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Desde hace dos semanas se anuncia como inminente la publicación en el Boletín Oficial del decreto reglamentario de la reforma laboral, pero seguía trabado en los despachos oficiales y recién este martes se activó el expediente formal para la norma sea firmada, por lo que ahora sí saldría en los próximos días. ¿Por qué estaba demorado? Fuentes oficiales, sindicales y empresariales coincidieron en que el motivo era el fuerte tironeo en el Gobierno entre un sector que quería aceptar los cambios que pedía la CGT en el decreto y otro que rechazaba la presión del sindicalismo.Te puede interesar:Milei reunió a los diputados que apoyaron el veto a la reforma jubilatoria y pidió mantener la unidad para defender el rumbo del Gobierno

El origen de la controversia dentro de la administración libertaria fue el artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas al considerar que representan una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado. Ese punto constituye un fuerte golpe contra gremios como Camioneros que utilizan habitualmente esta polémica modalidad de protesta, pero el sector dialoguista de la CGT, necesitado de tener el apoyo de Hugo y Pablo Moyano, reclamó hace semanas al Gobierno que este artículo fuera atenuado a través de la reglamentación.

En las últimas semanas, los que no se ponían de acuerdo sobre el tema eran Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, partidario de conformar a la CGT en la reglamentación de la reforma laboral, y el ala dura que encarna Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que buscaba que la redacción final del decreto mantuviera la misma firmeza original.Te puede interesar:Nuevo cambio en el organigrama del Gobierno: Manuel Adorni pasará a tener un cargo con rango de ministroJavier Milei y Santiago Caputo, su principal asesor y uno de los mejores interlocutores de la CGT en el Gobierno (Foto EFE/ Lenin Nolly)

El artículo que divide al Gobierno, en realidad, lo que hace es incorporar al bloqueo entre las causales del despido con justa causa, previstas en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un empresario pueda denunciar y gestionar la cesantía de un empleado que bloquea sin pagar la indemnización, aunque esa resolución después tendrá que ser dirimida por un juez. Lo que exigía la CGT era quitarle al empleador la facultad de despedir previamente al trabajador que bloquea una empresa y obligarlo a presentarse primero ante la Justicia para hacer ese pedido.

Uno de los negociadores de la CGT admitió a Infobae que “lo que se estuvo hablando con el Gobierno es un procedimiento judicial previo para que el juez determine si hay injuria grave en los casos de bloqueos y que el eventual despido no pase por una decisión del empleador”. Agregó: “Es similar al procedimiento previo que existe para el desafuero de un delegado, donde existe una intervención judicial para que la determinación sea más técnica y menos discrecional”.Te puede interesar:El audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yañez y es parte de la causa por violencia de género

Ese cambio era rechazado por los empresarios. “Es inaceptable porque desnaturalizaría la figura contemplada en la ley y volvería a convertirla en algo negociable y no taxativo”, advirtieron en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde había alarma: el procedimiento por el que presionaba la CGT en la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases le hubiera dado a la Justicia del Trabajo, un poder clave para avalar o no los despidos por bloqueos, y ese fuero, coinciden en el sector empleador, está influenciado por el kirchnerismo y suele dictar fallos adversos a los empresarios.La CGT presionó para que el Gobierno atenuara el artículo «anti-bloqueos» de la Ley Bases

A Cordero le llegaron sugerencias de entidades empresariales y de la diputada del PRO Verónica Razzini, ex titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), para reglamentar el polémico artículo con más rigor hacia los sindicatos. “Una vez constatado el bloqueo, y si luego del preaviso (el responsable del bloqueo) no se depone la acción, el empleador queda habilitado para despedir con justa causa a los empleados intervinientes en el bloqueo que no hayan desistido luego del preaviso”, fue la propuesta de las actuales autoridades del MEAB, encabezadas por Juan Méndez.

Los planteos sindicales y empresariales sobre la reglamentación pusieron en aprietos a Cordero, un abanderado del diálogo cuyo objetivo fue que el texto del decreto pudiera consensuarse entre las partes. Pero Santiago Caputo apuntaló la posición de la CGT y Sturzenegger se resistió a convalidar esa modificación del artículo “anti-bloqueos” en contra del empresariado. Hasta el viernes pasado, los dirigentes cegetistas que viajaron al Vaticano para ver al Papa estaban convencidos de que el Gobierno había aceptado su pedido, pero admitían que no tenían garantías sobre la redacción final. “Creo que ordenamos el capítulo laboral. La reglamentación no desprotegerá la libertad sindical ni los derechos fundamentales del trabajo. Pero veremos cómo queda”, dijo a Infobae un jefe de la CGT.

Mientras los tironeos oficiales estaban en su apogeo, en la Secretaría de Trabajo idearon una “alternativa intermedia” para evitar las quejas de cualquiera de los sectores involucrados: no reglamentar el artículo en cuestión. La variante es la “más ecuánime”, como dicen en el entorno de Cordero, para salir de la encerrona entre la versión suavizada de la CGT y la más dura del empresariado. Y, admiten en la Casa Rosada, será la que terminaría plasmada en el decreto reglamentario.Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Julio Cordero

En la práctica, una resolución con sabor a derrota para la CGT y los Moyano, agravada incluso porque ya rige el protocolo de actuación ante los bloqueos que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y que apunta de lleno contra quienes bloquean una empresa: fija la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales, que recabarán pruebas sobre el desarrollo de la protesta, que incluirán la identificación de los responsables con el fin de su “inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal”. También facilita a los empresarios la denuncia oficial de los bloqueos mediante una línea telefónica, WhatsApp o mail.

