SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Como cada vez que aparece el tema, el monumento a Julio Argentino Roca vuelve a generar polémica en esta ciudad luego de que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos autorizó su traslado.
En los últimos años se presentaron diversos proyectos y diferentes gobiernos municipales han tenido intenciones de consultar a la ciudadanía a través de un referéndum sobre qué hacer con la escultura de bronce. Ahora, en plena campaña política, un proyecto del intendente Gustavo Gennuso y de la subsecretaria de Cultura, Marisa De Aguiar, consiguió la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos.
Con el objetivo de “poner en valor y refuncionalizar la plaza y espacios verdes del Centro Cívico para que expresen, como corazón de la ciudad, la integración de las diversidades e identidades coexistentes que hacen ser a Bariloche”, una primera etapa implicará reubicar el monumento a Roca, así como otro que rinde tributo a Juan Manuel de Rosas.
“Estamos persuadidos de que la adecuación más acertada es acomodar el monumento al general Julio Argentino Roca de modo que conserve su pedestal, la idea de monumento, sin que ello implique supremacía o imposición, sin estar por encima de las otras figuras con las que dialoga para que el intercambio pueda producirse. El lugar más propicio para este objetivo es dentro del abanico perceptivo que se abre ingresando al Centro Cívico desde la avenida 12 de Octubre”, indica el proyecto presentado por el municipio.
El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso.
Así, las figuras de Roca y de Rosas pasarán a estar sobre la barranca más cercana al lago Nahuel Huapi. Desde fines de junio, la idea cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos.
“Se estableció que el monumento a Roca debe trasladarse en su totalidad, incluyendo la base, de manera que se aprecie la forma original y el basamento, sin que este último quede oculto por la pendiente de la barranca. Asimismo, los elementos que se coloquen en la barranca no deberán superar el nivel de la plaza del Centro Cívico, para no interrumpir el remate visual hacia el lago Nahuel Huapi”, dice la nota firmada por la presidenta de la comisión, Mónica Capano.
Destino final
Si bien falta revisar la ubicación definitiva de las esculturas, diversas voces se alzaron en estos días.
El arquitecto Gonzalo de Estrada, hijo del creador del Centro Cívico, indicó a LA NACION: “La propuesta del intendente surge después de que nuestro equipo analizara antecedentes de otras plazas secas. Le compartimos nuestra propuesta hace un tiempo y le pedimos que respetara a los autores y que hiciera una consulta pública para que sea la gente la que decida, con información relevante”.
De Estrada consideró que es “una cuestión caprichosa” lo que presentó Gennuso este año a la Comisión Nacional de Monumentos. “Le faltan pocos meses para irse [este año concluye su mandato]. ¿Ahora quieren mostrar que se preocupan por el Centro Cívico? Es para distraernos, para que nos pongamos a discutir si Roca sí o Roca no”, precisó.
“Bariloche –continuó- tiene muchos problemas, no podemos pecar de ingenuos. Y no entiendo cómo se aprobó esto en la Comisión, quizás fue por falta de información. Hay que congelar el proyecto, debe discutirse de manera apropiada, con la participación del Concejo Deliberante”.
El Centro Cívico de Bariloche en construcción, en 1940
El arquitecto también recordó que el monumento a Roca no estaba en el proyecto original de su padre. Al año de ser inaugurado el Centro Cívico y a pesar de la oposición de Ernesto de Estrada (1909-1998), Exequiel Bustillo –por entonces presidente de la Dirección de Parques Nacionales– decidió colocar una estatua de bronce del general Roca en medio de la plaza seca del conjunto arquitectónico.
“El diseño del Centro Cívico original tiene incorporada una plaza seca y allí no podía haber una escultura, ni una fuente, ni un árbol, nada. Tenía que ser un espacio limpio. En distintas partes del mundo, las plazas secas son el espacio político de la comunidad, del pueblo. Todos los demás actores tienen sus espacios, con la intendencia, el edificio de la Policía, la Iglesia, entre otras instituciones. Como la plaza seca se ocupa y se vacía para reclamar o festejar, no debe tener obstáculos”, señaló De Estrada.
El plan original
El propio creador del Centro Cívico había propuesto colocar la estatua a Roca en las barrancas que dan al lago. Asimismo, el simbolismo del lugar está dado por cuatro figuras que están en la torre del reloj. Se trata de cuatro esculturas de madera que aparecen cuando el reloj da las 12 y las 18, y que representan a la comunidad de aquel momento: un soldado, un cura, un poblador y un indígena.
“Cuando se instala el monumento a Roca se rompe esa armonía. Más allá de que esa figura sea buena, regular o mala, la simbología se vuelca hacia un lado. No importa si era Roca o Inacayal, la plaza fue concebida para no tener monumentos”, añadió De Estrada.
Sostuvo que los constantes hechos de vandalismo contra el monumento a Roca no han tenido respuestas del municipio. “También se utiliza la escultura para sostener el árbol de Navidad o le colocan andamios y la tapan con lonas. Eso no pasa en ningún otro lugar. Nunca el Estado municipal tomó el rol de protección que debería tener”, cerró De Estrada.
El Banco Central sumó un nuevo capítulo a los esfuerzos del kirchnerismo para disimular la difusión de los datos de la inflación.
Justamente en el mes de las elecciones PASO, y cuando se espera para el índice de julio una suba en los precios por efecto del último salto del dólar, el BCRA decidió demorar la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).
Según el calendario publicado por el Central, debía difundirse el viernes 4 de agosto; de manera imprevista, decidió postergar la publicación para el 15 de agosto, en coincidencia con la publicación del índice de inflación por parte del Indec y, por supuesto, después de las elecciones.
El REM es una encuesta entre consultores económicos, bancos y otros centros de estudios económicos que ofrece pronósticos sobre los principales indicadores de la economía: inflación, dólar, crecimiento del PBI y tasas de interés, entre otros. No es considerada una proyección del Central, sino que la autoridad monetaria se encarga de su recopilación y difusión.
La curiosa explicación del Banco Central para hacer la modificación fue que «los consultores venían pifiando», según dijeron sus fuentes, ya que no hubo ninguna comunicación oficial. Hacer coincidir la difusión del REM con la del IPC ayudaría, según el Central, a ajustar sus pronósticos y a concentrarse en la inflación futura y no en el índice más inmediato.
Ese argumento no convenció a los consultores, sobre todo considerando el escaso «acierto» de cualquier proyección oficial sobre la inflación. De hecho, la ley de Presupuesto de 2023 la estimaba en 60% y se encamina a alcanzar el doble de ese nivel. Las especulaciones en la oposición no se hicieron esperar y llovieron las críticas por correr un dato negativo hacia después de las elecciones.
La saga por la expropiación del 51% de la petrolera YPF durante el tercer gobierno kirchnerista en el año 2012 sigue sumando facturas a pagar para el Estado Argentino, once años después de la sanción de la Ley que aprobó el pago de USD 5.000 millones a la petrolera española Repsol. Esta semana, en el Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York que hoy preside Loretta Preska y que supo ser el tribunal de Thomas Griesa, tienen lugar una serie de audiencias para fijar el monto de la indemnización que deberá pagar el país por no haber resarcido en forma igualitaria a todos los accionistas en su momento.
