La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le envió una carta al presidente de la Cámara, Martín Menem, anunciándole que es intención del Presidente ir al Palacio el próximo domingo a las 21 horas para presentar el proyecto de ley y le pide que arbitre los medios necesarios y que, además, haga extensiva la invitación a los miembros del Senado de la Nación.https://c35ceef99f60eaaff6870d97530eb2c4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En ese contexto, el formato de la presentación lo está organizando la presidencia de la Cámara y no la Comisión de Presupuesto, que es donde debe comenzar a debatirse el proyecto una vez que ingrese. Esto genera molestias en varios diputados, ya que buena parte de los legisladores tiene la sensación de que los están arrastrando a un “acto libertario” más que a un debate de una ley.Te puede interesar:Javier Milei se puso al frente de la negociación por el Presupuesto y prepara una sorpresa en materia fiscalUna sesión en la que la oposición dejó el recinto (NA)
Esto está haciendo que varios bloques empiecen a mostrar dudas sobre su presencia, y otros ya definieron su ausencia. En este último grupo están Encuentro Federal y los diputados de la izquierda.https://c35ceef99f60eaaff6870d97530eb2c4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Por el lado de los 5 diputados de la izquierda, la idea es la misma. “Si aceptara preguntas, sería diferente, pero esto es venir a un acto de Milei. Iremos a la comisión”, explicaron.Desde el bloque de Unión por la Patria, la decisión está en análisis, pero lo más probable es que solo tengan una presencia representativa y no los 99 del bloque.
“Estamos conversando, pero la idea hasta ahora es que solo estén presentes los miembros de la Comisión. Es decir, solo estarían presentes 19 diputados de UP sobre un total de 99 que tiene el bloque”.o estarían presente 19 diputados de UP sobre un total de 99 que tiene el bloque.El Presidente presentará el Presupuesto en Diputados
“Viene y nos habla cuando quiere y como quiere. Esto no es una Asamblea Legislativa; en esa ocasión pudo hablar y decidió hacerlo afuera, de espaldas al Congreso. El tratamiento y presentación del presupuesto es en Comisión. Si quiere hacerlo el Presidente, no hay ningún problema, pero que acepte preguntas. Si no, es un acto libertario”, señaló un diputado del bloque que está analizando qué camino seguir.
En el bloque de la UCR, la decisión, como todas las decisiones de los radicales, está dividida. Mientras las diferentes tribus que conforman el bloque de 34 diputados debaten internamente qué hacer el domingo, los primeros que tomaron posición son los que responden a Facundo Manes. El diputado y los 5 o 6 legisladores radicales que lo siguen ya decidieron que no participarán el domingo a las 21 horas del discurso que Milei dará en el recinto de la Cámara de Diputados.En la Coalición Cívica aún no lo debatieron con profundidad, aunque algunos entienden que van a estar presentes porque “si el Presidente quiere venir al Congreso, está en su derecho”. Sin embargo, hacen la salvedad de que “eso es válido si después vienen los ministros, y eso incluye a Luis Caputo, el ministro de Economía”.
Los dichos del lilito tienen que ver con que, así como algunos entienden que lo que viene a hacer Milei es un “show que busca mostrarnos que nos hace venir un domingo a nosotros, la casta”, otros diputados piensan que la presencia del Presidente tiene entre otros motivos “proteger a Caputo, que se niega a venir al Congreso. Se negó durante todo el debate de la Ley de Bases y no quiere venir ahFuente: Infobae.comora. Que venga Milei si quiere, pero que también vengan Caputo y el resto de los ministros y secretarios”.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles la variación de precios minoristas durante agosto que, según los analistas privados, mostró un alza del 3,9%, apenas una décima por debajo de la de julio.
Un buen antecedente para esta desaceleración de los precios la brindó el viernes la Dirección de Estadística porteña, que registró una inflación minorista del 4,2% en agosto, casi un punto por debajo del 5,1% de julio. La medición de la Ciudad de Buenos Aires pondera más los servicios que la que realiza el INDEC a nivel nacional.
Así, en la medición porteña los bienes tuvieron un alza promedio de 3,1%, mientras que los servicios se incrementaron 4,9%. En la Ciudad, el incremento del índice estuvo impulsado por los aumentos en las tarifas de transporte y de los servicios públicos, mientras que los rubros «salud» y «alimentos y bebidas» tuvieron subas por debajo del promedio.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Luis Caputo indicó que espera un dato «parecido a julio», que cerró en 4%
Los alimentos mostraron un avance de 3,1% impulsados por carnes y derivados (5,3%), pan y cereales (4,1%) y leche, productos lácteos y huevos (3,7%). En la medición interanual los precios subieron 243,1% mientras que en el acumulado de los ocho meses de 2024 la variación es de 106,8%.
Una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitó ingresos por al menos $1.501.818 para ser considerada clase media en agosto. Por otra parte, se precisaron más de $966.227,69 para no quedar bajo la línea de la pobreza.
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que espera un dato «parecido a julio», que cerró en 4%, pero se ilusiona con que la baja se profundizará en septiembre, gracias a la rebaja de los 10 puntos del impuesto país. Su objetivo es que el dato llegue pronto al 2% para «empardar» el crawling de 2% de devaluación mensual.
Las estimaciones del Banco Central para septiembre y el anuncio de un nuevo método para medir la inflación
En tanto, las consultoras privadas estimaron que la inflación a nivel nacional de agosto fue del 3,9%, apenas una décima por debajo de la de julio, mientras que la prevista para septiembre rondará el 3,5%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central.
Desde el Ministerio de Economía, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que «saneamos el Banco Central, los números fiscales, la deuda comercial, y todo esto lleva a una reducción de la inflación muy rápida, y estamos abocados a que siga continuando».
Quirno, en declaraciones realizadas en un seminario organizado por la cámara de aseguradores (AVIRA) cuestionó la diferencias de percepción al advertir que «las expectativas de inflación de los analistas distaban en 50 puntos de la realidad en los primeros 6 meses».
