El prelado señaló que el Gobierno parece decidido a reordenar las cuentas y a priorizar ciertos gastos, pero advirtió sobre la necesidad de que estas reformas no dejen a sectores vulnerables al margen. «Evidentemente, hay una apuesta fuerte a ordenar la economía, a ver cómo se gasta la plata, a priorizar los puntos de los gastos. Lo que sí es importante es que todo lo que sea reforma económica siempre sea con la gente adentro y no con la gente afuera, teniendo en la mira a la gente», comentó Colombo en diálogo con Radio Mitre.
La situación social según el arzobispo Marcelo Colombo
En cuanto a la situación social, Colombo se mostró preocupado por el incremento de personas que acuden a comedores y merenderos, indicando que la cantidad de personas en situación de necesidad ha crecido en los últimos meses. «Nosotros lo vemos en la circunstancia de mantener comedores, merenderos. Esto se nos está haciendo bastante peliagudo en las organizaciones de Cáritas, en las diócesis. Lo vemos con mucha preocupación«, explicó.
Para ilustrar la crisis social, Colombo citó el caso de Mendoza, donde la cantidad de personas que buscan refugio y comida en un centro para personas sin hogar se ha multiplicado. «En Mendoza tenemos un lugar donde recibimos a la gente de la calle a la noche, para darles un plato de comida. Antes eran más de 50, ahora tenemos más de 200. Pero no es solo personal de calle, hay muchas personas solas que no tienen lo necesario entonces vienen a comer».
En otro mensaje dirigido a la clase política, el líder de la Iglesia argentina hizo un llamado a mejorar el diálogo y recuperar «las pautas de respeto». «Estos desahogos a través de las redes o de los medios, que son muchas veces ofensivos o agraviantes, deberíamos empezar a contar hasta diez, a hacer la pausa de cierta manera de entender al otro o de buscar lo mejor del otro, y no sacarlo para entonces caerle encima», afirmó Colombo, al subrayar la necesidad de una comunicación política más constructiva y respetuosa.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, ya adelantó que apelará el fallo que dictó la Sala IV de Casación. Busca llegar a la Corte Suprema para que revoque la condena de seis años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.https://d4672c0aa11b01a58a8802468fd270e3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En los tres expedientes, la expresidenta fue enviada a juicio oral. En dólar futuro -en el que también está acusado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof- Cristina Kirchner fue sobreseída en abril de 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal y el fallo fue apelado por la Fiscalía. Desde el junio de 2021 está en la Corte Suprema.
A esa lista se sumará la condena por la obra pública. Sin duda es la definición más importante para la expresidenta, porque se trata de una condena y si se confirma quedará firme en condiciones de ejecutarse. Eso significa que Cristina Kirchner no podrá ocupar cargos públicos por la inhabilitación perpetua, lo que implica que no pueda presentarse a elecciones. Y también que quede detenida. Por la edad -en febrero cumple 72 años- podría ser prisión domiciliaria.El ex presidente Carlos Menem (FOTO: JUAN VARGAS)
Para eso es clave el tiempo. Y la Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos para resolver. Por lo que es toda una incógnita cuando podría hacerlo. Pero Cristina Kirchner podría verse en el espejo es Carlos Menem, otro expresidente que tuvo condenas que llegaron a la Corte Suprema, y pedir que se aplique su “doctrina”: que pasen los años sin que se resuelva su causa.
Una fue el caso del pago de sobresueldos a ex funcionarios de su gobierno. El ex jefe de Estado fue condenado en diciembre de 2015 a cuatro años y seis meses de prisión. La condena fue confirmada por Casación y en diciembre de 2018 llegó a la Corte Suprema. Van a cumplirse seis años que el máximo tribunal tiene la causa para resolver. Algunos advierten que en breve pueda haber novedades.
Otro caso del expresidente fue el de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su presidencia. En 2011 fue absuelto en el juicio oral y dos años más tarde Casación lo condenó y se le impuso una pena de siete años de prisión. El fallo fue revisado nuevamente por Casación y Menem fue absuelto en 2018 por el criterio de “plazo razonable” para ser investigado. Y en 2019 la causa llegó a la Corte Suprema. Desde entonces también se espera la resolución.
