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Con 75 delegados sobre un total de 130 (casi el 60%), la alianza de radicales, socialistas, independientes y peronistas descontentos con el Gobierno revalidó su liderazgo en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La conducción elegida en el congreso de la organización ratificó el retroceso del kirchnerismo y de la izquierda en la universidad, como lo habían reflejado los resultados de las elecciones estudiantiles de abril pasado.

Hubo más amplitud que en la renovación anterior, hace tres años. El Frente Reformista consagró como presidenta de la FUBA a Lucille Daniela Levy, estudiante de la carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas y actual consejera directiva de esa unidad académica. La misma sede en la que estudió y militó Axel Kicillof. Será secundada por Jonathan Maidana referente del peronismo no kirchnerista, que tiene la conducción del centro de la Facultad Ciencias Sociales.TARIFAS: EL KIRCHNERISMO NO APLICA LA “FÓRMULA FELETTI” Y MANTIENE A SUS FUNCIONARIOS DEL ÁREA ENERGÉTICA

Lucille Levy sucederá a Ramiro Fernández Sarraf (Odontología) y llevará la voz cantante en el movimiento estudiantil, en un año en que la Universidad de Buenos Aires elegirá un nuevo rector.

El congreso de la FUBA cristalizó el paso atrás de La Cámpora, que este año perdió uno de los tres centros de estudiantes que conducía en la UBA -Agronomía, que quedó en manos del Frente Reformista- y obtuvo apenas 25 delegados sobre 130. En una alianza con La Mella logró 32 votos en el congreso, por lo que accedió a la secretaría general, reservada a la primera minoría.

El Frente de Izquierda reunió 15 delegados y el Frente Justicialista quedó último, con 6 votos. Hubo dos abstenciones.

Al adelantar la agenda de trabajo que impulsará en su gestión, la nueva titular de la FUBA destacó la creación de una bolsa de empleo centralizada, que vincule a los estudiantes con el mundo laboral. “El trabajo, nos da autonomía y la educación nos ofrece un mejor trabajo”, definió.

Llamó, además, a profundizar las políticas de extensión universitaria, a través de cursos cortos de capacitación en los barrios, orientados la formación en oficios tradicionales y en nuevas tecnologías digitales.

Amplias diferencias

La cómoda ventaja en el número de delegados surgió de la votación realizada entre el 4 y el 8 de abril en todas las facultades de la UBA, en las que fueron a las urnas más de 170.000 alumnos. El Frente Reformista cosechó el 62,5% de los votos, frente al 24,7% del kirchnerismo (La Cámpora, Patria Grande y Movimiento Evita) y el 8,1% del Frente de Izquierda, que descendió en la captación de votos.

En el reformismo prevalece un acercamiento –a nivel nacional- con Juntos por el Cambio, aunque la identificación no es unánime. Integra este frente una agrupación peronista cercana al Rectorado, que se impuso al kirchnerismo en la Facultad de Ciencias Sociales.

Las expresiones del kirchnerismo en la UBA reúnen principalmente grupos que se identifican principalmente con La Cámpora, a los que se suman estudiantes afines al Movimiento Evita y la corriente Patria Grande. La profundización de la crisis nacional dificultó en varias facultades la formación de alianzas con la izquierda, lo que incidió en la derrota en Agronomía, donde hace tres años habían ganado en una lista conjunta y ahora, al ir separados, perdieron por cinco puntos.

En Filosofía y Letras, el kirchnerismo conservó el centro de estudiantes por apenas 85 votos. En la sede de Puán, las divergencias entre las listas identificadas con el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FITU) y las que adhieren a Nuevo MAS derivaron en violentos incidentes en el mes de abril.

El predominio de radicales, socialistas e independientes, que conducen nueve de los 13 centros de estudiantes en la UBA, convirtió el congreso de la federación universitaria en una instancia de mero trámite. El reformismo dio, así, un paso para fortalecer la influencia del sector en la elección del próximo rector de la universidad, que reemplazará a Alberto Barbieri, que había asumido en 2014 y completó dos períodos al frente de la institución, luego de desempeñarse como vicerrector y como decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante dos períodos.

“El fuerte respaldo que logramos en las urnas nos aportó más contundencia política, más poder de gestión, más peso en la junta representativa (conformada por los presidentes de los centros de estudiantes) y un mayor número de delegados”, evaluó Fernández Sarraf, el titular saliente de la FUBA, en diálogo con LA NACION.

Frente a la próxima elección del rector de la UBA, el espacio reformista trabajará con los claustros de profesores y de graduados para potenciar al sector. “Nuestra principal bandera es pelear por la autonomía universitaria, no dejarnos influir por maniobras del Gobierno para tener influencia en la elección. Los candidatos tienen que salir de adentro y no de afuera”, dijo a LA NACION el presidente saliente de la FUBA, al desestimar eventuales imposiciones de la Casa Rosada.

Mariano De Vedia

Fuente: La Nación

Amedida que se acerca el final de mes, el Gobierno sabe que define un partido de fondo. Con el dato de inflación de mayo estará prácticamente echada la suerte de la suba de precios 2022. Más que nada por las expectativas y las emociones que generará el acumulado de los primeros cinco meses del año, casi todo el semestre. El dato se desconoce aun, pero no asoma alentador. Lo que está por venir en materia de incrementos, tampoco.