El juicio ya está definido en contra del Tesoro argentino. En marzo, Preska falló que YPF quedaba liberado de responsabilidades para con los litigantes, pero en el mismo texto aclaró que era el Estado Argentino quién debía pagar daños a Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF. Estos buffetes especializados en adquirir derechos de terceros para llevar adelante litigios supieron aprovechar los cabos sueltos dejados por el proceso de expropiación.https://d23319437aee86886cdb3757a1d6c7b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En ese entonces, la magistrada hizo responsable al Estado argentino por avanzar con la decisión de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía petrolera sin haberle hecho una oferta similar a los poseedores de las demás acciones que se verían afectados por esa decisión.
La jueza citó en su fallo los estatutos de YPF del año 1993 y luego concluyó que “la República prometió a los tenedores de valores que les ofrecería una salida si volvía a adquirir el control sobre el número requerido de acciones” y que esa promesa “no se cumplió”.
La fecha que se toma para determinar el valor de las acciones es la clave en la diferencia de valores. Burford, en un comunicado en abril para sus socios, indicó que estima que cobrará uno USD 7.500 millones por su parte de los daños.La jueza Loretta Preska del Segundo Distrito de Nueva York deberá decidir cuánto tiene que pagar la Argentina a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de YPF
Las audiencias seguirán hasta el viernes, aunque no hay fecha fijada para la decisión del tribunal que deberá poner el número final. Como sea, la nueva factura a pagar no va a ser menor a USD 4.920 millones y podría llegar a USD 16.000 millones. Y no será lo único que pagó el país por la operación.
Expropiación
La avanzada para la expropiación de la mitad más uno del paquete accionario de la petrolera empezó con la intención de “no pagar un peso” y, negociaciones y ley sancionada por el congreso mediante, terminó siendo una cifra relevante.
En 2012, la República Argentina acordó pagar a la empresa Repsol un total de USD 5.000 millones por la expropiación del 51% de la empresa.
La expropiación de YPF por parte del gobierno argentino en 2012 fue un proceso complejo que implicó varios factores financieros. Para llegar a la cifra se tomaron una serie de parámetros:
Valor de la empresa: en mayo de 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol. El valor de estas acciones se determinó en base al valor de mercado de YPF en ese momento.
Compensación: la compensación que se pagaría a Repsol por la expropiación se determinó mediante una serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Repsol. Estas negociaciones tuvieron en cuenta el valor de las acciones expropiadas, así como otros factores como los futuros beneficios perdidos por Repsol debido a la expropiación.
Acuerdo final: después de las negociaciones, se llegó a un acuerdo final en el que el gobierno argentino acordó pagar a Repsol USD 5.000 millones en bonos del gobierno como compensación por la expropiación.
YPF tiene un valor de mercado actual de USD 12.283 millones, de acuerdo al último precio al que cerraron sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Eso valoriza el 51% de su paquete accionario en manos del Estado en algo más de USD 6.264 millones. Una ganancia de más del 25% respecto del precio que se pagó once años atrás. Claro que esa diferencia es una foto muy reciente.
La capitalización bursátil de la petrolera sufrió muchos vaivenes desde el pago a Repsol, la mayor parte de ello de tipo bajista. En 2020, pleno coronacrash, la capitalización Bursátil llegó a caer cerca de los USD 2.000 millones, mucho menos de lo que se pagó por la mitad de la firma.
En el caso de que Preska se incline por conceder el pedido argentino -la menos costosa de las alternativas posibles-, el costo total de la expropiación del 51% de YPF ascendería finalmente a por lo menos USD 9.920 millones, el 80% del valor actual de la compañía y casi el 100% de lo que valía en 2012. Si la jueza se inclinara por el otro extremo, el de conceder cada dólar reclamado por los demandantes, la cifra total podría llegar a los USD 21.000 millones, el equivalente a 1,7 veces el valor actual de YPF y más de dos veces el valor total de la compañía en el momento en que fue expropiada.
Pero además de los valores monetarios, la Argentina pagó otros costos por la operación. El país tuvo que enfrentar varios litigios internacionales por la expropiación. Estos litigios generaron costos legales significativos. También costos de financiamiento, ya que la expropiación llevó a una disminución de la confianza de los inversores internacionales en Argentina. Como resultado, el costo de financiamiento del país aumentó.
Además, tras la expropiación, YPF tuvo dificultades para mantener sus niveles de producción. Esto se debió en parte a la falta de inversión en tecnología y mantenimiento de las instalaciones de producción. Como resultado de la disminución de la producción de YPF, Argentina tuvo que aumentar sus importaciones de energía, lo que generó erogaciones adicionales.
Es importante tener en cuenta que estos costos son indirectos y pueden ser difíciles de cuantificar. Pero también pesaron.
Los representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunciaron un nuevo paro para este miércoles 26 de julio que afectará a la totalidad de las líneas del subte de la Ciudad de Buenos Airesy el Premetro, en reiteración del reclamo por mejores condiciones laborales.
La medida comenzará con aperturas de molinetes de 12 a 13 hs en las estaciones San Pedrito de la A, Rosas de la B, Constitución de la C, Congreso de Tucumán de la D, Facultad de Derecho de la H y Virreyes de la E. Luego se hará una interrupción total del servicio durante tres horas, entre las 13 y las 16 horas.
El paro se llevará a cabo para reiterar el reclamo del gremio AGTSyP por la reducción de la jornada laboral con dos francos y por un “subte libre de asbesto”. El anuncio se dio a través de un comunicado que lleva la firma del secretario general de la asociación, Roberto Pianelli, y del secretario adjunto, Néstor Segovia.
Los trabajadores enfatizaron en que “en el transcurso de los últimos cinco años” hicieron todo lo posible para que el gobierno de la Ciudad y la empresa Emova solucionarán la crisis sanitaria ocasionada por la presencia del asbesto, considerado un componente tóxico.
«Hemos hecho todo lo humanamente posible para que solucionaran la crisis sanitaria provocada por la presencia de asbesto cancerígeno y para que dejen de poner en riesgo la vida de millones de usuarios y trabajadores del subte, sin obtener aún respuesta, al contrario han cerrado todos los canales de diálogo», menciona el comunicado.
Es por ello que, desde el gremio señalaron que se ven “obligados” a realizar medidas que afectan al servicio. Además, alertaron que de no tener avances en relación a las exigencias de desasbestización y de una reducción de la jornada laboral, “profundizarán las medidas en los próximos días”.
«De más esta decir que los responsables de esta situación son la empresa concesionaria del servicio (Emova) y el Gobierno de la Ciudad que intentandesconocer la gravedad de la crisis provocada por un mineral nocivo prohibido desde 2003 y que no han retirado del ámbito del subterráneo de Bs. As», enfatizaron los metrodelegados.
Finalmente, desde la organización llamaron a todo el público a «exigir junto a los trabajadores una solución inmediata», ya que es «un verdadero ataque a la salud pública«.
