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El repunte del empleo formal que comenzó con la recuperación de la post pandemia terminó convirtiéndose en tendencia. La Argentina lleva 19 meses consecutivos de crecimiento en el empleo registrado y en algunas categorías está rompiendo récords.

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Según el informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en octubre pasado se contabilizaron 12.936.881 empleos formales en Argentina, lo que dejó como resultado un crecimiento del 5,06% respecto al mismo mes del 2021.

Además, se alcanzó la cifra de trabajadores más alta de la última década y por primera vez el país quedó a menos de 100 mil personas de cruzar la barrera de los 13 millones de puestos de trabajo registrados.

De acuerdo a las estadísticas, la mejor marca de los últimos diez años se dio fue impulsada principalmente por el crecimiento de dos categorías: “empleo registrado en el sector público” e “independientes monotributistas”. En ambos casos se alcanzó una cantidad de trabajadores sin precedentes en los últimos diez años.

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En detalle, en octubre se contabilizaron 3.383.991 empleos asalariados en el sector público. No hubo un crecimiento muy marcado en relación al décimo mes del 2021 (1,62% de mejora), pero sí se alcanzó una cifra histórica para la última década.

En tanto, el Ministerio de Trabajo informó que en octubre pasado habían 1.903.954 monotributistas, lo que marcó un repunte del 6,66% respecto al mismo mes de 2021 y también una marca máxima para los últimos diez años.https://flo.uri.sh/visualisation/12370985/embed?auto=1A Flourish chart

También fue alto el número trabajadores independientes del “Monotributo Social”, donde se comprende a los trabajadores que están en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a las estadísticas, en octubre se llegó a 555.513 trabajadores en esa condición lo que marcó una mejora del 39,5% interanual. No fue el valor más alto de la década, dado que un mes antes se había llegado a poco más de 559.000 monotributistas sociales, pero también estuvo cerca de ser un valor récord.

En lo que respecta a “empleo asalariado privado” y “trabajadores independientes autónomos”, los números mostraron repuntes interanuales del 4,9% y 1,28% respectivamente, pero en ambos casos estuvieron lejos de sus mejores marcas.

Tampoco fue destacable el desempeño de la categoría “empleo en casas particulares”. Fue el único segmento del trabajo formal que cayó, mostrando una baja del 0,74% en comparación al décimo mes del 2021. De hecho, la cantidad de trabajadores de esa categoría (470.619) fue la más baja desde agosto de 2017.

Lectura del mercado laboral

Los números son contundentes. Los niveles de empleo registrado están en su máximo para la década y esa es de por sí una buena noticia. Sin embargo, Daniel Garro, economista y director de la consultora Value International Group, alertó sobre el protagonismo que ha tomado el empleo público en el último año.

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“El hecho de que aumente la cantidad de trabajadores en el sector público demuestra que se está absorbiendo a personas que antes se desempeñaban en el sector privado y perdieron su empleo. También hay ex trabajadores dependientes que se están inclinando por el negocio propio, por eso se ve aumento del monotributo”, señaló.

“Esto es pan para hoy y hambre para mañana. El incremento del trabajo público se sostiene con más déficit y mayor presión tributaria”, advirtió el especialista.

Nicolás Aroma, economista asesor del PJ, coincidió en que siempre es preferible que haya un buen impulso del empleo en el sector privado, pero aseguró que los niveles de empleo público no son preocupantes, porque están “acompañando al crecimiento económico en un contexto de cuasi ajuste fiscal”.

El experto recordó que el 2022 fue el segundo año consecutivo de crecimiento para Argentina y celebró que la mejora del Producto Interno Bruto (PIB) se esté trasladando al empleo. Además, recordó que “el recurso tributario está creciendo a buen ritmo”, por lo que “la expansión del empleo público es sostenible”.

Fuente: Infobae.com

El ministro Sergio Massa afronta una grave restricción política para definir el temario que el ala económica del Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias. La decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no solo bloqueará cualquier entendimiento con la oposición mayoritaria nucleada en Juntos por el Cambio (JxC), sino que también complicará el acercamiento con otros bloques legislativos a los que el oficialismo suele apelar para sancionar iniciativas que le interesan particularmente al jefe del Palacio de Hacienda.LA ADVERTENCIA DE LA CORTE QUE MÁS INQUIETA AL GOBIERNO

De hecho, según pudo saber LA NACION, ya había preacuerdos entre Massa y figuras relevantes de la oposición -incluidos los referentes de JxC, pero también de otros bloques- para avanzar con leyes de fomento a la agroindustria, la exportación de gas natural licuado y un monotributo para el sector tecnológico durante las sesiones extraordinarias, que esta semana convocará el Presidente. Menos consenso tenía el blanqueo de capitales que el equipo económico ofrecerá como una puerta de entrada al país para los dólares que personas y empresas argentinas tienen depositados -sin declararlos- en los Estados Unidos.

Pero aún así, esa iniciativa no iba a ser bloqueada en la Cámara baja, hasta que el clima político se enturbió por la avanzada presidencial contra la Corte. Como si fuera poco, también Massa debe definir cómo instrumentar un mecanismo que le permita al Tesoro nacional recaudar los fondos necesarios para afrontar la deuda con la ciudad de Buenos Aires que deviene del fallo de la Corte que, paradójicamente, es una de las causales del juicio político contra los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, incluida en el pedido que Fernández y diez gobernadores oficialistas enviaron al Congreso.LOS JUECES DE LA CORTE SE MANTIENEN EN SILENCIO, EN MEDIO DE LOS PREPARATIVOS PARA SU JUICIO POLÍTICO

“Estamos terminando la propuesta”, deslizó una fuente cercana a Massa, que explicó el Palacio de Hacienda le pedirá al Congreso que sancione una ley para gravar el consumo con tarjetas de crédito, las operaciones de los bancos con Leliqs y también el juego on line, que tiene terminales políticas tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Economía ya dio cuenta de su creatividad técnica cuando convenció al Presidente de revisar el desacato liso y llano por presión de los gobernadores del PJ y habilitar el pago con bonos, como se había hecho con una deuda que la Nación mantenía con la provincia de Santa Fe.

