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El gobierno nacional ajustará los montos de las tarifas de luz y gas entre un 17% y 20%, luego de lo que significó el aumento en ambos rubros del 9% y el 6% durante el 2021, respectivamente. También se informó que la segmentación tarifaria comenzará a implementarse las primeras semanas del año, alcanzando a medio millón de usuarios. 

El secretario de Energía, Darío Martínez, se había referido este mes en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda a la decisión de avanzar durante el 2022 en la segmentación tarifaria, que busca disminuir el monto de los subsidios para cobrar la boleta completa a los usuarios de mayores ingresos. El funcionario expresó que desde su cartera y la de Economía habían tomado la decisión de «eliminar los subsidios a los grandes usuarios”, además de anticipar que ya habían relevado al 80% de ellos para aplicar la «reducción de los subsidios a partir de la herramienta de segmentación”.

En las últimas semanas, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe que indica que durante el 2021 los subsidios a la energía eléctrica cubrieron el 56% del costo. En ese tono, el informe y los datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), marcaron que «la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina» y se trata de «un irresponsable oportunismo político se está tendiendo a que los subsidios cubran casi la totalidad del costo de la electricidad».PUBLICIDAD

Cuáles son los números del aumento de las tarifas

El Gobierno Nacional anunciará el aumento de tarifas entre enero y febrero, donde va a detallar que regirá para todo el país y por todo el año.

• Sería entre el 17 y el 20% como techo.
• En el caso de la distribución eléctrica, esa recomposición es la base para viviendas del AMBA, mientras que el incremento del gas será a nivel nacional.
• El 20% de aumento promedio para los hogares debe tomarse como “pauta del aumento tarifario del Gobierno para 2022″. 
• El criterio oficial para el año próximo es que todo aumento tarifario esté por debajo de la inflación.
• Este año hubo un aumento del 9% para la luz y del 6% para el gas.

A quién está dirigida la segmentación de la tarifa

En las primeras semanas del 2022, se pondría en marcha la segmentación de tarifas que alcanzaría a 500.000 usuarios. 

• El programa de segmentación irá avanzando sobre el universo de usuarios que están en condiciones de afrontar el pago pleno de la energía, quitando el subsidio que existe en la actualidad.
• El 60% de la tarifa en el AMBA está hoy subsidiada
• En una primera etapa, solo afectará al 10 por ciento de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 municipios que la rodean. 
• En la segmentación se utilizará el parámetro de las valuaciones de las viviendas en las que se prestan los servicios. El ente regulador del servicio eléctrico (ENRE) definirá «polígonos geográficos» en los que irá removiendo subvenciones. 
• En la Ciudad pagarán tarifa plena los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los US$3700 y en la provincia dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego.
• Un departamento que hoy paga $ 500 de luz en un barrio de altos ingresos pasaría a $ 2.500 mensuales, según proyecciones que manejan las distribuidoras.
• Fuente: Perfil.com

Este martes la Legislatura de la provincia de Buenos Aires modificó la ley sancionada en 2016 que limitaba las reelecciones indefinidas. Así, en 2023, casi 100 intendentes podrán volver a presentarse en comicios pese a contar con dos períodos consecutivos al frente de sus respectivos municipios.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron divididos. Sin embargo, la mayoría de los legisladores opositores decidieron acompañar la voluntad de los jefes comunales que buscaban la posibilidad de preservar sus cargos. Fue también el caso de diputados que conformaron anteriormente la gestión de María Eugenia Vidal al frente del territorio bonaerense pero que terminaron contribuyendo a una derrota política para la ex gobernadora.

Primero, con 36 votos a favor, la Cámara Alta aprobó el proyecto presentado por el senador Juan Pablo Allan para modificar el artículo 7 de la ley 14.836 que limita las reelecciones para los jefes comunales y otros cargos electivos. La norma establece que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.

También se corrigió una particularidad de la ley que llevaba el sello de Vidal mediante la cual una veintena de jefes comunales se tomaron licencia este año y eso los habilitaba a participar de los comicios en 2023 independientemente de lo que se definiera en la Legislatura bonaerense. De esta forma, se definió que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.Intensa jornada en la Legislatura bonaerense (Télam)

De Juntos por el Cambio, en el Senado solo se opusieron Walter Lanaro y Owen Fernández, que responden a la ex gobernadora, y dos de la Coalición Cívica, Andrés De Leo y Elisa Carca, y una del partido GEN, la senadora María Lorena Mandagaran.

El resto votó a favor: Aldana Ahumada, Juan Pablo Allan, Yamila Alonso, María Florencia Barcia, Luis Alejandro Cellillo, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Daniela Reich, Érica Revilla, Claudia Rucci, David Hirtz, Ariel Martínez, Agustín Maspoli, Nidia Moirano y Lorena Petrovich. Entre los que respaldaron la iniciativa se encuentra el ex ministro de Gobierno de Vidal, Joaquín De la Torre, quien cuando era funcionario de la provincia firmó la reglamentación mediante la cual los intendentes encontraron el atajo de pedir licencia para volver a candidatearse en 2023.

“Estamos viendo si le damos a un puñado de políticos cuatro u ocho años más. Vergüenza nos debería dar, nos votaron votaron en contra de los privilegios, del statu quo y estamos acá haciendo todo lo contrario. Eso me enoja y me decepciona”, protestó Lanaro.