Desde hace meses que el tema de los bloqueos sufre los zigzagueos del Gobierno. Cuando la Ley Bases se debatió en la Cámara de Diputados, el capítulo laboral de 58 artículos sufrió una drástica poda en busca de mayor consenso político, en una jugada piloteada por el oficialismo y motorizada desde el Congreso por el diputado Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos, quien logró imponer una consigna entre sus colegas: “No incluir nada que afecte a la CGT”. Así, 42 artículos quedaron afuera del proyecto para no irritar a los gremialistas y, entre ellos, uno que modificaba el Código Penal para fijar penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloqueen empresas.Los bloqueos del Sindicato de Camioneros, en jaque por un artículo de la reforma laboral del Gobierno (Foto Gastón Taylor)

En su afán de facilitar la sanción de la ley, el Gobierno ya había aceptado aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos sindicales porque en el DNU 70 decía que esa acción sería reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, antes de ser suprimido, en el último borrador de la modernización laboral que iba a tratar la Cámara Baja, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció el artículo que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. Pero este último punto fue añadido en la Ley Bases por iniciativa del bloque de la UCR en el Senado y activó las alarmas en Camioneros, uno de los principales gremios que adoptó los bloqueos como una marca registrada.

Las últimas señales del Gobierno hacia los sindicalistas fueron de una mayor intransigencia, como quedó demostrado, por ejemplo, en el conflicto en Aerolíneas Argentinas y la eliminación del “registro Moyano” para choferes de camiones, que jaquea el poder de la “patria camionera”. Ahora, todo indica que perdió el sector del oficialismo que quería pacificar la relación con los dialoguistas de la CGT, aunque tampoco ganaron los que proponían mayor dureza contra los “bloqueadores”. Por eso, recién en los próximos días, cuando por fin salga a la luz el decreto reglamentario, podrá conocerse la reacción sindical y, sobre todo, si Milei está más cerca o más lejos del tercer paro general.

Fuente: Infobae.com

El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas está lejos de solucionarse. En las últimas horas se reflotó la posibilidad de una nueva manifestación masiva, tras la confirmación del veto presidencial al presupuesto del sector votado en el Senado y la cadena nacional del domingo por la noche desde el Congreso.

Según el Presupuesto 2025 anunciado por Milei, se le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen reclamando. Como ya habían anticipado días atrás, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes advierten sobre una nueva marcha para octubre. Así buscarán presionar para que la Cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto presidencial.

Pasando a números, el Gobierno destinaría $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exije $7,2 billones. «A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios«, indicó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

Moriñigo añadió: «No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy. Ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%».

En esa línea, remarcó: «Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar».

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En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son apenas un 5%.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y, en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.

El contexto de la tensión por el presupuesto educativo 

El presidente Javier Milei anunció el último viernes el “veto total” a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada un día antes en el Senado por amplia mayoría. De esa manera, el presidente volvió a rechazar una ley aprobada por el Congreso de la Nación en pocas semanas, ambas con alto impacto fiscal. Con todo, el presupuesto universitario aprobado era insignificante, al lado de la fórmula de movilidad jubilatoria.

El 23 abril una masiva marcha federal a nivel nacional que volcó cerca de un millón de personas en distintas ciudades del país obligó al Gobierno a recalcular su plan de acción. En dicha manifestación hubo personas de todas las orientaciones políticas, con el respaldo político, sindical, académico y de diferentes sectores de la sociedad. Incluso de votantes de Milei. Es por ello que el Gobierno se vio obligado a alcanzar un acuerdo por el funcionamiento universitario. Fue la principal señal de alarma que la “motosierra” de Milei tuvo.  

«Déficit», «deuda», «inflación»: Un discurso con alta negatividad, la apuesta de Javier Milei para presentar el Presupuesto 2025

De hecho, un estudio del Observatorio Pulsar señala que “3 de cada 4 argentinos/as rechazan los recortes en educación, ciencia y tecnología”, y agrega que “estas valoraciones son transversales a todos los segmentos sociales. Entre las cifras que menciona destaca que “el universitario es el nivel educativo mejor valorado socialmente”, con un 70% de los encuestados que tienen una valoración entre “buena” y “muy buena”.

Otras percepciones que menciona son las relacionadas con la obtención de un título de grado. El 64% considera que tiene una mejor valoración un título de grado en una universidad pública mientras que el 11% considera que es mejor un título en una universidad privada.

