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A pesar de las constantes negociaciones que continuaron hasta última hora para tratar de llegar a un acuerdo, aunque sin una propuesta superadora a los reclamos salariales del sector, el Gobierno se enfrentará este miércoles a una nueva Marcha Federal Universitaria que promete ser todavía más masiva que la anterior, en rechazo del veto que el presidente Javier Milei firmará para frenar el proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios.Te puede interesar:La marcha universitaria tendrá una declaración final sin nombres propios, pero con reclamos contundentes

Mientras que los gremios docentes denuncian un vaciamiento de las instituciones y exigen un aumento superior al que les fue ofrecido, las autoridades nacionales redoblaron las críticas hacia el sistema actual, pusieron en duda la legitimidad de la movilización e insistieron con la falta de auditorías.https://36b04d5597a4e7867b27d585a59ad1c6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Ni siquiera la reunión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la cúpula de la CGT, de la cual participaron Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, y Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, logró destrabar el conflicto.Te puede interesar:Nuevo contrapunto entre Yacobitti y el Gobierno a horas de la marcha

Puntualmente, la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell y dependiente del Ministerio de Capital Humano, les propuso a los sindicatos de maestros un incremento del 6,8%, lo cual implicaba una inversión de unos 56 mil millones de pesos, según fuentes oficiales, pero esta cifra fue rechazada.

En este contexto, el 13 de septiembre pasado, a la madrugada, el Congreso aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario, el cual establece actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.Te puede interesar:Francos planteó que las universidades deberán debatir el financiamiento en “el presupuesto del año próximo”El Senado aprobó la ley de financiamiento universitario, en el Congreso de la Nación (Fotos: Comunicación Senado)

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), a partir de la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha, se estima que implicaría una inversión por parte del Estado de más de 738 mil millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI.

Por esta razón, Milei ya anunció públicamente que vetará la iniciativa, aunque el Decreto con la decisión presidencial todavía no salió y aparecería en el Boletín Oficial recién el jueves próximo, en el límite del plazo legal para hacerlo, pero después de la marcha.

Cómo será el acto

La movilización fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina, en la que están estudiantes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Sin embargo, la protesta es apoyada por cientos de gremios y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, incluidos la CGT, las dos CTA, la UTEP, CTERA e incluso los sindicatos de pilotos y de transporte, por lo que se espera, no solo un paro en las escuelas y facultades de todo el país, sino también complicaciones en varios servicios.

Los movimientos comenzarán a concentrarse a partir de las 14:00 en diferentes puntos cercanos al Congreso y se espera la presencia de algunos miembros de la oposición, como el dirigente Juan Grabois, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y referentes de La Cámpora.Kicillof participaría de la nueva marcha (Nicolas Stulberg)

No obstante, también asistirán integrantes de la Unión Cívica Radical, partido que impulsó el proyecto de financiamiento, como el senador Martín Lousteau y el ex diputado Emiliano Yacobitti, que también es vicerrector de la UBA, entre otros.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la organización, el acto central está previsto para las 17:00 frente al Congreso, donde hablarán sobre un escenario representantes de las organizaciones estudiantiles, docentes y no docentes.

Es probable que la jornada la abra Carlos De Feo, secretario general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y se analizó que también brindara un discurso el rector de alguna universidad pública, aunque finalmente se descartó esa opción.

La idea de los organizadores es que solamente expongan los gremios y las agrupaciones estudiantiles, que son los afectados, para evitar que la marcha tenga un tinte politizado, como la anterior, en la que también tomó la palabra Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo.

Sobre el final, los alumnos y secretarios generales de los gremios docentes que participarán de la movilización leerán un documento conjunto, muy crítico del Gobierno y en el que reclamarán que no se vete el proyecto de financiamiento sancionado por el Senado. Sin embargo, no habrá nombres propios.

Con motivo de esta protesta, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad autorizó el uso del espacio público sobre la Plaza del Congreso, aunque remarcó que el ingreso de los manifestantes deberá ser por las avenidas Entre Ríos y Callao, desde las 14:00, y deberán “subir a la plaza a fin de liberar el tránsito una vez que inicie el acto central”.

Asimismo, la cartera liderada por Waldo Wolff indicó que a las 19:00 “deberán quedar la totalidad de las calles libres de asistentes y con flujo de tránsito normalizado”, pero le recomendó a la población general evitar circular por esa zona durante todo el día, para evitar inconvenientes.

La versión del Gobierno

“El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el día anterior a la movilización.

De esta manera, el funcionario ratificó la posición del Poder Ejecutivo, que insiste en que la medida se va a dar de baja para mantener el equilibrio fiscal, al igual que se hizo semanas atrás con el aumento a las jubilaciones.Informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano

En tanto, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado días atrás, en el que argumentó que “este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, ya que “el Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.

Al respecto, la cartera encabezada por Sandra Pettovello remarcó que las casas de estudio ya recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, pero que no se puede controlar sus gastos, ya que “no han rendido cuentas de manera adecuada”.