Menem murió en febrero de 2021 sin que sus causas hayan sido resueltas por el máximo tribunal.
Cuando la condena de Cristina Kirchner llegue a la Corte Suprema se dará en un contexto de renovación del tribunal. A fin de año, Juan Carlos Maqueda dejará la Corte por llegar a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser juez, y el tribunal quedará con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es la composición mínima que puede tener la Corte para resolver causas, si no deben recurrir a conjueces.Los jueces de la Corte Suprema de Justicia
Mientras la Corte queda con esa integración, el Senado discute a los dos candidatos que propuso el presidente de la Nación, Javier Milei: Manuel García-Mansilla para reemplazar a Maqueda, y Ariel Lijo para ocupar el lugar que en noviembre de 2021 dejó Elena Highton de Nolasco.
Los dos candidatos ya tuvieron su audiencia en el Senado de la Nación y ahora atraviesan el camino de la búsqueda de los dos tercios de los votos para ser designados. Todavía no se firmó el dictamen de la comisión de Acuerdos.
Las negociaciones políticas para los nombramientos están abiertas o trabadas, según quien las cuente. Y para esas negociaciones hay una persona clave: Cristina Kirchner. Sin los votos de su bloque no se puede nombrar a ningún juez para la Corte Suprema, el tribunal que debe resolver sus causas.
Un mes después del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), creado en 1995 con el objetivo de “planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y de controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”. La medida, expresada en el decreto 1020/24, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
A principios de octubre, el titular del Palacio de Hacienda había adelantado que, como parte del plan “motosierra” del presidente Javier Milei, tenían previsto ponerle fin “a ese antro de corrupción”.
El Ejecutivo argumentó que la decisión tiene que ver con que “resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos”.
En ese sentido, entre los considerandos de la norma aseguran que “esta administración ha tomado desde el inicio de su gestión distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan” porque “resulta prioritario optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”.https://drive.google.com/file/d/1f7ZG58ClXAM1emVMS6IRDSRKJBIt0GJO/preview
Así, en el artículo 1° del texto que lleva la firma de Milei, Caputo y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, disponen que a partir de los 30 días de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial quedará disuelto el Enhosa, organismos descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía”.
En tanto, establecieron que Economía “instrumentará las medidas relativas a la transferencia de los recursos materiales y financieros del organismo al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. “Se estima oportuno disolver el ente con el fin de garantizar una mejor utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones”, expresa el decreto.
Como contó LA NACION, el Enohsa había quedado bajo la órbita de Caputo en diciembre de 2023 (después de quedar debajo de sucesivas carteras como el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y después al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) y su administrador era Bernardo Bartolomé Heredia, un hombre de Juan Schiaretti, oficializado en el cargo en marzo de este año.
El problema, habían dicho fuentes del caso a este medio, es que eludía el control de gasto que hay en la Administración Central y funcionaba en total duplicidad con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH).
Tras conocerse el valor de las canastas básicas, un informe privado estimó que la pobreza alcanzó al 49% de la población durante el período comprendido entre mayo y octubre de 2024, lo que implica una reducción de 3,2 puntos porcentuales respecto a la cifra oficial del primer semestre.
Durante su participación en la Gala Anual de la Fundación Endeavor, el presidente Javier Milei sostuvo que la cantidad de pobres está bajando en la Argentina y apuntó contra la oposición por cuestionar la compleja coyuntura que atraviesa la mitad de la ciudadanía.
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«Aparecieron los que se preocupan por la pobreza, pero como no la estamos haciendo crecer, se están quedando sin clientes. Necesitan vivir de ellos. Después de que la sinceramos, ya está por debajo del 50 por ciento, la bajamos 8 puntos y a la casta tampoco le gusta«, espetó el jefe de Estado.