Esta semana el Gobierno tuvo anuncios económicos para ofrecer, pero quedó atrapado en sus propios laberintos. Se anunció el mismo día la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (para los trabajadores en relación de dependencia) y mejores condiciones cambiarias para las petroleras que inviertan en Vaca Muerta, pero también la suba de las tarifas de luz y gas.

Economía pudo haber capitalizado que el secretario de Energía firmó la suba del 17% promedio en energía eléctrica y de hasta 25% en el gas a partir del 1° de junio. Esos incrementos son para el AMBA, pero los cuadros tarifarios aún no están en las compañías de distribución eléctrica  ni de gas porque deberían llegar entre mañana y el martes las resoluciones que instruyen a las mismas empresas a calcular el aumento para cada hogar residencial.

 Por el momento, los esquemas anunciados no contemplan la segmentación que propiciaba el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.  El nuevo cuadro tarifario es del perfil impulsado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Los cuadros tarifarios llegarían a partir de mañana para que las empresas emitan las nuevas boletas

Desde ya en el sector privado celebraron la instrumentación de la segunda suba del año (no será la última), pero dejaron bien en claro que de este incremento pagarán solo costo político porque serán la cara visible del ajuste pero no quedará en la arcas de las empresas ni un solo peso de esta suba porque lo que se encarece es el costo en sí de la energía, es decir no se distribuye entre los encargados de llevar el servicio a los hogares ese aumento sino que queda entre las compañías que generan el insumo, la luz o el gas.

También se beneficiará el Estado, obviamente, por la reducción de los subsidios. Y, en este sentido, el ministro Guzmán habrá cumplido un paso troncal para la próxima revisión del FMI, que en esa ocasión supervisará las cuentas del segundo trimestre, es decir entre abril, mayo y junio.

De algún modo, a Guzmán le pasará algo similar que a las compañías que llevan la luz y el gas a los hogares en AMBA: será la cara visible de los aumentos que regirán desde junio pero tendrán impacto fuerte en los bolsillos en dos meses, cuando se cumpla el ciclo completo de facturación y se vea con mayor claridad cuánto pagó una familia este año y cuánto lo hizo en el 2021.

Para el ministro en dos meses, habrá otra Argentina, más distendida en materia de precios y salarios, como lo dijo ayer en declaraciones radiales en las que una vez más insistió en que la economía crecerá y eso mejorará las condiciones del bolsillo.

Desde la coalición de gobierno, en cambio, al menos el ala más dura lo ve exactamente al revés, y por eso quieren que sea Guzmán el “hombre inflación” en lugar de todo un gobierno que pulverice no solo el poder adquisitivo sino las chances electorales del oficialismo en 2023.

Queda mucho para las elecciones pero muy poco tiempo para contener el desencanto nacional con una inflación desbocada de dos dígitos.

En el sector dicen que de este segundo aumento anual no les quedará ni un peso

Ayer, para coronar las acciones económicas, el Gobierno publicó el decreto que flexibiliza el cepo al dólar para las empresas productoras de petróleo y gas que inviertan en el país. Había dejado trascender un borrador de DNU entre las principales petroleras para que afilaran el lápiz y finalmente, ayer, afiló el lápiz el Presidente.

El DNU 277/2022 entrará en vigencia en treinta días y responde al anuncio que habían hecho días atrás el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el régimen de Acceso a Divisas para Producción Incremental de Hidrocarburos. Fue el debut del ministro empoderado.  La iniciativa apunta a fomentar las inversiones y el incremento de la producción del sector en la Argentina.

Mientras recrudece la crisis mundial energética, en la Casa Rosada consideraron que la industria hidrocarburífera debía tener una flexibilización de las restricciones cambiarias para motorizar las inversiones. “Dada la necesidad de generar más divisas y más inversión, vamos a crear un acceso diferencial de divisas para la producción incremental de hidrocarburos, que se cristalizará con un decreto presidencial. Apunta a reducir limitantes y cuellos de botella, había señalado Guzmán.

Reparto Nación-provincias

Uno de los motivos por el cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, pretendía demorar el máximo tiempo posible la actualización del impuesto a las Ganancias es el impacto fiscal que tiene la medida sobre las cuentas públicas.

 El jefe del Palacio de Hacienda cuenta moneda por moneda para cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también los gobernadores provinciales miraban de reojo el formato de la decisión para saber cuánto dinero resignarían porque Ganancias es un impuesto coparticipable.

Si bien es muy difícil establecer el costo fiscal bruto de la medida sí se puede dimensionar el impacto, por ejemplo, cada $ 10.000 millones, hasta fin de año. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) precisó que sobre ese monto el Tesoro Nacional resigna $ 4.024 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ceden $ 5.976. En caso que, por ejemplo, la reducción sea de $ 20.000 millones se duplican.