“Nuestra propuesta es un cerrojo a un segundo mandato”, justificó el autor del proyecto, Allan, al explicar que la cuestión de las licencias que pidieron varios intendentes tanto del oficialismo como de la oposición trajo “una manifiesta desigualdad”. Lanaro, le contestó: “Que veinte tipos hayan encontrado la forma de gambetear la ley no puede habilitar a otros ochenta a una reelección. Porque la justicia tiene que ser para los vecinos y no para los políticos”.

Del oficialismo se opusieron los cuatro del Frente Renovador: Andrés Pallares, Vanesa Spadone, Sofía Vanelli y Juan Martínez; se abstuvo Francisco Durañona.Maria Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires

En la Cámara de Diputados se terminó de consolidar el triunfo político de los jefes comunales. Con 68 votos a favor este martes se sancionó la ley que los habilita a un nuevo mandato a partir de 2023, incluso a aquellos que fueron elegidos por primera vez en 2015 y reelectos en 2019.

Al igual que en el Senado, hubo voto dividido en las principales coaliciones. En el oficialismo, el kirchnerismo votó a favor mientras que el massismo mantuvo su rechazo. En la oposición, los legisladores que responden a jefes comunales del PRO y de la Unión Cívica Radical apoyaron los cambios. La tropa vidalista no logró trabar la ley pese a que también el espacio de Espert, Avanza Libertad, los de la Coalición Cívica, el GEN de Dziakowski Stolbizer y la Izquierda, rechazaron la norma.

Los diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor fueron: Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense y del bloque de JxC en la Cámara Baja; Fabián Perechodnik, hombre del intendente de La Plata, Julio Garro; Verónica Barbieri, dirigente del entorno de Jorge Macri; María Eugenia Brizzi, que responde al ex jefe comunal de Morón y ex esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro; Catalina Buitrago, del círculo de Joaquín De la Torre; Fernando Compagnoni, del entorno de Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca; Fernanda Antonijevic y Paula Bustos que responden al intendente de Pergamino, Javier Martínez; Julieta Quintero,del círculo de Garro; Viviana Dirolli, del radical Facundo Manes.

También Martiniano Molina, ex intendente de Quilmes que responde a Diego Santilli; Florencia Retamoso, dirigente del entorno de Patricia Bullrich; Lorenzo Natali, cercano a Emilio Monzó; Laura Ricchini (Jorge Macri); Fernando Rovello (también de Angelici); Adrián Urrelli, dirigente del intendente de Lanús, Néstor Grindetti; Abigail Gómez; y Mauricio Vivani (tambipen responde a Jorge Macri).Fabián Perechodnik junto a Julio Garro. El ex funcionario de Vidal votó a favor de modificar la ley

De la oposición, también respaldaron la norma los radicales: Emiliano Balbín, Anahí Bilbao, Claudio Frangul, Melisa Grecco, Alejandra Lorden, Nazarena Mesías, Valentín Miranda, Julio Pasqualin, Claudio Rossi y Vanesa Zuccari.

De los diputados opositores que prestaron su consentimiento para que un importante grupo de intendentes pueda ser reelecto por tercera vez luego de la sanción de la ley en 2016, hubo dos casos que sorprendieron tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Se trata de Fabián Perechodnik y Daniel Lipovetzky.

Perechodnik fue secretario General de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal. Luego de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019, fue designado por Garro como responsable del área de Planificación, Impacto y Seguimiento de la Gestión en la Municipalidad de La Plata. Este año, encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales por la octava sección electoral apoyando la postulación de Santilli. Pese a los años que acompañó a Vidal, votó a favor de modificar la ley.Daniel Lipovetzky y un mensaje en redes sociales

Lipovetzky era otro de los que se esperaba que votara en contra, sobre todo luego de firmar, junto a legisladores que responden a la ex gobernadora, un comunicado en el cual ratificaba su compromiso a “no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse”. Finalmente, el dirigente vinculado a Daniel Angelici se abstuvo.

“Mi posición sobre las reelecciones indefinidas es de público conocimiento, estoy totalmente en contra. Por eso me abstuve de votar el proyecto de ley”, explicó a través de sus redes sociales.

“Ahí tiene Mauricio Macri y el macrismo a los panqueques que tanto hablaron al pedo”, declaró el diputado massista Ruben Eslaiman a Infobae, en relación a los casos de Perechodnik y Lipovetzky.

Solo 11 de los 41 diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra de los cambios a la ley. Los del PRO, vinculados a Vidal: Alex Campbell (ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense de Cambiemos), Johanna Panebianco, Anastasia Peralta Ramos, Matías Ranzini, Sergio Siciliano, Santiago Passaglia, Juan Carrara y Noelia Ruiz.Comunicado de Juntos por el Cambio

“Lo advertimos desde un principio, el valor de la palabra se defiende y se cuida, porque el compromiso asumido con los bonaerenses es mucho más importante que cualquier interés partidario o personal”, manifestaron los legisladores bonaerenses de Juntos a través de un comunicado publicado luego de la votación. Y señalaron que “no era necesaria la modificación”.