La jugada política que planea Massa apunta directo contra su “amigo” Larreta: el texto de la iniciativa que termina de pulir Economía señala que la ley “solo entrará en vigencia con la anulación del impuesto a las tarjetas y los bancos por parte de la Ciudad”. Eso requiere que la Legislatura porteña derogue ambos gravámenes que sancionó el 10 de diciembre de 2020, en plena pandemia, para cubrir el recorte de los fondos coparticipables, estimado para ese año en $15.000 millones, en $83.000 millones para 2021 y $150.000 millones en 2022. Algo que en vísperas de la Navidad estuvo a punto de concretar, en una sesión que resultó fallida.

Claro que Larreta había hecho entonces su propia jugada política: la derogación de los impuestos porteños recién se implementaría cuando entrara en vigencia el fallo de la Corte. Esto es, cuando el gobierno nacional empezara a pagar la coparticipación adaptada al fallo firmado por los cuatro jueces supremos. Ahora Massa pergeña una réplica calcada, que pondrá al jefe de gobierno en la necesidad de apurar la baja de los gravámenes en la Ciudad, al tiempo que dirá que el impuesto nacional a las tarjetas de crédito será de “casi 4% menor” al porteño y que por las operaciones con Leliqs se pagarán solo “un tercio” de lo que cobra la Ciudad.

La rosca en el Congreso

Más allá de lo que suceda con el proyecto para recaudar los fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, con el que el oficialismo pretende entrampar a un JxC renuente a votar subas de impuestos, Massa y su equipo están especialmente interesados en la aprobación del blanqueo del que aguardan una importante recaudación en dólares producto del intercambio de información fiscal que entró en vigencia con Estados Unidos. Dicho de otro modo: del rastreo de cuentas que personas y empresas argentinas tienen depositadas en “guaridas fiscales” norteamericanas, como los especialistas denominan a Delaware desde 2018.

En la iniciativa, Massa y sus colaboradores -entre ellos el titular de la Aduana, Guillermo Michel– incluyeron un apartado que es prácticamente un mensaje político al expresidente Mauricio Macri. Es el que excluye de la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios y a sus familiares directos, algo que se había intentado durante la administración de Cambiemos (2015-19) y que el propio Massa bloqueó en el Congreso, cuando todavía era un diputado que dialogaba con Macri. Como vuelto, es un hecho que ahora tendrá a la bancada de Pro en la vereda de enfrente. El juicio a la Corte sumó otro elemento de rechazo en esa fuerza opositora.

En medio del clima de agitación política que provoca la embestida contra la Corte, difícilmente Massa pueda obtener el apoyo de un sector del radicalismo, como el referenciado en los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), cuyos diputados votaron en otras ocasiones en línea con el ministro de Economía, como en el caso del Presupuesto 2023. Pero en el Palacio de Hacienda apuestan a otros posibles aliados, especialmente los agrupados en los partidos provinciales. Hay ejemplos que vienen al caso: los “renovadores” de Misiones, los rionegrinos de Alberto Weretilneck y los neuquinos del histórico MPN.

Sin embargo, el posicionamiento de los diputados de ese grupo que responde a los partidos provinciales ofrece un muestra de las limitaciones que tendrá Massa para avanzar con su paquete económico en las sesiones extraordinarias: no necesariamente le permitirán al Frente de Todos alcanzar el quorum necesario para sesionar, establecido en 129 diputados presentes, lo que robustecería la estrategia de JxC de bloquear el funcionamiento de la Cámara baja mientras se sustancie el juicio a la Corte. Esto, pese a la voluntad de diputados como el rionegrino Luis Di Giacomo de acompañar el paquete económico de Massa.JUICIO POLÍTICO: EL OFICIALISMO CITARÁ A LOS JUECES DE LA CORTE Y USARÁ LOS CHATS PARA AMPLIAR LAS CONVOCATORIAS

La otra cara de la moneda que exhibe el oficialismo, donde resalta el juicio político a la Corte, retrae a estos posibles aliados que tiene Massa en el Congreso. El propio Di Giacomo anunció que votará en contra de enjuiciar a los supremos, una vez que el proceso llegue al recinto de la Cámara baja. En la misma línea se pronunciarán los peronistas no kirchneristas de Identidad Bonaerense, entre ellos Florencio Randazzo, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, este último vinculado a Roberto Lavagna. Tampoco Natalia De la Sota, de Córdoba Federal, dará su aval a la avanzada contra la cabeza del Poder Judicial.

De la Sota es aliada del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero a la vez puede ser un puente con el tigrense en el esquivo territorio mediterráneo. “Nada bueno sale de las peleas, nos sentamos a la mesa con todos”, dijo Massa a modo de señal de buena voluntad en un reciente paso por Villa María. En los planes del jefe del Palacio de Hacienda también figura que vuelvan al redil los gobernadores espantados por el juicio a la Corte, como Omar Perotti, Gustavo Bordet, Sergio Uñac, Mariano Arcioni y Gustavo Sáenz. Los diputados de Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Chubut y Salta son importantes para formar mayorías en el Congreso.

Mariano Spezzapria

Fuente: La Nación

lberto Fernández está en la Costa Atlántica. En medio de la crisis en Brasil y con los enfrentamientos cruzados con el Poder Judicial, el presidente se tomará este lunes 9 de enero para anunciar la construcción de una cancha de hockey en Miramar, financiada por el Gobierno. Luego recorrerá la Playa Deportiva y visitará el camión oftalmológico.

Esta actividad es la única que tiene el mandatario en la agenda oficial para hoy. La actividad comenzará a las 11.10 y contará con la presencia del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, informaron este domingo noche fuentes oficiales, consignó la agencia Télam.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich aprovecharon la crisis en Brasil para pegarle a Alberto Fernández

Cena y Brasil

El Presidente aprovechó el fin de semana para cenar en un restaurante de Chapadmalal con su pareja, Fabiola Yañez, Tolosa Paz y Enrique «Pepe» Albistur. La última aparición del mandatario había sido el jueves, junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, durante el anuncio de la restauración del Instituto Saturnino Unzué, ubicado en Mar del Plata. Luego del evento, se instaló para un breve descanso en la residencia oficial de dicha localidad bonaerense.

