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Convertida en punta de lanza de un peronismo derrotado, la CGT dio un vuelco en su estrategia de confrontación con Javier Milei por varias razones.

Con su llamado a otro paro el 9 de mayo, la CGT tiró por la borda su intención de esperar el desenlace legislativo de la ley de Bases y la decisión de la Corte Suprema sobre el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Pudo más la genética antropófaga del sindicalismo, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. El apuro en acelerar la conflictividad es porque los sindicatos perciben cierta pasividad de sus líderes políticos. Los sorprende la falta de reacción y el silencio de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El giro en la estrategia responde también al ajedrez interno de la central obrera. El llamado a un paro con casi un mes de antelación evitó una ruptura, a pesar de la escenificación de unanimidad que se intentó mostrar después de la reunión de consejo directivo. Héctor Daer, uno de los jefes cegetistas, que suele ser un dirigente racional y dialoguista, pasó en 12 horas de valorar el intercambio con el Gobierno y elogiar la versatilidad de Santiago Caputo, el joven asesor presidencial, a un discurso inusualmente combativo. “Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en el Congreso y en la calle”, dijo el 24 de enero, cuando fue el primer paro. Ahora lo reiteró a pesar de que se abrió el canal de diálogo con los funcionarios de Milei por el que tanto había insistido.

El endurecimiento de Daer responde a su vez la pelea que mantiene con Pablo Moyano y el barrionuevista Carlos Acuña, sus coequipers en el triunvirato de mando de la CGT. Acuña reapareció en el día a día de la CGT después que Luis Barrionuevo haya amenazado con reunir adhesiones para desplazar a Daer si es que no avanzaba con un paro. Incluso, hasta pidió que la huelga fuera de 36 horas en vez de 24. Barrionuevo y los Moyano, a veces en veredas opuestas, vuelven a actuar en tándem. Hasta fantasean con condicionar a Daer a través de los influyentes gremios del transporte, hoy atomizados aunque con su poder de daño intacto.

Daer, que fue el sindicalista que más caro pagó la derrota electoral de Massa por su cercanía y amistad, perdió incluso el apoyo de uno de sus grandes aliados: Armando Cavalieri, el histórico jefe del Sindicato de Comercio y referente de “los Gordos” (grandes gremios de servicios). Cavalieri tomó distancia desde que abrió un canal propio de diálogo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ausente del primer encuentro oficial con la CGT a pesar de tener el área laboral bajo su órbita. Cavalieri y Pettovello avanzan en la posibilidad que Comercio reemplace a las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, al estilo Uocra.

Durante la reunión del miércoles con los funcionarios de Milei, Daer avisó que estaba la posibilidad de activar una movilización por el Día del Trabajador y que estaba latente la alternativa de un paro. Lo planteó abiertamente. Aunque lo condicionó a la garantía de que las paritarias que se acuerden con los empresarios sean validadas por la Secretaría de Trabajo. Tal vez el llamado al paro con tanta antelación habilite un atajo para forzar una nueva negociación con el Gobierno. ¿El paro se puede levantar? “Hoy es difícil, mañana no lo sé”, respondió a LA NACION un jerárquico de la CGT con influencia en las diferentes tribus sindicales que conviven hoy en la misma central obrera.

Nicolás Balinotti

Fuente: La Nación

En medio de la disputa que se desató entre el Gobierno y las prepagas por los sucesivos aumentos, el asesor presidencial Federico Sturzenegger se desmarcó del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que las subas en los precios de las empresas de medicina se deben a un «reacomodamiento del desequilibrio«. Además, el también expresidente del Banco Central apoyó el borrador de reforma laboral presentado por la Unión Cívica Radical.

“Hay que confiar en el mercado”, sostuvo el autor intelectual del «Mega» DNU 70/23 que impulsó el presidente Javier Milei. «Los aumentos han sido doloroso, pero tampoco le podés echar la culpa a quienes están ordenando la situación, haciendo que la situación sea sustentable en todo caso”, sostuvo durante una entrevista con LN+.PUBLICIDAD

“Estamos en una situación de reacomodamiento del desequilibrio. Se tiene que ordenar relativamente rápido y con reglas del juego claras”, manifestó el economista, al mismo tiempo que pidió recordar como la gestión de Alberto Fernández «pisó los precios» de las empresas de medicina prepaga en un contexto de alta inflación, lo que produjo que quedaran desfasadas.

Luis Caputo volvió a cargar contra las prepagas: «Le están declarando la guerra a la clase media»

En esa línea, comentó que en los últimos dos años el precio de las cuotas de esas compañías «se pararon de una manera que no era sostenible y el precio al que se ajustaron es para recuperar eso, pero ni siquiera”, aunque insistió en que las reiteradas subas son «dolorosísimas«.