Fuente: Perfil.com

A la espera de un veto total de Javier Milei a la ley sancionada días atrás sobre Financiamiento Universitario, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, expondrá esta tarde en la jornada “Educación: desarrollo y libertad”, donde se espera un mensaje político relacionado con el adoctrinamiento.Te puede interesar:Israel espera que el gobierno de Milei avance con el traslado de la embajada argentina a Jerusalén

La reunión se realizará, desde las 18, en el Salón Azul del Congreso. No sólo disertará Villarruel, ya que aparecen como invitados el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone; el ingeniero y director educativo de la escuela técnica ORT Argentina, Alejandro Ferrari; y la profesora y directoria de la escuela secundaria 7 de Chascomús, Silvina Mengarelli.https://95c96d7eb7aaf32f3d39cba65ba4e0ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El jueves pasado, una abrumadora mayoría -holgados los dos tercios- sancionó en el Senado la ley que mejora y blinda el presupuesto universitario. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, de la pampeana Victoria Huala (PRO).Te puede interesar:Luz y gas: habrá aumentos hasta el año que viene y el Gobierno dejó de lado la quita de subsidios de forma focalizada

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.https://95c96d7eb7aaf32f3d39cba65ba4e0ef.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el articulado especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.Te puede interesar:Presupuesto 2025: se acrecientan los reclamos de los gobernadores y no avanzó la creación del Consejo de Mayo

Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, el camporista Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, que en la noche del jueves se mostró preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.El senador kirchnerista Eduardo De Pedro. Tardó nueve meses en integrarse a la comisión de Educación que hoy preside (Sebastián Alonso)

En tanto, desde el radicalismo, el bonaerense Maximiliano Abad señaló: “De un lado tenemos, entonces, a la comunidad educativa pendiente de la sanción y la aplicación efectiva de esta ley, que actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades, y los salarios de docentes y no docentes, que perdieron 45% de poder adquisitivo desde diciembre, e incluso están 15% debajo del resto de los trabajadores estatales”.

Durante los cierres del debate y discursos de jefes de bancadas, el peronista disidente Juan Carlos Romero criticó a sindicalistas por “no hablar de la calidad educativa” y deslizó que fue “un error hacer política creando universidades” en la última década, con la posterior “duplicación de oferta a poca distancia”. “Si un 85% de los recursos va a salarios, hay carreras humanistas que no necesitan tanto equipamiento, pero para las técnicas no alcanza si se gasta ese 85% en salarios”, concluyó el senador salteño.

Mientras se aguarda la decisión del Ejecutivo sobre esta ley, la Cámara alta tendrá una semana con poca actividad. Más allá de la jornada sobre educación -en la hablará Villarruel-, para este martes está agendada una reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dirige el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), para analizar tres iniciativas relacionadas con delitos viales, de las legisladoras Huala, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el exsenador sanjuanino Roberto Basualdo.

Para dicho encuentro fueron convocados expertos en criminalística, abogados que representan a la Asociación “Madres del Dolor” y el joven aunque experimentado director ejecutivo de la Agenda Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli.

Fuente: Infobae.com

CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei les pidió a los gobernadores que pongan en marcha un ajuste de US$60.000millones para reducir el gasto total a 25 puntos del PBI el año próximo. Si bien los mandatarios esperaban que se refiriera a ellos en el discurso, la cifra los sorprendió por “disparatada”. Así lo definieron en diálogo con LA NACION varios gobernadores y funcionarios provinciales. Coincidieron en plantear que, con la “federalización” de las obligaciones y el recorte de las transferencias nacionales, un achique de esa magnitud equivaldría “a cerrar” el Estado.

Frente al rechazo inmediato que generó este planteo de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrán esta tarde una reunión vía zoom con gobernadores aliados.DISCONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PORQUE NO CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS COPARTICIPABLES QUE ADEUDA LA NACIÓN

“Corresponde que a las cuentas las paguen las provincias. Las provincias van a tener que hacer los ajustes que necesiten”, dijo el vocero Manuel Adorni, al ser consultado por el tema del recorte mencionado por el Presidente.

Los más molestos con la expresión de Milei se cuentan en Juntos por el Cambio (JxC).Cuatro mandatarios -que vienen insistiendo en que “colaboraron” todos estos meses con la gestión libertaria- subrayaron que la Nación “llegó al equilibrio de sus números gracias a los gobernadores aliados y gracias a haber cortado todas las transferencias a las provincias, programas, fondos, obras. Todo”.

El santafesino Maximiliano Pullaro afirmó: “Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias” y explicó que que Santa Fe “fue una de las provincias que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”. Repasó que empezó su administración “con un déficit fiscal muy importante, que nos afectaba en este año en tres masas salariales, y tuvimos un recorte muy importante del Gobierno nacional que nos impactó en una masa salarial más. Sin embargo, reduciendo primero el gasto político, los cargos, por un lado; y, por otro lado, trabajando mucho la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pudimos en los primeros seis meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional”.

Un dato clave en el marco de las negociaciones entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la devolución de la coparticipación ordenada por la Corte Suprema es que en la planilla donde está la proyección de envíos para el 2025 surge implícitamente que no hay una variación diferencial para ese distrito; los giros crecen al mismo ritmo que para el resto. Es decir, de manera automática no se cumpliría con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí podría hacerlo de manera indirecta al incrementar transferencias discrecionales.

Entre enero y agosto. las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron $6,4 billones menos entre transferencias discrecionales y coparticipación en comparación con 2023. Además, las fuentes consultadas repasaron que entre las “incógnitas” que todavía no resolvió la Casa Rosada es quién le pagará la deuda por obra pública acumulada con las empresas en los casos en que estos trabajos fueron transferidos.

