El conflicto entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia suma un nuevo foco de tensión, luego que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con el juicio político hacia el máximo tribunal. Ahora, dirigentes de la oposición rechazaron las últimas declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, que insinuó “la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” de necesidad y urgencia (DNU).
“Hace una semana dije que le declararon la guerra a la Constitución. Ahora quieren modificar el Consejo de la Magistratura por DNU. Así empezó el chavismo cuando tenía votos, éstos saben que se van y hacen cualquier cosa por la impunidad. El Ministro Soria debe irse ya mismo”, definió el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri.
Otros dirigentes de Juntos por el Cambio también se posicionaron al respecto. El diputado del PRO, Pablo Tonelli, e integrante del Consejo de la Magistratura, advirtió que “sería una mounstruosidad” que se dictamine una reforma por DNU y “una razón más para pedir el juicio político del Presidente”.
“La modificación de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura requiere de una mayoría especial y agravado respecto de cualquier otra ley ordinaria, lo cual en principio me hace dudar que es posible modiifcarla por DNU. En todo caso, más allá de que sea posible o no, está claro que no corresponde. La ley tiene que ser aprobada por el Congreso y si no la aprueba, seguirá vigente la actual ley”, sostuvo Tonelli, en declaraciones a radio La Red.El diputado del PRO, Pablo Tonelli, antes de ingresar a la jura de los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura (Adrián Escandar)
El conflicto en el organismo que promueve el nombramiento, sanciona y destituye a los jueces surgió luego que la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley que disponía la integración de 13 miembros, una norma que se sancionó en 2006. La sentencia ordenó que se dicte una nueva ley en 120 días que respete el equilibrio entre todos sus estamentos (jueces, abogados, diputados, senadores, académicos y representantes del Poder Ejecutivo), o de lo contrario volvería a la composición de 20 consejeros.
Como la nueva legislación no avanzó, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó control del organismo desde abril y restituyó la antigua composición, luego de que se realizara la elección de cada estamento. En ese marco, se desencadenó una pelea entre el oficialismo y la oposición por uno de los cuatro lugares que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. El senador del Frente de Todos, Martín Doñate fue designado en el Consejo, pero ese nombramiento fue anulado, nuevamente, por el máximo tribunal, a lo que calificó como un “ardid” del oficialismo. El PRO reclamó había reclamado ese lugar que ocuparía Luis Juez. Esa disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene paralizado al Consejo desde el 18 de noviembre.
“Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy en el Congreso. Hace algunas semanas casi termina en un escándalo total una de las últimas sesiones”, dijo Soria en una entrevista en Radio con Vos.
Sobre la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto, el funcionario avaló esa idea y agregó: “El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU,en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial, porque nunca ante en Argentina jueces se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura”.
Otros dirigentes opositores se pronunciaron con el mismo tenor, en repudio a un eventual decreto. Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, dijo que “la ignorancia y prepotencia del ministro Soria alarma”. “Lea la Constitución Nacional ministro. Respete el Estado de derecho”, afirmó en su cuenta personal de Twitter. En un escueto mensaje, el diputado Fernando Iglesias calificó: “La locura es total”.
En un pronunciamiento similar, el abogado Marcelo Fargosi, consideró que reformar el “Consejo de la Magistratura por DNU es inconstitucional. “Punto. La oposición, los medios y obviamente el Poder Judicial, deben estar a la altura de las circunstancias, que cada día empeorarán mas”, expresó en las redes sociales. Mientras que el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, calificó de “disparate” que se avance con una modificación por decreto porque “no existen las circunstancias excepcionales que impiden el trámite normal de sanción de leyes”. “Sólo se dan por un accidente de la naturaleza o un descalabro de economía”, afirmó en su cuenta de Twitter.
“El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”, indicaron desde el directorio de la entidad.
El ente, que aglutina a los abogados de la Ciudad, recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.
“El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”, indicaron desde el directorio de la entidad.
El ente, que aglutina a los abogados de la Ciudad, recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1610750603495641089&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fel-colegio-de-abogados-de-la-ciudad-de-buenos-aires-rechazo-el-pedido-de-juicio-politico-a-la-corte-nid05012023%2F&sessionId=ab19f6f766e130147436a8c03fdc1e45d19eb361&theme=light&widgetsVersion=a3525f077c700%3A1667415560940&width=550px
“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080. En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, continuaron.
Finalmente, el Colegio de Abogados instó a los gobernadores a dar marcha atrás con el respaldo al Poder Ejecutivo en este pedido para remover al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república. La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”.