“En todo caso los abusos y atajos que algunos dirigentes cometieron sobre la reglamentación se resolvía derogando esa reglamentación pero no con un mandato más para todos; no hacía falta”, cuestionaron. Esta vez Lipovetzky no firmó el documento.

Además de ese puñado de diputados del PRO, en Juntos por el Cambio se opusieron los de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Maricel Etchecoin, el radical Pablo Domenichini; y la diputada del GEN, Natalia Dziakowski.

Tampoco votaron la ley los que responden a José Luis Espert, Guillermo Castello, Constanza Moragues y Nahuel Sotelo; los del FIT, Guillermo Kane y Graciela Calderón; y -del oficialismo- los del Frente Renovador: Ruben Eslaiman, Germán Di Césare, Luciana Padulo, Juan Martín Malpeli, Fernanda Bevilacqua, Valeria Arata, Nicolás Russo, Ayelén Rasquetti, Marcela Faroni, Debora Galán y Javier Mignaquy.El massismo anticipó que votaría en contra

En tanto, por fuera de JxC, votaron a favor: Walter Abarca, Maite Alvado, Ariel Archanco, Soledad Alonso, Naldo Brunelli, Mariano Cascallares, Alberto Conocchiari, Patricia Cubría, Juan Pablo De Jesús, Fernanda Díaz, Alejandro Dichiara, Juan Gómez Parodi, Susana González, Adrián Grana, Viviana Guzzo, Lucía Iáñez, Débora Indarte, Lucía Klug, Mariana Larroque, Berenice Latorre, Roxana López, , Matías Molle, Cuto Moreno, Micaela Olivetto, José Pérez, Ricardo Rolleri, Nora Salbitano y César Valicenti. Todos del oficialismo provincial. Y los legisladores de Cambio Federal, Walter Carusso y Sergio Domínguez Yelpo; del Partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui; y del bloque 17 de Noviembre, Fabio Britos.

Fuente: Infobae.com

La modificación de la ley 14.836, que limitaba a dos los mandatos consecutivos a los que pueden aspirar los intendentes de la provincia de Buenos Aires y que se debatió anoche en la Legislatura, habilitó a 90 jefes comunales de distintos colores políticos a volver a presentarse para un nuevo período de gobierno en 2023. En el conurbano y en el interior bonaerense, y en las filas del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y del vecinalismo, hay casos de alcaldes que, hasta el momento, no están autorizados para buscar cuatro años más al frente de sus distritos.

Es decir, 90 de los 135 intendentes bonaerenses estuvieron ayer pendientes de lo que resolvió la Legislatura provincial, en una votación que abrió grietas tanto en el oficialismo como en la oposición.

Juntos por el Cambio es la fuerza que tiene más intendentes en esa situación, con 48, mayoritariamente concentrados en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. En la principal alianza opositora, los intendentes de mayor permanencia en sus cargos son Gustavo Posse, de San Isidro, que gobierna ininterrumpidamente desde 1999 y sucedió a su padre, Melchor Posse; Miguel Lunghi, de Tandil, al frente del municipio desde 2003; Camilo Etchevarren, de Dolores, que está en el poder desde 2007, y Miguel Gargaglione, que también gobierna desde 2007, en el municipio de San Cayetano.

En el resto de la lista de jefes comunales de Juntos por el Cambio, figuran también varios del conurbano, donde el macrismo tiene peso, pero la proporción mayor se la lleva el radicalismo con sus intendentes del interior de la provincia. Además de Posse, Lunghi, Etchevarren y Gargaglione, tampoco pueden ir por la reelección Javier Olaeta (Arrecifes), Hernán Bertellys (Azul), Héctor Gay (Bahía Blanca), Esteban Reino (Balcarce), Héctor Gatica (Bragado), Oscar Cappelletti (Brandsen), Sebastián Abella (Campana), Víctor Aiola (Chacabuco), Raúl Reyes (Coronel Dorrego), Mariano Uset (Coronel Rosales), Calixto Tellechea (Florentino Ameghino), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano) y Érica Revilla (General Arenales). Revilla ganó una banca de senadora bonaerense en las últimas elecciones.https://especialeslntools.lanacion.com.ar/generic-reeleccion-intendentes-en-buenos-aires/index.html?initialWidth=733&childId=anexo-VZQPNB4OINCFZAK7I6LWJ2XWYY-0&parentTitle=Los%2090%20intendentes%20bonaerenses%20que%20se%20beneficiaron%20con%20el%20cambio%20de%20la%20ley%20para%20ir%20por%20otro%20mandato%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Flos-87-intendentes-bonaerenses-que-apuestan-a-un-cambio-en-la-ley-para-ir-por-otro-mandato-nid28122021%2F

Los nombres de Juntos por el Cambio impedidos de seguir por un nuevo período (la ley solo admite dos, y cuenta el de 2015-2019 como el primero) siguen. Aparecen allí Martín Randazzo (General La Madrid), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Franco Flexas (General Viamonte), Eduardo Campana (General Villegas), Pablo Petrecca (Junín), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Arnaldo Harispe (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Juan José Fioramonti (Lobería), Jorge Etcheverry (Lobos), y Gonzalo Peluso (Magdalena).