Lavagna confirmó que en dos meses comenzará a aplicarse un nuevo método para medir la inflación
Por su parte, el titular del INDEC, Marco Lavagna, confirmó que en dos meses comenzará a aplicarse un nuevo método para medir la inflación. «Estamos en las pruebas finales. Tenemos que tener mucho cuidado en cuándo hacemos los cambios para que esto se entienda bien», aclaró Lavagna en declaraciones radiales.
La metodología incluye un cambio en la estructura de la muestra y en la ponderación de los bienes y servicios que se incluyen, ante la actualización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Desde el 2004, el índice releva 320.000 precios en 16.700 comercios informantes. «Tomamos desde panaderías, carnicerías y verdulerías hasta supermercados», según Lavagna. Con la nueva fórmula, los relevamientos ascenderán a 500.000 precios de 24.000 informantes.
“Son dos trenes que avanzan de frente, en la misma vía y a alta velocidad. ¿Qué pensás que puede pasar?”. En esos términos graficó un funcionario mileísta el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, que se está convirtiendo en un caso testigo para ambos: ninguno puede ni quiere ceder un milímetro en sus posiciones, quizá porque se está jugando mucho más que un reclamo salarial.Te puede interesar:En un día clave, Milei y Francos reciben a un grupo de senadores dialoguistas en Casa Rosada
Para el gobierno de Javier Milei, la intransigencia de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), con sus paros que atormentan a los pasajeros, es la excusa perfecta para reflotar el proyecto de privatizar Aerolíneas Argentinas, un objetivo oficial postergado hace tres meses para salvar la sanción de la Ley Bases en el Senado.https://d0a625e07e988ce7ef91f7490c1ff704.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Y, a la vez, la actitud sindical le permite a la Casa Rosada amagar con medidas para disciplinar al gremialismo rebelde: desde la reglamentación del derecho de huelga en el sector aeronáutico hasta las demandas judiciales contra los cabecillas de las protestas, Pablo Biró (APLA) y Juan Pablo Brey (AAA), pasando por el anuncio de Aerolíneas de que echará del directorio al líder de los pilotos.Te puede interesar:Los intendentes se abroquelan contra la decisión del Gobierno de prohibir el cobro de tasas en los servicios públicosLos sindicalistas aeronáuticos Rubén Fernández, Juan Pablo Brey, Pablo Biró, Edgardo Llano y Paola Barrita
Para los sindicatos aeronáuticos, hay un argumento formal basado en que, según sus números, desde noviembre pasado hasta hoy los sueldos de los trabajadores del sector se ubican un 72% por debajo de la inflación. Por eso rechazaron la oferta de un aumento salarial del 10% y reclaman un 25%.https://d0a625e07e988ce7ef91f7490c1ff704.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Pero, al mismo tiempo, los dirigentes gremiales -mayoritariamente alineados con el kirchnerismo y algunos con el moyanismo- son enemigos ideológicos de Milei, aferrados al sostenimiento de Aerolíneas como una empresa estatal y a la oposición de la política de cielos abiertos, y en esta pulseada están tratando de sumar a su causa, basada en un reclamo salarial, a otros sectores políticos, sindicales y sociales para que parezca en disputa el destino de la aerolínea de bandera.Te puede interesar:El Gobierno se prepara para otras dos jornadas de protestas y aplicará nuevamente el protocolo antipiquetes
La mejor escenificación, en ese sentido, se comenzó a dar en las últimas horas. Hace 48 horas, los sindicatos aeronáuticos sellaron un acuerdo con los gremios universitarios (como FATUN, Conadu, FEDUN y FAGDUT) para “consolidar una alianza estratégica basada en la solidaridad y lucha colectiva de ambos sectores, de cara a enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Milei”. Y este martes, en la sede de la CGT, Brey logró sumar a la reunión del Consejo Directivo cegetista a Biró y Rubén Fernández, titular de la Unión de Personal Jerárquico (UPSA), como invitados e incluso el líder de los pilotos habló sobre el conflicto con Aerolíneas y confirmó los nuevos paros. Además del apoyo de la CGT a sus reclamos, los dirigentes aeronáuticos se llevaron el respaldo de cuatro gobernadores del PJ que participaron del encuentro, con foto final conjunta y sosteniendo la bandera de Aerolíneas.Pablo Biró habla ante el Consejo Directivo de la CGT; en primera fila, Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Pablo Moyano y Gerardo Martínez
La postura inflexible del Gobierno, curiosamente, ayudó a unificar un frente sindical caracterizado por sus diferencias. Hay 11 sindicatos aeronáuticos, entre los cuales los pilotos siempre fueron considerados una “aristocracia” con mejores sueldos y privilegios que terminaron dividiendo a los gremios en algunos conflictos laborales y salariales. Incluso con perfiles distintos: Biró es más combativo (siempre que no gobierne el peronismo) que Brey, de perfil negociador, hasta tal punto que hace dos años adecuó el convenio colectivo que hoy -asegura- es “pura productividad”.
El dilema sindical de Aerolíneas no es nuevo. El conflicto actual que paraliza los vuelos con tanta frecuencia tiene reminiscencias del que mantuvo la empresa paralizada durante 24 días durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todo comenzó cuando APLA dispuso a mediados de 1986 un paro por tiempo indeterminado en Aerolíneas en reclamo de “compromisos salariales y laborales pendientes”, lo que derivó en la decisión de suspender todos los vuelos y en el despido de los 561 pilotos ante la postura irreductible del sindicato. La mediación del vicepresidente Víctor Martínez, pedida por APLA, terminó tres semanas después con compromiso de ambas partes a abrir un período de seis meses de paz social para negociar, a cambio de la reincorporación de todos los despedidos.
