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El gobierno nacional anunció este martes la flexibilización de todas las restricciones que existían por la pandemia y una de las más contundentes fue que ya no será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre: “Levantamos la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, sin personas alrededor ni en aglomeraciones”, informó Carla Vizzotti.

Asimismo, la funcionaria aclaró que “continúa siendo obligatoria en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas”.

La medida regía desde mayo de 2020, casi dos meses después de iniciada la pandemia, cuando, hasta ese momento, solo era obligatorio usarlo en locales comerciales, dependencias estatales y en medios de transporte.

Además, Vizzotti dijo que a partir de hoy están permitidas las reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación; el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación; y la autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas y principales de estudiantes o similares siguiendo los protocolos recomendados.

Se flexibilizarán todas las restricciones nocturnas (Christian Heit)

Sobre las actividades nocturnas, dijo que las discotecas podrán abrir con aforo del 50%, con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento), pero aclaró que “es la actividad de mayor riesgo teniendo en cuenta la variante Delta”. Algo parecido ocurrirá con los salones de fiestas, bailes o actividades similares: estará habilitado para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. También habrá un protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.

Para los eventos masivos de más de mil personas, se habilitará a partir del 1 de octubre con aforo del 50% y “se trabajará con los actores involucrados el protocolo específico en relación a los requisitos”.

Sobre la apertura de fronteras, aclararon que deben estudiar las fechas estimadas con Migraciones, ANAC y otras autoridades. Pero adelantaron que el 24 de septiembre se elimina el aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria.

En octubre y noviembre casi no habrá restricciones para volar

En sintonía con esto, a partir del 1 de octubre se autorizará el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. La apertura de fronteras terrestres será a pedido de gobernadores (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción). Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres.

Por último, el 1 de noviembre se habilitará el ingreso de todos los extranjeros. Se solicitará esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país; test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria y test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria.

Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7.

Tener el esquema de vacunación completo será requisito para varias de las actividades

Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada, se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo: “De esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes”, explicaron.

En el comienzo de la conferencia, Vizzotti brindó los últimos datos epidemiológicos: “La campaña de vacunación se ha alcanzado el 63.4%, de personas que iniciaron su esquema: el 87.5% de los mayores de 18 años y el 92% de personas en riesgo. El esquema completo está llegando al 82% en mayores de 50 años. Los próximos pasos es seguir iniciando esquemas de vacunación en mayores de 18 trabajando casa por casa. Nos faltan 2,5 millones de segunda dosis para llegar al 50% con dos dosis”.

Y completó: “Queremos escalar la vacunación en adolescentes con Pfizer y AstraZeneca para menores de entre 12 y 17 años. Con esta estrategia de recuperación, continuando con este modo de cuidado permanente, podemos dar un paso más en la apertura de actividades. Hoy mismo empezamos a trabajar con todos los ministerios para generar el marco normativo”.

Fuente: Infobae.com

El presidente Alberto Fernández presentará hoy el nuevo gabinete de emergencia tras la derrota en las PASO y la crisis interna que se evidenció durante la semana pasada. Entre los nuevos dirigentes que vuelve a un plano de relevancia política se encuentra Aníbal Fernández, que reemplazará a Sabina Frederic al frene del Ministerio de Seguridad.

Uno de los funcionarios que respaldó a Fernández fue el responsable del área en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que mantuvo un largo enfrentamiento con Frederic. “No se puede discutir su capacidad de trabajo”, señaló el funcionario bonaerense. Lo hizo en el marco de la presentación en la base operativa de la Policía Bonaerense en Ciudad Evita de un operativo en donde se incautaron cinco toneladas de marihuana.

“Es momentos de hacer aportes para sumar, no soy de aquellos que rumean los problemas, miro para adelante. Tenemos un desafío con el doctor Fernández, sé del conocimiento que tiene, de la vocación, conocimiento amplio del ejercicio del mando en las diferentes fuerzas”, agregó Berni. Además, anticipó que ya se comunicó con Aníbal Fernández para coordinar “las diferentes problemáticas en materia policial”.

En las últimas horas, el futuro ministro de Seguridad aseguró que sostendrá a las cúpulas de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Asimismo, sobre la Policía Federal puntualizó: “Quiero explotar la formación en la investigación, no quiero verlos en la calle”.

Aníbal Fernández. Hoy jurará como nuevo Ministro de Seguridad

En diálogo con C5N, Aníbal Fernández anunció que el martes se reunirá con los titulares de las cuatro fuerzas federales y que tiene otras citas ya agendadas. Entre esas reuniones, dijo que se juntará no solo con Berni, sino con Marcelo D’Alessandro, al frente de la Policía de la Ciudad, y con autoridades de Santa Fe para tratar la problemática de la inseguridad en Rosario.

Además de los cambios en el área de Seguridad, durante la tarde de hoy también jurarán los nuevos ministros de Agricultura, Julián Domínguez, que ocupará el lugar de Luis Basterra en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Jaime Perzyck, a cargo de Educación en lugar de Nicolás Trotta.

En tanto, Daniel Filmus comandará el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reemplazo de Roberto Salvarezza, mientras que Juan Ross asumirá como secretario de Comunicación y Prensa, en lugar de Juan Pablo Biondi. El acto se llevará a cabo a las 16, y también jurará Santiago Cafiero como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en reemplazo de Felipe Solá, mientras que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, lo hará como nuevo jefe de Gabinete.

En la provincia de Buenos Aires también habrá cambios en el gabinete para encarara una “etapa de reconstrucción que comienza a partir de la pospandemia”. En primer lugar, al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros será designado Martín Insaurralde. Mientras que Carlos Bianco será designado Jefe de Asesores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura y servicios públicos quedará a cargo de Leonardo Nardini. En tanto que Agustín Simone tendrá a su cargo el Instituto de la Vivienda. Por su parte, en el Ministerio de Gobierno será designada Cristina Álvarez Rodríguez.