Días atrás, el titular del Palacio de Hacienda había manifestado los dueños de las prepagas “le están declarando la guerra a la clase media” y escribió un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que desde el Gobierno harán «todo lo que esté al alcance para defender» a este sector de la sociedad.

En ese mismo sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado en una de sus habituales conferencias de prensa que se están “evaluando medidas y pasos a seguir” en el sector de la medicina prepaga “ante situaciones que sean abusivas por cuestiones de cartelización”, en sintonía con las palabras de Caputo.

La reforma laboral y el paro de la CGT

En otro tramo de la entrevista, Sturzenegger, quien presidió el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el macrismo y es señalado actualmente como el «arquitecto» del decreto «desregulador de la Economía» firmado por Milei a fines de diciembre pasado, se mostró a favor de la reforma laboral que redactaron legisladores del radicalismo y presentaron en el Congreso.

Sobre el borrador de la UCR, indicó que espera que tenga «un gran consenso» en el Parlamento y sostuvo que es una reforma «más fuerte que la que tenía el DNU de Milei”. También precisó que propone eliminar las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo.

La CGT anunció un nuevo paro general y el Gobierno retrucó: «Sindicalistas con síndrome de abstinencia»

«Es una parte central de la reforma laboral que sea voluntario y con consentimiento el aporte del asalariado a la obra social de cada sindicato. Las mismas tendrán que competir para lograr abonados porque ya no tendrán clientes cautivos como hasta ahora», añadió el asesor del líder libertario.

Por último, se expresó en contra del nuevo paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y señaló que la central obrera «representa cada vez a menos trabajadores».

«Es un país muy grande, hay mucha gente, la gente se levanta y trabaja. El impacto es menor. Si hay gran parte de los privilegios que ellos de marco legal, y eso es lo que pretende cambiar Javier Milei», cerró.

Fuente: Perfil.com

En un fallo histórico, la Cámara Federal de Casación Penal concluyó este jueves que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. La sentencia sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.Te puede interesar:El juez de Casación Carlos Mahiques reiteró la necesidad del juicio en ausencia contra los iraníes acusados de volar la AMIA

Carlos Mahiques, juez que lideró la sentencia, reiteró este viernes la importancia de la decisión judicial, y aprovechó para resaltar la figura del exfiscal Alberto Nisman, quien murió en enero de 2015 luego de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a Irán en su supuesta responsabilidad en el atentado contra la AMIA por el Memorándun de entendimiento con ese país firmado en 2013, algo que finalmente no propesró ya que no fue avalado por el Parlamento iraní.

El cadáver de Nisman fue encontrado en la noche del domingo 18 de enero de ese año, después de más de doce horas en donde el fiscal que había hecho la denuncia más importante del país no había dado, literalmente, señales de vida.Te puede interesar:La historia judicial del atentado a la AMIA: alertas rojas, un juicio nulo, irregularidades estatales y el Memorándum con Irán

Hoy, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Mahiques afirmó que “el ex fiscal Nisman continuó e intensificó” la línea de investigación que señalaba a Irán y a la organización terrorista Hezbollah como responsables de los ataques, y aseguró que si hubiera logrado finalizar con su camino, podría haber llegado antes a las mismas conclusiones de las que llegó la Cámara ayer.

“(Nisman) Tenía muy en claro que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría haber tenido antes de este fallo resultados palpables”, sostuvo el juez.Te puede interesar:La Justicia concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por HezbollahEl entonces fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, murió en enero de 2015. Foto: Martín Rosenzveig

La causa por la firma del memorándum se inició por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que planteó que con ese acuerdo se buscaba dar de baja las alertas rojas de detención de Interpol de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, lo que la propia Interpol negó que haya ocurrido. Junto con la Vicepresidenta, están acusados el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque y el senador Oscar Parrilli, entre otros. Todos fueron sobreseídos por el TOF 8. Pero Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio con nuevos magistrados.

Mahiques detalló las características de su fallo, y cómo llegó a la conclusión de que Irán era un Estado terrorista por su responsabilidad a los ataques en Argentina.

“El acto tene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una especie de califato universal. A partir de allí surge claro que hay una interdependencia. Hezbollah no es un organismo estatal, aunque gobierna en El Líbano. Tiene un brazo militar y una expresión política. Pero también fue el brazo armado y la organización que respondió a designios de la política de la Revolución Islámica. Hay un lazo muy demostrado entre la conducción entre el Gobierno de Irán de ese tiempo y Hezbollah. Y ahí uno llega a la conclusión de que Hezbollah no pudo haber hecho n atentado como el de la AMIA sin el el financiamiento, la planificación, el armamente, del Estado Islámico de Irán”, contó.

Además, aseguró que se eligió a Argentina como blanco de esos ataques “porque ofrecía vulnerabilidades desde el punto de vista de su seguridad, de su inteligencia”.

“Son varios los factores. Quedó claro que Irán estaba detrás de esos atentados y Hezbollah detrás de la ejecución”, añadió.