Patricia Bullrich se metió de lleno en la polémica y los cuestionamientos al Gobierno por las denuncias a Clarín y La Nación, y a los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá, que informaron sobre la presunta existencia de una «Mesa militar» en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Con un contundente tuit, la presidenta del PRO arremetió contra el interventor de la AFI, Agustín Rossi y calificó al organismo de inteligencia de ser un «aparato paraestatal de inteligencia ilegal y con alta sofisticación».
La exministra de Seguridad adjuntó una imagen de una nota publicada en Clarín en la que se hace referencia a la denuncia contra los periodistas. La precandidata a presidenta habló de un «estado de derecho entre paréntesis».
El tuit de Patricia Bullrich
Cristian Ritondo fue otro de los dirigentes de Juntos por el Cambio que cruzaron a Rossi. En esa misma red social sostuvo que «el kirchnerismo ataca a la prensa libre, a la justicia y a la oposición«.
Y agregó, con énfasis: «Rossi, quien todavía debe explicaciones por poner en riesgo al país con el avión iraní, vuelve a demostrar que la transparencia no es lo suyo. Pedimos explicaciones, devuelven amenazas y denuncias».
El funcionario sostuvo durante la noche del martes 3 de enero que este miércoles presentará en la Justicia una denuncia penal por presunta violación a la Ley de Inteligencia contra los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá y los medios mencionados antes. Son quienes escribieron artículos que mencionaban la existencia de un entramado en el que también vinculaban al ex titular del Ejército César Milani.
«Recién vengo de la AFI y firmé la denuncia. Estamos denunciando a (Joaquín) Morales Solá, a (Daniel) Santoro, a La Nación y Clarín por publicar nombres de agentes de inteligencia, parte de la estructura y funciones de la AFI y la respuesta que la AFI le dio a la Comisión Bicameral, protegidas y que no pueden ser difundidas arbitrariamente«, dijo Rossi en diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2023 (C5N).
El primer artículo publicado a comienzos de la semana daba cuenta de un pedido de informes que había presentado Juntos por el Cambio para confirmar la existencia de una supuesta «mesa militar» dentro del organismo de inteligencia dedicada a hacer tareas de espionaje. También que en ese marco habría intervención de asesores ligados a Milani y la supuesta existencia de un enlace con empresas de telefonía para hacer escuchas ilegales.https://rudo.video/vod/bPncEY?volume=0
De acuerdo a lo que contó Rossi y habían sostenido las publicaciones, ese pedido del bloque opositor fue elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, a cargo del diputado Leopoldo Moreau. Este, a su vez, le envió el pedido de informes a la AFI luego de analizarlo y desde ahí respondieron «antes de navidad».
Para el interventor de la AFI, la respuesta de ese informe fue replicada en los artículos publicados esta semana y eso es algo que está prohibido por ley. Por eso denunció públicamente una «operación» en su contra y en contra del organismo que maneja desde hace varios meses tras la salida de Cristina Caamaño.
«Morales Solá desde La Nación y Santoro desde Clarín se tiraron sobre la granada y empezaron a hacer un ataque a la AFI y a mi persona. Las respuestas del informe están protegidas por la Ley de Inteligencia», insistió el funcionario.
La avanzada del gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue su curso y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, le puso fecha al llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.
“Será en la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria”, precisó la funcionaria en la tradicional rueda de prensa de los días jueves, que ofrece en Casa Rosada.
En ese contexto, Cerruti confirmó que los temas principales serán “el pedido de juicio político (a la Corte Suprema) y otros son temas económicos, que se están terminando de definir”.
En cuanto al enfrentamiento con el máximo tribunal de Justicia del país, la portavoz presidencial aseguró que “la mayoría de los gobernadores” están apoyando la iniciativa del oficialismo contra el máximo tribunal por el fallo por la coparticipación.
Al ser consultada sobre las dudas y las idas y vueltas que hubo con el respaldo de Mariano Arcioni y Gustavo Bordet, la funcionaria aclaró: “El gobernador de Chubut está afuera del país, pero el que participó por zoom y acompañó el proyecto fue el vicegobernador”.
En el caso de Entre Ríos, Cerutti señaló: “Bordet le adelantó (al Presidente) que iba a participar de la reunión, en ningún momento mostró otra postura y por eso fue incluido en el comunicado. Luego se arrepintió o cambió de opinión, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera”.El grupo de gobernadores que se reunió esta semana con el Presidente en la Casa Rosada
Los distritos presentes y que firmaron el pedido de juicio político a los miembros de el Corte, son aquellos que más dependen del presupuesto nacional para llevar adelante obras públicas. En cambio, los gobernadores oficialistas que no manifestaron un posicionamiento alineado al gobierno (Neuquén, Misiones, Río Negro y Salta) son los que se sostienen con recursos propios.