¿Avanzará hoy el Gobierno en sanciones que pueden llegar a los despidos para encarrilar el conflicto? Los pasos que dio en las últimas horas parecen ir en esa dirección. Si algún funcionario actual estuvo revisando los diarios de la época alfonsinista habrá descubierto que el acuerdo con APLA significó, en la práctica, un triunfo de los pilotos, a quienes incluso la Justicia avaló en sus reclamos salariales. Un año después, el gobierno radical tampoco pudo privatizar parcialmente Aerolíneas: su proyecto de entregar la gestión a la aerolínea escandinava SAS fue frenada por el peronismo en el Congreso. Sí, en cambio, el alfonsinismo logró la privatización de Austral Líneas Aéreas, resistida por los sindicatos.Cristina Kirchner, en el acto de 2010 en el que dijo: “Les pido a los trabajadores que no paralicen el servicio” de Aerolíneas
Desde el gobierno de Carlos Menem (período en el que Aerolíneas se vendió en noviembre de 1990 a un consorcio liderado por la española Iberia) hasta hoy, nadie pudo resolver exitosamente la encrucijada de cómo relacionarse con ese combo indescifrable que forman los gremios aeronáuticos. Incluso tampoco pudo lograrlo Cristina Kirchner, pese a que, tras reestatizar Aerolíneas en 2008, la convirtió en una suerte de trinchera de La Cámpora, sostenida por millonarios subsidios.
Pero la ex presidenta tampoco pudo contener a los gremios aeronáuticos: en 2010, por ejemplo, les reclamó que busquen “métodos más novedosos” para protestar porque las medidas de fuerza le hacen “mucho daño” a la actividad turística. “Les pido a los trabajadores que no paralicen el servicio”, dijo. Incluso habló en términos que podrían repetir ahora los funcionarios libertarios: “El servicio no puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea técnica”, señaló, tras lo cual enfatizó: “Un servicio público, como Aerolíneas o el agua, no puede ser paralizado para que las consecuencias no las pague el usuario y a la larga las terminen pagando los trabajadores y el país”.
Pasan los gobiernos, incluso los más cercanos a su ideología, pero algunos sindicatos no cambian. Y las consecuencias, como había advertido Cristina Kirchner, las siguen pagando los usuarios.
La foto que retrató a cinco diputados del radicalismo junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada tuvo el efecto de una bomba expansiva sobre los bloques de la oposición que convocaron a una sesión especial mañana, en la Cámara de Diputados, para rebatir el veto presidencial sobre la ley jubilatoria. Ante el riesgo cierto de no conseguir los dos tercios de los votos para insistir en la norma, los opositores evalúan distintas alternativas para evitar una derrota en manos del oficialismo y sus aliados, entre los que se incluye al menos una media docena de radicales.
En las vísperas de la sesión, convocada para las 11, la Cámara de Diputados es un virtual hervidero. Tras haber metido una cuña en el bloque de la UCR, los libertarios exudan confianza y descuentan que, con el apoyo de Pro y de los bloques que orbitan alrededor del oficialismo alcanzarán las 86 voluntades que conforman el tercio del cuerpo para bloquear el intento opositor. Toda una demostración de fuerza que el Gobierno pretende exhibir como un trofeo de caza frente a sus adversarios en el Congreso.
En las filas opositoras el ánimo oscilaba entre la resignación y la esperanza de sacar de la galera algún artilugio de último momento que les evite una derrota en el recinto. Hasta esta noche, sin embargo, no había acuerdo entre los bloques sobre qué alternativa adoptar si los números seguían esquivos. Durante la jornada se analizaron distintas alternativas. Desde Encuentro Federal y también desde la UCR surgió la idea de que el tema pase a las comisiones de Previsión y de Presupuesto para ganar tiempo y esperar un momento más propicio para insistir con la ley.
La selfie del radical tucumano Mariano Campero con el presidente Milei y otros legisladores de la UCR, en la Casa Rosada@mariano_campero
Esta estrategia exige presteza y coordinación entre los opositores para no dar pasos en falso, admiten sus ideólogos. Cuando el secretario parlamentario someta a votación la insistencia de la ley jubilatoria (para lo cual se necesitarían los dos tercios de los votos), algún diputado de la oposición propondría que se la trate, pero artículo por artículo. Si el oficialismo no acepta esta propuesta, el veto debería remitirse a las comisiones correspondientes, sostienen.
“Evitaríamos una derrota en el recinto y patearíamos para adelante la insistencia de la ley. Hoy no tenemos los votos: si perdemos ahora, los jubilados se quedan sin nada porque la Constitución nos impide volver a insistir en lo que queda del año parlamentario”, esgrimen los promotores de esta “retirada táctica”.
Plan B: insistencia parcial al veto total
Desde las usinas radicales, en tanto, se insistía con la propuesta de una insistencia parcial al veto total; una salida “sui generis” que, sostienen, cosecharía los dos tercios de los votos pues se sumaría un abanico más amplio de diputados hoy dudosos. Esta estrategia, sin embargo, tiene dos inconvenientes. Uno de ellos es que solo hay un antecedente parlamentario de una insistencia parcial a un veto total, lo cual es pasible de ser rebatido jurídicamente.
“Es una chantada”, descalificó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Aquí está el segundo inconveniente: sin los votos del kirchnerismo, esta propuesta no tiene posibilidades de prosperar.
Esta solución intermedia que pregonan los radicales se basa en insistir solo en dos artículos: aquel que establece la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno y el que ratifica la actualización de los haberes por inflación, tal como dispuso el presidente Milei por decreto. Sería una réplica del dictamen que el propio oficialismo promovió en el Senado, aunque no prosperó.
Javier Milei recibió a diputados de la UCR que modificarán su voto para respaldar el veto a la ley de movilidad jubilatoria
Los radicales proponen mantener, en cambio, el veto en el resto de la normativa que, según denunció el Gobierno, atenta contra el equilibrio fiscal. Uno de los artículos más resistidos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso equivale a 1,2% del PBI en 2025. Con estos números en la mano, Milei impuso el veto total. El radicalismo pretende salvar, al menos, la recomposición del 8,1% de los haberes, lo que implicaría un tercio de ese esfuerzo fiscal, el 0,4% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Esta idea, si bien resistida en Unión por la Patria –el bloque más numeroso de la Cámara, con 99 miembros-, al menos permitía unir filas anoche en el radicalismo tras el garrotazo que sufrió por la deserción de cinco diputados radicales que anticiparon que jugarán con el oficialismo para mantener el veto. Ellos son Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi, aunque a ellos se sumarían al menos otros cinco legisladores que, por convicción o conveniencia electoral, no están dispuestos a ir al choque contra el Gobierno.
