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Hay optimismo. Moderado, contenido, pero optimismo al fin. En tres semanas el Gobierno se imagina en un contexto sanitario mejor al actual. Aún con indicadores epidemiológicos difíciles de domar, pero con tres millones de vacunas puestas en los brazos de los argentinos. Son 21 días. En tiempo de pandemia es una eternidad. La realidad pueda modificarse. Una, dos, tres veces. Tal vez más.

En la Casa Rosada saben que más allá de los pronósticos lo que sobreviene es pura incertidumbre. El crecimiento de los casos de coronavirus no tiene un pico determinando. En algunas oficinas gubernamentales asumen que en pocos días los contagios podrían pasar la barrera de los 30.000. Si se cumple, el tiempo pasado habrá sido mejor.

Pero la gravedad del escenario sanitario tiene su costado relativo. En el Gobierno no tienen señales claras de que el sistema de salud vaya a colapsar en las dos semanas siguientes, el tiempo clave para que las medidas funcionen. Aún con un fuerte aumento de los contagios.

La cantidad de casos en Argentina sigue creciendo a un ritmo vertiginoso (REUTERS/Agustin Marcarian)

Entonces, ¿por qué si los contagios aumentan el sistema sanitario no correría riesgo de colapso? Porque, según calculan en el oficialismo, las 5 millones de vacunas aplicadas en los grupos de riesgo ya están haciendo efecto. La mayoría de ellas colocadas a gente mayor y personal sanitario. Los de mayor riesgo de contagio. Personas que difícilmente utilicen el sistema de salud por el Covid-19.

Hasta el momento fueron aplicadas 2.563.481 dosis en mayores de 60 años. La carrera contrarreloj que comenzó el Gobierno tiene a ese grupo de riesgo en el centro de la escena.

A esas vacunas aplicadas se le suman las medidas restrictivas, el impacto de la comunicación oficial de las últimas semanas y el aumento de casos de coronavirus que empezaron a perforar la apatía de la sociedad por el cuidado personal y comunitario. Además, en esta segunda ola hay una gran cantidad de contagiados que son menores de 40 años y que logran pasar la enfermedad sin internaciones.

El Gobierno necesita que la sociedad comprenda la gravedad de lo que está sucediendo. Que se autocontrole. Que deje atrás la flexibilidad que había adquirido la vida cotidiana hasta el último jueves. Esa vida ahora ya no existe, como tampoco existe la que los argentinos tuvieron en el 2020 inmersos en una extensa cuarentena. Esta vida, la actual, la que empezó el viernes, quizás dure más tiempo que las tres semanas del DNU presidencial.

La segunda ola de Covid-19 no terminará el 30 de abril. Por lo que lo más probable, según razonan en la Casa Rosada, es que las medidas tengan que continuar más allá de esa frontera. No lo pueden confirmar porque desconocen el efecto del paquete de medidas. Pero saben que el primer día de mayo no pueden bajar todas las medidas impuestas en los últimos diez días.

El Gobierno estima que las mayorías de las medidas que se tomaron en este nuevo DNU, van a tener que seguir después del 30 de abril

Si para ese entonces las medidas surten efecto y la curva de contagios se plancha, entonces seguirán, probablemente, medidas cada vez más focalizadas sobre las ciudades donde el sistema sanitario corra riesgo y donde la circulación del virus mantenga una velocidad implacable. También pequeñas flexibilizaciones en las actividades culturales y deportivas que se vieron afectadas por el decreto.

En esta nueva etapa de la pandemia el Gobierno tiene algunas ventajas respecto a la logística. El sistema sanitario fue robustecido con camas UTI y respiradores durante el inicio de la pandemia. El año pasado las camas de Terapia Intensiva pasaron de 8521 a 12.501. El incremento fue del 47%. Además, los médicos ya cuentan con un tratamiento más sistematizado que el que existía en el inicio del 2020. Noticias positivas. De las que no sobran.