Este domingo, Alberto Fernández manifestó su apoyo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Fue después de que miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieran las sedes del Congreso brasileño, del palacio presidencial y del Tribunal Supremo Federal en Brasilia en el marco de una manifestación contra el nuevo presidente.PUBLICIDAD

«La democracia es el único sistema político que garantiza libertades y nos obliga a respetar el veredicto popular», escribió Fernández. El espíritu conciliador no duró: la crisis en el país vecino terminó cayendo una vez más en la grieta, con acusaciones cruzadas de golpismo entre dirigentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

«Quienes intentan desoír la voluntad de las mayorías, atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional». «Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia», agregó Fernández en su cuenta de Twitter.

«Mi incondicional apoyo y el del pueblo argentino a Lula frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando», completó.

Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti por sus vínculos con el gobierno porteño

Enfrentamiento con la Corte Suprema

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos (FDT) de la Cámara de Diputados se alista para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que impulsado por el Presidente y varios gobernadores, y el oficialismo pedirá que sean llamados a declarar los magistrados del máximo tribunal.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.

Fuente: Perfil.com

RÍO DE JANEIRO – Durante más de cuatro años, la más fundamental de las preguntas se ha cernido sobre Brasil: ¿Sobreviviría su joven democracia a la presidencia de Jair Bolsonaro?

El país más grande de América Latina se embarcó en lo que equivalió a una prueba de su fortaleza democrática en 2018 cuando eligió al ex capitán del ejército que lamentó abiertamente el colapso de la dictadura militar del país, amenazó una vez con reinstalar su gobierno en el primer día de su presidencia y buscó en todo momento sembrar dudas en las elecciones.

Durante su mandato, hizo poco por suavizar su belicosidad. Advirtió de una “ruptura” del gobierno como la del golpe militar de 1964. Si perdiera su candidatura a la reelección, dijo, sólo podría ser por fraude, y Brasil “tendría problemas peores” que los que tuvo Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Donald Trump asaltó el Capitolio estadounidense.

Su hijo Eduardo, diputado federal, advirtió una vez que “llegará un momento en que la situación será la misma que en los años 60.”

Para muchos brasileños, la tarde del domingo fue la llegada de ese momento, cuando los partidarios de Bolsonaro asediaron los tres pilares del gobierno federal -el palacio presidencial, la corte suprema y el congreso- paralizando de golpe la democracia aquí. Las escenas de humo y violencia fueron a la vez impactantes y predecibles, la trágica realización de una profecía que Bolsonaro ha pronunciado repetidamente para movilizar a su base y aterrorizar a sus adversarios.

Si me apartan del poder, ha insinuado a menudo, vendrá la violencia.Lula da Silva retornó al Palacio de Planalto para observar cómo quedaron las instalaciones luego de que bolsonaristas tomaran por asalto el edificio e intentaran derrocarlo (AP)

“Bolsonaro y la familia Bolsonaro han hablado durante años de atacar a la Corte Suprema”, dijo Esther Solano, socióloga de la Universidad Federal de São Paulo que estudia a los partidarios del presidente. “Luego, en el último año, han dicho que no respetarían los resultados electorales. Y en los últimos meses, la retórica insurreccionalista de Bolsonaro y los suyos cobró aún más fuerza.”

Bolsonaro ha dicho poco públicamente desde su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en octubre. Se negó a conceder, o para disuadir a los partidarios que han acampado fuera de las instalaciones militares pidiendo un golpe de Estado para mantenerlo en el poder.

Pidió a los manifestantes que dejaran de perturbar el comercio bloqueando carreteras y condenó la violencia dirigida a anular el resultado de las elecciones. Sin embargo, al igual que Trump, no asistió a la toma de posesión de Lula el 1 de enero y se fugó a Florida para alojarse en la mansión de Orlando de un luchador de MMA.

En una lacrimógena despedida antes de su partida, calificó de injusto el resultado de las elecciones. Ahora, en su repentina ausencia, sus partidarios más radicales han llevado su retórica hasta su conclusión lógica, aunque violenta.

“Era de esperar”, afirma Alexandre Bandeira, analista político en Brasilia. “Era una bomba de relojería. Los partidarios de Bolsonaro han decidido repetir la lamentable imagen para el mundo entero de la invasión del Capitolio.”

Bolsonaro condenó la violencia en Brasilia el domingo – y encontró una manera de criticar a sus adversarios.Bolsonaristas intentan tomar el Palacio del Planalto en Brasilia, este domingo 8 de enero (AP)

“Las manifestaciones pacíficas, por ley, son parte de la democracia”, tuiteó, horas después del inicio del asalto. “Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, estuvieron fuera de la ley”.

Desde los primeros días de su presidencia, coqueteó con los miembros más extremistas de su base – un segmento de la población que ve tal decrepitud en la sociedad brasileña y en las estructuras políticas que sólo puede ser limpiada con el instrumento contundente de la fuerza militar. Consideran los años de la dictadura militar, que torturó y asesinó a opositores, como una época dorada en Brasil, cuando la sociedad estaba libre de corrupción y crimen.

Encontraron un campeón en Bolsonaro, que había colgado fotos de los líderes del régimen en su oficina del Congreso y se lamentaba de que no hubiera matado a más gente cuando tuvo la oportunidad. Tras su llegada al poder, le pidieron repetidamente que eliminara todas las restricciones a su autoridad y restableciera el régimen militar. Él alentó e inflamó sus protestas atendiéndolas.

A medida que su administración acumulaba problemas -corrupción, un brote paralizante de coronavirus que mató a casi 700.000 brasileños, investigaciones del tribunal supremo sobre sus aliados más cercanos-, volvía una y otra vez al abrazo de sus partidarios marginales. Amenazó a los otros poderes del Estado y conjuró el espectro de la intervención militar si otros amenazaban su control del poder.

“Tenemos al pueblo de nuestro lado, y las fuerzas armadas están del lado del pueblo”, dijo en marzo de 2020.

Y luego, fijó las apuestas.

“La paciencia del pueblo se ha agotado”, declaró en septiembre de 2021. “Quiero decirles a los que quieren hacerme inelegible en Brasil: Sólo Dios me saca del poder. Hay tres opciones para mí: la cárcel, la muerte o la victoria. Y les digo a los canallas: ¡Nunca seré encarcelado!”.