“En cambio, si se avanzara en una insistencia parcial, estaríamos dispuestos a considerarlo”, admitían. Por de pronto, lo único seguro es que mañana habrá quorum en el recinto. Todo lo demás queda librado a las negociaciones de último momento. El suspenso se estirará incluso una vez iniciada la sesión. Todo puede suceder.
Este miércoles, agrupaciones de jubilados, la CGT, el Polo Obrero, la CTA, organizaciones de izquierda y movimientos sociales marcharán frente al Congreso de la Nación para pronunciarse contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
La marcha comenzará a partir de las 13h. A pertir de las 11 habrá una sesión especial en Diputados a partir de las 11, en la cual la oposición buscará revertir la decisión del Ejecutivo de vetar la normativa que pretende recomponer los haberes de los jubilados. En la marcha se espera la presencia de unas 10 mil personas.
Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Las organizaciones de jubilados, con el apoyo de piqueteros y sectores sindicales, se convocan todos los miércoles frente ala Anexo del Congreso para reclamar que no se lleve a cabo el veto. En esta oportunidad volverán a reunirse, aunque esta vez lo harán en Plaza Congreso, sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera; el Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, son los principales referentes de la convocatoria de este miércoles.
A la movilización también se sumarán aquellas organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, La Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, anticiparon que se diseñó un operativo de seguridad especial del cual participarán 5 fuerzas: Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad. Además, se aplicará el protocolo anti-piquetes.
Para esta ocasión también habrá un comando unificado de todas las fuerzas, se contará en el Departamento Central de Policía con dos unidades listas para posibles traslados de detenidos y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) llevará a cabo varios controles.
Por su parte, el gobierno porteño procurará que en la zona no haya escombros, retirará las bicicletas del sistema de la Ciudad que se encuentran en la Plaza del Congreso y removerá los contenedores de basura del área para evitar que sean empleados para producir destrozos.
Esta movilización tiene lugar una semana después de los incidentes ocurridos en la última concentración realizada por el mismo tema, la cual finalizó con dos detenidos y más de 30 heridos. Según trascendió, desde el Gobierno esperan provocaciones a las fuerzas de seguridad para así «encontrar una excusa y lograr que se levante la sesión».
Bullrich, en consecuencia, concibe panorama donde estima que sectores radicalizados «llevarán elementos incendiarios e instigarán a la violencia».
Según indicó La Nación, en un informe de «fuentes abiertas» de la cartera de Seguridad se recopilaron declaraciones de referentes sindicales y de movimientos sociales en diferentes espacios y medios al respecto y se consignó el antecedente de 2017, cuando se debatió la reforma jubilatoria durante la gestión de Mauricio Macri y la sesión se levantó por los incidentes.
«A nosotros no nos van a correr como pasó en ese momento. Nos vamos a encargar de que no se frene nada y se concluya la sesión», manifestaron desde la Casa Rosada y agregaron: «Sabemos que vienen a pudrirla, pero para vamos a estar preparados».
La ley vetada por el presidente libertario el 2 de septiembre fue sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por dos tercios (61 votos positivos y 8 negativos) y establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones.
Tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la resolución 267/2024, que establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
De esta manera, la normativa aclara que “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”. En consecuencia, la resolución deja en claro que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley. Esta medida comenzará a regir dentro de los próximos 30 días, tiempo establecido para su adecuación.Te puede interesar:SUBE digital: estas son las 61 localidades de todo el país en las que empezará a funcionarDe ahora en más, las boletas no pueden contener conceptos ajenos al servicio que se está brindando
Así, tal como habían adelantado fuentes del equipo económico a este medio, se especificó cuáles son los recargos que pueden estar incluidos en la boleta que le llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos. Esto es algo que la Nación no puede prohibir por tener, provincias y municipios, autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. Por esto mismo, la medida, entonces, busca “transparentar” ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por los servicios.https://8d400da598ad1ff951f7a783f952b3af.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En su considerando, el Gobierno alega que, “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratados por el consumidor”.Te puede interesar:El Gobierno oficializó los aumentos de la Tarjeta Alimentar y amplió el rango de beneficiarios
En ese sentido, consideraron a esta práctica como una “violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores”, así como una falta a la “libertad de elección del mismo”.
Caputo fue el que anunció la medida a través de una publicación en su cuenta de X. Con una imagen de una factura de energía eléctrica del Municipio de La Costa que adjuntó a su mensaje, el funcionario señaló —a manera ilustrativa— cuáles son los recargos impositivos municipales que ya no podrán ser incluidos en el costo del servicio. Entre ellos se encuentran: tasas de seguridad e higiene, cuota social, Bomberos, una asociación cooperadora para un hospital y otras ordenanzas. Santiago Migone, funcionario de la Secretaría de Industria y Comercio, anticipó que “la resolución abarcará, además, a los impuestos provinciales no relacionados con el servicio”.
El conflicto por la suba de tasas municipales en distintas intendencias no es nuevo, y hay sectores puntuales como supermercadistas, bancos y representantes del mundo hotelero, entre otros. Aunque data de varios años, volvió a estar en la discusión pública en los últimos días y el Gobierno nacional reaccionó con reclamos públicos y, ahora, con una medida puntual.
La cuestión recobró vigencia a partir del anuncio del intendente de Lanús, Julián Álvarez, de que subiría la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) a tres cadenas de hipermercados para ofrecerle exenciones o reducciones de alícuotas a más de 500 almacenes barriales.https://drive.google.com/file/d/1qlDfqtcu7EEXECWs45oGVmurtOBl2f_y/preview
A partir de septiembre, Lanús subió la TSH de 2,36% a 6% y generó una catarata de cuestionamientos no solo de parte de los afectados, en este caso los supermercadistas, sino también del Ejecutivo nacional, que ya venía estudiando el tema y analizaba distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales. Ante este escenario, resolvieron que la mejor forma de afrontarlo era a través de una medida como la oficializada hoy.