Otra ventaja es que los comandantes de la gestión política tienen más en claro cuándo es necesario ajustar las medidas restrictivas y cuál es el margen de acción que tienen sobre la voluntad de la sociedad. En la primera mitad del año pasado la pandemia se había convertido en un pantano desconocido y extremadamente peligroso.

En la Casa Rosada esperan que en lo que queda del mes lleguen cerca de 3 millones de vacunas (Twitter: @ceriani_pablo)

Un año después el Gobierno ya sabe que la cuarentena eterna no es una solución. Mucho menos aplicada sobre una economía destruida. Si los datos epidemiológicos complican el sistema sanitario, Fernández tendrá por delante una tarea aún más difícil que la del último año: hacer equilibrio entre las muertes por coronavirus y las vidas sepultadas bajo las ruinas de la economía argentina.

Para el tiempo que viene el Gobierno tiene tres ejes claves que marcarán el pulso de la gestión sanitaria: el impacto de las medidas restrictivas, el control del cumplimiento efectivo de esas medidas y el autocontrol de la sociedad, y la aceleración del operativo de vacunación.

Si las medidas tomadas la última semana surten efecto o no, lo sabrán antes de que termine abril. En gran medida, el resultado depende del control que ejerza el Estado. Esa tarea está en manos de los gobernadores e intendentes, a quienes desde la Casa Rosada les delegaron la responsabilidad de hacerlas cumplir.

El tercer eje es la verdadera clave. El Gobierno pone todas sus fichas en el operativo de vacunación. En las tres semanas siguientes estiman vacunar a 3 millones de personas. En un mes completo, podrían vacunar a 4 millones. A toda velocidad. Colocando un promedio de 180.000 vacunas por día en todo el país.

Para el Gobierno la herramienta clave para enfrentar la segunda ola es la aceleración del plan de vacunación

El miércoles 7 de abril se computó el día récord respecto a la vacunación. Se inocularon 199.395 personas en una sola jornada. La cantidad no se repite todos los días. Pero la capacidad operativa y logística a nivel nacional puede soportar ese ritmo.

Para que ese proyecto se cumpla son necesarias las vacunas. Según los datos del Ministerio de Salud, la Argentina cuenta con 7.266.500 vacunas en el país, de las cuales 4.956.023 ya fueron aplicadas. Con ese remante se dio inicio a esta nueva etapa de vacunación. Son cerca de dos millones de dosis.

En Balcarce 50 aguardan por la llegada de un avión desde China con un millón de dosis de Sinopharm, 580 mil de las Covishield, que provienen de la India, y 900 mil de Astrazeneca. Además, tienen previsto que lleguen vuelos de Rusia, pero no saben cuántos ni con que caudal de dosis.

Esas cuentas son las que le permiten al Gobierno apoyar la estrategia sanitaria en la aceleración del plan de vacunación. Sería también el inicio de una cadena de envíos que, según estiman, rondaría los 4 millones de dosis por mes entre todos los contratos firmados que tiene la Argentina.

El Gobierno apuesta a que el combo de medidas genere efectos positivos en los próximos 15 días (Presidencia)

Si el ritmo de vacunación es el que está estipulado, el Gobierno podrá vacunar a todos los grupos de riesgo antes del 21 de junio, día en que comienza el invierno, o en una fecha aproximada. Según el relevamiento que hizo la cartera sanitaria antes de comenzar el plan de vacunación, en Argentina hay un total de 14.492.299 millones de personas que forman parte de los grupos de riesgo. Ese total podría terminar de ser inmunizado en los próximos tres meses.

En los últimos días de abril el gobierno de Alberto Fernández hará una evaluación sobre los resultados de la conjugación entre las medidas, la vacunación y la capacidad del sistema sanitario. Lo probable, asumen puertas adentro de la Casa Rosada, es que se ajusten algunas medidas; que la mayoría de las que se implementaron, sigan; y que se mantenga el ritmo de vacunación.

Tendrán que evaluar el nuevo escenario social y sanitario a fin de mes. “La gestión de la pandemia es dinámica”, suelen decir en los pasillos de la Casa Rosada.