En este contexto, Cerruti planteó que lo “importante y trascendente” es que el Presidente y “la mitad de los gobernadores” impulsan esta decisión. Y hasta se mostró esperanzada de sumar más adhesiones mientras la propuesta avance.
Pese a que admitió que estos planteos “no entran en las preocupaciones de la gente”, Cerruti marcó que cuando no funcionan las instituciones, se complica la vida de los ciudadanos.
Para cerrar el tema, la portavoz remarcó que “la mayoría de los gobernadores comparte la preocupación por el accionar de la Corte Suprema”. Y auguró que el apoyo puede crecer: “Tal vez más adelante otros gobernadores y actores de la sociedad civil se expresen, porque para eso es el debate en una comisión de juicio político, para que se puedan transparentar mecanismos que nosotros creemos que le han hecho mucho daño a la Argentina”.Gabriela Cerruti habla en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana en la Casa Rosada
“El Presidente no piensa en un DNU, el presidente con los temas judiciales está pensado en el juicio político que se va a iniciar próximamente (contra la Corte Suprema)”, concluyó.
La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, le envió un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al pedirle que mantenga en su gabinete al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, tras haber quedado envuelto en la polémica por el viaje que compartió con jueces, fiscales, y directivos del grupo Clarín a Lago Escondido y la posterior filtración de supuestos chats de conversaciones suyas, que se encuentra bajo investigación judicial.
Si bien en la actualidad la ex diputada se ubica más cerca políticamente de Rodríguez Larreta que del «ala dura» del PRO que encarnan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, eso no la privó de marcarle la cancha al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires.
A través de su cuenta de Twitter, y sin dar nombres, Carrió criticó la falta de apoyo público por parte de Rodríguez Larreta hacia D’Alessandro luego de que se filtraran distintas conversaciones que el ministro mantenía con Silvio Robles, uno de los colaboradores de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el empresario Marcelo Violante, quien tenía la concesión del servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires.
El mensaje se dio en momentos en que circulaban versiones de que el jefe de Gobierno porteño podría ceder a pedidos de su entorno para remover del cargo al ministro en medio de la polémica desatada. «No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron al (fiscal Alberto) Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias«, escribió la líder de la CC. Y agregó «Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente».
La denuncia a la que hace referencia es la que presentaron este martes los diputados de la CC, Paula Oliveto y Juan Manuel López. En el escrito, acusaron al ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, el ministerio de Defensa que dirige Jorge Taiana, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya cabeza es el ex diputado Agustín Rossi y al militar retirado César Milani.
«Cuando el espionaje es realizado desde el Estado, particularmente, desde la coordinación de los organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), su gravedad institucional aumenta considerablemente», afirman los denunciantes.
Además, Oliveto y López añadieron que «se habría generado una estructura dentro del organismo de inteligencia que, naturalmente, habría promovido las condiciones y los medios para que se haya desplegado esta ‘tarea ilegal’ que venimos a poner en su conocimiento».
Según trascendió, D’Alessandro tiene un buen vínculo con Carrió, e incluso asistió días atrás a la celebración del cumpleaños de la dirigente chaqueña en su casa del municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz. En esa línea, la integrante del frente Juntos por el Cambio considera que el ministro no tenía impedimentos para viajar a la estancia de Lewis, ya que el empresario inglés no tiene concesiones con la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de las críticas, Carrió apoyó el anuncio de Rodríguez Larreta
Si bien la líder de la CC se mostró crítica con el jefe de Gobierno porteño, luego apoyó a Rodríguez Larreta y respaldó la carta pública que compartió el funcionario a través de su cuenta de Twitter. «Acompaño la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. Hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales. No podemos ser víctimas del espionaje ilegal», manifestó.
El jefe de Gobierno porteño ratificó lo dicho por el ministro de Seguridad sobre que es víctima de un espionaje ilegal y que los chats difundidos son «falsos»: «Esto es producto de una operación de espionaje ilegal. Hubo un hackeo, un robo de una línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad. Esto es inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios que nos hacen una república democrática. Así se manejan las mafias».
Además, salió a defender al funcionario acusado. «Yo confío en Marcelo D’Alessandro y valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo», escribió Rodríguez Larreta.
La “emisión silenciosa” de pesos es posiblemente el principal desafío que enfrenta Sergio Massa para quitarle presión al tipo de cambio y al mismo tiempo bajar la inflación. Se trata del mecanismo por el cual el Banco Central se compromete a comprarle al sector privado todos los bonos en pesos que hagan falta para evitar un derrumbe de las cotizaciones y una suba de las tasas de interés. Tal como lo dijo en su momento el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se trata de una apuesta que se mantendrá para lo cual hará “lo que sea necesario”.