Tal como reflejóInfobae, en los últimos meses se intensificaron los reajustes de tasas municipales como compensación a la caída de fondos propios por la merma de actividad y también reciben menos coparticipación y, por decisión de la Casa Rosada, menos transferencias discrecionales.
El Ministerio de Economía está observando con detenimiento este incremento de tasas que están aplicando los municipios y en el área de Legales analizan qué estrategia adoptar. Lo dijo Caputo días atrás: “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.
Además, explicó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó hoy el decreto que ordena controlar el presentismo del personal del Senado mediante el uso de la huella digital. Los ingresos y egresos quedarán registrados en los dispositivos habilitados para tal fin en las dependencias de la Cámara alta que tengan el equipamiento.
La medida se oficializó a los pocos días de que el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), admitiera que contrató a al menos 15 asesores, cuyos sueldos los paga el Estado, para que lo ayuden en su campaña electoral a gobernador de San Luis.
La medida la venía trabajando la secretaria Administrativa, María Laura Izzo, en acuerdo con los gremios con representación en el Congreso desde fines de junio, cuando se firmó una resolución que anticipaba la aplicación de la medida para el mes de septiembre.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
El decreto de presidencia (DP) 40/24 entrará en vigencia el jueves 12 y deberán registrarse los empleados de las plantas permanentes y temporal de la Cámara alta que, según lo establece uno de los anexos de la normativa, ”es el principal y único responsable de registrar el presentismo en su día laboral mediante la utilización de los relojes de acceso disponibles en los edificios” que integran el Senado.
Esta norma no afecta a todo el personal de la cámara por igual, quedan eximidos de esta obligación “los agentes de planta temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un legislador nacional”.
Este mismo sistema de acceso al Senado mediante datos biométricos había sido aplicado durante la presidencia de Gabriela Michetti, en 2018. Pero fue suspendido poco después, ya con Cristina Kirchner como vicepresidenta, como consecuencia de la pandemia de Covid y la sanción del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO).
Los senadores, secretarios y directores generales son los responsables primarios de llevar el registro del control del presentismo, pero deberán designar a dos personas encargadas de informar a la Dirección de Recursos Humanos el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los empleados a su cargo y justificar las ausencias del personal.
Los empleados tienen que cumplir 35 horas de trabajo semanal “con una carga horaria diaria de siete horas, conforme lo dispongan los responsables primarios, de acuerdo a las necesidades operativas de las dependencias a su cargo”.
La compañía indicó que, además de la demanda por el lucro cesante y los reclamos de los pasajeros perjudicados, se denunciará a los principales representantes sindicales. Entre ellos, Pablo Biró, secretario general de APLA, y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Aerolíneas Argentinas también anunció que iniciará acciones legales para expulsar a Biró de su directorio, argumentando que su accionar público y gremial ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa. La acción se basa en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que estipula la responsabilidad ilimitada de los directores por los daños ocasionados a la compañía.https://845eca422666395d21819e276bb40dca.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
La protesta gremial del pasado 6 de septiembre, liderada por APLA, afectó a más de 15 mil pasajeros y resultó en la cancelación de 185 vuelos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El paro, de nueve horas de duración, fue realizado en reclamo de una recomposición salarial. La medida obligó a la compañía a reorganizar su operación y ofrecer cambios de tickets sin penalidades para los pasajeros afectados.
En respuesta a la huelga, Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, calificó la acción sindical como “salvaje”, subrayando que los gremios “no han entendido que la Argentina ha cambiado”. Sin embargo, desde APLA, Pablo Biró ha sostenido que las propuestas salariales ofrecidas por la empresa fueron “provocativas” y “insuficientes”, justificando así la medida de fuerza.Te puede interesar:Blanqueo de capitales: cuáles son los activos más recomendados para invertir
Mientras las negociaciones salariales siguen sin avances, Aerolíneas Argentinas ha reiterado su compromiso de evitar más interrupciones en su servicio y advirtió que continuará denunciando cualquier medida gremial que afecte sus operaciones.Pablo Biró, secretario general de APLA (Adrián Escándar)
Quién es Pablo Biró
Biró, el líder sindical que es principal responsable de los daños según la visión de la empresa, es eltitular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Es descripto como un dirigente alineado con el ultrakircherismo y de perfil polémico. Supo advertir en público a Javier Milei que “si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”.
Biró es un claro opositor a Milei como lo había sido de Macri, a quienes ataca por la política de “cielos abiertos” que facilita el acceso de aerolíneas extranjeras al mercado argentino, pero su discurso y su estrategia están condicionadas por su fuerte adhesión a la figura de Cristina Kirchner.
Es cuarta generación de una familia de pilotos, fue de parte de la primera promoción del Liceo Aeronáutico Militar de Fisherton, en Santa Fe, y cuando se graduó fue destinado a LADE (Líneas Aéreas del Estado), en Comodoro Rivadavia, luego trabajó en Aero Master, que hacía taxi aéreo, y cuando esa empresa quebró lo llamaron de LAPA: “Allí empecé a rosquear políticamente”, admitió.
Biró lidera un gremio de pocos afiliados (unos 1.800) desde 2012, cuando triunfó en las elecciones ante el moyanista Jorge Pérez Tamayo, a quien había secundado como secretario adjunto hasta que decidió pelearle el puesto. En 2015, ya embanderado en el kirchnerismo, fue reelegido al ganarle por 33 votos los comicios del sindicato a su hermano Daniel, cuya candidatura promovía Hugo Moyano.
En 2022, luego de la fusión de APLA con UALA (que agrupaba a los pilotos de Austral), fue ratificado en el cargo cuando le ganó en las elecciones ante Diego Pérez Bariggi, hijo de Pérez Tamayo. Al acto de asunción fueron altos exponentes del kirchnerismo como Axel Kicillof. Su mandato vencerá en 2026.