La medida generó repudio por parte de Emova, la empresa concesionaria del servicio, quienes aseguraron a través de un comunicado que perjudica «a miles de usuarios de manera directa, como así también a quienes necesitan trasladarse por toda la Ciudad en la última semana de las vacaciones de invierno».
Y agregó: «Cabe aclarar que en los últimos tres meses los paros, que ya suman 19, también fueron acompañados por bloqueos en vías y formaciones, y aperturas de molinetes, generando demoras e inconvenientes en el servicio de manera frecuente«.
Parte del comunicado de Emova en respuesta al paro de este miércoles 26 de julio.
Respecto a los reclamos de una reducción de la jornada laboral, la empresa aseguró que «resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte», a la par que reiteró que «continúa manifestando su disposición al diálogo».
Sumado a esto, Emova recordó que avanzó en la negociación paritaria con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con la Asociación de Supervisores (ASSRA) ante la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad, donde se acordó «una actualización superior al 21% por el trimestre mayo-julio, que se suma a los ajustes que ya se habían realizado por los meses de marzo y abril».
Asimismo, se refirió a la problemática del asbesto, indicando que «la empresa trabaja activamente en un plan de desasbestización en continuidad con el proceso iniciado hace 5 años». «Este trabajo se realiza a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», explica el comunicado.
En esa línea, precisó que el organismo porteño confirmó que «de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad«. «Emova ratifica que las más de 3.900 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud (…) Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos», destacaron.
Qué es el asbesto y cómo afecta a la salud
El asbestoes un componente mineral que si se encuentra en el aire puede entrar en los pulmones y permanecer durante un tiempo extenso. Además, es un producto que tiene múltiples usos por su resistencia al calor, los ácidos y la fricción, con una gran capacidad aislante. El elemento puede encontrarse en la construcción de motores, trenes, barcos y material anti llamas.
Parte de los reclamos de los trabajadores del subte tienen que ver con la potencia mortal que puede tener este elemento, el cual se adhiere a los pulmones y genera fibrosis, insuficiencia respiratoria o en el peor de los casos, cáncer pulmonar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se producen 107.000 muertes el año en promedio por esta afección.
En Argentina, el Ministerio de Salud prohibió su utilización desde el año 2003 pero diversos estudios han demostrado que todavía se encuentra en edificios del Gran Buenos Aires.
Además de la catarsis que provocó entre las distintas cámaras empresarias por la mayor presión tributaria que implica, la batería de medidas anunciadas y oficializadas por el Gobierno en los últimos días en materia de comercio exterior también dejó varias indefiniciones respecto de cómo se aplicarán y qué sectores estarán alcanzados lo que incrementó el malhumor corporativo. Las autoridades prometen una pronta reglamentación de los aspectos aún sin resolver, por ahora sin fecha cierta, según dijeron fuentes oficiales.
Respecto del impuesto PAIS para las importaciones, en el caso de los bienes pagarán 7,5% sobre el dólar oficial mayorista -que ayer cerró en $271,60-, mientras que en el de los servicios, el impuesto alcanzará el 25%, lo que lo lleva casi a $340, el mismo valor concedido, en este mismo paquete de medidas, para las economías regionales que participan del Programa de Incremento Exportador (PIE). A este grupo de productos, entre los que se incluye el vino, entre varios más, se le sumó el maíz, que generó bastante polémica por tratarse de un insumo clave de varios alimentos.
Claro que habrá excepciones al pago del impuesto. ¿Cuáles? Ésa es justamente una de las indefiniciones que hay hasta el momento. La resolución publicada este martes por la AFIP (la 5393, que complementa el Decreto 377 del lunes) establece que no deberán tributar el impuesto PAIS los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato, utilización de plataformas educativas y software con fines educativos.
Las autoridades prometen una pronta reglamentación de los aspectos aún sin resolver, por ahora sin fecha cierta, según dijeron fuentes oficiales
Tampoco los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, provincial y municipal, así como las universidades e instituciones integrantes del sistema universitario argentino. Ni la adquisición en el exterior de materiales de equipamiento y demás bienes destinado a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población. Pero el decreto 377 establece que los insumos y bienes intermedios vinculados de forma directa a productos de la canasta básica no deberán pagar, tampoco, el impuesto del 7,5%. La gran pregunta que se hacen los empresarios de la alimentación es cuán extensa será esa lista. Hasta ayer a última hora, la Secretaría de Comercio trabajaba en esa reglamentación, sin fecha cierta de publicación.El secretario de Comercio, Matías Tombolini, trabaja en la reglamentación para definir qué insumos y bienes intermedios de la canasta básica quedarán exentos de pagar el impuesto
Trascendió que podría salir en las próximas horas pero que la lista de productos exceptuados sería acotada. Mientras tanto, las empresas cuestionan la medida. “Más allá de cuánto sea la alícuota, el punto es que el Gobierno presiona para que no aumentemos los precios y lo único que hace es subir impuestos”, se quejaron desde una firma del rubro. Y agregaron: “El único compromiso que se obligó Massa para que firmemos Precios Justos, garantizar dólares para pagar las importaciones, no lo está cumpliendo hace dos meses y ahora aparece esto”.
En un comunicado que emitió ayer la UIA, en “alerta por el impacto en la industria de las medidas”, uno de los puntos que remarcó es que además de no conocerse aún la normativa para saber el alcance de la excepción del Impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria y para combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía (otro rubro que también requiere de precisiones reglamentarias), “no se ha contemplado eximir a todo lo que está en el marco de acuerdos de Precios Justos, lo que presionará aún más sobre costos y precios”. Por otro lado, precisó que “existe además la dificultad para exceptuar a todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los bienes de canasta básica”.
La retroactividad de la norma es otro de los puntos que generó una fuerte molestia en el mundo empresario. Si bien en la AFIP aseguran que la medida no es retroactiva, ya que rige desde el momento en que se publicó en el Boletín Oficial, lo cierto es que hoy todas las importaciones se pagan a plazo, ante la falta de dólares. Por lo tanto, operaciones que fueron oficializadas (cuando sale la SIRA con la fecha de pago) antes de la publicación del decreto pero que no fueron pagadas deberían abonar el impuesto una vez hecho ese pago, es decir, al momento de ingresar al Mercado Único de Cambios (MULC).
“El único compromiso que se obligó Massa para que firmemos Precios Justos, garantizar dólares para pagar las importaciones, no lo está cumpliendo hace dos meses y ahora aparece esto”, dijeron en una empresa alimenticia
Así lo entendieron todas las cámaras empresarias y lo pudo confirmar Infobae con fuentes de la AFIP. “Para los despachos que se oficialicen a partir de hoy en adelante, la norma prevé que AFIP puede hacer un cobro a cuenta de forma anticipada de hasta el 95% del 7,5% del impuesto, por lo que la AFIP estaría trabajando para que el momento de pagar el impuesto sea al oficializar los despachos (cuando llega la mercadería y se pagan todos los tributos aduaneros y créditos fiscales) y solo el 5% restante se pagaría al momento de entrar al mercado de cambios”, dijeron a este medio fuentes del sector importador.