Con nuevos bonos, el Tesoro quiere patear los vencimientos de la deuda en pesos hasta 2024Hoy realizará una licitación de bonos por 4,2 billones en moneda local, la tercera desde que Sergio Massa es ministro de Economía. Si es exitosa, se reducirá la expansión monetaria futura
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Hay de hecho dos grandes definiciones del ministro de Economía que se fueron consolidando con el paso de los meses. La primera es que no habrá una devaluación brusca del tipo de cambio oficial, sino que se seguirá un patrón de depreciación, que incluso en diciembre se redujo en relación a los meses previos.
La segunda de esas definiciones es que se evitará a toda costa un nuevo “reperfilamiento” de la deuda local. De esta forma, se busca que los tenedores de bonos tengan confianza, acepten refinanciar y estirar los plazos de vencimiento. Se trata de una herramienta imprescindible para llegar a las PASO de agosto de la mejor manera posible y sin una acumulación insostenible de deuda en moneda local.
Massa debe luchar contra una vieja tradición argentina, que es la de dolarizarse, pero especialmente cuando se acercan las elecciones presidenciales. En general en los meses previos a los comicios hay mayor volatilidad cambiaria y hay más interés de los inversores en esperar los resultados electorales en moneda dura.
Primer test del año para Massa: atraer a los inversores privados al canje de deuda esta semanaLas últimas operaciones dejaron un mejor clima en el mercado, pero sigue siendo un desafío lograr estirar los plazos de los vencimientos y reducir la tasa de interés
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La megaemisión de pesos para salir a recomprar bonos que los inversores rechazaban fue consecuencia de la fuerte inquietud que generó la intempestiva renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía. Aquella decisión apresurada y sin mayores explicaciones provocó una emisión de cerca de 2 billones de pesos para recomprar bonos en pesos que los tenedores no querían mantener en cartera.
Aquella intervención en el mercado secundario de deuda provocó fuerte presión sobre el dólar y luego más inflación, que llegó a superar el 7% mensual.
Desde que llegó al ministerio de Economia, Sergio Massa fue consolidando dos compromisos sobre lo que no está dispuesto que ocurra, al menos hasta las elecciones: no habrá devaluación brusca y tampoco un reperfilamiento de la deuda en pesos, lo que obliga a emitir “cueste lo que cueste” en momentos de alta incertidumbre
Un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, destaca que efectivamente el Gobierno cumplió el compromiso con el FMI de reducir los adelantos transitorios del Central al Tesoro. Se autorizaba hasta 1% de financiamiento al Gobierno para tapar el agujero fiscal. Pero al final se terminó girando 0,6% del PBI. “Esta cifra representa, por otra parte, apenas 7% del total de la emisión del año”.
Pero existen otras fuentes de expansión monetaria, como la compra de dólares por parte del BCRA (ahora exacerbado por el tipo de cambio diferencial del dólar soja) o el pago de pasivos monetarios por parte del Central, por ejemplo para hacer frente a los intereses de las Leliq.
Sin embargo, una fuente creciente de emisión es la recompra de bonos emitidos por el Tesoro por parte del Banco Central. Se trata de títulos en poder de inversores que no quieren seguir en pesos a medida que se acercan las elecciones y que el BCRA termina comprando. Claro que resulta un dato mucho más difícil de seguir en las estadísticas oficiales, por lo que se trata de una suerte de “emisión silenciosa”, pero que termina siendo tanto o más dañina que las expansiones monetarias tradicionales, por ejemplo via adelantos transitorios.
Con el canje de deuda, Massa buscará despejar la mitad de los vencimientos de deuda del primer trimestreEl Ministerio de Economía lanzará este martes el primer canje de bonos y letras en pesos. Este lunes la Secretaría de Finanzas incluyó una nueva opción para los inversores con títulos atados a la inflación
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Un llamado de atención o como mínimo una señal para tener en cuenta es el canje de bonos que llevó adelante ayer el Tesoro. De los 4,2 billones que vencían se logró refinanciar y patear para adelante deuda por el equivalente a 3 billones de pesos. Eso significa que también quedaron títulos por 1,2 billones de pesos en poder de inversores que por ahora prefieren no recibir nueva deuda en moneda local.
Esos bonos vencerán a lo largo del primer trimestre. ¿Qué pasa si no se logra refinanciar al momento del vencimiento? Básicamente que el Banco Central tendría que salir a recomprar esa deuda, siempre y cuando no consiga ser refinanciada.
El IERAL lo expuso de esta forma: la emisión por adelantos transitorios fue el año pasado de un 0,6% del PBI. El pago de Leliq y otros pases pasivos implicó 4,2% del PBI, pero ya cerca está la “emisión silenciosa” para ponerle un piso a los bonos en moneda local, que representó el 2,1% del PBI el año pasado, con riesgo que siga creciendo aún más en 2023.