Antes de las elecciones de 2015, Biró logró que Daniel Scioli, candidato presidencial del Frente para la Victoria, aprobara su propuesta para reestructurar el mercado aerocomercial si llegaba al poder. El triunfo de Macri arruinó sus planes y fue un implacable opositor al gobierno de Cambiemos. Militaba en la Corriente Federal de Trabajadores, que también integra el bancario Sergio Palazzo, pero luego pasó al Núcleo Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), piloteado por el kirchnerismo.Juan Pablo Brey posa con el Papa y la bandera de Aerolíneas Argentinas
Apoyó luego al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con etapas de euforia oficialista como cuando se usaba Aerolíneas para traer vacunas contra el Covid desde Rusia. Biró fue el piloto de los primeros vuelos que viajaron a Moscú en busca de las dosis de Sputnik. “A Aerolíneas la creó Juan Domingo Perón, la recuperó Cristina Fernández y la está usando Alberto Fernández para traer salud. Para eso fue creada, para ponerse al servicio de los argentinos”, decía en esa época.
En esos mismos días de cuarentena obligatoria, Biró llegó a sostener: “Si dejamos de buscar la unidad para la Nación perdemos de vista el objetivo. Hoy, bancarlo a Alberto es una obligación moral”.
Luego de haber apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa, en sintonía con la decisión de su jefa política, Biró recobró protagonismo en noviembre pasado al advertirle a Milei que si quería “cargarse Aerolíneas Argentinas” iba a tener que “matar” a los trabajadores para lograrlo.
La fuerte polémica que originó su frase lo llevó a rectificarse: “Tuve una frase muy poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal. Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude”, sentenció.
Tras haber respaldado al gobierno del Frente de Todos, en enero pasado hizo declaraciones con cierta autocrítica: “Si el gobierno de Alberto hubiera sido bueno no estaríamos donde estamos”, dijo.
Juan Pablo Brey es el otro líder sindical apuntado por la empresa aérea. Es el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), de 2.200 afiliados, que agrupa a azafatas y comisarios de a bordo. Tiene 46 años, está alineado con el moyanismo y cobró notoriedad cuando el 12 de junio gestó la foto con el papa Francisco en el Vaticano que causó un fuerte impacto: posaron con una bandera de Aerolíneas en medio del debate sobre su privatización.
Brey, que llegó a su puesto en Aeronavegantes en 2013, es además secretario de Deportes de la CGT y titular de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Como Pablo Moyano, integra el ala dura de la CGT, aunque muestra una vocación más dialoguista: En julio pasado le dijo a Infobae: “Primero siempre hay que hablar, hay que negociar. Y cuando se rompe el diálogo tanto con el Gobierno como con las empresas de cada actividad hay que actuar y salir a la calle para usar las herramientas sindicales que tenemos, como el paro o la movilización.”
El bloque dediputados de la UCR vuelve a perder la cohesión frente a la decisión de insistir, o no, con la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios, vetada por Javier Milei la semana pasada. A pesar de que fue uno de los primeros proyectos que unió al radicalismo, impulsor de la iniciativa, en este nuevo round parlamentario la incomodidad se apoderó de la bancada, cruzada por afinidades con la Casa Rosada, intereses regionales y especulaciones políticas personales.
Los 33 diputados que componen el bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo discuten puertas adentro qué hacer en la sesión especial convocada para el miércoles, a las 11, donde una porción de radicales, junto a Encuentro Federal y la Coalición cívica, intentarán salvar la ley que propone una mejora en los haberes jubilatorios e incluye una nueva fórmula de movilidad. Se descuenta que se sumarán a esta cruzada los diputados de Unión por la Patria, conducidos por Germán Martínez, así como los cinco legisladores del Frente de Izquierda y el Partido Obrero.CHISPAZOS QUE ILUMINAN PROBLEMAS Y DEBILIDADES
Este lunes se oficializó la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti para asumir como delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a pedido del gobernador Rogelio Frigerio. Su salida deja con un integrante menos a la bancada radical dado que en su lugar asumirá Nancy Ballejos, de Pro, exaliados del frente Juntos por el Cambio.
Hay al menos siete referentes de la UCR que podrían no acompañar la intención de sus colegas a pesar de haber votado a favor del proyecto en junio. Uno de los primeros en sincerar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno.
La cordobesa Soledad Carrizo también deslizó en esa misma cumbre su intención de no insistir con el proyecto jubilatorio tal cual se sancionó. Según pudo saber LA NACION, hizo foco en la necesidad de proteger el equilibrio fiscal. Por eso, la secretaria parlamentaria del bloque radical propuso una salida intermedia: insistir parcialmente en algunos de los artículos de la ley vetada, fundamentalmente con el que establece la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. La respalda De Loredo, quien votará a favor de la insistencia de fracasar esta alternativa. El jefe de bloque no puede volver a quedar descalzado de su tropa en un tema tan troncal para el partido.
Se podrían plegar a la intención del Poder Ejecutivo los legisladores que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), de buen vínculo con la Casa Rosada. Lo mismo con la diputada santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat, que se diferenciaron de su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.
Sobre estos virajes se pronunció Martín Lousteau, el presidente del Comité Nacional del radicalismo, quien tras el veto presidencial cruzó fuertemente a sus colegas de partido que se mostraron dubitativos frente a cómo posicionarse respecto de la insistencia de la norma sancionada por el Congreso. Ayer por la mañana, en diálogo con Radio Splendid, el senador nacional volvió a remarcar que “la ley de movilidad jubilatoria nació de la mano de la UCR” y advirtió: “En Diputados tuvo dos tercios y en el Senado también. Si no pasa eso ahora tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto”. En una entrevista con LA NACION, Lousteau cuestionó a los dirigentes radicales que, por conveniencia o especulación electoral, resignan las ideas del partido. “Siempre es más cómodo estar cerca del oficialismo que discutir con él”, consideró.
Martín Lousteau y Alfredo CornejoMarcelo Aguilar – LA NACION
Las diferencias en torno a la recomposición jubilatoria no son las únicas dentro del radicalismo. El partido centenario también exhibe desacuerdos y contradicciones respecto de qué hacer frente a la polémica nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. A pesar de que muchos de sus referentes, como la senadora santafesina Carolina Losada, ya se expresaron en contra de la candidatura del juez federal, Lousteau todavía no definió su voto. Señaló a este medio que será “una decisión colectiva dentro del partido, con los gobernadores incluidos”.