Lo que molesta de tener que pagar el impuesto por importaciones que las empresas ya hayan realizado es que no habrá formado parte de un costo a considerar en el precio del producto. Si las compañías saben que deberán pagar -por el plazo de la SIRA- una mercadería en 90 días, tienen forma de cubrirse frente a una futura devaluación, pero no así de este tributo. Aunque en estos casos se recuperará ese costo en operaciones futuras, con un mayor incremento de precios.REUTERS
Mientras que desde algunos sectores productivos advirtieron que el nuevo impuesto a las importaciones generará mayor costos y presión sobre los precios, otros agradecieron que la medida no haya sido peor, teniendo en cuenta el delicado contexto de reservas por el que atraviesa la Argentina.
“Es una medida marginal. Sube el tipo de cambio implícito aproximádamente 4%. Y el impacto en precios oscilará entre 2% y 3%, prácticamente nada. La clave está en ver si consiguen que se liquiden las exportaciones de maíz al tipo de cambio de $340. Y eso sí que impacta de forma directa en los precios de varios alimentos”, dijo un importador. Otro, del rubro de bazar, agregó: “En mi rubro ya hay muchos que aumentaron entre 5% y 10%. Nadie se va a quejar con esto. Sabemos que el dólar en algún momento va a valer $500″.
“El temor del sector empresarial es que después de devaluar, en unos meses, mantengan el impuesto. Hubo varios casos de tributos de emergencia que todavía persisten. Las medidas son un parche medio inentendible, pero no tienen margen para armar un plan económico creíble”, consideró el economista de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Matías Bolis Wilson.
Amenos de tres semanas de las PASO, el primer desafío electoral de cara las elecciones generales de octubre, Sergio Massabusca reforzar su vínculo con los gobernadores y fortalecer el voto peronista en las provincias, en vistas a garantizarse un posible piso del 30% en los próximos comicios. Para eso avanza en un periplo por San Juan, La Rioja y Tucumán, que lo tendrá afuera de Buenos Aires entre este jueves y el sábado. Esas visitas se suman a la que hoy hizo a Santiago del Estero, en la que se mostró, entre otros junto a Daniel Scioli, exprecandidato presidencial y con quien mantiene una relación tirante, pero que tras el objetivo de la mentada unidad que busca instalar el espacio, le ofreció un cargo ad honorem, que el embajador y exprecandidato presidencial, aceptó.
La breve gira de Massa se da cuando busca dejar atrás el lastre del demorado acuerdo con el FMI y una semana compleja desde el punto de vista económico. El viaje se torna clave en su vínculo con los mandatarios provinciales por el rol que estos jugaron para que haya un candidato de unidad en el espacio y en las horas previas al cierre de listas terminaron logrando su cometido. El 22 de junio, a 48 horas del límite establecido por la justicia electoral, en la Ciudad de Buenos Aires las negociaciones con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el propio Massa, estuvieron a cargo del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con quien el titular de Hacienda se mostró hoy, y con Raúl Jalil, de Catamarca. En tanto que quien al día siguiente dio los primeros indicios de lo que estaba pasando fue Ricardo Quintela, de La Rioja, con quien Massa se mostrará este viernes. Desde que se lanzó a la precandidatura, Massa estuvo en Misiones, Catamarca y Entre Ríos, además del conurbano, el que visitará este miércoles.
En su travesía por el norte del país Massa se mostrará por primera vez fuera de Buenos Aires con su compañero de fórmula, Agustín Rossi. El santafesino viene de enfrentar un duro golpe con la derrota de su candidato en las elecciones provinciales, Leandro Busatto, y, según consideran distintas fuentes del espacio, aún no logra tener un rol destacado en la campaña. “El resultado de Santa Fe fue muy violento”, evaluó un hombre que trabaja en la campaña. “Sergio tiene la mejor onda con él, pero él (por Rossi) todavía tiene que encontrar su rol”, evaluó. Al tiempo que otras de las estimaciones sobre él es que “no es kirchnerista y tampoco albertista, pese a que Alberto puso su nombre ahí, algo que tampoco ayuda del todo”.
Sergio Massa en Santiago del Estero, junto con Gerardo Zamora, Claudia Ledesma Abdala y Daniel Scioli
“A Agustín se lo respeta, pero no es de ninguno y la realidad es que en esta campaña, por ahora, por fuera de Sergio no hay jugadores”, es otra de las frases alrededor del funcionario.
Cerca del hoy jefe de Gabinete se alejan de las valoraciones sobre lo sucedido en Santa Fe y relativizan sosteniendo que la derrota fue de todo el peronismo y no de un candidato en especial, al tiempo que aseguran que allí tallan otros factores. En tanto que aluden a actividades que el precandidato viene teniendo con el área sindical. Mientras que en el atardecer de este martes concurrió a la Federación Gráfica bonaerense, junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y los sindicalistas, Abel Furlán, Vanesa Siley y Sergio Palazzo, también resaltan que se reunió con la CTA, La Bancaria, y estuvo en actos en Mar del Plata y Corrientes, entre otras ciudades, en las que, cuentan que participó de un acto con más de 2500 personas, con los candidatos de esa provincia. “Viene teniendo un rol activo, con muchos medios y poniendo la voz de la campaña y el espacio”, sintetizan. Al tiempo que respecto de la relación con Massa explican que “comparten cosas de la gestión y ya tenían buen vínculo previo al lanzamiento de la campaña” y apuntan a que el rol más destacado en una campaña siempre es el del candidato a presidente y el resto acompaña.
Rossi pegó un salto importante en el último tiempo. De lanzarse como precandidato presidencial, alentado por el propio Fernández, a fines de mayo, con escasísimo porcentaje a su favor, terminó ubicado en el binomio presidencial luego del enroque tras horas frenéticas en la antesala del cierre de listas.
En su doble rol de ministro y candidato Massa dejará su despacho en el Palacio de Hacienda y viajará el jueves a la noche rumbo a San Juan gobernada por el justicialista Sergio Uñac, pero donde el peronismo perdió las elecciones adelantadas a manos de JxC en un cambio histórico. Luego será el turno de mostrarse junto a Quintela, quien se garantizó su continuidad en el cargo por los próximos cuatro años y, en la tarde-noche del viernes, vuelo mediante, recaerá en San Miguel de Tucumán, para reunirse con Osvaldo Jaldo y Juan Manzur el sábado por la mañana, tras lo que volverá a Buenos Aires y seguiría rumbo a La Matanza. El distrito más populoso de la provincia y que enfrenta su propia y cruda interna sería así escenario de una nueva visita de Massa, que estuvo en el lugar dos sábados atrás junto al intendente Fernando Espinoza.
En las provincias, según cuentan desde el Palacio de Hacienda, Massa buscará también hacer hincapié en el Previaje, la estrategia implementada por el ministerio a cargo de Matías Lammens y que es considerada internamente como una de las mejores políticas de la malograda administración de Fernández. “Massa plantea que defender la Patria es defender el turismo y propone más Previaje, mientras la oposición plantea que lo quiere eliminar”, aseguran.
Precisamente también a la oposición le apuntó Massa hoy en Santiago del Estero al pedir “no volver atrás” y “seguir soñando”. Y al asegurar que “la recuperación de la esperanza está en nuestras manos y depende de nuestro trabajo”, al mismo tiempo que alertó sobre “el programa de ajuste” que propone la oposición.