El juez también reiteró que la situación en materia de Seguridad e Inteligencia que vivía la Argentina en aquellos años “no ha mejorado mucho”, y resaltó que en el fallo hay “una serie de exhortaciones y órdenes y directivas para que se replanteé desde el punto de vista de la seguridad pública, el concepto de seguridad nacional”, con el fin de evitar nuevos atentados en el territorio.El ataque a la sede de la AMIA fue el atentado terrorista más grave ocurrido en territorio argentino.

Mahiques también trazó un paralelismo con lo que ocurre en Rosario con el avance del narcotráfico, y afirmó que se puede hablar de “narcoterrorismo”.

“Hay circunstancias como los sistemas de cooptación, el uso de menores para generar atentados indiscriminados o muertes, que son formas también de terrorismo. No tienen que ver con una matriz ideológica o religiosa, sino simplemente con el negocio del narcotráfico, pero estamos empezando a ver. El Estado argentino tiene que pertrecharse no solo para prevenir sino también investigar antes de que suceda. Y eso requiere no solo de reformas legales sino de recursos de inteligencia”, cerró.

El fallo de ayer es clave en el marco de la causa AMIA, cuyo atentado cumplirá 30 años. La sentencia -dictada por los jueces Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma– incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Y en su voto, el juez Mahiques sugiere que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Es que Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).

El pronunciamiento se hizo en el marco de la revisión de la absolución de Carlos Telleldín, el reducidor de autos que se convirtió en el primer detenido en la causa. Casación ratificó esa decisión, al sostener que la camioneta que Telleldín vendió no fue la que se usó como “coche-bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con su armado”.

En otro fallo conexo, Casación también confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.

Fuente: Infobae.com

Cuando estalló la interna de la Unión Industrial Argentina (UIA), semanas atrás, a raíz del posicionamiento de las autoridades frente al gobierno de Javier Milei, todos dentro del sector reconocían a PERFIL que era el principio de una larga lucha de poder. El tiempo parece haberles dado la razón. Tras el reclamo contra el gobierno por la apertura de importaciones a los alimentos, en el corazón de la UIA plantearon que el reclamo no era por los industriales sino solo porque Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, buscaba proteger a su sector, las empresas alimenticias.

Lo cierto es que esa decisión del Gobierno produjo ruido dentro de la poderosa Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). El lunes la entidad decidió darle la presidencia a Carla Martín Bonito, quien ocupaba el cargo de Directora Ejecutiva. De esa manera Funes de Rioja dejó el cargo que encabezó durante 16 años.

La recesión avanza: la industria y la construcción volvieron a desplomarse en febreroPUBLICIDAD

Según contó el periodista Ariel Maciel en este medio, «la caída en desgracia de Funes de Rioja respondió a una ruptura entre los intereses de las fábricas que sufren el impacto de la recesión y la abrupta debacle del mercado interno, y las empresas que se alinearon con el plan de ajuste y licuadora del ministro Luis Caputo. La apertura de las importaciones, con beneficios para la producción extranjera, hizo estallar en cólera a las alimenticias, debido al impacto más social que real de la medida, ya que el esquema de comercio exterior aún es una incógnita».

Recesión «con esperanza»

Los números oficiales de la actividad económica siguen cayendo. El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró una caída del 11,2% en marzo respecto a febrero y se ubicó un 40% por debajo del nivel del mismo mes del año pasado. Así lo reflejó el relevamiento mensual que realiza Grupo Construya, asociación civil referente del sector, creada en el 2002, que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país y que agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales.

Por otra parte, en el sector maderas, la situación es parecida. Roberto Fontenla, CEO de la firma que lleva su apellido y vicepresidente de la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) habló en Radio Splendid y analizó: «Dividiría en dos partes. En el interior está por encima del 50%. Hay un paréntesis ahora, pero la situación es difícil, principalmente para la PYME que enfrenta todas las batallas».

«Comparativamente con años anteriores, ni hablar, el cambio es brutal, pero necesario. Veníamos derrapando hace muchísimo tiempo. Había que realizar un cambio. Y con este cambio estamos con esperanza. Sufriendo, pero con esperanza», completó.

Horacio Berra, de la Construcción: “La mayor parte del ajuste la está pagando el sector privado”

Sobre el rol de la UIA, Fontenla defendió a la entidad a pesar de las críticas que escalan todos los días internamente: «La UIA hace lo que puede, el espacio que le dan. A uno le resulta muy difícil que le den respuestas cuando plantea los problemas del sector. Hoy las respuestas son lentas, de transformaciones. No se le puede pedir a la UIA que tome medidas violentas».

Crisis en el sector de la madera

Valentino Romano, presidente de la misma Cámara dentro del rol de jóvenes empresarios quien agregó: «La caída de la demanda en el sector maderero, alcanza números alarmantes del 60%. Ese es el caso de Cañada de Gómez, en Santa Fé, uno de los más representativos de la situación de nuestro sector».