En este sentido, las autoridades subrayaron que la Auditoría General de la Nación, que está a cargo de esa tarea, tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó tres, “de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018″, mientras que los otros dos corresponden a periodos en 2017.

Además, el oficialismo cuestiona el costo que demandan los estudiantes extranjeros, principalmente los de la carrera de medicina, que representan un 21,8% del total de los alumnos en el sistema público, de acuerdo con los registros oficiales.

Por otra parte, el Gobierno mira con preocupación la situación del veto en el Congreso, ya que hasta el momento no cuenta con los consensos necesarios en ninguna de las dos Cámaras para defender esta decisión y evitar que la oposición insista con la medida.

En el círculo íntimo del Presidente reconocen que “por ahora no está garantizado el acompañamiento del PRO” y remarcaron que el presidente de Diputados, Martín Menem, “está trabajando para juntar las voluntades”.

No obstante, en Balcarce 50 ya piensan en un escenario adverso y aseguran que “hay alternativas posibles” y que “dependiendo de cómo se interprete la norma de financiamiento de la administración pública, uno puede ejecutar una ley o no”, aunque reconocen que “seguramente ese accionar terminará en una judicialización”.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió con la decisión de comenzar a cobrarles Ingresos Brutos a los profesionales, algo que estaba previsto en el proyecto de Presupuesto 2025 que presentaron este lunes en la Legislatura. “Es una decisión no solo económica sino también política”, definió el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El mandatario porteño afirmó que se trató de un “borrador de trabajo” propuesto por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), pero que en “ningún momento” se consideró esta opción. Así, profesionales como abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y contadores no tendrán que comenzar a pagar el impuesto para actividades autónomas el año que viene. 

De acuerdo a la propuesta descartada, se preveía el pago de una alícuota del 3%, en consideración de una “continua búsqueda de equidad tributaria”. Esto aplicaba a las profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas y cuya duración no fuera inferior a los 4 años. Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

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El mensaje de Jorge Macri sobre Ingresos Brutos 

Este lunes por la noche, el jefe de Gobierno porteño publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje titulado “En la ciudad no vamos a cobrar ingresos brutos a profesionales”. “Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales”, afirmó.

“La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política”, aseguró, señalando a Germán Krivocapich, titular de AGIP.

El Gobierno porteño espera para el próximo año gastar casi $14 billones, con déficit cero y mayor financiamiento para seguridad y educación. Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas que irá a la Legislatura el viernes a explicar los detalles de la propuesta, festejó: “Por cuarto año consecutivo presentamos un Presupuesto con equilibrio fiscal”.

Fuente: Perfil.com

En la previa de la marcha universitaria, el Gobierno rechazó que exista un desfinanciamiento de la educación pública y alegó que la movilización prevista para este 2 de octubre “responde a intereses políticos”.Te puede interesar:Pese a las grietas internas, el peronismo se une para marchar en defensa del presupuesto universitario

Los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes y no docentes y a agrupaciones estudiantiles, convocaron a una nueva marcha federal universitaria para este miércoles a las 17 horas. La decisión fue informada luego de que el presidente Javier Milei anunciara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso. El veto se publicaría sobre el tiempo límite de lo que establece la Constitución.

El principal reclamo de las universidades es la falta de financiamiento al sistema educativo superior. Frente a esto, el Gobierno emitió un comunicado en el que cuestionó la marcha y alegó: “Estamos a favor de la educación universitaria”.Te puede interesar:Durán Barba: “Los últimos pasos que ha dado Milei no han sido acertados”

“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, comienza diciendo el escrito. Por esto mismo, pidió “priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”.https://987957facc9b4f033182b8012f8fb284.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Sobre los principales puntos de conflicto, indicaron que “el Gobierno está al día y paga para que los profesores están en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”.Te puede interesar:Jordan Belfort, el verdadero Lobo de Wall Street, elogió a Javier Milei: “Estados Unidos debería aprender de él”La movilización llegará hasta el Congreso de la Nación

“Nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, aseguraron, por lo que enumeraron los recursos que destina el Gobierno nacional a la educación superior. “Desde el Ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional”, precisaron.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, informó que los “docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”. Por consecuencia, plantearon: “Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.

“El Ministerio rechaza enfáticamente que las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo. La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes”, consideraron.

Al convocar a la marcha, los rectores le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Y argumentan: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.La marcha se replicó en varias provincias (Mario Sar)

Sin embargo, alegó que “los fondos que se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores”.

Además, desde el Gobierno, cuestionaron el rechazo de los gremios al aumento ofrecido al decir que “no hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios”. Por otro lado, consideraron que las universidades hicieron una “administración ineficiente de los fondos”.

Otra de las cuestiones que generó grandes conflictos entre el Gobierno nacional y las universidades es la negativa a someterse a una auditoria. “Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos”, aclararon. En ese sentido, resaltaron también el costo que significan para el sistema los estudiantes extranjeros que cursan carreras en las universidades públicas y las irregularidades académicas en las que se encuentran algunos estudiantes.