”Con el objetivo de fortalecer la gestión provincial para dar las respuestas necesarias a las y los bonaerenses y en consonancia con el recambio realizado por el Presidente Alberto Fernández en el gabinete nacional, el Gobernador ha tomado estas determinaciones para que desde mañana (por hoy) mismo se ponga en marcha esta nueva etapa”, se afirmó en un comunicado oficial.

Fuente: Infobae.com

EL CALAFATE.- A una semana de las PASO, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo un viaje relámpago hasta esta ciudad para reunirse con Cristina Kirchner. Kicillof atravesó medio país para reunirse en privado con la vicepresidenta en la semana más crítica para el oficialismo luego de la derrota del domingo pasado, de la que Buenos Aires no fue ajena.

El gobernador bonaerense partió el domingo al alba desde Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que tenía como destino final Ushuaia, con una parada previa en esta ciudad. Sin equipaje, y acompañado de cuatro hombres con mochila, aterrizaron a las 7.55 y, tras los controles de rigor, recorrieron los 18 kilómetros que separan el aeropuerto internacional del centro de la ciudad.

En la semana que pasó, Kicillof, en sintonía con el ala camporista del gobierno nacional, se mostró distante del presidente Alberto Fernández y el sábado no lo acompañó a La Rioja a la reunión de gobernadores peronistas donde se definió llevar adelante una gestión con “más peronismo y un shock de consumo”, para revertir el resultado de las PASO. El bonaerense participó por Zoom. Sin embargo, ayer cruzó los 2600 kilómetros que separan El Calafate de Buenos Aires para una cumbre privada con la vicepresidenta.

La reunión con Cristina Kirchner fue en su chalet, lejos de miradas indiscretas y con la sola presencia de la custodia de la Policía Federal que se mantiene alerta cada vez que la vicepresidenta está en esta ciudad.

Al emprender el retorno, y alertado de la presencia de la prensa en el aeropuerto, tras unos minutos de dudas y consultas Kicillof desistió de entrar por la puerta principal del predio y eligió ingresar en auto por una puerta lateral, la misma que suele utilizar Cristina Kirchner, reservada para pocos pasajeros. A las 13.55, Kicillof ya estaba partiendo de regreso a Buenos Aires, en el vuelo 1862, que tras llegar a Ushuaia, y realizar controles técnicos, regresó a Buenos Aires con escala en El Calafate.

Cambios en el gabinete

Al tomar conocimiento del viaje, LA NACION consultó a fuentes bonaerenses para conocer los temas abordados por Kicillof con la vicepresidenta, sin respuesta. Luego, con el comunicado dado a conocer en la tarde de ayer por la provincia, quedó claro que los cambios en el gabinete bonaerense fueron parte de la conversación.

Tampoco se descarta que Kicillof haya puesto a consideración de su jefa política la estrategia para retomar la iniciativa tras la derrota electoral. Se menciona la posibilidad de lanzar un paquete económico para dinamizar la economía antes de noviembre. De hecho, Kicillof mantuvo la semana pasada tres reuniones con los alcaldes peronistas de Buenos Aires, quienes pidieron inyectar dinero en los sectores más golpeados por la inflación.

Una queja también repetida entre los intendentes bonaerenses fue la escasa participación que tuvieron en las decisiones de la provincia desde que Kicillof llegó al poder, así como el tiempo de respuesta de los ministros provinciales a sus reclamos.

Los cambios anunciados ayer por la tarde apuntaron en esa dirección: Insaurralde, uno de los intendentes que más se acercaron a Máximo Kirchner en los últimos años, reemplazará a Carlos Bianco en la Jefatura de Gabinete provincial. Bianco, a su vez, se convertirá en el jefe de asesores del gobernador. Por otro lado, Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas (y vicepresidente de AySA), asumirá en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Sustituirá a Agustín Simone, quien pasará a tener a su cargo el Instituto de la Vivienda.

No es la primera vez que Cristina Kirchner convoca reuniones políticas privadas en esta ciudad. En febrero estuvo aquí el ministro de Economía, Martín Guzmán, encuentro que solo trascendió varias semanas después. También lo hizo el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, durante el fin de semana largo del 2 de abril.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, enfrenta un conflicto político en Tucumán antes de  su llegada a Buenos Aires este lunes 20 de septiembre, día previsto para la asunción de las incorporaciones en el gabinete del presidente Alberto Fernández, tras la semana de tensión con la vice, Cristina Kirchner, que exigió cambios luego de la derrota en las elecciones primarias.

La llegada de Manzur al primer plano del ejecutivo nacional buscó imprimir “volumen político” y logró descomprimir el enfrentamiento entre el presidente y la vice, que había alcanzado niveles de tensión inéditos en el cierre de la última semana. Manzur se mostró junto a Alberto Fernández en La Rioja, como dando inicio a su gestión.

Patricia Bullrich: «Ponen a Manzur y da lástima ver lo que es Tucumán»

Sin embargo, la disputa que mantiene en Tucumán con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, pone un obstáculo serio a los planes de Manzur, de Alberto Fernández y hasta de Cristina Kirchner, quien lo había propuesto en su última carta pública.

Manzur y Jaldo lideran dos líneas internas del peronismo que compitieron en Tucumán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El vice, que ve se mantiene en el segundo lugar de la fórmula para la gobernación tucumana desde la época del ex gobernador José Alperovich, intenta ponerse asumir como gobernador ante el nuevo destino de Manzur en la jefatura de Gabinete.

Según la analista política Gabriela Gatica, Jaldo se ocupó en el último tiempo de absorber a una serie de dirigentes siempre relegados en las gestiones de Alperovich – Manzur. Desde la Legislatura tucumana, Jaldo fue construyendo un “fuerte” con intendentes y funcionarios de segundas líneas con apetencia de formar un gobierno.

Jaldo, de la derrota en las PASO a las puertas del gobierno

El triunfo del manzurismo en las PASO parecía haber aminorado esas ansias de poder. Sin embargo, la crisis en el gobierno nacional derivada del resultado electoral multiplicada por la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, revivieron las chances de Jaldo de quedar al frente del gobierno en Tucumán.

