En una situación infrecuente para el peronismo en el poder, sus principales organizaciones de base crujen. Enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los movimientos sociales oficialistas —como el Evita, Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— atraviesan un proceso interno de discusión que se disparó por una serie de medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández: ajuste en los programas sociales para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), protesta por un magro bono de 13.500 pesos en dos tramos para los titulares del Potenciar Trabajo; las bajas dispuestas por la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz en ese programa de más de 23.000 beneficiarios por supuestas incompatibilidades, como la compra de divisas; el incumplimiento en la entrega de alimentos para comedores populares y de herramientas para cooperativas y emprendimientos productivos entre otras exigencias. “No al ajuste desde abajo” es el lema que los moviliza.

La imposibilidad de Tolosa Paz a cumplir con las demandas de los dirigentes sociales que integran su propio gobierno, llevo a que la UTEP impulse una serie de fuertes reclamos en las calles, inéditos desde la llegada del Frente de Todos al poder. Castro y Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, fueron los más críticos.La UTEP realizó múltiples marchas y concentraciones en el marco de un nuevo aniversario del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, y en las vísperas a la Navidad

“La ministra de Desarrollo Social sigue en guerra contra los pobres, confirmó que la primera cuota del bono para Potenciar Trabajo se pagará el 21 de diciembre y la segunda el 6 de enero, ambos cobros serán de $ 6750. Al Final con Tolosa Paz, Sergio Massa y Alberto Fernández los últimos siguen siendo los últimos”, expresó ante este medio Onorato. Castro, por su parte, también se quejó. Fiel a su estilo mesurado dijo: “Este bono no es ni cristiano ni peronista”.Te puede interesar: Tras un acuerdo entre dirigentes y funcionarios, levantaron el acampe en la 9 de Julio

Las múltiples marchas y concentraciones las hicieron en el marco de un nuevo aniversario del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 y en las vísperas a la Navidad. Cortes en el Puente Pueyrredón —similar a los que realizan las agrupaciones de izquierda— asamblea en el Obelisco Porteño, marchas al ministerio de Desarrollo Social y de Economía.

Ante la falta de respuestas, el secretario general de la UTEP amenazó con una “Navidad de los pobres”, esto es, mesas al aire libre el 24 de diciembre a la noche, similar a la que la entonces CETEP (antecesora de la UTEP) realizó en 2018 contra la administración de Mauricio Macri.Victoria Tolosa Paz y Emilio Pérsico fueron denunciados penalmente por el fiscal federal Guillermo Marijuan

Esa foto —la más temida por el Gobierno— no será publicada debido a que la muñeca política de Tolosa Paz y los dirigentes sociales que son funcionarios de su ministerio —como Emilio Pérsico— lograron posponer la medida. Primero con encuentros en el despacho de la ex diputada y después con la firma de un “acta acuerdo” para el jueves pasado que ahora se postergó para la semana próxima.

La UTEP había votado en asamblea un cronograma de protestas que quedó en la nada y esto generó malestar interno.

La primera postergación de las medidas de fuerza ocurrió por un acontecimiento público invalorable: la conquista de la tercera Copa del Mundo de fútbol por parte del Seleccionado masculino y los masivos festejos posteriores que se sucedieron el martes obligaron a postergar las marchas previstas para ese mismo día frente a supermercados y empresas alimenticias. Después, estuvo la promesa de la ministra de firmar un acuerdo que involucraba un cronograma de entrega de alimentos y herramientas, entre otros puntos. Un hecho que de concretarse se realizará después de Navidad.

La tensión entre el Gobierno y la UTEP, y sus propias disputas internas comenzó con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no competir en la lista electoral oficialista de 2023 después de su condena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público —medida que fue apelada y no está firme—.Juan Grabois y Emilio Pérsico participarán con listas propias si hay internas PASO para las elecciones 2023

A esto se le sumó la ambivalencia de Alberto Fernández a competir por la reelección y su propia debilidad interna.

El movimiento Evita anunció su intención de competir en internas con candidatos propios. Lo mismo hará el Frente Patria Grande, referenciado en el líder del MTE —que integra la UTEP— y el referenciado en Juan Grabois, el más kirchneristas de los dirigente social y con relación directa con CFK.Te puede interesar: Fracasó la sesión en la Legislatura porteña para tratar la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito

Grabois le dijo a Infobae que apoyará en una posible PASO del Frente de Todos al ministro del Interior Eduardo Enrique ‘Wado’ de Pedro, y en caso de que esto no ocurra, él mismo podría presentarse en internas.