Ante un escenario de nuevas restricciones a la circulación, en el Gobierno descreen que la gente no acate las medidas. “La mayoría las va a cumplir. El 70% de la gente acata. La gente se quiere vacunar y entiende el contexto”, reconoció un dirigente cercano al Presidente.

En consecuencia, descartan que se ponga en juego la autoridad de Alberto Fernández frente a una sociedad que arrastra el cansancio de la cuarentena y la necesidad de generar ingresos, más allá de los riesgos sanitarios, impresos en la piel.

En Balcarce 50 estiman que en lo que quedan del mes llegará otro avión con un millón de dosis de la vacuna de Sinopharm (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En el entorno del Jefe de Estado hay una mirada positiva sobre la situación argentina en el contexto regional. Es inevitable la comparación con Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay. Donde no hay mayores restricciones a las libertades individuales, hay una multiplicación de contagios desesperante o un operativo de vacunación con menos disponibilidad de dosis que las de Argentina.

En base a esa descripción consideran que las vacunas que pudieron obtener, las ayudas económicas dispuestas como el IFE o el ATP, y los resultados sanitarios que se lograron muestran que Argentina “no está tan mal” en un mundo que “quedó patas para arriba por la pandemia”.

Un importante funcionario del Gobierno lo puso en otras palabras: “Tenemos un auto modelo 60′ hecho torta. Destartalado. Los países de la región tienen, de mínima, un modelo 2010. Cuando abrís la puerta de Argentina y mirás a la región y hacia Europa, te das cuenta que no somos los peores. Estamos bien y vamos a estar mejor”. Optimismo puro.

Fuente: Infobae.com

“No creemos que hoy, en este momento, haga falta un IFE. Pero no somos necios”, afirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, en relación a la posibilidad de que en 2021 vuelva a pagarse el bono de $10.000 que durante 2020, en tres oportunidades, recibieron los desocupados, los trabajadores informales y del empleo doméstico, entre otros sectores que quedaron imposibilitados de trabajar por la cuarentena.

La funcionaria dijo que el Ingreso Familiar de Emergencia “fue un buen instrumento y por eso se entiende por qué la gente vuelve a hablar sobre el IFE”. Pero agregó que el Gobierno decidió implantarlo “en un momento en que la gente estaba impedida de salir de su casa y hoy no estamos en ese momento. Las restricciones no son las del año pasado, tienen que ver con la nocturnidad”. Añadió que “tampoco es que nosotros tenemos la visión de que la gente está fantástica”.

“No somos necios, leímos los datos de pobreza, que son terroríficos. Sabemos que en el último trimestre del año pasado y en el primero de este año tuvimos una aceleración de la inflación y eso pega en los alimentos”, agregó Todesca Bocco.

“El IFE alcanzó un universo de 9 millones de personas que es muy heterogéneo. Es muy probable que en todos esos hogares el ingreso se haya recuperado porque la gente volvió a trabajar, ya sea en el mercado formal o en el informal” (Todesca Bocco)

“No vamos a abandonar a nadie. Si las circunstancias empeoran vamos a estar muy atentos y ver cuáles van a ser los instrumentos que vamos a aplicar”, señaló, dejando abierta la posibilidad de una ayuda como la del IFE solamente atada a un escenario extraordinario como el del comienzo de la pandemia.

“Estamos listos para actuar donde hace falta”, dijo, tras señalar que ya habló con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para analizar la posibilidad de incrementar distintas partidas presupuestarias vinculadas a las ayudas alimentaria.

Todesca Bocco explicó además que cuando se desactivó el IFE fue reemplazado por otras medidas paliativas: “Pusimos en marcha un conjunto de políticas que para nosotros son mejores, porque tienen que ver con ese universo de 9 millones de personas que es muy heterogéneo. Es muy probable que en todos esos hogares el ingreso se haya recuperado porque la gente volvió a trabajar, ya sea en el mercado formal o en el informal”.