Si Manzur asume como jefe de gabinete en el Gobierno nacional, la constitución en la provincia del norte no deja lugar a muchas interpretaciones, es el vicegobernador Jaldo quien debe sucederlo. El lunes 20 de septiembre la Legislatura, presidida por Jaldo, preparaba una sesión para aceptar la licencia de Manzur. El mandatario no se hizo presente y según refleja La Gaceta de Tucumán, permanece en la provincia.

El sucesor que decían que destruiría todo

Manzur buscaría hacer una recorrida por obras en marcha en la provincia, junto a funcionarios de su estrecha confianza. En esa actividad, Manzur se mostraría con la banda puesta, a fin de enviar un gesto elocuente sobre su permanencia en el poder político de la provincia de Tucumán, según confiaron fuentes locales a PERFIL.

El portal Primera Fuente, señala que Manzur intenta una maniobra para catapultar a un legislador de su confianza, Sergio Mansilla, para sucederlo mientras dure su paso por el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Alberto Fernández habría intentado interceder convocando a Osvaldo Jaldo para incorporarse al gobierno nacional como presidente del Banco Nación, oferta que habría sido rechazada.

La asunción de los ministros que representan la reconfiguración post PASO del gobierno nacional está prevista para la tarde.

Fuente: Perfil.com

El Gobierno confirmó que durante 2022 habrá un aumento de tarifas para los usuarios de gas y electricidad y que avanzará con la segmentación —orientar los subsidios hacia los sectores de menores ingresos—, lo que implica que los usuarios de mayor poder adquisitivo pagarán más por estos servicios.

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Economía aclararon que el Presupuesto 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. Esto implica una reducción del porcentaje actual, que distintos analistas ubican por encima del 2%. ¿Cómo estiman alcanzar ese valor? Con tres medidas:

El Gobierno busca un esquema tarifario más progresivo a través de un uso eficiente de los recursos del Estado

– Caducidad de la Resolución 46, que había sido implementada en 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri y ofrecía un precio para el gas que oscila entre USD 7,50 por MMBTU en 2018 y USD 6 por MMBTU en 2021. El Plan GasAr adoptado en el año 2020 permitió establecer un precio promedio de USD 3,50 por MMBTU. Según los datos oficiales, el fin de la Resolución 46 permitirá, en términos de subsidios, una reducción de aproximadamente USD 600 millones, con respecto a 2021.

– Obras de infraestructura para el sector previstas en el presupuesto 2022 por más de $100.000 millones (principalmente para la construcción de gasoductos), que permitirá una mejora en la distribución federal de la energía, mayor ahorro fiscal producto de sustitución de importaciones y menor costo del gas.

– Segmentación en el subsidio de las tarifas. De acuerdo con el Gobierno, ese cambio permitirá construir un esquema tarifario “más progresivo a través de un uso eficiente de los recursos del Estado”. La segmentación, tal como informó Infobae la semana pasada, implica que muchos hogares de ingresos más altos dejen de recibir o tengan un recorte en los subsidios a las tarifas.

En el año 2020 se mantuvo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos —la electricidad en el AMBA y el gas a nivel nacional— y en 2021 hubo aumentos menores a los dos dígitos: 6% para el gas y un 9% para la electricidad.

En el año 2020 se mantuvo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos (la electricidad en el AMBA y el gas a nivel nacional) y en 2021 hubo aumentos menores a los dos dígitos

El Presupuesto 2022 proyecta realizar las “acciones necesarias” para profundizar la tarifa social de gas natural por redes y ampliar el universo de beneficiarios con bajos recursos económicos, incluyendo también clubes de barrio, empresas recuperadas y cooperativas. Según el detalle del proyecto, el subsidio a hogares de bajos recursos (sin servicios de gas por redes) alcanzará a 3 millones de hogares.

La propuesta de segmentación de las tarifas, por la que cada usuario pasaría a pagar por los servicios públicos de gas y electricidad de acuerdo con su rango de ingresos, había arrancado con fuerza a comienzos de año e incluso fue uno de los temas anunciados por el presidente Alberto Fernández en marzo, durante la apertura de las sesiones del Congreso. Sin embargo, la complejidad de implementar esquemas de tarifas diferenciadas y las “internas” entre los funcionarios del área demoraron su avance.

El esquema de tarifas generó tensiones dentro del Gobierno (REUTERS/Agustin Marcarian)

La tensión sobre la dirección de la política tarifaria dentro del Frente de Todos se hizo evidente con el fallido pedido de renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que responde políticamente a la vicepresidente, Cristina Kirchner.

Una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar previamente quién está realmente puertas adentro de cada uno de los hogares que recibe un subsidio. En el sector servicios no siempre el titular identificado es el que vive en ese domicilio: la gente alquila, se muda, vende una propiedad y modifica su domicilio pero no siempre esos cambios se ven reflejados en la titularidad de los servicios.

La tensión sobre la dirección de la política tarifaria se hizo evidente con el fallido pedido de renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán al subsecretario de Energía Federico Basualdo, que responde políticamente a Cristina Kirchner

Durante el Gobierno de Cristina Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se definió como “sintonía fina”. A fines de 2011, dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Puerto Madero, el corredor de Libertador) y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá.

Ahora, la segmentación prevista podría ser mucho más amplia y apelar a diferentes indicadores, no solo la zona de residencia. La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, AFIP y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar los secretos fiscal y bancario y que luego esa información llegue empresas privadas.

Las mayores dificultades para segmentar parecen por ahora no estar en los sectores socioeconómicos más bajos, donde se puede apelar a la información de Anses sobre jubilados o quienes reciben AUH o planes sociales. En el sector medio y alto, las variables a considerar pueden ser más amplias, se cuentan con datos de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en segmento de mayores ingresos también hay mucha informalidad.

Históricamente, en la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85 por ciento. Hoy las estimaciones del sector señalan que se paga entre el 30% y el 40% del costo total de la tarifa de energía eléctrica y el 65% en el caso del gas. Aunque en este caso, la red de gas alcanza solo a un 60% de la población.

Fuente: Infobae.com

Me preguntaron si en los años en el oficio había vivido una situación equivalente a la de la semana que termina. Contesté que sí, pero que debía apelar a un ejemplo que deshonra.