La pobreza se redujo desde el pico de 52,1%
En ese contexto, el nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)registró un descenso de la pobreza y la indigencia. Este indicador mide la incidencia porcentual del flagelo que afecta a millones de argentinos en forma semestral y se actualiza mes a mes en base a la proyección de la estructura del mercado laboral y de los deciles de los ingresos totales familiares (ITF) de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En tanto, los ITF se contrastan con estimaciones de la Canasta Básica Total (CBT) promedio para el semestre de referencia. Dichas proyecciones se realizan utilizando como punto de partida el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región del GBA o la propia canasta básica total de esa región para imputar las canastas básicas regionales.
«La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $297,533 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 234,6%. Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 175%», indica el análisis confeccionado por el profesor titular del Departamento y Director de la Maestría en Econometría de la UTDT, Martín González-Rozada.
Con estas estadísticas y la simulación de los microdatos de la EPH del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024, se proyectó una tasa de pobreza de 49% entre mayo y octubre. «La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 51,1% para el bimestre mayo-junio, de 48,6% para el tercer trimestre de 2024 y de 46% para el mes de octubre«, aclara el estudio.
Vale destacar que la EPH es una encuesta representativa de una población que reside en conglomerados urbanos que en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas, lo que implica que alrededor de 14,4 millones viven en hogares urbanos pobres.
«En términos semestrales, las brechas entre la variación de la CBT y la variación de la suma del ITF y entre la variación de la CBA y la variación de la suma del ITF de estratos bajos alcanzaron un pico en el primer semestre del año e impulsaron un aumento en la incidencia de la pobreza y de la indigencia que alcanzaron un 52,9% y 18,2%, respectivamente«, explica González-Rozada sobre el comportamiento de las variables sociales en la primer parte del año.
Pobreza e indigencia: cuánto subieron en el último año
Una brecha positiva exhibe que la variación de las canastas se incrementó por encima de los ingresos de los hogares y, por ende, aumentan la pobreza y la indigencia. Entre febrero y julio, las brechas comenzaron a cerrarse fundamentalmente por una disminución del alza de las canastas y la baja de la inflación. A medida que desaceleró la dinámica de precios, los salarios recuperaron poder de compra e impulsaron los índices sociales hacia abajo.
«A partir del semestre abril-septiembre de 2024 las variaciones de las canastas y de la suma del ITF y la suma del ITF de estratos bajos se estabilizaron con los ingresos creciendo por encima del crecimiento de la canastas. Esta situación indujo una caída en la medición de la indigenciay la pobreza durante el semestre mayo-octubre de 2024, con respecto al semestre abril-septiembre», apunta el nowcast.
En cuanto al comportamiento de la indigencia, se calculó que abarca al 15,1% de la ciudadanía, lo que se traduce en una baja desde el pico de 18,1% del primer semestre. Más allá de la contracción de los indicadores sociales, la medición interanual del lapso contemplado entre mayo y octubre arroja un salto de 8,4 puntos porcentuales. Este deterioro se explica por un aumento de 3,5 puntos porcentuales de la pobreza no indigente y 5 p.p. de la indigencia.