El segundo hecho que terminó por tensar la interna dentro de la UTEP fue el informe de la AFIP que detectó más de 250.000 supuestas incompatibilidades, entre los titulares del Potenciar Trabajo.

Tolosa Paz decidió no dar esas bajas y solicitar nuevos informes. El hecho generó que el fiscal Guillermo Marijuan la denunciara por los presuntos delitos de mal desempeño de funcionario público, malversación de caudales y abuso de autoridad.

Lo mismo ocurrió con Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social. Bajo el área del líder del Evita depende el programa Potenciar Trabajo.

Tolosa Paz se vio obligada a pedirle a la Justicia que levante el secreto fiscal a la AFIP para identificar de manera nominal a cada beneficiario del programa y, en caso de confirmarse que el Estado le abonaba el plan social fuera de norma, darle de baja.Esteban Castro, el secretario general de la UTEP, encabezó las marchas contra el Gobierno por su política social: «Este bono no es ni cristiano ni peronista”, sostuvo

Las primeras 23.000 bajas y la lupa sobre el cuarto de millón de posibles irregularidades, generaron malestar entre los movimientos sociales. Tanto fue así que Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP pidió la renuncia de los más de treinta dirigentes sociales que forman parte del Poder Ejecutivo, un hecho que no sucedió.

Pérsico es el primer cuestionado. Administra el cuestionado Potenciar Trabajo; no participa de manera activa en las protestas por estar de los dos lados del mostrador; mantiene una relación de privilegio con el presidente Fernández, y se acercó al cristinismo a través del diputado nacional Máximo Kirchner con quien compartió una cena en su casa de Isidro Casanova en La Matanza.

Las protestas callejeras y las concentraciones sobre los ministerios de Desarrollo Social y Economía pusieron en alerta a Alberto Fernández.

En principio está previsto que el martes la UTEP y Victoria Tolosa Paz firmen un acta acuerdo —la primera en tres años— para que el Gobierno cumpla con alguna de las demandas y que los líderes sociales del Frente de Todos dejen de marchar, al menos hasta enero, contra la administración que integran pero que comenzaron a cuestionar por el manejo de la política social.

Fuente: Infobae.com

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Graciela Ocaña, dio detalles este sábado acerca de la denuncia que presentó ayer contra el presidente Alberto Fernández y varios de sus funcionarios por delitos de sedición, incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia tras el desacato del Gobierno al envío a la Ciudad de los fondos coparticipables ordenado por la Corte Suprema. En particular, la opositora puso el foco sobre el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, la principal responsable de girar el monto indicado por el máximo tribunal.

En declaraciones a Radio Mitre, la legisladora sostuvo: “Incluimos en la denuncia a Batakis, a Massa y al secretario de Hacienda, todos ellos funcionarios responsables de ejecutar el fallo. Principalmente Batakis y todo su directorio. La resolución de la Corte contiene la manda de que el Banco Nación deposite diariamente a favor de la Ciudad. Por ello pedimos sanciones económicas para la presidenta, el directorio y el gerente general del banco y la detención de ellos en caso de que incumplan con la Justicia”.

Tras ello, Ocaña señaló que el delito del que se acusa a todos los involucrados es el de sedición, que se configura cuando un poder del Estado se levanta contra, desconociendo su potestad. “El kirchnerismo llevó al Presidente a esta situación que va a tener graves consecuencias”, aseguró y advirtió: “El lunes, si los fondos no están depositados, vamos a ir contra todos, porque no solo están involucrados el Presidente y el jefe de Gabinete, sino los ministros y los gobernadores”.

En esa línea, remarcó que la denuncia incluye al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, por “instigar a este delito de sedición”. “Es el artículo 209 del Código Penal. Queremos saber si él está involucrado y también otras personas. sospechamos que Capitanich actuó como vocero de la vicepresidenta”, explicó la diputada, quien consideró que la decisión adoptada por el Presidente es una demostración de “la debilidad sobre la que se asienta el gobierno”.

Consultada respecto del antecedente santacruceño que abrió la senda al desacato de esta semana, la opositora opinó: “Es cierto que el kirchnerismo ya lo ha hecho en Santa Cruz, pero me parece que la Argentina no es una provincia. Creo que al Presidente debería caberle un juicio político y su destitución si esto avanza. Espero que recapacite, pero acá hay además funcionarios involucrados. Yo quiero saber si Massa también está en una actitud de sedición”. Y completó: “Esto es clave también para los inversores. ¿Quien tiene un bono va a confiar en la jurisdicción argentina? yo creo que no”.