A medida que se acercaban las elecciones, y con las encuestas mostrándole muy por detrás de Lula, Bolsonaro volvió a recurrir a la retórica violenta. Describió las elecciones como una lucha de época entre el bien y el mal. Advirtió que fuerzas malévolas estaban preparadas para robar las elecciones al pueblo brasileño. Dijo que Lula provocaría la ruina del país.

“Hay un nuevo tipo de ladrón, los que quieren robar nuestra libertad”, dijo Bolsonaro en junio. “Si es necesario, iremos a la guerra”.

Luego, cuando terminaron las elecciones y Lula fue declarado ganador, el interminablemente locuaz Bolsonaro hizo algo sorprendente: Mantuvo la boca cerrada. Hizo poco por impugnar los resultados de las elecciones. Hizo una breve aparición dos días después de la votación, reconociendo su decepción pero negándose a admitirlo. Su jefe de gabinete dio entonces un paso al frente para decir que el presidente le había autorizado a supervisar una transición.El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro es visto en Orlando, Florida, Estados Unidos, el pasado 2 de enero de 2023, donde se refugió poco antes de asumir Lula da Silva (Reuters)

Bolsonaro se refugió en el palacio presidencial durante semanas, al parecer abatido por su derrota, antes de abandonar el país cuando Lula se disponía a asumir el poder.

En ese silencio, dicen los analistas, los miembros más radicales de la base de Bolsonaro se han afianzado. Cerraron carreteras. Acamparon frente a bases militares, pidiendo a los comandantes que dieran un golpe para mantenerlo en el poder.

En Brasilia, atacaron una comisaría tras la detención de uno de sus miembros. Un bolsonarista radicalizado, llamado George Washington de Oliveira, fue detenido y acusado de colocar una bomba armada debajo de un autobús en el aeropuerto de Brasilia. En una declaración a la policía, dijo que quería “iniciar el caos” que llevaría a una intervención militar.

A pesar de todo, Bolsonaro guardó silencio.

“Su silencio fue terrible”, dijo Jairo Nicolau, politólogo del instituto de investigación Fundação Getulio Vargas. “Señaló a una parte de sus seguidores que son más ideológicos que él los está apoyando, que están haciendo lo que su gran jefe no puede hacer”.

“Su silencio fue la gran chispa que encendió las protestas que se están produciendo ahora”.

(C) The Washington Post.-

Fuente: Infobae.com

Tratando de avanzar con la «segmentación», la Secretaría de Energía informó este jueves que alrededor de tres millones y medio de hogares de bajos ingresos no tendrán aumentos en las tarifas de gas natural a lo largo de este año.

«Los tres millones y medio de usuarios de bajos ingresos que han obtenido el subsidio por haberse anotado en el RASE (Registro de Acceso al Subsidio de Energía) no van a tener aumentos en el componente del valor del gas durante este este año. La base de datos de la segmentación sigue abierta y aquellos hogares que no lo soliciten o que sean de ingresos altos recibirán un único aumento del 28,3%«, explicó Flavia Royón, titular del organismo.

Por tal motivo, no se producirá ningún aumento en el valor del gas natural para los usuarios inscriptos en el Nivel 2, cuyo único incremento anual se concentrará en los componentes del transporte y la distribución. Por su parte, los usuarios comprendidos en los Niveles 1 y 3 de la segmentación tarifaria vigente recibirán un aumento que contempla incrementos en el valor del fluido, el transporte y la distribución.

Subsidios a las pequeñas empresas

Asimismo, y a través de un comunicado, la funcionaria se refirió a la situación de los comercios y precisó que «las micro y pequeñas empresas que estén en el registro MIPYME continuarán siendo alcanzadas por los subsidios, mientras que las grandes empresas tendrán un aumento del 28,3%. Es un aumento que cuida a los comercios de barrio, al vecino y al crecimiento de la industria contra a la inflación«.

En ese sentido, Royón destacó que apunta a cumplir con un doble objetivo: construir un sendero de precios previsible para el sector y reducir las expectativas inflacionarias para proteger el ingreso de los trabajadores y el conjunto de la actividad económica.

Fuente: Perfil.com

En un inédito enfrentamiento, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), perteneciente al Estado bonaerense, pidió al Ministerio de Trabajo que multe y pida la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes, cuyo secretario adjunto es Facundo Moyano, por haber desoído la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen y que derivó en un paro con levantamiento de las barreras en la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la costa atlántica.

“Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante”, dijo Moyano a Infobae luego de la audiencia en la que la empresa hizo el pedido a la cartera que encabeza Kelly Olmos.

El dirigente gremial atribuyó el agravamiento del conflicto al gobernador Axel Kicillof: “Se lo ha tomado como una pulseada personal -destacó-. Estamos hablando de una empresa de una provincia gobernada por un progresista y peronista que pide que desaparezca un sindicato. Tanto que amenazan con que viene la derecha, ¿para qué va a venir si ya están haciendo todo esto?”.

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Facundo Moyano no descartó que en la dura actitud de la empresa del Estado bonaerense contra su sindicato haya influido la postura contraria al kirchnerismo que él ha sostenido desde que dejó su banca de diputado nacional: “Puede haber algo de eso -admitió-, pero todo es parte de un problema político y de falta de dirección. Al presidente de AUBASA lo puso (Sergio) Massa, al vicepresidente lo puso Axel (Kicillof) y al ministro de Trabajo bonaerense lo puso Máximo (Kirchner)”.

“En línea con un gobierno ideológico como el de la provincia de Buenos Aires, es un desastre. (En AUBASA) tienen de abogado a Funes de Rioja, que es un abogado de empresas con otro perfil, amenazan con descontar salarios de los trabajadores no sólo por este conflicto sino también por el anterior. Están llevando todo al extremo”, consideró el hijo de Hugo Moyano.

