Manuel Adorni se prepara para firmar en los próximos días una resolución que impondrá nuevas exigencias a los periodistas acreditados en la sala de prensa de la Casa Rosada. Según pudo saber LA NACION, en esa serie de disposiciones se planea desde un “código de vestimenta”, con saco y corbata para los periodistas varones que asisten a la sede de gobierno, hasta que todos los acreditados tengan relación de dependencia con sus medios.
La resolución de Adorni, que podría firmarse antes de fines de este mes, también contempla imponer el “modelo Trump”, por lo que las conferencias de prensa serían abiertas tanto a youtubers como a influencers, y a “todo aquel que se dedique a informar de buena fe”, definen en Balcarce 50, en lo que se anticipa como un posible motivo de disputa con los medios tradicionales, que tienen allí a sus periodistas acreditados. Desde la Casa Rosada relativizan ese punto y no lo ven como una forma de licuarles poder a los medios tradicionales y hasta ironizan sobre ese punto.
La decisión va en línea con lo anunciado recientemente por la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt. En su primera conferencia de prensa, Leavitt explicó que los influencers de redes sociales, podcasters, youtubers o blogueros se podrán acreditar en las conferencias de prensa de la Casa Blanca.
La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explica a los periodistas la propuesta de Trump (AP Photo/Evan Vucci)Evan Vucci – AP
“Abriremos esta sala de prensa a nuevas voces mediáticas que producen contenido informativo y cuyos medios no estén representados en estos asientos. Damos la bienvenida a periodistas independientes, podcasters, influencers y creadores de contenido, y les urgimos a solicitar credenciales para cubrir esta Casa Blanca”, dijo. El anuncio de Adorni iría en la misma línea.
Leavitt también se refirió como “medios tradicionales” a los grandes diarios y cadenas de televisión estadounidenses que ocupan los 49 asientos de la sala de prensa. Tras lo que sostuvo que debido a la gran audiencia de los nuevos medios estos también tendrán un lugar en la sala.
En Casa Rosada ya estaba el antecedente del youtuber libertario Mariano Pérez, cuya acreditación ocasionó polémica en su momento por su estilo claramente favorable al Gobierno. Ahora, la polémica amenaza con amplificarse ante el planteo de que podría incluirse en la resolución, que se firmaría a más tardar a fines de febrero.
La relación entre el periodismo y la administración libertaria viene siendo compleja ya desde los tiempos de la campaña y las distintas entidades periodísticas, como ADEPA y Fopea, hicieron llamamientos al gobierno en general y al propio presidente Javier Milei, en particular.
A la par de que se habilite a youtubers e influencers, la secretaría de Adorni ultima detalles no solo sobre el código de vestimenta, con saco y corbata para hombres y, al menos en principio, exigencias para mujeres, sino también sobre sus relaciones laborales.
De acuerdo a lo que hasta ahora se maneja, los profesionales acreditados en la Sala de Periodistas tendrían que “estar en relación de dependencia con su medio”, explican en la Casa Rosada. Detallan que es “por un tema de que tengan aseguradora de riesgo de trabajo (ART)”, ya que si el o la periodista es monotributista, no cuenta con esa protección, y también “para mejorar las condiciones laborales” de los periodistas, afirman en Balcarce 50.
Los requisitos podrían incluir experiencia comprobable en el área de periodismo político, así como una determinada cantidad de años de antigüedad y un número mínimo de producción semanal, todo lo cual se conocería en detalle una vez que la resolución sea revisada por los equipos legales de la Casa Rosada, todo lo que anticipa una polémica en puerta y con detalles que aún están bajo análisis legal, al igual que para los influencers y youtubers.
Otra de las exigencias que se impondrían para las conferencias, aunque menos polémica, es la de que los celulares estén en “modo silencioso” para evitar interrupciones o ruidos molestos durante las conferencias.
Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a las que accedió Infobae revelan serias irregularidades en los subsidios que los gobiernos kirchneristas otorgaron a comunidades mapuches, entre ellas a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) calificadas por el vocero presidencial Manuel Adorni como organizaciones “terroristas”.Te puede interesar:Un senador de Misiones contrató a una modelo el 17 de enero y pidió darla de baja a las dos semanas
A lo largo de 12 años años, los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, giraron $1.200 millones, según informó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. Fueron entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario.
Ese programa fue calificado Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial.El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras, dijo. Los informes de la SIGEN así lo demuestran. Pero no es todo. Hay millonarios subsidios que quedaron en el camino.Te puede interesar:El peronismo sintoniza mejor con Milei, crujen las trincheras de Cristina y Macri emite señales de independencia
En 2019, miembros de la comunidad Lof Che Buenuleo ocuparon tierras en San Carlos de Bariloche, que eran propiedad privada de la familia Soriani.
En 2020, la justicia provincial ordenó el desalojo de la comunidad, pero el conflicto continuó con denuncias de violencia y nuevos intentos de recuperación del territorio.
La comunidad recibió $1.770.000 del INAI en 2023 para asistencia jurídica.
2. Lof Kinxikew (Neuquén)
Ocuparon tierrasen San Martín de los Andes.
En 2022, la comunidad fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino, que administra tierras en la zona.
Recibió $1.950.000 del INAI en 2023 para asesoramiento legal.
3. Newen Mapu (Río Negro)
Ha participado en reclamos territoriales en El Bolsón.
En 2023, recibió $4.480.000 del INAI.
La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza y entre otras, Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos y tienen conflictos por tierras en Malargüe en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero. En Vaca Muerta en Neuquén dónde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina como YPF y Tecpetrol y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.
Irregularidades en la firma de subsidios y convenios
Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.
Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un “convenio” para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:
-”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
-”No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”.
-”Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente”.
-”No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad”, ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.SUBSIDIOS INAI COMUNIDADES MAPUCHES
Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000 también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. En este caso los auditores establecieron que:
– “No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
-”Al momento del relevamiento, no se agregaba documentación al actuado desde el 17/07/2023. Se encuentra vencido el plazo de presentación de rendición de cuentas, fecha de finalización del convenio: 02/01/2024″.
Uno de los casos en que las comunidades mapuches contrataban abogados a los que pagaban con el dinero de estos subsidios es el caso de las parcelas liberadas en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de ocupaciónEl conflicto por la violencia mapuche está presente tanto en la Argentina como en Chile
Hay casos más escandalosos. En cumplimiento de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Ihaka. Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina – Departamento Rivadavia, provincia de Salta, se firmó un “convenio” por $29.210.000. Pero, al controlar el destino de los fondos, la SIGEN advirtió:
-”El convenio que se ejecutó por fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario”.
-”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
-”Se informa el expediente como un servicio jurídico que se encuentra enmarcado en el Programa de Fortalecimiento Comunitario y se trata sobre el cumplimiento de una sentencia”. Pero “no existe registros de lo tratado en el comité ejecutor de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (nuestra tierra) vs. Argentina, como antecedente del convenio”.
