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En un año electoral atípico, donde la mayor parte de las provincias tendrán elecciones desdobladas de las fechas nacionales, Alberto Fernández dio ayer un adelanto del cronograma de visitas que prepara para medirse en el interior del país con vistas a su reelección. Menos de un mes antes del primer turno electoral de 2023, visitó La Pampa, donde el peronismo logró una fórmula de unidad para las PASO, y planea hacer lo propio en el resto de los distritos, en principio los propios, para empezar a “medirse” frente al electorado, según dijeron en su entorno.

Alberto Fernández, que arrancó la campaña más temprano que el resto de los presidenciables del Frente de Todos, y les envió el mismo día de Año Nuevo a sus ministros un listado de argumentos para defender al Gobierno, tiene planeado recorrer el país en 2023 y la hoja de ruta estará guiada por las fechas de los comicios. “Va a ir a todas las provincias en la previa de las elecciones, está en campaña. Quiere ponerse a tono, ver si le da. Tiene que medir, y para eso tiene que hacerlas a todas, sin importar el tamaño”, admitieron cerca del Presidente, en referencia a la escasa población que representa La Pampa en el porcentaje nacional.PUBLICIDAD

En la mayor parte de los distritos que comanda el PJ decidieron, durante los últimos meses, adelantar sus fechas electorales, y en todas admitieron, por lo bajo, que la decisión obedeció a la urgencia por salvarse de ser arrastrados por la baja imagen del gobierno nacional en sus bastiones. Pero el Presidente, dicen quienes dialogan con él todos los días, no resiente la decisión. Incluso, en la intimidad argumenta que, en realidad, los gobernadores armaron cronogramas diferenciados para beneficiar a la fuerza a nivel nacional. “Se puede leer de manera opuesta: adelantan fechas para apuntalarnos desde temprano“, transmitió, optimista, un estrechísimo colaborador del primer mandatario.

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Ayer el Presidente hizo la primera avanzada, al visitar las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la localidad de Doblas, y se mostró codo a codo junto al gobernador Sergio Ziliotto, que competirá en las PASO del 12 de febrero bajo el sello de un peronismo unificado. El triunfo está asegurado, según las encuestas que manejan los referentes locales que arman la campaña para el PJ. El verdadero desafío, admiten, se planteará en mayo, cuando se juega la general, sobre todo si antes se impone el PRO. Por lo pronto, apuestan a que en la segunda fecha los favorezcan los niveles de resentimiento que -esperan- quedarán como resabio de las primarias entre los dos bandos de Juntos por el Cambio.

Dos temas nacionales de peso atravesaron el encuentro del Presidente con Ziliotto. Por un lado, la reciente ofensiva contra la Corte Suprema, que los alineó en la misma dirección: el pampeano integra el pelotón de jefes provinciales que presionaron al Ejecutivo para avanzar contra el máximo tribunal después del fallo por la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. E incluso será citado -y ya confirmó que asistirá- para declarar a favor del enjuiciamiento en la Comisión de Juicio Político.

Por otro estuvo la polémica con Mendoza por Portezuelo del Viento. Alberto Fernández había visitado, el día previo al encuentro, tierras mendocinas, donde el gobernador opositor radical Rodolfo Suárez se negó a recibirlo debido a la “bronca” que le causó el laudo del Presidente en su contra. Si bien en la Casa Rosada y en la gobernación aseguran, oficialmente, que su posicionamiento se debió a cuestiones “medioambientales”, en la provincia beneficiada lo festejaron como un guiño político desde la cúpula del Ejecutivo. Hoy, a pesar de los cortocircuitos del pasado por medidas vinculadas al agro y el manejo de la pandemia, aseguran que la relación es “excelente”.

A pesar de la omnipresencia de esos temas, Alberto Fernández eligió despojar su discurso de mensajes políticos calientes. No se refirió a la Corte, ni a Mendoza, ni al conflicto por la represa que comparten ambas jurisdicciones. Tampoco disparó contra Juntos por el Cambio, o contra Mauricio Macri, como se propuso la semana pasada (y cumplió en sus apariciones públicas más recientes). En Balcarce 50 dijeron que el primer mandatario está “dosificando” el nivel de belicosidad. “Es una de cal y una de arena, no podés ir siempre a confrontar”, explicó la dinámica un funcionario de su órbita. Y destacó que el día previo, en Mendoza, a pesar de que el contexto en la provincia opositora era propicio para el regar el conflicto, también eligió palabras suaves.La Pampa será el primer distrito en ir a elecciones

Ziliotto, por su parte, por ahora prefiere no centrar su estrategia en la oposición sino en la propia gestión y en “contar lo hecho hasta ahora”, según repiten en su entorno. Según aseguran, el gobernador bajó la orden de no intervenir en la volátil interna de Juntos por el Cambio, donde el Pro de Martín Maquieyra, alineado a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta, compite con la UCR, liderada por Martín Berhongaray, que responde al ala radical de Evolución, de Martín Lousteau. El oficialismo local, que logró un acuerdo en la agrietada coalición local, busca despegarse de las acusaciones de la oposición sobre una posible intromisión en las elecciones (el Pro teme que el justicialismo mande a sus votantes a respaldar a los radicales para esmerilar al partido de Mauricio Macri, la principal amenaza de cara a los comicios generales de mayo).

