Autor: Jorge Alfredo Baret

Investigación exclusiva: ¿qué pasa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se ven todas las semanas. Los dos políticos que más arriba están en el escalafón gubernamental se cruzan de mínima dos veces cada siete días, y tienen largas charlas en las que suelen recorrer el amplio abanico de temas que incluye la gestión. Por eso, a priori, la cena que compartieron en la noche del jueves 4 de junio, que transcurrió en la quinta de Olivos, no debería resaltar entre todos los otros encuentros que mantuvieron, que se suelen mantener en reserva. Pero lo hace: de esa reunión el Presidente salió convencido de anunciar la expropiación de Vicentin, algo que haría el lunes siguiente. Si la decisión de intervenir y de enviar un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo de la cerealera fue quizás el momento más emblemático en la construcción política del nuevo Gobierno, en la comida entre el Presidente y su vice se esconde la gran incógnita que recorre al país desde que CFK anunció quién sería su candidato: ¿qué pasa entre ellos?

La versión oficial ante esta consulta de NOTICIAS es, como suelen ser las respuestas formales, color de rosas. “No hay diferencias, piensan lo mismo”, es la escueta respuesta del vocero de uno de los dos protagonistas de esta edición. Pero, un paso más allá del cassette, el caso Vicentin pone de relieve que, de mínima, conviven tiempos distintos dentro del Gobierno. “Alberto arrancó a lo Cristina, anunciando una expropiación sin consultar, y después volvió a ser más él”, dice un hombre del massismo que desconfía de las intenciones del cristinismo duro y que conoce bien a ambos. Aunque todas las evidencias apuntan a que Fernández tenía la decisión tomada antes de consultarlo con CFK, también era de esperar que ella, que seguía el tema a través de su delfina senadora, Anabel Fernández Sagasti, diese su bendición. Entonces, ¿quién toma las decisiones?

A la carga. Aunque a Alberto, y a varios de su Gabinete, le moleste la consulta persistente, la duda es válida desde el 18 de mayo del año pasado. Es que, desde el momento mismo en que CFK subió el video anunciando quién sería su candidato, la paradoja singular de que el líder -al menos en los papeles- del espacio fuera alguien sin poder ni votos propios hace válida la duda sobre quién gobierna. Lo habilita no sólo la lógica política argentina sino también la historia: en este país, la experiencia de que lo presida alguien sin espalda propia, como Héctor Cámpora, siempre terminó mal. “El Tío” pueder dar fe.

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EL ARTE DE AVANZAR PARA ATRÁS

Quizá porque el pasado trae malos recuerdos sobre este punto es que cada tanto el Presidente se incomoda cuando se lo preguntan. Hace no mucho lo fue a ver alguien a quien conoce hace décadas, un intelectual que hoy está del otro lado de la grieta, que le empezó a insistir sobre la creciente proyección de CFK en el Gobierno. Fernández lo retrucó con una frase que luego empezarían a repetir los suyos. “Yo aporté entre 10 y 15 por ciento de los votos al Frente. Sin Cristina no se podía, pero sin mí tampoco. No tengo jefa”, es la lógica por la cual el Presidente, quizá con razón, se siente imprescindible, y hace referencia a cómo su presencia logró ampliar la base política del kirchnerismo. Según este razonamiento el Presidente y la vice son dos polos que se complementan y que permiten la gobernabilidad, y uno no puede avanzar sobre el otro de la misma manera en que no se puede levantar un techo sin las cuatro paredes que lo sostengan. Uno de los ministros más importantes, que conoció a Alberto en una campaña de hace algunos años, apoya esta visión: “A veces hay diferencia de criterios, pero está claro que comparten el objetivo y el rumbo”.

En el segundo pelotón, los temas en los que no hay fisuras, Fernández y CFK juegan como lo que son: un equipo que se conoce hace mucho. Uno de los campos que resalta es, irónicamente, un mundo en el que ninguno es experto, el de la economía. Martín Guzmán es uno de los ministros preferidos de la vicepresidenta, quien lo suele felicitar en público y en privado. “En economía hay una sintonía perfecta. Hasta ahora, Cristina no cuestionó ni un solo eje de la política económica, de la negociación de la deuda ni del Banco Central”, dice uno de los hombres más importantes del Gobierno en esta área. Un secretario de Estado, también clave en el equipo económico de Alberto, complementa: “En mi experiencia, nunca Cristina ni nadie de ella me dijo qué hacer”. Es cierto que hubo un cruce en este mundo, aunque está más ligado a la cartera que comanda Claudio Moroni, el ministro de Trabajo al que CFK mira de reojo. Es que CFK no estuvo de acuerdo en que se subsidiara el sueldo a las grandes empresas, incluso desde antes que se conociera que algunas como Techint y Clarín se habían anotado. Pero fue un tema menor, y un hombre fuerte del massismo en el Congreso aporta otra línea de razonamiento: “No hay conflicto acá porque CFK pone los lineamentos macro del Gobierno, y Alberto lo acepta y administra ese poder”.

Pero ese es el vaso medio lleno. Hay otras áreas en los que las “diferencias de criterio” entre Alberto y Cristina aparecen y se multiplican. Una es en la relación con la oposición. En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño que aparece cada vez más cerca del Presidente, juran que el mandatario le confesó que a veces tiene que tolerar cierta molestia de la vicepresidenta cuando el hombre fuerte del PRO aparece por la quinta de Olivos. La decisión del Presidente de convocar de urgencia a Larreta en la noche del viernes 15 de mayo, cuando todo el cristinismo duro arreciaba en las críticas contra el ex jefe de Gabinete de Macri, habla por sí sola. “Te necesito”, decía el mensaje del Presidente a Larreta, en un tono particular. Un estrecho colaborador presidencial intenta bajarle el tono: “Siempre tuvieron estilos distintos. En el gobierno K, Alberto hablaba con Clarín, con el campo, con los de ATE que denunciaban al Indec. No es nada nuevo su trato conciliador, y no es algo que piense abandonar: cuando tuvo diferencias con CFK renunció, y eso ella lo sabe”.

A la cercanía con Larreta hay que sumarle otro factor de poder -y, quizá, de futura tensión-: alguien que se preocupa en cultivar esa relación, y que también se ocupó de quedarse callado mientras pasaba la tormenta Vicentin, es Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados viene tejiendo en silencio, y con destreza, sus alianzas, y ahora tendrá una parada difícil, donde tendrá que juntar los votos para una expropiación que no comparte. En la resolución de ese debate en el recinto que preside podría haber una señal de la salud del Gobierno: ¿si le tocara resolver a él la votación habría un nuevo Cobos o jugaría sus fichas para el lado oficial? De cualquier manera, podría ser un parteaguas en la larga carrera del ex intendente de Tigre.