Fue en medio de los sucesivos enfrentamientos militares entre azules y colorados, en 1962-1963, que me tocó una noche seguir desde Lanús a una columna del Ejército. La tropa marchaba en una y otra dirección, se detenía en pausas eternas, sin voluntad ni inspiración de los jefes en llegar a parte alguna. Carecían de certezas sobre la autoridad suprema a que servían o convenía servir. Los abandoné a las 9 de la mañana, en los alrededores de Adrogué, tan a ciegas ellos y el cronista sobre lo que se habían propuesto o terminarían por hacer. Nunca lo supe.

Esta vez fueron civiles los protagonistas de una semana de desasosiegos generales, pero como aquellos de la columna militar a la deriva pertenecían de cualquier forma a la órbita de un mismo partido. En lugar de hombres del partido militar, se batían entre sí hombres y mujeres del peronismo. Han compartido curiosamente con aquellos otros un mismo lenguaje.

Antes lo conocíamos como jerga cuartelera, ceñida al destrato rudo entre varones. La diferencia entre el presente y el pasado es que la procacidad de las palabras se ha extendido preferentemente a las mujeres. Lo que escandalizó durante la campaña electoral, escandalizó ahora por la grosería con la cual se ha maltratado al Presidente dentro de las filas del propio partido. El Presidente calla, pero ¿maridos o parejas nada tienen para observar?

Una semana entera malgastó el peronismo entre las ocho que caben hasta el domingo 14 de noviembre para revertir los resultados del domingo anterior. Le quedan siete semanas por delante y una agenda de trabajos electorales que ha cambiado de prioridades. La principal ya no es aumentar el número de bancas en la Cámara de Diputados a fin de lograr la mayoría propia y arrasar así con la independencia del Poder Judicial; la principal ha pasado a ser la retención de la mayoría de bancas en el Senado a fin de prolongar la hegemonía que se extiende desde 1983.

Eso importa mucho a la jefa del oficialismo, vicepresidenta de la Nación y presidenta nata del Senado, espacio en que ha encontrado refugio desde 2019: ámbito propicio para encuentros políticos de urgencia u organizados de antemano, y en que disimula una soledad de fondo para la que no encuentra sosiego su alma impetuosa. O sí, si se computa el tiempo que comprensiblemente, afortunadamente, dispensa a la condición de abuela, y que no es poco, según se menta.

Con algo de narcisismo han de haber gratificado a la vicepresidenta las conjeturas de de que había triunfado en la disputa mantenida a lo largo de la semana con el presidente Fernández. Sin duda, se ha impuesto su criterio de recomponer el gabinete sin pérdida de tiempo frente a quien desde la Casa Rosada hacía saber la preferencia, bastante razonable, de esperar hasta la segunda vuelta electoral y luego, cuando todo oscurezca ya irremediablemente o aclare, decidir al respecto.

Pero ¿no han perdido, acaso, incluida ella, todos los sujetos partícipes de la lucha sin cuartel por el poder, más que por el rumbo de la política, como se enojó el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ojea? ¿No han dejado testimonios suficientes de que siguen detestándose con virulencia unos a otros?

Además, la larga carta de Cristina Kirchner se detuvo en exceso en hacer saber que la política económica reflejada en el proyecto de presupuesto en modo alguno la interpreta. ¿Cómo se compadece esa reafirmación de líder en sintonía bolivariana con la ratificación del ministro Martín Guzmán y la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

Nunca la palabra ha estado más devaluada en la política que en las correrías de las principales figuras del peronismo de esta época. Alberto Fernández escribió juicios lapidarios contra Cristina Kirchner y aceptó, suelto de cuerpo, ser el presidente condicionado que confirma como tal la carta de la vicepresidenta. El nuevo jefe de Gabinete consideró en 2018 terminado el ciclo político de Cristina Kirchner, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo a fines de 2009 a este cronista, después de otra debacle electoral de medio término, que “el kirchnerismo (vivía aún el fundador de la facción) está muerto”. Pasó el tiempo y Capitanich, como Juan Manzur ahora, ocupó la Jefatura de Gabinete.

Quien hasta hace pocas horas era gobernador de Tucumán fiscalizará con atributos constitucionales a todos los ministros. En los hechos comenzó a actuar ayer mismo, en La Rioja. Como apunta con buen criterio un experimentado observador político su tarea más urgente será aventar el peligro de la pérdida de control del Senado. Lo natural sería que se concentre en especial en dos provincias.

Una, San Luis, donde Rodríguez Saá tiene experiencia en levantar a cualquier precio resultados adversos. Lo hizo en 2017 con la máquina electoral del oficialismo puntano a pleno. Casa por casa se preguntaba a los vecinos qué necesitaban. ¿Una heladera? ¿Un lavarropa? ¿Una computadora? Aquí están la heladera, el lavarropa, la computadora, y todo-lo-que-ya-sabes. Así, los guarismos de la primera vuelta constituyeron en San Luis un fenómeno desconocido en la segunda. Otra, La Pampa. Es el único distrito en que el gobernador de una provincia ganadera apoyó el cepo de ventas al exterior. ¿Se dará por caído ese cepo el 31 de octubre, como dice la última entre las sucesivas decisiones adoptadas en la materia?

Entre hoy y el 14 de noviembre se pueden introducir mejoras en salarios y pensiones y amortiguar los efectos desastrosos de la política aplicada a la pandemia o mejorar la impresión general de que la inseguridad pública es un tema que se halla lejos de develar al Gobierno. Es cierto que cuando era ministro del Interior y la inseguridad de los argentinos pesaba como un dato feroz para los argentinos, Aníbal Fernández procuró bajar los decibeles de la protesta de fuerzas opositoras con palabras inverosímiles. Decía que se trataba más de una “sensación” acuciada por los medios, más que de una realidad. ¿Piensa hoy lo mismo que ayer, con el narcotráfico, además, enseñoreado como nunca en las grandes urbes, y sus capos dando a los secuaces órdenes desde las cárceles hasta para matar a jueces y fiscales?