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El Presidente y Ziliotto recorrieron la obra bajo el sol del mediodía, y después almorzaron junto a empresarios de Pampa Energía y Techint que llevan adelante la obra en un salón refrigerado. Los acompañaron el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, cada vez más afianzado como su mano derecha política -fue quien negoció, en nombre de la Casa Rosada, los apoyos en el interior para el juicio a la Corte Suprema-, y la portavoz, Gabriela Cerruti. A los directivos de las compañías, el jefe de Estado les prometió “todos los recursos que necesiten” y les pidió que “terminen en los tiempos previstos las obras”, informaron desde el Gobierno.

El Presidente, sin embargo, tuvo tiempo para hablar a solas con Ziliotto, en los trayectos en helicóptero y por tierra para llegar al desértico terreno donde se ubica la obra. Hablaron de política, y de elecciones. “Alberto le puso a disposición todo lo que necesite para obtener un triunfo y Sergio se lo agradeció”, dijeron en Gobierno.

También estaba previsto que asistiera el ministro de Economía, Sergio Massa, virtual competidor de Alberto Fernández en la carrera por la Presidencia (aunque por ahora asegura que no tiene intenciones y evita confrontar con el jefe de Estado). Sin embargo, ayer sobre la hora trascendió que no estaría. En la Provincia no tuvieron referencias sobre el motivo del faltazo; y en el entorno del titular de Hacienda dijeron que tuvo un problema de salud.

Decidido a competir más allá de todo, el Presidente prepara el terreno en el interior. Se mira en los ojos de los vecinos de las localidades que visita -ayer estuvo una hora con los habitantes de Doblas en el Club Independiente- y se toma selfies, que luego distribuye. Hace tiempo que no dice que quiere competir -la última vez fue hace meses- pero está trabajando para ello. Lo dicen sus colaboradores, y lo evidencias sus pasos, que durante los próximos meses estarán guiados por el cronograma electoral de las provincias.

Fuente: Infobae.com

Para sorpresa de oficialistas y opositores, la ley de presupuesto 2023 que ya comenzó a regir no incluye la mayoría de los refuerzos presupuestarios que el ministro de Economía, Sergio Massa, les había prometido para garantizarse la sanción de la norma en el Congreso. Ello se desprende de la decisión administrativa que dictó el Poder Ejecutivo el lunes pasado, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios entre las distintas jurisdicciones de la administración pública.

Si bien el jefe de Gabinete, Juan Manzur, tiene facultades para recomponer las partidas durante el transcurso del año acorde a lo que se votó en el Congreso, lo cierto es que el Ministerio de Economía decidió que al menos por ahora no aumentará el gasto ni reasignará recursos para cumplir con lo prometido a los legisladores para que voten la ley. Entre esos compromisos figuraban subas de partidas a educación y políticas alimentarias, dos rubros que sufrían fuertes ajustes en el proyecto original de presupuesto y que, por presión de los propios legisladores oficialistas, Massa prometió reforzar en distintos artículos de la norma.

Sin embargo, en la primera distribución de los créditos a las distintas jurisdicciones, muchos de esos refuerzos no figuran: así lo confirma la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en su informe. Esto obligará a gobernadores, intendentes y a los distintos sectores afectados por el recorte a desfilar por el Ministerio de Economía para pedir por los fondos que se les prometió. En un año electoral, Massa hará valer su condición de dueño de la llave de la caja a la hora de hacer concesiones.

Massa sonríe. Cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley de presupuesto 2023 en octubre pasado, el ministro de Economía se vanaglorió de haber obtenido 180 votos positivos, todo un récord si se considera que el oficialismo es allí minoría. No sólo lo apoyó la tropa oficialista, sino también sumó adhesiones de distintos bloques opositores, entre ellos la UCR, Evolución Radical, el interbloque Federal y los tradicionales aliados de Provincias Unidas. La bancada de Pro se abstuvo mientras que la Coalición Cívica, los libertarios y la izquierda votaron en contra.

Para alcanzar semejante caudal de votos en la Cámara baja Massa accedió a que el Congreso incorporara nuevas autorizaciones de gasto en distintos artículos de la ley por un total de $567.700 millones (0,4% del PBI). El Ministerio de Economía se cuidó de no alterar la pauta del gasto total previsto en el proyecto original –clave para cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- pero en la ley permitió que se hicieran las reasignaciones presupuestarias correspondientes para cumplir con los compromisos políticos.