Peleas palaciegas. Pero la mayoría de las veces las batallas no las dan -ni las quieren dar- directamente ellos. “Entre Alberto y Cristina está bárbara la relación, ahora, de ahí para abajo nos vamos a arrancar los ojos como un buen gobierno peronista”, pronosticaba uno de los hombres fuertes del Instituto Patria unos meses atrás. Y tuvo razón. El caso del Ministerio de Justicia, por ejemplo, es paradigmático. Marcela Losardo, la abogada que es íntima amiga de Alberto desde hace décadas, intenta resistir los embates del kirchnerismo duro como puede, y eso que le había puesto a Fernández una condición para asumir: que no le coparan la cartera, una práctica que el gobierno K había ejecutado en el pasado con precisión quirúrgica. El Presidente no pudo -o no quiso pagar los platos rotos- y la presencia de Juan Martín Mena, el segundo del ministerio e íntimo de CFK, horada la gestión de Losardo, mientras que la tan prometida reforma judicial se hace desear. Quizá con el paso del tiempo se replantee esa decisión: uno de los pocos debates fuertes que tuvieron Cristina y Alberto, a fines de abril, y que trascendió la intimidad de su relación, involucró a Mena. Luego de que Nicolás Wiñazki publicara en el diario Clarín la primicia de que el secretario de Justicia tendría poder sobre el Acceso a la Información Pública, el área de esa cartera que se ocupa de dar respuesta a los pedidos de información oficial, cuentan que CFK entró hecha una furia a Olivos y le espetó al Presidente que algún miembro importante de su Gabinete había filtrado la información para dejar expuesto a su delfín judicial. Aunque el tema luego se diluyó y no pasó a mayores, esconde en sí una realidad: la vicepresidenta está autorizada a hacer fuertes reclamos cuando se le dé la gana, sobre todo en esa área. Es que, aunque es más que probable que jamás haya sido verbalizado, Fernández lleva un mandato implícito en su gobierno: ayudar a apagar los incendios judiciales que acechan a Cristina y a su familia para antes de 2023.

Un dato más sobre Justicia, donde no sólo gana lugares el cristinismo: Juan Grabois, el dirigente social que apoya al Gobierno aunque cada vez parece más rebelde (ver recuadro), logró colar a una mujer de su confianza en un área clave (el Centro de Acceso a la Justicia), y también da fe de cómo se lima la autoridad de Losardo.

La pelea por la designación de funcionarios, un tema que viene demorado -como se lo ha hecho saber CFK a Alberto-, es otro de los focos de conflicto. Ahí aparece de nuevo la vice haciendo su juego: en YPF, donde fue a parar el hombre al que Fernández quería como ministro de Economía, Guillermo Nielsen, colocó a Sergio Affronti como CEO, un hombre que le responde directamente en la que es una de las grandes cajas que controla el Estado. Eso se repitió con Fernanda Raverta en la Anses, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas y en el Pami, por nombrar algunas, mientras que hay al menos cinco ministros -Bauer, Rossi, De Pedro, Basterra y Salvarezza- que la sienten como su líder. Además de Sergio Berni, el secretario de Seguridad bonaerense que cuestiona casi a diario a su par nacional y desafía la autoridad presidencial. Ahí la apuesta es doble: en Olivos están convencidos de que el médico y militar no habla jamás sin la venia de CFK.

Afuera de esa puja de poder convive otra: la creciente presión de los sectores de poder que tuvieron roces con el cristinismo duro en el pasado por fundar el “albertismo”. Los sindicalistas Armando Cavalieri, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez ya se lo pidieron directamente al Presidente, quien, con la cintura que lo catapultó al lugar donde está, se salió del tema con elegancia. “No hay que fundar ni el albertismo, ni el cristinismo, sino el frentedetodismo”, pide un íntimo amigo presidencial que tiene cargo.

Final abierto. Tal vez el problema para entender cómo, al menos hasta ahora, se maneja el Gobierno sea más estructural que político: en una Argentina agrietada es difícil pensar -y creer- en fórmulas no binarias. Sobre todo tratándose del peronismo, un movimiento fundado por un general donde el respeto y la obediencia a la cadena vertical de mando están inscriptos en su ADN. Pero, a seis meses de llegar a la Casa Rosada, la dupla Fernández-Fernández amenaza con entrar a la historia como una novedosa fórmula de poder: Alberto no es un títere, pero se cuida mucho de no cruzar a CFK en temas sensibles, y ella no lo domina, pero tampoco se pasa los días mirando los estrenos de Netflix. Hay también una cuestión casi matemática: el kirchnerismo es el socio mayoritario, tanto en votos como en tropa, dentro del Frente de Todos, y entonces, como sucede en cualquier alianza política, es lógico que ocupe más relevancia que el resto. Y no sólo eso, sino que también es de esperar que el Gobierno se “vicentinice” con el paso del tiempo, es decir que el grupo con mayor presencia vaya imprimiéndole su carácter a los otros sectores e incluso al propio Presidente.

Sin embargo, el Frente de Todos no completó ni siquiera un cuarto de su mandato. A medida de que el Gobierno empieza a caminar las tensiones comienzan a aflorar, mientras que va creciendo el cansancio lógico de los políticos que lo integran, a la par que va bajando su paciencia para calmar las internas. La resolución a la pregunta más formulada en Argentina tendrá todavía que esperar, aunque una cosa es clara y no es nueva: si los deja de unir el amor los va a unir el espanto al llano, que suele venir acompañado, en este país, de causas judiciales y otras desgracias. La mitad del poder es mejor que nada de poder.

por Juan Luis González y Alejandro Rebossio

Fuente: Revista Noticias

26 junio, 2020
Encuesta exclusiva: el 84% de los productores agropecuarios rechaza la intervención y expropiación de Vicentin

La mayoría de los productores agropecuarios de la Argentina rechazan la intervención y posible expropiación de la agroexportadora Vicentin por parte del Gobierno de Alberto Fernández. Así, lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Synopsis para Infobae, entre más de 600 productores agropecuarios de todo el país.

A la hora de evaluar la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar una de las principales empresas exportadoras de granos del país, el 84,2% la consideró como negativa: un 75,2% de los consultados consideró la decisión como “muy mala” y un 9,0% adicional la consideró como mala. Solo el 9,2% de los consultados evaluó la decisión como positiva.

Por otro lado, solamente entre quienes no realizan alguna de las principales actividades agropecuarias (es decir, agricultura, ganadería o lechería), se registró un nivel de aprobación de la medida superior al 10%. En Santa Fe, la provincia más involucrada con la problemática ya que la empresa se encuentra radicada en dicho distrito, casi el 80% consideró la decisión como “muy mala”.

Ante el avance del Gobierno sobre la empresa, el sábado pasado miles de productores y ciudadanos realizaron un masivo “banderazo” en protesta a lo largo y ancho del país, que también se hizo sentir en las principales ciudades e inclusive en la Capital Federal.

Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, explicó a este medio: “Es evidente que el sector ha tomado el tema de Vicentin como bandera, como catalizadora de otras demandas y criticas hacia la política agropecuaria del gobierno, y más allá de los detalles técnicos de la cuestión y de la discusión específicamente sobre las circunstancias que atraviesa la empresa, posiblemente el sector haya transformado a Vicentin en una bandera de reclamo y de cuestionamientos en términos generales hacia la política agropecuaria que el gobierno viene manteniendo desde el inicio de su gestión”.

Visión “negativa” hacia la política agropecuaria del Gobierno

Además del contundente rechazo de los productores agropecuarios a la decisión del gobierno de intervenir y expropiar Vicentin, hubo una visión mayoritariamente negativa sobre las políticas aplicadas desde la Casa Rosada hacia el sector y del desempeño del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Según la encuesta, el 77,4% de los consultados consideró que la política del Gobierno para con el sector es negativa, de los cuales más de la mitad la remarcó como “muy mala”, mientras que solamente el 8,2% manifestó una evaluación positiva de la misma.

“En un contexto de valoración negativa, las consideraciones más positivas las recibe entre los que señala a las economías regionales y otras actividades agropecuarias fuera de las principales”, señaló el informe.

En cuanto a la gestión del titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, el 62,8% hizo una evaluación negativa de su gestión, mientras que el 8,4% la consideró positiva. Del total de la visión negativa hacia el desempeño de Basterra, el 37,2% evaluó a su gestión como “muy mala”, y el 21% la consideró como “regular”.

En materia de aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la política del gobierno recogió una evaluación negativa del 83,4%, y solo el 7,8% la aprueba. “La valoración es altamente negativa en las principales actividades agropecuarias, como la agricultura, ganadería y lechería, mientras que solo en el resto de las actividades la valoración positiva alcanza el 20%”, destacó el trabajo.

A la hora de considerar las demandas que emanan del sector, el 67,4% de los consultados sostiene la baja de impuestos como la principal demanda a la administración nacional. En segundo lugar, aparece lejos, la demanda de un mejoramiento del financiamiento productivo (11,5%), y en tercer lugar se ubica la mejora de la infraestructura productiva (10,4%).

Por otro lado, en relación a las expectativas que emanan del sector, el 64,6% de los consultados consideran que en los próximos cuatro años la producción agropecuaria empeorará mientras que solo un 10,4% considera que mejorará. El pesimismo es considerablemente más alto entre los agricultores que entre el resto de los productores.

Impacto del coronavirus en la actividad agropecuaria

Respecto al impacto de la pandemia del coronavirus en la producción agropecuaria, más de un 70% de los mencionados considera que la misma afectará su actividad productiva, un 58% sostuvo que la pandemia afectó algo su actividad productiva y un 13,2% que la pandemia afectó mucho su actividad.

El porcentaje más alto de afectación se registró en las provincias que no integran la región más productiva del país desde el punto de vista agropecuaria, donde 1 de cada 3 encuestados manifestó que la pandemia afectó mucho su actividad.

Con respecto a la expectativa sobre cómo afectará la pandemia a la actividad agropecuaria en general, el 55% consideró que la actividad se verá afectada en algún grado. Además, un 35,2% consideró que la actividad se podría contraer hasta un 20%, un 15,4% que se podrá contraer entre un 20% y un 40%, mientras que un 4,4% considera que se podría reducir más del 40%.

Ficha técnica de la encuesta

Los más pesimistas son los productores agropecuarios (casi el 60% cree que la actividad se verá afectada), mientras que los menos pesimistas son los lecheros, entre los cuales un 21,7% considera que la actividad aumentará por la pandemia.

Fuente: Infobae.com

26 junio, 2020
AFIP suspende embargos y no iniciará ejecuciones para dar alivio a las Pymes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó nuevas medidas de alivio y prorrogó hasta fines de julio próximo distintos beneficios vigentes, con el objetivo de amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio. A través de cuatro resoluciones generales publicadas este viernes 26 de junio en el Boletín Oficial, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont extendió las suspensiones de los embargos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y prorrogó la decisión no iniciar nuevas ejecuciones fiscales. De la misma manera, para facilitar las tareas de las empresas, la AFIP postergó hasta mediados de agosto la fecha para que las sociedades presenten sus estados contables. Entre las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el organismo también habilitó un mes adicional para que las sociedades y monotributistas adhieran al régimen de facilidades de pago de planes caducos. La Resolución General 4740/2020 prorroga hasta el 31 de julio de 2020 la suspensión de traba de medidas cautelares. Por su parte, la Resolución General 4741/2020, por su parte, suspende de la gestión judicial del cobro de las obligaciones tributarias hasta fines de julio, incluso en las jurisdicciones donde se levantó la feria judicial extraordinaria. Las sociedades que cerraron sus ejercicios fiscales entre noviembre y enero debían presentar estados contables entre mayo y junio. La Resolución General 4743/2020 de la AFIP trasladó esas obligaciones al 18 de agosto próximo. Por último, la Resolución General 4742/2020 extiende hasta finales de julio el plazo de adhesión al nuevo régimen de facilidades de pago que permite financiar las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social incluidas en planes caducos para empresas, monotributistas y autónomos. Desde el ente recaudador informaron que estas resoluciones buscan dar alivio a las pequeñas y medianas empresas en el contexto de la cuarentena dispuesta para frenar el avance del coronavirus.

Fuente: Perfil.com

26 junio, 2020
Un informe privado señaló que el desarrollo de Vaca Muerta está estancado, pero destacó que el Gobierno puede darle un nuevo impulso

Se presentó como la salvación para la economía argentina. La nueva soja, lo que iba a suplantar, y con creces, las divisas que aporta el sector agroexportador. Hoy, con unos años de desarrollo esa imagen sigue sin aparecer y Vaca Muerta navega muy cerca de la costa, lo que la llevaría a encallar.

Así lo entienden el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés), que en su último informe señala que Vaca Muerta, que era señalada como la solución para los problemas locales, ha detenido su desarrollo.

“La producción no convencional (fracturación hidráulica o fracking) impulsaría la economía del país y acabaría creando un lucrativo mercado de exportación. Pero la explotación de Vaca Muerta ha sido lenta en comparación con la de otras cuentas de esquisto, incluso antes de la destrucción de la demanda y de la abrupta caída de los precios del petróleo este año en todo el mundo. Ahora esta paralizada. Dependía de la inversión extranjera que se se ha materializado lentamente en los últimos años” explica el trabajo.

Según el IEEFA el desarrollo estuvo sustentando en las subvenciones estatales

La explotación de Vaca Muerta ha dependido de empresas en participación creadas por el estado y sociedades internacionales que “hasta ahora eran impulsadas son sustanciales subvenciones del Gobierno argentino”.