“Sin esa cancelación, nada se puede reiniciar, y eso lo señalamos claramente al firmar los convenios con Nación”, apuntó un gobernador de la región Centro. También continúa el “incumplimiento” del pago de la compensación del Pacto Fiscal y el flujo de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

Sobre ese punto, el artículo 59 del proyecto señala: “Establécese como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Anses $ 254.421.000.000 para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Grupo 07, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”.

Es decir, fija crédito presupuestario, pero en ese mismo artículo sostiene que se va a destinar a aquellas provincias que acrediten déficits previsionales (2021 en adelante) y que firmen convenio con la Anses, organismo que será, además, el que reglamente estos envíos. El economista Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, adviertió: “Tranquilamente podrían seguir en $0 las transferencias si Anses determina que no corresponde hacerlas y/o no avanza en convenios”.

Un mandatario patagónico ratificó que “gran parte del logro de haber equilibrado las cuentas fue por todo lo que les sacaron a las provincias”. Los agrupados en JxC señalaron que la Casa Rosada deberá negociar con ellos para lograr la aprobación del presupuesto 2025 y, en ese caso, para reunir apoyos “deberá pagar algunas de las deudas que fue postergando”.

Desde el lado de los “peronistas dialoguistas” -Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)- reaccionaron con menos enojo ante los dichos de Milei. Para uno de ellos, el mensaje estuvo dirigido al bonaerense Axel Kicillof y al riojano Ricardo Quintela. “Esperamos más precisiones”, planteó otro.

Precisamente, el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue terminante este lunes: “No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”.

En el Pacto de Mayo firmado en San Miguel de Tucumán el 9 de Julio figura el objetivo de que el gasto público consolidado alcance al 25% del PBI, pero no establece fecha. Para los economistas consultados por este medio es claro que “llevará varias administraciones, no de un año para otro”.

Transferencias

Politikon Chaco analizó algunos aspectos del presupuesto relacionado a la distribución a provincias y CABA: las transferencias automáticas (coparticipación) representarían el 49% la recaudación (excluyendo comercio exterior y seguridad social), un nivel superior al de los años 2021- 2024. El texto proyecta que alcancen los $57 billones en el 2025, equivalente a 7,5% del PBI. Si se comparan estos envíos respecto al proyecto de presupuesto 2024 (no aprobado), indican una suba del 117,2% aunque esa comparación no es representativa debido a la modificación sobre los montos nominales, producidos principalmente, por inflación y en menor medida por el impacto de Ganancias de sociedades observado en mayo pasado.

Si se parte del supuesto que la recaudación tributaria crecería 37,6% en 2025 (según el mensaje del proyecto de presupuesto), las transferencias automáticas podrían crecer el 39%.

Las no automáticas rondarían los $3,6 billones ($3,3 billones corresponden a transferencias corrientes y $ 0,3 billones a transferencias de capital). La novedad es que, aun con una base nominal baja en relación con el presupuesto -equivaldrían al 3,1% del gasto- aumentarían 69,9% respecto al cierre estimado para el 2024.

“Esta estimación cae en cierta contradicción discursiva con el deseo del Estado nacional de continuar profundizando el recorte de envíos no automáticos. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud cuál o cuáles serían los programas donde se apoyaría la suba estimada, al no contar con los datos desagregados de los mismos. De igual manera, el proyecto no desagrega la distribución de estas transferencias por distritos”, dice Pegoraro.

Gabriela Origlia

Fuente: La Nación

Durante la cena anual de Poder Ciudadano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, apuntó una vez más contra su colega Ricardo Lorenzetti. En esta oportunidad, afirmó que en su gestión el tribunal pasó de una conducción «unipersonal y superconcentrada» a una «colegiada».

El nuevo capítulo de la interna entre ambos tuvo lugar ante más de 400 jueces, fiscales, políticos y empresarios en el hotel Sheraton, donde Rosatti improvisó un discurso en el que también habló sobre la transparencia del Estado y advirtió por el peligro de la «superconcentración» de poder para la toma de decisiones administrativas, contratos y licitaciones.

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Antes de que el Quinteto Piazzolla pasara a tocar temas como «Adiós Nonino», el juez destacó que desde abril de 2022, luego de la anulación de una ley de Cristina Kirchnar, el presidente de la Corte Suprema es también el titular del Consejo de la Magistratura, lo que asegura que permite una mejor «articulación».

Asimismo, recordó que «hay una demanda social de transparencia» y consideró que un juez es «un funcionario público bajo el escrutinio social», en lugar de una figura que infunde miedo.

Cabe recordar que Rosatti asumió en 2021 la presidencia de la Corte, que estuvo durante 11 años a cargo de Lorenzetti, quien, según la oposición, avala la candidatura del juez Ariel Lijo al máximo tribunal, para así intentar regresar al máximo poder de la Corte y desplazar a su colega.

El actual presidente de la Corte Suprema recordó que fue convencional constituyente durante la reforma de la Constitución de 1994 y manifestó que la «calidad institucional» buscada por Poder Ciudadano implica «la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública».

«¡Con el derecho a la información no!», coincidió el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, al tomar la palabra y hacer referencia al decreto del presidente Javier Milei que limita la ley en cuestión.