-”No existen registros de Informes con los avances de la ejecución”.
Hay una pregunta que no le corresponde responder a la SIGEN ¿dónde están y quien o quienes se quedaron con los millones de estos tres convenio?”.
Falta de registros y metodología de trabajo
El informe de auditoría N° 11/2023 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también detectó graves falencias en el seguimiento y control de las causas judiciales en las que el organismo es parte.
La auditoría, por ejemplo, constató que la Dirección de Asuntos Jurídicos no cuenta con un registro formal y sistemático de los juicios en los que interviene. Esto significa que no se tiene un control adecuado sobre el avance de los litigios, las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.
Según el informe, la Dirección tenía 31 expedientes judiciales principales y 11 expedientes incidentes vinculados, de los cuales 16 tenían un movimiento frecuente y constante. Sin embargo, la documentación de respaldo sobre el estado de estos casos no fue suministrada a los auditores.
El Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) es de uso obligatorio para los organismos públicos que representen al Estado en juicios, según el artículo 2 del Decreto 1116/2000 y la Ley N° 25.344. No obstante, el informe revela que la Dirección no utiliza este sistema para registrar y hacer seguimiento de sus litigios.
Otra de las observaciones destacadas es la ausencia de una cuantificación clara del impacto económico de los litigios en los que el INAI es parte. De acuerdo con la presentación de la Cuenta de Inversión, el organismo informó los siguientes montos:
-Juicios con sentencia firme: $14.851.077,44.
-Juicios con sentencia no firme: $684.776.803,00.SUBSIDIOS INAI COMUNIDADES MAPUCHES
Las comunidades aborígenes llevan adelante litigios complejos contra el Estado y empresas para, aseguran, “defender su territorio, evitar desalojos, frenar actividades extractivas y denunciar violencia institucional”. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI no detalló en qué causas se basa esa cuantificación ni proporcionó documentación suficiente para respaldar estos montos.
La auditoría destaca que esta falta de registros y transparencia impide conocer el impacto financiero real de los litigios en curso y tomar decisiones informadas sobre la estrategia legal del INAI.
Infobae pudo saber por fuentes judiciales que algunas de esas causas con “sentencias no firmes” por casi $700 millones son, entre otras:
-Juicios por incumplimiento de políticas públicas para pueblos indígenas: las comunidades demandan al Estado por no implementar políticas establecidas en la legislación, incluyendo falta de reconocimiento legal de personerías jurídicas. No ejecución de programas de desarrollo y acceso a tierras. Incumplimiento del proceso de relevamiento territorial de la Ley 26.160. Por ejemplo, la “Demanda de comunidades mapuches contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la falta de entrega de títulos comunitarios de tierras relevadas”.
-Juicios por violaciones a derechos humanos y represión estatal: las comunidades indígenas presentan acciones legales por Violencia institucional durante desalojos. Persecución judicial y criminalización de líderes indígenas. La muerte de militantes indígenas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Un ejemplo de ellos es el Caso Rafael Nahuel (2017).
-Juicios contra desalojos forzosos. A pesar de la Ley 26.160, en muchas provincias se han ordenado desalojos de comunidades indígenas, lo que ha llevado a amparos judiciales para frenar expulsiones. El hecho derivó en demandas contra provincias y particulares que reclaman propiedad sobre tierras habitadas por indígenas. Acciones en organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los ejemplos es el desalojo de la Comunidad Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro) ordenado por el gobierno nacional, generando resistencia de la comunidad y denuncias por violaciones a los derechos indígenas.
Para subsanar estas graves deficiencias, los auditores de la SIGEN le recomendaron a los funcionarios de La Libertad Avanza a cargo del INAI, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete, en cabeza de Guillermo Francos, implementar el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ). Una plataforma electrónica desarrollada por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo objetivo es centralizar la información sobre juicios en los que el Estado Nacional es parte.
Este sistema permite a los organismos públicos llevar un registro único y actualizado de los litigios en los que intervienen, facilitando la gestión de causas y el seguimiento de las actuaciones judiciales. “Las deficiencias detectadas en la gestión judicial del INAI evidencian una grave falta de control interno, lo que afecta la capacidad del organismo para defender los derechos de las comunidades indígenas en el ámbito legal. La implementación del SIGEJ y la mejora en la documentación de los casos resultan fundamentales para garantizar un seguimiento eficiente de los litigios y una mayor transparencia en la administración de la justicia en el ámbito indígena”.A la izquierda Claudio Avruj, el titular del INAI. Disolvió el Fondo de Fortalecimiento Comunitario al que calificó de «aberrante»
Falta de procesos documentados para la entrega de subsidios
Las dos auditorías de la SIGEN, que abarca el período entre los años 2021 y 2023, determinaron que durante el gobierno de Alberto Fernández se entregaban subsidios sin control y criterios de selección. Entre otros aspectos, los informes destacan:
No existen manuales de procedimientos formalizados que regulen la tramitación de los subsidios.
No se encontró documentación que acredite el análisis previo de las solicitudes por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
No hay constancia de criterios objetivos de selección para determinar qué comunidades acceden a los subsidios.
No se hallaron actas o informes que acrediten reuniones de evaluación con las comunidades antes de aprobar los subsidios.
En los expedientes analizados, no se constató evidencia de reuniones presenciales o virtuales con representantes comunitarios.
No existe un registro consolidado de los subsidios otorgados, lo que impide un control efectivo sobre su uso.
En varios casos, se detectaron pagos de segundas cuotas sin aprobación de la rendición de la primera cuota, lo que incumple las normas de administración financiera.
Se identificaron inconsistencias en los montos transferidos:En el caso del Servicio Jurídico de la Comunidad Diaguita Calchaquí El Ivisadero (Salta), se debían transferir $675.000, pero solo se pagaron $650.000, sin que se justifique la diferencia.
No se verificó si las comunidades beneficiarias cumplieron con los objetivos establecidos en los convenios de subsidio.
No se encontraron registros claros sobre el uso de los fondos entregados a las comunidades.
No se documentaron inspecciones o auditorías internas que verifiquen si los subsidios se usaron correctamente.
Algunas comunidades no presentaron la rendición de cuentas en los plazos establecidos, pero igual se les otorgaron nuevos fondos.
No existe un sistema único de seguimiento de los conflictos en los que interviene el INAI.
La Dirección de Asuntos Jurídicos informó que los técnicos del área de Gestión Territorial elaboran informes mensuales internos, pero estos no fueron suministrados a la auditoría.
No se dispone de documentación de respaldo (actas, correos, informes) que valide la actuación del INAI en casos concretos.