“La desaparición de esas subvenciones debido al deterioro de la situación fiscal de Argentina ha ido erosionando los compromisos de las empresas extranjeras con Argentina”. A partir de esto es que el informe señala que, sin una inversión “sustancial” por parte de las empresas, “no se pondrán en práctica los ambiciosos planes” para explotar el potencial de Vaca Muerta

Kathy Hipple, analista de IEEFA y autora del informe, ha dicho que Vaca Muerta estaba lejos de cumplir sus promesas incluso antes de que esos dos cataclismos sacudieran la industria energética. En ese sentido, señala que “el fracaso de la explotación de Vaca Muerta ofrece al presidente Alberto Fernández, una oportunidad única para cambiar de rumbo. Su Administración puede aprender del fracaso de la fractura hidráulica en la Cuenca Permian de EE. UU. y evitar el ciclo de auge y caída que parece cada vez más de caída que de auge”.

El informe señala que hay tres problemas principales para Vaca Muerta. El primero es que para aprovecharla “harán falta entre USD 15.000 y USD 20.000 millones por año. El año pasado las empresas tenían previsto invertir solamente USD 4.900 millones en Vaca Muerta, pero probablemente invirtieron menos debido a la inestabilidad política y económica.

Estiman que se necesitan inversiones por entre USD 15.000 y USD 20.000 millones por año para incentivar el crecimiento de Vaca Muerta

El segundo tiene que ver con las pérdidas. El trabajo cita que según IHS Markit, una empresa de investigación del mercado energético mundial con sede en Londres, los activos en Vaca Muerta perderán USD 13.000 millones como consecuencia de la baja del precio del petróleo de USD 60 a 30 dólares por barril. La misma empresa de investigación también predice que la producción no convencional de petróleo en Argentina “caerá más del 30% con respecto al año pasado, quedándose en 90 000 barriles diarios” y recuerda que la administración de Mauricio Macri “había pedido que la producción llegara a más de 150 000 barriles por día”.

“Estas constataciones y las cifras de producción recientes indican que el Plan Energético Argentino de 2018, formulado durante el mandato del Macri, no está saliendo como se esperaba y que el nuevo presidente tiene que volver a escribir el futuro energético de Argentina”, dijo Tom Sanzillo, coautor del informe. “La nueva Administración de Argentina tiene la oportunidad de considerar enfoques alternativos para satisfacer las necesidades energéticas del país y favorecer la recuperación económica”, sentencia.

Fuente: Infobae.com

26 junio, 2020
Municipio de 3 de Febrero: Pacientes recuperados de Covid-19 pueden donar plasma en Tres de Febrero
Los pacientes que se hayan recuperado de coronavirus pueden donar plasma en el nuevo Centro Regional de Hemoterapia y ayudar a quienes todavía están dándole batalla a esta enfermedad. Quienes cuenten con el alta médica y deseen colaborar para salvar vidas, se pueden sumar a través de este formulario electrónico y coordinar un turno en el nuevo espacio de la salud ubicado en Besares 4550, Ciudadela.

El proceso de la donación de plasma se realiza en el centro que fue inaugurado la semana pasada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Forma parte del Sistema Provincial de Hemoterapia y su objetivo es unificar estándares de seguridad, calidad y disponibilidad de hemocomponentes (sangre, plasma, plaquetas, glóbulos rojos y crioprecipitados) para abastecer a 67 hospitales públicos de la zona.

Depende del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires que, junto al CUCAIBA, se está encargando de trabajar en este tratamiento para la recuperación de pacientes afectados. El plasma, rico en anticuerpos, es un componente de la sangre que se obtiene mediante el proceso de aféresis. Quienes se recuperaron de coronavirus y desean donar pueden informarse llamando a CUCAIBA al 0800-222-0101.
Municipio de Tres de Feberero | Noticias – Salud
26 junio, 2020
Qué dijo (y qué no dijo) la Cámara Electoral sobre los próximos comicios

La Cámara Nacional Electoral emitió una acordada extraordinaria encaminada a prever, con antelación suficiente, las medidas a adoptar para la celebración de elecciones en la post pandemia.

La acordada responde al ejercicio responsable del deber de previsión o debida diligencia del Tribunal, pone en marcha instancias de consulta científica e institucional para prever lo necesario a fin de garantizar que las elecciones del año próximo se realicen en un marco de seguridad sanitaria suficiente, y solicita, consecuentemente, que se consideren los aspectos presupuestarios y administrativos que permitan disponer las medidas que eventualmente deban tener lugar como consecuencia de la situación imperante en cada etapa del proceso electoral y en cada región del país.

La resolución generó una inexplicable polémica y se le atribuyeron finalidades ajenas, no solo al texto, sino a la competencia del Tribunal.

Para entender la pertinencia y la oportunidad de la acordada debemos tener en cuenta que la máxima autoridad electoral del país es un órgano judicial y que, en una situación sin precedentes, de los 174 días del año 2020, 127 fueron de feria judicial (31 de feria de enero y 96 de feria extraordinaria) y aún no sabemos ni cuando ni a que ritmo se reiniciará la actividad judicial en particular y gubernamental en general.

La prolongada feria judicial no implicó la paralización total de las actividades del fuero electoral. La Cámara ha celebrado acuerdos durante este período, ha implementado un sistema de teletrabajo que permite a los Juzgados y Secretarías Electorales de todo el país no retrasarse con las actividades críticas como la actualización del registro nacional de electores (base del padrón electoral), pero advierte que la situación sanitaria internacional tendrá un impacto en actividades preelectorales y electorales para los que deben adoptarse medidas especiales, las que deben planificarse con tiempo suficiente para no afectar el ejercicio de los derechos políticos.

El texto comienza haciendo referencia a la función rectora del Tribunal en materia electoral y su tradicional práctica de disponer medidas preparatorias de las elecciones desde hace muchos años; asimismo, menciona las acordadas ya dictadas en virtud de la pandemia con la finalidad de no detener el trabajo durante la feria. De esta manera, la acordada 33 no es la primera reacción del fuero electoral a la emergencia, sino una consecuencia lógica del cronograma preparatorio de las elecciones 2021.

Se mencionan países que debieron posponer elecciones porque la pandemia sorprendió a los órganos electorales en una situación en que no podían adoptarse las medidas sanitarias que el actual escenario exige, situación que busca evitarse mediante la puesta en marcha con tiempo suficiente de las acciones contenidas en la resolución.

Con la finalidad de asegurar la celebración de las elecciones en las fechas previstas, que expresamente cita en los considerandos, la acordada hace referencia a notas dirigidas a los Ministerios del Interior y de Justicia a los efectos de tener en cuenta la previsión presupuestaria, y de Salud, para solicitar apoyo científico con el objeto de evaluar las “las mejores condiciones de prevención y resguardo de la salud de la ciudadanía”.