Fuente: Perfil.com

En los últimos días, de manera cada vez más abierta y evidente, Alberto Fernández dio marcha atrás con la -breve- contraofensiva que había montado frente a Cristina Kirchner, dejó a un lado la anterior “estrategia del silencio” ante los cuestionamientos, y viró nuevamente hacia los -otrora reiterativos- pedidos de unidad. Quienes lo conocen aseguran que este cambio de rumbo se debe a la necesidad de responder a las presiones de los dirigentes propios e inclusive ante la militancia, que le exigen sentar las bases para un diálogo que evite que el Frente de Todos se rompa de manera irreversible y facilite el juego electoral a Juntos por el Cambio.

Todos los llamados son pregonados en público, y nunca ejecutados en privado, ni siquiera entre segundas líneas. El Presidente no está dispuesto a comunicarse con la vice, no tanto porque no quiera dar el primer paso -un dirigente muy ligado dijo que “no tendría problema”- sino porque sabe que, para que el diálogo tenga éxito, debería ceder a sus exigencias. “Los pedidos de unidad que hace Alberto en discursos son estériles. Cristina no quiere discursos, quiere un llamado o un encuentro que derive en que a la mesa del Frente de Todos se sienten todos”, admitió, sin esperanzas, un funcionario del albertismo.

Además, en Balcarce 50 muchos coinciden que un llamado telefónico sin acuerdo podría tener consecuencias políticas directas ante el electorado. “¿Qué nos asegura que al día siguiente ella no publique una carta diciéndole a Alberto que la próxima vez que la llame sea para tomar acciones concretas?”, se preguntó, desconfiado, un alfil presidencial, esta semana.

Los pedidos públicos se escucharon en los labios del Presidente el martes, durante un encuentro íntimo en la sede del PJ nacional organizado por la diputada Victoria Tolosa Paz; el miércoles, en un acto con militantes del Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, en Florencio Varela; y el sábado, en Chaco, durante el primer congreso provincial del recientemente institucionalizado Frente de Todos. Pero, según consideran en los despachos afines, todas fueron declaraciones pour la gallerie, que, a menos que uno de los dos ceda en las cuestiones de fondo, por ahora no tendrán resultados concretos.

Los pedidos de unidad son una reedición de otras series de discursos presidenciales del segundo tramo del gobierno, cuando el FDT empezó a resquebrajarse. La diferencia es que ahora se hacen en un contexto muchísimo más complicado, luego de que las diferencias quedaron a la vista de todos, de manera descarnada, a instancias de La Cámpora y el de la Vicepresidenta que, a esta altura, frente a los resultados exhibidos por el Gobierno, quiere imponer su mirada en lugar de conversarla.Alberto Fernández, esta semana en un acto de «cercanía» con militantes de Movimiento Evita en Florencio Varela

El contraste entre dos imágenes que se tomaron en el transcurso del último mes en el auditorio de la Universidad Nacional Austral chaqueña deja a la vista que la ruptura del oficialismo sigue siendo un hecho. Una fue capturada hace 22 días, y muestra a la presidenta, de espaldas, abrazada al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, su anfitrión, que la había aplaudido con fervor minutos antes, mientras la vicepresidenta fustigaba contra la gestión económica del Gobierno. La otra data de ayer, en el mismo lugar: se ve al Presidente, solo, también desde atrás, de cara a la militancia.

En la primera aparecen las banderas de La Cámpora local; en la segunda, brillan por su ausencia. Y si bien “Coqui” recibió al primer mandatario y movió cielo y tierra para que pudiera estar -sin ir más lejos, modificó el lugar de encuentro de la mínima localidad de Sáenz Peña a Resistencia para que hubiera espacio para que aterrizara el avión presidencial- no se subió al escenario para acompañar al jefe de Estado, ni logró que los camporistas locales fueran de la partida.Cristina Kirchner, en la sede de la Universidad Nacional Austral de Chaco, donde arremetió contra la gestión de Alberto Fernández

Hay quienes creen, incluso dentro del albertismo, que el Presidente busca, al repetir que los dirigentes “se unan a pesar de las diferencias” para que “no vuelva Macri”, dejar en evidencia ante la militancia que es la Vicepresidenta la que corroe al Frente de Todos frente a la amenaza de la “derecha maldita”, una frase cuidadosamente armada que Alberto Fernández pronunció dos veces en los últimos días.

La última declaración del kirchnerismo en contra de las políticas económicas de Alberto Fernández y de Guzmán tuvo lugar hace dos viernes, en boca de Máximo Kirchner, durante el acto reducido con la militancia, en Lanús. Desde entonces, el ala dura se sumió en un llamativo silencio, y ninguno de los referentes que venían fustigando volvió a hablar. Sin embargo, en “la orga” descartan que la reserva sea una bandera blanca o, mucho menos, un guiño a la unidad. “Ya dijimos lo que teníamos que decir. Ahora, que Alberto haga lo que quiera, y que la gente juzgue”, dijo a este medio un funcionario camporista, al explicar la merma en la ola de cuestionamientos que se habían hilado, con mucha dureza, entre abril y la primera parte de mayo.