Se profundizó la crisis industrial y crece el malestar en las bases de la UIA

«Nos piden competir cuando nuestra prioridad hoy es sobrevivir. Competencia desigual, no por el empresario, quien es productivo puertas adentro pero pierde competitividad puertas afuera, por el estado, el mismo que no ajusta su carga impositiva que recae en las espaldas ya gastadas del sector privado», agregó.

«Otro punto desigual es el acceso al crédito, tal ejemplo está muy cerca de nuestro país, donde en Brasil es el 60% sobre el PBI, mientras que en Argentina, un pobre 6%. Otro punto de partida innegociable de nuestra desigualdad frente al mundo es un régimen laboral injusto, que no promueve un clima de contrataciones y pareciera tener como objetivo fundir a las PyMES», concluyó Romano.

Fuente: Perfil.com

(Enviado especial a Miami) Tras comentar con sus colaboradores el impacto de la ceremonia que protagonizó anoche en la comunidad judía local, Javier Milei se reunió con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para tratar la situación económica de la Argentina.Te puede interesar:Milei ratificó su compromiso con la comunidad judía tras recibir la distinción Embajador de la Luz en Miami

Goldfajn llegó pasadas las 9AM (las 10 en la Argentina) y subió a un ascensor del hotel Gran Beach Surfice Oceanfront para formalizar su encuentro con Milei. También Gerardo Werthein, embajador designado en los Estados Unidos, participó del cónclave.

“Fue una muy buena reunión con el presidente Milei para seguir trabajando en conjunto la Argentina y el BID”, resumió Goldfjan -en declaraciones a Infobae– al salir de la reunión.Te puede interesar:Quién es Gabriel Bornorini, el nuevo presidente del bloque libertario en DiputadosIlan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en diálogo con el enviado especial de Infobae

El BID es un banco regional que se adecua a la agenda de intereses geopolíticos de la Casa Blanca, y por eso se ha transformado en una pieza clave para balancear la ofensiva de China en América Latina.https://c76f0846944615f29c1de6cd20b0b100.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En este contexto, y asumiendo que Milei considera a Estados Unidos su socio estratégico, la reunión con Goldfajn debería servir para abrir un puñado de alternativas destinadas a fortalecer el programa económico del gobierno.Te puede interesar:Oscar Zago anunció que su partido dejará el bloque de La Libertad Avanza: “Algunos le mienten al Presidente”

El presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, asumen que necesitan una mayor cantidad de reservas del Banco Central para unificar los tipos de cambio y contener un eventual conflicto con Beijing por el swap con China. Y el BID, durante la administración de Alberto Fernández, exhibió sus reflejos políticos para estar en la primera línea de fuego.

Milei calculó que necesita 15.000 millones de dólares para unificar los mercados y frenar un eventual ataque especulativo, y el BID junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), la CAF y el Banco Mundial (BM) aparecen en su hoja de ruta como sus principales aportantes institucionales.

Se trata de un trabajo silencioso y complejo que siempre necesitará del apoyo político de la Casa Blanca. El cónclave que Milei ahora protagoniza con Goldfajn apunta hacia esa dirección.El embajador Gerardo Werthein posa con Ilan Goldfajn en Miami

Además de los fondos para sostener la unificación de los mercados, el jefe de Estado diseña un mecanismo financiero para contener una decisión política que Xi Jinping ya evalúa en Beijing.

Milei suspendió todas las obras públicas sostenidas con financiación china, y esa decisión afecta la ofensiva comunista en América Latina. Sin obras en la Argentina, el líder del régimen asiático tiene poco para mostrar a nivel global.

La canciller Diana Mondino viajará a Beijing en los próximos días, y se encontrará con una disyuntiva compleja: si Milei no levanta la suspensión de las obras chinas, Xi podría exigir el inmediato pago de 5900 millones de dólares del swap que se usaron para financiar las importaciones que llegan desde el gigante asiático.

Con este eventual futuro imperfecto, Milei busca la construcción de un “crédito Puente” para superar la presión de Xi y evitar que el programa económico se transforme en una montaña rusa.

El BID, monitoreado desde la Casa Blanca, podría contribuir a la alternativa del crédito Puente que evalúa el Presidente argentino. En otras épocas, cuando Alberto Fernández y Sergio Massa se enfrentaron al FMI, el BID aportó millones de dólares para saltar un inevitable default.

El cálculo de Milei es fácil de explicar: si el BID ayudó para superar una crisis con el FMI, porque no lo haría para contener una movida agresiva de China contra el principal socio de Estados Unidos en América Latina.

