Autor: Jorge Alfredo Baret

QUITO.- Dos largos días después de los comicios, y con la tensión en aumento entre los seguidores de los principales candidatos, quedó confirmado ayer que habrá segunda vuelta en Ecuador, donde el oficialista Lenín Moreno definirá la presidencia con el opositor de centroderecha Guillermo Lasso.

«Tenemos una tendencia marcada», declaró el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, tras escrutarse el 96% de los votos. Y agregó que, si bien falta un puñado de urnas, «ya no es posible» otro desenlace.

Moreno, el hombre designado por el oficialismo para suceder a Rafael Correa, arañó los votos que necesitaba para imponerse en primera vuelta. Para resultar ganador precisaba, según la ley electoral, el 40% de los votos y un 10% de diferencia con el segundo. Pero ayer sumaba el 39,26% de los votos contra el 28,3% de Lasso, y ahora enfrentará un escenario muy distinto, posiblemente adverso, en el ballottage del próximo 2 de abril.

Los seguidores de los dos candidatos hicieron una larga vigilia desde el domingo, frente a las sedes del CNE en la capital y otras ciudades del país, para manifestar su disconformidad por la demora del conteo que nadie supo explicar con solvencia. Incluso los grupos se lanzaron reclamos mutuos, pero no se llegó a la violencia.

Donde sí se libró una batalla más virulenta fue en las redes sociales, donde hubo insólitas versiones como el rumor que daba cuenta de una presunta sublevación de oficiales en las fuerzas armadas.

Los rumores sumaron tensión a un clima de incierta expectativa por la insólita lentitud del escrutinio del domingo, en un país que no olvida la inestabilidad política e institucional en la que vivió hasta la llegada de Correa al poder, en 2006, quien logró consolidarse con una amplia base social al precio de tendencias autoritarias.

«El Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recomiendan a los medios y a los ciudadanos remitirse únicamente a las fuentes oficiales de información para no afectar el proceso democrático», señalaron las fuerzas armadas en un comunicado donde desmintieron las versiones de una insurrección.

«Llamamos a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas», agregó el texto, donde se pidió «un ágil y transparente escrutinio electoral por el bien de la convivencia pacífica de la patria».

Dirigentes del partido de Lasso y de otras agrupaciones opositoras siguieron de cerca el tortuoso conteo tras el voto del domingo, que funcionó como una suerte de plebiscito, donde 9,8 millones de personas decidieron entre la continuidad del modelo socialista de Correa o un cambio de timón hacia una economía de libre mercado.

Moreno, que durante la campaña buscó desmarcarse del estilo confrontativo de Correa y de las acusaciones de corrupción de su gobierno, se resignó a la segunda vuelta, donde sus chances son más reducidas debido a la polarización que generó Correa.

«Estamos preparados» para el ballottage, dijo Moreno. «Me fascina la idea» de volver al contacto con la gente en la campaña, agregó.

Lasso, por su parte, pidió a sus seguidores mantenerse «en vigilia, pero en paz» hasta el final del conteo y camino a la segunda vuelta. Decidido a capitalizar el desencanto de buena parte de la población con el oficialismo, le pidió al resto de los seis candidatos opositores unirse para asegurar el triunfo. Ya tiene el respaldo Cynthia Valeri, que terminó tercera, con el 16,3% de los votos. Entre los dos sumaron más del 44% de las preferencias.

Sin embargo el empresario financiero, accionista del Banco Guayaquil, aún despierta recelo en parte de la población ecuatoriana, que lo asocia con la crisis financiera de 1999, la cual obligó a miles de ecuatorianos a emigrar dejando atrás un país sumido en el desempleo y la inflación.

En los comicios del domingo también se votó por renovar los 137 miembros del Congreso, y los resultados preliminares mostraban a la oficialista Alianza País a la cabeza con el 39% de los escaños, seguida de la alianza de partidos de centroderecha CREO-SUMA, que apoyó la candidatura de Lasso, con el 21% de los escaños.