La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este martes que «en la Argentina no hay hambre» y cuestionó las versiones que afirman que el país atraviesa un proceso de crisis, debido a que «sigue teniendo un nivel de crecimientopor y de consumo que no se puede tener en crisis”.
Cerruti criticó además la forma en la que se mide la pobreza en la Argentina: «Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso, entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso, pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado», analizó.
En diálogo con Nacho Girón en La Mañana de CNN (CNN Radio), la funcionaria nacional señaló que «una cosa es alguien que no tiene para comer» y otra quien «no llega a fin de mes», pero sentenció: «En la Argentina no hay hambre».
«La Argentina estuvo en crisis en el 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Ahí todos veíamos a la Argentina en crisis», apuntó Cerruti, quien reconoció que el país «tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis», aseveró.
Al ser consultada sobre los puntos en los que falló el Ejecutivo nacional para tener altos índices de inflación, detalló: «Hay diferentes causas y razones. Primero, que asumimos con un 53% de inflación que dejó Macri en diciembre. Después pasó lo de la pandemia, donde se produjo una necesidad de emisión. Tenés lo que implica la inflación internacional en el mundo y en los precios por la guerra en Ucrania, el impacto de la sequía. Estas son las causas claras, externas», enumeró Cerruti.
La portavoz presidencial destacó que, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía empezó a «ordenarse todo y a bajar la inflación y a tener números descendentes».
Respecto de la suba del dólar blue, Cerruti consideró que no se debe a que «el pequeño ahorrista compra», sino a que «hay compras o no hay liquidación de grandes compradores», además de destacar que «es un mercado chico que no tiene que ver con la cantidad de dólares que se liquidan en el Banco Central».
Sergio Massa, ministro de Economía.
«Todo eso está teñido por el cierre del acuerdo con el FMI. Entonces, hay especuladores y gente que piensa que el Fondo va a obligar a devaluar y por lo tanto hay que subir el dólar blue. El tema del FMI ha condicionado permanentemente a este gobierno«, añadió la portavoz.
La gestión de Alberto Fernández, según su portavoz
En otro tramo de la entrevista, Gabriela Cerruti desestimó que «el desorden político» que atravesó el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, con la interna haya repercutido directamente en los precios, pero reconoció que «lo que sí hizo fue que se tardara más o menos en tomar determinadas medidas que este gobierno, finalmente, las fue tomando».
La portavoz dijo que Alberto Fernández «con el paso del tiempo va a ser reconocido»
Para la funcionaria, el gobierno de Alberto Fernández «con el paso del tiempo va a ser reconocido por una cantidad de cosas que van sucediendo» y enumeró: «La creación de empleo, las universidades, las vacunas, los satélites y un crecimiento de la economía de tres años consecutivos».
«Tenemos 5.000 obras públicas y ninguna denuncia por corrupción», sostuvo la portavoz, quien consideró que la administración de Mauricio Macri fue «uno de los gobiernos más corruptos de la historia».
«Una gran presidencia»
Hace dos semanas, Cerruti ya había asegurado que “Alberto Fernández va a ser recordado como alguien que hizo una gran presidencia«. Al hacer hincapié en las dificultades con las que se encontró al asumir, en comunicación con Splendid 990 destacó que «a los 90 días había hecho un montón de cosas».
“Lo he acompañado a los foros internacionales y su voz ha sido la voz de Latinoamérica, tiene una fuerza y una potencia que nadie deja de reconocer», resaltó al vocera y señaló que «está sucediendo algo que cambió la matriz», incluso con «un sistema mediático brutal en contra y una oposición que generó un discurso de odio».
En relación a los cuestionamientos internos que recibió el presidente a lo largo de su gestión, dijo: «El peronismo debate y discute hacía dónde quiere ir y cómo quiere ir más fuerte, y en el momento en que hay que ordenarse y ver quién va a conducir el proceso que viene, cede”.
“En la realidad, no se rompió el bloque, no perdimos diputados ni senadores, tampoco gobernadores. La coalición de gobierno se mantuvo muy bien en el medio de fuertísimos debates», analizó Cerruti.
El primer tramo del calendario electoral, con más de 20 elecciones provinciales y municipales realizadas este 2023, dejó en claro algunas tendencias: la participación electoral está en descenso. Aunque los motivos pueden ser múltiples, los analistas coinciden en que el hartazgo de la sociedad con la política y la falta de entusiasmo con la oferta electoral son los factores que desmotivan a concurrir a las urnas, una tendencia que podría trasladarse al escenario nacional en las próximas PASO, comicios que suelen tener – a lo largo de la última década- una menor participación que las elecciones generales.
La participación electoral bajó en 14 de las 16 provincias que eligieron gobernador en 2023, según el análisis de los datos realizado por Infobae. Incluso siete de esas provincias no superan el 70% del padrón. Las últimas dos citas electorales volvieron a encender la alarma porque ahora la falta de incentivo ciudadana se trasladó a dos de los distritos más importantes del país. Las PASO en Santa Fe y las últimas elecciones municipales en la ciudad de Córdoba arañaron el 60% de participación.
“El principal factor es el hartazgo con la política, el enojo de la gente con los políticos. Las expectativas de la gente con la elección es muy baja. Si ningún candidato te moviliza, si no hay nada nuevo, probablemente no vayan a votar”, explicó Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit. Y adelantó que es probable que esta tendencia de elecciones provinciales se repita en las PASO nacionales porque en esos comicios también se registra una tendencia en baja, desde que se instalaron, en 2011. La participación más baja se registró en 2021, todavía en pandemia, con apenas el 67% de votantes.
Las PASO en Santa Fe marcaban una oferta electoral atractiva para buena parte del electorado: la alianza opositora, integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical y el socialismo, presentaron tres candidatos. El peronismo santafecino, encabezado por el senador oficialista Marcelo Lewandowski, también presentaba cuatro candidatos. Pero la oferta no fue tentadora para buena parte del electorado: casi el 40% de los votantes habilitados para esas PASO no asistió, una cifra significante para el tercer padrón más numeroso del país. La comparación con Santa Fe bajó incluso casi 9 puntos en comparación con las PASO de 2019.
Algo similar ocurrió el fin de semana en la ciudad de Córdoba, la capital del tercer electorado más populoso del país. Allí también había una buena competencia en el cuarto oscuro representada por el oficialista Daniel Passerini y por el candidato de la alianza entre el PRO y el radicalismo, Rodrigo de Loredo. El descontento se hizo notar de nuevo: la participación fue de apenas el 60,2% del padrón. A nivel provincial, el electorado cordobés ya había manifestado su baja motivación cuando, en los comicios que coronaron gobernador a Martin Llaryora, la participación fue del 68%, casi cinco puntos porcentuales menos que en 2019.