En medio de la fuerte tensión que atraviesa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a raíz de nuevas filtraciones ilegales de presuntos chats privados suyos, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, anunció hoy que se tomará una licencia “temporaria”. Si bien insistió en que es víctima de una operación de espionaje clandestina, argumentó que necesita correrse de manera transitoria de su puesto para “contener” a su familia y “preparar” su defensa en la Justicia.
“Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas familiares. Quiero contener a mi familia, que fue objeto también de estas infamias”, expresó D’Alessandro. Lo hizo en el cierre de una conferencia de prensa que había sido organizada por el Ejecutivo porteño para presentar una reducción “histórica” de los índices de robos y homicidios en el distrito.
D’Alessandro comunicó su decisión en la sede de la jefatura de la Policía de la Ciudad, escoltado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; y el jefe de la fuerza, Gabriel Berard. No estuvo Larreta, quien se reunió con Mauricio Macri en Cumelén y monitoreó el tema desde el Sur del país, adonde viajó el viernes para descansar y pasar las fiestas de fin de año. El alcalde, que tenía previsto regresar mañana a la Capital, publicó un mensaje en las redes sociales: resaltó que confía en D’Alessandro y que respeta su decisión de solicitar licencia. La presión interna para que diera un paso al costado había crecido durante las últimas horas.
“Todos saben que estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y montan situaciones, que no son reales. Quieren instalar la posverdad y el escándalo, para crear una crisis institucional”, sostuvo D’Alessandro. Anticipó que reunirá documentación para “desarticular las falacias” y demostrar la existencia de un supuesto aparato de inteligencia ilegal. El viernes pasado presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), cercano a Cristina Kirchner, por los chats filtrados.
D’Alessandro, quien habló con Larreta durante las últimas horas para definir su futuro, agradeció el respaldo público de su jefe y de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien le pidió al alcalde porteño que sostenga a su ministro en el cargo para no convalidar una maniobra de espionaje ilegal. Desde Exaltación de la Cruz, Carrió estuvo en contacto permanente con D’Alessandro y Larreta. Se mostró satisfecha en charlas cerradas sobre la decisión: “En marzo lo vamos a necesitar a Marcelo al frente de la Policía de la Ciudad”, deslizó. Esta noche, celebró que Larreta finalmente haya ratificado a D’Alessandro, pese a que aceptó el pedido de licencia: “Acompaño la decisión de Larreta. Hay que redoblarles la apuesta a las mafias. No podemos ser víctimas del espionaje”, insistió. Larreta le había transmitido su malestar por las críticas a sus asesores.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOlsibGlua3RyLmVlIiwidHIuZWUiLCJ0ZXJyYS5jb20uYnIiLCJ3d3cubGlua3RyLmVlIiwid3d3LnRyLmVlIiwid3d3LnRlcnJhLmNvbS5iciJdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdGltZWxpbmVfMTIwMzQiOnsiYnVja2V0IjoidHJlYXRtZW50IiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9lZGl0X2JhY2tlbmQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3JlZnNyY19zZXNzaW9uIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zaG93X2J1c2luZXNzX3ZlcmlmaWVkX2JhZGdlIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19jaGluX3BpbGxzXzE0NzQxIjp7ImJ1Y2tldCI6ImNvbG9yX2ljb25zIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbWl4ZWRfbWVkaWFfMTU4OTciOnsiYnVja2V0IjoidHJlYXRtZW50IiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zZW5zaXRpdmVfbWVkaWFfaW50ZXJzdGl0aWFsXzEzOTYzIjp7ImJ1Y2tldCI6ImludGVyc3RpdGlhbCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2R1cGxpY2F0ZV9zY3JpYmVzX3RvX3NldHRpbmdzIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd192aWRlb19obHNfZHluYW1pY19tYW5pZmVzdHNfMTUwODIiOnsiYnVja2V0IjoidHJ1ZV9iaXRyYXRlIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zaG93X2JsdWVfdmVyaWZpZWRfYmFkZ2UiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfZ292X3ZlcmlmaWVkX2JhZGdlIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19zaG93X2J1c2luZXNzX2FmZmlsaWF0ZV9iYWRnZSI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1610389784131690496&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fmarcelo-dalessandro-dara-una-conferencia-de-prensa-y-crecen-las-versiones-de-que-se-tomaria-una-nid03012023%2F&sessionId=3a9087efcb0f04ef7fba147173dd9b48fea27b43&theme=light&widgetsVersion=a3525f077c700%3A1667415560940&width=550px
Durante la conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad intentó minimizar los ruidos internos que generaron las filtraciones de sus conversaciones. En varios tramos de su discurso aclaró que su corrimiento de la gestión no implicaba una renuncia, aunque reveló que aún no definió con Larreta cuánto tiempo durará su licencia. Vaticinó que el plazo se extendería por dos o tres meses.