Matías Rappallini (Maipú), Mariano Barroso (Nueve de Julio), Ezequiel Galli (Olavarría), Martín Yeza (Pinamar), José Luis Zara (Patagones), Guillermo Pacheco (Pellegrini), Javier Martínez (Pergamino), Facundo Castelli (Puan), Maximiliano Suescun (Rauch), Javier Reynoso (Rivadavia), Claudio Rossi (Rojas, que ganó una banca de diputado por la segunda sección electoral), José Luis Salomón (Saladillo), Jaime Méndez (San Miguel, que reemplazó a Joaquín de la Torre en 2016, por lo que para la ley está en su segundo período), Alejandro Federico (Suipacha), Sergio Bordoni (Tornquist), Miguel Ángel Fernández (Trenque Lauquen), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Jorge Macri (Vicente López, hoy en uso de licencia), completan la lista de intendentes de Juntos por el Cambio que no pueden aspirar a la reelección.

En las filas del Frente de Todos hay 39 intendentes inhabilitados por ley para buscar una nueva reelección. Los que más tiempo llevan en el cargo son Alejandro Granados y Alberto Descalzo, quienes están desde 1995 al frente de los distritos de Ezeiza e Ituzaingó y son los únicos intendentes que gobernaron esos municipios desde sus creaciones. En el oficialismo hay otros representantes de larga trayectoria, como Mario Ishii (intendente de José C. Paz entre 1999 y 2007, y desde 2015 hasta la actualidad). Están en el poder desde 2003 Mario Secco (Ensenada), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Walker (Pila), Ricardo Casi (Colón) y Héctor Olivera (Tordillo).

El resto de los intendentes del Frente de Todos que no pueden reelegir está compuesto por muchos que están en funciones, algunos otros que asumieron cargos ejecutivos en el gobierno nacional o en el bonaerense, y otros que ganaron bancas legislativas. Eduardo Santillán (Adolfo Gonzáles Chaves), Germán Lago (Alberti), Mariano Cascallares (Almirante Brown, actual diputado bonaerense), Jorge Ferraresi (Avellaneda, de licencia en el cargo y ministro nacional), Julio César Marini (Benito Juárez), Walter Torchio (Carlos Casares, senador bonaerense electo), Francisco Echarren (Castelli), Alejandro Acerbo (Daireaux), Ariel Sujarchuk (Escobar, de licencia con un cargo en la Hidrovía), Marcos Pisano (Bolívar), Osvaldo Cáffaro (Zárate) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).

Otros nombres oficialistas son Carlos Javier Osuna (General Las Heras, actual titular de Aubasa), Gabriel Katopodis (San Martín, hoy ministro nacional), Juan Zabaleta (Hurlingham, actual ministro nacional de Desarrollo Social), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora, de licencia y a cargo de la Jefatura de Gabinete provincial), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas, actual ministro de Axel Kicillof), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Menéndez (Merlo), Santiago Maggiotti (Navarro, actual funcionario del ministerio que conduce Ferraresi), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Pablo Zurro (Pehuajó), y Hernán Yzurieta (Punta Indio, actual titular de Vialidad provincial).

También integran la lista de los que no pueden buscar un nuevo período los intendentes del Frente de Todos Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Ricardo Alessandro (Salto), Carlos Puglelli (San Andrés de Giles, electo diputado provincial), Cecilio Salazar (San Pedro), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Julio Zamora (Tigre), Roberto Álvarez (Tres Lomas), y Hernán Ralinqueo (Veinticinco de Mayo).

Tres intendentes vecinalistas están impedidos por ley de buscar su tercer período seguido. Son Guillermo Britos (Chivilcoy), Carlos Sánchez (Tres Arroyos), y Carlos Bevilacqua (Villarino).

Javier Fuego Simondet

Fuente: La Naciòn

En medio de la suba sostenida de casos de coronavirus y la variante Ómicron en nuestro país, el Consejo Federal de Salud definirá hoy nuevas medidas que tienen que ver con descomprimir un sistema de salud que ya muestra colapso en la realización de testeos pero que aún está aliviado en la ocupación de camas hospitalarias. Aislamientos reducidos, positivo por diagnósticos clínicos y autotest serán los ejes del encuentro de los ministros de salud que culminará con una conferencia de prensa de Carla Vizzotti.

La ministra de Salud dará una conferencia a las 12.30 del mediodía en la que dará a conocer nuevas medidas que se debaten esta mañana en la reunión del Consejo Federal de Salud. Los 24 ministros provinciales discuten si se debe acortar los días de aislamiento para contactos estrechos como también para personas con Covid-19 con y sin síntomas. Los días de cuarentena dependerán también de si se tiene o no el esquema de vacunación completo.PUBLICIDAD

El primer paso lo dio la provincia de Córdoba. Para los contactos estrechos, el periodo de aislamiento será de cinco días, y deberá presentar un test de antígeno negativo al quinto día. En el caso de las personas que no cuentan con las dos dosis, el alta se otorgará al séptimo día. Para los positivos, la cuarentena se acorta de diez a siete días.

Otro de los avances que se resolverán hoy es el diagnóstico clínico para detectar contagios. Esto significa que tanto para positivo como negativo, no necesitará un examen de laboratorio. Esta medida tiene que ver con descomprimir los centros de testeos que en los últimos días se vieron colapsado por la suba de casos.