En un comunicado, el Sindicato de Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Florencia Cañabate, sostuvo que haber pedido la cancelación de su personería “constituye un grave intento contra los derechos fundamentales de los trabajadores en general y de nuestro sindicato en particular, que no tiene antecedentes en un gobierno que se denomina a sí mismo “peronista, progresista y que defiende a los trabajadores” y no se condice con este período sostenido de democracia en nuestro país”. “Nos debemos remitir a la dictadura militar para encontrar hechos de estas características”, señaló en sintonía con lo afirmado por Facundo Moyano.La protesta del SUTPA consistió en un paro con levantamiento de barreras en las rutas hacia la costa atlántica

El SUTPA hizo una medida de fuerza sorpresiva a partir de la madrugada del lunes pasado en las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la Costa Atlántica (2, 11, 63, 56 y 74) ante la falta de solución a varios reclamos: desde el despido de un gerente defendido por el sindicato hasta “la falta de un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”, pasando por la no efectivización de casi 100 empleados. Pero el telón de fondo es una mala relación con el presidente del presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde, a quien exigensu renuncia desde hace cuatro meses. El funcionario fue diputado provincial del massismo y hoy responde a Kicillof.

Según Facundo Moyano, en realidad, “el vicepresidente de AUBASA, Felipe Vismara, es el mejor amigo de Carlos Blanco, que es el mejor amigo de Kicillof; por eso Lissalde pasó a un lugar secundario”.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto el lunes pasado, luego de que la empresa denunció que el paro había comenzado sin aviso y que impidió tanto el “cobro manual como el cobro automático del peaje”, en una momento del año “crucial para el trabajo operativo al 100% de nuestros colaboradores, atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.El presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde, está en la mira del Sindicato de Peajes

Sin embargo, el gremio de Cañabate no acató laconciliación obligatoria, mientras la cartera laboral convocó a las partes a la audiencia que se hizo esta tarde y en la que AUBASA pidió multas y la cancelación de la personería del SUTPA. “No la acatamos porque es sobre el mismo conflicto que ya tuvimos. Por eso pedimos la nulidad de la conciliación obligatoria”, dijo Moyano.

En el comunicado de prensa, el sindicato interpretó que “la conciliación obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio (de Trabajo) intimó a reincorporar”. Y agregó: ”La conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse debido a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa de los acuerdos celebrados oportunamente en el ámbito del Ministerio de la Nación”.Florencia Cañabate, titular del Sindicato de Peajes

“Con el objetivo de sembrar el miedo entre los trabajadores, AUBASA ha enviado cartas documento a diestra y siniestra, amenazando con descontar no sólo las horas de este paro sino también las horas correspondientes a una medida anterior que ya fueron abonadas”, denunció el SUTPA en su declaración, en la que añadió que “esto pone de manifiesto nuevamente el grado de desconocimiento de todo derecho que evidencian los responsables de esta empresa absolutamente quebrada, que en 2022 perdió casi $5.000 millones por falta de gestión y de políticas adecuadas”.

Según el sindicato, desde agosto de 2021 han reclamado “pacífica y pacientemente una y otra vez los mismos puntos y sólo obtuvimos agresivos ataques a nuestros representantes y ninguneos reiterados”. Por eso amenazó que, “de no deponer estas actitudes dictatoriales, antiderechos y antidemocráticas”, recurrirán a los tribunales nacionales e internacionales.

Fuente: Infobae.com

En medio de la tensión por el pedido de juicio político que impulsaron la Casa Rosada y once provincias contra los jueces de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Martín Soria, deslizó la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura mediante un decreto de necesidad y urgencia del Presidente. La mera posibilidad abrió un debate y encendió cuestionamientos de la oposición, pero también de los especialistas.

Consultado en una entrevista radial sobre si el Gobierno evalúa la alternativa de reformar el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados por decreto, Soria respondió: “Claro que sí hay posibilidades. El artículo 99 de la Constitución Nacional que habla de los DNU en ningún momento impide que se pueda llevar adelante la reforma de esta manera“.UN HALLAZGO DE NOVELA: LA CIA, UN LEGAJO MILITAR Y MAILS DE UN EXESPÍA REVELARON DETALLES DE UNA CÁRCEL ILEGAL QUE MANEJÓ LA SIDE

Entre los juristas consultados por LA NACION –aunque con matices- hubo consenso en la “imposibilidad” de darle curso a la medida que se desprende de los dichos de Soria.

“Es clarísimo que no se puede. Es una barbaridad. Sería como querer reformar la Constitución con un DNU”, dijo Daniel Sabsay. El constitucionalista consideró que se trata de una intromisión ilegítima de un poder sobre otro. “El inciso tercero del artículo 99 de la Constitución precisamente habla de ‘circunstancias excepcionales’ para que el Poder Ejecutivo puede realizar funciones de carácter legislativo”, explicó.

“Pero ellos se olvidan de esto. En varios fallos, la Corte Suprema ya definió esas circunstancias extraordinarias: son las situaciones derivadas de una catástrofe natural, como un tsunami o un terremoto, o de un cataclismo económico tan serio que exija la intervención del poder político”, indicó Sabsay, y dejó en claro que el país no atraviesa ninguna situación anómala: “El Congreso se puede reunir, no hay una situación económica de esa gravedad, no hay terremoto, ni sismo, ni tsunami”, concluyó. En sus redes sociales, el experto en derecho constitucional, se refirió a la posibilidad deslizada por el ministro como un “disparate”.

Por su parte, el constitucionalista Juan Vicente Sola también expresó su rechazo y, a partir de los dichos del ministro, apuntó directamente a la figura de Alberto Fernández. “El Presidente busca la suma del poder público al asumir funciones legislativas y judiciales, algo vedado por el artículo 29 de la Constitución. Ya ha legislado por decreto utilizando la excusa de la pandemia en violación de normas expresas de la Constitución”, recordó.

Al igual que Sabsay, Sola señaló que ”hay una prohibición expresa en la Constitución en el artículo 109. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales”. Y agregó: “El Presidente nada tiene que hacer en el tema salvo cumplir con las decisiones judiciales. La organización del Consejo de la Magistratura es una competencia exclusiva del Congreso y se requiere para ello de ‘la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara’”, sostuvo en referencia al artículo 114 de la Constitución.

En una línea más cercana a la del ministro, el abogado constitucionalista Domingo Rondina, precisó que “no hay una prohibición constitucional para regular por DNU el Consejo de la Magistratura”. Sin embargo, el jurista consideró que difícilmente la medida pueda prosperar ya que sería “fácilmente anulable” porque es “imposible probar la necesidad y urgencia del tema”.