Aníbal Fernández tiene, de todos modos, la personalidad aguerrida, al menos, para que dentro del propio oficialismo no lo confundan con la ministra a la que viene a suceder. Si el ministro de Seguridad bonaerense llegara a imputarle lo que le imputaba a Sabina Frederic, tal vez la respuesta lo obligue a repensar dónde mete la motocicleta a la que sube el afán de notoriedad.

El nuevo gabinete tiene en estas semanas tiempo para trasmitir, como nuevas verdades que saca de la galera, que recuperará la soberanía territorial que al Estado disputan en varias partes del territorio nacional forajidos que hablan en nombre de supuestos “pueblos originarios”, ¿pero cómo traduce ese espíritu en hechos? ¿Cómo detiene en siete semanas el éxodo de argentinos al exterior, disminuye en serio la inflación, amengua la irrelevancia argentina ante el mundo o la pérdida de prestancia, por decir lo menos, a que lo lleva la desesperada urgencia de la vicepresidenta y sus acólitos por lograr inmunidad ante la Justicia, una de las esencias causantes de este descalabro institucional? Los jueces son buenos lectores de los resultados electorales.

El Presidente ha ganado tiempo con los relevos ministeriales. Un par de figuras entre los ministros flamantes parecen conferirle al equipo una mayor entidad política. Julián Domínguez no es, dentro de la actual situación, una personalidad para desdeñar a ojos de los productores agropecuarios. Como hombre educado, sabe escuchar.

Manzur ha sido funcionario en el conurbano, ministro de Salud de la Nación y gobernador de una de las provincias con tradición paternalista y patrimonialista más apropiada a feudos coloniales que a una república moderna. Y, si bien podría decirse que su condición de antiabortista declarado es casi una tomadura de pelo para las fuerzas más “progresistas” a las que el Presidente ha hablado en sentido contrario, no lo designaron para que eche abajo la ley del aborto, sino porque conoce a fondo todos los estratos posibles del peronismo.

O sea, Manzur es por esa última cualidad el hombre del momento. Vaya a saberse, en cuanto a otras inquietudes personales, si quemó las naves o no en la aspiración de ser reelegido en 2023 en una provincia que solo admite una reelección. Puede que hoy comience a desplegar sueños mayores, o bien que haya explorado en el alto ámbito judicial de su provincia la posibilidad de que un mandato de gobernador interrumpido no se cuenta a los efectos limitativos de la Constitución.

Aceptarla sería una herejía jurídica, pero no la primera que haya producido la Justicia en cuestiones políticas.

Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de la oposición, llamó el lunes a la mañana, pocas horas después del contundente triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO, a un par suyo del oficialismo. “Queremos seguir con el mismo diálogo que hasta ahora. Esto no cambia nada”, dijo. No hablaba solo en nombre de él sino también de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los ganadores que dejaron las elecciones del domingo 12 de septiembre. Pero los cálculos políticos de las primeras horas para diseñar cómo el resultado electoral iba a impactar en la Justicia y, sobre todo, en el el escenario de fuerzas en el Consejo se terminaron por sacudirse, como una hoja en un temporal, por la crisis política desatada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que incluyeron renuncias, tuits, una carta explosiva y cambios de Gabinete. Entre los que manejan algunos de los resortes del Poder Judicial todo mutó en sorpresa y desconcierto.

Ahora sí nadie puede avizorar cómo este escenario impactará en el equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición del organismo clave que define gran parte de lo que sucede en los tribunales. Sobre todo porque más allá de los cambios de Gabinete que se decidieron en las últimas horas del viernes, los actores judiciales observarán con atención cómo se reconstruye el vínculo en el Frente de Todos. La permanencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se convirtió en una señal en sí misma para el mundo de los tribunales.

Es que, durante toda la semana, la reacción en los despachos judiciales donde se manejan las causas del poder no fue distinta a la de otros ciudadanos, viviendo el minuto a minuto de cómo una derrota en las PASO llevó al Gobierno a una crisis institucional desatada por la dupla que ganó las elecciones en 2019. Si ya los resultados de las primarias generaron especulaciones sobre una suerte de “stand by” en Comodoro Py en las decisiones más relevantes hasta que lleguen las generales del 14 de noviembre, el efecto dominó que provocó la renuncia a disposición de “Wado” de Pedro terminó de hacer estallar los chats de magistrados y fiscales. El que estaba “renunciando” era el ministro más político del Gobierno, mano derecha de Cristina Kirchner y -quizás- el funcionario que más lazos ha tejido con el mundo judicial desde que el Frente de Todos desembarcó en la Casa Rosada en diciembre de 2019.

Ese mismo miércoles, las miradas apuntaron enseguida a saber si también había presentado su renuncia el hermano de crianza de “Wado” y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura: Gerónimo Uztarroz. Esa oferta de dimisión no llegó nunca. Una muestra de que la sangre no llegaba al río. O al menos indicaba que los lugares claves sobre la Justicia no se abandonaban.

Es que Uztarroz es la cara del armado sobre la verdadera reforma que el oficialismo busca concretar en Comodoro Py: el nombramiento de los reemplazantes de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, la designación de tres jueces que ocupen los lugares de Sergio Torres, Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral, y la futura elección de los ganadores de los concursos en tribunales orales de Comodoro Py: el 2, el 4, el 5 -éste a cargo de las causas Hotesur y Los Sauces- y el 6.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la imagen del domingo por la noche tras las PASO (Franco Fafasuli)

“Cristina no le pidió a ‘Gero’ que renuncie”, sostienen en el Consejo quienes tienen diálogo permanente con Ustarroz. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, tampoco puso su renuncia a disposición de Alberto Fernández. Mena es otro hombre de la vicepresidenta. Esos movimientos importaban más en el mundo judicial que la renuncia ofrecida por el ministro Martín Soria. Es que a Soria no lo quieren en tribunales. Llegó al Ministerio de Justicia criticando en los medios a Comodoro Py y a la Corte Suprema. “Si para Cristina Kirchner Marcela Losardo, amiga de Alberto, era una de los ‘funcionarios que no funcionan’… ¿Qué hizo Soria?”, repitieron jueces y fiscales esta semana. En la lista le facturaron que no generó diálogo con la Corte Suprema, ni con el Procurador General, Eduardo Casal – “más temprano que tarde tendrá que irse”, aseguró-; ni logró la aprobación de la reforma de la justicia federal o la nueva ley del Ministerio Público Fiscal.