La movilización fue convocada la semana pasada y, con el correr de los días, fue sumando su apoyo. Incluso, la ex presidenta Cristina Kirchner se sumó a la iniciativa y llamó a la sociedad a marchar mañana. Lo hizo al celebrar el aniversario 35 de la Universidad Nacional de Quilmes, mensaje en el que habló de la situación actual del sistema educativo. “Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos”, expresó.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno logró un dictamen de mayoría para convertir en ley el proyecto de boleta única papel (BUP) en la sesión especial convocada para este martes, a las 11.30. Lo obtuvo en consonancia con los bloques Pro, parte de la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Federal, quienes priorizaron el objetivo de que el año próximo se erradique la tradicional papeleta partidaria. Para lograrlo, aceptaron la modificación introducida por el Senado, que eliminó en el diseño de la boleta única el casillero de la “lista completa”, que permite, al marcarlo, elegir a todos los candidatos, y en todas las categorías, de un mismo partido. Ese casillero es resistido por los gobernadores con partidos provinciales que no suelen competir por la presidencia y no quieren verse perjudicados por el arrastre que generan los frentes nacionales.

La Constitución Nacional exige que para sancionar una reforma electoral se necesita una mayoría absoluta del total de cada una de las Cámaras. En diputados, requiere de 129 voluntades, sin excepción.

Si bien en la Cámara baja existe una amplia mayoría –constituida principalmente por los diputados no kirchneristas que representan a la provincia de Buenos Aires– que está de acuerdo con incluir la posibilidad de tildar un casillero para elegir todas las categorías de un mismo partido, cedieron ante la advertencia del bloque Innovación Federal –que responde a los oficialismos de Misiones, Río Negro y Salta–, que anticiparon que si se modificaba el texto del Senado no darían quorum, en consonancia con el kirchnerismo, que rechaza de plano el proyecto.

“No vamos a poner en riesgo la BUP”, reaccionó un referente del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto tras salir de la cumbre celebrada en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Esta reunión fue justo antes del plenario de comisiones, donde se logró un despacho de mayoría con 67 firmas, 14 de ellas en disidencia parcial. Consideran que, como en la próxima elección no se elegirán cargos ejecutivos, no tendrá tanta injerencia la ausencia del casillero de lista completa.

“Costó mucho destrabarla [a la BUP], es un esfuerzo de todos, un esfuerzo de muchas provincias que tienen gobiernos provinciales y que tienen, en algunos casos, mejor calidad institucional que el resto del país. Se está destrabando, por ahí no de la manera que quieren todos, pero nosotros hoy firmamos el dictamen y aceptamos la media sanción del Senado”, señaló Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

A pesar de la fumata blanca entre el oficialismo y parte de los dialoguistas, hay legisladores que no se darán por vencidos. “Vamos a insistir con el botón de lista completa”, adelantó la diputada radical Carla Carrizo (CABA). Como ella, otros referentes del compendio mayoritario apuestan a sentar su posición en el recinto así como a volver a la carga con la posibilidad de incluir esta opción durante la sesión de mañana.

“Nos quedamos con sabor a poco con este dictamen. Nos parece fundamental insistir con la inclusión del casillero para elegir la lista completa”, sumó Karina Banfi, de la UCR, quien exigirá en la votación en particular la incorporación de este “botón”.

Si bien una significativa porción del radicalismo acompaña a Banfi y Carrizo, el fiel de la balanza lo inclinará Unión por la Patria (UP). El kirchnerismo rechaza de plano la implementación de la BUP, pero podría apoyar la incorporación del casillero de “lista completa” para que el elector pueda seleccionar todos los cargos de una lista partidaria. Sería un “premio consuelo” ante la imposibilidad de frenar la reforma.

“Llegado el caso vamos a votar la opción de boleta completa”, anticipó una referente del kirchnerismo. En la misma línea, Germán Martínez, líder de UP en Diputados, dictaminó: “Aunque quedemos solos en este plenario y en el recinto, a los partidos políticos en la Argentina nosotros los vamos a defender igual. No es casual que cuando hay proyectos que tienden a la disolución nacional en la Argentina, planteen una reforma que apunta a la fragmentación del sistema de partidos”.

Fuente: La Nación

El Gobierno acordó hoy con la CGT la creación de una comisión para aclarar cuestiones de la reforma laboral que generaron malestar en los sindicatos y, en el medio de la reactivación del diálogo, apuesta a contener el paro de todo el transporte que gremios del sector analizan para el 17 de octubre próximo.

La mesa técnica específica será para aclarar la cuestión de penalización de los bloqueos, que según la CGT «está mal redactado porque habla de bloqueos totales o parciales, lo cual se presta para que los empresarios hagan una interpretación arbitraria» y puedan avanzar con despidos.PUBLICIDAD

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«Hay una preocupación por un artículo de la Ley de Bases que modifica el artículo 242 de despido con causa de la Ley de Contrato de trabajo. Tiene una mala redacción, fue agregado en el Senado, y necesita una reglamentación que pueda corregir esto«, remarcó el cotitular de la CGT Héctor Daer al retirarse de la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada.