Finalmente, también se avanzará en la autorización de la venta de autotest en farmacias. «El autotest tendría un rol interesante sobre todo en este contexto epidemiológico con estas nuevas variantes, para ampliar la oferta y trabajar en testeos continuos, un poco lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud», adelantó Vizzotti días atrás.

Fuente: Perfil.com

En una entrevista concedida al diario El País de España, el funcionario reveló qué es lo que traba la implementación de un acuerdo de facilidades extendidas que permita refinanciar los pagos del paquete de ayuda por USD 44.000 millones que recibió la Argentina entre 2018 y 2019. Con el nivel de reservas internacionales disponibles en el Banco Central, el país caería en default con el organismo en marzo próximo, cuando cae un vencimiento de USD 2.800 millones. En total, en 2022 Argentina tiene pagos previstos por cerca de USD 19.000 millones que necesita reprogramar.

El cierre rápido de un acuerdo con el FMI depénde de “que se acelere la comprensión, por parte del conjunto de accionistas del FMI, del funcionamiento de la economía argentina y de lo que constituiría un programa para darle continuidad a la fuerte recuperación económica que hoy estamos viviendo. El paso más reciente fue la evaluación que hizo el FMI del acuerdo firmado en 2018, un préstamo récord en la historia de la institución. Se dio un paso importante con el reconocimiento del FMI de que ese programa fracasó”.

“La Argentina está lista. Resta tener los consensos internacionales que hacen falta para tener un acuerdo”

Respeto del informe que evaluó el acuerdo anterior, el ministro sostuvo que favorece la posición negociadora argentina porque reconoce puntos esenciales a ojos de la actual administración.

“Hay una visión compartida en la relevancia de transitar un camino que fortalezca la sostenibilidad de las deudas. En segundo lugar, que se reconozca que tiene que haber regulaciones de la cuenta capital hace que estemos en una misma página. Y el reconocimiento de que la inflación es multicausal también nos pone en una misma página”, agregó.

En cuanto a la resistencia política que enfrenta dentro del FMI para cerrar un acuerdo cuanto antes, Guzmán explicó que no se tratan de difereencias con el staff sino con los países accionistas que forman parte del directorio y de cuya aprobación dependen todos los programas.Julie Kozack, principal negociadora del FMI con la Argentina, junto al ministro de Economía MArtín Guzmán. Guzmán asegura que el acuerdo con el staff del Fondo es «profundo»

“Con el staff ha habido entendimientos profundos. A nivel de los accionistas, claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esa comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable para tener un acuerdo ya con el FMI”, dijo.

“Resta tener los consensos internacionales que hacen falta para tener un acuerdo entre ambas partes. Argentina está lista, y está para avanzar”, agregó.

Guzmán admitió, además, que el fracaso del proyecto de Ley de Presupuesto 2022 en al Cámara de Diputados fue un golpe para la negociación con el Fondo.

“A nivel de los accionistas, claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esa comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable”

“Fue un evento que no esperaba la comunidad internacional. El efecto que tuvo fue generar cierto daño institucional a Argentina, que no es bueno, pero ya estamos trabajando para corregir este punto”, dijo.

Por otro lado, Guzmán eludió consultas respecto a las declaraciones en contra del Fondo hechas por miembros de la coalición de Gobierno. Y también evitó responder respecto del Plan Plurianual que prometió enviar al Congreso a principios de diciembre y que nunca llegó a los legisladores.

Ante la presunta sobre cuál es el trabajo que se lleva adelante para intentar sumar voluntades entre los accionistas que todavía no aprueban un acuerdo, Guzmán señaló que “les planteamos nuestra visión de cuál es el rumbo que va a tranquilizar la economía argentina. Para ello hemos definido un esquema de política cambiaria, fiscal y monetaria y un rol para el Estado, redefiniendo como invierte sus recursos para generar ventajas comparativas sobre la base de producción que agrega valor. Y que el Estado nación se fortalezca sobre la base de una moneda más robusta”.

“Se ha ido construyendo en este periodo un apoyo de buena parte de la comunidad internacional, que Argentina agradece, porque es un voto de confianza. Tal ha sido el caso de países como España y Francia”, agregó.

Fuente: Infobae.com

La Cámara de Senadores tendrá este miércoles la última sesión del año para tratar nuevamente el proyecto de Bienes Personales, esta vez con el foco en el debate por las modificaciones que se aplicaron en Diputados y que el oficialismo logró imponer por un voto la semana pasada. Si el Frente de Todos logra asistencia perfecta y suma los apoyos de dos senadores que se pliegan a la mayor parte de sus propuestas, quedará aprobado el aumento del mínimo no imponible a partir del 2022. 

El proyecto presentado por el ahora exsenador Carlos Caserio y votado por unanimidad en octubre en el recinto que preside Cristina Fernández de Kirchner, se volverá a tratar en el Senado luego de la tensionada sesión que se vivió en diputados el pasado martes. Allí el Frente de Todos logró agregar modificaciones al texto original y elevar el mínimo no imponible por un voto, ya que estuvieron ausentes tres legisladores de Juntos por el Cambio. 

Si los números acompañan al oficialismo, los 35 senadores de su bloque más el apoyo de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck le darían los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley con los cambios que se agregaron en Diputados. PUBLICIDAD

Una de las buenas noticias para el bloque frentetodista es que Weretilneck apoyó el debate en la Comisión de Presupuesto, algo que también se vio en el soporte que el interbloque Provincias Unidas, conformado por diputados de Río Negro, dio en la Cámara baja.

