Santander. Todos tuvieron participación en la charla. Guzmán, por su parte, estuvo acompañado por el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Economía, Rodrigo Ruete.

En el encuentro entre AEA y el ministro de Economía quedó expuesta la coincidencia de ambas partes de la necesidad de cerrar el acuerdo con el FMI en el corto plazo

El ministro fue quien abrió el juego con una exposición inicial en la que detalló los tres puntos centrales de su gestión. En primer lugar, el acuerdo alcanzado con los acreedores externos para reestructurar la deuda pública. En segundo, la presentación del Presupuesto 2021, con las pautas que el gobierno aspira que ayudarán a la normalización financiera. Por último, la negociación con el FMI que se acelerará a mediados de noviembre cuando llegue a Buenos Aires una misión del organismo que, a diferencia de la misión de octubre, será más extensa y más profunda para acercarse a un nuevo programa.

Fuentes de AEA explicaron que quedó expuesta la coincidencia de ambas partes de la necesidad de cerrar ese acuerdo en el corto plazo. Y que la reunión siguió con un intercambio abierto de opiniones en la que no hubo pedidos por parte de Guzmán, quien se mostró proclive a escuchar las argumentaciones de los empresarios. “Guzmán escuchó más de lo que habló”, señaló uno de los asistentes, que destacó la buena predisposición del ministro. No obstante, les reiteró a los empresarios lo que viene defendiendo el Gobierno: una devaluación fuerte traería más problemas que soluciones.

La agenda que AEA llevó ante el ministro incluyó algunos pedidos como la importancia de dar previsibilidad a la economía, la necesidad de que el presupuesto contenga metas plurianuales como forma de alcanzar el equilibrio fiscal y la preocupación por la necesidad de reducir, al menos en forma gradual, los impuestos distorsivos. Los empresarios transmitieron también, a modo de declaración de principios, su posición en cuanto al rol central del sector privado como generador de empleo e innovación y la necesidad de que el estado tenga un rol moderno.

El concepto resonó en días en que la discusión pública en la Argentina atraviesa temas básicos, como el respeto a la propiedad privada. Y a la vez, el ministro deslizó algo que sonó más que bien ante los oídos de los interlocutores, aún sin ser un promesa concreta: habrá un esfuerzo del gobierno para que el déficit fiscal sea menor a lo previsto en 2021, un camino que intentó iniciarse con los anuncios sobre los adelantos transitorios del BCRA, que podrían reducir el déficit un 0,6% en este año.

Fuente: Infobae.com

El Ministro de Salud Ginés González García dijo estar satisfecho con el cambio radical que pudo verse en el sector de salud desde la asunción del presidente Alberto Fernández. “El sector salud estaba muy mal, lo recuperamos, y tener una capacidad de respuesta que no tenía, fue importante’” reconoció el funcionario. A su vez, se mostró desconcertado respecto del alto nivel de mortalidad que el virus todavía posee en territorio argentino. Continuando con su desazón frente a la pandemia, reconoció “jamás vi algo parecido, es brutal”. Entrevistado en Animales sueltos, dijo que «nunca puede ser un éxito de política sanitaria teniendo tantas muertes» Aun así, y frente a sus desalentadoras palabras, Ginés intentó mostrarse un poco más optimista en cara a un futuro cercano, aclarando tener la esperanza de encontrar un tratamiento terapéutico. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Respecto a la posible llegada de la vacuna, el ministro anticipó la cantidad de dosis que fueron producidas hasta el momento. “’De Pfizer son 3 millones, de Astrazeneca 22 millones a partir de marzo, Cobax 9 millones a partir de febrero”, dijo. Hizo, también, mención a de la vacuna rusa a la cual comparó con aquella producida en Reino Unido: “La rusa y Astra tienen la misma tecnología, las otras son más complejas ya que que trabajan sobre el ARN”. Descartó la utilización de un antídoto propinando por el laboratorio estadounidense Moderna. Durante los últimos minutos de su participación en el programa conducido por Luis Novaresio, aclaró que “el acceso a la vacuna va a ser totalmente gratuita para los argentinos”. No se trata del único comentario sobre la pandemia que el ministro emitió durante el día de ayer. Según pudo recabar la agencia de noticias NA, Ginés confirmó que la campaña de vacunación será “masiva” y algo “nunca hecho antes con tanta magnitud”. A su vez, expresó su deseo de que todos pueden acceder a la misma “desde Ushuaia hasta La Quiaca”. Luego, subrayó las intenciones del Gobierno Nacional de alejarse lo más posible de la crítica situación que se encuentra experimentando el continente europeo, a la cual caracterizó como «arrasadora». Finalmente, en comunicación con Telenoche, aseguró tener miedo de que Argentina transite esta segunda ola de contagios con la que está siendo azotada Europa. “Yo miro todo lo que pasa en el mundo y la verdad estoy perplejo” lamentó el ministro a la vez que buscó traer calma a la población diciendo que «habrá una gran cantidad de argentinos vacunados».