“Que no se especule más. Le dije a Larreta que necesitaba unas vacaciones más extendidas. En función de eso fue la chara con el jefe de gobierno. No estoy renunciando, me tomo una licencia temporaria a los efectos de poder ordenar un poco la situación”, puntualizó D’Alessandro. La puesta en escena del anuncio exhibió la presión interna para que se aparte. Es que el ministro comunicó su decisión custodiado por Miguel y Wolff, quien se incorporó a la gestión porteña el lunes pasado para oficiar como una suerte de espada mediática de su proyecto presidencial. Larreta evitó adelantar su vuelta a Buenos Aires para acompañar al funcionario.
Eso sí, publicó una carta en sus redes en la que dijo que es “inaceptable, ilegal y violatorio de todos los principios” de una república democrática que se hayan filtrado los chats privados de su ministro. Consideró que hay una “mafia” detrás del hackeo del teléfono de D’Alessandro y apuntó contra el kirchnerismo. “No somos todos lo mismo. Yo confío en Marcelo y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, indicó el jefe de gobierno.
De esta forma, Larreta intenta descomprimir la tensión sin recurrir a una medida drástica, como desplazarlo. Esa era la salida que sugerían varios dirigentes leales a Larreta. El gobierno porteño no designará un reemplazante de D´Alessandro, quien tenía bajo su órbita a la Policía de la Ciudad. La firma de las resoluciones ministeriales quedará a cargo de Miguel, el jefe de gabinete de Larreta. “No vamos a nombrar a nadie porque la licencia es transitoria. Yo voy a tomar la conducción del equipo”, explicó el ministro coordinador porteño. Cuando tomó la palabra, Miguel reclamó una “condena contundente” a la filtración ilegal de los chats privados de D’Alessandro y solicitó que la Justicia investigue quién está detrás de la difusión de las conversaciones.
Presión interna
Durante los últimos días creció la preocupación en el entorno de Larreta luego de la difusión de nuevos intercambios adjudicados a su ministro. La situación generó un intenso debate interno sobre cómo reaccionar ante las filtraciones. En el círculo de confianza del alcalde provocaba una fuerte inquietud el proceso de desgaste que podría sufrir la figura del jefe porteño, en la antesala del proceso electoral. En las últimas reuniones de mesa chica, Larreta y sus asesores evaluaron el costo político del caso.
D’Alessandro sostiene que los chats difundidos son falsos y asegura que fue víctima de una maniobra de espionaje ilegal. Denunció incluso que “perfilaron” a sus familiares en las redes sociales. Insiste en que no cometió ningún delito por su viaje a Lago Escondido y que se puso a disposición de la Justicia.
Marcelo D’AlessandroHernán Zenteno – LA NACION
Según las supuestas conversaciones privadas que se difundieron horas antes de que Cristina Kirchner fuera condenada en la causa de Vialidad y después de que D’Alessandro denunciara que su celular fue hackeado, el funcionario de Larreta y el resto de los integrantes de la comitiva que fue al Sur intentaban tapar datos del viaje.
La semana pasada se filtraron nuevos chats de D’Alessandro en los que mantenía supuestas conversaciones con Silvio Robles, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y con el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD, que tenía la concesión del servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires.
El ministro de Seguridad de Larreta negó que esos chats fueran reales y acusó al kirchnerismo de utilizar los servicios de inteligencia para extorsionarlo y generar una crisis institucional. Dijo que el Frente de Todos pretende “tapar a la jefa”, en referencia a la vicepresidenta, quien fue condenada en la causa Vialidad a seis años de cárcel e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos.
En una entrevista con LA NACION que concedió el viernes pasado, D’Alessandro dijo que no contemplaba renunciar a su cargo. Además, remarcó que se sentía respaldado por Larreta: “¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo?”, enfatizó.
A lo largo de la jornada,Carrió salió a respaldar a D’Alessandro, con quien tiene una buena relación, y presentó una denuncia penal contra César Milani, exjefe del Ejército, para que se investigue si está a cargo de una “mesa militar” dedicada a tareas de inteligencia clandestinas. Hasta hoy, la líder de la Coalición Cívica y los referentes de su fuerza habían mantenido una distancia prudencial del tema. Pero la sospecha de que Milani estaría detrás de la supuesta operación de inteligencia contra D’Alessandro la impulsó a entrar en acción. En cambio, otros aliados porteños de Larreta, como Martín Lousteau (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) o Graciela Ocaña (Confianza Pública) optaron por el silencio tras las últimas filtraciones ilegales. Lo propio hicieron Macri y Patricia Bullrich, quienes se encuentran de vacaciones.