“El IFE fue un buen instrumento y por eso se entiende por qué la gente vuelve a hablar sobre él. Pero se creó en un momento en que la gente estaba impedida de salir de su casa y hoy no estamos en ese momento” (Todesca Bocco)

Entre esas medidas, Todesca Bocco mencionó la ampliación de la Asignación Universal Por Hijo (AUH), la devolución en las compras con tarjeta de débito, el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el nuevo plan de Becas Progresar para jóvenes. Destacó que el presupuesto destinado a desarrollo social en el año pasado fue un 91% más alto que en 2019.

El IFE tuvo un alcance de 9 millones de beneficiarios durante tres pagos de $10.000 cada uno que realizó el Gobierno a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entre abril y noviembre. El programa incluyó a sectores que quedaron desprotegidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones a la circulación y a diversas actividades económicas. Ese universo heterogéneo al que aludió Todesca Bocco comprendió desocupados, trabajadores del sector informal, personal de casas particulares y los monotributistas sociales o de las categorías A y B.

De acuerdo a datos oficiales, en total, prácticamente el 30% de la población argentina pidió a Anses cobrar los $10.000 de asistencia. Además de los 8,9 millones de casos aprobados, otros 4,6 millones de personas tuvieron sus solicitudes rechazadas, principalmente por tener un ingreso en blanco, ya sea en el caso del solicitante o de un integrante de su grupo familiar.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó este jueves 8 de abril que «los primeros datos industriales de marzo son alentadores«, tras conocerse los indicadores de la actividad de la construcción y la producción industrial de febrero, que mostraron una mejora interanual del 22,7% y 1,6%, respectivamente.

Según describió el ministro Kulfas “la mejora industrial no fue arte de magia, sino de un giro de 180 grados en la orientación de las políticas productivas. El gobierno de Macri fue anti-industrial, con tasas de interés usurarias y un desprecio por lo nacional”.

En este sentido destacó las 150 medidas de fomento a la producción nacional impulsadas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y sostuvo que «los primeros datos industriales de marzo son alentadores; por supuesto que la comparación contra 2020 va a dar ahora muy alta, producto de que ya comparamos contra meses pandémicos; aún así, comparando contra 2019 los datos son positivos».

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Además, sostuvo que «la industria tuvo un verano fabricando por encima de los niveles prepandemia; ahora bien, el dato de febrero fue algo peor al de enero (con una caída del 1,6% intermensual); ese dato era previsible y ya lo veníamos señalando; no se trata de un freno en la recuperación, sino que las paradas de planta por vacaciones este año se dieron más en febrero que en enero, a diferencia de 2020 (cuando fue más en enero)», sostuvo Kulfas.

«De acuerdo a nuestras primeras estimaciones, en marzo la industria operó aproximadamente 6% por encima de marzo de 2019, y 27% por encima de marzo de 2020», adelantó el funcionario.

Según el Indec, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) aumentó 22,7% interanual, y registró su cuarta suba consecutiva tras veintiséis meses en baja y la tercera consecutiva por encima del 20% interanual; y en el primer bimestre del año acumula un aumento de 23% respecto a igual período de 2020.

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En la comparación mensual, el ISAC se contrajo -3,9% sin estacionalidad, la primera caída luego de cinco meses en alza; pero la serie tendencia-ciclo (estimación más estable) aumentó 2,7% mensual, acumulando la décima suba consecutiva.

Entre las medidas lanzadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo se encuentra el retorno del crédito a las PyMEs gracias al Fondo de Garantías y el Fondo de Desarrollo Productivo con la consecuente baja de las tasas de interés, también la puesta en marcha de políticas activas de desarrollo de proveedores nacionales. Asimismo, el relanzamiento de

Ahora 12 para apuntalar los bienes de producción nacional y la redujimos retenciones a las exportaciones de mayor valor agregado. Del mismo modo, el impulso de las 16 mesas sectoriales con el sector privado, con resultados para la metalmecánica, naval, automotriz, textil, calzado, equipamiento médico, muebles, motos, bicicletas, juguetes, petróleo, gas, minería, química y plástica.