Fuente: Infobae.com

El Ministerio de Capital Humano habría decidido avanzar con una medida que fue considerada desde el inicio de la nueva gestión de Gobierno: quitar el plan a aquellas personas que no permitan la libre circulación e interrumpan la calle en manifestaciones sociales. Así lo informó el programa conducido por Luis Majul +Nación, por LN+, en donde confirmaron que Sandra Pettovello firmó una resolución que precisa los criterios para el egreso del plan “Volver al trabajo”.

“El que impidiere, estorbase o entorpeciese el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o no permitiera a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio”, precisa la resolución oficial que fue adelantada en el programa de LN+.

También, será una causal de egreso “incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes”.

Según indicaron durante el informe, el plan Potenciar trabajo durante los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández significó para los movimientos sociales una gran cantidad de dinero. El Movimiento Evita, dirigido por Emilio Pérsico, manejó más de 15 millones de pesos y el Movimiento de los Trabajadores, liderado por Juan Grabois, una suma superior a los 4 millones, entre otros movimientos sociales.

Desde que asumió, el Gobierno dio de baja 58.083 planes Potenciar trabajo por inconsistencias tal como se precisó en +Nación. Pero también hubo cerca de un millón de beneficiarios nuevos en el plan “Volver al trabajo”.

Esta medida se conoce tras otra jornada de conflicto y tensión en el centro porteño. Este miércoles los movimientos sociales interrumpieron el tránsito en la avenida 9 de Julio durante más de una hora, lo que motivó la reacción de la Policía, que desplegó camiones hidrantes para intentar liberar la circulación.

El programa “Volver al trabajo” busca fomentar la reinserción laboral y el desarrollo de competencias sociolaborales. Está dirigido a individuos que previamente formaron parte del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo”. Esta transferencia se fundamenta en el Decreto N°198/24, que asegura una continuidad en el apoyo a las personas que ya estaban recibiendo ayuda del Gobierno en su búsqueda de trabajo y desarrollo profesional.

Este plan de ayuda social, a diferencia del beneficio anterior, convive con otros ingresos del beneficiario y le permite poder seguir insertándose en el mercado laboral. “Aquellas personas que tengan otro ingreso no pierden el plan”, indicaron. Sin embargo, no es así para aquellos que tienen un empleo en el sector público. Desde que asumió el Gobierno, se dieron de baja 9413 planes que estaban registrados como trabajadores del Estado.

Fuente: La Nación

El paro de colectivos se sintió a partir de la madrugada de este jueves. A las 0 horas los choferes de una extensa lista de líneas empezaron con la retención de tareas que promueve la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en aquellas empresas que no les depositen todo el sueldo que les corresponde y reclaman los trabajadores, un básico de $ 987.000. Esta mañana, la Secretaría de Trabajo llamó a un reunión con los empresarios y el gremio para intentar destrabar el conflicto, Será a las 12.30. 

Las líneas que no funcionan son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Tampoco lo hacen las empresas provinciales desde el número 200 al 499 y las municipales, desde el 500 en adelante.

Según la recopilación realizada por la cuenta de X «Ciudad de Bondis«, las líneas que sí circularán son 6, 7, 8 (ex 5), 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 80, 84, 87, 91, 95, 100, 101, 107, 108, 111, 115, 117, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263 A, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 A. Brown, 520/523 Lanús, 570 Avellaneda, Empresa Yitos, Autobuses de Lomas de Zamora y Expreso Esteban Echeverría (222, 306 y 518).

El miércoles La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un ultimátum y anunció la retención de tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves, 11 de abril. Según el gremio, los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada, esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas. No se fijó un horario para la medida, depende del avance de la negociación y la concreción del pago.

El miércoles hubo un encuentro con las cámaras empresarias en el que reclamaron, de momento sin éxito, el pago de las sumas salariales adeudadas para llegar a un básico de $987.000.

“El sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, inició el comunicado, firmado por el secretario general del gremio, Roberto Fernández.

El sindicato, en función del convenio colectivo de trabajo firmado entre las partes, con la que se evitaron medidas de fuerza en enero pasado, sostiene que les corresponde un sueldo mínimo de $987.000, que además debe ser ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero.

Sin embargo, desde las cámaras empresariales aseguran que no tienen los recursos para hacerle frente a ese monto, y que solo les alcanza para afrontar un número similar al que abonaron en el segundo mes del año, de $737.000.

En este sentido, enfatizaron en la falta de actualización tarifaria (el Gobierno postergó los aumentos de abril para que no influyan en el IPC del mes en curso y que el dato de la inflación no supere las expectativas de Milei y Caputo) así como de subsidios desde el Estado Nacional, que el martes les avisó en una reunión que no hará envíos adicionales para intentar destrabar el conflicto.

Para las pymes, la quita de subsidios a la electricidad podría «terminar de liquidar a los comerciantes e industriales»

A su vez, alegan que, a pesar de una cláusula del acuerdo suscrito estipulaba un salario mínimo de $987.000 para marzo, el Gobierno Nacional no lo reconoce debido a la ausencia de un acuerdo paritario formal y que, por consecuencia, la Secretaría de Transporte no lo consideró en el cálculo de costos, lo que resulta en una insuficiencia en los ingresos provenientes de pasajes y asistencia estatal.