De acuerdo a las reglas del Senado, los siete días que se cumplen entre la emisión del dictamen y su tratamiento permiten que se habilite el debate en el recinto sin la necesidad de contar con dos tercios.

El Senado cierra el año parlamentario de un Congreso de incertidumbre y paridad

Qué dicen las modificaciones en Bienes Personales

Los cambios que logró introducir el oficialismo con la media sanción obtenida el martes 21 de diciembre modifica el mínimo imponible de 2 millones de pesos a 6, además de considerar que los inmuebles tomados como casa del contribuyente no serán alcanzados por el gravamen cuando sean iguales o inferiores a 30 millones de pesos. Actualmente, ese monto es de 18 millones de pesos.

De acuerdo al nuevo texto, los montos “se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”.

Respecto a los montos a los patrimonios plantea aumentar las alícuotas de 1,25% a 1,50% para los contribuyentes que superen los 100 millones de pesos hasta 300 millones de pesos. Pasado este número, el gravamen ascenderá a 1,75%, mientras que para los bienes en el exterior será de 2,25%. 

Finalmente, se le da al poder ejecutivo la facultad de disminuir las contribuciones a los bienes en el exterior “en caso de verificarse la repatriación del producido de realización, supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado”.

El Gobierno busca impulsar un «impuesto a la herencia» en 2022

Qué pasa con el Consenso Fiscal

Este lunes 27 de diciembre en Casa de Gobierno y a partir de las 17, el gobierno nacional firmará un entendimiento con las provincias para empezar a implementar el Consenso Fiscal que implicaría un impuesto a la herencia, un gravamen que se lleva a cabo sólo en la provincia de Buenos Aires desde el 2007. 

Desde la Ciudad de Buenos Aires ya se desmarcaron de este acuerdo, al igual que San Luis y La Pampa. “En la Ciudad no vamos a aumentar impuestos”, fueron las contundentes palabras del el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. 

La decisión del alcalde generó rencillas hacia dentro de Juntos por el Cambio, ya que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó que «en líneas generales creemos que está razonablemente bien el Consenso Fiscal». Los gobernadores de Jujuy y Mendoza, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez, serán otros de los mandatarios opositores que se plegaran al acuerdo.

Fuente: Perfil.com

Tras el anuncio del regreso de los copagos, el gobierno nacional convocó a una reunión a las empresas de medicina prepaga, según informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Hablé esta mañana con el superintendente de servicios de la Salud y le pedí que arme una reunión este mediodía para abordar el tema y evitar que el impacto de esto llegue a la gente”, explicó la funcionaria en declaraciones a El Destape radio.PUBLICIDAD

Según explicó, las compañías no necesitan autorización del Poder Ejecutivo para aplicar la medida anunciada el fin de semana, sin embargo trabajarán para limitar el impacto en los bolsillos de sus afiliados.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó el domingo que a partir del 1° de enero los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etc) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes como consecuencia de la crítica situación financiera del sistema.

Los prestadores de salud invocan el aumento de los costos operativos y la cobertura de nuevos tratamientos con ingresos regulados y atrasados respecto a la inflación, lo que genera un desfasaje económico que pone en peligro la sostenibilidad del sistema.

Marcelo Kaufman, presidente de CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), explicó cómo afectará el copago en la práctica a los afiliados: “Se va a cobrar un 9% sobre todo lo que se haga el paciente; por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $5.000, va a tener que pagar 450 pesos”.

Y agregó: “Esto no es una amenaza para que nos permitan aumentar, es un hecho, salvo que haya un cambio que nos cubra la financiación”.

Alternativas

Las prestadoras dicen que el incumplimiento de las empresas de Medicina prepaga y Obras Sociales de Dirección las obliga a buscar alternativas para evitar un colapso de sus finanzas y a su vez financiar el pago de salarios de su personal. De allí resulta, justifican, el cobro del copago del 9% del costo de la prestación que empezarán a exigir en enero a los pacientes con cobertura de las prepagas.

Las prestadoras advirtieron además que a medida que el resto de los financiadores del sistema, esto es, Obras Sociales sindicales y provinciales, no actualizan los valores de las prestaciones, también exigirán copago a sus afiliados para cubrir los costos operativos, ante una situación económica que califican de “grave”.

Entre las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección se encuentran Cemic, Femedica, Galeno Argentina, Medife, Swiss Medical Group, Medicus SA, Omint SA, Obra Social Luis Pasteur y OSDE.

Las prepagas habían advertido hace un par de semanas a los prestadores que no podrían afrontar el aumento del 9% de enero, último convenido para que los prestadores, a su vez afronten el pago de lo convenido en la paritaria salarial 2021.

Tanto el ministerio de Trabajo como la Superintendencia de Servicios de Salud están al tanto de un problema que se ha vuelto recurrente y que se agrava con la dinámica inflacionaria.

El copago del 9% que exigirán los prestadores agrupados en la FAPS se aplicará sobre los valores de las prestaciones, que también se actualizaría en enero y que depende de cada prestador. Los médicos y otros profesionales de la salud que atienden por cartilla normalmente adecuan el valor de sus prestaciones al de las empresas prestadoras, por lo que también allí habría copago y aumento de los valores de cartilla.

