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En los primeros 9 meses del año, la Nación giró a las provincias $4,4 billones en fondos “automáticos” y “discrecionales”, un aumento nominal del 75,7% respecto de igual período de 2021.

Milei y una elección partidaria clave: por qué la proyección de su compañera en Diputados genera desconfianzaEl Partido Demócrata —pilar de la candidatura del legislador en 2023—, elige autoridades en diciembre y Victoria Villarruel, quien trabaja en territorio bonaerense con un armado paralelo al del búnker libertario, suena como posible candidata a presidenta

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Los fondos “automáticos” son aquellos que se asignan en función de la Ley de Coparticipación Federal y enmiendas vigentes, mientras los “discrecionales” responden a criterios “políticos” y a la relación entre el gobierno nacional y los provinciales de turno, explican los especialistas en finanzas públicas.

En el caso de estos últimos, que sumaron $480.120 millones, Buenos Aires recibió $203.367 millones, el 42,4% del total. Según surge de un informe de la consultora fiscal Aerarium, la provincia recibió así más del doble que Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, los 4 distritos que le siguen en población y PBI, que recibieron en conjunto el 17,8% de los fondos “discrecionales”.

La provincia gobernada porAxel Kicillof recibió en los primeros 9 meses $75.500 millones vía el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Además, la provincia gobernada por Axel Kicillof recibió en los primeros 9 meses $75.500 millones vía el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal” creado con los recursos recortados desde septiembre de 2020 a CABA, y otros $43.300 millones de financiamiento directo y adicional del Tesoro Nacional.

Primero, lejos

El reparto de fondos discrecionales muestra además que 3 distritos, Buenos Aires, Chaco y La Rioja, todos alineados con el kirchnerismo, recibieron 52% del total, más que los 21 distritos restantes.

El nuevo barrio cerrado de Canning que consolida su expansión urbanaCon una gran cantidad de lotes con salida a dos lagunas, el barrio privado Damasia al Sur surge como una alternativa para las personas que buscan una mejor calidad de vida. Cómo será vivir en un entorno 100% natural a solo 50 minutos de la Ciudad de Buenos Aires

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“Interanualmente las transferencias a la provincia de Buenos Aires pasaron del 36,4% al 42,4% en el total; muy atrás le siguen en importancia CABA, Santa Fe y La Rioja con el 6,1%, 5,8% y 5,4%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Jujuy (0,8%), Tierra del Fuego (0,7%) y Chubut (0,6%)”, precisa el informe de Aerarium, que está elaborando los datos de octubre.El gráfico muestra la disparidad en el reparto de fondos asignados con criterio «político» y la evolución de los envíos mensuales a Buenos Aires

La disparidad es aún más marcada en la asignación de recursos directos a municipios, no incluidos en el reparto a provincias: los bonaerenses recibieron el 57% del total por esa vía, un 32,6% más que los más de 1.500 municipios del resto del país.

La oposición le pone condiciones a Kicillof para aprobar el Presupuesto: más fondos para este año y 2023Se trata de acuerdos alcanzados en 2021 con el Fondo de Infraestructura Municipal. Además, pedirán más recursos para obras el año que viene

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Ese reparto operó principalmente a través de programa “Argentina Hace”, que depende del ministerio de Obras Públicas, que encabeza Gabriel Katopodis, y de obras viales y de saneamiento hídrico, a cargo de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), también dependientes de la cartera de Katopodis, exintendente de San Martín. Muy detrás del 57% de envíos director a municipios bonaerenses se ubicaron los de Córdoba (8%), Entre Ríos (7%) y Santa Fe (4 por ciento).

Los municipios bonaerenses recibieron el 57% de los “envíos directos” de Nación, un 32,6% más que los más de 1.500 municipios del resto del país

El informe no contiene precisiones por municipio, pero probablemente las diferencias por esa vía estén detrás del actual tironeo por el presupuesto bonaerense, por el que el jueves pasado un grupo de legisladores e intendentes de oposición se reunieron con el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la vicegobernadora, Verónica Magario, exigiendo –para aprobar el presupuesto- más fondos “de libre disponibilidad” y que se actualice por inflación la deuda provincial con intendencias.

Menos para obras

Un aspecto notable del reparto federal de fondos, teniendo en cuenta la publicidad oficial, es la caída en envíos para obras. “Entre el acumulado a septiembre 2021 ($79.673 millones) y 2022 ($83.683 millones) las transferencias de capital cayeron en términos reales un 43%”, precisa el informe.

Las provincias, en todo caso, no empujan mucho: a agosto, transcurridos dos tercios del año, llevaban ejecutado 59,4% de lo asignado. Eso explicaría en parte el aumento en las transferencias directas a municipios (en las provincias bendecidas a ese nivel, como Buenos Aires), presuntamente por mayor “agilidad” ejecutiva, dijo a Infobae Paulino Caballero, director de Aerarium.

A agosto, transcurridos dos tercios del año, las provincias llevaban ejecutado 59,4% de las transferencias asignadas a obras, que en términos reales cayeron 43 por ciento

La otra parte se debe al ajuste fiscal que inició el Ministerio de Economía para reducir el gasto y el déficit fiscal y cumplir con las metas del acuerdo con el FMI.

El ministro Sergio Massa reiteró recientemente que hacia junio, último mes de gestión de Martín Guzmán, el déficit fiscal anual se proyectaba al 12,4% del PBI, un nivel asociado a casos de hiperinflación. Al menos en septiembre, Hacienda tuvo la ayuda del Ministerio del Interior, Eduardo de Pedro que asignó “Adelantos Transitorios” a solo dos provincias: Chaco y La Rioja, que junto a Buenos Aires, como ya se indicó, suman el 52% del auxilio “discrecional” total.La disparidad en el reparto de fondos es aún mayor en el caso de las transferencias directas a Municipios

Las provincias que más fondos recibieron para obras públicas, sin contar envíos a municipios, fueron Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja y las que menos CABA, Chubut y La Pampa.