«Las empresas han perdido capital a lo largo de estos años y sin capital no hay empresas, ni fuentes de trabajo. Si por cualquier motivo en las mencionadas circunstancias se decidiera que el sector empresario deba abonar otro salario que no sea el homologado en el acuerdo del 2 de febrero próximo pasado, debemos señalar que se carecerán de los recursos para afrontar el mismo», expresaron en un comunicado conjunto desde AAETA, CETUBA, CEAP, CTPBA, y CEUTUPBA.https://rudo.video/vod/bRUEAz?volume=0

La posición de la UTA

Desde UTA resaltaron que «ahora niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano» y anunciaron la inminente medida de fuerza.

«Ante tal situación, en el día de mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada, esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, informaron en el escrito.

De no ocurrir esto, llevarán adelante una ‘retención de tareas’, por lo que no habrá colectivos en las calles del AMBA hasta que es monto se deposite o se levante la medida por alguna causa o circunstancia. 

Recientemente, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, reiteró el pedido de que la tarifa de colectivos vuelva a aumentar, afirmando que, con ello, se podrían compensar los costos de funcionamiento, entre ellos los laborales, para garantizar el servicio. Y hasta le puso número al valor del pasaje sin asistencia de fondos públicos. “Un boleto sin subsidio es de $1.200”, advirtió.

En el acta del encuentro entre el Gobierno, las empresas y el sindicato, desde la Secretaría instaron a «extremar esfuerzos a fin de acercar posiciones superadoras de las diferencias planteadas, y -con el objetivo de proseguir con las tratativas- designa nueva fecha de audiencia virtual para el día 15 de ABRIL de 2024 a las 11:00 horas».

Fuente: Perfil.com

El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, desplazó a su hijo Pablo del conflicto por la no homologación de la última paritaria y ya está negociando con el Gobierno un nuevo convenio salarial por el cuatrimestre marzo-junio en reemplazo del que fue objetado por el Gobierno.Te puede interesar:El Gobierno abrió otro foco de conflicto con los gobernadores: solo les envió el borrador de la Ley Ómnibus a los aliados

Así lo acordaron anoche Moyano y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, apenas terminó la reunión de la CGT con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de la que sorpresivamente participó el jefe de Camioneros. Luego de exponer sus argumentos y los números que sustentan el aumento, se resolvió que este jueves seguirán las negociaciones en Trabajo, en forma simultánea con las deliberaciones que mantienen en estas horas las cámaras empresariales.

De esta forma, el líder gremial cedió ante la firme decisión de la Casa Rosada de negarse a convalidar el aumento del 45% para marzo y abril (en dos tramos del 25% y del 20%), que superaba la pauta salarial del Ministerio de Economía y que, además, fue impugnado por cuatro cámaras del interior.Te puede interesar:El Gobierno aceptó negociar con la CGT cómo será la nueva reforma laboral, pero no le alcanzaría para evitar otro paro generalLa ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, había amenazado la semana pasada que este lunes no se iba a “mover ni una hoja ni una pluma en el país” si el Gobierno no homologaba el aumento, pero ese día dio marcha atrás y anunció que recién este jueves se decidiría una medida de fuerza en un plenario de 20.000 trabajadores presidido por su papá, Hugo Moyano. Incluso habló de lanzar un paro de 48 horas y más tarde dijo que podría resolverse una movilización a la Plaza de Mayo.

Para este jueves, además, Hugo Moyano había convocado a las cámaras empresariales a una reunión que debía hacerse a las 11 en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, avenida Caseros 921. Por ahora, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) están deliberando por separado para analizar el nuevo escenario que abrió para la paritaria.Te puede interesar:Tras el escándalo de los seguros, el Gobierno prohibió a los intermediarios en todas las pólizas con organismos del Estado

Anoche, miembros de las cámaras se reunieron con Cordero luego de que éste terminó de hablar con Moyano en la Casa Rosada. Hasta ahora, la idea sería que el convenio no homologado quedaría en un limbo legal y se firmaría otro acuerdo salarial por cuatro meses, marzo-junio, en porcentajes aún no definidos, pero que deberían adaptarse al esquema oficial de pactar por la inflación futura.Pablo Moyano fue apartado por su padre del conflicto con el Gobierno por la paritaria de Camioneros

Entre los empresarios aseguran que el nuevo acuerdo que se explora no incluirá, a diferencia del anterior, ningún aporte extraordinario del sector patronal destinado a la obra social de Camioneros (el anterior fijaba una suma de 10.000 pesos mensuales por trabajador), uno de los puntos que originó la impugnación de cuatro entidades de FADEEAC (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) que consideraron que en el convenio firmado con el sindicato se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social que “terminan favoreciendo a las grandes empresas y afectan a todas las pymes del país”.