Fuente: Perfil.com

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apunta a seguir ordenando el terreno fiscal y monetario en forma gradual para pasar un verano tranquilo con recursos adicionales de los bancos multilaterales y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el anuncio de ayer, consistente en que el Tesoro no le pedirá más dinero al Banco Central en concepto de adelantos transitorios, es otro ejemplo que va en el mismo sentido que las medidas que se adoptaron en las últimas dos semanas. De todos modos, el Gobierno puede usar todavía 400.000 millones de pesos por las utilidades del BCRA.

El comunicado de Economía acompaña la decisión del Gobierno de descongelar las tarifas de los servicios públicos y las cuotas de la medicina prepaga. Este camino fue transmitido por Guzmán ante los principales empresarios del país.

Los bancos multilaterales aportarían créditos para infraestructura y otras áreas críticas; hay que recordar que en el presupuesto 2021 se duplica la inversión en ese rubro, de 1,1 a 2.2% del PBI

En cambio, parece a contramano la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas de prorrogar hasta fines de enero próximo el programa de “Precios Máximos”, pese a que las empresas ya le avisaron en voz alta al Gobierno que hay problemas de abastecimiento para reponer insumos, cuando la demanda empieza a dar señales de repunte.

“Se está ordenando la macro”, indicaron calificadas fuentes oficiales, seguras de que Guzmán ganó un crédito adicional para poder negociar con el Fondo luego de haber logrado, con intervención en el mercado, que bajara el dólar financiero la semana pasada. “Muy despacio y por las piedras claramente se busca converger hacia equilibrios fiscales más temprano que tarde”, explicaron.

Guzmán, agregaron, siempre tuvo en claro que la “la híper emisión forzada por la pandemia tiene que ser controlada para evitar desbordes indeseables, pero en el punto más duro de la cuarentena eso era imposible”.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el jefe del Banco Mundial (BM), David Malpass (EFE/ARCHIVO)

Este ordenamiento –que todavía no tiene su correlato en otras áreas del Gobierno, donde predomina la dispersión de ideas respecto de la propiedad privada, entre otros aspectos clave– podría generar un aumento del flujo por parte de los bancos multilaterales más que del propio FMI.

“Ellos pueden pedir condicionalidades, pero saben que no son ajenos a cualquier mal desenlace que pueda haber, sobre todo después de haber errado tanto con el programa del 2018. Eso lo aprendieron”, aclaró un funcionario.

Por un lado, pese a las versiones que corrieron estos días, no es posible resucitar el crédito acordado por la gestión de Mauricio Macri –que tenía por desembolsar casi USD 13.000 millones– porque el Gobierno ya lo canceló formalmente, aclararon fuentes al tanto de la relación bilateral.

Por el otro, si hubiera un acuerdo rápido con el Fondo –al menos más rápido que lo que se pensó originalmente, entre enero y febrero– el organismo podría aportar un monto ligeramente superior al que destinará para que la Argentina repague su deuda de 44.000 millones de dólares.