Otra ventanilla del reparto federal es la Anses, vía la cobertura del déficit de cajas de jubilación provinciales, normada por una maraña de leyes y acuerdos fiscales. “En 2021 y 2022 se financiaron las cajas de Chaco por $6.900 millones y Santa Cruz por $1.004 millones, sin que contaran con un déficit cuantificado por Anses, generando inequidades con el resto de provincias”, dice el informe de Aerarium.

El recorte a CABA

Un estudio aún inédito del Ieral de la Fundación Mediterránea precisa qué ocurrió con los fondos que desde septiembre de 2020 la Nación recortó a CABA para auxiliar al gobierno de Kicillof, entonces acuciado por un paro policial.

En enero de 2016, vía el Decreto 194/2016, el gobierno de Mauricio Macri había aumentado el coeficiente de coparticipación de CABA de 1,4% a 3,75%, a expensas de fondos “nacionales”, y en marzo de 2018 lo redujo a 3,5%. En 2020 el gobierno de Alberto Fernández disminuyó en dos tramos el coeficiente: primero a 2,32 y luego a 1,4%, al aprobar una suma aparte para compensar el traspaso de funciones de seguridad y la creación de la Policía de la Ciudad.Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas, la cartera de mayor incidencia en las transferencias directas a Municipios: los bonaerenses se llevan el 57%

Nación creó entonces el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, asignándole un 1,18% extra de coparticipación, pero que se transfiere de forma “discrecional”, sin aumentar el coeficiente de coparticipación.

Así es que desde que se implementó el recorte a CABA, calculó el Ieral, el distrito porteño “perdió” $288.933 millones de coparticipación, que se reduce a $223.773 millones si se descuenta la “compensación” por el tema de la Policía.Un estudio inédito del Ieral muestra cómo se distribuyeron los fondos recortados desde septiembre 2020 a CABA: 81% del recorte «bruto» y 104% del recorte «neto» fue a parar a la provincia de Buenos Aires

¿Adónde fue ese dinero? En ese mismo período, precisan los cálculos del Ieral, la provincia de Buenos Aires recibió vía el Fffpba y de Asistencia Financiera discrecional del Ministerio del Interior, $234.077 millones, es decir, el 81,1% del total que se descontó de la coparticipación a CABA, o 104,7% si se considera la reducción “neta” del distrito porteño, como muestra el gráfico de arriba.La evolución de la participación de Buenos Aires en el reparto total de fondos muestra que el peor momento fue el segundo gobierno de Cristina Kirchner, con Kicillof como ministro de Economía

No deja de ser una paradoja que Kicillof sea el gobernador más beneficiado por los cambios en el reparto, siendo que -como muestra el gráfico de arriba, de otro estudio del Ieral- los peores años para la provincia en el reparto de fondos federales fueron los del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el actual gobernador era ministro de Economía de la Nación.

Fuente: Infobae.com

Como parte de la etapa final del juicio y tras el cuarto intermedio de dos semanas que se dispuso cuando terminaron de alegar los abogados de las partes, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará mañana el proceso oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad, y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tomarán la palabra para contestar los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron las defensas durante sus exposiciones en la instancia de alegatos.

A través de sus abogados, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario santacruceño Lázaro Báez introdujeron planteos que Luciani responderá, pese a que seis defensores le habían pedido al TOF cuando terminaron los alegatos que no se le corriera vista al fiscal. El TOF rechazó esos pedidos y de todas formas le corrió traslado de esos planteos a Luciani. Si los fiscales terminan de responder a los planteos mañana, los jueces pasarán a fijar las fechas para que los imputados digan sus últimas palabras ante los jueces -si así lo desean- y luego, inmediatamente después de esa instancia (que podría tomar dos audiencias según suponen fuentes judiciales), responderán los planteos y darán a conocer su veredicto.

En las últimas semanas circulaba entre los defensores la duda respecto de si Luciani hará o no réplicas a los alegatos. Las réplicas son una instancia que se da cuando durante el alegato un defensor-como el fiscal habló primero- dijo algo novedoso que no había sido discutido en el debate y que amerite dar respuesta. Si hay réplicas, hay dúplicas. Es decir que, desde el punto de la vista de la estrategia, los defensores van a querer quedarse con la última palabra y solicitarán rebatir los argumentos de las réplicas de los fiscales. Si hay replicas para todos, habrá dúplicas para todos y el juicio podría extenderse varias audiencias más.

Aunque la fiscalía trabajó estas semanas bajo un estricto hermetismo, cerca del fiscal sostenían que dar réplicas sería extender más los plazos del juicio y en efecto dilatar la difusión del veredicto. Deslizaron, además, que los argumentos brindados en las exposiciones no mostraron elementos nuevos.

Los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron los abogados de Báez y López motivaron algunos sutiles reclamos de otros abogados que intervienen en el juicio. Aunque estos no lo manifestaron en público, sabían y habían conversado entre ellos que no les era conveniente habilitar al fiscal a hablar una vez más. Por eso, aunque varios de los defensores dijeron en sus alegatos que harían planteos, finalmente no los formalizaron.

El abogado de Lázaro Báez, Juan Villanueva, planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y una excepción por falta de acción al sostener que del total de las 52 obras investigadas en esta causa 49 ya fueron investigadas en causas por las que se dictaron sobreseimientos en los tribunales de Santa Cruz. El defensor de José López, Santiago Finn, también planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y la nulidad de la prueba proveniente del teléfono celular de su defendido, así como también pidió declarar nula la prueba proveniente del procesamiento de López que mostró el fiscal cuando aludió a sus dichos como arrepentido.