Las elecciones en Chaco, cruzadas por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, le dieron un revés al gobernador Jorge Capitanich, pero marcaron hasta ahora el piso de la participación electoral en 2023: la participación fue de apenas el 63%. Detrás aparece Mendoza, con el 66% del padrón (fue el distrito con la caída más pronunciada en comparación a 2019), con la particularidad de que es la provincia con mayor caída en la participación en comparación con 2019, con 13 puntos menos. Detrás aparecen Río Negro y Córdoba con el 68% de participación, aunque este último caso es el más relevante por el tamaño de su padrón. Resta conocer qué ocurrirá con las elecciones a gobernador en Santa Fe, tras la baja participación registrada en las últimas PASO, que apenas llegó al 60 por ciento.
Pero más allá del descontento con la política, Mariel Fornoni enumeró otros factores que desincentivan al electorado, como la intensidad del calendario electoral y la falta de castigo para quiénes deciden no presentarse a pesar de la obligatoriedad del voto. “Si tenés que ir a votar seis veces en un año, tenés PASO en tu provincia, después tenés que elegir a tu intendente otro domingo y también tenés las nacionales, probablemente elijas sólo la que consideres más importante y suelen ser las generales”, analizó.
El castigo por incumplir la ley es prácticamente nulo. Para las próximas PASO, por ejemplo, el castigo por no ir a votar será de apenas 50 pesos. Además de la multa, se supone que no haber concurrido a los comicios podría dificultar trámites y la gestión de documentos personales, como el pasaporte, pero en la práctica no se aplica, indicaron fuentes judiciales. La justicia electoral mira con preocupación la tendencia a la baja de la participación, esperan los resultados de las internas de agosto y analizan medidas que puedan incentivar el voto de cara a las próximas elecciones generales.
“La cuestión punitiva es muy débil. Si votaste o no votaste, eso no te impide nada. La multa es insignificante, entonces permite que la gente vote cada vez menos”, opinó Fornoni. Justamente, en la antesala de los comicios municipales en la ciudad de Córdoba, un mensaje emitido por la Junta Electoral de ese distrito generó polémica. El organismo publicó una solicitada en los diarios que mostraba la boleta que se utilizaría en el cuarto oscuro y adelantaba que no habría multas para quienes no se presentaran a votar. El título del mensaje era “El voto es obligatorio”, pero debajo decía “No se pondrán multas por no ir a votar”.
Tras los últimos antecedentes, la jueza con competencia electoral María Servini firmó ayer una nota que recuerda que el voto es obligatorio y, caso contrario, los incumplidores no podrán acceder a postularse a cargos públicos durante los próximos tres años después de la falta, y no podrán hacer trámites ante administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales hasta un año después de la fecha de los comicios.
¿La baja participación podría beneficiar a algún partido político? Aunque no hay una respuesta contundente, las tendencias hasta ahora marcan que los jóvenes son los electores más desencantados con los políticos, es decir, que los candidatos con más votos de esa franja podrían sufrir una merma ante la baja participación. Mariel Fornoni agregó, además, que la baja participación suele beneficiar a los partidos políticos con “aparato” o militancia organizada, ya que pueden movilizar a parte de su electorado incluso ante la falta de motivación natural por la oferta electoral.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la baja participación electoral. Tal como adelantó hoy Infobae, el mandatario provincial se lo hizo saber durante estos días a los intendentes que lo visitaron en La Plata. La semana pasada, armó una ronda de reuniones con jefe comunales del conurbano y del interior bonaerense para repasar la gestión de obras, cómo venía la campaña y lo que quedaba por hacer hacia las PASO del 13 de agosto. Allí les dijo que preveían una baja participación electoral. En Unión por la Patria interpretan que es probable que los votos que no se sufraguen puedan llegar a ser propios, tal como ocurrió en la última elección legislativa, cuando en las PASO el nivel de abstención fue alto, pero luego achicado en los comicios generales.
Participación electoral en democracia
Desde el retorno de la democracia, la participación electoral se mantuvo por encima del 70%; exceptuando las elecciones PASO del año 2021, realizadas en el contexto de la pandemia. Con una participación cercana al 68% del padrón electoral, fue la elección con más baja participación hasta ese momento. Según el relevamiento de datos históricos, las cifras más altas de participación se registraron en las elecciones de los años 1983 y 1989 superando más del 85% en los dos procesos electorales inmediatamente posteriores a la recuperación democrática.
En las elecciones siguientes de la década de 1990 los porcentajes bajaron, pero no de manera considerable, ya que la participación se mantuvo en un 82%. Tras la crisis económica, política y social desatada a principios de siglo, el porcentaje de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto se mantuvo por debajo del 80% hasta el año 2015. En las elecciones presidenciales del año 2019, la participación en las PASO estuvo en un 76.40%, pero en las generales el porcentaje superó el 80 por ciento.
Esta tendencia que mantiene a las PASO con una menor participación se repite desde que se implementaron las internas abiertas obligatorias, en 2011. En las últimas elecciones de 2021, la participación fue de un 68% en las PASO, mientras que en los comicios generales el porcentaje se elevó a un 71 por ciento.
Los precandidatos presidenciales Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei presentaron sus propuestas para el sector agropecuario en la exposición organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio de Palermo, en la 135ª edición de la Exposición Rural. Bajo la consigna «Compromiso para una nueva Argentina», la economía fue el eje central del encuentro.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, recibió en el predio ferial donde se lleva adelante la Expo Rural 2023, a los precandidatos a presientes de la Nación que buscaron seducir al campo con sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Pero antes del comienzo, el titular de la SRA aprovechó a lanzarle dardos en relación al último acuerdo que está arribando con el FMI.
«Necesitamos una Argentina que sea más fácil de vivir y más previsible para nuestras actividades. Y esta previsibilidad tiene que salir de la política y se genera con confianza. Y si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche», reclamó el titular de la SRA al referirse a los últimos anuncios del gobierno sobre el preacuerdo con el FMI.
Para Nicolás Pino, «se toma una medida para un sector, que va en detrimento de otros sectores y eso justamente no es lo que genera (previsibilidad)». «Entendemos la necesidad del gobierno», dijo, pero recordó que «previsibilidad y confianza se logran tomando medidas acordes».
El dirigente rural consideró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) «pide cosas» y el Gobierno «sale a tratar de cubrirlo con medidas que, al sector, no benefician en nada». Y añadió: «Es más, va a causar en este tiempo, diferencias de precios puntualmente para el maíz y se van a generar descalabros».
«No es una medida para el campo, es un efecto recaudador, pura y exclusivamente. Individualmente puede haber un productor que tenga maíz en su poder, que lo puede vender y va a sacar un pesito más o las producciones regionales van a tener esta ventana para tratar de defender un poco más su producción, pero no hay ningún beneficio», subrayó.
En relación a la presencia de los precandidatos a presidente en La Rural y su rol en el sector, sostuvo: «Seguramente de estos cinco salga el futuro Presidente. Yo no podría entender que, en este ámbito, los candidatos a hablarle al campo desde La Rural, no aprovechen esta oportunidad que tienen» señaló. «Es un ámbito ideal para que ellos nos cuenten qué es lo que van a hacer con el sector más competitivo y productivo de la Argentina», señaló.
Javier Milei y La Libertad Avanza: Sin retenciones, sin cepo y sin BCRA
Con su verborragia habitual, Javier Milei buscó la complicidad del sector al indicar en su presentación, en varios momentos, las distorsiones que generan los múltiples tipos de cambio a la actividad agropecuaria.