Los dos que van por el triunfo

Lenín Moreno

Candidato de Alianza País

39,2%

Total de votos

Arañó el 40% que precisaba para ganar en primera vuelta

Guillermo Lasso

Candidato de Creo

28,3%

Total de votos

Podría sumar los sufragios de casi todo el arco opositor.

Fuente: La Nación

Plagada de adjetivos, la extraña denuncia que presentó el Gobierno contra los camaristas Gibert y Marino en el Consejo de la Magistratura asegura que no busca enjuiciarlos por su fallo, pero argumenta exactamente en esa dirección.

«Algo huele mal aquí: bueno y saludable sería que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para eliminar ese hedor que tanto molesta a la sociedad.” De esta forma, el Ministerio de Trabajo nacional exigió al Consejo de la Magistratura la remoción de los dos camaristas que había dictado una cautelar para que se cumpliera la paritaria de los bancarios. La decisión del gobierno de Mauricio Macri de intentar expulsar a los dos jueces generó el repudio de la Asociación de Magistrados, además de distintos sindicatos y opositores políticos. Cuestionaron que se use como argumento el contenido del fallo para pedir la remoción.

El Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca, sostuvo una pulseada con el gremio de los bancarios para intentar que no acordaran una paritaria que superaba las previsiones de la inflación que plantea el oficialismo. El conflicto comenzó en diciembre y duró hasta la semana pasada, cuando la Asociación Bancaria le torció el brazo al Gobierno y firmó un acuerdo por encima del 20 por ciento que planteó el presidente para este año.

Sorpresivamente, tras la derrota, el Ministerio de Trabajo presentó dos escritos idénticos ante el Consejo de la Magistratura en los que pidió la remoción de los camaristas que intervinieron en la feria judicial ante una presentación de la Asociación Bancaria. Se trata de Enrique Arias Gibert y Graciela Marino. Como informó este diario, acumularon como causales “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional” lo que “impone la necesidad de su remoción del cargo” de los camaristas.

El escrito –al que accedió PáginaI12 pese a que el Ministerio de Trabajo se rehusó a hacerlo público– está firmado por el apoderado Raúl Horacio Lambardi. Lo primero que intentó argumentar es que no estaba pidiendo que se los juzgue por el contenido de sus fallos: “Corresponde deje señalado que si bien el mal desempeño que denuncia se perfeccionó en una actuación judicial, quede expresamente aclarado que la presente en modo alguno se vincula con los actos jurisdiccionales adoptados”. “No escapa al criterio del suscripto que tradicionalmente han sido rechazados los pedidos de remoción vinculados exclusivamente a un proceso erróneamente resuelto. Sin embargo, si bien una primera aproximación al tema pudiera parecer que de eso se trata, un más detenido análisis muestra las diferencias entre el error singular y la evidencia de un comportamiento parcial, inhabilitante para el ejercicio de la función judicial”, afirmó el abogado.

Es decir que el Gobierno pide que se los destituya por la cautelar que dictaron en favor de la Asociación Bancaria, pero la denuncia no estaría vinculada al contenido del fallo. Contrariamente a lo afirmado, todo el resto del pedido de juicio político se refiere al contenido.

El Gobierno acusó a los jueces de “dictar sentencia sin causa, violando la garantía constitucional de división de poderes, lesionando gravemente la garantía del debido proceso” y de tomar “posición en manifiesto beneficio de una de las partes, al convertirse en juez y parte del proceso que debía sentenciar, quebrando de ese modo la garantía de imparcialidad a que tiene derecho todo justiciable”. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo amenazó con no homologar el acuerdo de los bancarios porque iba en contra de las metas de inflación, tuvo reuniones exclusivamente con la parte empresaria para consensuar una estrategia judicial conjunta, instruyó a los bancos públicos a retrotraer su aceptación y no pagar, y finalmente debió aceptar el acuerdo al que ya habían arribado en diciembre con el 80 por ciento de las patronales.