La victoria de Donald Trump en Estados Unidos no sólo tiene y -se espera- tendrá impacto para la Argentina en el plano financiero sino que también en las relaciones comerciales, su advenimiento como próximo presidente podría determinar un cambio para la Argentina y el Mercosur. El mandatario argentino, Javier Milei, expresó hoy su intención de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones significativas para ambos países, por las que se puede abrir una ventana de oportunidades a la par que de conflictos con el bloque regional.Te puede interesar:Pese a la baja del riesgo país, el regreso a los mercados se demoraría al menos un año para lograr tasas a un dígito
La idea de avanzar en un tratado de libre comercio con el país del norte ya había sido explorada por la Argentina bajo gestión de Mauricio Macri en 2019, en conversaciones con Brasil, durante la presidencia de Jair Bolsonaro. La sintonía entre los tres presidentes generaba un marco propicio para esa iniciativa. Sin embargo, ninguno de los tres duró en sus cargos y la pandemia impuso otras prioridades.https://6fc40c86807470b111701133c77d07b3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Existe, con todo, un condicionamiento no menor: la pertenencia de la Argentina como uno de los principales miembros del Mercosur entra en conflicto con una negociación unilateral con cualquier otro país. Esto porque el país debe asegurarse de que cualquier acuerdo bilateral no discrimine a los otros miembros del Mercosur y que se mantenga la armonización de las políticas comerciales dentro del bloque, Por eso, el Mercosur tiene mecanismos para la resolución de disputas y la defensa de sus intereses comerciales, lo que garantiza que los acuerdos bilaterales no afecten negativamente a los demás miembros. De hecho, hasta el momento, todas las negociaciones se llevaron adelante entre bloques, como el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y no entre países. Para el bloque sudamericano, que aún no alcanza el libre comercio entre sus propios integrantes, cualquiera de esas tratativas es, en conjunto, un desafío mayúsculo.https://6fc40c86807470b111701133c77d07b3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Esto porque un tratado de libre comercio implicaría, esencialmente, la eliminación de barreras comerciales entre países para la importación de productos, como impuestos, aranceles y trabas para-arancelarias. Claro que en cada tratado se discuten plazos de implementación y también eventualmente diferenciación entre sectores para permitir su adecuación a las nuevas reglas de competencia que supone abrir la economía a competidores extranjeros.Te puede interesar:Robert Lighthizer, el halcón comercial que Trump reeligió: cómo piensa y qué efectos podrían tener sus políticas en Argentinahttps://e.infogram.com/b9f244a2-7980-45d1-8bb1-a1a3a6e11cac?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2024%2F11%2F13%2Facuerdo-de-libre-comercio-con-eeuu-que-impacto-tendria-sobre-la-economia-argentina-y-el-vinculo-con-el-mercosur%2F&src=embed#async_embed
En contrapartida, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría traer múltiples beneficios para la economía argentina ya que permitiría el acceso preferencial de productos argentinos al mercado estadounidense, eliminando o reduciendo aranceles que actualmente limitan la competitividad de las exportaciones argentinas en ese país. Esto podría impulsar sectores clave como el agroindustrial, altamente competitivo, lo mismo que el tecnológico y de la energía. Idealmente, la apertura del mercado estadounidense podría fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento, fortaleciendo la capacidad productiva y competitiva de las empresas argentinas
Además, la eliminación de barreras comerciales podría atraer inversiones extranjeras directas a Argentina para mejorar la infraestructura, lo que podría redundar en un aumento del empleo.
Pero los riesgos y desafíos no son menores. Para empezar, la economía argentina se caracteriza por su volatilidad y dependencia de sectores primarios, lo que implicaría enfrentar dificultades para competir con productos estadounidenses en ciertos mercados. La liberalización comercial podría llevar a una mayor primarización de la economía, concentrando la producción en sectores de bajo valor agregado, Asimismo, la apertura del mercado podría afectar negativamente a industrias locales que no están preparadas para competir con productos importados más baratos. Esto podría resultar en la pérdida de empleos en sectores vulnerables y aumentar la desigualdad económica.
Por lo pronto, los principales productos que exporta la Argentina a Estados Unidos son petróleo crudo, oro y aluminio. En conjunto representan casi la mitad de todo lo que el país le vende al mercado norteamericano mientras que los otros productos son naftas, vinos, carne, carbonato de litio, miel y, por supuesto, limones. En el primer semestre de este año, las exportaciones alcanzaron unos USD 3.500 millones, 8% del total de ventas externas argentinas, lo que hace que estén en línea con el promedio anual de los últimos años.
Siguen los conflictos relacionados a trabajadores aeronáuticos. Mientras los aeronavegantes y los pilotos llegaron a un preacuerdo con el Gobierno por su situación salarial, el gremio de controladores aéreos anunció medidas de fuerza.
El secretario de organización de ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación), Juan Pablo Schinello, brindó una entrevista en Urbana Play en la que detalló la medida de fuerza que llevarán adelante desde su sector.