Promesas que deberán esperar

Entre los refuerzos prometidos que por ahora no se ven reflejadas en la ley de presupuesto figuran las siguientes, según el informe de la OPC:

• Bosques nativos: el proyecto original establecía un monto de $8000 millones para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y otro de $500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos. Como esta asignación no cumplía con lo establecido en la ley de Bosques, diputados oficialistas y opositores de distintos bloques presionaron por un refuerzo, que finalmente fue de $1500 millones en total. Sin embargo, esta suba aún no se cristalizó en el presupuesto.
• Fondo de Compensación al Transporte Automotor de Pasajeros del interior del país: este fue uno de los puntos que mayor tensión generó dentro del bloque oficialista. Massa había incluido en el proyecto original una partida $66.000 millones, pero los diputados del interior, tanto del Frente de Todos como de la oposición, alertaron que era insuficiente y que las provincias se verían obligadas a subir todavía más la tarifa del transporte, de por sí más elevadas que las del AMBA. El ministro accedió a elevar la partida a $85.000 millones, pero en la decisión administrativa no se reflejó esa suba ($18.946 millones).
• Asignación a la provincia de La Rioja y sus municipios: en cada ley de presupuesto los gobiernos de turno compensan a La Rioja por el punto de coparticipación que se le adeuda. La asignación original para 2023 era de $25.700 millones, pero los diputados riojanos -sin distinciones partidarias- la consideraron insuficiente y unieron fuerzas por un aumento. Massa les concedió una suba de $21.300 millones, aunque todavía no se materializó.
• Políticas Alimentarias: Massa había concedido una suba de $101.890 millones para calmar los reclamos de los diputados oficialistas -sobre todo el kirchnerismo y aquellos ligados a las organizaciones sociales- que advirtieron que la partida original contenía un fuerte ajuste.
• Asignaciones familiares: ante la presión de oficialistas y opositores, el Ministerio de Economía concedió un aumento de $90.830 millones para este rubro, que ya venía con un fuerte ajuste en términos reales en el presupuesto original. Sin embargo, según la OPC, aun con este fuerzo no alcanzaría para mantener los valores percibidos durante 2022, mostrando éstas una reducción del 18,3% en términos reales.
• Educación: ante la fuerte reducción en términos reales del presupuesto educativo para 2023, diputados oficialistas, Juntos por el Cambio y la izquierda reclamaron subas en las partidas destinadas a las becas para estudiantes y al Fondo de Incentivo Docente (FONID). En el primer caso se acordó un incremento de $59.542 millones y otros $31.175 millones para el FONID. Por ahora no se cristalizaron en el reparto de los créditos presupuestarios.
• Integración socio urbana: Los diputados oficialistas ligados a las organizaciones sociales reclamaron un refuerzo para esta partida, destinada a la urbanización de los barrios populares. Lograron un incremento de $19.700 millones que no se reflejó en la decisión administrativa.
• Políticas alimentarias-comedores escolares provincia de Buenos Aires: $12.969 millones de incremento destinados a la provincia gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof.

Mención aparte merece el artículo 130 de la ley de presupuesto que el oficialismo incluyó en el Congreso para rebatir las críticas de la oposición por el drástico recorte que estaba previsto en las partidas educativas. Dicho artículo dispone que el 1,33% del PBI debe destinarse a este fin: casi dos billones de pesos, según estimó la OPC para este año.

“Los créditos asignados para 2023 para la función Educación y Cultura totalizan $1,754 billón; dado que la ley de presupuesto contempla nuevas autorizaciones de gasto en materia educativa por $95.286 millones, restarían incorporar $108.878 millones a lo largo del ejercicio para alcanzar la meta establecida”, indicó la OPC.

Laura Serra

Fuente: La Nación

Tras la reunión que mantuvieron las autoridades de la Mesa de Enlace en la sede porteña de la Federación Agraria, coincidieron en que la situación del campo a raíz de la sequía requiere de una intervención urgente y efectiva. El campo, según los dirigentes rurales, «ya no puede esperar los tiempos de la política».

El frente de organizaciones rurales hizo expresos los pedidos que llevará a la reunión de este viernes con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el Inta de Castelar.

«Dejamos de manifiesto que la impiadosa situación climática y la cruel sequía que afectan a las diversas zonas productivas y a miles de productores agropecuarios de zonas rurales de todo el país, nos ponen como sociedad en general y como sector productivo en particular en un estado de alerta permanente«, indica el comunicado de los ruralistas, donde piden medidas concretas.

¿Fin de la desastrosa sequía? Cuándo llegarán las lluvias que traerán alivio al campo

Al encuentro asistirá el ministro Massa; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Nación y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

«La Mesa de Enlace participará de la convocatoria por tratarse ésta de una reunión técnica de trabajo junto a otros organismos para intercambiar y hacer propuestas en el marco de una jornada que estuvimos esperando por más de un mes, y dejando de manifiesto no prestarse a acompañar anuncios de ningún tipo ni actividades de índole política», dejaron en claro.

«El ministro Massa entiende y sabe del problema, por eso está recorriendo el país intentando brindar algunas ayudas, que no hacen a la solución del problema, pero muestra que entiende la situación», dijo Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, a la salida del encuentro.

La postura de la Mesa de Enlace frente a la sequía

«A situaciones extremas, soluciones concretas», fue la premisa de la Mesa y eso es lo que proponen direccionando los pedidos a cada entidad con la que mañana entrarán en contacto.