Rosatti también reprochó que la Corte debe emitir 12.000 sentencias por año y señaló que el problema es que «no hay filtro», por lo que todo llega al máximo tribunal y existe una «excesiva judicialización de los conflictos», siendo el Estado el principal proveedor de sentencias con alrededor del 60%.

De parte del Gobierno en la cena solo estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También estuvieron el diputado Ramiro Marra; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley; el ex presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y los ex ministros de Economía Hernan Lacunza, de Educación Nicolás Trota y de Defensa, Horacio Jaunarena, también estuvieron presentes, al igual que el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, y la Directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.

¿Lijo sí o no?, ¿qué pasa entre los senadores y el PEN?

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO), Emilio Monzó (partido del Diálogo), Marcelo Stubrin y Jesús Rodríguez se sumaron al encuentro, de la misma manera que los fiscales Carlos Stornelli, Sergio Mola, Diego Luciani y Javier De Luca, y el ex titular de Vialidad de Macri, Javier Iguacel.

Por parte de los jueces participaron Mariano Borinsky, y Daniel Petrone y Diego Barroetaveña de Casación, Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Alejandra Provitola y el secretario de Coordinación de la Procuración, Juan Manuel Olima.

Fuente: Perfil.com

De los números que figuran en el proyecto de Presupuesto 2025, la estimación de inflación está entre los que más llamaron la atención. Según la propuesta elevada por el gobierno al Congreso para que se debata, el año que viene el índice tendría un incremento de apenas 18,3%. La cifra es menos de la mitad de lo que calcularon los analistas que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central todos los meses.Te puede interesar:Luz y gas: habrá aumentos hasta el año que viene y el Gobierno dejó de lado la quita de subsidios de forma focalizada

De acuerdo al último informe difundido por el BCRA, y siempre de acuerdo a la opinión de consultoras y bancos, la inflación del 2025 caería hasta 38,4%, una baja sustancial respecto al cierre de este año, que llegaría al 122,9%.https://e93407c1411593609f3d1c33be082d3c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Pero el Gobierno ve un escenario diferente, al menos de acuerdo a lo explicitado en el texto del Presupuesto a ser tratado por el Congreso. Allí se fijó una inflación de 104% para este año que luego se derrumbaría hasta 18,3%.Te puede interesar:Presupuesto 2025: se acrecientan los reclamos de los gobernadores y no avanzó la creación del Consejo de Mayo

Con las estimaciones del Presupuesto, el Gobierno estima un desplome mucho más rápido de la inflación hacia adelante, incluyendo los últimos cuatro meses de 2024. En septiembre se estima que el índice va a estar más cerca de 3% que de 4%. Sin embargo, luego el descenso debería ser todavía mucho más abrupto.

Para el año que viene, la inflación debería ubicarse por debajo del 1,3% mensual para llegar al 18% para todo el año. Semejante caída está por ahora muy lejos de las previsiones de una enorme mayoría de analistas.Te puede interesar:Cuáles serán los requisitos para los camioneros con las últimas medidas del Gobierno

Si las estimaciones del REM fueran las correctas, entonces el promedio de inflación mensual se ubicaría en niveles de 2,7% mensual promedio, o sea más del doble que la estimación del Gobierno.

A partir de estos escenarios que muestran tanta discrepancia para el 2025, aparecen distintas especulaciones. Una de ellas es que la subestimación de la inflación para calcular el Presupuesto es una vieja práctica.

Si finalmente se registra un índice mayor al proyectado, entonces habría una importante fuente de recaudación adicional. Esto es de gran utilidad para el Gobierno, que podría gastar sin pasar por el escrutinio legislativo.

Septiembre aportará un importante alivio para el Gobierno, con una inflación que podría perforar incluso el 3,5%, sobre todo si se sostiene la estabilidad en alimentos de las dos primeras semanas del mes. Pero no será fácil sostener el ritmo de desinflación para adelante

Ésta fue una práctica recurrente durante los gobiernos kirchneristas, en el marco de las mediciones falsas que realizaba el INDEC, calculando oficialmente un incremento de precios que difería sustancialmente de la realidad.

Algo parecido le ocurrió al gobierno de Mauricio Macri, cuando estimaba que en 2018 la inflación podría caer a niveles de 10%. Pero la crisis cambiaria echó por la borda cualquier continuidad de aquel proceso incipiente de desinflación que había arrancado en 2017.

Otro razonamiento es que la fuerte disminución de la inflación proyectada va en línea con la estimación de suba del dólar oficial, que pasaría a solo 1.207 pesos para diciembre del año próximo, equivalente a un ajuste inferior al 15% para todo el 2025. Esto implica que todas las variables de la economía pasaría a tener una reducción sustancial en su nominalidad.https://flo.uri.sh/visualisation/10347576/embed?auto=1A Flourish chart

Claro que también está la posibilidad de que efectivamente las estimaciones oficiales tengan razón y que la inflación se encuentre cerca de colapsar. Para eso sería fundamental la profundización de la “fase 2″ del plan económico, que plantea cero emisión monetaria.

Otros economistas, como Domingo Cavallo, advierten que no alcanza con este comportamiento monetario, sino que además hay que primero unificar el mercado cambiario y luego avanzar con un plan de estabilización.