Más allá de Soria, las fuentes consultadas admiten que “la crisis política de esta semana fue tan grande internamente que Comodoro Py quedó chiquito”. No obstante, sí se miraba de cerca los movimientos de Ustarroz y Mena para saber cómo leer a la vicepresidenta y al jefe de Estado. “Cristina deja a los que son suyos. Si Alberto los quiere sacar, que fuerce él la salida”, analizaba un juez.

El mismo día que se desató la crisis, el miércoles, se reunió la mesa directiva de la Asociación de Magistrados. Obviamente se habló del tema. “Pero con mucho desconcierto sobre cómo puede impactar en nosotros”, le dijo a este medio una de las personas que participó en ese encuentro. En los tribunales de Retiro la respuesta era la misma: “Hay que desensillar hasta que aclare”.

El Consejo de la Magistratura

Zoom del Consejo de la Magistratura

Donde oficialismo y oposición conviven en el plano judicial es en el Consejo. Son trece miembros. El oficialismo tiene seis votos garantizados más su habitual aliada: la diputada peronista Graciela Camaño. La oposición cuenta con cuatro votos propios, más los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. Allí ambos sectores lograron construir un diálogo que sus jefes a nivel nacional no tienen. En medio de los comicios, los dos sectores buscan que el diálogo se mantenga para poder avanzar en la aprobación de los concursos de Comodoro Py. Pero en el oficialismo saben que el resultado de las elecciones le va a dar a la oposición una espalda distinta para sentarse a negociar y que hay esperar a ver cómo la crisis en el Gabinete decanta en el Consejo.

”Cualquier acuerdo que existiera antes de esta crisis, queda a ser redefinido a partir de ahora”, admitió a Infobae una fuente que trabaja para el oficialismo.

Precisamente, en lo que oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo es determinar los tiempos de esos acuerdos. Desde la oposición sostienen que hasta noviembre no se va a aprobar ningún concurso. En el oficialismo dicen que no hay razón para esperar tanto, que siempre que se puede avanzar. “En las elecciones ganó el ala dialoguista de Juntos por el Cambio y eso nos beneficia”, fuerza un hombre del oficialismo. Para ese sector, el ‘dialoguismo’ en el Consejo está representado con Marías, que responde a Rodríguez Larreta; y el ala dura por el diputado del PRO Pablo Tonelli, cercano al ex presidente Mauricio Macri.

Inicios de la pandemia: Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (archivo/Presidencia)

“El objetivo es que nuestra unidad se refuerce, sobre todo con los jueces, y más si el resultado se repite en noviembre”, responden desde la oposición. No obstante, en el oficialismo apuestan a que Culotta sea uno de los votos que permita avanzar en los concursos. Si ese voto se consigue, irán por la senadora radical Silvia Giacoppo, cercana al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que en su provincia este año ganó las dos elecciones que tuvo.

”Hay muchos cargos para negociar y no solo en Comodoro Py”, plantean en el oficialismo como una carta de negociación para agilizar la aprobación de concursos. El “no solo en Comodoro Py” llega hasta Jujuy y Corrientes, donde gobiernan por un lado Morales y por el otro el reelecto radical Gustavo Valdés. En esas dos provincias están vacantes los juzgados electorales.

Pero en la política y en tribunales la desconfianza siempre reina. “Hay que ver si Morales, con su propio juego interno en Juntos, quiere quedar ‘pegado’ como el que le dio el aval al oficialismo para la Cámara Federal porteña”, especulan en Comodoro Py. Por eso una vez más no solo es juntar los votos sino cuándo: si esto puede definirse antes o después de las elecciones de noviembre y con qué muñeca va a negociar la oposición.

Es claro que tanto gobierno como oposición está mirando qué pasará con el concurso de la Sala I de la Cámara Federal, donde el oficialismo quiere ver salir a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían llegado trasladados allí en el gobierno de Mauricio Macri. La danza de nombres ya empezó a sonar. Mientras algunos señalaban antes del PASO que la idea del oficialismo era ir por las dos bancas, otros especulaban con un acuerdo de oposición. En esa línea, sonaba con fuerza las chances de Cecilia Incardona, fiscal de Lomas de Zamora; y de Pablo Yadarola, juez en lo penal económico y favorito de la oposición. Pero con la llegada del gobernador de Tucumán Juan Manzur al cargo de jefe de Gabinete de Alberto Fernández no habría que descartar a Fernando Luis Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán y quien quedó en primer lugar en el puntaje del examen y de antecedentes.

Será todo un desafío poder aprobar los concursos. Sobre porque fuera de la política este año el Consejo de la Magistratura solo aprobó uno: el del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Desde que comenzó a funcionar el Consejo en 2000, el 2021 es el año en que menos concursos se aprobaron. Hasta ahora.

Comodoro Py y lo que queda por resolver

Comodoro Py (Maximiliano Luna)

En este contexto, nadie apuesta a que desde los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas políticas, salgan fallos explosivos. “No hay margen, pero además los jueces entendieron que no le hace bien a nadie”, opinan hombres del oficialismo y la oposición. Hay otros dos ingredientes que se ponen en juego en ese escenario: los jueces de más alto perfil -como Claudio Bonadio o Rodolfo Canicoba Corral- ya no están; y no hay tantas causas para ese juego. La mayoría de los expedientes que involucran al kirchnerismo fueron elevadas a juicio y las que salpican al macrismo están en una etapa inicial, con los mismos tiempos en los que se manejó Comodoro Py siempre -salvo en los tiempos del macrismo-.