Sin embargo, Ocaña reconoció que la oposición no cuenta hoy con el número suficiente de legisladores para imponer el juicio político y lograr una eventual destitución de los funcionarios implicados, por lo que optó por la vía judicial.

Asimismo, recalcó que ”el Banco Nación fue partícipe en la maniobra que se originó en el 2020, cuando el Presidente, de un minuto a otro y por un problema que Axel Kicillof tenía con la policía de la Provincia, decidió sacarle recursos a la Ciudad”. “No eran recursos de ninguna provincia, eso hay que decirlo”, enfatizó y añadió: “Y otra cosa: hubo un pacto fiscal firmado en 2017 en donde todos los gobernadores aceptaron esta transferencia y donde la Provincia también recuperó recursos que le corresponden”.

Por último, observó también que “los fondos detraídos por el Estado para pasarlos a Kicillof en medio de la pandemia equivalían a toda la estructura educativa de la Ciudad”. Sin embargo, aseguró que “los salarios de los policías de la Provincia siguen siendo bajos” y que el dinero “no se usó para comprar patrulleros, estructura y chalecos”. “La seguridad sigue siendo igual o peor de mala y los fondos no se usaron en ninguna provincia. Acá se está defendiendo al gobernador bonaerense”, remató.

En línea con lo dicho por Ocaña, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay habló esta mañana con la misma emisora sobre una medida cautelar procedente en este contexto contra los funcionarios involucrados.

“La Corte estableció que el fallo era de inmediato cumplimiento y se incumplió. El Banco Nación tienen una enorme responsabilidad, por eso hay que embargar a Silvina Batakis con sus bienes”, manifestó.

El comentario del letrado estuvo en sintonía con la advertencia que la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, lanzó ayer contra la titular del Nación, a quien se dirigió a través de una publicación en las redes sociales donde sostuvo: “Presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis: envíe de manera inmediata el dinero a la Ciudad de Buenos Aires. Usted es la responsable de hacerlo”, exigió a través de Twitter la líder de Juntos por el Cambio (JxC).

Y finalmente advirtió: “Hágalo ya, antes de que deba responder usted y todo el directorio del banco con su patrimonio”.

Fuente: La Nación

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) emitió un comunicado manifestando “su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación» sobre la coparticipación.

El comunicado expresa que esa decisión implica «un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.

Para la AmCham, los argumentos del Gobierno, como el imposible cumplimiento, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar su revocación, “no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano”. 

Corte Suprema: el fundador de Mercado Libre se refirió en redes sociales a la decisión de Alberto Fernández

“Consideramos que en la República Argentina cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias, y no dar lugar a avasallamientos entre sí”, expresó el comunicado.

Incumplimiento de fallo y clima de negocios

Para la Cámara empresaria, la actitud del Poder Ejecutivo “abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.

AmCham considera “indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del pais”.

Fuente: Perfil.com

Los 10 mandamientos del plan de estabilización se componen de la reducción del déficit fiscal y cuasi fiscal, un ancla monetaria clara, un acuerdo de precios y salarios y una serie de reformas de fondo. Surge de un informe de la consultora Eco Go para sus clientes, que destacó que este pacto requiere amplios acuerdos políticos y jurídicos que lo tornen sostenible.

FMI: el Gobierno busca cerrar las últimas metas de déficit y reservas a la espera del último desembolso del añoCuando finalice diciembre el Ministerio de Economía deberá haber recortado el rojo fiscal hasta 2,5% y acumulado al menos USD 5.000 millones. El directorio del organismo sesionará el jueves y habilitará el último giro de divisas al Banco Central

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El informe del equipo de Marina Dal Poggetto resaltó que “desde que se desató la corrida contra el peso a principios de 2018 venimos insistiendo que hacía falta un programa de estabilización integral para frenar una inercia que empezaba a salirse de cauce detrás del salto del dólar”.https://c72266e79a39e649dc40ba50d263a4fa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

“Con una tasa de inflación que entonces empezó a correr al 50% anual, con la mitad del gasto público indexado al pasado y con los ingresos muy favorecidos por el salto inflacionario, cualquier intento de bajar la inflación atentaba y -sigue atentando- contra el corazón del esquema que es la consistencia fiscal”, considera la consultora de marras.

Actualmente, hay “una tasa de inflación corriendo en torno al 100% anual que volvió a recrear en menos de tres años la misma distorsión de precios relativos que había en 2015 pero con una brecha cambiaria en 100%”, menciona el estudio.