Daer destacó que se impulsará para eso «una mesa con la Secretaría de Trabajo, la CGT y el sector empresarial para darle precisión a esto tan importante de las tomas totales o parciales». «Nosotros creemos que hay bloqueo no hay, esto de parcial es una vaguedad absoluta que genera posible discrecionalidad para los empresarios», añadió.

Al respecto, agregó que se deberá constituir «un órgano administrativo que va a decir ´si, existe un bloqueo´ o ´no, no existe un bloqueo´, para dejar de ser un tema discrecional«. Así se resolvió tras una reunión de referentes de la cúpula de la CGT en Casa Rosada con Francos, en medio de la tensión con el sindicalismo después de la reglamentación de la reforma laboral.

No obstante, en la previa el Gobierno tuvo un gesto para los gremios a partir de la decisión de posponer en el Congreso el tratamiento de un proyecto sobre democracia sindical que promueven el PRO y la UCR, y que propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para «democratizar las obras sociales», entre otros puntos.

Sobre el futuro Consejo de Mayo para avanzar con lo dispuesto en la firma del Pacto de Mayo en julio pasado, Daer dijo que «lo único que se dijo es que el Presidente (Javier Milei) le dio facultades al jefe de Gabinete para constituirlo» y evitó adelantar si la CGT va a participar.

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Del posible paro del transporte del 17 de octubre, cerca del titular de la UTA, Roberto Fernández, se despegaron de esa iniciativa y dieron a entender que ese gremio clave de los colectivos no se plegaría en medio del diálogo reactivado con la Casa Rosada. La mayoría de los sindicatos del sector responden al moyanismo, el ala de la CGT más opositora a la gestión de Milei, que podría avanzar con la iniciativa planeada, pero la falta de adhesión de los colectiveros haría perder fuerza a la posible medida de fuerza.

La flamante Mesa Nacional del Transporte, que agrupa a todos los gremios del sector, tanto los de la CATT como los de la UGATT, se reunirán la semana próxima para avanzar con un posible paro para el 17 de octubre, que coincide con el Día de la Lealtad Peronista, pero antes del encuentro la UTA ya tomó distancia. Se trata del mismo gremio que la semana pasada había llamado a un paro de colectivos para este lunes, pero que quedó en suspenso por el dictado de la conciliación obligatoria.

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Además se habló de temas conflictivos como Aerolíneas Argentinas, en medio de la posible privatización o cierre de la empresa que los gremios rechazan, y del presupuesto universitario, por lo cual habrá una marcha el miércoles, aunque sin definiciones en ninguna de las dos cuestiones.

En el encuentro, que se llevó adelante en el Salón de los Escudos, participó el asesor de la secretaría de Trabajo, Guillermo Comadira y estuvieron presentes, por la CGT, Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andres Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA) y Daniel Ricci (FEDUN).

Héctor Daer reconoció que la reforma laboral «ya está hecha»

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer reconoció hoy que tras la reglamentación de la Ley de Bases, la reforma laboral que integra esa normativa «ya está hecha», y sostuvo que el sindicalismo ahora aspira a «darle un marco de precisión que le quite la discrecionalidad a los empresarios».

«La reforma laboral ya está hecha. La ley ya está. Ahora lo que hay que hacer es darle un marco de precisión que le quite la discrecionalidad a los empresarios«, dijo en referencia a cuestiones como establecer con mayor claridad qué es un bloqueo a una empresa, y para lo cual se acordó con el Gobierno hacer una comisión técnica tripartita.

El referente del gremio de Sanidad se manifestó en estos términos después de participar de la reunión en Casa Rosada de la cúpula de la CGT con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la reunión se acordó una suerte de tregua, en medio de las fuertes diferencias de los gremios con la gestión libertaria. Al respecto, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, a la salida de la reunión sostuvo que «se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el Gobierno y la CGT, y eso es fructífero».

La mayoría de los sindicalistas que concurrieron pertenece al sector dialoguista de la central obrera, mientras que Pablo Moyano, el cosecretario general más opositor a la gestión de Javier Milei, decidió no concurrir.

Fuente: Perfil.com

Este jueves se vence el plazo para que el presidente Javier Milei firme el veto o no de la ley de presupuesto universitario. Y, en el caso de hacerlo, se enfrenta nuevamente a una parte del Congreso de la Nación que buscará insistir con la medida. Hasta la semana pasada la decisión no tenía dudas. Milei lo dijo públicamente y el veto estaba solo a la espera de la firma presidencial. Sin embargo, en las últimas horas, los números para mantener el veto en el recinto de la Cámara de Diputados empezaron a flaquear.Te puede interesar:Jordan Belfort, el verdadero Lobo de Wall Street, elogió a Javier Milei: “Estados Unidos debería aprender de él”

Diputados de los bloques más dialoguistas empezaron a hacer saber que no están dispuestos a acompañar la decisión de Milei y el escenario empezó a cambiar.https://546193e4db4c3af242db61c4922c001f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

A esto se le suma que 24 horas antes a que se cumpla el plazo para presentar el veto, el miércoles 2 de octubre, la comunidad académica se movilizará en defensa de las Universidades públicas nacionales en una marcha que ya trasciende en una manifestación a favor de la educación pública en general.Te puede interesar:En la previa de la marcha universitaria, el Gobierno cuestionó la movilización: “Responde a intereses políticos”La marcha universitaria federal del pasado 23 de abril

En este contexto, los diputados radicales que empujaron la medida se mantendrán en esa postura. A estos se le suman el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Pero no serán los únicos.