Una mujer pasa junto al logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas)

Pero la firma de este acuerdo –que para el equipo de Guzmán sería importante que el Congreso debatiera en las sesiones extraordinarias antes de fin de año– podría gatillar más recursos por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este sentido, el Gobierno sabe que cualquier gesto que haga el FMI será muy trascendente –aunque no completamente determinante– para el directorio de las otras dos entidades financieras de Washington, con las que mejoró mucho la comunicación durante la pandemia.

La intención de estos tres organismos es trabajar en forma integral y, si el Fondo pidiera una señal, tal vez la respuesta sería positiva.

El Banco Mundial que conduce David Malpass ya aprobó créditos por USD 6.146 millones en 22 proyectos focalizados en políticas de salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección social. De ese monto, restan desembolsar 2.500 millones de dólares, que se podrían reasignar si el Gobierno lo solicita y se cumplen los criterios del banco.

‘Se está ordenando la macro’, indicaron fuentes oficiales, seguras de que Guzmán ganó un crédito adicional para poder negociar con el Fondo luego de haber logrado, con intervención en el mercado, que bajara el dólar financiero la semana pasada

En el caso del BID, el nuevo presidente, Mauricio Claver-Carone, ya planteó ciertos límites para aumentar su exposición en la Argentina, en parte porque está a la espera de un aumento de la capitalización del banco que prometió obtener durante su campaña electoral.

La cartera activa del BID con el sector público es de 54 operaciones por USD 9.206,4 millones, con un saldo por desembolsar de USD 3.874,7 millones, que se encuentra distribuida del siguiente modo: 61% en proyectos dirigidos a promover el crecimiento y la competitividad (transporte, energía, ciencia y tecnología, desarrollo rural y agropecuario, turismo), 28% promueven el desarrollo social (agua potable y saneamiento, educación, salud, desarrollo social y desarrollo urbano) y un 11% la mejor gobernabilidad (modernización del aparato del estado, gestión fiscal, seguridad ciudadana).

Economía da por descontado este aumento de fondos del exterior. “Los bancos multilaterales aportarían créditos para infraestructura y otras áreas críticas; hay que recordar que en el presupuesto 2021 se duplica la inversión en ese rubro, de 1,1 a 2.2% del PBI”, destacaron las fuentes oficiales.

Cautela en Washington

Mientras tanto, en Washington hay más cautela. El Fondo todavía no emitió señales desde que su titular, Kristalina Georgieva, expresara su apoyo a la decisión de Guzmán de desandar parcialmente el “súper control de cambios” implementado por el Banco Central el 15 de septiembre.

Por ahora, se limitó a confirmar que una misión llegará a mediados de este mes para negociar un nuevo acuerdo, aunque las fechas podrían complicarse por el festejo del Día de Acción de Gracias, tan trascendente en Estados Unidos.

Martín Guzmán, Sergio Chodos y funcionarios del FMI

Sin embargo, fuentes cercanas al organismo expresaron que no será nada sencillo llegar a un acuerdo rápido como el que pretende el Gobierno para pasar el verano, hasta que empiece la temporada alta de liquidación de divisas por parte del campo en abril.

“El plan fiscal que tienen se financia demasiado con el Banco Central. Debe haber un programa monetario consistente con menor inflación, que hoy esta reprimida por tarifas congeladas y tipo de cambio que se devalúa menos de lo necesario”, afirmó un ex funcionario del organismo que dialoga en forma casi cotidiana con el staff.

En cualquier caso, para algunos analistas es importante que el Gobierno “se haya asustado” con la muy fuerte suba del dólar libre en octubre y se haya decidido a dar un giro, aunque sea leve. Para comprobar si hay consistencia de mediano plazo, faltan muchos pasos, aclaran. Pero por algo se empieza. El miedo, en este caso, puede que haya sido un buen consejero.