De esta manera, aunque haya un salto del tipo de cambio amensual, más en línea con los lineamientos del Presupuesto. Sin embargo, no hay pistas por ahora sobre el plan del equipo económico para unificar el mercado cambiario y por ende levantar las restricciones para el libre movimiento de capitales.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno sigue a paso firme con su intención de desregular el transporte de cargas, un reclamo de vieja data que mantenían los empresarios del sector por los altos costos en la logística. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció los cambios este lunes desde su cuenta de la red social X (ex Twitter).

«Hemos escuchado por años que cuesta más mandar un contenedor de Mendoza a Bs As. que de Bs. As. a Rotterdam. Hoy, con el ministro @LuisCaputoAr y el Secretario de Transporte @FrancoMogetta, comenzamos a desarmar estos costos; desregulando el transporte de cargas (y esto no termina acá)», señaló el ministro que lleva adelante el proyecto «hojarasca».

Exportaciones: cómo afectan los costos logísticos al vino argentinoEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La decisión del Gobierno de avanzar en la desregulación del transporte de cargas se concretó este lines 16 de septiembre a través del Decreto 832/2024, publicado en el Boletín Oficial.

“El decreto 832/24 firmado por el presidente Javier Milei reglamenta la ley 24.653 de transporte de cargas con dos innovaciones centrales: la virtual eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) en formato digital o físico; y el incremento del peso permitido para transporte exento del régimen de la ley 24.653″, precisó Sturzenegger.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=perfilcom&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1835630049434751457&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.perfil.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Fel-gobierno-desregulo-el-transporte-de-cargas-que-implica-la-medida-que-celebro-federico-sturzenegger.phtml&sessionId=24cba6ae63f063eecf27013c09789c92ea63b8da&siteScreenName=perfilcom&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px

El funcionario definió al RUTA como “un trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar”.

“Ahora pasa ser un registro digital y gratuito. Se evitan días de trabajo perdidos y los transportistas ahorran dinero que iba a la casta. El RUTA era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su propia carga en un vehículo propio sin someterse a esta burocracia estatal» precisó Sturzenegger en su posteo en redes.

«Este peso mínimo se eleva a 3.500 kilos liberando plenamente a toda la industria de fletes y cargas livianas de este incordio”, marcó el ministro, al mismo tiempo que anticipó que el Gobierno intentará a través de una ley eliminar definitivamente el RUTA.

Finalmente, Sturzenegger adelantó que el gobierno planea avanzar en la desregulación del transporte en tanto buscarán eliminar en forma definitiva el registro único automotor.

El transporte de granos en Argentina ya acumula un aumento del 65% en 2024

«Igual esto no termina acá. Intentaremos por ley para eliminar definitivamente el RUTA», sentenció en una posdata.

Cuál es la documentación que necesitarán desde hoy los transportes de cargas:

El DNU 832 indica que, a partir de este lunes 16, únicamente se podrá exigir para circular, a los vehículos afectados al transporte interjurisdiccional de cargas, la siguiente documentación:

• a) constancia de inscripción en el REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (RUTA) en formato digital o físico;
• b) constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, la que se acreditará mediante la oblea que deberá ser adherida en el parabrisas o cualquier otro instrumento que, a tal fin, determine la Autoridad de Aplicación;
• c) Licencia Nacional de Conducir vigente para el tipo de vehículo que conduce;
• d) documento de transporte, carta de porte o guía, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24.653. En caso de transporte internacional la documentación determinada por los Acuerdos, Tratados y Convenios;
• e) cédula de Identificación del Automotor;
• f) constancia física o digital de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios;
• g) en los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la documentación específica exigida por la normativa vigente en la materia; y
• h) en los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de circulación, el instrumento que acredite la concesión del referido permiso.
• Fuente: Perfil.com

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2025 con una proyección de equilibrio fiscal que buscará perseguir con lo que llamó un “cepo al Estado”. “Blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, dijo el jefe de Estado. “Este blindaje abre una nueva página hasta ahora desconocido. Desde ahora Argentina será solvente, bajará el riesgo país, tasa de interés, con mayor inversión, productividad, salario real, caída de pobreza y de indigencia”, aseguró Milei ante diputados y senadores.Te puede interesar:Jubilaciones, subsidios y obra pública: cómo funcionará la “motosierra” del Gobierno en 2025 según el Presupuesto

El Gobierno se planteó un objetivo de ajuste en las cuentas públicas el año próximo equivalente a 1,5% del PBI de superávit primario para poder sostener, al finalizar el 2025, el equilibrio financiero. Para eso, el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso incluirá una regla fiscal que recortará un grupo de partidas de gasto ante ciertas contingencias, y dejará un solo renglón del gasto por fuera de la discrecionalidad, que serán las jubilaciones, que continuarán con una fórmula mensual que sigue a la inflación.https://7fb153f6bb3b429f46e5bdbc1067f530.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

La ley de ingresos y gastos que la Casa Rosada presentó este domingo ante el parlamento indicó que como lineamiento principal buscará mantener el equilibrio fiscal, por lo que debería acumular un superávit primario de 1,5% del PBI -la cuenta bajaría a 1,3% restando la deuda intra sector público– para terminar con excedente fiscal total.Te puede interesar:10 claves para entender los planes de Milei en economía y políticas públicas