El conflicto con Camioneros se convirtió en un caso testigo para el Gobierno en su decisión de no convalidar aumentos que superen la inflación prevista. Ante la amenaza de Pablo Moyano de parar este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, le advirtió el viernes que no homologarán la paritaria y se preguntó: “¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido?”.

“(La Secretaría de Trabajo) Lo va a homologar en tanto le parezca razonable -aseguró Caputo en una entrevista con LN+-. Si homologa el 25% de suba en febrero cuando la inflación fue del 13, o de 20% en marzo cuando la inflación va a ser 10, bueno, el próximo que venga puede decir ‘yo también quiero, dame 30 en abril, dame 40 en mayo’. Vos tenés que dar algo que sea razonable y compatible con lo que estás haciendo. Es parte del equilibrio general”.Hugo Moyano, con Carlos Acuña, luego de la reunión con el Gobierno en la Casa Rosada (Foto Nicolás Stulberg)

Mientras,como anticipó Infobae,el Gobierno encontró esta semana una fórmula que puede destrabar las paritarias que hayan superado la pauta definida por el Ministerio de Economía: en la Secretaría de Trabajo confirmaron que finalmente homologarán el aumento del 45% otorgado en febrero al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hasta ahora sin convalidación oficial, ante la decisión del gremio de pactar incrementos del 10% para marzo y del 4% para abril, que están en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.

“Más allá de las diferencias políticas, destacamos el gesto del sindicato de acompañar el camino de una inflación a la baja”, afirmó a Infobae un vocero oficial acerca de la paritaria bimestral firmada por Víctor Santa María, titular del SUTERH, y la Unión de Administradores de Inmuebles, la Cámara de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.La no homologación de las paritarias fue motivo de debate en la primera reunión del Gobierno y CGT

La CGT llevó este miércoles a la Casa Rosada su queja por la no homologación de algunos aumentos, mientras que el Gobierno les pidió “paciencia” y un “acompañamiento durante 2 o 3 meses” con acuerdos salariales que no superen la inflación prevista, para lo cual garantizaron, a través de Cordero, que se acelerará el ritmo de las homologaciones que se acumulan sin aprobar.

Los dirigentes cegetistas advirtieron que negocian las paritarias con “responsabilidad” y que “los salarios no son el tema central de los problemas macroeconómicos de la Argentina”, por lo cual rechazaron la demora de Trabajo en homologar algunos acuerdos. Cordero explicó que recién ahora pudo completar su equipo y así empezar a ponerse al día con las homologaciones. “Ahora se está normalizando todo”, les aseguró. Pero allí fue cuando intervino Hugo Moyano para quejarse de que su paritaria sigue sin homologarse. Fue el único caso concreto que surgió y el único que finalmente consiguió una atención personalizada del secretario de Trabajo. Ahora, se está explorando una solución parea Camioneros que puede servir para encaminar otros conflictos salariales.

Fuente: Infobae.com

El ministro de Economía Luis Caputo aclaró algunas dudas sobre el monto tope por el cual se podrá blanquear capitales sin pagar ninguna alícuota de penalización. Será de 100 mil dólares, aunque podría ser mayor ese tope en la medida en que, quien blanquea, cumpa con ciertos requisitos como ingresar el dinero en circuito financiero nacional hasta fines del 2025. 

Las prepagas responden a las críticas de Luis Caputo: «No hubo más aportes del Estado»PUBLICIDAD

Así, el titular de Hacienda volvió a utilizar la red social “X” para realizar una serie de aclaraciones sobre este punto al postear sobre una cuenta que destacaba los beneficios de poder ingresar al sistema US$100.000 sin pagar ninguna penalidad.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1778019418791936137&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Fblanqueo-caputo-explico-el-monto-tope-para-ingresar-sin-pagar-ninguna-penalizacion.phtml&sessionId=8473cf9e50bbd1aa43f6849b8b637e6476f1de81&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

“También es alícuota cero para montos superiores a los 100 mil dólares, en tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31/12/25, o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el poder ejecutivo”, señaló el ministro de Economía.

En ese mismo sentido, Caputo añadió: «Si adelantás el pago de bienes personales del 2023 al 2027 lo haces a una alícuota de 0,45 pct por año (2,25 por los 5 años, pagaderos al tipo de cambio oficial). Esto te da derecho a no tener que presentar declaración jurada hasta el 2028, y estabilidad fiscal hasta el 2038”, explicó el funcionario. 

Algunas consideraciones sobre el blanqueo que presentó el gobierno

Según la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el blanqueo de capitales se dividirá en tres etapas: 

• la primera desde la reglamentación de AFIP hasta el 30 de septiembre,
• la segunda del 1° de octubre al 31 de diciembre y
• la última del 1° de enero de 2025 al 31 de marzo de ese año.