A la pata política le solicitarán agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales para poder implementar las medidas que la ley prevé tales como: la Suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias, Prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales y Venta forzosa de vientres para el cálculo del impuesto a las Ganancias.

Respecto de las necesidades con el Banco Central, las medidas apuntan a que deroguen la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de Soja. También esperan que se prevea que los productores en emergencia y/o Desastre, no modifiquen su condición para el acceso al crédito, por esta situación, y eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo del BCRA.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue directo: «Es un momento crítico debido al clima, pero no es culpa del clima. El clima tiene estos vaivenes, pero desnudan la falta de políticas públicas que venimos llevando durante muchos años y llegaron a un momento cúlmine donde los productores se encuentran desfinanciados y no tienen herramientas para hacer frente en un momento tan critico en el que nos pone la sequía».

A los bancos se les exigirá prorrogar créditos a los productores en Emergencia y/o Desastre, y que los mismos no vean afectada su calificación en los Bancos por esta razón. Asimismo, consideran necesario promover créditos a tasas accesibles/subsidiadas para afrontar los compromisos comerciales y financieros de los productores afectados, y generar líneas de capital de trabajo y/o siembra para la próxima campaña en las mismas condiciones. También solicitarán prorrogar los vencimientos de las tarjetas rurales (como Agronación en Banco de la Nación) con las facilidades antes mencionadas.

Respecto de la AFIP, esperan poder suspender retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos y hacienda de la campaña 2022/23 y suspender IVA a los Insumos (Fertilizantes, Agroquímicos, y Semillas) para la campaña 2023/24.

El titular de Coninagro, Elbio Laucirica, afirmó: «Avizoramos la situación crítica hace un tiempo, pero hoy ya tenemos daños concretos. La cosecha de trigo algunos hablan del 40% de pérdida, otros del 50%, las economías regionales también están mal. Luego, en tono de reclamo, indicó que le habían hecho a Bahillo y el Consejo Federal Agrario «unos pedidos concretos que queremos reforzar con el ministro, ya que ni la AFIP, ni el Banco Central, ni el Nación han tomado nota de los mismos».

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), remarcó la necesidad de prórroga impositiva, dado que el productor no va a tener recursos para hacer frente a los vencimientos, y asistencia financiera.

«Alivio impositivo y créditos» resumió. «Vienen vencimientos de tarjetas que están financiando insumos que no vamos a poder cubrir. Es necesario que desde el gobierno se entienda y que responda al campo en base a los recursos que este aporta para el país», consideró.

El encuentro está pautado para este viernes a las 10 en la sede del INTA Castelar, tras la modificación del punto de reunión, que en principio había sido programada en San Pedro.

Fuente: Perfil.com

Con el aval público de Alberto Fernández y el apoyo silencioso de Cristina Kirchner, la bancada oficialista de la Cámara de Diputados resolvió ayer el cronograma de trabajo que ejecutará la Comisión de Juicio Político para aprobar las acusaciones presentadas por el Gobierno contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

Esa hoja de ruta iniciará hoy con la convocatoria formal a las reuniones de la Comisión de Juicio Político, que empezarán el 26 de enero, continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 11 casos ya presentados, y tendrá un pico de tensión institucional el próximo 9 de febrero.PUBLICIDAD

Ese día, los 16 miembros peronistas resolverán que la Comisión de Juicio Político trate todas las acusaciones que empuja el Presidente contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

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En la Comisión de Juicio Político se han presentado 11 denuncias -ente el oficialismo, la oposición y particulares-, pero los diputados peronistas votarán a favor de los casos que tienen el aval de Balcarce 50 y los 11 gobernadores oficialistas.

Es lo que quiere Alberto Fernández y avala CFK en silencio.

El jefe de bloque de Diputados, Germán Martínez, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Claudia Penacca, resolvieron ayer ese cronograma de trabajo que será impuesto a los legisladores de la oposición.

El oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político y fija las reglas de juego.Alberto Fernández, Germán Martínez y Carolina Gaillard durante un encuentro en Olivos para tratar el juicio político a la Corte Suprema

El proyecto de Resolución solicitando el juicio político que presentó Eduardo Valdés -junto a otros 14 diputados peronistas- tiene 410 fojas de extensión. Ese proyecto divide las acusaciones por cada integrante de la Corte Suprema y hace eje en sentencias del alto tribunal vinculadas a la Coparticipación Federal, el Consejo de la Magistratura, los Derechos Humanos -caso Muiña- y la Obra Social del Poder Judicial.

La presentación parlamentaria de Valdés no sólo ataca las sentencias que Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda dictaron en ejercicio de sus facultades constitucionales, sino que además habilita la posibilidad de utilizar como prueba ciertos chats privados que fueron hackeados de las cuentas de sus titulares.