«Hace 5 meses venimos negociando y no tuvimos respuesta”, explicó, y aclaró que la medida «solamente afecta vuelos internacionales y aeronaves en tierra, todo aquello que está volando va a aterrizar».Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
La medida de fuerza comenzará la noche del sábado 16, afectando a vuelos internacionales, y consistirá en paros de 3 horas. Luego se repetirá el lunes 18 de noviembre, de 15 a 18 horas, y el miércoles 20 y viernes 22, de 7 a 9 y de 18 a 20 hs respectivamente.
El cronograma de ATEPSA
ATEPSA representa a los trabajadores de los servicios de navegación aérea. En este caso, el conflicto salarial es con la empresa Empresa Argentina de Navegación Aérea, que se encuentra en negociación salarial con los gremios desde el 18 de junio, según relató el sindicalista.
“Nuestro último aumento fue en agosto, se dio de manera unilateral, y desde el 11 de octubre estamos en libertad de acción”, expresó Schinello, en relación al vencimiento de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Y agregó: “Lamentablemente no tuvimos respuesta, y esta medida de fuerza es para ver si nos oyen desde el Estado Nacional”.
“Somos un servicio público esencial, por lo que tenemos que garantizar el 45% de las operaciones diarias”, aclaró, según establece el convenio colectivo de trabajo del sector.
“Se avisa con tiempo a los usuarios para que reprogramen los vuelos en el horario de la medida, pero solo se afectan aeronaves en tierra, todo aquello que esté volando va a aterrizar”, aclaró, por último, el representante sindical.
El gobierno nacional negoció con los gobernadores y aceleró el debate por el Presupuesto 2025. Luego de tres semanas en las que estuvo paralizada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza citó al debate para mañana a las 10, con el objetivo de intentar firmar un dictamen que la habilite para ir al recinto la semana que viene a votar el proyecto.Te puede interesar:Comenzó a circular el nuevo billete de 20.000 pesos
El plan B es continuar la discusión el martes de la semana que viene y ahí dictaminar para, al día siguiente, ir al recinto. La intención ahora del oficialismo es avanzar rápidamente con el proyecto de ley que en las últimas semanas estuvo “pisado” y que hacía crecer los rumores de la intención del Ejecutivo de reconducir el Presupuesto 2023.https://3fe0d31238bab574981a3ae8893a98fa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En este sentido, el rumor sigue circulando por los pasillos del Palacio Legislativo. A pesar del llamado a Comisión y de la intención del oficialismo de dictaminar, todos observan que los plazos son muy cortos para el debate. Además el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo públicamente que la intención del Gobierno es la de no llamar a sesiones extraordinarias.Te puede interesar:Comenzó a circular el nuevo billete de 20.000 pesosJosé Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, buscará dictaminar rápidamente
“Los tiempos son muy cortos. Si se dictamina mañana se puede ir rápidamente al recinto la semana que viene. Si es el martes, se puede ir el miércoles o jueves. Pero en ese esquema deja al Senado con una sola sesión de comisión y la obligación de ir al recinto la ultima semana de noviembre para buscar su aprobación. Son tiempos muy finitos”, explicó un senador de la oposición.https://3fe0d31238bab574981a3ae8893a98fa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En ese contexto es que la Casa Rosada ya comunicó a los bloques más cercanos que habrá sesiones extraordinarias. “Sí, vamos a tener extraordinarias”, confirmó a Infobae una alta fuente del Congreso que tiene diálogo directo con el triángulo de hierro del Ejecutivo. “Será sólo para diciembre” agregó.
Este punto quedó claro ayer no sólo porque lo ratificó la misma fuente, sino porque la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados envió un correo electrónico a todos los empleados en el que señala la “obligatoriedad” de tomarse los días de vacaciones durante el primer mes de 2025.
El punto para resolver el debate del Presupuesto es cuán permeable es el oficialismo a la discusión y los cambios en el proyecto. En ese sentido, varios diputados de La Libertad Avanza aseguraron a Infobae que “no hay nada que no se pueda tocar, lo único que no se negocia es el déficit cero”. Pero cuando se les pregunta si eso significa que se pueden modificar partidas de, por ejemplo, servicios de la deuda o presupuesto de la SIDE, para financiar obras públicas, el silencio es la respuesta del oficialismo.