El FMI aprobó la tercera revisión del programa con la Argentina y el Banco Central sumó USD 5.900 millones a sus reservasEsta tarde el organismo habilitó el último desembolso del año y ya impactó en las reservas del Banco Central

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Y agrega: “Con los mismos componentes de indexación del gasto que los que había en 2018 después de haber frenado por ley la indexación previsional en el arranque de la gestión actual y haberla reintroducido en 2021; y fundamentalmente con un esquema tributario que se ve ampliamente favorecido por la inflación, la necesidad un programa de estabilización integral se potencia”.

Si bien hay consenso en que no hay margen para el gradualismo, lo cierto es que no hay necesariamente consenso en qué implica un shock (Eco Go)

Según los economistas dirigidos por Sebastián Menescaldi, “el problema ya no sólo es fiscal, sino fundamentalmente cuasifiscal y cuando a pesar de la reestructuración sin holdouts en 2020, el riesgo país se ubica en 2.249 puntos básicos con una deuda en dólares que cotiza en paridades de 24%/27% según jurisdicción”.

“Si bien hay consenso en que no hay margen para el gradualismo (porque a diferencia de 2015 no hay crédito disponible para financiarlo y porque la corrección de precios relativos en forma gradual con una inflación corriendo al 6% mensual no es posible sin acelerar la inflación), lo cierto es que no hay necesariamente consenso en qué implica un shock”, aclara el informe privado.Pese a los “conejos de la galera” del ministro Sergio Massa, Dal Poggetto consideró que hay que pensar un plan entre oficialismo y oposición para dejar atrás la crisis (Adrián Escandar)

Pese a los “conejos de la galera” del ministro Sergio Massa, Dal Poggetto consideró que hay que pensar un plan entre oficialismo y oposición para dejar atrás la crisis, bajo las siguientes premisas:

Déficit fiscal: el Gobierno quedó con un margen de $560.000 millones para cumplir con el FMIHasta el anteúltimo mes del año el rojo fiscal acumulado fue de casi 1,8% del PBI. Hubo un fuerte recorte en las partidas de subsidios energéticos

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– Reacomodamiento de precios relativos rezagados previo: Devaluación y corrección tarifaria.“A precios de hoy, el atraso cambiario comparado contra el dólar de $60 en las PASO de 2019 equivale a $220 (es decir $55 más que lo que vale hoy)”. Sin embargo, “con una brecha cambiaria de 100% contenida por controles cruzados extremadamente rígidos que limitan el acceso al MULC si se compra CCL/MEP la corrección inicial requerida es mayor y los efectos distributivos de la devaluación sino son compensados, pueden tornarse políticamente inmanejables”. Por esta razón, surge “la necesidad de que la devaluación compensada parcialmente con suba de retenciones transitoria a todas las exportaciones”.

A precios de hoy, el atraso cambiario comparado contra el dólar de $60 en las PASO de 2019 equivale a $220 -es decir $55 más que lo que vale hoy- (Eco Go)

“La devaluación sin cepo requiere recomponer previamente las reservas, como ocurrió en diciembre de 2015 cuando esto se hizo canjeando previamente letras intransferibles por bonos que luego fueron transformados en pases con Bancos Extranjeros para hacerse de liquidez. Con las tasas actuales, esta operación se torna inviable”, sentenció.Evolución de la jubilación mínima y gasto previsional ECO GO en base a datos oficiales

Impacto de la devaluación

El impacto de la devaluación sería: reducir la absorción doméstica. “Al aumentar el precio del dólar reduce la demanda de importaciones que hoy está fundamentalmente estimulada por el grosero incentivo que coordina la brecha cambiaria en estos niveles”, define el informe. Además, “licúa el overhang (excedente) de pesos de la economía” y si “se hace compensada con suba de retenciones contribuye a cerrar el déficit fiscal y a amortiguar el traslado a precios internos”.

Se necesita que el plan “vaya en simultáneo con una agenda de reformas estructurales que consolide las cuentas fiscales sin necesidad de sostener este tributo distorsivo en el tiempo y donde la competitividad de la economía no esté basada únicamente en un esquema de dólar alto/salarios bajos con sectores industriales protegidos con precios internos mucho más altos que los internacionales”.

– El segundo eje es el “Cierre Fiscal, ya que los programas de estabilización exitosos cortan el financiamiento monetario del déficit”.El segundo eje es el “Cierre Fiscal, ya que los programas de estabilización exitosos cortan el financiamiento monetario del déficit” (EFE)

“Con el nivel de exportaciones proyectado para 2023, 10 puntos de retenciones adicionales a todas las exportaciones implican USD 8.000 millones, esto es 1,2% del PBI ex ante y casi 2,3% del PBI ex post”, precisó Eco Go.