Fuente: Infobae.com

Referentes de la oposición salieron a reclamar este lunes 2 de noviembre «más información» sobre la vacuna rusa «Sputnik V», luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la compra de 25 millones de dosis que llegarían entre diciembre y enero. Además, resaltaron la necesidad de que se cumplan los plazos para la aplicación y hasta invitaron a los funcionarios del Ministerio de Salud a ser los primeros en probarla. «El Gobierno actúa con liviandad en todas las materias. Exigimos del Gobierno y de los técnicos mucha más información y que este proceso de la vacuna tenga transparencia y una rigurosa validación», expresó Alfredo Cornejo y dijo que «hay una gran improvisación» por parte del Ejecutivo en este tema. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Además, el exgobernador de Mendoza consideró que no hay ninguna «necesidad de dar fechas» porque no es una vacuna que esté «ratificada por la OMS». «El Gobierno está muy motivado por dar buenas noticias en materia sanitaria, en generar un horizonte, entonces invoca la vacuna. No es la primera vez que han hecho grandes anuncios y no tenían por qué dar plazos cuando nadie en el mundo lo hace», insistió en diálogo con TN. Frente a la confusión que está generando el acuerdo del gobierno nacional con Rusia para la adquisición de la vacuna #SputnikV, creo que es importante ordenar algunas cuestiones y explicar por qué se hacen ciertos cuestionamientos. Abro hilo:👇🏼 — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) November 3, 2020 Adolfo Rubinstein, el exministro y secretario de Salud, denunció en su cuenta de Twitter que el Gobierno generó «confusión» sobre el acuerdo con Rusia y recordó que ninguna vacuna finalizó «los ensayos de fase 3. Todas deben terminar los estudios que permitan garantizar la efectividad, seguridad y calidad para su aprobación regulatoria, con la misma rigurosidad que cualquier otra vacuna». «Por eso es tan importante la claridad y transparencia de la información acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo en los próximos meses, sobre todo para garantizar la seguridad de las vacunas y no abonar el discurso dañino de los antivacunas», expresó el exfuncionario en su cuenta de Twitter. Los detalles del viaje secreto de Carla Vizzotti y otros funcionarios de Salud a Rusia Pedido de informes y funcionarios de voluntarios Desde el radicalismo realizaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo «para obtener información respecto de la logística que se implementará para llevar a cabo la vacunación contra el COVID-19». El escrito presentado por Alejandra Lordén, diputada provincial y vicepresidenta de la Comisión de Salud y Vicepta de la UCR, resaltó que «lo más importante para cualquier vacuna es la prueba de su seguridad y su eficacia. Es alentador, sin duda que se pueda estar pensando en tener una vacuna contra el virus que tanto afectó y afecta a nuestra provincia, pero es importante contar con información certera y que en base a eso el Poder Ejecutivo tome las decisiones más inteligentes». Por otro lado, Luis Petri advirtió que el Gobierno «quiere comprar una vacuna cuyo único estudio se realizó en 72 personas por 42 días, sin placebo y sin voluntarias mujeres», y reclamó: «Los primeros voluntarios en el país deberían ser todos los funcionarios del Ministerio de Salud y Anmat que participen en el proceso de compra y aprobación de la vacuna Sputnik V o de cualquier otra». Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI durante la gestión de Mauricio Macri, fue otro de los que planteó sus dudas al respecto al sostener que la vacuna rusa «por lo menos debería ser evaluada primero, mínimamente por ANMAT», y consideró que «el procedimiento no es el adecuado».

Fuente: Perfil.com

La Corte Suprema de Justicia finalmente dictará una sentencia en el per saltum iniciado por los jueces que investigaron la corrupción del kirchnerismo y fueron desplazados por el gobierno nacional. De no haber cambios, el máximo tribunal confirmaría provisoriamente en sus cargos a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli hasta que el Consejo de la Magistratura realice nuevos concursos.