La paritaria de Salud 2021 que invocan y deben cumplir los prestadores de servicios médicos estableció un aumento salarial del 36%, en cuatro cuotas de 9 puntos porcentuales cada una. Los primeros tres aumentos se hicieron efectivos en agosto, septiembre y octubre. El próximo debe pagarse a partir de enero. Ante el anuncio de las empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales de Dirección de que no podrán cumplir con los aumentos preacordados, los prestadores se lo cobrarán a los pacientes.

Fuente: Infobae.com

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las diferencias con los gobernadores de Juntos por el Cambio que sí firmarán esta tarde con el presidente Alberto Fernández la renovación del denominado Consenso Fiscal. “Las provincias arrastran una deuda con la Nación por lo que necesitan el consenso. Es diferente la relación de la Ciudad”, sostuvo el funcionario y agregó que “No vamos a permitir aumentos de impuestos”.

Hoy, a las 17 y en la Casa Rosada, será el encuentro en el que participarán gobernadores oficialistas y de la oposición. Rodríguez Larreta será el único ausente. El mandatario porteño recordó esta mañana que la Ciudad tiene abierto en la Corte Suprema su reclamo por la coparticipación.

El proyecto que sellarán esta tarde los gobernadores habilita a algunas provincias a aumentar alícuotas de impuestos claves como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, al establecer topes máximos que en muchos casos están por encima de los vigentes.

“Nosotros no vamos a firmar el consenso fiscal primero porque estamos en contra de aumentar impuestos, que es el espíritu de este consenso”, dijo el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en radio La Red.

“En segundo lugar, porque este consenso establece la suspensión por un año de los juicios contra el Estado Nacional y nosotros tenemos un reclamo importante ante la Corte Suprema de Justicia, por la quita de fondos de coparticipación que fue inconstitucional e intempestiva y en el medio de la peor pandemia de los últimos 100 años. No vamos a desistir de ese reclamo”, agregó el funcionario porteño sobre el pacto. “No estamos de acuerdo con aumentar impuestos y en la ciudad de Buenos Aires no lo vamos a hacer”, concluyó Miguel.

Rodríguez Larreta también hizo referencia a la detención de dos nuevos comisarios de la Ciudad por el crimen de Lucas González: “Si bien es un hecho aislado, hay que profundizar la investigación porque no vamos a permitir situaciones como esta en la ciudad”.

Las declaraciones del mandatario porteño se dieron tras el anuncio del fin de la obra de dos ramales del Arroyo Cildáñez que evitan las inundaciones y mejoran el desagüe de las fuertes lluvias. “Estas obras forman parte de un plan hidráulico de la ciudad”, sumó Miguel. En la presentación también estuvo presente el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.

“Solo aquellas personas con síntomas tienen que ir a las UFUs”

Ante la creciente demanda de testeos por la nueva ola de contagios de Covid, Miguel recordó: “Solo aquellas personas con síntomas tienen que ir a las UFUs”. En las últimas horas, y según pudo comprobar LA NACION, en los alrededores de las Unidades Febriles de Urgencia (UFUs) se forman extensas filas de personas que quieren saber si tienen o no coronavirus.

“Aumentamos la capacidad de los testeos. En los últimos días, casi se duplicó en la ciudad”, aseguró el funcionario porteño.

Fuente: La Naciòn

Luego de que el gobierno nacional estableciera por decreto tarifas mínimas y máximas para vuelos de cabotaje, el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López presentaron este lunes 27 de diciembre un escrito ante la comisión de competencia para mostrar su desacuerdo con la medida. Entre sus argumentos, los legisladores de la Coalición Cívica – ARI explican que afecta la competencia y daña a los usuarios.

La resolución 879/2021 del último viernes 24 de diciembre establece que el estado debe «velar por la adecuada prestación de los servicios públicos y preservar la sostenibilidad no solo del transporte aéreo» para «evitar prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja económica para el consumidor o la consumidora se revelan contrarias al interés general».

En ese contexto, los integrantes de la Coalición Cívica solicitaron una medida cautelar contra el decreto que fue firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Dentro de sus argumentos, expresan que la fijación de precios mínimos y también de cupos de viajes perjudica a los usuarios. PUBLICIDAD

«No estamos de acuerdo con un marco que límite la competencia. Durante el Gobierno anterior se inició un proceso que más allá de sus errores fue muy virtuoso. Más aerolíneas, nuevos tramos, más viajes y muchos más pasajeros. Desde diciembre del 2019 el Gobierno Nacional tira para atrás», explicaron los legisladores del CC-ARI.https://drive.google.com/file/d/17TeVFB47ESkO5jMvhNSXiRQ5UJtihUTi/preview

Allí solicitan al gobierno nacional que se ahonde en el trabajo de abrir aeropuertos con servicios menos costosos para las compañías denominadas low cost (en Argentina operan Jet Smart y Fly Bondi), además de reducir los costos de las aerolíneas tradicionales y abrir nuevas licitaciones.