Llamó sin embargo la atención un fallo de la Cámara Federal que se dictó el jueves pasado al confirmar el procesamiento del empresario Néstor Ramos en la causa por lavado de dinero del empresario Lázaro Baéz, en donde el empresario santacruceño fue condenado a 12 años de cárcel. Es que en un último párrafo los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens instaron al juez del caso, Sebastián Casanello, a definir la situación procesal de Cristina Kirchner: si la procesa o la sobresee en la llamada ruta del dinero K.

Basta señalar que Lázaro Báez y Cristina Kirchner ya están sentados en un mismo juicio en el banquillo de los acusados, junto a ex funcionarios como Julio De Vido, José López o Carlos Santiago Kirchner. Se trata de la causa de la obra pública que recibió el santacruceño en los tiempos kirchnerismo. Para las próximas semanas comenzarán a desfilar empresarios de la obra pública, entre ellos varios que se convirtieron en “arrepentidos” en la causa de los cuadernos -expediente aún sin avances desde que está en el TOF 7-. Si alguien quisiese prestar atención a la tensión generada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tomaría nota de que el presidente está citado en esta causa como testigo -en su rol como ex jefe de Gabinete K-. Podrá declarar por escrito. El Presidente ha dicho en varias entrevistas que su compañera de fórmula no cometió delitos y que podrá dar las explicaciones para sortear sus problemas judiciales.

Alberto Nisman (archivo)

Lo que sí se mira con más atención por la actualidad política son dos causas que deben tener resoluciones importantes. Una es el expediente por la firma que se inició con la denuncia de Alberto Nisman conocida por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Allí están acusados figuras relevantes del gobierno. La más importante es Cristina Kirchner pero también Juan Martín Mena, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el senador Oscar Parrilli, entre otros. Todos pidieron la nulidad del expediente y que el juicio no se haga. El fiscal Marcelo Colombo se opuso. Pusieron como anclaje las reuniones descubiertas de dos jueces de Casación con Macri en sus tiempos de presidencia pero también lo que entienden es la inexistencia de delito. La decisión está en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal 8, Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. La pregunta es cuándo lo harán: ¿antes o después de las elecciones de noviembre? Cualquier sea su resolución no escapará a los análisis políticos.

En una misma situación de definiciones se encuentra el expediente por el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri a dirigentes oficialistas y opositores, sindicalistas y periodistas. La Cámara Federal de Comodoro Py debe resolver si confirma o no los procesamientos de los ex jefes de la AFI del macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, las ex autoridades del Servicio Penitenciario y un grupo de espías, policías y penitenciarios acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicó a vigilar y monitorear a políticos propios y opositores, jueces, gremialistas, dirigentes sociales y detenidos.

No solo están en juego los procesamientos, también si se revoca la falta de mérito de Darío Nieto, secretario privado de Macri y candidato a legislador porteño. La pregunta acá se repite: ¿cuándo? Según pudo saber Infobae, la idea es que el fallo se conozca antes de las elecciones de noviembre, pero por el momento no hay nada cerrado, ni detenidos que obliguen a apurar los tiempos. Nadie quiere ventilar detalles de cuál podría la decisión a tomarse. Será la primera vez que Comodoro Py analice la investigación que se sustanció en Lomas de Zamora.

Hay otra causa que salpica a Cristina Kirchner que se observa con atención, indicaron a Infobae fuentes consultadas. No es cualquier expediente: es en donde además de la vicepresidenta están procesados sus hijos: el jefe del bloque en Diputados, Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner. Es el expediente conjunto conocido como “Hotesur-Los Sauces” sobre los alquileres de hoteles y propiedades de los Kirchner. Hay dos peritajes en marcha, en donde las defensas buscan demostrar que los alquileres se pagaron a precio de mercado y los empresarios involucrados –Lázaro Báez y Cristóbal López- tenían ingresos propios por fuera de la obra pública que recibían de los gobiernos kirchneristas. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema le informó al Tribunal Oral Federal 5, que tiene las causas, que el mes que viene estará el informe final de Los Sauces. No hay fecha para el de Hotesur. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que las defensas insistirán en que no existió delito.

La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal

Los miembros de la Corte Suprema (Nicolás Aboaf)

Lo que sí ocurrirá antes de las elecciones de noviembre es el nombramiento del nuevo presidente de la Corte Suprema. A Carlos Rosenkrantz se le vence su mandato el próximo 1 de octubre. Antes de esa fecha los ministros del máximo tribunal deberán elegir quién será el sucesor. La decisión está en manos de Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horario Rosatti, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti. La política siempre está atenta a estos cambios.

El miércoles, cuando faltaba poco para que la crisis política estalle en el Gobierno, la jueza de la Cámara Federal de Casación Liliana Catucci era despedida con un ramo de flores y saludo marcial en las escalinatas de Comodoro Py. Catucci era una de las integrantes de Casación que venía desde la creación del tribunal, en 1992, durante el gobierno de Carlos Menem. Dejó su cargo por llegar a los 75 años, luego de intentar una vía judicial que fracasó para poder mantenerse en su cargo más allá de su edad. La aceptación de su renuncia fue oficializada el viernes por decreto.

Su salida abre una vacante a llenar por el gobierno de Alberto Fernández mediante un concurso público que deberá hacer el Consejo de la Magistratura. Pero hasta que llegue un nuevo titular habrá un subrogante y quien salió sorteado el viernes para ese lugar no caerá bien en el gobierno. Es Gustavo Hornos, el actual presidente de Casación. Junto con el también juez de Casación Mariano Borinsky fueron acusados de visitar a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El kirchnerismo sostuvo que esas visitas estaban ligados a los fallos que perjudicaban a la ex presidenta y sus funcionarios. Hay una denuncia en el Consejo de la Magistratura por ese tema.

Antes del 20 de diciembre, Hornos deberá convocar a sus colegas a un plenario para decir quién lo sucederá como presidente de Casación. Si se siguiera con la regla que se había acordado hasta el 2020, el lugar le correspondía a Alejandro Slokar, hoy vicepresidente de Casación y miembro de Justicia Legítima. Slokar fue uno de los jueces que durante este año le pidió la renuncia a ese cargo a Hornos por el escándalo que generó el tema de Olivos.