El bloque de Innovación Federal dejó trascender que sus 8 diputados acompañarán la insistencia -habían acompañado el veto en jubilaciones- y no sólo ellos, sino que varios diputados del PRO estarían en la misma situación.Te puede interesar:Pese a las grietas internas, el peronismo se une para marchar en defensa del presupuesto universitario

Pero el número sigue siendo ajustado. El pasado 15 de agosto, Diputados dio media sanción a la norma con 143 votos positivos, 77 negativos y una abstención. En esa lista se observa que 35 legisladores estuvieron ausentes, y es en ese grupo donde cada sector buscará los votos necesarios para imponerse. “Hubo muchos ausentes que en principio votarían a favor de la insistencia. Hay que ver cómo vetan y cómo se comportan los radicales”, señaló un diputado de Unión por la Patria.

Entre los que podrían votar a favor de la insistencia, se ausentaron 15 diputados de Unión por la Patria, cinco de Encuentro Federal y tres de la Coalición Cívica. Si todos ellos se presentan, el número de votos para insistir con la ley alcanzaría los 169.A la espera del veto, el Gobierno continúa con las reuniones periódicas con diputados de los bloques dialoguistas

Por el lado del bloque que apoya el veto, hubo cuatro diputados del PRO ausentes, uno de La Libertad Avanza, otro del bloque Independencia (los peronistas tucumanos) y uno de Producción y Trabajo. En total, sumarían 84 votos.

En el caso de la Unión Cívica Radical, que, al igual que en el caso de la ley de movilidad jubilatoria, es el bloque autor del proyecto; el día de la votación, el bloque tuvo cuatro ausencias y una abstención. Entre los ausentes figuran Mariano Campero y Luis Picat, dos de los que cambiaron su voto en la ley de jubilaciones. En el caso del tucumano Campero, parece no haber vuelta atrás: fue el único que asistió al asado en Olivos y llevó un vino para “no caer con las manos vacías”. Por su parte, Picat reiteró que su límite es votar junto al kirchnerismo, lo que confirmaría su pase definitivo al sector que apoya el veto.

El tercero en duda entre los ausentes radicales es el chaqueño Gerardo Cipollini, quien, junto a Roxana Reyes, será investigado por el Tribunal de Ética de la UCR por ausentarse en la votación de la insistencia de la movilidad jubilatoria. El cuarto ausente del radicalismo es el también chaqueño Juan Carlos Polini, quien, si se presenta, votará a favor de la insistencia, dado que considera que los cinco que votaron en contra de la movilidad “no tienen vuelta atrás”.

Finalmente, está la única abstención de ese día, protagonizada por el mendocino Lisandro Nieri, ex ministro de Economía de Mendoza y cercano al gobernador radical Alfredo Cornejo.

En este contexto, ambos sectores -los que apoyan el veto y los que buscarán la insistencia- dependerán de cuántos diputados del PRO no acompañan a La Libertad Avanza. Lo mismo los radicales. En principio, la actividad programada para el miércoles en Diputados culmina al mediodía y la marcha está programada para las 17 horas. Esa decisión, así como la de modificar la sesión de miércoles a martes, se encuadra en que los legisladores o quieren marchar o no quieren quedar expuestos frente a la manifestación.

Fuente: Infobae.com

Luego de que el Gobierno anticipara mediante nuevas notificaciones varios despidos en el empleo público, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes distintas protestas y asambleas simultáneas en todos los organismos públicos para rechazar la medida que forma parte de una política adoptada por el presidente Javier Milei desde su asunción.

En sus primeros siete meses como mandatario, Milei redujo en más de 26.600 la cantidad de empleados públicos. Ahora, tras el anuncio de despidos y cesantías que se cursaron el viernes último y a lo largo del fin de semana, el gremio que agrupa a los trabajadores estatales informó una serie de medidas que se realizarán desde las 10 AM.

«Estas nuevas cesantías se dan justo cuando el Gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, mediante un comunicado difundido en la red social X.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

El Gobierno formalizó el examen que se debe aprobar para ingresar a trabajar en el Estado

Mediante esta publicación, el sindicalista destacó que ascienden a «casi 65 mil los vínculos laborales que fueron renovados tan solo por tres meses y que vencen» este martes 1 de octubre. En ese sentido, subrayó que todo se da en medio de un contexto difícil, luego de que el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informara que el índice de pobreza en el país alcanzó el 52,9%.

Para Aguiar, «la destrucción del empleo en el Estado se profundiza y así se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales«. Según había manifestado anteriormente, la mayoría de las cesantías ocurrieron en dependencias públicas y programas de asistencia territorial de las provincias.