Con esa premisa, el Ministerio de Economía estableció una suerte de “regla fiscal” para que las distintas partidas presupuestarias puedan ser reajustadas ante distintas circunstancias. Tras un primer punto de partida de cálculo de los intereses de deuda a pagar a lo largo de 2025, el Gobierno así determina cuáles son los gastos que tienen actualización automática -las jubilaciones- y cuáles quedarán con discrecionalidad. Así, el equipo económico establece “techos” presupuestarios expresados en porcentajes del PBI para esos renglones del gasto, “en función de las prioridades de políticas públicas establecidas”, mencionó el Palacio de Hacienda en un documento.Fuente: Ministerio de Economíahttps://7fb153f6bb3b429f46e5bdbc1067f530.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Luego de trazar una línea de largada, con jubilaciones que tendrán un gasto equivalente a 6,3% del PBI y otro 2,6% del Producto para asistencia social, entre otros, el Gobierno pautó qué sucederá en caso de que las variables macroeconómicas se muevan por fuera de lo proyectado en el presupuesto. “En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal”, menciona el resumen del proyecto de lay que elaboró el Poder Ejecutivo.Te puede interesar:10 claves para entender los planes de Milei en economía y políticas públicas

En ese sentido, ejemplificó: “En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos. Esto implicará que por segundo año consecutivo el Sector Público Nacional no necesitará financiamiento por la vía de endeudamiento o emisión monetaria ya que no habrá desbalances de las cuentas públicas, que a lo largo de la historia argentina ha derivado en recurrentes crisis de deuda o escenarios de hiperinflación”, planteó.

La ley de ingresos y gastos buscará mantener el equilibrio fiscal, por lo que debería acumular un superávit primario de 1,5% del PBI para terminar con excedente fiscal total.

En este documento el Gobierno no mencionó detalles sobre cómo avanzaría en la reducción de impuestos en caso de que tuviese ese margen fiscal, aunque en distintas apariciones públicas tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo mencionaron a los derechos de exportación y al impuesto al cheque como los dos principales apuntados. En diciembre de este año, de por sí, se vencerá la vigencia del impuesto PAIS.Números fiscales de este año y la comparación con los años anteriores

El argumento oficial es que el presupuesto debe contar con equilibrio fiscal como única forma de sostener la estabilidad económica. “El déficit consolidado del BCRA (originado en el financiamiento de 13 años consecutivos de déficits financieros) y del Tesoro Nacional se ubicaba por encima del 15% del PIB hacia noviembre de 2023. Vale recordar que un déficit fiscal sólo puede ser financiado por dos vías: endeudamiento y/o emisión monetaria. Con un historial crediticio marcado por sucesivos defaults, la emisión monetaria se convirtió en la principal fuente de financiamiento de las necesidades del Tesoro, derivando en un excedente monetario que se transformó en el principal foco de fragilidad macroeconómica”, planteó el equipo económico en ese documento.

El equipo económico establece “techos” presupuestarios expresados en porcentajes del PBI para esos renglones del gasto, “en función de las prioridades de políticas públicas establecidas”

En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas mostraron un superávit acumulado de $1,9 billones, lo que implica un 1,4% del Producto Bruto, y un 0,4% del PBI de superávit total al agregar en la cuenta el pago de intereses de deuda. El dato de agosto se conocerá el próximo jueves. “En este contexto, el equilibrio fiscal se volvió un compromiso inquebrantable de esta gestión, al punto que se alcanzó en el primer mes de gestión, lo que constituye un hito histórico”, mencionó el Palacio de Hacienda.

“Durante 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan, junto con las reformas aprobadas por el Congreso en la Ley Bases y el DNU 70/2023, el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos”, consideró el Gobierno.

Fuente: Infobae.com

En el marco de la nueva reglamentación que estableció la esencialidad del transporte aerocomercial -oficializada a través del decreto 825/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial-, los gremios aeronáuticos deberán adaptarse a esta nueva modalidad y limitar las futuras medidas de fuerza a lo que establece el anexo normativo.

“Las demoras, cancelaciones o reprogramaciones en los vuelos provocan daños y perjuicios a los pasajeros, ocasionan un grave impacto económico asociado y generan pérdidas económicas considerables para todo el sector aeronáutico y la economía en general”, se definió en el texto que había sido anticipado la semana pasada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger tras un paro que dejó a 37.000 pasajeros sin volar. Por esto, entre otros motivos, el Gobierno argumentó que “resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos servicios de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país”.

Según precisaron fuentes oficiales a LA NACION, la reglamentación fue elaborada entre Sturzenegger y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Con esta decisión, el Gobierno busca limitar el accionar de los sindicatos, que deberán atenerse a nuevas condiciones a la hora de realizar una protesta como la que protagonizaron este viernes la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

De esta forma, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2° de la resolución, quienes propongan ejercer “medidas de acción directa que involucren a la actividad aeronáutica civil aerocomercial” deberán avisar a las autoridades correspondientes con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha en la que realizará la medida de fuerza. A su vez, dentro del plazo de 24 horas de notificado el accionar, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución. Entre los puntos a tener en cuenta está la forma en que se ejecutarán las prestaciones y la designación del personal involucrado.