– El tercer eje es la reducción del déficit cuasifiscal, ya que “en diciembre 2023 la deuda en pesos podría representar más de 20% del PBI y su composición va a depender de la caída en la demanda de ‘pesos gratis’ y fundamentalmente de la búsqueda de cobertura de los tenedores de pesos respondiendo a una pregunta sencilla: ¿prefieren un bono a tasa fija con riesgo BCRA que le van a licuar, o uno a tasa variable con cobertura plena como el dual que, si muchos lo prefieren, le lo van a reestructurar?”, sostiene el estudio privado.

– El cuarto eje es el “overshooting de tasa de interés, ya que tiene que subir después de la devaluación del peso, no antes. Difícilmente puedan retirar todos los controles de capitales, pero necesariamente deben ir desarmando el impuesto país y el esquema de percepciones a fin de ir comprimiendo la brecha cambiaria”.

“En mayo de 2002, la tasa de interés de las Lebacs que permitió estabilizar la demanda de pesos se ubicó en 134%, un mes más tarde cayó a 60% y a los seis meses se ubicaba abajo del 10%. El traslado a precios de la devaluación entonces fue muy bajo (el dólar saltó de $1 a $4 en mayo y cayó a $2,8 en diciembre) y la inflación minorista que en 2002 alcanzó al 40% se redujo a 3,6% en 2003″, recordó Eco Go.Alfonsin y Juan Vital Sourrouille, padres del Austral (archivo Gente)

– Mecanismos de desagio, como el Austral: “Acelerar la inflación de partida y generalizar la indexación como condición de arranque de un plan de estabilización con esta distorsión de precios relativos, puede terminar siendo lo que terminemos haciendo, pero entendemos no es lo más razonable. Sí, se va a necesitar desindexar el gasto público, aunque la capacidad para seguir licuando jubilaciones frente a los niveles actuales de subsistencia no luce ni políticamente viable, ni humanamente razonable”, sostiene el informe privado.

La deuda

– En cuanto a la normalización del mercado de deuda en dólares, resalta Eco Go que “abrir el crédito es condición necesaria, aunque en simultáneo deberíamos acostumbrarnos a vivir con equilibrio fiscal usando el crédito sólo para refinanciar los vencimientos, no para financiar el déficit fiscal y mucho menos para financiar la nómina salarial y jubilatoria”.

– La definición de un ancla monetaria. Al respecto, sostuvo que “lo más razonable luce empezar por un programa de agregados monetarios consistentes con el equilibrio fiscal y controles de capitales que tienen que ir desarmándose de a poco”.

Precios y salarios

– Un acuerdo de precios y salarios. “La dispersión de precios relativos incluye precios de servicios públicos ridículamente bajos, precios de bienes ridículamente caros y un salario que perdió contra la inflación más de 20% desde 2015 en los sectores formales protegidos y de casi 35% en los sectores informales desprotegidos”.

“Para que el programa sea políticamente viable, los precios de los bienes tienen que bajar en dólares, o lo que es lo mismo tienen que subir menos que la devaluación. Esto requiere acuerdos, probablemente algunas medidas que obliguen a que en el arranque los precios publicados sean fair, pero fundamentalmente la normalización de la brecha cambiaria y una mayor competencia”, afirmó el equipo de Dal Poggetto. En este sentido, admitió que “los salarios no pueden recuperar lo perdido en el arranque y se necesita un acuerdo político para que la paritaria no espiralice”.

Para que el programa sea políticamente viable, los precios de los bienes tienen que bajar en dólares, o lo que es lo mismo tienen que subir menos que la devaluación (Eco Go)

– El acuerdo con el FMI,que “hizo y sigue haciendo todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos, ya que salir de atrasos requiere devolver antes el capital adeudado y no ser el culpable de la caída de la Argentina”.Sergio Massa y Kristalina Georgieva, ratificaron el acuerdo de crédito firmado en marzo

“Esta situación es la que de momento viene explicando la enorme laxitud en el diseño de las metas que originalmente fueron adaptadas a la “necesidades” del gobierno. Y también en el pragmatismo de ir acomodando trimestralmente las metas a los desvíos que se producen y/o aplicar un waiver a cada anuncio de desdoblamiento cambiario mientras mira de costado el financiamiento indirecto del BCRA al Tesoro en el mercado de bonos”, sostuvo el estudio.