El secretario general del gremio también manifestó que las cesantías llevadas durante la gestión de Milei «afectan a organismos claves encargados de garantizar derechos para los sectores más vulnerables de la población, como en el Ministerio de Capital Humano», que conduce Sandra Pettovello. «Hay más de 80 trabajadores afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas», agregó.

En esa línea, precisó que otras áreas sensibles que se vieron afectadas por los despidos son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf); además de las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otros organismos y dependencias.

Cifras de despidos en el Estado

Acorde a la información oficial, la Administración de La Libertad Avanza (LLA) redujo en más de 26.600 la cantidad de empleados públicos desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024. Además, las cifras totales ascienden si se consideran los organismos del Sector Público Nacional, como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales o el Instituto Nacional de Juventudes.

Según el informe de gestión presentado por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde la llegada de Milei al gobierno, el 10 de diciembre de 2023, en las distintas dependencias de la APN (Administración Pública Nacional), como consecuencia de la modificación de las competencias ministeriales las bajas fueron de 18.002 trabajadores. El área más afectada fue Capital Humano, con con 6.111 empleados menos.

También se aportó información de las bajas que tuvieron las empresas públicas y las sociedades del Estado. No se le renovaron contrato o se desplazó a 8.636 empleados, siendo la más afectada Correo Oficial de la República Argentina, con 4.275 empleados menos en seis meses.

Fuente: Perfil.com

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo este lunes que las refinerías de la empresa venderán la nafta con un recorte del 4% y el gasoil con una rebaja del 5% a partir de las 00 horas del martes. Sin embargo, el impacto en el surtidor será del 1% y del 2% como resultado del aumento del impuesto a los combustibles y la variación del tipo de cambio.Te puede interesar:Aumentó el impuesto a los combustibles que se traslada al precio de la nafta y el gasoil: por qué no se va a sentir en surtidores

“La gente va a ver reflejado a partir de las cero horas de hoy que el gasoil hoy en todo el país va a estar 2% menos de lo que está hoy y las naftas 1%”, dijo el ejecutivo.https://a1fe40e6e734beae16074e529f4f8d7a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Shell también confirmó la baja de sus combustibles en el mismo sentido y se espera que Axion y Puma hagan lo propio.Te puede interesar:Tarifas de luz y gas: el Gobierno actualizó los precios estacionales a partir de octubre con una suba para la electricidad y una baja para el combustible

“Con los aumentos sostenidos que se vienen haciendo del impuesto al combustible (1% mensual y muy atrasado), del tipo de cambio (2% mensual) y en los costos de nuestras operaciones (con inflación en pesos superando la devaluación), efectuar una baja de precios en surtidor debido solo a una reducción en la cotización de crudo, va a requerir alzas cuando el crudo también suba, es decir un acople al mercado internacional”, explicaron desde una de las compañías del mercado.https://a1fe40e6e734beae16074e529f4f8d7a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

“Además, hay que entender si no resulta muy prematura esa baja de precios ya q no se sabe si la reducción del precio del crudo se extenderá en el tiempo. Esta iniciativa de bajar precios, significa un doble esfuerzo para la industria, pues se absorbe también la suba del 1% del impuesto y del 2% del crawling peg”, agregaron.Te puede interesar:Confirmaron el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados: cuánto cobrarán en octubre

Los motivos de la baja de YPF

En declaraciones a Radio Mitre, el número uno de la empresa controlada por el Estado dijo que la rebaja responde a las variaciones en el precio internacional de los combustibles. Y aclaró que la empresa quiere un trato justo con sus clientes, en el sentido de que van a experimentar subas cuando el precio internacional avance y bajas cuando retroceda.Horacio Marín, presidente de YPF (Alejandro Beltrame)

Durante la entrevista, Marín subrayó que esta medida forma parte de un “acuerdo justo” con los consumidores, en el que YPF reflejará las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo en el costo final del combustible. “Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en la Argentina”, afirmó el presidente de la petrolera. Este enfoque busca evitar que tanto la empresa como los consumidores sean subsidiados injustamente, tal como lo aclaró: “YPF no tiene que ser subsidiada, y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF”.

Marín también detalló el alcance de esta medida, explicando que la reducción en los precios mayoristas será significativa, pero que los consumidores verán solo una parte de ese ajuste en los surtidores debido a la combinación de impuestos y variaciones en el tipo de cambio. “El esfuerzo de YPF es del 5% en el gasoil y del 4% en la nafta, pero lo que la gente verá reflejado será una baja del 2% y del 1%, respectivamente”, explicó. Este impacto limitado se debe, en parte, al reciente incremento del 1% en el impuesto a los combustibles, que contrarresta parcialmente la rebaja.

En otro momento de la conversación, el ejecutivo aprovechó para agradecer a los usuarios por su fidelidad, especialmente durante los momentos de subas importantes en el precio del combustible. “Quiero agradecer a todos los usuarios y consumidores de YPF por todo este tiempo en que tuvimos que hacer unos aumentos muy importantes, pero la marca continuó con el market share correspondiente”, destacó Marín, resaltando que la empresa sigue siendo un pilar de la distribución de combustible en todo el país.