Los fiscales pidieron al tribunal una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina es acusada junto a Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros exfuncionarios de su gobierno, por el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz a las empresas de Báez entre 2003 y 2015.

El juicio oral y público contra la vicepresidenta comenzó en mayo de 2019. Como parte de la asociación ilícita que según la acusación ella lideró están implicados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti. Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exfuncionario de Obras Públicas, está acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Abel Fatala, que trabajó junto a José López, la fiscalía pidió condenarlo por administración fraudulenta, igual que a los exfuncionarios provinciales de Vialidad de Santa Cruz. Los jueces del tribunal oral son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La sentencia que dicten los jueces será revisada por la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal. La última instancia es la Corte Suprema, que ya rechazó todos los recursos de las defensas para frenar el juicio.

Candela Ini

Fuente: La Nación

El jefe de Estado confirmó en París que se anunciará un bono para los salarios más postergados. Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández no avanzará en un aumento con suma fija, tal como venía reclamando el kirchnerismo. En diálogo con PERFIL y otros medios que cubren la gira, el jefe de Estado explicó que no quiere ir en detrimento de las discusiones paritarias.

-¿Por qué el gobierno optó por el bono para los trabajadores y no por la suma fija? Algunos socios del gobierno venían reclamando esto último. 

-«Porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y hay que dejar funcionar las paritarias. Interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad.PUBLICIDAD

Lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio».

-¿Cómo?
-«Como bono».

-¿Cuándo?
-«Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos».

Fuente: Perfil.com

La cercanía del Mundial aceleró muchos eventos que congregaron economistas, empresarios, banqueros y políticos. Los más relevantes fueron la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, el simposio organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv y la cena anual de recaudación para becas de la Universidad Di Tella. En los pasillos de estas tres reuniones la pregunta fue recurrente: ¿aguanta así la economía un año más o le explotará al propio Gobierno?

En la gestión de Alberto Fernández el dólar oficial se atrasó un 27%: debería subir a $ 220 para volver al nivel de 2019La receta del Gobierno busca que el dólar actúe como una suerte de ancla contra la inflación, pero en la práctica sucedió exactamente lo contrario

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Las respuestas están divididas entre los que piensan que se puede llegar haciendo más de lo mismo y otros que alientan correcciones urgentes para que no explote el dólar y no se vuelva a disparar la inflación, que en los últimos meses se mantuvo en el rango alto, de 6 a 7 por ciento. El saldo vendedor que viene sufriendo en noviembre el BCRA volvió a encender alertas rojas. En la última semana se aceleraron las ventas a USD 520 millones y en lo que va de noviembre el rojo acumulado llega a USD 763 millones.

Insostenible

En un informe que difundió el viernes, el economista Fernando Marull consideró “insostenible” que el BCRA venda USD 100 millones por día cuando quedan apenas USD 5.200 millones de reservas netas. Con el dólar oficial corriendo al 6.5% mensual, explicó, la alternativa es endurecer más el cepo afectando la actividad y acelerando la inflación.

Tras el alivio del dólar soja, el Central se vio obligado a vender fuerte en el mercado cambiario para que no se dispare el tipo de cambio oficial. Sin embargo, Sergio Massa considera que no tendrá problemas para mantener el actual ritmo de devaluación, sin necesidad de un salto brusco

El futuro cercano no luce precisamente sencillo en materia de divisas. La sequía que ya impactó en la inminente cosecha de trigo, cuya merma en aporte de divisas respecto al año pasado rondaría los USD 3.000 millones. Se trata de una reducción que se sentirá hacia fin de diciembre y enero. La buena noticia, dentro de todo, es que el abastecimiento interno estaría asegurado, pero habrá menos saldos exportables. La campaña de soja aún se está jugando y dependerá en buena medida de las lluvias de las próximas semanas en las zonas más productivas de la Argentina.Pese a la sequía, que reduce las proyecciones de ingreso de dólares, Economía hace cuentas que le cierran Foto NA: MARIO SALAMI/INTAzzzz

Sergio Massa, sin embargo, no se deja llevar por el nerviosismo del mercado. En los encuentros que mantuvo con empresarios en los últimos días y antes de partir rumbo al encuentro del G-20 en Indonesia, se mostró optimista en relación a la evolución del mercado cambiario. Por lo pronto, se trata de su principal logro en los ya 100 días que lleva en funciones: la estabilidad de los dólares financieros y el achicamiento, aunque más lento que lo deseado, de la brecha cambiaria.

A pesar la mala racha de las últimas semanas, en el equipo económico están convencidos que podrán manejar los flujos del mercado sin necesidad de recurrir a una devaluación brusca. Ésta es una pata fundamental del paquete de medidas que viene desarrollando el equipo económico desde julio: fortalecer en lo posible las reservas del Central y evitar un salto cambiario que -entiende- solo generaría más incertidumbre y un salto inflacionario todavía mayor con el consiguiente impacto en los niveles de pobreza. Ese escenario dejaría al oficialismo directamente fuera de combate para las elecciones presidenciales.

Aunque mantiene un ritmo de suba parecido al de la inflación, el dólar oficial está cada vez más atrasado. El tipo de cambio real está 27% más bajo que el que recibió Alberto Fernández, por lo que en vez de $ 160 tendría que cotizar a $ 220

Hoy la distancia entre el dólar MEP y el tipo de cambio oficial minorista se ubica en 77%. El objetivo sería que descienda al menos al 60%, algo que en su momento había conseguido Martín Guzmán pero por un corto período de tiempo. Pero los desequilibrios siguen aumentando: el tipo de cambio real ya está 27% abajo respecto al que recibió Alberto Fernández cuando comenzó su presidencia. Para volver a la cotización de $ 60 de diciembre de 2019 el dólar oficial debería cotizar a $ 220, o sea 60 pesos arriba del valor actual.