– Una agenda de competitividad.“No hay agenda micro que funcione si la macro no se ordena (Macri). Y viceversa no hay programa de estabilización que dure si no se avanza con una serie de reformas estructurales que apuntalen la competitividad de la economía y hagan sostenible el equilibrio fiscal en el tiempo”, afirmó el trabajo privado.

No hay agenda micro que funcione si la macro no se ordena (Macri)

“La reforma laboral, previsional y tributaria tienen que pensarse en conjunto. No se puede tener la estructura tributaria actual (con sus graves distorsiones e ineficiencias) con una eficacia tributaria del 50%”. Tampoco “se puede tener un sistema previsional contributivo y solidario en simultáneo. Y menos con los regímenes de privilegio nacionales y fundamentalmente de las provincias que no transfirieron las cajas a la Nación”, analizaron los economistas de Eco Go.

A la vez, concluyó, “no se puede mantener ad eternum una economía cerrada, con los actuales precios de los bienes. Necesitan desmontar trabas regulatorias y fomentar la competencia (logística, conectividad, otras infraestructuras, reducir la industria del juicio, etcétera”).

Todas las premisas del plan parecen complejas, pero, como contó a Infobae Marina Dal Poggetto, resultan imprescindibles para dejar atrás el ciclo de continuas y profundas crisis de las últimas décadas.

Fuente: Infobae.com

Dos gobernadores peronistas decidieron quedarse afuera de la postura que canalizó el Gobierno nacional y la mayoría de mandatarios provinciales de desoír la cautelar en la que la Corte Suprema le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación. Lo mismo, pero esperable, ocurrió con cuatro mandatarios opositores.

Este jueves 23 de diciembre la Casa Rosada emitió una comunicación oficial en la que la resolución de la Corte Suprema fue calificada como inédita, incongruente y de imposible cumplimiento. Allí también se desmintió al Máximo Tribunal que había considerado que la transferencia de los fondos que reclama la Ciudad no afecta al resto de las provincias.

«En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA«, indica la misiva que informa que Nación recusará a los cortesanos y pedirá la revocatoria de la cautelar.

¿Puede el Gobierno rechazar la cautelar de la Corte Suprema por la coparticipación?

La carta lleva la firma de 14 mandatarios peronistas a los que luego se sumaron otros cuatro representantes de fuerzas provinciales. Pero afuera quedaron cinco gobernadores sin firmar además del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Lo llamativo es que dos de ellos son integrantes del peronismo.

Quiénes no firmaron y por qué

Quienes no lo hicieron son el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y su par de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti.

Ninguno de los dos había participado en la tarde de la reunión de mandatarios en Casa Rosada, donde sí estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Sergio Ziliotto (La Pampa); Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

De manera virtual también estuvieron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Horacio Rodríguez Larreta cargó contra Alberto Fernández por la coparticipación: «Se tiene que hacer cargo»

Tampoco lo habían hecho el resto de los mandatarios que desistieron de firmar la carta. Se trata del mendocino Rodolfo Suárez, del correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales.

Hasta el momento no hubo manifestaciones públicas de ninguno de los mandatarios peronistas que quedaron afuera de la carta y la postura oficial de la Casa Rosada. En el caso de Perotti, incluso, medios santafecinos consignaron que tampoco las habrá al menos en el corto plazo.

Fuente: Perfil.com

Alberto Fernández y su entorno más cercano, junto a los gobernadores peronistas, se tomaron toda la tarde de ayer para desarrollar los argumentos jurídicos con los que buscaron justificar la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación. Sabían que la determinación, así como la recusación de los miembros del máximo tribunal, provocaría una fuerte polémica, y que podría desembocar en consecuencias penales. Sin embargo, están decididos a mantener la defensa de su posición, y rechazan las acusaciones de la oposición.

La decisión se basó en una lectura política de las normas, que fue detallada ayer pasadas las 20 en un breve comunicado desarrollado entre el Presidente y los mandatarios provinciales, con guía de la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el cerebro jurídico y la “guardiana de la lapicera” de Alberto Fernández; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, los tres miembro del círculo íntimo del primer mandatario.

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Los máximos referentes del gobierno nacional informaron que, como el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para entregarle los fondos correspondientes a la Ciudad, el Presidente decidió “instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada”.El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

En el Gobierno rechazaban, después de una jornada extenuante por la cantidad de actores involucrados en los diálogo, el uso de las palabras “incumplimiento” o “desacato” para calificar la postura oficial. “Nosotros explicamos por qué no se puede cumplir, que no es lo mismo que no acatar”, justificaron. En el comunicado, dijeron que se trató de un “fallo político, de cara al año electoral” y, entre calificativos para la sentencia -como “inédito” e “incongruente”- sostuvieron que “la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”.