Patricia Bullrich recorrió los terrenos liberados en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de usurpación mapuche
Casos específicos de subsidios con irregularidades
La auditoría analizó cinco expedientes de subsidios otorgados en el marco del Programa de Fortalecimiento Comunitario. En todos ellos se encontraron omisiones en el procedimiento administrativo. Según el Anexo I del informe de auditoría N° 11/2023 en el ejercicio 2021 se otorgaron un total de $11.555.000 en subsidios dentro del Programa de Fortalecimiento Comunitario. Estos subsidios fueron destinados a 11 comunidades indígenas, con montos que oscilaron entre $400.000 y $1.680.000 por beneficiario.
Lo revelado en el Informe de Auditoría N° 08/2024, es más grave aún. Allí se destaca que “el INAI transfirió un total de $74.419.000 a distintas comunidades indígenas a lo largo del ejercicio 2023″. El informe advierte que parte de estos fondos no han sido rendidos adecuadamente, lo que genera un riesgo en la transparencia y control del uso de los recursos públicos.
Hasta la fecha del informe, $23.003.000 se encuentran pendientes de rendición de cuentas, incluyendo:
$4.480.000 asignados a la Comunidad Mapuche Newen Mapu (Río Negro).
$2.680.000 destinados a la Comunidad Indígena Indio Colalao (Tucumán).
$1.690.000 transferidos a la Comunidad Lof Catriman Colihueque y Nahuelpan (Chubut).
$1.770.000 otorgados a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo (Río Negro).
$3.860.000 correspondientes a las Comunidades Kolla Rodeo San Marcos Luján La Huerta (Salta).
$1.950.000 para la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew (Neuquén).
$7.494.000 destinados al Ministerio de Bienestar Social de Salta para la implementación de la propiedad comunitaria en cumplimiento de la sentencia Lhaka Honhat.
La Resistencia Ansestal Mapuche (RAM) protagonizó incendios de viviendas y campos en La Patagonia. El gobierno los calificó de «terroristas»
Uso de los fondos transferidos por el INAI a comunidades indígenas
Según el Informe de Auditoría N° 08/2024 UAI-INAI, los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. El programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, por la entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, durante la presidencia de su hermano Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:
Defensas judiciales y asesoramiento legal, especialmente en litigios por territorios indígenas.
Pago de honorarios de abogados, escribanos y agrimensores.
Gestión de la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades.
Capacitación legal y asesoramiento contable.
Elaboración e inscripción de mensuras.
Como ejemplo de estas irregularidades la SIGEN describió cuatro casos sobre “montos transferidos y pendientes de rendición”Los expedientes señalados suman un total de $37.270.000 en transferencias a comunidades indígenas.
-La Comunidad Diaguita Calchaquí, en El Divisadero, Salta, recibió $5.630.000.
La Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo, en Río Negro, $1.770.000
-La Comunidad Lof Catriman Colihueque y Nahuelpan, en Chubut $1.690.000
– En el caso de Lhaka Honhat, en Salta $29.210.000.
De los $37.270.000 transferidos, $9.264.000 aún no han sido rendidos por las comunidades o entidades administradoras.
Las auditorías concluyen que, a pesar de los millones de pesos transferidos, no se logró un seguimiento efectivo de los servicios jurídicos brindados a las comunidades indígenas. Que algunas comunidades continuaron enfrentando conflictos territoriales sin resolución, lo que pone en duda la efectividad del programa. Los auditores también destacaron la “falta de criterios claros para la asignación de recursos” La inexistencia de normas detalladas que establezcan qué comunidades pueden acceder a los fondos y bajo qué condiciones. Y que en algunos convenios, no se definieron montos exactos para cada desembolso, lo que dificultó su control.
Claudio Avruj, designado por Javier Milei como titular del INAI, justificó la disolución del cuestionado Programa de Fortalecimiento Comunitario de esta manera: “Fue un programa que fue creado 20 años atrás cuando el INAI estaba en Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Se dieron subsidios a muchísimas organizaciones: la cultura del subsidio. Tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese programa nunca cumplió su objetivo y se lo convirtió en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado”.
La Ley Bases incluyó a Belgrano Cargas en el listado de empresas públicas privatizables. En octubre, desde la Casa Rosada, el Gobierno anunció que iba a avanzar en su privatización. Este sábado, el Ejecutivo dio el primer paso en esa dirección.
“El Presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A.”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X. En ese mismo tuit, especificó que el Estado dejará de ser operador de servicios ferroviarios de carga.
La empresa administra el transporte de cargas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y controla el 37% del mercado de transporte de cargas por ferrocarril. El resto está administrado por empresas privadas. Además, cuenta con 4.442 empleados.
La conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, en la que anunciaron que el Gobierno iba a privatizar Belgrano Cargas.Prensa
La memoria y estados contables de Belgrano Cargas y Logística S.A. indicó que al cierre de 2019, final de gestión macrista, la empresa tenía 1168 empleados que, al sumar a los trabajadores que absorbió de las líneas San Martín, Urquiza, Belgrano y Tafí Viejo, llegaba a 3939. Es decir, si se comparara esta cifra con la que encontró Milei al llegar al poder, se podría afirmar que la empresa pública incorporó a 122 personas por año (uno cada tres días) durante la administración massista al frente del transporte en el Gobierno de Alberto Fernández.
Según el Ministerio de Economía, Belgrano Cargas recibió transferencias del Gobierno equivalentes a $45.900 millones, hasta el tercer trimestre del año pasado, fecha de corte de los últimos datos oficiales. Así logró revertir los números rojos y alcanzó un superávit financiero de $4.381 millones.
Hasta el momento de publicación de este artículo se desconocen mayores detalles del decreto anunciado. Es decir, si incluirá a quiénes se les van a transferir las acciones de esta empresa.
Pese a eso, el cronómetro ya empezó a correr para que Belgrano Cargas salga del grupo de compañías ferroviarias estatales, sobre el que la administración libertaria ya ha tomado decisiones. Anteriormente cerró Trenes Argentinos Capital Humano. En paralelo, siguen en pie Trenes Argentinos Operaciones, Ferrocarriles Argentinos y Trenes Argentinos Infraestructura. Estas compañías son las que canalizaron los fondos y tareas correspondientes a la emergencia ferroviaria decretada luego del choque de trenes en Palermo, en mayo del año pasado.
A propósito de la privatización del Belgrano Cargas, el decreto llega en un momento en el que la relación del Gobierno con los gremios ferroviarios no atraviesa su mejor momento. En enero La Fraternidad, sindicato liderado por Omar Maturano, realizó un paro de trenes y adelantó que podría adoptar nuevas medidas de fuerza.
Sin embargo, la privatización del Belgrano Cargas tiene el visto bueno de los sindicatos ferroviarios. O, al menos, del más poderoso: la Unión Ferroviaria. Sergio Sasia, su jefe, mantiene periódicamente reuniones en la Secretaría de Transporte. Sasia se garantizó que en caso de que surja un interesado en la concesión, deberá absorber a la planta de empleados, que es de 4429.