Para entender el alcance de la decisión que debaten los ministros y ya habría alcanzado una mayoría, hay que retrotraerse a la gestión de Cambiemos, cuando el entonces presidente Mauricio Macri dispuso el traslado de estos tres magistrados para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Tras la asunción de Alberto Fernández en el poder, la metodología fue impugnada por el Consejo de la Magistratura, que ordenó revisar las designaciones de 10 jueces por esta vía. El trámite pasó al Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no se presentaron a defender sus nombramientos y el jefe de Estado ordenó por decreto dejar sin efecto los traslados.

Los jueces afectados por la decisión presidencial iniciaron una estrategia legal que incluyó un pedido para que la Corte Suprema tomara el tema y dirimiera la cuestión. En una primera instancia, el máximo tribunal habilitó la discusión del per saltum –una vía excepcional– y dispuso que los magistrados continuaran en los cargos objetados hasta tanto se definiera la cuestión de fondo. Esa decisión podría conocerse este martes, o a lo sumo el miércoles.

La discusión técnica en el seno de la Corte gira en torno a varios aspectos. El primero es una acordada del propio tribunal que validó los traslados dispuestos por Cambiemos y en el caso puntual de Bruglia estableció: “No es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme al artículo 9, inciso 4, de la Constitución”. Si bien ahora se ratificaría la validez de los traslados, se agregaría un límite legal para que los gobiernos no abusen de esa potestad.

Hay un antecedente que explica el espíritu de la decisión: durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó dispuso el traslado de fiscales sin que se realizaran los concursos pertinentes hasta que la Corte dictó la invalidez de ese mecanismo. Ahora, la barrera legal a los traslados discrecionales de jueces estaría dada por la realización de los concursos para la designación de jueces naturales de acuerdo al procedimiento dispuesto en la Constitución Nacional. Bruglia, Bertuzzi, Castelli y el resto de los jueces que se encuentran en una situación similar tendrán la posibilidad de presentarse a concursar y eventualmente quedarse con el puesto.

Un boceto del voto de la mayoría que circulaba esta tarde en los despachos más importantes del edificio ubicado en Talcahuano al 500 incluía en su parte resolutiva al menos 9 puntos. Uno de ellos insta directamente al Consejo de la Magistratura a promover la realización de los concursos para cubrir cargos vacantes y ordena restringir lo máximo posible los nuevos traslados.

Otro punto establece que las decisiones y actos procesales realizados por los magistrados trasladados tienen absoluta legalidad. Por lo tanto, las defensas no podrán utilizar este fallo de la Corte para interponer recursos que pretendan impugnar lo resuelto hasta ahora en los casos de corrupción.

Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli

El otro foco para analizar la cuestión es estrictamente político. En los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales entienden que si no establecen un límite, los presidentes continuarán abusando de esta potestad. Por ejemplo, un juez de Mercedes –donde el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y su hermano tienen una gran influencia– podría ser designado arbitrariamente para ocupar el lugar que quedó vacante en la Justicia federal con el fallecimiento de Claudio Bonadio y este tipo de ardides son los que se quieren evitar a partir de ahora.

De acuerdo a las deliberaciones que se realizan por estas horas, la decisión de la mayoría tendría las firmas de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, que se sumó a último momento. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, se inclinaría en su voto por una restitución irrestricta de los jueces en los tribunales a los que fueron trasladados.

Fuentes judiciales adelantaron a Infobae que el fallo incluiría además una exhortación al Congreso de la Nación para que dicte una ley que reglamente los traslados de magistrados judiciales.

Ganadores y perdedores

Si bien el fallo podría ser leído como un revés para el gobierno nacional, no es el peor escenario. El oficialismo controla el Consejo de la Magistratura y tiene mayoría en el Senado como para avanzar con la designación de nuevos jueces en tribunales que están vacantes. Esos procedimientos, generalmente lentos y engorrosos, podrían tener otro impulso a partir de la publicación de la sentencia de la Corte. En esta nota se explica paso a paso cómo se designan los jueces en la Argentina.