Por ahora hay un statu-quo en el Gobierno que se prolonga con vaivenes sutiles, únicamente en el ámbito discursivo, sin resultados concretos. Los cambios en el Gabinete con los que había amenazado Alberto Fernández quedaron suspendidos hasta nuevo aviso, y fueron relegados a la lista de espera algunos colaboradores fieles del Presidente, como el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, a los que se les prometió un ingreso. Si bien visita seguido Olivos y la Casa Rosada ,y algunos de los alfiles más fieles del primer mandatario prácticamente le ruegan que lo incorpore para darle “dinamismo” y volumen político a la gestión, el dirigente santafecino aún no recibió un cargo formal, ni hay señales de que eso vaya a ocurrir.Alberto Fernández se rodeó de los propios en el PJ nacional

Para que reingrese Rossi, alegan, “alguien” tendría que salir. Por lo pronto, nadie quiere mencionar nombres, aunque hubo mucho enojo en el Gobierno con el titular de Agronomía, Julián Domínguez, que contradijo dos veces al propio Presidente respecto de las retenciones. Pero por ahora, Alberto Fernández considera que no es el momento político para hacer la más mínima ola. Inclusive, algunos de sus dirigentes más cercanos le recomiendan, por el momento sin éxito, que abandone por completo las actividades políticas y se dedique exclusivamente a gestionar.

Más allá de que reparte su tiempo entre mitines -esta semana estuvo en tres encuentros, que se sumaron a los innumerables diálogos privados- quienes lo frecuentan aseguran que su única preocupación es que repunte la situación económica. No sólo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también, como dijo inclusive en público, también dos veces esta semana, el miércoles y el sábado, para “demostrarle a los que dudan que están equivocados”.

El motivo de fondo es electoral. El Presidente, que se muestra decidido a competir por la reelección -si bien dejó de decirlo en público ante la falta de apoyos-, mira con atención los movimientos del kirchnerismo para excluirlo del armado para 2023. La institucionalización que promueven Máximo Kirchner y Martín Insaurralde con el massismo, sin referentes albertistas, en la provincia de Buenos Aires, y el acto de Eduardo “Wado” de Pedro -otro presidenciable de La Cámpora- y la senadora K Anabel Fernández Sagasti, en Mendoza, hace ocho días, son interpretadas en la Casa Rosada como señales de esas intenciones. Para contrarrestarlas, el Presidente cree que sólo le queda mostrar evidencia de que el plan económico de Guzmán funciona. Falta un año para el cierre de listas, y muchos en el ala moderada del Gobierno sienten que se están quedando sin tiempo. Pero ven a un Presidente que, a pesar de todo, se muestra optimista en los indicadores y, por ahora, eligen confiar.

Fuente: Infobae.com

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló sobre el «fuego amigo» que existe en el Frente de Todos  y se refirió a las críticas contra el Gobierno Nacional que insisten en que «todo está mal y es un desastre». También se manifestó respecto a la posibilidad de enviar un proyecto de aumento de retenciones al Congreso.

La Portavoz defendió la gestión que está llevando adelante el frentetodismo y aseguró que la disputa interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no marca el ritmo de la administración nacional. «Efectivamente el estilo con el que se gobierna hoy no es la pelea. Y no estoy convencida que el estilo con el que haya que gobernar hoy sea la pelea», aseveró. 

«No sé si en este momento del mundo y de Argentina lo que hay que dar son peleas. Lo que hay que dar son soluciones», subrayó la funcionaria. 

Se refirió, además, al reclamo del sector kirchnerista del gobierno y también de la oposición, que conforman los espacios de mayor disidencia con el «albertismo». «Cuando la distribución del ingreso llegue a los argentinos algunos van a reconocer que se hizo sin las formas que otros reclaman«, aseguró. 

«Si seguimos con esta dinámica de decir que todo está mal y es un desastre en 2023 no solo no vamos a poder sacar leyes sino que nos va a gobernar la derecha», analizó la Portavoz.

Como defensora férrea del Gobierno Nacional, manifestó que la gestión «no tiene intenciones» y posteriormente enumeró: «Hemos crecido 10 puntos el año pasado, bajamos el desempleo al 7%, abren pymes todos los días».

«Estamos haciendo un gran cambio a largo plazo y mientras tenemos que solucionarle el metro cuadrado a la gente», agregó, para posteriormente apuntar contra los que piden una mayor confrontación gubernamental. «Hay algunos que reclaman batallas épicas, pero son estilos para solucionarle los problemas a la gente», manifestó Cerruti.

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Qué dijo Cerruti de las retenciones

En continuidad con las explicaciones del Frente de Todos sobre el tema retenciones, la Vocera de la Presidencia de la Nación se plegó a lo dicho por el presidente Alberto Fernández sobre una derrota legislativa en caso de enviar un proyecto de aumento del gravamen a las exportaciones.

«Con Alberto primero juntamos los votos y después mandamos la ley del aborto al Congreso», comparó Cerruti sobre el sistema que siguen en la cúpula del Poder Ejecutivo. «¿Les parece que lo necesario es mandar un proyecto al Congreso de retenciones para ser testimoniales y perder?», consultó en voz alta en diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio.

La Portavoz cuestionó a los medios concentrados

El último jueves donde realizó su habitual conferencia de prensa para periodistas acreditados en Casa Rosada, Cerruti comenzó su alocución con un reclamo hacia el espacio mediático. 