Sasia negocia hoy mano a mano con el Estado por el achique en el sistema ferroviario, donde la gestión libertaria prevé disminuir un 15% los costos y el personal de la Sociedad Operadora Ferroviaria, que emplea a unas 23.000 personas. Este acercamiento a la gestión libertaria le provocó un quiebre en su alianza con los Moyano, que ahora buscan destronarlo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. “Si no somos inteligentes, va a quedar marcada una grieta muy fuerte en el movimiento obrero. Nos va a pasar la realidad por encima si no discutimos una actualización laboral”, argumentó Sasia ante LA NACION sobre sus razones por las que aceptó negociar con el Gobierno. No se opone a la privatización de los ferrocarriles. Imagina un sistema mixto y asegura tener coincidencias con los grandes grupos empresarios que gestionan mejoras en el trazado del servicio de cargas.
El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para el próximo miércoles a fin de debatir el proyecto de ley de Ficha Limpia, cuya aplicación podría derivar en la inhabilitación de la expresidenta Cristina Kirchner para competir como candidata en las elecciones de este año.
Los principales puntos de la iniciativa del oficialismo
Sujetos alcanzados y tipos de delitos: no podrán ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados en segunda instancia por «los delitos previstos en los Capítulos VI – Cohecho y tráfico de influencias, VII».https://e039bad2cfe6b975215de2ca5e243dde.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html
Eso incluye delitos dolosos vinculados a la corrupción como «malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento».
La inhabilitación no es solamente para ser candidatos a cargos electivos.https://e039bad2cfe6b975215de2ca5e243dde.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html
«No podrán ser designadas como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación número 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos», dice el artículo 7 del proyecto.
Estándar mínimo para la inhabilitación: doble conforme (ratificación de condena en segunda instancia).
Actualmente, la ley 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos excluye (cuando aún no hay condena confirmada por la Corte Suprema) a «personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal».
Vigencia de la exclusión por Ficha Limpia: la inhabilitación es temporal hasta revocación de la condena o cumplimiento de pena.
Cláusula «antiproscriptiva»: solamente se aplicará la exclusión por Ficha Limpia a un potencial candidato a cargo electivo si el fallo de segunda instancia confirmatorio es anterior al año de los comicios en cuestión.
«Sólo se aplicará la inhabilitación si la condena por alguno de los delitos mencionados fue confirmada en segunda instancia dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral», indica el texto.
También queda fuera si «se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta».
Si el fallo confirmatorio de segunda instancia se da «luego del 1º de enero del año en que se llevarán a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral». Es decir, que podrá participar de la elección.
Registro de sentencias de segunda instancia: la Cámara Nacional Electoral llevará a cabo un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de los delitos de los que estén acusados los dirigentes.
Fundamentos: exigencia de idoneidad para la representación; transparencia y ética en la función pública; prevención de desviaciones en el ejercicio del poder.
Provincias con Ficha Limpia: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba. Próximas: Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.
No sólo eso. En medio de idas y vueltas, también asoman algunas internas en el equipo a cargo del área energética del Gobierno, de la electricidad, puntualmente, en estos casos. En Economía, el ministerio de Caputo que tiene a cargo el sector, juran que “está todo alineado” entre él; su viceministro coordinador, Daniel González; la secretaría de Energía, María Tettamanti; Osvaldo Rolando, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el resto de la estructura.
Como sea, se encendieron luces amarillas en el tablero de control del rubro. Más allá de los 01alineamientos proclamados, se escuchan a viva voz críticas más que encendidas, acusaciones de inoperancia y hasta insultos. En al menos tres conversaciones con altas fuentes oficiales del área que tuvo Infobae, se mencionó la idea cruzada del “boleto picado” para varios de los protagonistas de esa rueda energética. Habrá que ver si es cierto, una promesa de alguien “de arriba” o una simple expresión de deseos. No está claro aún.Te puede interesar:El debate cambiario: ¿existe un valor de equilibrio para el dólar?
¿Funcionarios en tensión en uno de los sectores más polémicos, pero también más prometedores para la economía argentina de mano de Vaca Muerta? Sí, y además en medio del verano y la amenaza permanente de cortes de luz. Días atrás, sin ir más lejos, las zonas centro y norte del país sufrieron fuertes cortes. Mañana se anuncian otra vez máximas por sobre los 35 grados y todos van a mirar los picos de demanda que muestran los gráficos online de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, o Cammesa. Se trata de la empresa del Estado que intermedia en el sector y que esta semana también estuvo en el ojo del huracán por culpa de una filtración de supuestas críticas de su “hombre fuerte”, Mario Cairella, a Tettamanti y su equipo.González pasó por YPF e IDEA, entre otras, antes de ser Secretario coordinador de Energía y Minería de Caputo
¿Déjà vu libertario con lo que pasaba hace dos años durante el gobierno de Alberto Fernández? No parece para tanto, al menos por ahora. A pesar de las tensiones, la situación está lejos aún del “internismo exasperante” energético que denunció el exministro Matías Kulfas, cuando fue echado a mediados de 2022. Un contexto que terminó un mes después con otra salida de peso en el golpeado gabinete kirchnerista: Martín Guzmán. El exministro de Economía mantuvo una feroz disputa con Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea de su ministerio al que intentó echar más de una vez sin éxito. Basualdo tenía línea directa con Cristina Kirchner.Te puede interesar:Bancos de Wall Street proyectan que las exportaciones de Vaca Muerta y litio podrían financiar la deuda externa anual hasta 2030
Lo cierto es que la energía es un tema “caliente” desde siempre en una Argentina con crisis recurrentes en la que siempre faltan dólares. Rápido y breve repaso. Raúl Alfonsín sufrió innumerables apagones y cronogramas de cortes programados. Carlos Menem privatizó el sector por completo. Eduardo Duhalde comenzó con la regulación. Néstor Kirchner se peleó con su vice, Daniel Scioli, cuando éste sugirió segmentación eléctrica y suba de tarifas; algo parecido pasó luego y derivó en la renuncia de su ministro Roberto Lavagna. Cristina Kirchner armó una madeja de subsidios y terminó con cepo y restricciones. Mauricio Macri, en tanto, prometió sinceramiento tarifario y mega aumentos, pero se quedó a mitad de camino; luego reconoció que había perdido la reelección en gran parte por el tema energético. Fernández siguió con los subsidios y, como se dijo, las internas les terminaron costando la cabeza de dos de sus funcionarios preferidos. Milei, por último, llegó con la meta de quita total de subsidios y la idea de que “hay que pagar lo que vale la energía”. A pesar de los muy fuertes aumentos tarifarios del año pasado, aún no está claro cómo terminará de hacerlo.
Semana caliente
Esta semana hubo dos hechos que hicieron “ruido” en el sector.