A su vez, Rondina advirtió que el órgano que selecciona y controla a los jueces es regulado por una ley especial, la 24.967, específicamente diseñada para buscar consensos amplios. “La constitución prevé un trámite especial para esa ley. Muchos dicen que no se pueden dictar un DNU en casos de leyes especiales, ya que la Constitución expresamente habla de esa ley como un mecanismo especial en búsqueda del mayor consenso, el cual se asegura solamente mediante el trámite del Congreso”, señaló.

Cabe recordar que en diciembre de 2021, el máximo tribunal declaró inconstitucional la reforma que impulsó Cristina Kirchner como senadora en 2006 que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura a 13. La Corte dictaminó que dicha composición no respetaba el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y que el Consejo debía volver a su antigua composición con 20 miembros. Esta modificación derivó en tironeos y elevó la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema.

Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y quien supo asesorar a Alberto Fernández, se expresó por redes sociales. “Un primer obstáculo aparece en el requisito de habilitación formal. La pandemia demostró que solo frente a dicha objetiva situación excepcional proceden los DNU, y a la vez, se transformó en un valioso parámetro de comparación”, señaló el especialista, en un hilo de Twitter.

Fuente: La Nación

Surfeando un costado amigable de la crisis, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, mantuvieron este jueves un encuentro con autoridades de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), para analizar «el incremento de la producción de la industria automotriz y las inversiones realizadas en el sector».

Las proyecciones que hace el sector para este 2023 son optimistas, con un crecimiento estimado en producción y exportaciones de entre 10 y 15%. En ese marco, Massa confirmó que «las exportaciones incrementales de autos y autopartes no pagarán retenciones en 2023, como incentivo al fuerte crecimiento del sector».

«Queremos anunciar que todo el incremento de exportaciones en materia automotriz no va pagar derechos de exportación», precisó el titular de Hacienda, recalcando que con eso «se premia la inversión y la producción de trabajo argentino vendido al mundo, un factor fundamental que necesita que hagamos nuestro aporte».PUBLICIDAD

En la reunión se destacó que el sector automotriz registró un aumento de la producción de 23,5 por ciento en 2022, con un total de 536.893 unidades, que representa «la cantidad más alta de los últimos ocho años en la Argentina».

De ese total, se destinaron a los mercados externos 322.286 vehículos, lo que implica un incremento de 24,3 por ciento de las exportaciones. El principal destino fue Brasil, con 62,8 por ciento del total, seguido por México, Uruguay y Colombia.  Asimismo, la comercialización local, en ventas mayoristas, alcanzó a 376.257 unidades, es decir, un 12,5 por ciento más respecto al año anterior.

La producción automotriz 2022 creció 23,5% y fue la más alta en 8 años

 
«Nuestro compromiso es que los dólares que ingresan vayan a la producción y el trabajo. Incrementar las exportaciones nos permite avizorar para 2023 un escenario de producción mínima de 610.000 vehículos. Es nuestra responsabilidad, junto con las terminales, encontrar mecanismos de fomento al crédito para que más argentinos puedan comprar vehículos producidos en el país«, señaló Massa en la reunión.

Allí se destacó también la creación de 50.000 puestos de trabajo más que en 2021, y se dio por seguro que la industria seguirá creciendo también en este sentido. Por otro lado, celebró que ya se están fabricando vehículos con la mitad de componentes nacionales y aseguró que el objetivo es que esa condición se traslade a la totalidad de vehículos producidos en Argentina. En diciembre pasado, Massa y Mendiguren habían tenido reuniones con distintos responsables de automotrices líderes del mercado, quienes ratificaron su compromiso con el país con el objetivo de ampliar su producción, aumentar las exportaciones y generar más empleo argentino.

En este sentido, la compañía Volkswagen comunicó una inversión de 50 millones de dólares para la fabricación de camiones y un modelo de bus en Córdoba, para la exportación y la sustitución de importaciones.  Por su parte, IVECO presentó un plan de inversiones para desarrollar la producción de camiones pesados y buses a GNC con el objetivo de exportar regionalmente, mientras que Toyota informó un nuevo esquema de producción con la implementación de un tercer turno y una inversión cercana a los 60 millones de dólares para aumentar su capacidad productiva en la planta de Zárate, que prevé exportaciones por más de 4.000 millones de dólares anuales y 2.000 nuevos puestos de trabajo.

 Además, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina anunció una inversión para construir un nuevo centro industrial en Zárate. 

La grave cuestión tambera

Pero no apuntaron solo al creciente sector automotriz las novedades económicas, porque luego que desde la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias se reclamara este jueves al Gobierno «medidas urgentes» para asistir a los productores lecheros, para evitar de esa manera la «desaparición despiadada» de tamberos, desde el Palacio de Hacienda se anunciarían este viernes ayudas concretas al sector.

La encrucijada del universo lechero se debe a los bajos precios que reciben los productores, por eso demandan que se quiten las retenciones para que se recupere el precio de la leche, que se disponga un financiamiento específico para los tamberos.

La ocasión del anuncio sería el acto que Massa encabezará esta tarde en Villa María, Córdoba, y las versiones señalan que se compensaría durante 4 meses el precio por litro de los tambos que producen hasta 4 mil litros diarios. La grave crisis del sector lechero ha hecho que hayan desaparecido centenares de establecimientos en los últimos años, ante una ecuación de costos cada vez más negativa.

Fuente: Perfil.com

Pasó otro día de negociaciones y el conflicto gremial quefrena a más de 1.000 contenedores en el Puerto de Rosario sigue sin resolverse. Ayer hubo una nueva reunión entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y representantes de la empresa TPR (Terminal Puerto Rosario), pero no se llegó a un acuerdo y las medidas de fuerza tomadas por los trabajadores se mantienen firmes.