Llegar

Pero más allá del indisumulable atraso cambiario, Massa está convencido que “llega”. “Están haciendo mal los números”, desafió a un grupo de empresarios con los que habló en privado durante la conferencia industrial. Según sus proyecciones, el saldo comercial del año próximo será superavitario con holgura. Y lo explican haciendo un punteo sector por sector.Massa, con productores del campo

En el caso del campo, señala el ministro, aún a pesar de la sequía las exportaciones aumentarían 9% respecto a este año. Pero la gran protagonista sería la minería, que aportaría un 40% más que este año. En tanto, el sector de la “economía del conocimiento” aportaría un 33% adicional respecto al 2022 a partir de los últimos incentivos, que permiten incluso manejar un saldo de las exportaciones de libre disponibilidad a través del denominado “dólar tecno”.

Para llegar sin mayores presiones cambiarias a las elecciones, es imprescindible mantener el cerrojo a las importaciones. Pero es justamente esta política la que dificulta una baja de la inflación, porque las empresas remarcan preventivamente ante la escasez de insumos y la falta de oferta de producto

Además de este mayor flujo de divisas por exportaciones que se aguardan para el 2023, ya se estarían cerrando algunas “canillas” para que goteen menos dólares. No se trata de un cambio de tendencia decisivo pero todo suma. La compra de billetes al Central a través del denominado “dólar ahorro” habría caído a un neto de USD 100 millones mensuales. En este caso, la explicación es que se “limpió” la lista de autorizados, al excluir a aquellos que cobran planes del Estado, algo que Infobae adelantó en la última semana.

La UIA recibe a Massa en la Conferencia Industrial con el foco en los dólares para producirLa central fabril realiza hoy en Parque Norte la edición número 28° de esta conferencia. No asistirá al cierre el Presidente, pero sí el ministro de Economía de forma presencial. Las preocupaciones de los industriales

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En el caso de turismo, el nuevo dólar Qatar hizo caer en las últimas semanas la salida de divisas del sector, a un nivel de USD 300 millones mensuales contra un rojo de más de USD 550 millones que se venía registrando en los últimos meses. El tipo de cambio por pagar con tarjeta en el exterior ya está en $ 330, mientras que el dólar MEP se mantiene debajo de los $ 300, una diferencia que supera el 10%.

El nuevo sistema de importaciones (SIRA) también redujo los volúmenes destinados al sector, al tiempo que las medidas cautelares que procuran destrabar los dólares por vía judicial quedaron sin efecto. Pero se trata de un arma de doble filo. “No es que faltan dólares, los estamos usando donde realmente hacen falta”, se defienden en Economía. Sin embargo, las quejas de las empresas van en aumento y hablan de un verdadero bloqueo. Las empresas que presentaron cautelares para importar en el pasado, de hecho, directamente no tienen acceso al nuevo sistema para importar.

Importar importa

Las crecientes dificultades para importar están dando lugar a maniobras especulativas. Las empresas optan por cuidar el stock y reducen ventas a la mínima expresión ante el riesgo de quedarse sin reposición. Por supuesto lo poco que venden sale con fuertes remarcaciones. Se trata de las famosas subas “preventivas” ante la incertidumbre sobre la reposición de stock.Desacelerar la inflación en medio de un fuerte control de importaciones parece un objetivo contradictorio. EconViews, por ejemplo, creeo ue la inflación en 2023 será del 110 por ciento (iStock)

Se trata posiblemente de la mayor dificultad que enfrenta el esquema planeado por Massa, que con el lanzamiento de Precios Justos apunta a reducir gradualmente la inflación. Conseguir una desaceleración de precios en medio de una política de fuerte control de las importaciones, incluyendo insumos básicos para la producción, suena directamente contradictorio. Por eso las consultoras manejan proyecciones diferentes a las del Gobierno. En Econviews, bajo la dirección de Miguel Kiguel y Andrés Borenstein, estiman que en 2023 la inflación estará en el orden del 110%. Es decir un escalón por encima de la de este año, pero casi el doble respecto a la que figura en el Presupuesto 2023.

Fuerte apoyo de los empresarios al programa de Precios JustosLos ejecutivos que estuvieron en el acto de lanzamiento del plan anunciado por Massa indicaron su respaldo y pidieron que todos los eslabones de la cadena cumplan con este compromiso

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Gabriel Rubinstein, mano derecha de Massa en el ministerio, consideró que Precios Justos es “sólo una pieza, pero bien importante, del andamiaje que nos permitirá mejoras en podes de un orden fiscal y una inflación cada vez más baja. “Ese 4% que incluimos en el ajuste de es el que proyectamos e incluímos en el Presupuesto 2023. Y es una cifra compatible con los fundamentos macro, por ejemplo en relación a la evolución de las variables fiscales y monetarias”.

Deuda en pesos

La deuda en pesos vuelve a aparecer como otro de los desafíos que deberá atender la Tesorería. La situación es delicada aunque todavía hay tiempo para encontrarle soluciones. Por lo pronto, la mayoría de las empresas decidió reducir el plazo de tenencia de bonos en pesos. La premisa es cuanto más corto mejor para quedar lo más lejos posible de las elecciones del año próximo.

La licitación del jueves pasado evidenció los problemas que se le vienen al Gobierno. La Tesorería lanzó un canje el jueves pero solo consiguió refinanciar el 61% de los vencimientos de noviembre y diciembre. La mayor parte estaba en manos del sector público. Quedó claro que los inversores privados se moverán con mucha cautela.

Sin bien estar invertido en pesos a una tasa de casi 6,5% mensual fue muy buen negocio con el dólar financiero totalmente planchado, la situación podría darse vuelta de un día para el otro si el tipo de cambio empieza a acelerar. Distintos cálculos que toman en cuenta los agregados monetarios en comparación con la disponibilidad de dólares concluyen que el “contado con liquidación” debería estar por lo menos a $ 350.