Precios mínimos: «Un monopolio que perjudica a todos»

«El Gobierno Nacional quiere mantener la concesión a Intercargo (empresa estatal) en lugar de permitir que diferentes empresas puedan competir por prestar ese servicio más eficientemente. Este Decreto vuelve a la concesión de 1990 y mantiene un monopolio que perjudica a todos«, aseguraron los políticos que presentaron el escrito ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En el escrito, manifiestan que «se inicie un análisis en el mercado de vuelos comerciales de cabotaje y de vuelos comerciales con origen o destino en la República Argentina, a los efectos de detectar y remover las barreras legales y económicas que impiden el normal desarrollo en competencia del mercado». 

También explicaron que este caso se replica para Aerolíneas Argentinas, ya que al perder pasajeros se decidió limitar los cupos para otras aerolíneas que llevaban adelante vuelos desde o hacia el extranjero. «A su vez, quieren fijar precios mínimos para que las low-cost no puedan competir. Los perjudicados somos nosotros», aseguran.

Por eso piden que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia «haga un análisis de mercado y establezca propuestas pro-competitivas en toda la vertical de los servicios en tierra», pidiendo además que se suspendan de forma cautelar los efectos del decreto «para evitar que este nuevo marco empiece a distorsionar».

Además afirman que la política de fijar precios sin distinguir entre empresas tradicionales y low cost tendrá como resultado un aumentos de precios para los usuarios del servicio. 

Fuente: Perfil.com

Con el comienzo de la tercera ola de coronavirus, crece la preocupación de las personas de contagiarse durante los festejos del Año Nuevo o las vacaciones de verano. Es por eso que al igual que subió la positividad,también crecieron las colas en los centros de testeos de todo el país, especialmente los de CABA y algunos municipios de provincia de Buenos Aires.

Para descomprimir la tensión que se vive en estos lugares y también en las Unidades Febriles apostadas en las puertas de los hospitales, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que el gobierno analiza un nuevo cambio de paradigma para determinar cuándo una persona es considerada COVID positiva.PUBLICIDAD

“Estamos evaluando un cambio de paradigma que tenemos que ir comunicando”, informó Vizzotti.

Y explicó: “Cuando se llega a un punto donde es importante el número de casos, la indicación de la jurisdicción puede ser que un contacto estrecho de un caso positivo con un síntoma, aunque esté vacunado, se considere positivo sin la necesidad de hacer el test”.

Actualmente, ante el caso de un conviviente positivo, todos los integrantes de la familia deben aislarse. En la medida de lo posible, el aislamiento debe cumplirse separado del caso positivo. De ser así, el alta de los convivientes (por contacto estrecho) es 10 días desde el último contacto.

En aquellos casos en los cuales no sea factible la separación (por lo general en niños pequeños), el conviviente debe mantener aislamiento por 10 días desde el alta del paciente. Y en caso de que el contacto estrecho presente síntomas dentro del período mencionado, debía acudir al centro de salud y allí le indican los pasos a seguir. Pero ahora, de acuerdo a la definición que dio Vizzotti, las jurisdicciones están facultadas para considerar a esas personas como contagiadas y evitar que hagan colas para hisoparse. “Un solo síntoma basta”, dijo la ministra en diálogo con El Destape radio.

En agosto del año pasado, en medio de la primera ola, el Ministerio de Salud ya había facultado a las provincias a confirmar casos positivos de coronavirus sin la realización de un hisopado. De hecho es un criterio que está vigente en la práctica en algunos distritos del país y suele ser habitual para otras enfermedades como dengue o gripes comunes.En el centro de Costa Salguero, las personas pueden hisoparse arriba del vehículo (Luciano Gonzalez)

Como excepción a esta definición, sí deben hisoparse quienes se incluyan en los siguientes grupos: pacientes con criterios clínicos de internación, pacientes con factores de riesgo, gestantes, personal de salud y personal esencial

Mucho se ha hablado acerca de la sensibilidad y especificidad de la prueba PCR, así como de su porcentaje de resultados inexactos, tanto para los positivos como para los negativos. En el caso de éstos últimos, en general ocurren cuando la persona se testea de manera prematura, o incluso sin manifestar síntomas ni bien se entera que estuvo en contacto con alguien infectado. Es por eso que desde el Gobierno de la Ciudad, recomiendan testearse a los 7 días de haber estado con la persona que tiene COVID-19.

Vale aclarar que después la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 existe un bajo riesgo de contraer el virus, aunque la persona vacunada puede ser portadora del virus y contagiar a los demás. De todas maneras, aún es preciso investigar más para entender la inmunidad que brinda la vacuna y cuánto dura esa protección. Por lo tanto, es necesario mantener las precauciones para prevenir la propagación y, en este caso, la persona que tuvo el contacto estrecho debe quedar en aislamiento recomendado de 10 días. La indicación es que tanto el vacunado como el que tuvo COVID, ante un contacto estrecho de riesgo tiene que hacer el aislamiento.

En la Ciudad de Buenos Aires son 7 los grandes centros de testeos que funcionan hoy en día: La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, La Rural Peatonal Sarmiento, Parque los Andes, Parque Chacabuco, Villa Devoto y Costa Salguero Vehicular. Se encuentran especialmente destinados a personas que no presentan síntomas compatibles con la enfermedad pero necesitan realizarse el test de manera preventiva. También pueden asistir a cualquiera de los 23 dispositivos DetectAR sin necesidad de solicitar un turno previo.

Fuente: Infobae.com