Asimismo, crea en el Tribunal un Programa para evaluar el posible impacto de la pandemia de COVID-19 en el proceso electoral del año 2021, además de conformar un grupo de trabajo con los otros actores estatales involucrados en las operaciones electorales. Esta medida está presente en la totalidad de las recomendaciones internacionales sobre celebración de elecciones en contextos de pandemia y postpandemia

Menciona asimismo que se convocará “la Reunión de jueces y secretarios de la justicia nacional electoral; los Encuentros de Secretarias y Secretarios de la justicia nacional y de la Comisión de Gestión del fuero; como así también el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, y el foro de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de la Sociedad Civil (OSC)”, instancias de participación que ya funcionan en el fuero electoral desde hace varios ciclos electorales.

Un aspecto a tener en cuenta en lo relativo a la oportunidad de este pronunciamiento se refiere a la mecánica de elaboración del presupuesto.

De acuerdo al artículo 26 de la Ley 24.156 el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley de presupuesto antes del 15 de setiembre del año anterior. Para ello, entre julio y agosto deben preverse los recursos que serán necesarios para afrontar la actividad estatal. Resulta pertinente entonces que ante la alta probabilidad de tener que adoptar medidas especiales para la celebración de las elecciones, la Cámara advierta esta circunstancia en el período de elaboración presupuestaria.

Lo que resulta más llamativo de las especulaciones a que dio lugar esta acordada es su supuesta finalidad de alterar las fechas u oportunidades electorales. En la República Argentina, la fecha de celebración de elecciones está dispuesta por la ley –Código Electoral Nacional y otras normas complementarias – y, consecuentemente, requiere de otra ley aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados por una mayoría especial para poder ser modificadas. La eventual suspensión de las PASO, de la que tanto se habló no es resorte de la Cámara Electoral sino del Congreso de la Nación.

En conclusión, la finalidad de la acordada es establecer una hoja de ruta para poder organizar y celebrar elecciones con las garantías sanitarias necesarias en la situación de pandemia que vivimos y al eventual etapa de post pandemia que abarcará el año 2021.

El autor es profesor de Derecho Electoral y Miembro del Grupo Internacional de Expertos COVID-19 y elecciones de la Red Mundial de Justicia Electoral.

Fuente: Infobae.com Alejandro Tullio

26 junio, 2020
Cómo está la negociación de la deuda con cada uno de los grupos de bonistas: planteo oficial, exigencias y la amenaza de un mayor default

La situación entre el Gobierno y los acreedores está partida en tres: muy cerca del grupo de Fintech y Gramercy, a mitad de camino con los Exchange Bondholders y, todavía, muy lejos del comité liderado por BlackRock.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que un potencial acuerdo con el comité de Fintech, Gramercy, Greylock y Hans Humes “está más cerca, pero falta” para sellarlo. Desde un principio, este grupo exhibió una postura más dialoguista y días atrás dijeron que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, ya que la diferencia en el valor nominal de su oferta y la del Gobierno era mínima. De hecho, la semana pasada se sorprendieron por la ruptura del diálogo cuando afirmaban estar muy cerca.

Hans Humes, el ejecutivo que quiere acordar con el Gobierno

Al respecto, precisaron que estaban dispuestos a aceptar el valor de 49,9 dólares más el cupón presentado por el equipo de Martín Guzmán.

Pero hoy al mediodía aclararon que, pese a los trascendidos, todavía no llegaron a un acuerdo.

En el caso de los Exchange Bondholders, que tienen bonos del canje 2005, las fuentes oficiales indicaron que están a mitad de camino, entre Fintech y Blackrock, pero aclararon que el diálogo con este comité que lidera Monarch Capital “va avanzando”.

El abogado de este grupo es Dennis Hranitzky, ex representante legal del fondo buitre de Paul Singer ante la Argentina en el juicio que el gobierno perdió en 2014. Hranitzky le advirtió en aquel entonces a importantes funcionarios que haría “todo lo posible” para que paguen, incluyendo investigaciones sobre su patrimonio y ahora habría repetido esta táctica, según fuentes allegadas a la negociación.

Dennis Hranitzky, abogado de un comité de acreedores, sigue una estrategia agresiva

En el mercado precisaron que la diferencia entre los Exchange Bondholders y Economía es de 5 dólares, más determinar cuál es la valuación precisa del “endulzante”, o valor de recuperación, es decir, el cupón ligado al PBI o a las exportaciones. “Economía no explicó cómo se valúa ese título y por lo tanto los bonistas no saben qué les agrega”, explicó un economista al tanto de las negociaciones.

Además, en el caso del cupón ligado al PBI, hay varios juicios en Nueva York a raíz de la manipulación de las estadísticas de crecimiento registradas durante el kirchnerismo a partir de 2007. Y el ligado a las exportaciones les resulta “demasiado exótico” como lo definieron desde Nueva York.

¿Cuál es la situación con el comité Ad Hoc, liderado por BlackRock? El ministro Guzmán ratificó que es con quien más lejos están en términos de un potencial acuerdo y la duda es si Economía no quiere avanzar sin ellos, en una estrategia de “canjes parciales”. Eso es lo que le habría transmitido el ministro al presidente Alberto Fernández y que generó los rumores horas atrás en el mercado sobre un potencial anuncio por parte del jefe del Estado.

¿Cuál es la desventaja de este camino?: no se alcanzaría la mayoría para salir del default y el país se expone a que, quienes no acepten el canje, aceleren la deuda -quieran cobrarla ya- y no se llegue a las mayorías requeridas por las cláusulas de acción colectiva (CACs) introducidas en los canjes previos del país.

Larry Fink, líder de Blackrock, el fondo más importante de Wall Street

De hecho, calificadas fuentes del mercado afirman que el fondo que lidera Larry Fink está más cerca de apelar a este camino (y a presentar una demanda judicial) que hace una semana atrás.

El ministro explicó que la brecha con BlackRock es más legal que financiera. En realidad, ambos factores son complementarios: hay una diferencia importante en el valor nominal de ambas ofertas y, además, el fondo más poderoso de Wall Street y, con más énfasis, su socio, Ashmore, quieren que les otorguen la misma inmunidad legal a los bonos del 2016 que a los del 2005.

Allí surgen dos preguntas: ¿por qué este grupo presentó esta exigencia recién cuando parecía que las partes estaban más cerca de un acuerdo y no al principio? y ¿cuán importante es para este comité esa cláusula como para insistir hasta el final con este tema y no llegar a un acuerdo?

Ambas preguntas tienen una respuesta entrelazada, según fuentes de uno de los fondos que integran este comité. BlackRock -como varios otros fondos- ya no quieren negociar con Guzmán y afirman que el ministro (y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos) diseñaron una estrategia de “reasignación” de bonos que desprotege los derechos legales de los tenedores. “La garantía para evitar esto es el indenture del 2005, para evitar la estrategia Pac Man diseñada por Economía, que quiere aprovecharse de la ley, no respetarla”, explicó la fuente desde Nueva York.