La marcha atrás por los precios de la luz. El martes se oficializó que iba a haber subas en la boleta de luz de hasta 8,4% a usuarios de clase media y 12,3% a los de ingresos bajos. Pocos minutos después de que Infobae publicara la noticia, se supo que la Casa Rosada no sabía nada del aumento. “Nos enteramos por Infobae”, dijeron. Hablaron de “malestar” y de una decisión “inconsulta”. Todos los dardos apuntaron al ENRE, el eslabón más pequeño de la cadena de responsabilidades. Muy rápido hubo marcha atrás y Caputo mencionó, en una entrevista con Luis Majul, que trató de un “error técnico”. El aumento que se esperaba para el año se había aplicado, por una resolución oficial equivocada, todo junto en febrero.
Cortocircuitos con Cammesa. El sitio especializado Econojournal publicó chats filtrados de Cairella en el que, supuestamente, criticaba el plan de normalización energética de Tettamanti.
En el centro, Mario Cairella, vice de Cammesa
“Fue un ‘dedazo’, era imposible que pusiéramos ese aumento. Va en contra de lo que se viene haciendo”, dijeron cerca del ministro sobre la suba que no fue. Es verdad que sonó extraño el incremento de hasta 12% de golpe, y mucho menos en un año electoral. En la Rosada hubo bronca. Se aceptó la explicación, pero igual tomaron nota.
Con Cammesa, por su parte, sigue el ruido. Cairella, que ya estuvo en la empresa con Macri, es cuestionado por algunos sectores y conocido por su carácter duro y frontal. En esta etapa llegó de la mano de José Luis Espert. Si bien no respondió los mensajes de este medio, desde su entorno aseguraron que los chats filtrados fueron “un malentendido”. Otro dedazo. Con todo, también confirmaron que no está nada de acuerdo con algunos lineamientos que salen de Energía.
El vicepresidente de Cammesa es quien opera el organismo que, a su vez, es presidido siempre por quien ocupa la secretaría de Energía. En este caso, Tettamanti. La actual secretaria, que reemplazó a Eduardo Rodríguez Chirillo, viene de ocupar cargos en el sector privado y llegó de mano de Macri, meses atrás, cuando las conversaciones entre el líder del PRO y Milei eran más fluidas. Desembarcó sin equipo y por ese motivo, y otros, no son pocos dudan de su poder real y de cuánto estará en el cargo. Va todas las semanas a las reuniones de directorio de la empresa, dicen en su entorno. No es algo habitual.
Cammesa es un ente técnico, pero con mucho poder económico: maneja una caja con un flujo de unos USD 15.000 millones por año, que cobra a las empresas de distribución y cooperativas eléctricas y con lo que paga a las generadoras y transportistas. El año pasado, post devaluación, surfeó una crisis por una deuda de unos USD 1.200 millones con las generadoras que, finalmente, Caputo saldó con un bono. A regañadientes, las empresas aceptaron.Eduardo Rodríguez Chirillo, primer secretario de Energía del gobierno de Milei
Desde siempre, el plan del equipo de Milei fue desarmar Cammesa, o acotarla mucho. Buscan que se limite sólo a hacer el despacho eléctrico y no a contratar barcos de gasoil para hacer funcionar las turbinas que generan energía cuando el gas no alcanza, ni a licitar muy jugosos contratos. El plan de Chirillo y ahora de Tettamanti es reducirla al mínimo y que los contratos se hagan entre privados: que las generadoras directamente convengan precios, plazos y condiciones con las distribuidoras y con las empresas grandes y medianas que necesitan de grandes flujos de energía para producir.
Cairella no quiere saber nada y para ser sólo un funcionario técnico y de segundo orden, demuestra tener “banca” en la Casa Rosada. Al menos hasta ahora. “Todo el mercado posible, todo el estado necesario. Porque acá la costumbre es no pagar”, se lo escuchó decir varias veces en reuniones con empresas del sector. Según sus allegados, está de acuerdo con desregular el sistema, pero no con el momento ni con la receta de Tettamanti. “Quieren correr y no saben ni caminar. Escriben títulos para los medios en lugar de resoluciones. Necesitamos más de 7.000 megas extra. ¿Quién va a invertir si Cammesa no es el garante?”, argumentaron.
En el kirchnerismo piensa parecido. “¿Las generadoras aceptarían firmar esos contratos? Hoy Cammesa maneja el precio monómico de la energía, una suerte de promedio de todos los contratos. Son esquemas a 15 años, que se firman en dólares en un país que sigue teniendo inestabilidad económica y está siempre a tiro de una devaluación”, aseguraron.
Otro exfuncionario del área durante la última parte del gobierno anterior, dijo: “Están controlando un precio relativo más en un año electoral: tasas, tipo de cambio y, ahora, tarifas. Los errores técnicos a ese nivel no existen: hay falta de planificación”, afirmó. Y a la hora de hablar de paralelismos con años anteriores, reconoció: “Teníamos internas, pero existía coordinación y las tarifas las manejaba directamente el ministro. La puja Guzmán-Basualdo me hace acordar a lo que pasa ahora”.En el comienzo de 2025 hubo menos cortes, por temperaturas no tan altas, pero igual se registraron apagones en AMBA y el resto del país (Gastón Taylor)
Desde Economía insisten con que la idea de coordinación total. Es posible, pero la tensión entre González, que se fue de viaje por estos días a Arabia Saudita con el canciller Gerardo Werthein, y Cairella es evidente.
“La prioridad era evitar la catástrofe macro y el sector, como otros, quedó bajo ese paraguas. Estuvo bien eso. Pero ahora que todo comienza a acomodarse, parece que seguirán las postergaciones. Esta vez, por la política y el año electoral. No está bien, es un gran error. El sector está al límite”, le dijo a este medio Emilio Apud, actual referente energético de Mauricio Macri.
“En los próximos 15 años, sólo en el sector eléctrico y para volver a tener la calidad de servicio de hace 20 años, hay que invertir USD 25.000 millones. Y para exportar gas licuado, la única salida que tiene Vaca Muerta, hay que invertir un promedio de USD 15.000 millones por año a lo largo de dos décadas. ¿Quién va a hacer esas inversiones privadas si siguen las tensiones?”, se preguntó Apud.
“Estuvo bien eso. Pero ahora que todo comienza a acomodarse, parece que seguirán las postergaciones. Esta vez, por la política y el año electoral. No está bien, es un gran error. El sector está al límite” (Apud)
En el sector se preguntan si, más allá de los chispazos mencionados, las internas llegan más arriba en el esquema de poder del Gobierno, y qué impacto tendría eso en las definiciones políticas para la industria y, sobre todo, para las inversiones que deben llegar.
Lo que viene
La primera gran tensión energética de este Gobierno llegó un viernes feriado: el 8 de diciembre de 2023, dos días antes de la asunción de Javier Milei. Ese día, Infobae publicó que el área, que iba a estar en el ministerio de Infraestructura de Guillermo Ferraro, pasaba a la órbita de “Toto” Caputo. Fue un fuerte impacto para el recientemente fallecido Ferraro, a quien Milei echó de su cargo un mes y medio después de asumir.