Los datos del INDEC de febrero sobre la industria:

• Actividad de la Construcción +22,7% internanual
• Producción Industrial +1,6% internanual

Sector Automotriz

• +43.000 unidades en Marzo. Producción Max desde Agosto 2018
• +125% interabaul y +48% respecto al 2019
• Participación de la producción nacional aumentó del 30% al 46% en el último año.

Construcción

• En marzo los despachos de cemento subieron +93% i.a. y +3% contra el mismo mes del 2019.
• Producción de materiales para la construcción según el Grupo Construya tuvo el mejor marzo en por lo menos 20 años (y estuvo 23% por encima de marzo 2019).

Kulfas: «Hemos impulsado desde este ministerio 150 medidas de fomento a la producción nacional». Estas medidas son:

• El retorno del crédito a las PyMEs (gracias al Fondo de Garantías y el Fondo de Desarrollo Productivo y a que bajamos tasas de interés) y políticas activas de desarrollo de proveedores nacionales.
• Relanzamiento de Ahora 12 para apuntalar los bienes de producción nacional y redujimos retenciones a las exportaciones de mayor valor agregado.
• Se lanzaron 16 mesas sectoriales con el sector privado, con resultados para la metalmecánica, naval, automotriz, textil, calzado, equipamiento médico, muebles, motos, bicicletas, juguetes, petróleo, gas, minería, química y plástica. Hace 8 meses que el empleo industrial formal crece todos los meses, y ya se ubica en 10 mil puestos por encima de fines de 2019.
• Fuente: Perfil.com

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó la convocatoria a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y para las elecciones legislativas. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, las PASO se llevarán a cabo el 8 de agosto próximo mientras que las generales tendrán lugar el 24 de octubre, en coincidencia con el cronograma nacional. Sin embargo, el texto oficial aclaró que “en caso de determinarse una nueva fecha en el calendario electoral nacional, se deberá readecuar la fecha de los comicios”.

Las fechas se dieron a conocer en medio de las tensas negociaciones con la oposición para postergar las Primarias y un día después de que el Gobierno anunciara que empezará a trabajar en un proyecto de ley para posponer las PASO hasta el 12 septiembre y las elecciones legislativas para el 14 noviembre, debido a la pandemia de coronavirus. El anuncio lo hizo ayer el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, luego de una reunión en el Congreso con líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio.

Desde la Provincia aclararon a Infobae que el llamado oficial corresponde “a los plazos de antelación exigidos por la Constitución Provincial y el Código Electoral” y que “no es una decisión del gobernador, sino el cumplimiento de los plazos legales exigidos”. En ese sentido, señalaron que como el Congreso Nacional aún no modificó la fecha estipulada en la Ley Nacional N° 26.571, que es la que regula las PASO en el orden nacional, y estipula que deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año, “la Provincia no puede demorar el llamado más allá de la fecha límite que imponen los plazos legales”. Esa fecha límite para cumplir con la convocatoria es hoy.

Sin embargo, remarcaron al igual que en el Boletín Oficial que, “de producirse una modificación en el calendario electoral por parte del Congreso Nacional, la Provincia estará obligada a acoplarse y adecuar sus plazos electorales, toda vez que la normativa provincial también exige la realización de las elecciones en las mismas fechas que a nivel nacional”.

En el decreto, el gobierno provincial convocó al electorado bonaerense, “a fin de que proceda a la selección de los candidatos a cargos públicos electivos de todos los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales que deseen intervenir en la elección general”. Asimismo, acerca de las Generales de medio término explicó que “se votarán 23 senadores provinciales y 15 suplentes; 46 diputados provinciales y 28 suplentes; 1097 concejales titulares y 706 suplentes; 401 consejeros escolares titulares e igual número de suplentes”.

El texto oficial estableció, de igual forma, “la simultaneidad de las elecciones primarias y generales de legisladores provinciales y cargos comunales con las de legisladores nacionales aplicando la normativa nacional en lo referente a padrón de electores, modelos y colores de boletas, designación de autoridades de mesa, lugares de votación y escrutinio”.