La decisión tiene ingredientes salomónicos: frena el avance de Cristina Kirchner sobre la Justicia, ratifica a los jueces en los cargos sensibles que ocupan, marca un límite a los traslados y promueve los concursos para cubrir las vacantes y cumplir con lo dictado por la Constitución.

Bruglia y Bertuzzi (desplazados de la Sala I de la Cámara Federal) entendieron en varias causas sobre la corrupción K. En especial, hay una decisión de ellos que irrita al poder: ratificaron el procesamiento dispuesto por el fallecido Bonadio en el caso por los cuadernos de la corrupción. Castelli (TOF 7) es uno de los jueces que deberían entender en el juicio oral y público de ese mismo caso. Actualmente se encuentran bajo licencia, a la espera de una decisión sobre su futuro.

Sus desplazamientos provocaron rechazos en el arco opositor y manifestaciones pese a la cuarentena por coronavirus. A mediados de septiembre, cientos de personas marcharon con antorchas a Tribunales bajo el lema “Una luz por la República”. Además, se realizó una vigilia la noche anterior a que la Corte decidiera habilitar el tratamiento del per saltum.

Fuente: Infobae.com

El mensaje a la fracción de la oposición que abrió una puerta al oficialismo es negativo: el kirchnerismo no quiere negociar ahora el pliego de Daniel Rafecas, juez que el presidente Alberto Fernández eligió para Procurador General. “No vamos a discutir nombres en este momento”, aseguró una alta fuente del oficialismo que transmitió la decisión de la Vicepresidenta para que se avance con varios proyectos de ley que buscan modificar la mayoría requerida para la designación del jefe de los fiscales, la forma de remoción y el plazo del mandato. El debate arrancará esta tarde en la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Oscar Parrilli.

A siete días de la carta de Cristina Fernández en la que respaldó y cuestionó al mismo tiempo la gestión presidencial, y para no esmerilar la autoridad presidencial, fuentes del Senado indicaron que el tratamiento no será exprés y que para dictaminar se aguardarán las propuestas de la comisión que conformó Alberto Fernández en el marco de la reforma judicial. Esa comisión está integrada por once juristas, entre ellos el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi. También la conforman la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, quien fuera la frustrada candidata a procuradora de Mauricio Macri (justamente por no haber logrado los dos tercios de los votos); el ex juez León Arslanián; Hilda Kogan, jueza de la Suprema Corte bonaerense; y el jurista Enrique Bacigalupo. Completan la comisión Andrés Gil Domínguez; Gustavo Ferreyra; Marisa Herrera; y los jueces Omar Palermo, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini.

El objetivo, insistieron las fuentes, es modificar la ley de manera que el Procurador se elija por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los senadores, no de los presentes: 37 senadores. El oficialismo, sin necesidad de aliados, ya tiene 41 senadores. En ese marco, elegir al jefe de los fiscales antes de cambiar la ley “no tiene sentido”, insistieron cerrando por ahora toda vía de pacto oficialismo-oposición.

La semana pasada Elisa Carrió pateó el tablero de Juntos por el Cambio al pedir que no haya “mezquindades” ni “especulaciones” y se vote a favor de Rafecas en el Senado. El Gobierno no hizo más que enviar el pliego a la Cámara Alta donde espera su tratamiento en la comisión de Acuerdos que preside otra kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti. Para que Rafecas sea elegido se requieren dos tercios de los votos, número que no tiene el Frente de Todos. Y como hoy no están los votos, el ala dura del Frente de Todos decidió avanzar con una discusión que modificaría las reglas al mismo tiempo que empujaría al actual procurador interino, Eduardo Casal, cuya gestión se cuestiona en paralelo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal.