Luego llegó la negociación con las generadoras y los fuertes aumentos de tarifas y baja de subsidios.
Después de asumir, Tattamanti anunció un plan para obras de transporte eléctrico en el AMBA. Básicamente, era un nuevo impuesto –con lo que eso significa para esta gestión– que iban a pagar todos los usuarios del país para que no se corte la luz en CABA y GBA. Los gritos de la Rosada se oyeron en Economía sin necesidad de teléfonos. El plan quedó en el olvido.
El termómetro no castigó tanto en el primer mes del 2025 y el día que se esperaba el récord, la semana pasada, los cortes en el norte del país ayudaron al AMBA. Pero el verano todavía no terminó y las internas sólo aportan calor.
El exmandatario Mauricio Macri felicitó esta tarde al presidente Javier Milei por la prohibición de la hormonización en menores de 18 años. “Es un gran paso hacia la sensatez y la protección de los niños”,consideró el líder de Pro, a través de un descargo en redes sociales, en un claro guiño a Milei, en plenas negociaciones entre ambos espacios políticos de cara a los comicios legislativos de este año.
“En los últimos años, estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad. Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”, advirtió Macri en X.
A lo largo de su descargo, Macri utilizó el caso del Reino Unido en donde, según expuso, “se registró un crecimiento tan desmedido que llevó la demanda de 300 tratamientos por año en 2012 a más de 5000 hacia 2022″. Si bien aclaró que “no hay acuerdo” sobre las causas de ese incremento, alertó acerca de sus consecuencias. “En 2020, la Dra. Hilary Cass fue asignada en el Reino Unido para realizar una revisión exhaustiva sobre los servicios de identidad de género en niños y adolescentes. El informe fue presentado en 2024, y sus datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1º de enero de 2025″, precisó.
“El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países”, agregó luego. Y tras ello destacó: “Ante los avances de la evidencia mundial, felicito al Presidente por la decisión de prohibir los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles. Es un gran paso hacia la sensatez y la protección de los niños”.
El mensaje de Macri llega luego de la última comunicación dirigida a Milei en la que el exmandatario celebró la baja de las retenciones al campo, en plenas negociaciones estancadas por una eventual alianza entre los libertarios y el partido amarillo. Previo a ello, el expresidente había manifestado ante el Gobierno su intención de avanzar en una mesa de coordinación entre ambas fuerzas, sin embargo la iniciativa no prosperó.
Asimismo, la relación entre Pro y LLA se encuentra un nuevo foco de tensión, luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, criticara días atrás a Milei por trazar en Davos un paralelismo entre homosexualidad y pedofilia. El mandatario le respondió también públicamente, afirmando que las “elites globales y locales” lo acusaron de decir cosas que no dijo, sin precisarlas y apuntó directo contra el alcalde porteño y periodistas críticos, a los que acusó de montar “una campaña de indignación” para obtener un rédito político.
Las declaraciones de Macri se dan luego que el Gobierno anunciara ayer en conferencia de prensa la prohibición de los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en los menores, a través de la modificación de dos artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N° 26.743.
Según publicó LA NACION, los cambios incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas. Asimismo, tras modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, precisaron desde la cartera de Salud.
El Gobierno de Javier Milei implementó en 2024 un ajuste de shock para alcanzar el equilibrio fiscal y “sincerar” los precios relativos que habían quedado rezagados durante la gestión anterior. De cara a 2025, con las elecciones en el horizonte, la idea que predomina entre los funcionarios es que será tiempo de un enfoque más gradual.Te puede interesar:Cuántos dólares necesita el Gobierno para salir del cepo y qué riesgos podría enfrentar
En el caso de las tarifas de electricidad y gas natural, si bien subirán todos los meses, la decisión es que los aumentos acumulados a lo largo de este año se mantendrán en línea con la inflación, según confirmó a Infobae una fuente oficial con conocimiento de la gestión. El impacto en las facturas finales de los usuarios, producto de la quita de subsidios y de los incrementos habilitados en las remuneraciones de las empresas prestadoras de servicios públicos, seguirá esa premisa.https://0ebce980df646ed01e24c2618058acaa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html
En el proyecto de Presupuesto 2025 –que nunca llegó a tratarse en el Congreso–, Caputo estimó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec será del 18,3% en todo el año, lo que equivale a un promedio mensual del 1,4 por ciento. En sintonía con esa proyección, el área de energía del Gobierno prevé que las tarifas aumenten mensualmente: algunos ajustes estarán por encima del IPC y otros por debajo, pero en el acumulado anual deberían moverse en magnitudes similares.https://0ebce980df646ed01e24c2618058acaa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html
Desde el Ministerio de Economía sostienen que el grueso del ajuste se realizó en 2024. Las boletas de gas residencial aumentaron un 400% en ese período, mientras que la electricidad subió en promedio un 300%, según datos del sector. Esa recomposición se dio por la reducción de subsidios, sumada a los incrementos en las tarifas de transportistas y distribuidoras, los tres componentes principales de las facturas finales (además de los impuestos).Te puede interesar:En la primera semana de febrero el Banco Central compró casi USD 600 millones en el mercado
Según cálculos de la consultora Economía y Energía, el gasto en subsidios a la energía se redujo un 35% real en 2024 respecto a 2023, lo que representó un recorte superior a los USD 3.000 millones, en línea con lo contemplado en el proyecto de Presupuesto 2025. El principal factor de esa reducción fue el traslado de los incrementos tarifarios a la demanda en el caso de la electricidad, junto con menores costos de suministro de gas gracias a una mayor capacidad de transporte desde Vaca Muerta, que permitió sustituir importaciones.
Una encuesta realizada en enero por Casa Tres, sobre 2.056 casos efectivos, arrojó que casi la mitad de los argentinos (44%) prefiere mantener sin aumentos las tarifas aceptando la posibilidad de cortes de luz. Ante la pregunta sobre de quién es la responsabilidad de las interrupciones, el 38% señaló a las empresas, el 34% al Gobierno actual y un 23% al kirchnerismo.
“A medida que pase el tiempo es probable que crezca la idea de que la responsabilidad es del Gobierno porque se diluye la idea de la herencia”, dijo Mora Jozami, directora de Casa Tres. La analista de opinión pública además resaltó que la “situación económica” –principalmente la dificultad para llegar a fin de mes– encabeza la lista de preocupaciones de los argentinos, cuando en enero de 2024 ese lugar era ocupado por la inflación.
Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones del Estado se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que pagan los consumidores en sus boletas.