«Quería empezar con algo importante en estos momentos donde las noticias traen solo desánimo y tratan de convencernos de que esta todo mal«, comenzó su alocución, antes de las preguntas, la vocera de Presidencia de la Nación. Luego citó un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especificó que «Argentina ha tenido una de las mejores performances de la región en cuanto a tasa de mortalidad y el diferencial de lo que sucedió durante los años de pandemia».

Este viernes también apuntó contra el poder mediático. «Es muy difícil dar un relato y comunicar lo que estamos haciendo si tenes un sistema de medios concentrados y con los medios amigos criticándote», se quejó. 

Fuente: Perfil.com

Luego de las audiencias públicas realizadas hace más de dos semanas, el secretario de Energía, Darío Martínez, firmó las resoluciones que establecen la actualización tarifaria de gas y electricidad. Las mismas salieron publicadas en un edición especial del boletín oficial que se publicó este sábado.

Según informó el ministerio de Economía, en el caso de la electricidad, el incremento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) Residencial estará en el orden del 26%, lo que impactará en las facturas de usuarios tipo con consumo promedio en el área del Gran Buenos Aires con una suba del 16,53 por ciento. En cada provincia el incremento en las facturas de luz será distinto, pero siempre inferior porcentualmente al que se registre en el Gran Buenos Aires.

En el caso de los usuarios con Tarifa Social la suba de la factura en el Gran Buenos Aires será de 7,7% promedio.

Quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales a lo largo del año inferiores al 21,6%, un porcentaje equivalente al 40% del incremento registrado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año pasado. El resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42,7%, un porcentaje equivalente al 80% del CVS de 2021.

En lo que respecta al gas, los usuarios con tarifa social no tendrán ningún aumento; en tanto para el para el resto de los usuarios de todo el país, el precio de venta del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumentará entre 41,7% y 46,3%, lo que representará un aumento en la factura promedio para usuarios residenciales de entre 18,55% y el 25 por ciento.

En ese marco, fuentes oficiales afirmaron que tanto en gas como en electricidad los incrementos cumplen estrictamente con “las pautas que instruyeron en tal sentido el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la gente”.

En el caso de los comercios, la suba será en promedio del 36% porque el valor agregado de la distribución tiene un peso más grande en las facturas; lo que cobran las empresas y no la energía en sí. “Como el peso de la energía es más bajo se puede aumentar más teniendo el mismo impacto en la factura”, destacaron desde Economía.

Cabe señalar que la adecuación de los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) fue dispuesta a través de la Resolución 403/22 de la Secretaría de Energía. En tanto que la adecuación del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) fue dispuesta a través de la Resolución 405/22 del mismo organismo.

A partir de cuándo se pagarán las facturas con el aumento

A dos semanas de las audiencias públicas, donde se presentaron las propuestas oficiales para las subas en las tarifas de gas y electricidad que se deberán aplicar a partir de junio, aun no fueron oficializados los nuevos cuadros tarifarios. Desde las empresas del sector, que son las encargadas de realizar el proceso de facturación a los usuarios, aseguran que una vez publicadas las nuevas tarifas se requieren al menos entre 15 y 20 días para aplicarlas —y 60 en el caso de una segmentación—, por lo tanto impactarían en los bolsillos de los usuarios recién en julio o agosto, según el período de facturación de cada cliente.

“Cuando se publican los incrementos se empiezan a aplicar a partir de esa fecha; pero junio y julio no se toman en forma completa porque todos los días facturamos una sesentava parte de los clientes. Se factura a algunos el 15 de junio, otros el 16, 17, 18. Se toman 60 días facturados, de los cuales algunos puede que tengan ya el incremento y otros que no”, explicaron días atrás a Infobae desde una de las empresas.

Por ese motivo, solo le correspondería los dos meses de aumento completo a los clientes cuya facturación se realice el 1º de agosto, donde entra todo junio y julio con la nueva tarifa, detallaron.

Qué pasa con la segmentación de las tarifas

Si bien desde el Gobierno indicaron que aún continúan trabajando en la segmentación de tarifas lo cierto es que aún no se informó a partir de cuándo se va a poner en práctica y que los anuncios de ayer no incluyen ninguna medida en ese sentido.

En ese marco, las empresas distribuidoras de servicios advirtieron que la implementación de ese proceso, una vez definido, requerirá al menos dos meses. La segmentación implica que el estado fije con detalle qué usuarios recibirán una mayor o menor cantidad de subsidios en sus tarifas. Los usuarios ubicados en el decil de mayores ingresos de la población, según anticipó el Gobierno, no recibirán subsidio alguno. Pero aún no se definió cómo se implementará esa decisión

La propuesta del Gobierno es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.916 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones de lujo o aeronaves. Para los usuarios del AMBA también se consideró tomar en cuenta criterios geográficos: dejarán de recibir subsidios quienes vivan en los 13 barrios identificados por el ENRE como de alta capacidad de pago.

Aunque en la Audiencia Pública no se habló de fechas, las empresas distribuidoras de gas indicaron que su puesta en marcha llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías. Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia del 12 de mayo pasado.

Según el directivo de la asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total.