Esos chats no pueden ser utilizados como evidencia. Se trata de un fruto del árbol envenenado, ya que es una supuesta prueba viciada de ilegalidad. Los miembros oficialistas de la Comisión de Juicio Político podrían releer el caso Silverthorne Lumber Company contra Estados Unidos, que dio origen a la doctrina del Fruto del Árbol Envenenado y su aplicación recurrente en la jurisprudencia nacional e internacional.

En la foja 80 del proyecto oficialista de juicio político se lee lo siguiente.

“IV.- 3. CITACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS:

Sin perjuicio de la facultad contemplada en el art. 13 del Reglamento Interno, solicitamos se cita a la Comisión de Juicio Político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

– HORACIO DANIEL ROSATTI

– CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

– JUAN CARLOS MAQUEDA

– RICARDO LORENZETTI”.

Este párrafo de la presentación causa un hecho inédito en la historia del derecho parlamentario. El articulo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político establece:

“Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.

Es decir: los diputados oficialistas proponen en el juicio político a la Corte que se viole el reglamento de la comisión para citar a Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Entonces, los legisladores peronistas intentan juzgar a los miembros de la Corte por sus presuntas sentencias ilegales a través de acciones que la propia Comisión de Juicio Político prohíbe taxativamente en el artículo 13 de su reglamento.

Los dieciséis miembros oficialistas de la Comisión -más los quince que firmaron el proyecto de Resolución- no están solos en su interpretación jurídica del artículo 13 del reglamento. Alberto Fernández piensa lo mismo, y fue clave su mirada personal para definir que sean citados los cuatro miembros del alto tribunal.

Eso sucederá antes que concluya marzo. Así figura en el plan de batalla que la Casa Rosada diseñó contra la Corte Suprema.

Fuente: Infobae.com

La sequía podría tener fecha de vencimiento, ya que para los próximos 14 días se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y el norte del país, de acuerdo con el Informe Agrometeorológico elaborado por el INTA, el cual destaca que «algunos acumulados podrían ser importantes sobre las regiones con déficit».

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, los magros rendimientos en trigo, soja y maíz por la sequía generarán pérdidas de 10 mil millones de dólares para los productores, así como una merma de dos puntos del PBI para la economía argentina debido a la caída de exportaciones.

Las lluvias llegan demasiado tarde para salvar de las sequías a la soja argentinaPUBLICIDAD

El reporte fue analizado por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo en un encuentro con Director del Centro de Investigación Agropecuarias (CNIA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri. 

Los técnicos del INTA manifestaron que en febrero terminará el fenómeno de La Niña, que generó consigo sequías y una notable baja en los ríos, durante los últimos tres años. 

De esta manera, comenzaría una etapa «neutra», donde paulatinamente aumenten las probabilidades de lluvias a lo largo y ancho del país hasta la llegada del fenómeno de El Niño, que trae consigo abundantes precipitaciones, indicaron desde la secretaría agropecuaria.

“Más allá de los diagnósticos de situación que establece el INTA, es importante destacar que al día de la fecha no se pueden realizar estimaciones sobre la siembra dado que en grandes áreas del país todavía no se concretó y en aquellas donde sí se hizo efectivo, resta esperar al menos 30 días para realizar algún tipo de análisis”, indicaron desde la secretaría que conduce José Bahillo.

Mercuri sostuvo que «para las zonas de escasez de agua, en principio, vemos en los próximos días mejores chances de precipitación que en la primera etapa de enero» y agregó «si esto se concreta, muchas zonas podrían mejorar su condición de cultivo y podríamos comenzar con una mejora gradual en cuanto a la disponibilidad de agua por distintos eventos de precipitación».

Pérdidas millonarias: la sequía le da un golpe mortal al maíz de primera

Abriendo el paraguas

Además el Director del CNIA dijo «la tendencia de eventos de precipitación también se pueden extender para el mes de febrero». 

Mércuri aclaró que «son las condiciones analizadas al día de hoy. Siempre son escenarios probabilísticos que hay que actualizarlos día a día, especialmente en este contexto de enfriamiento marcado en el Océano Pacífico que reduce y cambia la circulación de vientos y masas de humedad en la atmósfera sobre nuestra región productiva».

Fuente: Perfil.com

Aunque desde el sindicato de Camioneros aseguraron durante los últimos días que ya son más de 15 los gremios que están colaborando con la Secretaría de Comercio de la Nación con los controles de precios en las grandes cadenas de supermercados, hay sectores del sindicalismo que no muestran interés en participar y que si fueran invitados a hacerlo tampoco se sumarían. La interna que vive desde hace tiempo la CGT se trasladó a este ámbito. Mientras tanto, las organizaciones sociales afines al oficialismo -que también colaboran en los controles- tienen un accionar más homogéneo.