Lo que resta del año es desafiante pero para nada imposible. El Tesoro deberá conseguir en el mercado 2 billones de pesos: la mitad para salir a cubrir los vencimientos en moneda local (de aquellos títulos que no entraron al canje) y la otra mitad para hacer frente al aumento del déficit fiscal de todos los fines de año. Pero la verdadera prueba llegará en los primeros meses de 2023, ya que la acumulación de vencimientos se vuelve cada vez más pesada.

Fuente: Infobae.com

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dará por terminadas las auditorías sobre el Potenciar Trabajo que dispuso hace poco más de un mes su antecesor, Juan Zabaleta, y que implicaban un acuerdo con universidades nacionales para un relevamiento presencial de los beneficiarios para obtener información demográfica. En su lugar, la funcionaria dispondrá un sistema de validación de identidad digital, más un formulario on-line, que se pondrá en práctica a fines de este mes y que busca acelerar el control sobre la distribución de los planes sociales.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social buscará desgranar los datos de un informe elaborado por la AFIP que determinó que, entre los 1.383.279 beneficiarios del Potenciar Trabajo, hay más de 250.000 que tienen a su nombre bienes registrables, o declararon Bienes Personales o compraron dólares.

En el edificio de los murales de Evita reconocieron que es imposible que casi un 20% del padrón del Potenciar Trabajo haya “trampeado” el sistema por estar en una situación económica incompatible con la necesidad de percibir un plan social.

El jueves hubo una extensa reunión técnica de funcionarios de Desarrollo Social y de la AFIP para analizar la situación: ya detectaron que muchas de las 253.184 personas que figuran en el informe del organismo recaudador solo tiene una moto a su nombre, es decir que no están cometiendo una irregularidad. Otro dato es que hoy hay 1,1 millones de personas que declaran Bienes Personales, con lo cual resulta imposible que un cuarto de esos contribuyentes perciban un plan social.CERRUTI PIDIÓ DISCULPAS: “LAMENTO PROFUNDAMENTE SI ALGÚN FAMILIAR DE VÍCTIMAS DEL COVID SE SINTIÓ OFENDIDO POR MIS PALABRAS”

Por eso, desde el Gobierno advierten que todavía hay que entrecruzar datos de bases públicas para definir las irregularidades y proceder a las bajas que correspondan y que implicarán un universo sustantivamente menor al que figura en el informe de la AFIP, que es estadístico y no nominal.

Nueva auditoría

Según pudo saber LA NACION de fuentes del ministerio, hasta ahora las auditorías con las universidades solo llegaron a revelar 35.000 beneficiarios de planes . Según las nuevas autoridades de la cartera, a ese ritmo no se podría terminar el proceso antes de que culmine el mandato de Alberto Fernández. Con ese justificativo, se recalculará y se buscará hacer una validación de identidad y de titularidad de cuenta bancaria de todos los inscriptos en el Potenciar Trabajo a través de la aplicación Mi Argentina.

A pesar de la oposición de las agrupaciones sociales de izquierda, que este jueves protestaron en la 9 de Julio, Alberto Fernández y Tolosa Paz son inflexibles en la decisión de disminuir la nómina de beneficiarios del Potenciar Trabajo, e ir migrando los fondos a la asignación de herramientas para la economía popular. En ese sentido, la definición que se tomó es que quien no valide su identidad con el nuevo sistema, no podrá seguir recibiendo la asignación del plan social. Los dirigentes de Unidad Piquetera se quejaron por el cambio de rumbo y aseguraron que el ministerio está “sin brújula” por dar de baja el sistema de auditorías que se dispuso semanas atrás.

“Se tomó la decisión de hacer una auditoría digital. Nos basamos en la experiencia del programa Mi Pieza en donde las mujeres más pobres de la Argentina accedieron de manera digital, accesible y transparente al programa”, dijeron a LA NACION cerca de Tolosa Paz.

Aseguraron que con ese programa, a través de la aplicación Mi Argentina, ya se logró la validación de la identidad vía Renaper, la inscripción de las cuentas bancarias, el giro del dinero y la rendición de gastos con “una trazabilidad absoluta”. “La herramienta que hay que utilizar para auditar el Potenciar Trabajo es Mi Argentina, con validación de identidad y un formulario para conocer mejor a los beneficiarios”, insistieron. Y aseguró que “en cinco minutos se puede tener un diagnóstico preciso” de la situación de cada beneficiario, su terminalidad educativa y si quiere trabajar o estudiar como contraprestación al plan, que es el equivalente a medio salario mínimo vital y móvil [$29.850].

Se estima que el desarrollo de la nueva plataforma para validación de identidad -cuya implementación está a cargo de la secretaria de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm- estará lista el 25 de noviembre. En el cronograma del Ministerio de Desarrollo Social está previsto comenzar con el proceso de validación de beneficiarios el lunes 28 de noviembre y desplegar una campaña de difusión de 35 días para que las personas ingresen al sistema. También esperan contar con el favor de los movimientos sociales en el territorio, para ayudar con el proceso.

Maia Jastreblansky

Fuente: La Nación

Este viernes el Gobierno publicó la lista de los más de 1.700 productosque tendrán sus precios congelados por los 120 díassiguientes al anuncio, en el marco del programa Precios Justos. Durante la duración del acuerdo habrá productos de los rubros alimentos, bebidas, higiene personal, lácteos y limpieza.

Fuerte apoyo de los empresarios al programa de Precios JustosLos ejecutivos que estuvieron en el acto de lanzamiento del plan anunciado por Massa indicaron su respaldo y pidieron que todos los eslabones de la cadena cumplan con este compromiso

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El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo en el lanzamiento de la iniciativa: “A las empresas que no participan le decimos que van a perder mercado. Cada una de las responsabilidades que el equipo económico asumió para dar acceso al mercado libre de cambios está el compromiso del Gobierno y de cada uno de los funcionarios de cumplirlo”.