Sergio Chodos y Martín Guzmán, señalados por los inversores como los responsables de trabar un acuerdo y de diseñar cláusulas «abusivas»

“Esa decisión de Argentina introduce un antecedente muy complicado para cualquier otra reestructuración, no solo referida a las CACs”, afirmó la fuente.

Por lo tanto, ¿qué pide el fondo de Larry Fink?: que se vaya marcha atrás con el mecanismo de reasignación, que se reintroduzca la cláusula del Pari Passu en su versión más amplia y que se amplíen los bienes potencialmente embargables en caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.

BlackRock quiere, entre otros ejes, que se amplíen los bienes que pueden ser embargados en el exterior si el Gobierno no paga

“Si un gobierno utiliza una cláusula que se diseñó para evitar holdouts con un fin poco transparente, la respuesta es que queremos más protección legal. Este acuerdo que se firme ahora no lo va a pagar Guzmán, lo va a pagar la Argentina a lo largo de muchos años, después de un gobierno que intenta expropiar una empresa y en el medio de una salida de inversores por las medidas que se están adoptando”, detalló la fuente ligada a BlackRock.

Esto, aclaran, se traduce en un valor mayor de la oferta que el que pretende ofrecer la Argentina. Sin decirlo, admiten que, si el Gobierno ofreciera un valor nominal bastante mayor que los 50 que puso sobre la mesa la última vez, tal vez sacarían de la discusión todas estas exigencias que, saben, son muy difíciles de conceder por parte del deudor. Y que, además, posiblemente no le hagan nada de gracia ni al Tesoro de los Estados Unidos ni al Fondo Monetario Internacional (FMI), que se empeñaron mucho en blindar las reestructuraciones soberanas luego de los defaults de fines de los 90 y principios de este siglo, sobre todo con el caso argentino.

Sobre todo, parece improbable que el Gobierno permita habilitar una vía que, en el futuro, les permita a los acreedores que un juez inteprete la cláusula Pari Passu como Thomas Griesa, cuando sentenció que la Argentina no podía seguir pagándole a quienes ingresaron en los canjes 2005 y 2010 hasta que no saldara su pago con los fondos buitre.

En la anterior batalla legal entre los bonistas y el país, el juez Thomas Griesa, optó por una definició del Pari Passu llevó al país a otro default

Tampoco parece posible que el Gobierno acepte ampliar la lista de activos embargables, cediendo inmunidad diplomática, luego de los antecedentes de la dura batalla legal que se llevó adelante hasta 2016.

Sin embargo, BlackRock y Ashmore ya parecen decididos: si no hay acercamiento, jugarán a fondo. Y es difícil pensar que los otros fondos importantes involucrados en esta negociación harán algo diferente a lo que pretenden hacer los jugadores más fuertes. Entre otros motivos, porque el ministro, en vez de dividirlos, por ahora logró cohesionarlos más que antes.

En tanto, en la red Twitter, el ex negociador Marcelo Blanco dijo que la “clave del acuerdo es alcanzar mayorías de CACs. El gobierno preocupado por el límite de US$49.9. Propongo que el gobierno paga un fee upfront 2%, solo si se alcanzan mayorías. Acreedores, a cambio, se comprometen financiar ese pago con un bono 10 años al 2% si Argentina rinde menos de 9 por ciento”.

Lejos de aquel mundo apocalíptico plagado de cesaciones de pago en los países emergentes que presagiaron Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs y el propio Guzmán, la liquidez es lo que sobra. Y, por esta razón, los expertos le piden al Gobierno que aproveche el contexto para cerrar el acuerdo y dejar atrás el default que comenzó el 22 de mayo y que va a camino a profundizarse en las próximas semanas.

Fuente: Infobae.com

26 junio, 2020
Las empresas ya pueden inscribirse en el ATP para el pago de salarios de junio

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó este viernes 26 de junio el sistema de registro online para que las empresas se adhieran al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios de junio que se devengan en julio. Tal como lo informó el ente recaudador a través de un comunicado oficial, los empleadores que requieran la asistencia estatal para el pago de los salarios de junio tendrán tiempo -en esta oportunidad- para solicitarlo hasta el 3 de julio próximo, inclusive, y deberán hacerlo mediante la inscripción con clave fiscal en el sitio oficial del organismo: afip.gob.ar. Como en las ediciones anteriores del Programa ATP, la AFIP solicita que todas las empresas se registren, incluso aquellas que hubieran realizado el procedimiento en los meses anteriores. Vale recordar que en Junio regirán nuevos criterios para acceder al Salario Complementario correspondiente y los mismo fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP. Entre las precisiones de esta nueva fase de ayuda estatal para los trabajadores privados, vale destacar que la tercera versión de los ATP diferenciará entre sectores críticos de la economía, como hotelería y turismo, y entre zonas que están en fase de distanciamiento o aislamiento social, es decir, DISPO o ASPO. El programa ATP seguirá vigente en el AMBA y zonas sometidas al Aislamiento Social En zonas de distanciamiento social el ATP seguirá cubriendo el 50% del salario pero sólo hasta un salario mínimo, es decir, la mitad de lo que dictaban la primera y segunda versión del subsidio. Paralelamente, se resolvió que sólo estarán alcanzadas por el ATP las empresas que tengan menos de 800 trabajadores. En el caso de las zonas más afectadas por la pandemia, como el AMBA, Resistencia (Chaco) y distintas localidades de Córdoba y Río Negro, el ATP continuará igual: cubrirá el 50% del salario hasta dos salarios mínimos. Lo mismo sucederá en el caso de los sectores que no están funcionando o tienen muy reducida su facturación por la pandemia, como es el caso de la Hotelería y el Turismo, independientemente de la zona territorial en el que se encuentren. Los empleadores registrados en el programa ATP que todavía no lo hubieran hecho, deberán informar una CBU para cada uno de sus trabajadores y trabajadoras. La carga de la información se realiza a través del servicio web “Simplificación Registral”. Desde la AFIP informaron que no es necesario que sea una cuenta sueldo sino que puede ser cualquier cuenta bancaria válida donde el trabajador o la trabajadora figure como titular o cotitular.

Fuente: Perfil.com

26 junio, 2020
El gobierno porteño adelantó que la nueva cuarentena tendrá una fecha de finalización concreta

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dio algunos indicios de las características que tendrá la nueva cuarentena que anunciarán este mediodía el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

En el reporte que presenta dos veces por semanas con estadísticas sobre el avance del coronavirus, el funcionario planteó que la nueva fase de confinamiento con características más estrictas a las actuales tendrá fechas de inicio y de finalización bien definidas. La posibilidad de una cuarentena dura indefinida era uno de las conjeturas que había provocado algunas discusiones entre los expertos en las últimas horas.