“Cuando el precio del petróleo suba, YPF va a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF va a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en la Argentina” (Marín)

Marín también se refirió al costo operativo de la empresa y al impacto que las tasas municipales tienen sobre el precio final de los combustibles. Criticó duramente el alto porcentaje de impuestos locales que gravan los precios, al señalar que en algunos municipios estas tasas llegan al 25% del valor final del producto. “Es una tasa municipal que no tiene mucho sentido para el precio de los combustibles. Me parece injusto con los consumidores”, expresó.

Además de la política de precios, el presidente de YPF abordó el futuro de Vaca Muerta y el proyecto con la compañía Petronas. Aunque algunos rumores indican que la empresa malaya podría abandonar el acuerdo, Marín fue tajante al aclarar que la decisión final aún no ha sido tomada. “Petronas tiene hasta noviembre para decidir si continúa o no”, explicó, y enfatizó que la viabilidad del proyecto dependerá de la obtención de contratos de compra de gas en Europa y Asia, mercados donde YPF busca firmar acuerdos en los próximos meses.

Finalmente, Marín confirmó que el gas licuado proveniente de Vaca Muerta será exportado desde el puerto de Río Negro, una decisión basada en razones económicas y logísticas. Esta infraestructura permitirá incrementar significativamente las exportaciones energéticas de Argentina, con la expectativa de generar ingresos de hasta 30.000 millones de dólares para 2030, contribuyendo al objetivo de reducir la pobreza en el país.

Fuente: Infobae.com

El Gobierno todavía no tiene garantizada el número de diputados para sostener el inminente veto a la ley de financiamiento universitario. El tercio de legisladores que reunió Javier Milei para impugnar la reforma previsional no es un compendio inalterable: muchos de los “87 héroes” que fueron fotografiados en Olivos junto al Presidente se rehúsan a ser una pieza más de la maquinaria libertaria y podrían inclinar el fiel de la balanza en favor de la oposición. Con múltiples frentes abiertos en el Congreso, en el oficialismo admiten que todavía no recopilaron las voluntades para este desafío, pero anticipan que evalúan alternativas presupuestarias para evitar un revés.

“Queremos ver si incluimos un acuerdo en el Presupuesto”, señalaron a LA NACION cerca de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Fue después de que el jueves por la tarde el Gobierno intentara, sin éxito, llegar a un consenso paritario con los gremios docentes universitarios. La Casa Rosada les ofreció una “equiparación” –del 6,8% de aumento– con los empleados estatales que integran el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), pero fue rechazado. Los gremios universitarios denuncian una caída del 50% de sus ingresos reales desde diciembre.

La discusión del Presupuesto 2025, que comenzará en la segunda semana de octubre, podría convertirse en la herramienta de los libertarios para desarticular a la oposición que apuesta a insistir con la sanción de la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno un presupuesto de $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La respuesta del Poder Ejecutivo fue una asignación anual de $3,8 billones, casi la mitad. ¿Podría revisarse este monto?

En paralelo, los aliados del Gobierno envían señales de advertencia. “No tienen los números”, repiten en Pro, parte de la UCR e Innovación Federal, el bloque de los oficialismos provinciales de Río Negro, Salta y Misiones que fueron determinantes para voltear el aumento jubilatorio.

En rigor, las cuentas está ajustadas para todos. Quienes buscan insistir con la norma que incrementa los recursos para las universidades tampoco reúnen los 170 votos para blindar la ley. Como la Constitución Nacional indica que para resistir una impugnación presidencial el Congreso deberá conseguir dos tercios de los legisladores presentes, el resultado dependerá, entonces, de las ausencias y abstenciones

En agosto, el dictamen impulsado por la UCR obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Como hubo 35 ausentes, la oposición estuvo a solo tres voluntades de aprobar la iniciativa con dos tercios. Ahora, todos miran a la treintena que pegó el faltazo como aquellos que definirán la pulseada. “Los tenés que hacer venir”, señaló a LA NACION una referente radical que apuesta a que la norma siga vigente. Son 15 kirchneristas que probablemente apoyen la insistencia, así como los tres diputados de la Coalición Cívica y algunos de los cinco que no estuvieron del bloque de Miguel Ángel Pichetto.

Es esperable que las cuatro ausencias de Pro se mantengan o se amplíen. El bloque conducido por Cristian Ritondo atraviesa un momento de tensión con el oficialismo. A pesar de haber conformado los “87 héroes” que mantuvieron el statu quo previsional, muchos reniegan del trato que reciben de los libertarios. Además del malestar que supuso que la porción de coparticipación que le corresponde a la Ciudad –bastión macrista– no figure en el Presupuesto 2025 como fondos de distribución automática, no quieren volver a asumir un costo político que no les corresponde.

“No vamos a ir a ciegas a votar. Se avecina un conflicto como el chileno”, anticipó un diputado Pro, que comparó la situación argentina con el estallido estudiantil que vivió el país vecino durante el 2011. “No asumimos el compromiso de acompañar todos los vetos”, aclaró otro dirigente amarillo.