En el decreto, el Gobierno también estableció que, una vez agotado el plazo de 24 horas, si no se llegó a un acuerdo o los servicios mínimos “resultaren insuficientes”, la determinación de las materias será efectivizada en el término de 48 horas por la Autoridad de Aplicación, que notificará e intimará a las partes a su cumplimiento. “En este caso se deberá tener en cuenta para la determinación de los servicios mínimos una escala gradual sobre la base de la duración y extensión acumulada del período de huelga y del conflicto colectivo de trabajo”, aclararon.

Asimismo, se resaltó la importancia de garantizar estos servicios mínimos y de “poner en conocimiento” de los usuarios y consumidores las modalidades que tendrá la medida de fuerza, al detallar el tiempo exacto que tendrá el conflicto y las horas de inicio y final.

Por otro lado, el Artículo 5° impone que las asambleas realizadas por el personal no podrán ser convocadas para “interrumpir, directa o indirectamente, la prestación normal y regular de la actividad aeronáutica civil aerocomercial, pública o privada ni, en su caso, el desarrollo normal y regular de los servicios mínimos previstos”.

En tanto, el incumplimiento de alguna de las partes del conflicto en los procedimientos conciliatorios establecidos podrá dar lugar a la aplicación de diversas sanciones. Finalmente, el Gobierno aclaró que quedaron excluidos de la reglamentación los servicios de navegación aérea declarados como servicio público esencial por la Ley N° 27.161 y sus modificatorias los que deberán garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, al respetar los parámetros de seguridad operacional establecidos.

El ministro Sturzenegger celebró esta decisión y detalló los pasos que deberán seguir los gremios para realizar una medida de fuerza. Además, aprovechó para apuntar contra los legisladores del Congreso y su negativa para que Aerolíneas Argentinas ingresara dentro de la lista de empresas estatales a privatizar en la Ley Bases. “Lamentablemente, el Congreso denegó la posibilidad de privatizar una empresa que, aun manejándose en un contexto de total libertad comercial, reitera su vocación de empacharse de privilegios propios a costa del contribuyente”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Por suerte, a partir del Decreto 831/24, no podrán afectar más los derechos de todos los argentinos”, apuntó.

Fuente: La Nación

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso, ante un recinto con muchas butacas vacías, en el que no faltaron los cruces con algunos legisladores de la oposición, ni las silbatinas de rigor o los aplausos de sus mayores apoyos, a quienes saludó uno a uno al ingresar al recinto.

El mandatario habló fuerte y claro de que la nueva «ley de leyes» hará foco en «blindar el equilibrio fiscal», y si bien dio algunas cifras, fueron más históricas a lo largo de su presentación. De todos modos, Economía compartió las proyecciones macroeconómicas que están condensadas en el Presupuesto 2025. 

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Estas proyecciones anticipan que, para el 2025 el Gobierno espera que la economía crezca 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, y que el tipo de cambio oficial avance a $1.207 en diciembre. 

Además, prevé un superávit primario de 1,3% del PBI y el mentado equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

Las estimaciones contemplan una caída del producto bruto de 3,8% para el corriente año, pero una importante recuperación de 5% para 2025.

«El PIB se proyecta con una suba del 5,0% para 2025. Asimismo, se prevé que continúe un crecimiento sostenido del PIB en los años siguientes (+5,0% en 2026 y +5,5% en 2027)», señala el texto.

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En cuanto a la inflación, el gobierno espera una significativa baja que la ubicará en apenas algo más del 18% para todo el año, dato incluso bastante más optimista que el que proyectaron las principales consultoras económicas de la Argentina en el Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA y que en la última proyección de agosto anticiparon un IPC de 38,4% para 2025.

Cabe recordar que en agosto el dato de la inflación marcó una aceleración de 0,2% que comenzó a inquietar a más de uno, en especial tras los 7 meses previos de baja. La situación no parece preocupar al gobierno que está confiado en que el IPC bajará abruptamente el próximo año. 

En cuanto al tipo de cambio, tampoco hay cambios, sino que el gobierno mantiene su ritmo de devaluación y proyecta un ajuste progresivo del tipo de cambio oficial. 

Los cálculos proyectan que el dólar oficial estará en $1.019,90 a fin de 2024 y tendrá un aumento de 18,3% para 2025, lo que llevaría el dólar oficial a $1.207 en diciembre de 2025.

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De esta manera, los principales datos macro que figuran en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso son:

• El PIB se proyecta con una suba del 5,0% para 2025 y que continúe un crecimiento sostenido del PIB en los años siguientes (+5,0% en 2026 y +5,5% en 2027).
• Se proyecta que el Tipo de Cambio Nominal (dólar oficial) llegue a $ 1.207 en diciembre de 2025 y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desacelere a 18,3% interanual en igual período.
• El Presupuesto del Sector Público Nacional para el ejercicio fiscal 2025 se proyecta levemente superavitario en términos del PBI. El resultado primario, en tanto, alcanzaría el 1,3% del PBI.
• Desde el 2014 no se presenta al Congreso de la Nación un Presupuesto equilibrado. Aún más, desde el 2010 no se alcanza un resultado fiscal anual superavitario, y desde el 2008 no se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero.
• Los recursos totales estimados alcanzan el 16,5% del PBI, mientras que los gastos totales ascienden a 16,5% del PBI.
• Fuente: Perfil.com