El año 2023 no arrancó tranquilo. Es que en paralelo al escándalo por la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el anuncio del juicio político a la Corte Suprema, hubo un hecho de menor resonancia pero igual de trascendente. Clarín y La Nación publicaron una serie de artículos en los que denunciaron la supuesta existencia de una «mesa militar de espionaje« en la AFI y su interventor, Agustín Rossi, dijo que denunciará el hecho.
El funcionario sostuvo durante la noche del martes 3 de enero que este miércoles presentará en la Justicia una denuncia penal por violación a la Ley de Inteligencia contra los periodistas Daniel Santoro y Joaquín Morales Solá y los medios mencionados antes. Es porque son quienes escribieron artículos que daban cuenta de la existencia de un entramado en el que también vinculaban al ex titular del Ejército César Milani.
«Recién vengo de la AFI y firmé la denuncia. Estamos denunciando a (Joaquín) Morales Solá, a (Daniel) Santoro, a La Nación y Clarín por publicar nombres de agentes de inteligencia, parte de la estructura y funciones de la AFI y la respuesta que la AFI le dio a la Comisión Bicameral, protegidas y que no pueden ser difundidas arbitrariamente«, dijo Rossi en diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2023 (C5N).https://rudo.video/vod/bPncEY?volume=0
El primer artículo publicado a comienzos de la semana daba cuenta de un pedido de informes que había presentado Juntos por el Cambio para confirmar la existencia de una supuesta «mesa militar» dentro del organismo de inteligencia dedicada a hacer tareas de espionaje. También que en ese marco habría intervención de asesores ligados a Milani y la supuesta existencia de un enlace con empresas de telefonía para hacer escuchas ilegales.
De acuerdo a lo que contó Rossi y habían sostenido las publicaciones, ese pedido del bloque opositor fue elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, a cargo del diputado Leopoldo Moreau. Este, a su vez, le envió el pedido de informes a la AFI luego de analizarlo y desde ahí respondieron «antes de navidad».
Para el interventor de la AFI, la respuesta de ese informe fue replicada en los artículos publicados esta semana y eso es algo que está prohibido por ley. Por eso denunció públicamente una «operación» en su contra y en contra del organismo que maneja desde hace varios meses tras la salida de Cristina Caamaño.
«Morales Solá desde La Nación y Santoro desde Clarín se tiraron sobre la granada y empezaron a hacer un ataque a la AFI y a mi persona. Las respuestas del informe están protegidas por la Ley de Inteligencia», insistió el funcionario.
Rossi apuntó a periodistas por difundir información protegida por ley.
En ese momento arrancó un intercambio con el periodista Pablo Duggan que le reprochaba por qué no denunciaba al bloque que filtró el documento a la prensa en vez de a los periodistas que publicaron la información y que la denuncia en sí podría dar lugar a una interpretación de ataque a la libertad de expresión.
Ahí, Rossi respondió que los periodistas deberían saber que estaban publicando información protegida.
«Me llega un requerimiento previo a navidad, trabajo para que los legisladores tengan la respuesta lo más rápido posible y se la dan al periodismo. La responsabilidad la tiene el periodista también porque tiene que saber que lo que publica está protegido por una ley», manifestó.
Ya el lunes Rossi había salido por radio a desmentir la existencia de la supuesta «mesa militar de espionaje» durante una entrevista en Futurock.
«La nota la hace el periodista con el pedido de informes y no toma en cuenta la respuesta. La respuesta fue hecha la semana pasada. Antes de que finalice el año, y antes de que salgan a la luz los segundos chats de (el ministro de Seguridad porteño, Marcelo) D’alessandro», había deslizado aunque ahora anunció que irá contra los periodistas en el plano judicial.
«La falacia del periodista es construir una nota sobre el pedido de informes sin la respuesta», sostuvo.
El funcionario a cargo de la intervención de la AFI negó los supuestos expresados en el planteo al decir que «es una falacia absoluta, no existe».
«Voy a contestar en términos generales, porque la Ley de Inteligencia me impide dar detalles. En términos generales es una falacia absoluta, no existe ningún tipo de mesa. No está dentro de la incumbencia de la AFI», manifestó Rossi.
A su vez, consultado sobre la supuesta intervención de Milani, dijo que «personalmente no lo veo desde el día en que renunció como jefe del Ejército, en mayo del 2015″.