Créditos hipotecarios atados al salario: cómo es la nueva línea de préstamos que evalúa lanzar el GobiernoEl ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, mencionó que el Ejecutivo y los bancos públicos analizan nuevos esquemas crediticios para la compra de viviendas

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El origen del conflicto se dio hace más de un mes y fue el despido de 25 empleados, de los cuales 20 ya fueron reincorporados. Los otros cinco fueron notificados “con justa causa”, por lo que formalmente el sindicato no pelea por su restitución, sino por que se les pague una indemnización. Sin embargo, un grupo de afiliados al SUPA le está exigiendo al secretario gremial, César Aybar, que busque que todos los empleados sean reincorporados.

De hecho, uno de los ex trabajadores se encadenó en los portones de acceso al puerto para reclamar que se dé marcha atrás con su despido.

Fuera de ese incidente, quienes se mantienen cerca de las negociaciones aseguran que la disputa está llegando de a poco a su fin. “Mañana (por hoy viernes) habrá una nueva reunión. Aparentemente hay intención de las partes de llegar a un acuerdo. Además hay mucha presión de todos lados. Incluso intervino el Ministerio de Economía de la Nación”, informaron desde una de las empresas afectadas.

Pérdidas millonarias

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) emitieron un comunicado para manifestar su postura respecto a cómo el conflicto sindical está afectando al desarrollo de la actividad productiva. Desde el organismo informaron que la entidad ha realizado gestiones ante las autoridades correspondientes para intentar que el puerto vuelta a la actividad..

Para el Gobierno, en 2022 los salarios en blanco le ganaron a la inflación pero los informales perdieronLos trabajadores privados habrían finalizado el año pasado con una ventaja menor al 3%, aunque estimaciones privadas ven un empate y hasta leves caídas. El poder de compra perdió 20 puntos en los últimos siete años

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“De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad, al día de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores”, aseguraron. Si bien no precisaron un número para describir las pérdidas económicas, aseguraron que las consecuencias “son millonarias”.

“El conflicto gremial que se desarrolla en el Puerto de Rosario ha paralizado la carga y descarga de contenedores que se encuentran varados a la intemperie, afectando a las industrias que necesitan de los insumos de uso difundido, productos perecederos e incluso críticos allí contenidos, especialmente de los sectores alimenticio y farmacéutico”, señalaron desde UIA.

“Además, la parálisis de la terminal, que es una de las vías principales del circuito logístico hacia el exterior, perturba seriamente la operatoria de comercio exterior, generando el doble perjuicio de impedir el abastecimiento local y el ingreso de divisas al país”, remarcaron.El sector cerealero es uno de los más afectados por el freno de actividades en el Puerto de Rosario. REUTERS/Marcos Brindicci

Asimismo, la Unión Industrial Argentina informó que las empresas locales más afectadas por el freno de actividades en Rosario son cerealeras, alimenticias, automotrices y exportadoras de electrodomésticos. “Tienen compromisos de ventas y plazos acordados con clientes del exterior a los que no pueden responder. Esto genera paradas de producción, riesgos de pérdidas de mercados de exportación e incluso sanciones por el incumplimiento de los compromisos asumidos”, agregaron.

El Puerto de Rosario está paralizado hace un mes por una medida sindical: hay 1.000 contenedores varados y estiman pérdidas millonariasLa Unión Industrial Argentina reclamó que la actividad sea declarada esencial. “Estamos urgidos porque se va a comenzar a ver afectado el trabajo”, dijo Daniel Funes de Rioja

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Más allá del conflicto laboral entre el gremio y la empresa, la UIA manifiesto la necesidad de liberar cuanto antes la carga inmovilizada, razón por la cual ha solicitado al Ministerio de Trabajo se proceda a “declarar la esencialidad” de dicha actividad para no continuar afectando las cadenas de valor y restablecer el abastecimiento de bienes a lo largo del país.

En diálogo con Infobae, Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, explicó anteriormente que la consecuencias más grave del conflicto gremial en el Puerto de Rosario se da sobre la producción, debido a que se producen faltantes de insumos e incluso deterioro de la mercadería, especialmente en los casos que requieren refrigeración. “Tenemos relevado que de los 1.000 containers que no pudieron retirarse, más de 700 fueron identificados como industriales. Estamos urgidos porque se va a comenzar a ver afectado el trabajo”, reclamó.

Fuente: Infobae.com

Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, anticipó este martes 3 de enero que hoy miércoles presentaría una denuncia penal en la Justicia por una presunta violación a la Ley de Inteligencia por parte de los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, quienes publicaron en Clarín y La Nación, respectivamente, una serie de artículos en los que denunciaron la supuesta existencia de una «mesa militar de espionaje« en la AFI.

Esta denuncia de Rossi, por “revelación de secretos políticos y militares” en las dos versiones que prevé el Código Penal para esa figura, dolosa y culposa, que ya fue presentada y en la que también se incluyó a los medios mencionados anteriormente, se da porque las notas publicadas daban cuenta de la existencia de un entramado en el que también vinculaban al extitular del Ejército César Milani.

La respuesta de Daniel Santoro

En ese marco, uno de los primeros en expresarse fue Santoro. Consultado por PERFIL, el comunicador dijo: «Es una denuncia para tratar de censurar a Joaquín Morales Solá, a La Nación, a Clarín y a mí por este pedido de informes que hicieron legisladores de Juntos por el Cambio. Lo que informé fueron las preguntas que hicieron estos legisladores».

«El sábado conseguí que me contaran qué decía el pedido de informes. El domingo, antes de publicar, como corresponde la buena práctica periodística, llamé al vocero de la AFI para tener una respuesta y, para mí sorpresa, antes de la respuesta de la AFI sale el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a insultar a Joaquín Morales Solá y a mí por Twitter«, añadió Santoro, haciendo referencia a un tuit de Moreau que rezaba: «Que poca imaginación. Después de la fallida nota de Morales Sola para tratar de blindar a D’Alessandro por sus bochornosas conversaciones sobre coimas y como fabricar pruebas falsas Clarin (Santoro de por medio) repite la operación sobre un pedido de informes de JxC que fue contestado por la AFI hace días desacreditando ese guión propio de James Bond. Quieren inventar un supuesto espionaje estatal para encubrir a la banda de Lago Escondido. Si Santoro quiere bajar a los ‘sótanos de la democracia’ q hable con D’Alessio, Macri o Larreta. Son expertos” (SIC).