Fuente: Infobae.com

Los jefes de la Unión Cívica Radical (UCR) reunieron ayer, en La Plata, a su Convención Nacional, ratificaron su pertenencia a Juntos por el Cambio y anunciaron que trabajarán “para tener un presidente radical”, en una asamblea partidaria que estuvo signada por las críticas al gobierno del Frente de Todos y los señalamientos hacia adentro de la coalición opositora.

“Estos son tiempos de presidencialismo de coalición y la unidad de propósito hoy es mantener unidad y mejorar Juntos por el Cambio”, remarcó la UCR en el documento final de la Convención Nacional, que presidió Gastón Manes, hermano del neurólogo. Con ese párrafo, los radicales intentan alejar los fantasmas de ruptura.

Después de un debate interno -en el que un sector impulsó la idea de no incluir una mención a JxC en el documento de la Convención Nacional-, el radicalismo logró unificar posturas y despejó las dudas sobre su lugar en el tablero político: reclamó “fortalecer” a la principal coalición opositora, “para hacerla todavía más amplia” con miras a las elecciones presidenciales de 2023.Default Mono Sans Mono Serif Sans Serif Comic Fancy Small CapsDefault X-Small Small Medium Large X-Large XX-LargeDefault Outline Dark Outline Light Outline Dark Bold Outline Light Bold Shadow Dark Shadow Light Shadow Dark Bold Shadow Light BoldDefault Black Silver Gray White Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy Blue Teal Aqua OrangeDefault 100% 75% 50% 25% 0%Default Black Silver Gray White Maroon Red Purple Fuchsia Green Lime Olive Yellow Navy Blue Teal Aqua OrangeDefault 100% 75% 50% 25% 0%El discurso de Gastón Manes, hermano de Facundo

En medio de las tensiones que sacuden Juntos por el Cambio por el futuro perfil del espacio y las candidaturas de 2023, la cúpula de la UCR, uno de los socios mayoritarios del conglomerado opositor, buscó escenificar ayer una postal de unidad en el teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata. Allí, se realizó la elección de autoridades de la Convención Nacional, un órgano clave para los radicales, ya que se encarga de definir la estrategia electoral, el marco de alianzas y la fórmula presidencial del espacio -en caso de que no haya primarias-. Fue un trámite institucional para cumplir con la renovación de autoridades, pero la asamblea estuvo plagada de advertencias internas.

Si bien no hubo menciones a Javier Milei (La Libertad Avanza), los radicales les marcaron la cancha a sus aliados de Pro al expresar que sus “adversarios son los populismos de izquierda y de derecha”. Y que el partido centenario “no abrazará las políticas neoliberales”. De hecho, Gerardo Morales, jefe del radicalismo, alertó sobre el riesgo de “tomar el atajo de la anti-política” y, en lo que pareció un dardo hacia Mauricio Macri, cuestionó a los integrantes de Juntos por el Cambio que sugieren que comparten los planteos de Milei, como “eliminar el Estado o el Ministerio de Educación”, porque especulan con sumar votos a su cosecha.

“No nos van a tratar como unos retrógrados, porque sabemos gobernar y somos un partido moderno. No queremos ni el Estado grande del populismo ni el Estado mínimo del neoliberalismo”, exclamó Morales, gobernador de Jujuy. “¿Qué es esto de que todos tienen que estar armados?”, remató, en una clara alusión a Milei, quien se manifestó a favor de la libre portación de armas.

Está claro que la UCR pretende alejar a JxC de los extremos, atraer a los desencantados con la clase dirigente y mostrarse como una alternativa de poder: “El populismo de derecha, aquí y en el mundo, es hermano de la anarquía. Cabalga con la queja, el cansancio, la desilusión y la frustración de una enorme cantidad de argentinos”, advirtió Mario Negri, jefe del bloque de Diputados de la UCR.

En ese sentido, Lousteau pidió profundizar el debate interno en el seno de la UCR y remarcó: “La tarea que tenemos como partido es la de convencer a los que no sospechan que son radicales, esa es la manera de conjugar nuestras tradiciones con nuestros desafíos”.

Frente a la creciente interna en Pro, los jefes de la UCR se pusieron como objetivo exhibir unidad y cohesión interna, pese a que persisten las diferencias entre las distintas tribus del partido. De hecho, Morales y Lousteau aún no lograron un acuerdo para reunificar la bancada del radicalismo en Diputados.

Señal de unidad

En el encuentro que se celebró en La Plata, la UCR mostró musculatura para disputarle a Pro el liderazgo opositor y, sobre todo, incidir en la discusión sobre la identidad de la fuerza y el programa económico que presentará el espacio para recuperar el poder en 2023. Y, cuando falta más de un año para las primarias presidenciales, el radicalismo ratificó que buscará unificar una fórmula presidencial para competir en la interna de Juntos por el Cambio.

Con distintos perfiles y estrategias, Morales y Manes, quien viajó a La Plata acompañado por la senadora nacional Carolina Losada, se anotan en la contienda por la Casa Rosada. Cornejo, en tanto, no se baja del lote de presidenciables, pero prefiere enfocarse en la discusión programática. Eso sí, el senador no descarta integrar una fórmula o volver a Mendoza.