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, fue el vocero en los últimos días del sector más combativo de la central obrera, que pretende acompañar al ministro de Economía, Sergio Massa, en su cruzada contra la inflación después del lanzamiento del programa Precios Justos, que estableció un precio tope para unos 1800 productos hasta el 28 de febrero. Moyano defendió con énfasis la colaboración que prestaron sus afiliados principalmente en los centros de distribución de las grandes cadenas de supermercados y sostuvo que varios más se habían acoplado a la iniciativa.PUBLICIDAD

Si bien Moyano, más cercano al kirchnerismo, señaló que varios sindicatos vinculados a la alimentación y al comercio estaban involucrados en los controles, la interna quedó expuesta cuando, ante la consulta de Infobae, al menos desde dos de ellos expresaron su desacuerdo. Fuentes del sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, respondieron: “No fuimos convocados y si nos convocan no vamos a sumarnos”. Una situación similar plantearon desde una seccional de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.Los sindicalistas de Camioneros se irrumpieron en una distribuidora para controlar precios (@infocamioneros)

En la Confederación Argentina de Sindicatos de la Alimentación (CASIA) están agrupados, por ejemplo, la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA), la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (F.A.T.A.G.A.), la Asociación de Lecheros de la República Argentina (ATILRA), la Unión de Carga y Descarga, los trabajadores de la Industria de la Carne, los Fideeros, los Pasteleros, los Molineros y la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Algunos de estos gremios permanecen alineados a Moyano y se muestran activos en los controles. Otros, los más moderados, se mantienen al margen.

Uno de los integrantes de la FTIA le reveló a Infobae que con la Secretaría de Comercio que orienta Matías Tombolini están en permanente contacto, pero desde antes de la implementación de Precios Justos. “Hacemos relevamientos en las góndolas en Córdoba, en Rosario y en Capital Federal, informándole a la Secretaría qué productos faltan y también si llegan en tiempo y forma a los supermercados. Incluso evaluamos el comportamiento de 45 precios de referencia. Desde que se conformó el Observatorio de Precios con la Asociación de Consumidores que venimos siguiendo al tema”, explicaron. “Lo nuestro es un informe, luego Comercio aplica o no las sanciones”, agregaron.Desde los sindicatos afirman que están ayudando a la Secretaría de Comercio para que no falten productos en las góndolas de los supermercados (Maximiliano Luna)

“Es cierto que nuestra función no es controlar los precios de los alimentos, pero siempre estará presente nuestra predisposición para colaborar con el Gobierno en su lucha contra la inflación y para garantizar un salario digno para nuestros trabajadores para que puedan seguir cumpliendo con la misión de abastecer de alimentos a todo el país”, indicó un comunicado que difundió Camioneros esta mañana.

“Se nos ataca injustamente cuando no hicimos otra cosa que prestar colaboración a pedido del Gobierno, conjuntamente con otras organizaciones sindicales, con la Secretaría de Comercio que es la única que tiene la facultad para controlar los precios”, sostiene en otro de sus párrafos, en los que también cuestiona las denuncias que hicieron representantes de la oposición y recordaron el papel del sindicato durante la pandemia que ayudó en la provisión de diversos servicios considerados como esenciales.

“A pesar de todas las falsas denuncias y campañas mediáticas antisindicales, seguiremos trabajando para que nuestro país pueda salir adelante, se pueda controlar la inflación y los trabajadores tengan ingresos suficientes para vivir con la dignidad que se merecen”, cierra el texto.El Programa de Precios Justos se vence el 28 de febrero pero el Gobierno quiere renovarlo hasta fin de año

En los movimientos sociales las posiciones son un poco más unificadas. Militantes de Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, quien también es subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, irán a supermercados de la Costa Atlántica para que los consumidores se informen y puedan denunciar las irregularidades que se detecten a través de la aplicación móvil.

Otras organizaciones como el Movimiento Evita y los nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) mantienen algunas diferencias sobre la efectividad de los controles pero igualmente contribuirán a supervisar de la misma manera.

Menéndez dijo en declaraciones radiales: “Desde hace dos meses nos pusimos a disposición de la Secretaría de Comercio con gran preocupación por el alza de los precios. Se planteó la necesidad de acompañar a través de la aplicación móvil, poder ver los precios, el listado y el monto de los productos incluidos en el Programa. La gente tiene la posibilidad de realizar una denuncia. Es bueno que participe la sociedad, los productores y los comercializadores”.

En el Evita, liderado por Fernando “Chino” Navarro y por Emilio Pérsico, sostienen que fueron invitados a participar de los controles y que los están haciendo “pero sin pecheras ni tanta difusión en los medios” porque entienden que hacen falta más herramientas para combatir la inflación. Entre esos mecanismos citan la necesidad de darles “más poder a las cooperativas, que no haya tanta concentración de la producción y que los acuerdos lleguen a los comercios de cercanía”.

El balance del programa hasta el momento

Desde el Ministerio de Economía dejaron trascender conformismo por cómo se está aplicando la medida y aseguraron que, según sus estadísticas, “mucha gente en todo el país se trasladó y no está comprando en su lugar habitual” para encontrar los precios fijos.

“Si bien está principalmente enfocado a alimentos, bebidas, higiene y bienes de consumo básico de un hogar, también se van sumando otros sectores a este acuerdo de Precios como zapatillas y ropa. Esto es bueno porque implica más compromiso y se hace más amplio aún el acuerdo”, explicaron.