Hubo legisladores del macrismo que señalaron a los referentes del Gobierno el sinsentido de vetar una ley que espiralizará el conflicto social y que, a la vez, no supondrá un gasto que ponga en jaque las cuentas públicas. A pesar de que las segundas líneas del gabinete libertario coincidieron con este análisis, no lograron disuadir al Presidente. Para el Jefe de Estado es algo simbólico: no quiere ceder ante los “degenerados fiscales”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que para este año la ley de financiamiento universitario tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI. En contraste, la reforma previsional hubiese implicado para el actual ejercicio fiscal el 0,44% del producto.

El oficialismo opera contra reloj. El plazo de diez días hábiles para que Milei concrete el veto se cumple el jueves 3 de octubre, un día después de la movilización para reclamar por los fondos educativos y a dos de la sesión en la que el Gobierno pretende materializar la implementación de la boleta única papel para las próximas elecciones nacionales. Se espera que el Presidente dilate la impugnación hasta después de la marcha: no quiere poner en riesgo otras batallas ni atizar el fuego que incremente la participación de la protesta.

Los rectores universitarios van a fondo: ejercen presión a los representantes de sus provincias. Hace un mes, la rectora de la Universidad de Cuyo, Esther Sánchez, les pidió auxilio a los legisladores mendocinos para mejorar los recursos destinados a la educación superior. Lo mismo hicieron los referentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de La Pampa, y las desplegadas en territorio bonaerense, entre otras. “Van a la guerra como vietnamitas”, graficó a LA NACION un diputado Pro.

El Gobierno sabe que no va a ser fácil. El poder de movilización y convocatoria de los jóvenes es superior al de otros estamentos. Constituyen, también, parte de la base electoral del o, golpeado en las últimas semanas por el crecimiento de la desaprobación a la gestión libertaria. A lo largo de estos casi diez meses, el Presidente desestimó la debilidad parlamentaria del oficialismo exhibiendo el apoyo social como su principal capital político.

En abril, tras la primera marcha federal universitaria, la Casa Rosada sufrió un primer golpe. Milei solo atinó a tuitear la tradicional figura del león con la leyenda “lágrimas de zurdos”, y catalogó la jornada de protesta como “un día glorioso para el principio de revelación”. En las calles se mezclaron peronistas, kirchneristas, “lilitos”, la izquierda, los gremios, los piqueteros y radicales de todo tipo. Según las fuerzas de seguridad, hubo 150.000 personas, pero para la UBA participaron 800.000. Fue el día que reapareció el excontrincante de Milei, Sergio Massa, quien espera paciente el momento político justo para salir de su guarida. ¿Será esta una nueva ocasión? La temperatura de la calle lo determinará.

Delfina Celichini

Fuente: La Nación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes a las 17 en la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT para aplacar la tensión tras la reglamentación de la reforma laboral que incluye un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de “acordar alternativas para el cese laboral”. 

Francos se reunirá con «agenda abierta» con una comitiva de la central obrera encabezada por el cotitular Héctor Daer y, según difundió la agencia Noticias Argentinas, del encuentro no participará Pablo Moyano, otro de los cotitulares y representante del sector más opositor de esa organización.

Sí se espera que concurra el otro co titular cegetista, Carlos Acuña (estaciones de servicio), y los jefes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite

La reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó, en los últimos días, el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, que meses atrás ya se había retirado del diálogo social promovido por el Gobierno.

Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que “conformen tanto a los trabajadores como a las empresas” forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio a conocer el Gobierno la semana pasada.

A pesar de la tensión con la CGT, en los últimos días hubo un gesto del Gobierno hacia los gremios a partir de la decisión del Congreso de posponer el tratamiento de un proyecto sobre “democracia sindical» que promueven el PRO y la UCR.

Esa iniciativa, que fue pospuesta de su tratamiento en comisiones, propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para «democratizar las obras sociales», entre otros puntos.

LLA no logró romper la unidad universitaria y el 2 de octubre habrá nueva marcha

Francos: «Si Aerolíneas Argentinas no se adapta, va a desaparecer»

Guillermo Francos afirmó este sábado que el Gobierno va a promover «fuertemente» la actividad aérea de empresas privadas y dijo que Aerolíneas Argentinas «va a desaparecer» si no se adapta a esa circunstancia. «Nosotros vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo aerocomercial», aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador enfatizó: «Si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso, va a desaparecer, porque el Estado no va a poner más plata para mantenerla». Además, como otras voces oficialistas, el jefe de Gabinete dijo que si «los trabajadores de la empresa quieren hacerse cargo de Aerolíneas, que se hagan cargo» y se «lleven la compañía». «El Estado no va a pagar el déficit de Aerolíneas», subrayó Francos.

Las declaraciones de Francos se produjeron en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos aeronáuticos por reclamos salariales, y después de que el presidente Javier Milei firmará un decreto para facilitar el proceso de privatización de la aerolínea de bandera. 

Fuente: Perfil.com