«En caso de que la Libertad avanza llegue al poder, vamos a camino a pensar en una unificación cambiaria y eliminación total de las retenciones. Si esto sucede, el sector va a haber triplicado su ganancia»; aseguró. Y comentó: «Entendemos que en 5 años se podría estar duplicando la producción», dijo.
Además, en un mensaje directo a los ruralistas aseguró: «No se dejen meter la mano en el bolsillo y que los sigan estafando».
«Consideramos fundamental la eliminación del cepo y lo clave es la eliminación del Banco Central», subrayó Milei al disertar en la 135 Exposición Rural de Palermo, y expresó que «se acaba el distinto tipo de cambio y se acaba el aparato represivo del Estado».
Señaló que «el cepo es un instrumento violento y lamentablemente lo que hace es restringir su capacidad de consumo».
El postulante presidencial destacó que en un eventual gobierno suyo «las retenciones se van a utilizar para el adelanto del pago a las Ganancias».
«Si quito el cepo y quito las retenciones, las ganancias del sector se elevan a 200. Es mentira que no se puede hacer por una cuestión fiscal. Es posible eliminar las retenciones, la brecha cambiaria y eso va a ser un impulso enorme para el sector», enfatizó Milei.
A su entender, «lo único que hay que tener en claro es que esto implica un cambio de 180 grados y eso no es con los mismos de siempre». «Los únicos que estamos dispuestos a hacer ese cambio de 180 grados que la Argentina necesita somos los de La Libertad Avanza», agregó. «Ustedes tienen que superar el cepo, las retenciones y aún así le quedan 22 impuestos por pagar», consideró el economista.
En otro orden, rechazó «esta idea nefasta de la justicia social, que es injusta porque supone un trato distinto frente a la ley» para un sector. Al ser consultado sobre con quién consensuará las medidas que planea implementar, Milei sostuvo: «Mi acuerdo es con los argentinos de bien. No tengo por qué hacer un acuerdo con chorros, ladrones y asesinos. Problema de la gente si decidió darle el poder a ladrones, chorros y asesinos».
«Si seguimos con este camino vamos a ser la villa miseria de más grande del mundo. Le vengo a proponer la Argentina de Alberdi ¿les gusta? bien, sino sigan en el mismo camino que nos van a romper todos», agregó el economista.
Horacio Rodríguez Larreta, sin retenciones pero graduales para los granos
Por su parte, el actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta utilizó una herramienta que le da «valor agregado» frente a sus adversarios políticos y que apunta a la gestión, a los años que lleva en actividad pública. Y en varias ocasiones recordó que lo importante es «el cómo» se llevarán adelante los cambios que necesita el sector, entre ellos el de sacar las retenciones.
Entre otras cosas indicó que «unificar el tipo de cambio» es un objetivo prioritario de su gestión, pero refutó a los que dicen que eso se puede lograr «el primer día» de gestión. «¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, porque no hay dólares en el Central», resaltó el mandatario porteño.
«La unificación del tipo de cambio es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del Banco Central y recuperar la confianza». «Estas telenovelas de decisiones (del Gobierno) siguen atentando contra la credibilidad del país», consideró el postulante del PRO.
El precandidato por JXC también se refirió al déficit fiscal cero y la necesidad de alcanzarlo en el primer año. «Vamos a reducir la estructura de ministerios a la mitad, pero con eso no alcanza. Necesitamos gente que sepa mirar cada partida en detalle», dijo
«Para el campo lo que es del campo y hay que terminar con esta extracción de los recursos del campo de la era kirchnerista», subrayó Rodríguez Larreta, que cuestionó que «el Estado ha sido socio en las ganancias, pero se borra en las pérdidas».
Luego de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, el jefe de Gobierno porteño indicó que «todo se va a revisar», ya que – según dijo- «no es justo que traten de adelantar recursos del presupuesto del año que viene», completó.
«Ofrezco trabajo, gestión, experiencia y el cómo, no tengan dudas de que el campo va a ser uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina», agregó al cerrar su exposición, antes de la ronda de preguntas.
Juan Schiaretti va por el «Gobierno de unidad nacional»
El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, planteó que es necesario «terminan la maldita grieta» y tener un «gobierno de unidad nacional».
«Hay que terminar con la maldita grieta que tanto daño nos hace», subrayó el mandatario provincial, que disertó en la 135 Exposición Rural de Palermo. Reconoció que tiene que haber «un plan de estabilización macroeconómica y un déficit cero» a partir de la próxima gestión.
Para Schiaretti, «No es necesario un ajuste salvaje. Hay que evitar la superposición de tareas entre los estados nacional, provincial y municipal. El subsidio a la energía y el déficit de empresas públicas», enumeró como tres puntos para evitar el ajuste. De acuerdo a su mirada, «no importa si la empresa es pública o privada, lo primero es que no tiene que dar déficit».
«Basta de ponerle el pie encima al campo y basta de las retenciones agropecuarias», le dijo en un guiño al sector que viene pidiendo sistemáticamente que se termine con estos derechos de exportación. Y tocó un tema sensible, puesto que algunos economistas ponen en dudas que se puedan borrar de un plumazo estos impuestos, dada la alta dependencia que tienen las arcas fiscales. «Se pueden bajar las retenciones», afirmó y aseguró que «Mienten los que dicen que no se pueden bajar las retenciones por una cuestión fiscal. Hay que bajar las retenciones a todo, a las economías regionales hay que darle un golpe a cero y el resto hay que ir bajándolas», indicó.
También se mostró partidario de «empezar a eliminar el cepo e ir hacia un tipo de cambio libre», de manera de poder «ir a la inflación que tienen» Uruguay, Brasil o Chile «en dos o tres años».
Patricia Bullrich, y el fin del gradualismo
La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó hoy que si gana las elecciones eliminará «el cepo el primer día» de gobierno, al tiempo que prometió cambiar la mirada que tiene el estado sobre el campo.
«No existe ninguna posibilidad de no tener austeridad total y absoluta si no queremos tener inversión y producción en el campo», arrancó Bullrich en su mensaje al sector que representa el motor productivo del país
«El cepo es un pac-man que se llevó 18 mil millones de dólares en el último año que, en vez de estar en los pueblos, se fue para mantener un cepo ridículo y ha dejado un banco central con cero reservas», enfatizó la ex ministra de Seguridad.
A su entender, «hay que sacar el cepo de manera inmediata porque sino todos los que tengan que invertir van a estar un año más esperando para invertir a que se vaya el cepo».
«Vamos a sacar el cepo y con una ingeniería jurídica vamos a lograr que no explote la economía», aseguró la postulante del PRO, y en ese aspecto indicó que no piensa ir por el gradualismo: «Si sacamos el cepo en un año, perdemos un año, hay que ir con las medidas desde el primer día», confirmó.
Y en este recorrido señaló a la anterior administración de JXC: «Cuando fuimos muy lento, los vagones se chocaron contra la locomotora. Eso no nos puede volver a pasar, necesitamos ir muy rápido», dijo.