La sesión
Los nueve integrantes de Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, también serán determinantes en esta pulseada. Si bien votaron a favor del proyecto en junio, es probable que cambien su posición para priorizar su buen vínculo con el Gobierno. “Estamos a la espera de lo que digan nuestros gobernadores”, se sinceró un referente de este bloque, donde podría no haber una postura unificada. Cada mandatario provincial mantiene un diálogo por separado con los emisarios de la Casa Rosada.
En Pro, que ayudó con siete ausentes para llegar a los dos tercios en aquella primera discusión, aseguran que esta vez apoyarán la intención del Poder Ejecutivo sin fisuras. Lo mismo podría pasar con los tres tucumanos del bloque Independencia, que responden al aliado peronista de Milei, el gobernador Osvaldo Jaldo.
Si bien se descarta que el miércoles la oposición logre el quorum para abrir el recinto, será difícil que bajo este escenario se reúnan los dos tercios necesarios para doblegar el veto presidencial. “Vamos a estar cerca y el mensaje va a llegar”, reflexionó un referente radical que especula con que el Poder Ejecutivo considere alguno de los puntos de la reforma jubilatoria en el proyecto de Presupuesto 2025. La cantidad de votos para insistir con la ley jubilatoria es la misma que se requiere para impulsar exitosamente el juicio político al Presidente. Muchos especulan con que el fantasma de la destitución encienda las alarmas en la mesa chica de Milei y motoricen medidas para limar las asperezas con el Congreso.
Se perdió la inercia que traía la sesión contra el veto de Milei
El Gobierno nacional cimienta su recorte presupuestario principalmente en el freno a la obra pública. Los gobernadores buscan desmarcarse de esa lógica y llevan la infraestructura dentro de su agenda. Muchas jurisdicciones debieron adaptar sus necesidades a los recursos propios que pudieron recaudar, ante el ajuste a los fondos recibidos desde el Estado central, lo que comienza a acumular reclamos sociales.
En su último informe de Estrategia federal logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias resaltan 1.143 proyectos centrales en carpeta.
Estos se dividen en:Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Las obras involucran diversos ejes de intervención, que van desde el desarrollo de espacios de descanso para transportistas, el desarrollo de plataformas online de vinculación entre dadores de carga y transportistas para mejorar el desbalance, la generación de nuevas conexiones nacionales e internacionales, la implementación de sistemas eficientes para el control de pesos.
A su vez, se incluye la mejora de accesos a puertos y de rutas o de ampliaciones de capacidad y la intervención sobre algunos tramos urbanos con altos índices de siniestralidad.
Del total de los proyectos apuntalados por el CFI, el 37% se encuentra en estudio, el 38% se encuentran cerrados, el 14% ya cuenta con financiamiento, mientras que el 11% están en ejecución.
«La logística es un factor central para el futuro del desarrollo federal. En un país de gran extensión geográfica como Argentina, el desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Tenemos que generar las condiciones para hacer las economías más competitivas y ofrecer nuestra producción al mundo«, explicó a PERFIL el secretario general del CFI, Ignición Lamothe.
«La Cumbre Federal de Logística fue una oportunidad para seguir trabajando en conjunto con el sector privado, los operadores logísticos y los equipos técnicos en una estrategia logística federal y a largo plazo que mejore la manera en que se transporta la producción en todo nuestro territorio y hacia el mundo», planteó.
La paralización de la obra pública
Más allá de la promoción que realizan las jurisdicciones, la motosierra que implementó Javier Mileiobstaculiza el desarrollo de la mayoría de las obras de infraestructura. Los gobernadores no pueden sostener todos los trabajos que desean en su gestión para dar respuesta a los reclamos populares o a la ampliación de derechos, como lo puede ser el acceso a la salud pública, educación o al agua.
El 9 de diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas contaba con 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas en la gestión de Gabriel Katopodis, que alcanzaron al 100% de los municipios del país. Para las finalizadas, el Estado les dio trabajo a 480.000 empleados del sector de la construcción, de acuerdo a la información oficial.
Gracias a la obra pública, La Rioja es la provincia que más propietarios tiene
Los proyectos que el Presidente frenó, para los que los argentinos habían invertido $ 309.888 millones. De estas, 1.031 consisten en la gestión integrada del recurso hídrico, 763 de la infraestructura urbana, rural y del cuidado y 514 de conectividad e infraestructura vial. Al haberse discontinuado, los materiales comenzaron un proceso de deterioro que las desvaloriza y encarece sustancialmente para cuando quieran ser retomadas, explican los expertos.
Las obras públicas paradas en la provincia de Buenos Aires
Están incluidos en este listado 899 proyectos que se habían iniciado en Buenos Aires. La gobernada por Axel Kicillofresultó objetivamente la provincia más castigada, no por casualidad quizás considerado por el Presidente como enemigo público número uno.
Aún sin transferencias de Nación, la gestión bonaerense ubicó entre sus prioridades terminar algunos de estos trabajos, como los centros de desarrollo infantil (CDI). Se trata de 80 complejos cuyo reinicio y finalización requieren una inversión de $ 23.624 millones que salen de las arcas provinciales. Generarán impacto en más de 7.700 niños y niñas de 60 de municipios, de acuerdo a las proyecciones que maneja el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos local a las que accedió PERFIL.
Buenos Aires resultó objetivamente la provincia más castigada
“Ante un Gobierno nacional que es símbolo de deshumanización, en la provincia de Buenos Aires demostramos que somos el símbolo del cuidado, la defensa de los derechos y de la solidaridad. Vinimos a inaugurar con Kicillof, Andrés Larroque, Marisa Fassi, Gustavo Arrieta y su directora Marcela el primer Centro de Desarrollo Infantil para Cañuelas, muy esperado por toda esta comunidad. Milei y Caputo tendrían que estar acá explicando por qué el barrio San Ignacio se iba a quedar sin este espacio que debían terminar para la primera infancia”, publicó en redes Gabriel Katopodis la otra semana. Entre los primeros terminados también se encuentran los CDI de Quilmes, Exaltación de la Cruz y Pehuajó.