Agustín Rossi denunciará a dos periodistas y dos medios por violar la Ley de Inteligencia

Acto seguido, el periodista de Clarín aseveró que lo que hizo fue «el trabajo periodístico». «Tengo el derecho de informar lo que preguntan legisladores nacionales, como Cristian Ritondo o Alfredo Cornejo. Ellos estaban haciendo preguntas sobre un delito y no hay secreto de Estado que valga», sumó.

Contundente, esgrimió: «No he violado ninguna ley ni nada por el estilo, sino que he hecho mi trabajo de informar consultando fuentes parlamentarias por un lado, y llamando al vocero de la AFI por el otro».

En esa línea apuntó los cañones contra el kirchnerismo: «Es otra forma de presión en contra del periodismo profesional e independiente«.

Agustín Rossi negó que haya una «mesa militar de espionaje» en la AFI

Al ser consultado por la respuesta del vocero de la Agencia Federal de Inteligencia, Santoro explicó que éste le respondió, pero luego de la embestida de Moreau en su contra por las redes sociales. «Yo esperé dos o tres horas la respuesta del vocero, pero como no me había contestado, publiqué la nota», aclaró.

Sobre el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia y el pedido de informe de Juntos por el Cambio opinó que debe contestar las preguntas sobre la existencia de una supuesta «mesa militar» en la AFI en vez de «insultar a periodistas».

Por último, cerró asegurando que se siente «agraviado e impresionado por una medida de este tipo«.

La respuesta de Joaquín Morales Solá

Contactado por PERFIL por la denuncia que Agustín Rossi realizó en su contra, el periodista de La Nación y conductor de Desde el llano (TN), declaró: «No voy a hablar hasta conocer la denuncia«.

La denuncia a Rodis Recalt, periodista de revista Noticias

PERFIL también se comunicó con Rodis Recalt para que contara las dos denuncias que recibió por haber expuesto nombres de agentes de inteligencia. «Me denunció Oscar Parrilli en 2015 y Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en 2018«, explicó.

«La denuncia de 2018 fue en la que después me mandaron a seguir con la banda de los SuperMario Bros, quienes hicieron maniobras de espionaje ilegal también contra Hugo Alconada Mon, a (Horacio Rodríguez Larreta)», agregó el periodista.

Recalt aseveró que en ningún momento quebrantó la Ley de Inteligencia: «Yo no tenía el deber de guardar secreto de Estado. El deber de guardar secreto de Estado lo tenía la gente de inteligencia que trabajaba para el Estado. El problema no soy yo, sino el que me filtra la información», concluyó.

«Intenta tapar el accionar de la AFI y el supuesto rol de Milani», dijo Silvana Giudici sobre la denuncia 

«Denunciar a periodistas por informar sobre un asunto de interés público basado en hackeos ilegales intenta tapar el accionar de la AFI y el supuesto rol de Milani», escribió Silvana Giudici, ex titular del ENACOM durante el gobierno de Maurici Macri y dirigente de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia)

«El acceso a la información pública es un derecho superior a la norma que invoca Rossi», agregó desde su cuenta de Twitter al citar la nota de este medio. 

«Si bien es necesario que la justicia se expida de manera clara y pronta, desde LED debemos resaltar que la utilización de demandas judiciales contra medios y periodistas muestra un alarmante incremento en la Argentina y constituye una severa limitación al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa y al derecho al acceso a la información consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que la integran», expresaron por su parte desde Fundación LED.

En ese sentido, aclararon que «en lo que hace a la supuesta revelación de los nombres de agentes de inteligencia se debe destacar que los mismos ya habían tomado estado publico y que el propio titular de la AFI había refutado que uno de ellos fuera integrante del organismo y sobre los otros había referido que sus funciones no eran motivo de secreto».

El comunicado detalla además que «la labor de la prensa debe ejercerse de manera ética y dentro de lo que marca la ley, pero no pueden ser organismos del gobierno quienes determinen los parámetros a los que debe ajustarse la profesión».

«Es por ello que resulta necesario que la justicia actúe con celeridad para que no se extienda un manto de autocensura en medios y periodistas que investigan hechos que involucran al estado», se advierte. 

Por último, el escrito concluye: «LED dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que el ejercicio del periodismo sea respetado en nuestro país y valorado por toda la sociedad como un requisito indispensable para el robustecimiento de la democracia».

«Contactos frecuentes»: Los chats de D’Alessandro con agentes investigados por espionaje ilegal 

Adepa rechazó la denuncia penal contra los periodistas 

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó «de modo enérgico» la denuncia penal promovida por el titular de la AFI, Agustín Rossi.

«La utilización del sistema penal como forma de persecución a periodistas y medios por la difusión de información estatal, no es concebible en un sistema democrático, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica», dijeron desde la Asociación mediante un comunicado. 

«La amenaza penal constituye un fuerte incentivo a la autocensura», consideraron, y señalaron que por ese motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos «ha condenado en forma constante su utilización».

Además, aclararon que desde ADEPA «ya se ha pronunciado en forma contraria la aplicación a periodistas de las figuras penales contenidas en la Ley de Inteligencia Nacional para el caso de la violación de secretos».

En ese sentido, recordaron que en 2019, con motivo de la denuncia del titular de la AFI contra los periodistas Rodis Recalt y Gerardo Young, ADEPA «sostuvo que si bien la ley 25.520 de Inteligencia Nacional –reformada en 2015 con la ley 27.126– sanciona la difusión no permitida por autoridad competente de todo elemento secreto o confidencial, esa prohibición solo puede estar destinada a los integrantes y empleados de AFI y funcionarios públicos o particulares que acceden a ella con motivo de las funciones o tareas que desempeñan».

«El responsable es el funcionario, empleado o contratista responsable de permitir que la información llegara a un periodista, pero no es éste que, al acceder a ella y considerarla de interés público, decide difundirla para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos sobre aspectos propios de la vida pública que conforman la esencia republicana», dice ADEPA sobre la lupa puesta en los comunicadores. 

La asociación mencionó los principales pronunciamientos internacionales sobre la materia, como el de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso conocido como “los papeles del Pentágono”, y citaron los pronunciamientos del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «quienes en 2013 emitieron una declaración indicando que bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, pueden ser sometidas a sanciones ulteriores».

Fuente: Perfil.com