“En la cadena de producción es clave que tengamos el apoyo que las empresas asumieron y el compromiso que los ciudadanos van a poder fiscalizar. Sabemos que requiere que nuestros trabajadores tengan un mecanismo de trabajo coordinado”, agregó.

En la cadena de producción es clave que tengamos el apoyo que las empresas asumieron y el compromiso que los ciudadanos van a poder fiscalizar (Massa)

“La semana que viene serán 2.000 productos que mantendrán su precios, cuando se termine de cerrar el esquema. En el resto de los 30.000 que producen las empresas que firmaron el acuerdo no pueden aumentar más del 4%; y hay un compromiso de las cadenas de supermercados y los mayoristas de rechazarle a las empresas que violen el acuerdo las listas de precios. Nos da garantía a todos. Nos da garantía al Estado de recorrer un sendero a la baja. El programa resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionario”, enfatizó.En el resto de los 30.000 que producen las empresas que firmaron el acuerdo no pueden aumentar más del 4% en cada mes (EFE)

– Los alcances del programa se podrán consultar en la página oficial (https://www.argentina.gob.ar/preciosjustos).

Precios Justos: los empresarios esperan la letra chica y que el Gobierno les habilite más dólares para importarEl nuevo programa dejará congelado unos 1.500 precios hasta fines de marzo. Las empresas y el Gobierno negociaron como “zanahoria” un acceso más fácil a divisas para conseguir insumos

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– Vigencia: 120 días a partir del viernes pasado, cuando se firmaron los convenios del programa.

– Las cerca de 100 empresas que participan del programa representan el 86% del consumo masivo en Argentina; entre ellas se encuentran Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, los supermercados podrán abastecer con productos de marcas propias que, en ocasiones, son más accesibles y convenientes.

– Los productos del programa estarán disponibles tanto en supermercados minoristas como mayoristas de todo el país. Los mismos podrán identificarse en las góndolas a través de una señalética que confeccionó la Secretaria de Comercio.

Precios Justos: cómo funcionará el congelamiento que lanzará mañana el GobiernoLos principales puntos del nuevo programa que reemplaza a Precios Cuidados y pone un tope de 4% mensual de aumento para el resto de los productos

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– El programa fue lanzado junto a una app (disponible en Android e IOS), donde se podrá realizar un seguimiento de los productos. La aplicación permite además escanear el código de barras de un producto y saber si está dentro del acuerdo, conocer el listado de artículos y también tiene la opción de que los usuarios realicen denuncias por incumplimiento del programa.Durante el Precios Justos los argentinos encontrarán productos de los rubros alimentos, bebidas, higiene personal, lácteos y limpieza. (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El programa consta de dos ejes:

1) Los productos de la lista que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa a un precio hasta un 4% superior al promedio registrado durante el mes de octubre pasado y se mantendrán estables los próximos 120 días.

2) El resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas.https://flo.uri.sh/visualisation/11787567/embed?auto=1A Flourish data visualization

Ofertas destacadas

En el rubro gaseosas, por ejemplo, se destaca la gaseosa Coca Cola Light de 1,75 litros a $357,35 y la gaseosa Pepsi de 1,5 litros a $181; junto con las marcas propias de los supermercados Gaseosa Light Cola Dia 2,25 litros por $178,88; Gaseosa Cola Regular Carrefour 2,25 litros a $165 pesos.Las cerca de 100 empresas que participan del programa representan el 86% del consumo masivo en Argentina (Reuters)

También habrá hay 20 presentaciones de aceite de girasol de las marcas Cañuelas, Cocinero, Costa del Sol, Golden Chef, Ideal, Legítimo, Marolio, Natura y Zanoni. El más barato es el Aceite Girasol Zanoni por 1,5 litro a $359,96 y los más caros son Cocinero y Cañuelas a $389,26 pesos.

En el rubro de leches, por ejemplo, se incluyen productos como leche fresca La Serenísima, por un litro a $215,28; leche Larga Vida Descremada UAT de las marcas Manfrey, Alimenta y Larclas, por un litro a $135,2; leche Larga Vida Entera Casanto, por un litro a $224,74; leche Larga Vida UAT Deslactosada Check por 214,92 pesos.

Durante el programa habrá muchos nuevos productos de diferentes rubros y categorías que tendrán los precios congelados, por lo que Economía recomendó que el consumidor revise la aplicación oficial, así como prestar especial atención a las góndolas en busca de las señaléticas oficiales de “Precios Justos”.

Fuente: Infobae.com

El Tribunal Oral Federal 7 dio un paso hacia el desarrollo del juicio oral y público en un caso conexo al de los cuadernos de las coimas, el que investiga la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, y convocó a las partes involucradas para que hagan sus planteos y ofrezcan prueba. La vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las acusadas.

El avance de los juicios orales en los que deben juzgarse los hechos investigados en la causa de los cuadernos y sus expedientes derivados se da a ritmo lento e incluso la Cámara Federal de Casación Penal intimó hace poco más de un mes a este tribunal oral a fijar una fecha de inicio para dar comienzo a los procesos orales. Dijo que la demora era “inexcusable”.

Esta convocatoria a las partes, que se hace bajo los términos del Artículo 354 del Código Procesal Penal, suele darse cuando un expediente llega a su respectivo tribunal oral, después de haber sido elevado a juicio. El expediente principal del caso de los cuadernos, que investiga las anotaciones hechas por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, fue elevado a juicio a finales de 2019. Una vez que las partes hayan realizado sus ofrecimientos de prueba el Tribunal podrá dar inicio a la etapa de instrucción suplementaria si lo considera necesario.EL JUICIO POR EL CASO DE LOS CUADERNOS DE LAS COIMAS LLEVA TRES AÑOS SIN FECHA DE INICIO Y DIFÍCILMENTE COMIENCE EN 2023

Esta es una de las causas derivadas del tramo principal de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga por los delitos de asociación ilícita y cohecho a la vicepresidenta, sus exfuncionarios y a directivos de grandes empresas contratistas, a quienes se investiga por cohecho y no por integrar la misma banda que las autoridades estatales.