Entre los intendentes del Conurbano alertan por el desfinanciamiento en políticas de seguridad. Es que Nación también cortó el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad que se destinaba a los municipios hasta 2023. Eso significa para Morón, por ejemplo, un recorte de casi $ 660 millones que tenían orientados a la prevención del delito. La pavimentación de caminos, construcción de puentes y proyectos educativos se encuentran entre las prioridades. En el distrito administrado por Lucas Ghi también se detuvieron 534 viviendas del Plan PROCREAR y el Centro Interuniversitario en el sur. “El sueño de una casa de estudios superiores que proyectamos hacer quedó trunco por la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado con el municipio”, criticó.
Traspaso de responsabilidades, ¿y de financiamiento?
Algunos gobernadores llegaron a convenios con la Casa Rosada para que les transfieran la posibilidad de continuar con los proyectos, pero no siempre los fondos. Estas incluyen a 20 de las 24 jurisdicciones: Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Qué pasa con la obra pública en La Rioja?
En La Rioja, Nación paralizó ocho centros de desarrollo infantil, siete escuelas, y la del nuevo hospital central. Todas las obras de viviendas también quedaron en un parate. El gobernador, Ricardo Quintela, eleva como estandarte en cada discurso la mejora en la calidad de vida de aquellos riojanos que pasaron de vivir en un quincho de cartón y plástico a una casa de material con tres habitaciones.
“La Rioja es la provincia que más propietarios de sus viviendas tiene”, se enorgullece el mandatario en casi cada discurso, siempre en comparación a la población total de cada jurisdicción. En eso consiste el Plan Angelelli, del que, y que también forma parte de los desfinanciados por el gobierno central. El programa utiliza exclusivamente compañías estatales: “Las empresas del Estado no buscan la ganancia económica, sino la renta social”, resalta el también postulante al PJ Nacional.
A su vez, se encuentra frenado el desarrollo del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CEDITET) riojano y la obra del gasoducto, ambas de vital importancia para los habitantes. Esto sin sumar las rutas, el plan de asfaltado provincial, la intervención del casco céntrico y la construcción de un nuevo distribuidor en la rotonda del Chacho Peñaloza, de acuerdo al listado acercado por la provincia a este medio.
Salta y su obra pública
En Salta son 118 las que se estaban ejecutando con financiamiento nacional. La provincia y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmaron tres convenios en junio: del total, 65 absorberá la provincia con fondos propios y el resto las continuará Casa Rosada, confirmaron a PERFIL desde la gobernación. “Vamos a reactivar la obra pública en nuestra provincia” había afirmado el mandamás norteño, Gustavo Sáenz.
Los proyectos de Nación consisten en los de mayor envergadura, como rutas y 12 nuevas escuelas que se encontraban en proceso, confirmó el ministro de Infraestructura local, Sergio Camacho. Para las que se hará cargo la provincia se tienen que firmar convenios específicos para formalizar el traspaso, las que incluirán a cerca de 2.000 viviendas paralizadas. En el mientras tanto, la provincia continuó con unas 170 obras incluidas en el presupuesto provincial, que no se habían detenido.
El financiamiento de la obra pública en Tierra del Fuego
La firma del acuerdo con Nación en Tierra del Fuego estableció que algunas obras continuaban con financiamiento nacional, de las cuales se están gestionando las cuestiones administrativas para que efectivamente se concreten. Hay otras obras que la provincia asumió como compromiso finalizarlas con fondos propios, como los centros de desarrollo infantil; la comisaria de género de Río Grande.
Con la mirada puesta en la finalización de la veda invernal, el gobierno fueguino ultima detalles para la reactivación total de una serie de obras de infraestructura, así como la finalización de 500 viviendas distribuidas entre Ushuaia y Río Grande, confirmaron a PERFIL desde el Ejecutivo de la isla. “Son obras importantes para Tierra del Fuego, que habíamos planteado para mejorar la calidad de vida para muchos vecinos de nuestra provincia”, sostuvo el gobernador Gustavo Melella.
Tras el acuerdo de julio entre la provincia y Francos se comenzaron a regularizar deudas por certificaciones de obras, además de encarar una readecuación de precios de los contratos firmados con las empresas a cargo de las obras que se paralizaron con el cambio de gestión nacional. La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, aseguró que “se ha hecho un trabajo enorme, primero político e institucional de la mano del gobernador Melella, para lograr revertir esta situación de paralización y retomar este grupo de obras”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7CTYUXMBRZCVTCE22YCQWE4XSE.jpg%20420w)
Una sesión en la que la oposición dejó el recinto (NA):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LOGYYODXZZEG7EGPJCUER3OKHM.jpg%20420w)
El Presidente presentará el Presupuesto en Diputados
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UT74QJZMONE2DD2TGYJLLKFDJY.jpg%20420w)
Los sindicalistas aeronáuticos Rubén Fernández, Juan Pablo Brey, Pablo Biró, Edgardo Llano y Paola Barrita:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LOIJ3WOANRHFTGUERVVYNMY2G4.jpeg%20420w)
Pablo Biró habla ante el Consejo Directivo de la CGT; en primera fila, Andrés Rodríguez, Héctor Daer, Pablo Moyano y Gerardo Martínez:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/FVDCNZM4OVBGRCJQA5DBO2EIRE%20992w)
Cristina Kirchner, en el acto de 2010 en el que dijo: “Les pido a los trabajadores que no paralicen el servicio” de Aerolíneas
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WQFJQPO5HRBFFHSURP3YBUI3VU.jpeg%20420w)
De ahora en más, las boletas no pueden contener conceptos ajenos al servicio que se está brindando
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DI2HE6IJ35CMLK54HNJP57MQIE.jpg%20420w)
Pablo Biró, secretario general de APLA (Adrián Escándar):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4EVEEIQ7NZG5DB6Z3BKYUM25TE.jpg%20420w)
Juan Pablo Brey posa con el Papa y la bandera de Aerolíneas Argentinas