Hasta ayer, la discusión giraba en torno a la chance o no de incluir en el documento de la Convención Nacional un pronunciamiento para ratificar la pertenencia del partido a JxC. El sector de Manes pedía que en el documento incluyera la idea de que la UCR ratificaba su “vocación y voluntad política de fortalecer una coalición opositora amplia al oficialismo nacional, basada en acuerdos programáticos”, sin mencionar de manera explícita a Juntos por el Cambio.

En cambio, Cornejo y Lousteau empujaban la siguiente redacción: “Ratificación de la participación de la Unión Cívica Radical en la alianza Juntos por el Cambio”. El exgobernador de Mendoza rechazó la posibilidad de no incluir el nombre de la principal coalición opositora.

“En los momentos más difíciles trabajamos por la unidad para ser una oposición fuerte y constructiva. Ahora trabajamos por la unidad para ganar y gobernar”, indicó la Convención Nacional de la UCR en su documento.

En otro tramo de su mensaje, los radicales les pidieron a sus socios “aprender del pasado”, respetar las reglas de funcionamiento interno y “subordinar las pasiones y las ambiciones al logro del objetivo común: sacar al país de la espiral de la decadencia”.

Para Morales, ratificar la pertenencia a Juntos por el Cambio nunca estuvo en duda: “Dejémonos de joder con las peleas. Algunos quieren hacerle daño a la coalición”, bramó el jujeño desde el escenario.

En una señal de apoyo interno a Lousteau, quien ratificó su intención de pelear por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en 2023, los referentes de la UCR se comprometieron a hacer todo lo que “esté al alcance” para que “el próximo jefe de Gobierno” porteño sea radical.

Después de los ruidos internos que generó en Pro el acto que compartió con Larreta por el 25 de Mayo, Lousteau insistió en que “los mejores candidatos surgen” de las PASO: “No tenemos miedo a competir”.

Por el Teatro Coliseo de La Plata desfilaron los jefes de los bloques parlamentarios Mario Negri y Luis Naidenoff; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, entre otros referentes nacionales y provinciales de la UCR.

La elección de Gastón Manes

La postulación de Gastón Manes, apalancada por Maximiliano Abad, logró reunir un amplio apoyo, ya que Buenos Aires tiene la mayoría de los convencionales. Fue ungido como nuevo titular del estratégico órgano partidario tras un acuerdo entre los sectores de Morales, Lousteau y Cornejo.

Evolución Radical, la fuerza que preside Lousteau, que tiene el 40% de los delegados, no planteó reparos a la idea de sellar una lista unificada para la Convención Nacional y se quedó con cuatro de las trece sillas que se repartieron entre las distintas vertientes del partido.

Tras asumir como nuevo titular de la Convención Nacional, Gastón Manes dijo que Juntos por el Cambio debe ser “una coalición de ideas”. “Esta vez les toca perder a los populistas de izquierda y de derecha”, sostuvo el hermano del neurocientífico. Un mensaje en clave interna, en medio del coqueteo de un sector de Pro con el libertario Milei.

“Vamos a convocar desde el centro popular y no de los extremos. Llegó la hora de que seamos una coalición de ideas, y que el trabajo, el esfuerzo y la ejemplaridad de los dirigentes estén en el centro de las políticas públicas”, apuntó el hermano del neurólogo, quien sucede a Jorge Sappia, exministro de Trabajo en Córdoba.

Matías Moreno

Fuente: La Nación

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y las autoridades de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, del anuncio de la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, en la Casa Rosada.

El nuevo “piso” para empezar a pagar el tributo será de $280.000 y comenzará a regir desde el 1 de junio, de manera que el aguinaldo y los aumentos salariales acordados en paritarias no estarán alcanzados por el impuesto.

En el marco del anuncio, Massa expresó: “Hoy el Presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible, lo que nos permite mejorar, no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que el salario es resultado del esfuerzo del trabajador y es una remuneración, no es ganancia”.

El líder del Frente Renovador explicó que el decreto incluirá la exclusión del aguinaldo del pago del tributo y señaló que “nuestra actitud como Estado y como legisladores” es la de “propender a defender el poder de comprar de los salarios”.

El Gobierno fijó nuevo piso de Ganancias en $280.700

En ese sentido, consideró: “Subir el mínimo no imponible a más de 280 mil pesos y proteger el aguinaldo y la mejora en paritarias, para que no se los coma el Impuesto a las Ganancias, es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que tiene que ver con seguir en el camino de la recuperación del ingreso, que tenemos como objetivo”.

“Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos de Impuesto a las Ganancias, a partir del trabajo coordinado del Presidente de la Nación y el Ministerio de Economía con el Congreso, y con cada uno de los que somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente”, señaló Massa.

Y agregó: “Debatir, discutir soluciones, para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos”.

Fuente: Perfil.com

La Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), impulsa la realización de una reunión de ese bloque regional que se llevaría adelante con los presidentes y jefes de misión presentes en la IX Cumbre de las Américas, programada para el 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El canciller Santiago Cafiero y su par mexicano, Marcelo Ebrard, acordaron promover la realización de un encuentro de la Celac con la participación de mandatarios y jefes de misión que se encuentren en Estados Unidos con motivo de la cumbre hemisférica.

”El evento se desarrollará en paralelo, sin contraponerse a los horarios de la agenda oficial de la Cumbre de las Américas y el espíritu es mantenerse unidos como bloque a pesar de las divergencias”, señalaron las fuentes oficiales.