Desde una de las provincias que estuvieron en conversación con la Casa Rosada señalaron a este medio que “no hubo promesas de nada. El gobierno nacional no nos adicionó más que las obras que tiene que seguir ejecutando”,explicó un jefe de estado provincial.
Los bloques siguen en conversaciones con sus gobernadores respecto de los pedidos que bajan desde las provincias y, principalmente, lo que negociaron con la Casa Rosada las últimas 48 horas. “Nos estamos enterando qué pidieron y qué dicen que les van a dar. El problema es que hasta ahora el Gobierno no cumplió ninguna de sus promesas anteriores”, explicó un diputado que ayer no aseguraba su presencia en el recinto.
Parte de las conversaciones que llevaron adelante algunos de los jefes de los estados provinciales apuntan más a las autorizaciones para poder llevar adelante obras públicas desde las provincias. La autorización tiene que ver con la posibilidad de que el Ejecutivo autorice a los distritos a tomar deuda para llevarlas adelante.
El kirchnerismo se movilizó este mediodía frente al edificio de Comodoro Py para plantar su bandera contra el “lawfare” y repudiar el fallo que dio a conocer hoy la Cámara de Casación en la causa Vialidad por el cual confirmó la condena a 6 años de prisión contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Desde las 8 de la mañana, muy lentamente, comenzaron a ocuparse las más de 100 sillas dispuestas en la avenida donde están emplazados los tribunales federales para escuchar la clase pública que tuvo como protagonistas al dirigente social Juan Grabois, y al ministro bonaerense de Justicia, Juan Martín Mena. La clase llevó por título “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”.
“Es el cerdito Comodoro. Comodoro Pig”, atizó Grabois, agitando con sus manos el peluche de un chancho que representaba el “chiquero” que era el edificio a sus espaldas, según refirió en el inicio de su discurso, una hora antes de que se conociera la sentencia de la sala IV de la Casación.
El dirigente social cargó en duros términos contra el poder judicial, denunció la “degradación” general de la Justicia, propuso la “demolición” de Comodoro Py y la “destrucción” del Consejo de la Magistratura, un instrumento “inentendible” para el ciudadano de a pie, según afirmó. “Y a ustedes, ¿Quién los votó, muchachos?”, se preguntó el exprecandidato de Unión por la Patria.
“A Cristina la atacan por arriba para saquear y destruir por abajo. Y a los de abajo lo destruyen con el narcoestado. Los mismos jueces que persiguen a Cristina, permitiendo el avance de la narcoestructura”, añadió el dirigente.
A su vez, planteó una versión extendida del “Lawfare”, que alcanzó al “desfinanciamiento” de las universidades, la pérdida del poder adquisitivo en los haberes y también a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, pese a que el dirigente social viene de festejar tres fallos de la Justicia en su lucha contra la ministra por el reparto de los alimentos para los comedores. “El lawfare es que Pettovello le robe los alimentos a los niños y aunque tengamos tres fallos a favor, los mismos jueces cobardes que fallaron a favor nuestro, no tienen el coraje de hacer cumplir con la fuerza pública sus propias sentencias”, afirmó.
La lectura del fallo se leería a las 11 de la mañana, en medio de una performance teatral que desplegó una actriz que interrumpió la alocución de Mena para personificar, a modo de sátira, a una Justicia sin espada ni balanza. “La espada la usaron para un brochette”, bromeó.
Clase abierta en la puerta de los tribunales de Comodoro Py en apoyo a Cristina Kirchner. También se acercaron algunas personas para manifestar en su contra. Juan Grabois encabeza un actoRicardo Pristupluk
Por su parte, el ministro Mena ofreció una defensa jurídica de la expresidenta. “Como no tengo prueba directa, no pude comprobar que hubo robo ni que faltan obras públicas en las rutas de Santa Cruz. Tengo indicios de que algo sucedió”, dijo, en alusión al segmento del fallo del TOF 2 en el que los jueces explican que esta serie de delitos, que no dejan prueba directa, demandan una inferencia de las pruebas recolectadas. “El fiscal Luciani y este tribunal [por la Casación] dicen que tienen indicios de que Cristina estaba detrás de todas las irregularidades de la obra pública”, desafió.