“La adhesión a la simultaneidad de elecciones implica la realización de las elecciones primarias y generales en las mismas fechas que fije el Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las fechas deberán adecuarse a lo que oportunamente se establezca en el decreto de convocatoria a elecciones nacionales”, se aclaró.

En los fundamentos de la medida, el gobernador recordó que “por la Ley N° 14.086 la provincia de Buenos Aires determina en su artículo 2° que, ‘cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del Mercosur y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias Obligatorias y Simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día’”.

“El Poder Ejecutivo convocará a elecciones primarias en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización de las mismas; y que, además, las elecciones primarias deberán realizarse dentro de los 12 meses anteriores a la fecha fijada para la elección general”, agregó. “A fin de cumplir la manda constitucional en los términos dispuestos por la Ley N° 14.086, y de conformidad con el calendario electoral vigente a nivel nacional, la fecha de vencimiento para convocar al electorado de la Provincia es el día 9 de abril de 2021”, indicó.

Finalmente, en la disposición oficial del gobierno bonaerense señaló que “el calendario que se fija en el presente decreto queda condicionado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 14.086, a la fecha que determine el Estado Nacional” y se apuntó que “en caso de determinarse una nueva fecha en el calendario electoral nacional, se deberá oportunamente dejar sin efecto el presente decreto y readecuar la fecha de los comicios”.

Fuente: Infobae.com

Ante las nuevas restricciones que rigen desde hoy en el AMBA, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró esta mañana que realizarán “controles aleatorios del transporte público”, en el primer día de las medidas, en el que se vio una importante cantidad de gente en las estaciones neurálgicas de trenes y algunos colectivos.

“Vamos a hacer controles aleatorios del transporte público de pasajeros que transitan por esos accesos. Puente La Noria, Pueyrredón, el Acceso Oeste, etcétera”, dijo la funcionaria en diálogo con radio Urbana. “El objetivo no es penalizar sino cuidar a los ciudadanos”, agregó, aunque anticipó que habrá sanciones.

Con la intensificación de los dispositivos de las fuerzas fuerzas, los operativos serán sorpresivos y se enfocarán en los vehículos, de diverso porte y función, que transiten por los principales accesos de la Ciudad sin los permisos debidos.

Por otro lado, en diálogo con el canal TN, la ministra dijo que de 0 a 6 de la mañana, cuando rige una prohibición para circular, hubo controles en los accesos a la Ciudad. ”Estamos en Puente La Noria, Puente Pueyrredón, en Dock Sud, en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en la Ricchieri, en la Panamericana, en la Ruta 8 y 9 y en el Peaje de Ituzaingó del Acceso Oeste”, enumeró.

En ese sentido, remarcó que tras completarse el horario de la restricción a la circulación, esos controles “se van a transformar en aleatorios para determinar cómo es la circulación del transporte público en esos accesos, para verificar que haya como máximo diez personas paradas y verificar que tengan la autorización”. ”Estamos en toda la red tranviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires, la Policía Federal es la que tiene la responsabilidad primaria del control del certificado de circulación, que es el mismo que se usaba el año pasado”, agregó.

Por otra parte, Frederic explicó que se sancionará a quienes no cumplan con las medidas dispuestas por el DNU por lo que los juzgados de cada jurisdicción establecerán las penas a quienes reincidan a las restricciones de circulación, tanto en transporte público como si no respetan los horarios de queda en caso de no ser trabajadores esenciales.

“Las fuerzas de seguridad tienen que ocuparse de que la persona vuelva a su casa si no tiene el permiso y se le labrará un acta. En el caso de que reincida, el juzgado determinará qué hace. Incluso se puede llegar a una probation”, explicó.

Fuente: La Nación

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya recibió presentaciones de contribuyentes por $30.000 millones del “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, conocido como impuesto a la riqueza. De ese monto, solamente $7.500 millones ya ingresaron efectivamente al fisco, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales. Este número, a 8 días de la fecha límite para hacer las presentaciones, representa solamente el 10% de la estimación que hizo conocer el gobierno para la recaudación de este tributo, establecida en $300.000 millones.