De la redacción del comunicado también participó el ministro del Interior y referente kirchnerista, Eduardo Wado de Pedro, que a pesar de la distancia con el Presidente en la interna del Frente de Todos, formó parte del encuentro encabezado por Alberto Fernández en la Casa Rosada junto a 14 gobernadores peronistas. Fue en ese mítin, que duró una hora y media, donde se determinó no sólo rechazar la sentencia, sino también sentar las bases para evitar cumplirla.

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El comunicado lleva la firma, además del primer mandatario, de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.Los mandatarios provinciales que participaron de la reunión en Casa Rosada

Según el Presidente, todos ellos instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación.

La decisión de desacatar la sentencia del máximo tribunal generó un cimbronazo en la oposición, porque afecta directamente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En la sede gubernamental de Uspallata confiaba en que la Nación cumpliría la decisión de la Corte, al punto de que poco después de que se publicara el fallo, la administración local dio de baja el impuesto a las tarjetas de crédito que había instaurado para compensar, en parte, los fondos que se le habían recortado en 2020 por decisión del gobierno nacional. Y anoche habían puesto el grito en el cielo frente a la inesperada decisión de Alberto Fernández junto a los mandatarios provinciales del PJ.

En el Gobierno no tienen intenciones de transferir los fondos que, según la Corte, le corresponden a la Ciudad. Pero si eventualmente lo hicieran, la operación estaría en manos del Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa, informaron en la Casa Rosada. Así descartaron las versiones que circularon ayer de que la cartera de Interior debería tener algún tipo de injerencia. Por ahora, el titular de Hacienda no se expresó al respecto ni participó personalmente de las negociaciones sobre la postura, aunque siguió el tema y envió delegados que lo pusieron al tanto de las conversaciones.

Fuente: Infobae.com

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La dura advertencia de Patricia Bullrich a Silvina Batakis para que envíe el dinero de la coparticipación a la Ciudad

La presidenta de Pro instó a la titular del Banco de la Nación a cumplir con lo ordenado por la Corte “antes de que deba responder con su patrimonio”

23 de diciembre de 202209:59LA NACION

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Horas después de que Alberto Fernández junto a 14 gobernadores decidieran no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación que beneficia a la ciudad de Buenos Aires, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, lanzó una dura advertencia contra Silvina Batakis, la titular del Banco Nación, para que envíe el dinero correspondiente a la Capital Federal.

“Presidenta del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis: envíe de manera inmediata el dinero a la Ciudad de Buenos Aires. Usted es la responsable de hacerlo”, exigió a través de Twitter la líder de Juntos por el Cambio (JxC). Tras ello, advirtió: “Hágalo ya, antes de que deba responder usted y todo el directorio del banco con su patrimonio”.

En su publicación, Bullrich incluyó la resolución en donde la Corte Suprema ordena, durante la tramitación del proceso entre Nación y Ciudad por el recorte de fondos de coparticipación dispuesto por el Gobierno en diciembre de 2020, la entrega a la Capital Federal del 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

En el fallo, el máximo tribunal especifica que las transferencias correspondientes deberán ser realizadas “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”, fragmento que fue remarcado por la titular de Pro.

Previo a la exministra de Seguridad, otros líderes opositores cruzaron por su decisión de no acatar el fallo de la Corte a Fernández, quien argumentó que se trata de una medida de “imposible cumplimiento” e insistió en que su implementación afectaría a las provincias ya que los recursos “saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.

Por su parte, el legislador Diego Santilli sostuvo: “El kirchnerismo quiere convertir a la Argentina en un país sin Ley y sin Constitución. ¿El “profesor de derecho” no sabe que el gobierno tiene que respetar y cumplir las decisiones de la Corte Suprema?”. Mientras que el libertario Javier Milei cuestionó: “Golpe a la República. Tiranía en estado puro. No acatar un fallo de la Corte vulnera el contrapeso del sistema democrático. Cada día estamos más cerca de una dictadura”.

Además, Elisa Carrió y la Coalición Cívica indicaron que presentarán hoy una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte por “alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes”. “Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, lanzaron.

Fuente: La Nación

idad Piquetera (UP) decidió este viernes 23 de diciembre levantar el acampe que llevaba adelante frente al Ministerio de Desarrollo Social por distintos reclamos y sostuvo que llegó a «compromisos de un cronograma concreto» con el Gobierno. 