El formato no está definido aún, pero se evalúa la posibilidad de que se concrete como un desayuno o una cena. La novedad se da después de que varios presidentes de la región -entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador- anunciaran que no concurrirían a la cita organizada por la Casa Blanca luego de que la administración de Joe Biden confirmara su negativa a invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba.El presidente Alberto Fernández, en tanto, puso en duda su participaciónpor la decisión de Washington de excluir a esos países e insistió en reclamar que el cónclave se realice “sin exclusiones”.

Aunque los avances de la cumbre propia de la Celac parecerían confirmar la presencia de Alberto Fernández en Los Ángeles, fuentes cercanas al Jefe de Estado aclararon que todo se terminará de resolver la próxima semana.

Fernández recibió el jueves en la Casa Rosada a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas, y a quien Joe Biden confió la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de los tres países más grandes de la región.El canciller Santiago Cafiero, durante su visita a México

”La Argentina va a trabajar para el éxito de la Cumbre, con todos incluidos”, dejó en claro el presidente argentino al enviado estadounidense, confiaron anoche desde Balcarce 50. En la reunión en Casa de Gobierno, que se desarrolló en tono amable, Alberto Fernández habló en su condición de titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y le manifestó a Dodd algunos señalamientos a la política exterior de EEUU hacia la región.

Estados Unidos ha tenido “una política difícil” con Donald Trump “y no cambió demasiado con la nueva gestión respecto a Latinoamérica”, le dijo el mandatario argentino a Dodd y afirmó sentir “vergüenza” de que “haya un bloqueo de 6 décadas a Cuba y de 5 años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia”.

El mismo planteo había hecho el jueves por la mañana, al participar en el Palacio San Martín de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de la Celac.”¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, y sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esa realidad”, señaló Fernández en esa ocasión.

Paralelamente, en una conferencia de prensa conjunta que ofrecieron en el Distrito Federal, Cafiero y Ebrard volvieron a marcar este viernes el rechazo de ambos países a la determinación de Washington y contrapusieron la actitud asumida por los EE.UU para esta cumbre con la realidad que muestra la Celac, un mecanismo que da un “testimonio muy valioso” al mundo en el que, “sin exclusiones, todos los países participan, son respetados y todas las voces son escuchadas” a pesar de su “diversidad”.

Fuente: Infobae.com

Acasi un año de iniciada la causa judicial por la fiesta celebrada en la Quinta Presidencial de Olivos en pleno aislamiento obligatorio que le dio al presidente Alberto Fernández su primera imputación al frente de la Casa Rosada y puso en jaque el desempeño electoral del Frente de Todos en las Primarias, el expediente está a un paso de cerrarse. Ocurre que esta tarde se efectuó el pago de los $3 millones a modo de donación para el Instituto Malbrán y se cumplió el acuerdo. 

La información fue confirmada a PERFIL por fuentes ligadas al proceso judicial. Tras conocerse que el mandatario había tramitado un crédito en el Banco Santander por 3 millones de pesos, cerca de las 15 se efectuó una “transferencia inmediata” desde una cuenta del mandatario al CBU que aportó a la causa el Malbrán.

«Vergüenza ajena», «asco» y «multa irrisoria»: la reacción de la oposición por el cierre del ‘Olivosgate’PUBLICIDAD

De esa manera, Fernández cumplió con el acuerdo que estableció que debía pagar $1,6 millones para ser sobreseído, pero también se hizo cargo de los $1,4 millones correspondientes al acuerdo al que llegó la primera dama Fabiola Yáñez por medio del abogado Juan Pablo Fioribello. 

Así las cosas, ahora resta que el destinatario de la donación le confirme a la Justicia que efectivamente recibió el pago. Una vez que eso suceda, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli estará en condiciones de firmar la resolución con el sobreseimiento del presidente y la primera dama. 

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Cómo se llegó a los acuerdos

Hace algunos meses se conoció que la estrategia presidencial para encarar el cierre de la causa por el festejo de cumpleaños de la primera dama en plena vigencia de las restricciones sanitarias iba a ir por el lado de la “reparación económica integral”. 

De hecho, el propio presidente había ofrecido donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Malbrán en agosto pasado, cuando el expediente estaba en Comodoro Py a cargo del juez Sebastián Casanello. Más cerca en el tiempo, el propio abogado Fioribello le dijo a PERFIL en una entrevista que iban a ofrecer el mecanismo de reparación económica para lograr el sobreseimiento.

Eso finalmente tomó vuelo a comienzos de mayo cuando el equipo de abogados presidenciales mantuvo reuniones en la Quinta de Olivos con el mandatario y luego con el fiscal Fernando Domínguez. Se logró definir la cifra y finalmente fue homologada días atrás por Mirabelli, lo que revivió las críticas contra la Justicia y contra el propio mandatario.

De hecho, tras conocerse la cifra acordada hubo varias presentaciones judiciales en rechazo al acuerdo. Al día de hoy, ninguna prosperó. 

Así, cerca del mandatario y la primera dama esperan que a más tardar la semana que viene se conozca el sobreseimiento.

Fuente: Perfil.com