Los cinco puntos que resaltan desde el entorno de Massa son: buena aceptación y reacciones por parte de la gente; la aplicación tuvo muchas descargas; la gente busca los Precios Justos y eso ordena; cada vez se suman más sectores y eso hace que no sea un parche sino que ordene los precios de manera más integral; hay luz verde por parte de los consumidores.

Fuente: Infobae.com

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, pidió que Nicolás Maduro sea detenido “por haber cometido crímenes de lesa humanidad” si viene a la Argentina en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebrará en la ciudad de Buenos Aires el 24 de enero.

“Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998″, afirmó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y agregó: “La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos”.

Fuente: La Nación

Las alarmas sonaron en la oposición ante el avance progresivo de la construcción de un «puerto multipropósito» radicado en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Si bien el Gobierno se había comprometido a impedir la instalación de una base de origen chino en el sur, distintos referentes del arco opositor insistieron en la necesidad de una intervención inmediata de Cancillería para frenar las obras que atribuyeron a China Shaanxi Chemical Industry Group. «Detenga esta locura, canciller Santiago Cafiero«, remarcó un dirigente de Juntos por el Cambio.

«Los recursos y la soberanía están en juego», observó el diputado del PRO Héctor “Tito” Stefani, para quien «es sumamente importante para los fueguinos conocer de boca del gobernador los detalles del acuerdo firmado con la empresa estatal China Shaanxi Chemical Industry Group para construir una planta multipropósito en Río Grande«.

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En efecto, la compañía china que se haría cargo del ambicioso proyecto es China Shaanxi Chemical Industry Group, que llegó a comunicar la voluntad de poner en marcha una planta química y una central eléctrica en el sur.

Sin embargo, a pesar de las aclaraciones de la empresa, los referentes de la oposición pusieron el grito en el cielo por las implicancias geopolíticas del acuerdo y las posibles repercusiones en términos de soberanía. En ese sentido, no se descarta que el verdadero propósito del plan se vincule con la construcción de una base naval china, con el anexo de un muelle y salida al mar.

«Es un convenio que data desde hace tiempo, tuvo muchas idas y vueltas, e inclusive, el Gobierno nacional se había opuesto al desarrollo de una planta china en el país», expuso Stefani en un hilo de Twitter.

«Sr. Gobernador: tranquilice a los vecinos y explique el real impacto que puede tener una inversión del país asiático en la provincia», propuso el legislador.

Más expresiones de repudio al puerto chino en el sur

En idéntica dirección se expresaron Fernando Iglesias y Federico Pinedo.

“Resulta absurdo que una administración provincial pueda avanzar en este tema sin que haya un consenso nacional amplio. ¡No queremos ser la puerta abierta a Sudamérica y la Antártida para ninguna dictadura! Detenga esta locura, canciller Santiago Cafiero”, tuiteó Iglesias.

El ex senador del PRO Federico Pinedo analizó la situación en estos términos: “La decisión de que un estado extranjero instale un puerto internacional en una provincia es un tema de política exterior».

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«Tenemos que mantener la región como zona de paz y no permitir la introducción de conflictos globales. La Antártida forma parte de un acuerdo global. Tenemos problemas de pesca ilegal”, agregó Pinedo en sus redes.

“La Cancillería tiene la obligación de intervenir suspendiendo el proceso del puerto internacional hasta que se fije la política exterior correspondiente”, finalizó.

Por otra parte, Federico Frigerio también subrayó la problemática de la soberanía que estaría en juego: “Países y empresas del mundo, con buenas prácticas operativas, están siempre invitados a invertir en Argentina, pero la infraestructura estratégica de interés geopolítico, como el puerto de Río Grande, es soberanía. Estos deben estar siempre en manos de capitales nacionales”.

Fuente: Perfil.com

Antes de realizar el anuncio de la recompra de bonos, Sergio Massa habló con los técnicos que siguen el “caso argentino” en el FMI para adelantarles la medida. Sobre todo para que no se interprete como un desvío del acuerdo en curso. Desde ambos lados coincidieron que la medida aislada no tendrá efectos por sí sola, pero que puede resultar positiva en el marco de un plan más profundo vinculado al futuro de la política cambiaria.

Los detalles y objetivos secretos del inesperado anuncio de Massa para recomprar deuda: cómo lo pensó y qué busca lograrEl ministro explicó a Infobae la trastienda de la medida que dio a conocer hoy, por qué eligió estos bonos y qué efecto puede tener sobre la deuda y el dólar

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El ministro de Economía lo planteó en un posteo en redes sociales, cuando no había hecho mención alguna en el anuncio grabado. “Tenemos por delante el desafío de trabajar en la disminución de la brecha y el ordenamiento de los tipos de cambio”, aseguró Massa en twitter.

De esta forma, dejó más que claro que detrás del nuevo esquema de recompra de deuda existe en realidad una intención vinculada a la administración del tipo de cambio. En cambio, en su presentación por video había enfatizado solo la necesidad de bajar el riesgo país y procurar que el país recupere acceso al financiamiento en moneda dura en los mercados internacionales.