Por ahora, no está dicho quién quedará como presidente de Casación. Algunos especulan con que el próximo presidente podría salir de la Sala I y barajan los nombres de Diego Barroetaveña o Daniel Petrone. Son los jueces que votaron por validar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, pero también que resolvieron hacer caer la causa “Dólar Futuro” después de la audiencia en donde CFK hizo famoso -al menos para tribunales- el latiguillo “doctor Petrone” a raíz de un peritaje que sostenía que la operatoria no había traído perjuicio para el Estado.

De ser así, dicen en tribunales a Infobae, habrá que mirar en detalle cómo quedará la composición de la Sala I de Casación si alguno de sus miembros pasa a convertirse en presidente del tribunal. Un dato: la vacante que libera Catucci podría ser asignada a la Sala I y no a la Sala III, en la que la jueza se jubiló. La Sala I de Casación tiene en sus manos no solo la causa de los cuadernos. También revisará a partir de ahora el caso Memorándum con Irán, por lo que atenderá la segura protesta de lo que vaya a resolver el TOF con el caso de la denuncia de Nisman. Movimientos del mundo judicial que esta semana flotaron por debajo del radar de la crisis política.

Fuente: Infobae.com

Con el objetivo de penetrar en la base electoral del kirchnerismo y ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, el Pro puso en marcha un operativo para llevar a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de la coalición opositora en Buenos Aires, a las villas y los asentamientos de las zonas más postergados del conurbano bonaerense, histórica fortaleza del PJ.

La estrategia de campaña del larretismo para las PASO tuvo dos terminales. Desde la cúpula de la Ciudad, con Federico Di Benedetto a cargo del tablero de control, se coordinaron las “bajadas” del alcalde porteño a los municipios identificados como estratégicos por los armadores de Pro para la contienda con Facundo Manes. En general, Larreta acompañaba a Santilli, su delfín en el distrito, en una caminata por zonas comerciales. Esas recorridas se hacían con toda la maquinaria proselitista de la Ciudad para retratar la visita de Larreta. Pero, con la intención de fortalecer su proyecto presidencial, el jefe porteño también le dedicó varias horas de su agenda a visitar, sin cámaras, los barrios más humildes de San José, Monte Chingolo, Villa Fiorito o Villa Jardín, territorios ubicados en la estratégica tercera sección electoral y dominados por el peronismo. “Un candidato de Pro nunca estuvo en el fondo de Fiorito”, se jacta uno de los organizadores de los tours larretistas.

El objetivo de las “bajadas” de Larreta y otros referentes de Pro es “romper el statu quo” en las capas más postergadas de la sociedad y disputarle la representación al peronismo en territorios donde el macrismo no logra penetrar con su mensaje. Allí, un segmento del electorado sigue siendo refractario al amarillo. “Horacio estaba entusiasmado. Los vecinos lo conocían”, remarca un ladero del alcalde que participó de las recorridas.

En esas aproximaciones a las villas del conurbano “profundo”, Larreta se topó con un escenario distinto: charló con comerciantes, percibió la creciente inquietud por la inseguridad y el narcotráfico, vio a familias haciendo ollas populares en la calle y hasta presenció riñas a golpes de puño entre punteros del PJ y de Pro. “En Ingeniero Budge se puso picante. Hubo trompadas porque a los muchachos no les gusta que les pisen el territorio”, cuenta uno de los armadores del larretismo. Días atrás, Larreta caminó una villa de Lomas de Zamora con Guillermo Viñuales y referentes de La Marea, una red de líderes impulsada por el vidalismo. Ese espacio vincula a dirigentes de los barrios populares del conurbano.

Quienes coordinan el operativo para llevar a Larreta por las villas bonaerenses son los laderos del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y su jefe de Gabinete, Diego Kravetz. “En general, la campaña de Pro tiene una lógica comunicacional enfocada en la clase media. El conurbano requiere, otra práctica comunicacional y política”, apunta un alfil del larretismo en Buenos Aires.

Para ingresar a los barrios, el Pro utilizó punteros o representantes locales de la fuerza que conozcan los “códigos” del lugar. Una suerte de custodia en las travesías de Larreta y Santilli por las villas. “De malo o de lindo no va en el conurbano”, avisa un dirigente peronista que integra las filas de Pro.

Grindetti y Kravetz, arquitectos del espacio Hacemos, que aglutinó a dirigentes territoriales del peronismo que rechazan el avance de La Cámpora en los municipios de Buenos Aires, convencieron a Larreta y Di Benedetto, su estratega comunicacional, de que su presencia en las villas del conurbano iba a ayudar a consolidar “una base de sustentación” en la tercera sección electoral que le permitiría “hacer pie” en 2023. “¿Con esto Larreta es presidente? No, pero necesitamos una práctica política distinta en lugares como Ingeniero Budge o Villa Fiorito”, resalta una fuente del espacio. La agrupación Hacemos fue el puntapié inicial del operativo del larretismo para pelearle el voto al peronismo en sus bastiones. “Para consolidar ese trabajo es necesario que los candidatos estén en el territorio. Esa estructura te permite ganar votos y que no te los roben el día de la elección”, cuenta una fuente de Pro.

Con el know-how de Grindetti y Kravetz, Larreta y Santilli intensificarán sus recorridas por las zonas más vulnerables del conurbano. Pretenden extrapolar a la provincia el manual proselitista que les dio resultados en la ciudad. Si bien se enfocó en disputarle el voto a Manes en los cascos urbanos (los 50 municipios estratégicos), el exvicejefe porteño también pisó las periferias: fue a Villa Diamante, Villa Jardín, Santa Rita y zonas del sur de Laferrere antes de las primarias. En las PASO, el Frente de Todos se impuso en La Matanza, Avellaneda o Lomas de Zamora, distritos de la tercera sección donde gobierna el PJ. En cambio, cayó en Quilmes. En Pro advierten que mejoraron su performance histórica en los distritos. “Queremos pegarle en la línea de flotación al kirchnerismo”, apuntan desde el larretismo.