La asignación de ese beneficio desde 2022 está determinada por un esquema de segmentación en base a los ingresos que reciben los hogares respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec, cesta que marca el umbral para no ser considerado pobre. Hay tres categorías de hogares: ingresos altos (Nivel 1) -que no tienen descuento-, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a los que accedió este medio, hay 16,3 millones de usuarios residenciales registrados en el servicio de electricidad, que es además el más extendido en el país. Son casi 6,1 millones de N2 y 3,4 millones de N3, por lo que el 58% de los hogares recibe asistencia. En gas natural hay 9,5 millones de usuarios –hay regiones del país donde no hay red– de los cuales los N2 son casi 3 millones y los N3 2,4 millones.Los cortes son percibidos como responsabilidad de las empresas y el Gobierno actual (EFE)
Tettamanti llegó en octubre pasado con la idea de ir a un esquema similar al de la tarifa social que se aplicó con Mauricio Macri con solo dos universos: los que reciben subsidios y los que no. Hoy implicaría dejar fuera a 3,4 millones de hogares de clase media, en el caso de la luz, que recibirían fuertes incrementos.
Es un dilema similar al que se enfrentó su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien intentó implementar un sistema basado en el peso sobre los ingresos de una Canasta Básica Energética (CBE) que además iba a tener en cuenta el consumo de cada usuario según su zona bioclimática. Fue complejo realizar los cruces de información e implicaba una “focalización” mucho más restrictiva que la actual.
El Gobierno tiene que definir también los aumentos en los conceptos de distribución y transporte que habilitará a las empresas durante los próximos cinco años a cambio de planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Surgirán del proceso de revisión tarifaria que inicia este mes y que será trasladado a las boletas finales a partir de abril, o al menos esa es la idea oficial. El ministro de Economía bajó una premisa: el traslado a las facturas finales no deberá superar el 10% en todo el año y, al igual que la baja de subsidios, será prorrateado a lo largo del año.
Luego, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que en gestiones pasadas se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.
Tras haber anunciado esta semana su salida de la Organización Mundial de la Salud y haber dejado abierta la posibilidad de dejar otros organismos internacionales, el gobierno de Javier Milei analiza ahora dejar el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU), un ámbito del que se busca fortalecer la protección de derechos.
La posibilidad de irse del Consejo fue reconocida a LA NACION por un funcionario cercano al Presidente. El primer indicio de lo que podría suceder con la participación de la Argentina en este ámbito está dado por la ausencia del país en la sesión que se realizó este viernes, en Ginebra, Suiza, a la que se había convocado para abordar las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Congo. Estados Unidos también se ausentó de la convocatoria, lo que muestra otra similitud con Washington, con el que Milei no esconde un alineamiento total desde la llegada de Donald Trump al poder. De hecho, la decisión de irse de la OMS fue tomada antes por el estadounidense.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está formado por 47 Estados de los 193 que conforman el organismo. El principal motivo que impulsaría la salida de la Argentina es que el comité no llamó organización terrorista a Hamas, con quien Israel, otro país aliado de Milei, está en plena disputa. Cerca del Presidente cuestionan que el comité de la ONU no haya aprobado ninguna resolución sobre el tema tanto antes como después del ataque sufrido el 7 de octubre de 2023. De hecho, Israel ya abandonó el consejo. Israel cuestiona no haber llamado “terrorista” al grupo islamista Hamas.
La oficialización de la salida del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría concretarse antes del viaje que Milei tiene previsto a Israel, el mes próximo para recibir el “Premio Nóbel Judío”, que le fue otorgado en enero por su compromiso y apoyo con Israel y las víctimas del terrorismo. Por primera vez este reconocimiento se le otorgó a un presidente. Será la segunda visita a ese país, tras haberlo visitado por primera vez en febrero del año pasado. “Desde el 7 de octubre, ha sido sin duda uno de los amigos más incondicionales de Israel. Cuando la mayoría de los aliados de Israel callaban o condenaban, presionaban y, en algunos casos, sancionaban a Israel, el presidente Milei se mantuvo firme con los judíos y fue su defensor más visible, vocal e inequívoco”, dijo Stan Polovets, el co-fundador y director de la fundación que entrega la distinción.
La ONU es uno de los organismos contra los que más críticas lanzó Milei, que se opone severamente a algunos temas que allí se abordan, como el de la agenda 2030, cuyo rechazo fue planteado por el Presidente en la última cumbre del G-20. “La Argentina considera que afecta la vida, la libertad y la propiedad de las personas”, señaló en un comunicado oficial. “Se está haciendo una evaluación estratégica de cada una de las posibles salidas”, dijeron las fuentes oficiales consultadas. El próximo paso podría estar la retirada del Acuerdo de París, en rechazo a la narrativa global sobre el cambio climático.
Críticas en la ONU
En su primer discurso ante los líderes y dignatarios del mundo reunidos para la 79º Asamblea General en la sede de la ONU, el presidente Javier Milei desplegó en septiembre durísimas críticas al rumbo del multilateralismo, acusó al organismo de darle la espalda a su mandato original y promover una agenda “socialista”, y lanzó una “doctrina de la nueva Argentina”, anticipando que el país abandonará la neutralidad para colocarse “a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad”.
“Estamos ante un final de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad, y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas del mundo. De hecho, nunca las tuvieron”, dijo Milei durante su mensaje, que se ajustó al tiempo estipulado de 15 minutos.
Este viernes, el oficialismo envió el pedido de sesión para tratar la Ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados con el respaldo de los bloques aliados. El proyecto, que será debatido el miércoles 12, busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos y afectaría directamente una eventual candidatura de Cristina Kirchner.
La solicitud contó con el respaldo de los bloques del PRO, el MID, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El pedido fue aprobado de inmediato por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien convocó la sesión para el próximo miércoles a las 10 de la mañana con este único punto.
Este miércoles pasado, el Gobierno ya había logrado una primera victoria política al obtener dictamen de comisión para este proyecto. La iniciativa del oficialismo fue acompañada por el PRO y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
Por su parte, Encuentro Federal y los radicales de Democracia presentaron cada uno su propio dictamen de minoría. Unión por la Patria también presentó un proyecto propio y la izquierda presentó un dictamen de rechazo total.
La iniciativa ya había sido impulsada a finales del período legislativo de 2024 sin éxito, con un polémico desenlace donde La Libertad Avanza le soltó el apoyo a la medida que impulsaba el PRO. La reacción de algunos sectores llevó a acusar un «pacto de impunidad» del Ejecutivo con Cristina Kirchner. En este caso y por una promesa que dejó el propio Javier Milei, ahora contaría con un respaldo creciente en distintos sectores políticos.
Diputados aprobó la suspensión de las PASO
Este jueves, el gobierno sumó otra victoria al lograr aprobar la suspensión de las PASO en Diputados. El tema fue remitido al Senado, que lo votará antes del cierre de las sesiones extraordinarias, el 21 de febrero.
La votación expuso la crisis en el bloque de Unión por la Patria, que votó de manera separada. Si bien todos se abroquelaron para no dar quórum, cuando llegó el momento de votar, UxP se fragmentó en todas las posiciones posibles.