Una primera aproximación a la marcha de este impuesto se había conocido con los datos de recaudación tributaria de marzo. Hasta el último día de ese mes, ya habían ingresado $6.063,7 millones. En la información difundida por el ministerio de Economía, ese ingreso fue consignado como un “recurso no tributario”, un detalle que no es menor dado que allí reside gran parte de la discusión que está transitando los tribunales. Para el gobierno, se trata de una contribución extraordinaria, que se pagaría por única vez. Para los contribuyentes que litigan, en cambio, se trata de un impuesto.

Sobre los juicios iniciados por los contribuyentes, en la AFIP reina cierta tranquilidad a pesar de algunas decisiones judiciales adversas. Una fuente oficial explicó que los fallos en contra del organismo tributario correspondieron a medidas cautelares, a recursos de amparo presentados por contribuyentes. Y destacó que un fallo emitido en la provincia de Córdoba, por el contrario, fue favorable a la posición oficial y analizó la cuestión de fondo.

Quienes elijan el plan de pagos de la AFIP, deberán pagar el 20% del monto total antes del 28 de abril pero tendrán que hacer la presentación antes del viernes 16

No obstante ese optimismo, lo cierto es que en los últimos días llegó una andanada de acciones en la Justicia. En el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad se presentaron 76 demandas contra el impuesto a la riqueza en los últimos 5 días hábiles de marzo. El disparador para esa lluvia de presentaciones judiciales fue una primera resolución, conocida el 22 de marzo, en la que la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar a una medida cautelar presentada por Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la empresa Globant. Por esa decisión, la magistrada obligó a la AFIP a no cobrar el impuesto por un plazo de 3 meses, mientras termina de resolverse la cuestión de fondo.

Esos 76 expedientes judiciales están en su etapa inicial, atravesando los primeros pasos habituales para estas causas, por lo que todavía no se conocen resoluciones. Además, algunos de los demandantes pidieron que sean reservadas y no expongan públicamente ya que contienen datos patrimoniales y personales.

Cabe destacar que el impuesto a la riqueza tiene dos fechas límites. Los contribuyentes alcanzados deberán hacer la presentación ante la AFIP antes del 16 de abril, una fecha extendida dado que el plazo original era el 30 de marzo. Al mismo tiempo, la AFIP ofreció un plan de financiación que consiste en pagar un adelanto del 20% del tributo y el saldo en 5 cuotas mensuales. Quienes elijan esta opción, deberán pagar la quinta parte del monto total antes del 28 de abril pero también tendrán que hacer la presentación antes del 16.

El disparador para la lluvia de presentaciones judiciales fue la resolución en la que la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar al pedido del empresario Alejandro Scannapieco

El impuesto a la riqueza alcanza a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos por el que deberán tributar una alícuota entre un 2 y 3,5 por ciento por los bienes en el país y entre el 3 y 5,25 por ciento para el patrimonio radicado en el exterior. Según la AFIP, deberá ser pagado por 12.000 contribuyentes. Los tributaristas estiman un número muy superior y no descartan que una gran parte de ellos decidan ir a tribunales.

César Litvin, socio fundador de Lisicki, Litvin & Asociados, sostuvo que “hay argumentos fuertes para aquellos que quieran litigar. Uno es la prueba de confiscatoriedad; para que sea confiscatorio, el impuesto debe absorber más del 33% de la renta y en muchos casos eso sucede; otro es que afecta la equidad, al establecer alícuotas diferentes por el mismo bien y en el exterior”.

Otro experto en impuestos, Diego Fraga consideró que así como muchos contribuyentes interpusieron una medida cautelar, otros optarán por pagar, en forma total o parcial, y luego protestar para pedir su devolución. “Existirán muchos casos donde se planteará la confiscatoriedad del nuevo impuesto, que en conjunto con Bienes Personales puede alcanzar hasta el 7,5%, pero también se plantearán otros argumentos constitucionales, como la discriminación en el tratamiento -base y alícuotas- de los bienes en el país y en el exterior”, precisó.

Fuente: Infobae.com