«Basta de mirar al campo desde una concepción extractiva», resaltó Bullrich, y aseguró que hay que hacer los cambios «rápido, con previsibilidad, reglas claras, sin trámites burocráticos y con libertad para exportar».
En ese sentido, la ex funcionaria nacional adelantó que si llega a la Casa Rosada enviará un proyecto de ley el primer día para «que nadie pueda prohibir las exportaciones». Para Bullrich ya se ha demostrado en otros momentos que sin retenciones el campo creció. «La retención nos retrasa, nos impide crecer», evaluó.
Al ser consultada sobre cómo hará para sacar el cepo desde el primer día, detalló que contará «con una cantidad de dólares que se conseguirá de manera internacional» y eso se negociará después de las elecciones. Entre otras cosas indicó que en eso trabaja Luciano Laspina, su asesor en temas económicos.
También se refirió a otro de los temas de agenda, los planes sociales. «Pasarán a ser un seguro de desempleo», dijo e indicó que los más jóvenes, deberán volver a trabajar a los 6 meses, con lo cual en cuatro años no quedarían planes en el país. Finalmente subrayó que habrá «un modelo para bajar las cargas sociales y para desarmar un sistema de judicialización, porque un juicio se te lleva una empresa», agregó.
En último lugar disertó el ministro de Economía Sergio Massa, quien optó por un tono moderado, lejos de la confrontación y buscando en todo momento la empatía con el sector al recordarles que unca tuvieron con él «un enfrentamiento dogmático o por prejuicio». Entre otras cosas, cuestionó a sus pares de la oposición por decir cosas «lindas para la tele sin correlato con las cuentas» del país.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó esta mañana los cambios en el Impuesto PAIS y retenciones a cuenta de otros tributos que empezarán a pesar sobre distintas importaciones y la compra de dólares para ahorro, el “dólar solidario”. La nueva normativa subió en 10 puntos porcentuales la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, la pasó del 35% al 45%, lo que llevó al recargo para la compra de billetes del 65% que regía hasta la semana pasada al 75% actual. Así, el dólar para atesoramiento quedó equiparado al dólar tarjeta.
Los cambios en el tratamiento impositivo de las operaciones cambiaria pesaron sobre la compra de dólares en bancos, el cupo de USD 200 que autoriza cada mes la legislación vigente a ciertas personas físicas. Así, en pocos días, el dólar para ahorro subió casi 7% por el mayor castigo impositivo.
A qué precio vende cada banco
El dólar oficial cerró el lunes a un valor de $293,50 en el Banco Nación, pero los ahorristas que tienen la posibilidad de comprar USD 200 deben pagar 30% extra en concepto de “impuesto País” y el nuevo recargo del 45% por percepción de Ganancias -ese último monto puede ser reclamado al final del año fiscal por aquellos contribuyentes que no pagan el impuesto-. Así, el valor real al que pueden acceder los ahorristas es de $496,12 (dólar solidario) tomando como base la cotización del Nación, que no suele ser la más alta del mercado.https://flo.uri.sh/visualisation/14542745/embed?auto=1A Flourish table
Por tanto, quienes quieran comprar USD 200 deberán desembolsar en torno a 99.207,50 pesos. Claro está, que el valor sigue siendo más bajo que el dólar libre ($552) aunque pasó a alinearse con el dólar MEP ($484).
Claro que el dólar ahorro no está disponible para todos. Si bien en mayo hubo 766 argentinos que compraron billetes estadounidenses aprovechando el cupo de USD 200 (datos del Banco Central) -que según la AFIP compran un promedio, son muchos más los que están limitados por el sistema y no tienen la posibilidad de formar parte de las operaciones formales.
Quién no puede comprar
Actualmente hay 12 condiciones diferentes impuestas por el Banco Central (BCRA) que pueden dejar a un ahorrista fuera del mercado de cambios oficial y, por tanto, sin cupo mensual de USD 200.
– Bajos ingresos: uno de los motivos que pueden limitar el acceso al mercado de cambios, es no contar con capacidad económica suficiente para operar, según los parámetros establecidos por el banco en el que opera cada persona.
– Subsidios: una de las últimas restricciones impuestas por el Gobierno, es que no pueden participar del mercado de cambios oficial quienes solicitaron mantener los subsidios en las tarifas de gas natural, energía eléctrica o agua potable. De hecho, cuando se anunció la medida, miles de usuarios dieron marcha atrás para poder seguir teniendo acceso al dólar oficial.
– Salarios asistidos: una de las condiciones más antiguas y también una de las más restrictivas, tiene que ver con la restricción para quienes hayan cobrado salarios asistidos por las ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Se debe tener en cuenta que, si el empleador obtuvo el beneficio de ATP, la restricción se encuentra vigente, aunque ya no se perciba o el préstamo haya sido devuelto.
Las causales vinculadas con créditos y refinanciaciones se refieren a todo el sistema y no solo a una entidad. Por eso se debe verificar la situación tanto en la entidad con la que se quiere operar como en el resto de las entidades.Quienes gastaron más de USD 200 en el extranjero, deberán esperar a que transcurran los meses necesarios para compensar el exceso de dólares gastados (EFE)
– Compras en el extranjero: Tampoco pueden acceder al mercado de cambios oficial quienes hayan realizado compras con tarjetas de crédito en moneda extranjera por el cupo mensual de USD 200 o más. En caso de que los gastos fuera del país se excedan de los USD 200, la persona no podrá acceder a comprar monedas extranjeras en el mercado oficial hasta que transcurran los meses suficientes para compensar el cupo excedido.
– Refinanciación de tarjetas: están fuera del mercado formal todas las personas que tienen alguna refinanciación de cuotas en las tarjetas de crédito activa.
– Préstamos vigentes: tampoco están habilitados para acceder al cupo de USD 200 las personas que están pagando préstamos prendarios o hipotecarios en UVA con refinanciación.
– Beneficiarios del IFE: así como persiste la prohibición para quienes cobraron sueldos con la asistencia de las ATP, también rige la restricción para quienes recibieron subsidios IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
– Subsidios de PAMI: tampoco las personas que recibieron o reciben subsidios del PAMI están habilitadas para acceder al cupo de USD 200 mensuales.
– Transacciones de títulos: aunque es una restricción menos “masiva” que las anteriores, se debe considerar que no se puede ingresar al mercado oficial de cambios si se hicieron operaciones con títulos valores en los últimos meses.
– Inhabilitación: está prohibida la compra de moneda extranjera para aquellas personas que, mediante las comunicaciones C del Banco Central, fueron oficialmente suspendidas por el organismo.El Banco Central tiene la facultad de inhabilitar a determinadas personas para acceder al mercado formal de cambios. REUTERS
– Sin registro: para poder comprar dólares oficiales, es condición fundamental tener dado de alta el número de CUIT. Es decir que, si no existe información tributaria en la AFIP, no se tiene acceso al mercado.
– Exceso de compra: si bien no es un limitante de acceso propiamente dicho, el BCRA aclara en su sitio que no pueden acceder al mercado de cambios quienes ya hicieron uso de su cupo mensual de USD 200 y quienes superaron el cupo mensual de USD 100 para adquisiciones en efectivo.