De los 98 diputados que tiene el bloque, hubo 25 que respaldaron la aprobación. Además, hubo 24 diputados que se abstuvieron, entre ellos el propio jefe de bloque, Germán Martínez. Por otro lado, 43 integrantes de la bancada votaron en contra y hubo seis ausentes, incluido Daniel Gollán, hombre de Axel Kicillof.
Entre los que se opusieron al proyecto se contaron quienes se identifican con el kirchnerismo puro, como Máximo Kircchner y Leopoldo Moreau. Entre los que votaron a favor estuvieron los santiagueños y los catamarqueños que responden a Gerardo Zamora y a Raúl Jalil.
Los votos positivos de la provincia de Buenos Aires llegaron desde el Frente Renovador, conducido por Sergio Massa, quien sostiene su postura contraria a las PASO. También se sumó el massista santafesino Diego Giuliano.
También votaron a favor algunos legisladores de Chubut, Tierra del Fuego y los mendocinos refrentados en la dirigente camporista de esa provincia, Anabel Fernández Sagasti. El tucumano Pablo Yedlin también votó a favor.
El oficialismo también logró la aprobación de la Ley de Reiterancia
Aunque kirchnerismo e izquierda se opusieron, Diputados también aprobó el proyecto de Reiterancia.
Hubo 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención. El proyecto irá al Senado, donde se espera que el kirchnerismo ofrezca una resistencia todavía mayor.
Se trata de una reforma del Código Procesal Penal Federal que, según sus impulsores, poner fin a la llamada “puerta giratoria” en la Justicia. La iniciativa establece que cualquier persona procesada que cometa un nuevo delito podrá ser detenida a pesar de no estar condenada.
El proyecto obtuvo 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención. Con esta modificación, se endurecen las condiciones para quienes tienen antecedentes penales, buscando evitar que delincuentes queden en libertad con facilidad.
Tras su aprobación en la Cámara Baja, la propuesta fue girada al Senado, en donde el kirchnerismo tiene casi la mitad de las bancas. En caso de ser aprobada, representaría un cambio significativo en el sistema judicial argentino, limitando las excarcelaciones en casos de delitos reiterados.
Si bien hasta el momento, no obstante, no había dado señales de querer retirarse de esos foros, esta semana dio un primer paso al anunciar que la Argentina iba a salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ahora, según confirmó el propio Milei durante una entrevista el diario francés Le Point, el próximo grupo del que sacará al país podría ser el Acuerdo de París, el cual busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global para combatir el cambio climático.https://b2be2317755c998e311a52deef1724a3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-41/html/container.html
El Presidente ratificó que está “considerando” apartarse de ese pacto, ya que no está de acuerdo con la agenda que promueve y, de hecho, considera “un verdadero fraude” los argumentos ambientalistas.
Sin embargo, el líder libertario siempre cuestionó duramente a todos los ámbitos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la cual funciona la OMS.
“Yo ya había hecho un discurso que impactó a todo el mundo, en Davos. Nosotros señalamos que la ONU se separó de sus principios fundacionales y básicamente quiere construir un Gobierno supranacional. No puede ser que 87 personas tienen la potestad de manejar la vida de 8 mil millones de ciudadanos”, explicó durante una entrevista con la diva de la televisión Susana Giménez.
En esta misma línea, Milei critico en varias ocasiones a la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada actualmente por el uruguayo Luis Almagro, reelecto en el 2020 como su secretario general.
El Presidente fue especialmente crítico de su rol en agosto pasado, cuando lamentó que el cuerpo votara en contra de una resolución que buscaba condenar el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.La OEA agrupa a países latinoamericanos (EFE/Lenin Nolly)
“Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos”, escribió en su cuenta de X en aquel entonces.
Otro de los bloques regionales que estuvieron en la mira del Gobierno fue el Mercosur, del que incluso se insinuó con abandonar si no habilita el tratado de libro comercio con los Estados Unidos que la actual gestión está negociando con la Casa Blanca.
A los pocos meses de haber asumido, Milei adujo “problemas de agenda” y no asistió a la reunión del organismo que se hizo en julio del 2024 en Paraguay, pero sí se presentó a la siguiente, en Uruguay, cuando la Argentina recibió la Presidencia Pro Tempore del grupo.
Sin embargo, en ese encuentro brindó un discurso en el que sostuvo que la entidad “nació con la idea de profundizar los lazos comerciales, pero terminó convirtiéndose en una prisión que no permite que sus países miembros puedan aprovechar ni sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador”.Milei en la última cumbre del Mercosur (2024/REUTERS/Mariana Greif)
“Todo lo que sea para romper me encanta”, le enfatizó a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, cuando el mandatario vecino le pasó el control del Mercosur y lo instó a flexibilizar las reglas internas, algo que también buscó hacer durante su gestión el dirigente charrúa.
A pesar de que se analizó la posibilidad de alejarse de este mercado común, la administración libertaria no tiene en mente hacerlo en el corto plazo e, incluso, presiona para que se firme el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Por el contrario, con lo que no tuvo conflictos es con la integración de la Argentina al Grupo de los 20 (G20), de la que participó activamente, como así también aceptó la invitación de su amiga Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, a la última cumbre del Grupo de los 7 (G7), que se llevó adelante en ese país.
Incluso, el mandatario nacional tiene la intención de formar en los próximos años una Liga de Naciones Conservadoras con distintos Estados gobernados por partidos de derecha o afines a su ideología, como Estados Unidos, Israel, Bulgaria y El Salvador.
SUBSIDIOS INAI COMUNIDADES MAPUCHES
El conflicto por la violencia mapuche está presente tanto en la Argentina como en Chile
SUBSIDIOS INAI COMUNIDADES MAPUCHES
A la izquierda Claudio Avruj, el titular del INAI. Disolvió el Fondo de Fortalecimiento Comunitario al que calificó de «aberrante»
Patricia Bullrich recorrió los terrenos liberados en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de usurpación mapuche
La Resistencia Ansestal Mapuche (RAM) protagonizó incendios de viviendas y campos en La Patagonia. El gobierno los calificó de «terroristas»
González pasó por YPF e IDEA, entre otras, antes de ser Secretario coordinador de Energía y Minería de Caputo
En el centro, Mario Cairella, vice de Cammesa
Eduardo Rodríguez Chirillo, primer secretario de Energía del gobierno de Milei
En el comienzo de 2025 hubo menos cortes, por temperaturas no tan altas, pero igual se registraron apagones en AMBA y el resto del país (Gastón Taylor)
Las boletas de gas residencial aumentaron un 400% en 2024 y las de electricidad saltaron en promedio un 300%, según datos del sector
Encuesta realizada en enero por Casa Tres
Milei descree del cambio climático (DEF)
Milei en la última cumbre del Mercosur (2024/REUTERS/Mariana Greif)