El tribunal del juicio oral, que tiene a cargo todos los expedientes derivados del caso cuadernos, está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litigó ante la Corte Suprema para seguir en ese cargo, dado que llegó a ese cargo trasladado desde otro tribunal y fue objetado por el kirchnerismo. Su último planteo ante el máximo tribunal fue rechazado. La fiscal del caso es Fabiana León.

En este tramo del expediente se investigó el esquema de pagos ilegales que funcionó bajo la órbita del exministerio de Planificación y Obras Públicas, que conducía Julio De Vido, mediante el cual los empresarios habrían pagado sobornos a los exfuncionarios para recibir contratos de obra pública. Surgió a partir de la lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que cuando se presentó como arrepentido en el expediente de los cuadernos de las coimas entregó planillas con registros de pagos ilícitos por parte de empresas contratistas del Estado.

También fue considerado clave para esta causa el material aportado por el empresario de la construcción Carlos Wagner, dueño de la firma Esuco y entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien relató cómo funcionaba el esquema mediante el cual los directivos de empresas se organizaban y se repartían las obras. Para identificar esta causa en Comodoro Py se la bautizó “la camarita”.

“Cítese a las partes para que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes respecto de todos los imputados (art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación)”, dice la resolución del tribunal. Las partes pueden pedir prórrogas que extiendan ese plazo. Pero la señal de los jueces es que busca acelerar hacia el juicio oral y público.

Fuente: La Nación

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, decidiera suspender «inmediatamente» a aquellos beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que hayan comprado dólares, se conocieron nuevos datos escandalosos de un informe que elaboró la AFIP, en donde muestran que cerca de 2800 personas fallecidas siguen cobrando el plan, y otros beneficiarios tienen dos o más propiedades a su nombre. 

El primer punto que hizo ruido del informe que publicó Infobae mostraba que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon Bienes Personales. Ahora, el mismo medio reveló, del mismo informe, que unas “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas.

Qué dijo Tolosa Paz hasta ahora

Tolosa Paz explicó que, desde la cartera que dirige, se profundizará la articulación y el entrecruzamiento de datos con otros organismos del Estado para la validación de identidad de beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo y que, en caso de hallarse incompatibilidades, «serán suspendidos inmediatamente».PUBLICIDAD

Tolosa Paz no pudo frenar los piquetes y promete retirar planes sociales a quienes compran dólares

Así lo aseguró luego de las incompatibilidades detectadas por la AFIP, por presunta «compra de dólares con fines de ahorro y presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales» en más de 250 mil beneficiarios de ese programa.

«Estamos en este momento entrecruzando la base de datos del último Potenciar y vamos a empezar a trabajar con liquidaciones que den cuenta de que todo aquel beneficiario del Potenciar que haya utilizado la herramienta de compra de dólares o mecanismos impositivos -que dan cuenta de una realidad que no tiene que estar dentro del Programa- será suspendido inmediatamente», amplió. 

Qué es el Plan Potenciar Trabajo

El Potenciar Trabajo es, después del Plan Alimentar, el plan más importante del gobierno nacional, y fue creado bajo la gestión de Alberto Fernández, cuando Daniel Arroyo estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha cartera luego sufrió el cambio por las elecciones de medio término, lo que llevó al intendente de Hurlingham, «Juanchi» Zabaleta, a asumir como ministro. Ahora decidió volver a su partido bonaerense y dejar el camino a Tolosa Paz. 

Renunció un funcionario de Desarrollo Social, con críticas a la política del ministerio

Lo que nunca cambió en esas gestiones es la importancia de los movimientos sociales y la caja que administra Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, que sólo para el Plan de Potenciar Trabajo del año pasado, contaba con 270 mil millones de pesos, lo que asciende a la mitad del presupuesto total de todo el Ministerio.

La semana pasada, Alberto Fernández firmó un decreto para que las cooperativas de trabajo accedan al 30% de las obras públicas de hasta 300 millones de pesos, dándole más poder a este sector, pero prohibiendo el ingreso de nuevos beneficiarios del programa. 

Según la descripción que se realiza en la página web de Desarrollo Social, el Potenciar Trabajo “tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular”. 

Fuente: Perfil.com

El deterioro de la política acaba de sumar una nueva entrega. La Vicepresidente y dirigente más gravitante del oficialismo acaba de vincular directamente al principal espacio opositor con el ataque sufrido hace poco más de dos meses en las puertas de su piso de Recoleta. Nada conmueve: ni el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner (un tuit), ni la respuesta opositora (un par de comunicados), ni la reacción del resto del Gobierno (el silencio). No hay registro de la gravedad de la denuncia como hecho, incluso -o también- en contraste con lo que expresa ese capítulo en la causa judicial. El resultado es otra señal de utilización y banalización del tema.

Desde que se produjo el atentado contra CFK, el oficialismo puso en la mira a la oposición, aunque no en sentido material sino como generadora de un “clima de odio” que finalmente podía alentar este episodio. Utilizó políticamente el tema, en lugar de sacarlo del prematuro juego electoral y colocarlo en escenario de repudio colectivo e institucional. Eso mismo funcionó en contra de la credibilidad del mensaje oficial.