“Las reuniones de los últimos fueron muy buenas. Políticamente hemos podido encontrar una mirada común sobre una estrategia metropolitana con mayor nivel de restricciones y diferencias operativas de cada lado. Ese mayor nivel de restricción va a ser explicado por el Presidente y tendrá un inicio y un final bien definido”, adelantó Quirós.

Según anticipó Infobae, la fecha de comienzo de la nueva fase será el 1° de julio y no el lunes 29 como se especulaba en un principio.

Esta tarde se conocerán las nuevas medidas sobre la cuarentena en el AMBA

“¿Cómo le van a explicar a la ciudadanía las nuevas restricciones después de 100 días de cuarentena?”, le preguntaron a Quirós en la conferencia de prensa que brindó este viernes.

– Desde el primer día dijimos que estamos transitando una pandemia que nadie ha transitado en su vida, que ha generado un daño en todas las dimensiones del ser humano y en todos los países del mundo. Nosotros somos parte del planeta. La situación es inédita y dilemática. Todas las medidas que ofrecemos generan algún daño o le quitan algún derecho o alguna libertad a un subgrupo de la sociedad. Somos respetuosos de la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Sabemos que llevamos cien días y a la gente le cuesta sostener, a algunas mas y a otras menos. Entonces nosotros vamos a seguir con el mismo camino: vamos a analizar todas las propuestas, vamos a mostrar toda la información y vamos a explicar las medidas que adoptemos.

Quirós añadió que ha tenido un conjunto de “muy buenas reuniones” con Ginés González García y con Daniel Gollán, ministros de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. “Venimos teniendo reuniones a diario y discutiendo y acordando cuales son los ejes de las nuevas medidas”, añadió.

“Hemos insistido que necesitamos una estrategia metropolitana, con acciones tácticas y operativas diferentes en cada lado. Necesitamos mayor nivel de restricción y ese mayor nivel de restricción debe ser informado y explicado en detalle, algo que harán en las próximas horas por el presidente, el gobernador y jefe de gobierno, con un inicio y un final bien definido”, reiteró el funcionario porteño.

Al ser consultado sobre el aumento de casos positivos principalmente en el AMBA, Quirós señaló: “Siempre dije que lo peor está por venir. Si el R es mayor a 1, significa que mañana vamos a tener más casos que hoy. Los datos de las próximas dos o tres semanas vana ser determinante para ver cómo seguir”.

“Esta enfermedad en todos lados, tuvo ascensos y descenso; en algunos países fue vertical y en otros horizontal. El pico es cuando comienzan a descender los casos, por ahora sigue por arriba de 1, eso quiere decir que mañana vamos a tener más enfermos que hoy”, enfatizó.

“El pico habrá pasado cuando el R esté por debajo de 1 durante 7 o 10 días. Por eso necesitamos un esfuerzo para que baja y si lo sostenemos un par de días o semanas, podremos decir que lo peor ya pasó, pero nadie puede asegurar cuándo será el pico”, afirmó.

Quirós se refirió a los tratamientos con plasma

Finalmente, Quirós explicó que no está comprobada científicamente la seguridad (si genera más beneficio que daño) y eficacia (para efectivamente utilizarlo como tratamiento) del plasma convaleciente para tratar el coronavirus.

“Acá no es una cuestión de expectativas. Los profesionales prescribimos medicamentos que tienen probada su seguridad y su eficacia. Si se comprobara, claro que va a ser muy importante y se promocionará su donación por todos lados como hacemos con los glóbulos rojos. Yo no veo que el acceso a este bien sea un problema este aspecto”, dijo el ministro.

Además, adelantó que hay algunos desarrollos de suero en caballos, que es otra metodología que tiene la misma utilidad que el plasma de convalecientes. “Tiene la gran ventaja de que el caballo fabrica mucho más anticuerpos que el ser humano. Yo creo que las soluciones técnicas van a estar rápidamente. Acá se trata de estar seguros de que lo que estamos aplicando genera más beneficios que daño. Parece razonable que así sea, pero tenemos que probarlo”, concluyó.

Fuente: Infobae.com

26 junio, 2020
Funes de Rioja y el aguinaldo: «Es un hecho, hay gente que no podrá pagarlo todo junto»