Tras la reunión de Carrió con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y un guiño público de Diego Santilli, hubo en el Senado algunas charlas muy informales. Desde el radicalismo le preguntaron al cordobés Carlos Caserio si el Presidente estaría dispuesto a conversar. “El Presidente siempre está abierto al diálogo”, recibieron como respuesta del senador que conversa bastante con el jefe de Estado. En el Congreso dicen que el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, es quien también tiene puentes al menos con el ala moderada de Juntos por el Cambio. Habla seguido con el jefe de gobierno porteño, por ejemplo.

Maximiliano Ferraro, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin y Horacio Rodríguez Larreta hablaron de los votos al Procurador

Sin embargo, el kirchnerismo desconfía de la oposición y la oposición desconfía del oficialismo. Como en la guerra, “nadie depone armas”, graficó un importante senador en charla con Infobae.

“El manejo en el Senado lo tiene Cristina, sólo ella sabrá si tiene o no intenciones de avanzar o no con el pliego de Rafecas”, le dijo a este medio uno de los senadores de Juntos por el Cambio que no vislumbra negociación en puerta. De hecho Luis Naidenoff, jefe del interbloque, pidió en uno de sus discursos que se active la discusión en Acuerdos y que se vote: “Si están los números habrá Procurador y sino, se buscará otra propuesta”, consideró.

Otra fuente en el oficialismo aseguró en cambio que Rafecas sigue siendo el candidato de Alberto Fernández y no algunos nombres que circulan en forma de rumor. “El Presidente lo propuso, y es nuestro candidato a Procurador”, planteó.

Para esta tarde a las 15, el Frente de Todos convocó a tres juristas mientras que espera la lista de especialistas de la oposición para una próxima reunión. Entre los convocados está el abogado Maximiliano Rusconi, quien fuera abogado de Carlos Menem, Lázaro Báez, Julio De Vido, de Diego Lagomarsino en el caso Nisman y de Nicolás Ciccone en la causa por la imprenta que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou. Rusconi fue admeás fiscal general de la Procuración.

Los otros dos expositores serán Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires. Y Daniel Erbetta: Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

El jueves último en sesión de la cámara alta, el oficialismo rechazó el pedido de Lucila Crexell y Martín Lousteau de sus tres proyectos sobre el Procurador. Son los que hoy se discutirán.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós afirmó este lunes 2 de noviembre en conferencia de prensa que la propuesta sobre el regreso a clases el 17 de febrero febrero “va a estar ya supeditada a la situación epidemiológica” de ese momento en el marco de la pandemia del coronavirus. La semana comenzó con una baja de casos y una disminución en la ocupación hospitalaria. Desde la sede del Gobierno de la Ciudad, el funcionario expresó que tiene “todas las expectativas de alcanzar ese objetivo” de regreso a clase “en forma presencial” en febrero, planteado por su par de Educación, Soledad Acuña. La Ciudad puso fecha para la vuelta a clases en 2021 Quirós sostuvo que la vuelta a las aulas en febrero sería un escenario posible ante “una curva (de contagios de coronavirus) que está sistemáticamente descendiendo”, por lo que trabajarán “intensamente para mitigar al máximo un rebrote”, indicó el ministro. Te hace falta saber. Nos apasiona informar. Necesitás confiar. Te queremos ahí. HACETE SOCIO DE PERFIL Periodismo Puro en tiempo real. SUSCRIBITE En la verdad no hay grieta: el único compromiso es con vos Los casos confirmados de Covid-19 en la ciudad de Buenos Aires llegaron en las últimas 24 horas a 236, manteniendo de ese modo la curva de contagios a la baja, mientras que cayó al 30 por ciento la ocupación de camas de terapia intensiva. Clases en enero y febrero? | Trotta dijo que el ciclo lectivo terminaría el 30 de abril de 2021 “Estamos completando una curva epidemiológica”, concluyó Quiroz y aseguró que trabajan en estrategias para “mitigar, disminuir o evitar los rebrotes” como los que se están registrando en Europa en la actualidad.

Fuente: Perfil.com