Una polémica inesperada se suscitó en las últimas horas entre la Casa Rosada y la provincia de Entre Ríos, que conduce Gustavo Bordet, por el apoyo al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que presentará mañana Alberto Fernández en el Congreso. Y es que el Gobierno difundió, de manera oficial, el documento con el pedido contra los integrantes del máximo tribunal por mal desempeño con la firma de 12 jefes provinciales, entre ellos, el mandatario entrerriano. Pero poco después, el propio gobernador, aliado del Presidente, salió a despegarse, al decir que si bien habia escuchado sus argumentos, nunca había admitido acompañar la medida.
Menos de dos horas después de que la oficina de la Portavoz publicara el documento con los nombres de los gobernadores, desde la sede gobernación de la provincia avisaron que, al igual que otros tres caciques del PJ, no apoyaban la polémica determinación del Presidente. Sobre los motivos, apenas estimaron que se había debido a “un error” del Gobierno, a raíz de que Bordet había participado del encuentro del Presidente con los jefes provinciales, este mediodía.PUBLICIDAD
En la Casa Rosada, en cambio, no admitieron una equivocación, y sostuvieron que Bordet sí aprobó que figurara su nombre. “Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no”, dijeron en el entorno del primer mandatario.
Sin embargo, tras golpe político que representó la marcha atrás de Bordet, también surgieron dudas sobre el apoyo de gobernador de Chubut, Marcelo Arcioni, que se encuentra fuera del país en un viaje. Durante su licencia, el vicegobernador Ricardo Sastre participó virtualmente de la reunión encabezada por Alberto Fernández.
No obstante, según pudo saber Infobae, Sastre tampoco firmó el pedido de juicio político. Si bien fuentes de la gobernación aseguraron que lo hará mañana, persisten las dudas debido a un conflicto que la provincia tiene pendiente en el máximo tribunal.
Con la quita de la firma de Bordet, la cantidad de mandatarios provinciales que apoyan son 11, lejos de la mayoría que había proclamado el Gobierno, si bien se trata de una proporción importante de referentes de los Ejecutivos peronistas del interior. La baja de Arcioni significaría un fuerte revés al objetivo de Alberto Fernández de mostrar un frente unificado con los gobernadores.
Además de la firma del Presidente, aparecen al pie del documento los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Pero decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines y representantes del PJ en San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.
Incómodo, Bordet evitó dar explicaciones sobre su postura. Aliado del cordobés Juan Schiaretti, el único peronista que se posiciona como férreo opositor del gobierno nacional, y del santafecino Omar Perotti, que tampoco apoyó el pedido de juicio político, el entrerriano suele evitar asociarse con el Gobierno en los temas más polémicos, y resguarda las relaciones políticas en el interior del país y su imagen a nivel local.
De hecho, es uno de los jefes provinciales que decidió adelantar las elecciones este año para separarlas de las nacionales. Sin posibilides de reelección, su espacio está amenazado por el avance de Juntos por el Cambio en las encuestas, con el liderazgo del ex ministro de Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.
En el inicio de un nuevo año, Consumidores Libres dio a conocer el relevamiento efectuado en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. En el mismo se analizó el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” y se observó un aumento del 4,28% durante el último mes del año. De esta forma, desde el 1 de enero del 2022 la suma acumulada es del 85,83 %.
De acuerdo con los datos presentados, los saltos porcentuales más altos se dieron en: kilo de zanahoria (+27,78%), kilo de naranja, (+15,70%), el kilo de manzana(+13,95%) y el kilo de pan fresco (+10%). En tanto, el kilo de cebolla bajó sus precios en relación a noviembre. El kilo de papa negra y las berenjenas no tuvieron alteraciones.
En la suma acumulada resalta la cebolla con un 333,33%, seguido por el kilo de papa (+321,43%) y kilo de azúcar (+228,57%).
DesdeFocus Market elaboró para el Blog de Educación Financiera de Naranja Xun Informe donde se muestra cuánto le cuesta a una familia tipo (2 adultos y 2 niños) equiparse para encarar el Verano 2023.
En ese sentido, se observa que la Canasta de Verano 2023 cuesta $ 151.643 y cuenta con 33 productos (15 categorías) planificada para una familia de 4 integrantes (2 adultos y 2 niños).
«Dentro de los artículos necesarios para la canasta de Verano 2023 algunas han sufrido aumentos muy fuertes, de hasta el 180 % interanual, como el caso de los protectores solares, cremas hidratantes e insecticidas», señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market. «A su vez, en el caso de indumentaria de baño y calzados para la playa los aumentos promedio han sido del 130 % interanual. Sin embargo, es imprescindible e inevitable su adquisición para los argentinos que se toman vacaciones independientemente si elijan playa o montaña muchos de estos productos» agregó.
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, antes de ingresar a la jura de los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura (Adrián Escandar)
El grupo de gobernadores que se reunió esta semana con el Presidente en la Casa Rosada
Gabriela Cerruti habla en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana en la Casa Rosada
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