Las industrias enfrentan un panorama complejo, más allá de estar muchas en zonas de Distanciamiento Social y con «relativa normalidad». Sin embargo, como bien explica el Dr. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, y presidente de la COPAL «Que haya actividad normal no significa que haya mercado normal». Y en este compendio de situaciones se van sumando cada vez más empresas con problemas de caja. En el cortísimo plazo, está por delante el pago de los aguinaldos, y en virtud de que el gobierno decidió que no habrá ayudas con el Programa ATP para estos fines, Daniel Funes de Rioja explica lo que a su entender es una realidad: «Lo decimos desde mayo. No se trata de una cuestión perversa, sino que se venía de una situación del último año y medio con una contracción tremenda de la actividad, sin capital de trabajo y se le sumó la pandemia», explicó, y agregó: «En marzo-abril hubo cheques rechazados por muchos lados, se cortaron las cadenas de pago, por ende en este contexto ya veníamos percibiendo (la situación) y lo plasmamos en una encuesta. El 50% de las empresas dijo que no pueden pagar el aguinaldo en término y 25% dice que sólo puede pagar una parte», agregó Sin la ayuda oficial, para el vice de la UIA el camino que queda es «negociar con los sindicatos el pago en cuotas en el marco de la Ley de Pequeña Empresa. Los sindicatos dicen «No negociamos». La idea es informar, que sepa el gobierno. Esto es un hecho. No es que esté amenazando, simplemente estoy transmitiendo la postura de que hay gente que no va a poder pagarlo todo junto, que lo pagará en las cuotas que pueda», alertó el empresario. El Congreso pagará el aguinaldo en tres cuotas a empleados con salarios mayores a $80.000 E indicó: «El gobierno tiene que entender que a nosotros no nos lo da, y ellos lo pagan en cuotas, entonces que al menos, en la medida en que sea en un término razonable, no haya inspecciones o sanciones con las empresas. Porque acá se reacciona por la pandemia, que es una cuestión de fuerza mayor», agregó. En una charla extensa con PERFIL, el vice de la UIA admitió que en las fábricas «están conjugando producción con prevención», y destacó la gran labor que se implementa con los protocolos de trabajo para mantenerse en actividad. – Ante la posibilidad de volver a una cuarentena estricta.¿cómo lo analizan? – Nosotros estamos trabajando en las fábricas con protocolos de prevención y transporte muy estrictos para evitar los grandes conglomerados o aglomeraciones. Tenemos eso y los protocolos para la actividad. Es muy poco probable que el contagio se produzca dentro del lugar del trabajo. Normalmente, el (empleado/ operario) que está con sospecha ingresa en la fase de los protocolos. Además, la gente actúa colectivamente, con lo cual lo sabemos antes. Puede haber algún caso de contagio de más de uno, pero es excepcional y lo digo desde el 20 de marzo a la fecha. Me parece que estamos en una pandemia de tres velocidades de la fase 1, 2 de la fase 3 y de la Fase 4,5. Si uno está en fase 4 o 5, evidentemente ya está casi con actividad normal aunque no significa no tomar precauciones ni la distancia social, pero tampoco es el aislamiento. Por ende. lo que pensamos es que hay actividades industriales que aunque se tomen medidas rigurosas para evitar contagios por circulación podrían seguir perfectamente manteniendo los protocolos No es que estemos privilegiando la producción sobre prevención, sino que estamos convencidos que estamos conjugando producción con prevención. – ¿Hubo casos de contagio en fábrica por Covid en esta etapa de trabajo con protocolos?- -En lo que tengo más información que es en la industria de la alimentación, hubo un caso en frigorífico de trabajadores que se contagiaron a la salida tomando de una misma botella y hubo otro caso de hace pocos días pero fue en un asado familiar, y al día siguiente se activaron los protocolos para aislar al grupo de contacto y se hicieron los controles e hisopados y no hubo contagio. Y otro caso reciente no tan claro de siete casos en una empresa agroindustrial y no está claro si se contagiaron adentro o afuera porque el pueblo y la planta están interactuando permanentemente. – ¿Se podría decir que con los protocolos con los cuales se trabaja no hay riesgos de contagio? – Se lo digo hasta con cierta vanidad y orgullo, porque hasta ahora hemos tenido una gran disciplina empresarial y de la gente. Esto debo señalarlo. La gente se lo tomó muy en serio de entrada. Me ha sorprendido el disciplinamiento social del día 20 de marzo. Estoy en el comité de crisis de la UIA y tenía la experiencia de la industria de la alimentación, con lo cual discutimos el trasvasamiento de todo esto y cuando abrieron las automotrices, se fue dando un enriquecimiento con cada protocolo particular. Volkswagen, por ejemplo, puso en sus plantas el mismo protocolo que el mismo día se ponía en funcionamiento en todo el mundo. En ese sentido las cosas funcionan bien. Somos todos conscientes de la necesidad de conjugar producción con prevención, pero sin prevención no hay producción. Si no se hubieran organizado los tiempos de trabajo y los equipos de forma tal de graduar la presencia en los vestuarios, sanitizar entre turnos, disponer el uso de comedores, y muchas cosas que se hicieron que quizá en la industria de la alimentación son más altas por la naturaleza misma de la actividad, pero lo vimos tambíen en otras actividades capital intensivo. – Ya se analiza en el mundo cuánto le va a costar a las empresas readecuarse para volver a la actividad ¿Piensan en eso también? – Esto ha tenido un costo. Hoy, entre los costos de la alimentación aparece (el sostener en actividad a) una es la cantidad de gente llamada crítica, algo así como el 30% de las dotaciones sea por edad, por enfermedad preexistente no trabaja, o las trabajadoras embarazadas y las que tienen al cuidado menores. Todo eso implica un costo. Hubo que mantener el salario durante la suspensión. Se estableció que eso era con cargo a las empresas con el eventual atenuante del ATP. Y en segundo lugar que las fábricas trabajan a a escala de producción regidas por la demanda que es baja, aún en alimentos o farmaceútica. Fideos arroz, harina, azúcar, leche y yerba son los que tienen más demanda. Todo lo que se llama «mercado impulsivo» está parado (golosinas, alimentos congelados, conservas, etc). Y obviamente hay otras actividades como vestimenta, calzado, juguetes, detenidas porque, por lo visto, si uno no sale, no lo compra. Recién ahora estamos entrando en el circuito de la compra a distancia. Que haya actividad normal no significa que haya mercado normal. – ¿Que piensan de la fase 3 de los ATP? – Ya nos lo había anunciado pero no delineado. Entendemos las limitaciones presupuestarias. Recordamos que esto es un auxilio al ingreso del trabajador, no al capital de trabajo de la empresa, por eso se deposita en cuenta sueldo y en realidad, el ideal de Argentina es que tuviera un seguro de desempleo como Uruguay que cubre no sólo la desocupación sino la suspensión. Con esto no rescatan la empresa sino rescatan el empleo en un marco de prohibición de suspensiones y despidos y duplicación indemnisatoria, donde es poco el espacio que le queda al empresario. – ¿Cómo ve la situación industrial al futuro? Habrá muchos cierres? – Con la industria vemos una situación compleja pero estamos en permanente contacto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con el de Trabajo y esperamos seguir trabajando en conjunto para ir articulando mecanismos financieros y de reactivación de determinados sectores. Teniendo en cuenta la profundidad de la crisis que nos va a dejar la pandemia por su intensidad y por su duración, hay que generar incentivos para diseñar un programa de desarrollo sustentable con el eje productivo y el eje integrativo de todos los sectores, entre ellos cuentapropistas, comercios, microempresas, gastronómicos. El sector privado que es el que puede dinamizar la economía encuentre no una tabla de salvación sino un modelo hacia el cual proyectar de desarrollo basado en la inciativa privada. – ¿Cuál es el rol de la iniciativa privada entonces? En especial en meses en que el Estado ha tenido un rol tan preponderante… – Estado y privados tienen cada uno un rol. En la emergencia como tsunami, no cabe la menor duda que le dan al Estado un rol relevante. Pero es relevante que ese rol se asuma pero para restituir la normalidad, o para ir hacia la nueva normalidad. No puede ser simplemente que volvamos a estar como estábamos 10 de marzo porque ya venimos estancados en exportaciones entre 2009/10; sin crecimiento de la economía. Acá hay que dar dos pasos, el de la supervivencia y el otro, el paso del desarrollo, con un rol muy claro hacia la inciativa privada. – Habrá otras discusiones luego de la pandemia. ¿Qué necesita la actividad privada para entrar en funcionamiento? Establecería las prioridades en tres ejes: El Estado de derecho: respeto de las normas a nivel ciudadano para que haya inversión de los argentinos e inversión extranjera directa; ojo que digo inversión, no especulación. El rol de la iniciativa privada. Esto que se escucha estos días de que el Estado debe ser formador de precios testigo (de los granos o alimentos) no es así. El Estado debe tener los instrumentos que son la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor y otros para controlar que efectivamente los mercados funcionen. No ser el mercado. Fijar las grandes directrices de aquellos sectores que son estratégicos para el país como el sector primario, el energético, el alimenticio o la minería. Es decir definir hacia dónde hay que dirigir los mayores estímulos para producir las divisas que la Argentina necesita para renacer en serio.

Fuente: Perfil.com

26 junio, 2020