Después de instalarse en la Avenida 9 de Julio para manifestarse en contra de la baja de planes Potenciar Trabajo, el bono de fin de año que recibirán sus beneficiarios y la «política de ajuste» del Gobierno, el movimiento piquetero decidió retirarse esta madrugada. 

«Les advertimos a los funcionarios que si no empiezan a cumplir a partir del lunes, volveremos a acampar la semana que viene«, avisó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y representante de UP, frente a sus seguidores.https://rudo.video/vod/bPiGVD?volume=0

«Casi a las 2 de la madrugada y luego de 13 horas de piquetes en todo el país y de una ocupación pacífica del edificio del ministerio por parte de la dirección de la Unidad Piquetera y llegando a compromisos de un cronograma concreto, se levanta el acampe piquetero y se mantiene el alerta general hasta el cumplimiento de los acuerdos conseguidos«, expresaron desde un comunicado oficial los manifestantes. 

Dicho acuerdo consta de la entrega de alimentos secos, productos navideños y herramientas de convenios atrasados. También solicitaron un encuentro con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. 

Bajo la consigna «Por una Navidad sin hambre», Unidad Piquetera se había concentrado este jueves al mediodía frente a la cartera de Desarrollo Social, uno de los tantos reclamos en ese sitio que realizó durante todo el 2022. 

«¿A cuál político invitarías a pasar las fiestas en tu casa?»: la encuesta que ganó Cristina Kirchner

Más allá de la centralidad de la protesta en suelo porteño, la demanda por mejores condiciones de vida se multiplicó en 63 ciudades. 

La referente de Libres del Sur, Silvia Saravia, detalló en la mañana de este viernes cómo fue la negociación. «Estuvimos más de 6 horas reunidos con funcionarios y finalmente a las 2 de la mañana llegaron con la propuesta de cronograma de entrega de alimentos», expresó.

Tras calificar como «muy mala» la gestión del Gobierno Nacional, aseguró en Wake Up por Radio Delta que «hay personas que se han quedado sin plan social cuando lo necesita». Y cerró: «No hay una mayoría de gente que se aprovecha del Estado, como dice Cristina (Fernández de Kirchner)«.

Fuente: Perfil.com

Juntos por el Cambio, la coalición opositora integrada por el PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo -entre otros partidos-, expresó este viernes su enérgico repudio a la decisión del gobierno nacional de no acatar la cautelar de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguraron en un comunicado de prensa.https://d7e6abdf983bd5129aec858661a5974c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, agregaron.

El miércoles, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al gobierno porteño y dictó una cautelar para que el gobierno nacional comience a girar fondos coparticipables que habían sido recortados en 2020 por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Luego de una reunión con gobernadores peronitas, la Casa Rosada aseguró que incumplirá el fallo y recusará a los jueces empujando al país al borde de un abismo institucional.

“El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, expresaron los líderes de JXC.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, principal afectado por la decisión de la Casa Rosada, brindará esta mañana una conferencia de prensa para fijar una posición institucional. A la par, Elisa Carrió, una de las fundadoras de JXC, presentará una denuncia penal contra Alberto Fernández. Mientras tanto, la Legislatura porteña inició una sesión en la que pretendía derogar un impuesto a las tarjetas de crédito dando por sentado que la Nación liberaría los fondos de acuerdo a la exigencia de la Corte.

Fuente: Infobae.com

El presidente de la AFA Claudio «Chiqui» Tapia dijo que las fuerzas de seguridad no permitieron que la Selección nacional continuara su recorrido previsto por las calles de Buenos Aires y agregó que es «una pena», justo cuando el equipo subía a helicópteros para continuar el trayecto por vía aérea. Además, destacó la compañía del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni.

«No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar», dijo el dirigente en Twitter. «Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena».

Y agregó después: «Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino».

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La caravana de la Selección argentina por el Área Metropolitana de Buenos cambió varias veces el recorrido previsto originalmente y finalmente fue cancelado en torno a las 15.30, cuando los jugadores abordaron helicópteros para realizar un sobrevuelo por el centro porteño.

Según la vocera presidencial Gabriela Cerruti, el cambio se debió a una cantidad de gente que hizo «imposible» la continuación del viaje terrestre.

«Los Campeones del Mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular», escribió en Twitter. «Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración!»

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El itinerario comenzó por el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y debía tomar la Autopista Riccheri y luego General Paz para ingresar en Lugones. Más tarde, la Autopista Illia llevará al micro de la Scaloneta a desembocar en una Avenida 9 de Julio que estará repleta de hinchas.

El punto más importante del recorrido era el Obelisco, donde cientos de miles de personas se congregaron desde la madrugada. 

Fuente: Perfil.com