El kirchnerismo fue más lejos. Y en rigor, la denuncia vía Twitter de la ex presidente contra el diputado Gerardo Milman terminó siendo la expresión más clara de las operaciones que desde hace rato buscaban involucrar sin vueltas a sectores de la oposición con el ataque. La otra pata está constituida por las referencias al “financiamiento” directo o indirecto al grupo de los copitos, sumada todo a la descalificación de lo actuado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En términos prácticos, esta ofensiva se traduce en la recusación de la jueza, planteo que a su vez demoraría el final de la etapa de instrucción del caso. En cuanto al discurso, escala en las cargas sobre el “partido judicial”, al cual acusan de quererla “presa o muerta”. Algo similar había expuesto CFK en su reaparición pública, en el acto organizado hace una semana por la UOM.

De hecho, el kirchnerismo viene motorizando una movida mayor, vinculada con la afirmación de la ex presidente en el centro del oficialismo -en la perspectiva del 2023- y el frente judicial que la atormenta, en especial el pronunciamiento del tribunal oral en la causa Vialidad. Se estima que la sentencia se conocería hacia fines de mes o principios de diciembre. No es el único caso que se está moviendo y en ese terreno se suma la batalla por mantener espacios en el Consejo de la Magisatrura.Alberto Fernández, en conferencia parisina. Luego viaja a Bali, para la cita del G20

En esa línea se anota la renovada tensión con la Corte Suprema, a raíz del fallo que repone por pocos días un sillón para Luis Juez en el organismo que selecciona y puede remover jueces, como representante de la segunda minoría del Senado. Y se lo niega al kirchnerista Martín Doñate. CFK volverá a sostener el lugar de su senador, en base a la maniobra que descalificó la Corte y el tema otra vez será judicializado. El oficialismo actúa sin fisuras en esta pulseada. Olivos sumó su rechazo a la decisión de la Corte, pero lo hizo con pronunciamientos de ministros y cuidando la exposición del Presidente.

Alberto Fernández mantuvo el silencio sobre la denuncia de CFK contra Milman. Viajó a París y allí dejó trascender que regresaría no un día antes sino un día después del acto que encabezará la ex presidente en La Plata, a medio siglo del primer regreso de Perón al país. La escala francesa y la posterior participación en la reunión del G20 son consideradas como parte del intento de recuperar oxígeno en el relegado lugar en que lo colocó la interna.

El Presidente hace rato endureció su discurso hacia la Justicia para sintonizar con CFK. No resultó suficiente en la valoración del kirchnerismo duro. Ahora, prefirió eludir el tema y cuidar su estadía en Francia y su participación en la reunión del G20, la semana que viene, en Bali.

Los ruidos también llegaron desde sus cercanías. La patética referencia de Gabriela Cerruti al homenaje de familiares de los muertos por COVID-19 trató de ser enmendada por un tuit formal. El uso político también en este terreno expresa desconsideración sobre las huellas que dejó la pandemia y el desmanejo del Gobierno en ese terreno, además de los escándalos por la vacunación inicial y por las fotos del festejo en Olivos.

Mientras el oficialismo dejaba esas postales, Juntos por el Cambio analizaba cómo plantarse frente a la carga de la ex presidente. Además de las declaraciones individuales de dirigentes y del propio Milman, hubo comunicados de diputados -el PRO y la UCR- y un pronunciamiento nacional de JxC. Fue una reacción medida, motorizada al parecer por consideraciones “tácticas” sobre la conveniencia o no de dar pelea en el terreno planteado por el kirchnerismo y salirse de la agenda pública, con renglones sobre la economía, la inflación y las causas que inquietan a CFK.

En otras palabras, la oposición evalúa que esa carga se diluye por los propios elementos de la causa abierta por el ataque a la ex presidenta -en este punto, la vertiente del falso testimonio- y que, por eso mismo, no debería darle trascendencia, más allá de dejar sentado el repudio formal. Llamativo: no estima que eso mismo sea grave.

El cuadro expone así los trazos gruesos del nivel de la disputa política. La utilización kirchnerista del caso estaría lejos de explicar que la oposición lo asuma también en términos de utilidad para calibrar la respuesta. Cerrarlo en ese plano banaliza la cuestión. Nada bueno para nadie.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno presentará sobre la hora su candidata para ocupar el cargo a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la decisión de la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández es que sea una mujer.

El plazo para presentar las candidaturas vence este viernes 11 de noviembre, día en el que se hará oficial el nombre de la funcionaria designada a ocupar el cargo, según supo la agencia NA.

Si bien no hay confirmación oficial, la apuntada es la economista y secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, quien forma parte de la delegación que acompañó al mandatario a Francia.

Se espera que el encargado de anunciarlo sea el canciller Santiago Cafiero, quien designó a la funcionaria como vicejefa de Gabinete cuando ocupaba el cargo, y la trasladó junto a él a Cancillería.

Los candidatos a ocupar la presidencia del BID

La destitución de Mauricio Claver Carone despertó una competencia regional por su sucesión al cargo. Cualquiera fuese la designada deberá enfrentarse a candidatos presentados por México y Brasil.

El presidente Jair Bolsonaro se anticipó y presentó a su candidato, Ilan Goldfajn, quien no fue vetado por el reciente electo Luiz Inació Lula da Silva y competirá por su lugar.

Destituyeron al presidente del BID por su presunta relación íntima con una funcionaria

Asimismo, México presentó su nombre sin mediar diálogo con la Argentina, y optó por bajar la candidata Alicia Barcena para ir detrás del vicegobernador del Banco Central Gerardo Esquivel.

La destitución de Mauricio Claver Carone del BID

Tras su despido, Claver Carone se mostró crítico con la gestión de Alberto Fernández y remarcó: «Al final fue un juicio político. No se pudo concretar que hubo violación de alguna regla. Llegó una carta anónima que alegaba una relación con mi jefa de gabinete«.

«La investigación dijo que no había evidencia de una relación existente. Fue una excusa. Admito que tenía una relación conflictiva con el directorio porque quería hacer cambios en el Banco. Quedé solo en el Banco y no pude aguantar los movimientos para removerme», agregó.

Fuente: Perfil.com