Sin importar en qué etapa ingresen, quienes blanqueen activos por un valor total igual o inferior a u$s100.000 no tendrán que pagar ni impuesto fijo, ni tasa de penalidad, por lo que no tendrán recargo alguno.

Blanqueo de capitales: quiénes podrían ingresar de manera gratuita

Por otra parte, los que ingresen al blanqueo por valores superiores a u$s100.000, deberán pagar diferentes penalidades, según la etapa en la que se sumen.

Los que lo hagan en la primera parte del blanqueo, tendrán que pagar una tasa del 5% sobre el excedente de dólares estadounidenses. Eso quiere decir que, si blanquean por ejemplo bienes por un valor de u$s200.000, tendrán que abonar u$s5.000 de penalidad (el 5% de u$s100.000).

Por su parte, en la etapa 2, la tasa de penalidad será del 10% -también sobre el excedente de u$s100.000-, al tiempo que en la tercera etapa, dicha penalidad llegará al 15%.

El visto bueno de un CEO local al proyecto del blanqueo

Siguiendo con la comunicación via redes sociales, la aclaración del ministro de Economía Luis Caputo le valió la adhesión de un reconocido CEO de una fintech local.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1778020487203098900&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Fblanqueo-caputo-explico-el-monto-tope-para-ingresar-sin-pagar-ninguna-penalizacion.phtml&sessionId=8473cf9e50bbd1aa43f6849b8b637e6476f1de81&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

Tras los posteos del titular de Hacienda y la aclaración de que los montos a blanquear podrían ser mayores a 100 mil dólares sin penalización en tanto se cumpla con ciertas consideraciones, Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá calificó la decisión como «Muy inteligente». 

Fuente: Perfil.com

El juez federal Julián Ercolini ordenó esta noche la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas.Te puede interesar:Ordenan liberar al hacker misionero por la causa de espionaje a jueces: la defensa dijo que fue un “otario útil”

Además de Alberto Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.Te puede interesar:El gobierno porteño presentará este jueves el proyecto para crear su propia Justicia del Trabajo

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos,a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

Según la resolución de Ercolini, a la que tuvo acceso Infobae, la aparición de esas dos intermediarias en la póliza de la ANSES multiplicó las ganancias de San German Seguros. “El porcentaje de participación de “SAN GERMAN SEGUROS S.A.” como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez.Te puede interesar:Una empresa de televisión satelital deberá indemnizar a un hombre por hostigarlo con ofertas telefónicas

En el caso de Martínez Sosa, el juez destacó su relación estrecha con Alberto Fernández y su vínculo con otros brokers. “Además de su intermediación como productora, participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, “BACHELLIER S.A.”, “LEVELAR S.A.” y Fernando Carlos Salim”, dice la resolución.Tanos entró a Nación Seguros en 2021 y fue ascendido en este gobierno.

Entre los afectados por la inhibición general aparecen los dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron echados este fin de semana: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.

También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.

La cooperativa “7 de mayo”, inscripta ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías, tiene a su nombre dos camionetas Jeep Commander 4×4, valuadas en más de 50 mil dólares. Una de ellas, comprada hace un mes, terminó complicando la situación de Mauro Tanos. Ese funcionario tenía una cédula azul para utilizar la camioneta y ahora deberá explicar su vínculo con los dueños de la cooperativa. Pero no es todo. Según documentos a los que accedió Infobae, “7 de mayo” retiró casi $700 millones de sus cuentas bancarias.La sede de la cooperativa de Trabajo 7 de mayo.

Los investigadores llegaron a la cooperativa, y luego a Tanos, a partir de una llamativa situación que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez Ercolini hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio, involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.

Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del lugar, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. Fue una entrega coordinada entre los dueños de San Ignacio para dejar conformes a los efectivos que tenían una orden de presentación. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, Alfredo Del Corro.

Además de las camionetas, la cooperativa “7 de mayo” tiene movimientos de dinero muy llamativos. Entre el 1 de abril y el 31 de agosto del año pasado, movilizó $296 millones de pesos, según denunció una entidad bancaria ante los organismos reguladores. En octubre de ese año, otra vez hizo transferencias por otros $400 millones, pudo saber este medio. Son casi $700 millones en apenas siete meses.

¿Cómo amasó semejante fortuna una cooperativa que está inscripta ante la AFIP para vender bebidas a bares y cervecerías? Fuentes del mercado asegurador aseguran que esa firma se habría utilizado para canalizar pagos indebidos por la trama de los seguros.

El juez Ercolini también pidió este lunes que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes.

Por último, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

Alberto Fernández está imputado en las dos causas, pero todavía no se presentó en Comodoro Py. Tampoco designó abogado, aunque tuvo conversaciones con con varios defensores. “No nos pusimos de acuerdo con los honorarios”, dijo uno de los consultados.

El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.

Fuente: Infobae.com