A través de la recompra de deuda, Sergio Massa consiguió un nuevo instrumento para intervenir en el mercado cambiario con el visto bueno del FMI. Así gana tiempo en estos meses críticos de escasa oferta de divisas, mientras espera que entren los dólares de la próxima cosecha de soja

Queda bastante claro, más allá de lo sucedido en el primer día de puesta en marcha de la medida, que la eventual mejora de los bonos y la reapertura del financiamiento para la Argentina será una tarea bien ardua. Incluso si sale bien es probable que sea el próximo gobierno -y no éste- quien se beneficie de esa eventual reinserción de la Argentina en los mercados internacionales. Para eso el riesgo país debería bajar a unos 800 puntos o menos, lo cual implicaría financiarse a una tasa de aproximadamente 12% anual en dólares.

Más allá del anuncio: el Gobierno podría recomprar más de USD 1.000 millones y analiza obtener un crédito de bancos extranjerosEn el Ministerio de Economía esperan que bajen los dólares financieros y la brecha cambiaria. Utilizarán fondos del Tesoro que “sobraron” por el sobrecumplimiento de la meta fiscal

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Un efecto mucho más inmediato se consiguió a la hora de controlar a los distintos dólares financieros. El impacto de volcar paulatinamente USD 1.000 millones para la recompra de bonos implica que habrá una fuente constante de oferta de divisas en el mercado, suficientemente amplia como para mantener a raya al dólar MEP.

De hecho ayer este dólar financiero, que es la forma legal que tienen público y empresas para dolarizarse pero también para vender divisas, se mantuvo muy estable y cerró a $ 340. Esta mayor estabilidad también se vio en el dólar libre, aunque bajó solo un peso desde $ 378 a $ 377.https://e.infogram.com/166e36f9-5006-4a63-a484-f1eeb565eda5?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2023%2F01%2F19%2Fmassa-recibio-el-visto-bueno-del-fmi-para-la-recompra-de-bonos-con-el-objetivo-de-tener-el-dolar-bajo-control%2F&src=embed#async_embed

Con el visto bueno del FMI, el Gobierno finalmente consiguió mayor capacidad de intervención en el mercado secundario. El acuerdo firmado en enero de 2022 impedía explícitamente usar las reservas del Central para intervenir en el mercado cambiario mediante la operación con bonos. Massa ahora se saca ese corset de encima, a través de una maniobra consensuada. Tanto el FMI como la Argentina saben que en realidad sí se utilizarán reservas de libre disponibilidad para manejar el valor del dólar. Pero todo se presenta elegantemente bajo la figura de “recompra de deuda en moneda extranjera”, algo mucho más digerible para los inversores.

No es la primera vez que se acude a este mecanismo. Lo mismo sucedió con las reglas de emisión monetaria. El año pasado se puso un estricto límite a la financiación del Tesoro parte del Banco Central vía adelantos transitorios. Sin embargo, luego el propio Central inyectó pesos por montos millonarios (y todavía los sigue haciendo) pero a través de la recompra de bonos en pesos.

Recompra de deuda: Economía se concentrará en dos bonos que suman USD 6.000 millones en el mercadoEl anuncio preliminar de USD 1.000 millones para esa operación representa así cerca de un 15% del total en circulación de los Globales 2029 y 2030. Las claves de la nueva estrategia para los pasivos en dólares

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De esta forma, todos los “motores” de emisión están prendidos, pese al supuesto compromiso de evitar el financiamiento monetario del Central al Tesoro. Este freno es imposible de respetar, pero se termina “disfrazando” vía recompra de bonos en pesos, y pago de intereses de las Leliq, pero evitando la suba de los adelantos transitorios.

Fuente: Infobae.com

Sigue la polémica por la falta de productos en Precios Justos y el control piquetero. Por un lado, los movimientos sociales (en teoría, sin el respaldo del Gobierno) están realizando controles en los supermercados, tal como sucedió con el gremio de Camioneros. Así lo informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).https://rudo.video/vod/cz2m46eMOuW?volume=0

Esto ya había generado revuelo por entender que los sindicatos no tenían potestad para esa función. Y a eso se sumó ahora la función de los movimientos sociales, que pretenden cumplir las mismas tareas. Frente a los reclamos, las fuentes oficiales dicen que hay faltante de algunos productos, pese a los acuerdos con los empresarios.

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En ese sentido, señalan que no es una novedad y que se está trabajando para cumplir con lo acordado. A su vez, entienden que hay un desvío de esos productos a los lugares de mayor concentración de gente. Por eso van a aplicar multas, si es necesario, pero llevando tranquilidad a las organizaciones sociales para no agravar la situación.

Mientras los movimientos dicen que están colaborando para mostrar el faltante de productos del plan Precios Justos y así saber quiénes cumplen y los que no. Pero, por parte de los empresarios, esto está generando cierta molestia, aunque el Gobierno se desliga del accionar de los piqueteros.

Fuente: Perfil.com