Como ya había hecho la gestión de Macri en su época como jefe de Gobierno, los funcionarios PRO acusaron a los jueces de violar la división de poderes y entrometerse en las funciones del Ejecutivo. Cuando Macri buscaba imponer a una integrante afín en el Tribunal Superior de Justicia, llevó a la Ciudad al primer conflicto de poderes, del que acusó en su momento a tres jueces porteños. En el escrito del Ministerio de Trabajo, con profusión de adjetivos, el Ejecutivo aseguró que los jueces se entrometieron en un área que no es su competencia para “luego, a modo de colofón de la barbarie jurídica que pergeñó, solicitarle al poder cuya materia de análisis le es privativa y exclusiva que ‘no interfiera’”. “Un absurdo. Un delito”, se escandalizó el representante del Gobierno, quien pese a esa calificación no presentó una denuncia penal.

También tomó como argumento una ley aprobada por el kirchnerismo que obligaba a los jueces a pedir un informe al Ejecutivo previo al dictado de la cautelar, excepto en casos graves e impostergables. El Ministerio de Trabajo argumentó que el cobro de los salarios no lo era. Además de los arrebatos shakespereanos y las citas de Esquilo, el texto agrega bíblicamente: “El círculo es casi diabólico. No hay causa, no hay competencia. Generó una falsa causa o causa ficticia y dictó sentencia”. La denuncia concluye con la “total carencia de idoneidad” de los jueces. “El Magistrado, como la mujer del Cesar, debe serlo y parecerlo”, indica.

“Ante los pedidos de juicio político formulados por el Ministerio de Trabajo de la Nación a Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reitera que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, señaló la Asociación de Magistrados. “Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. La solicitud de juicio político a los referidos jueces por el contenido de sus pronunciamientos implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes”, advirtieron.

Fuente: Página 12

La sociedad Los Sauces es investigada por varios delitos como enriquecimiento, adulteración de documentos públicos, lavado de dinero y cohecho (coimas) por entender que a través de esa empresa la familia Kirchner alquiló inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, favorecidos luego durante su mandato al frente de la Casa Rosada con negocios públicos.

La Justicia investiga esas maniobras con alquileres supuestamente «truchos» para enmascarar negocios turbios. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está citada a indagatoria para el próximo 7 de marzo en esa causa, similar a la llamada «Hotesur», en la que también deben prestar declaración como acusados sus hijos Florencia y Máximo.

A raíz de las investigaciones, se sospecha ahora de la financiera Solvencia Crediticia SA, la cual entre mayo de 2009 y junio de 2011 pagó a Los Sauces $ 2,3 millones por el alquiler de un dúplex del octavo piso del lujoso edificio Madero Center de Puerto Madero. La compañía de servicios financieros fue declarada inactiva por la Inspección General de Justicia (IGJ) por no registrar movimientos ni balances, lo que generó dudas sobre el origen del dinero.

Según precisó el diario La Nación, Solvencia Crediticia SA le giró por lo menos 24 cheques a Los Sauces por montos entre $ 88.000 y $ 187.000 cada uno, lo que indica un total de $ 2.356.609. En 2011, la financiera subalquiló a la firma “Siempre Joven Asociación Mutual”.

Los investigadores tratan de descubrir cuál fue el origen de los fondos que Solvencia Crediticia SA usó para pagar los alquileres si la empresa está inactiva.

Se trata del mismo dúplex que la firma “M&S Inversora” de Cristóbal López alquiló desde 2012. No obstante, la Justicia detectó pagos entre 2009 y 2010 realizados por el Grupo Indalo pese a que por ese entonces todavía no era el inquilino de esa propiedad. Además, era Austral Construcciones SRL, de Lázaro Báez, la que se encargó del pago de los servicios de luz y expensas, según muestra la fiscalización de AFIP.

Fuente: Perfil.com