Por la mañana
La mañana en las afueras de los tribunales se fue armando con calma. Pasadas las 9 de la mañana, el horario de la convocatoria, la mitad de las sillas se encontraban vacías, todavía se probaba el micrófono, y se desplegaban algunas de las banderas.
Los tribunales de Comodoro Py se han convertido en el último tiempo en un centro de peregrinaje para el kirchnerismo. La última visita de Cristina Kirchner a los tribunales federales de Retiro fue meses atrás, para prestar declaración en el marco del juicio oral y público contra “los Copitos”, las tres personas juzgadas por estar implicadas en el ataque contra la expresidenta en septiembre de 2022.
“En esta oportunidad ‘Los Copitos de Comodoro Py’ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación”, disparó ayer Cristina Kirchner en una carta, en referencia a los magistrados que integran la sala 4.
Así, la exvicepresidenta fue generando el clima para la lectura del fallo, agitando la interpretación según la cual la sentencia de hoy forma parte de una articulación entre el “partido” judicial, los medios de comunicación “hegemónicos” y el poder económico “concentrado”, como acostumbra a señalar la exmandataria.
“Este juicio es un juicio político, es un juicio de condena a Cristina Fernández de Kirchner por la obra de gobierno, del mejor gobierno de la democracia para la gente”, señaló a LA NACION la diputada nacional y consejera Vanesa Siley, en la puerta de los tribunales. El diputado Itai Hagman, la legisladora porteña, Victoria Freire y el exgobernador bonaerense Felipe Solá fueron algunos de los dirigentes que estuvieron presentes en los alrededores del escenario, que fue custodiado por una estricta fila de militantes kirchneristas.
Expresiones estudiantiles de La Cámpora, integrantes de gremios como La Bancaria, se acercaron también a repudiar el fallo contra Cristina Kirchner.
Clase abierta en la puerta de los tribunales de Comodoro Py en apoyo a Cristina Kirchner. También se acercaron algunas personas para manifestar en su contra. Juan Grabois encabeza un actoRicardo Pristupluk
“Es un escándalo jurídico –siguió Siley. Porque se responsabiliza al presidente de la nación de un delito [administración fraudulenta] que jamás podría cometer, puesto que la administración general del estado en su conjunto la tiene el jefe de gabinete luego de la reforma constitucional de 1994″.
Mena se expresó en la línea misma línea. “No podemos cometer todos los delitos. Por ejemplo, la mala praxis médica, yo no la puedo cometer, porque no soy médico”, graficó desde el escenario. “Quien puede cometer el delito de administración fraudulenta, quien tiene la capacidad de administrar, es un funcionario público a cargo de la administración de algo. En la constitución, en el artículo 100, dice que el administrador general del país es el jefe de gabinete de ministros, no el presidente, el presidente es el responsable político del país. “le metieron un delito que era imposible que Cristina lo cometa”, agregó el ministerio de Justiciai, y negó, a su vez, la existencia del delito.
A unos pocos metros de la clase pública, cinco señoras auto convocadas contraponían otra lectura de los hechos. “No es lawfare es saqueo”, decía uno de los 20 carteles que las rodeaban junto con una docena de efectivos de la ciudad. “Somos más, pero muchas no pudieron venir porque trabajaban”, señaló una de ellas.
La clase pública y abierta avanzó sobre casi la mitad de la avenida Comodoro Py, y estuvo acordonada por alrededor de 30 efectivos de prefectura, y otros cerca de 20 uniformados de la policía federal. Del otro lado de la calle, otra hilera mixta de policías completó el operativo frente a los tribunales. La desconcentración comenzó cerca de las 12.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, el presidente Javier Milei celebró la noticia a través de las redes sociales donde expresó que «todo llega». Más tarde, el mandatario sostuvo que a partir del fallo se puede “afirmar sin ninguna duda» que la exjefa de Estado es «culpable de actos de corrupción”.
«Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones«, comenzó diciendo el fundador de La Libertad Avanza (LLA) al referirse a la sentencia en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos contra la ex vicepresidenta, que había recibido a fines de 2022.
«Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina es culpable de actos de corrupción», agregó en una publicación que realizó en su cuenta de la red social X.
Unos minutos después de que los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña firmaran la sentencia de 1.500 fojas y dieran lectura a la parte resolutiva, Milei también compartió un meme de la cuenta Coherencia Por Favorcon el título «Todo Llega» y haciendo uso del término «Fin», popularizado por el vocero presidencial Manuel Adorni para cerrar sus comunicados.
En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años),y de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años),de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).https://56cda3dc402bf16110b25ed40f516508.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
También confirmó las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.Te puede interesar:La Fiscalía apelará ante la Corte Suprema para que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita
Casación dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión. La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía.https://56cda3dc402bf16110b25ed40f516508.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.Te puede interesar:Causa Vialidad: quiénes son los 13 acusados sobre los que Casación resolvió sus condenas y absoluciones
El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.La sala de audiencias en la que se leyó el fallo
La audiencia se realizó en una sala de audiencias de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. Fue la misma en la que el 6 de diciembre de 2022 se leyó la condena del tribunal oral. De los 13 acusados del caso el único que estuvo presente fue Fatala. Ninguno tenía la obligación de estar ya que eran representados por sus abogados. Sin embargo, Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, no estuvo e informó a Casación que no iba a estar en la audiencia.
En el momento de la sentencia Cristina Kirchner estaba en el partido bonaerense de Moreno. “Voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres”, posteó en las redes sociales. La ex presidenta tuvo apoyo en la puerta de los tribunales con una clase pública que encabezaron el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el dirigente social Juan Grabois.
Quien estuvo en la audiencia fue Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. “Vine como público”, le dijo Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, a Infobae antes de la audiencia.
Los detalles de la sentencia
Los jueces destacaron que la maniobra se dio con la incorporación de Báez al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía (a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.
Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”. “Se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez”, citaron como ejemplo. También que por los incumplimientos no fue sancionada y que tenía un canal preferencial de pago.
Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de José López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.
Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.Los jueces de la Cámara de Casación (Maximiliano Luna)
“Que en el plan tomaron participación, en principio y de acuerdo a lo que se pudo probar, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez”, sostuvieron los jueces y agregaron que “para culminar la maniobra se trató de atribuir el cierre de las empresas de Báez a la nueva administración del Poder Ejecutivo nacional y evitar la `sensación de fuga` (en palabras de José Francisco López), cuando en realidad se probó que las obras habían sido abandonadas con anterioridad, y todo lo sucedido en esta etapa fue minuciosamente ideado por López, Báez, Fernández de Kirchner y Periotti”.
“La maniobra señalada generó un enorme perjuicio al Estado nacional, que si bien no se pudo determinar en su totalidad, se estableció parcialmente y, por ende, se ordenó a través de la herramienta que prevé el código penal para el recupero de activos de origen ilícito el decomiso de la suma de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), el que necesariamente será objeto de actualización al momento en que la sentencia adquiera firmeza”, dijeron en otro tramo.
La disidencia que tuvieron los jueces fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Es lo que había pedido el fiscal Luciani en el juicio oral y por el que acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de esa organización criminal y por lo tanto solicitó que se le aplique una pena de 12 años de prisión.
Los jueces Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió el delito de asociación ilícita.
“Los encausados conformaron una organización estable y duradera cuya finalidad no fue la realización de un determinado o determinados hechos en los que coincidieron más de 2 personas. Por el contrario, tenían el propósito, la apertura y la disposición de encarar la práctica de múltiples, variados e indeterminados planes delictivos”, sostuvo Hornos que agregó que “la asociación ilícita operó de forma inalterada, estable, continua, desde su conformación hasta que finalizó el último mandato presidencial de quien fue la líder de la organización criminal”.