Autor: Jorge Alfredo Baret

  • Juntos por el Cambio rechaza la reforma judicial por «innecesaria, costosa y de dudosa constitucionalidad»

    Juntos por el Cambio rechaza la reforma judicial por «innecesaria, costosa y de dudosa constitucionalidad»

    Desde que el presidente Alberto Fernández presentó su proyecto de reforma judicial, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa. Ahora, los equipos técnicos de los tres partidos que integran el frente opositor analizaron la iniciativa en profundidad y la rechazaron por «inoportuna, innecesaria, costosa y de dudosa constitucionalidad». Así se desprende del estudio firmado este viernes 7 de agosto por la Fundación Alem (Unión Cívica Radical), Fundación Pensar (PRO) y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica – ARI), en el que analizan los distintos aspectos de la reforma. En el documento, cuestionan «la oportunidad elegida» para impulsar los cambios en plena pandemia de coronavirus: si bien reconocen que el cambio «es necesario», señalan que «carece de urgencia en este momento». El análisis lleva las firmas de Lilia Puig (presidenta de Fundación Alem), Franco Mocchia (presidente de Fundación Pensar), Juan Manuel López (titular del Instituto Hannah Arendt), y los referentes judiciales Ricardo Gil Lavedra, Germán Garavano y Paula Oliveto. «Después del análisis realizado a la llamada reforma judicial, queda claro que no satisface los propósitos que se dicen buscar. Se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad», afirman en el resumen del documento. Con la firma de Macri, JxC comparó la reforma judicial de Alberto con la de Menem El texto analiza los ejes principales de la propuesta del gobierno. la creación del Fuero Penal Federal se califica de «irrazonable» por la próxima entrada en vigencia del sistema acusatorio en los próximos dos años en la Ciudad de Buenos Aires, lo que volvería redundante la fundación de nuevos juzgados. Se tilda de «inconstitucional» la modificación sobre las subrogancias y se cuestiona el costo presupuestario de los cambios, que se calcula superior a 3.000 millones de pesos.  De aprobarse la reforma propuesta por el oficialismo, argumentan, «no se tendrán procesos y sentencias más rápidas, ni tampoco habrá una Justicia más independiente y blindada de presiones del poder político, económico o del crimen organizado». Como alternativa, se propone «remitir al Congreso los pliegos de magistrados que ganaron sus concursos y que luego fueron retirados del Senado, iniciar el tratamiento del proyecto de Código Penal de la Nación, impulsar la sanción del Código Procesal Federal Civil y Comercial y continuar la implementación progresiva del sistema acusatorio actualmente en funcionamiento en Salta y Jujuy».

    Fuente: Perfil.com

  • El gobierno argentino contrató a un ex secretario de Donald Trump como lobista en los Estados Unidos

    El gobierno argentino contrató a un ex secretario de Donald Trump como lobista en los Estados Unidos

    Thomas Shannon es una leyenda en la diplomacia de los Estados Unidos y fue contratado por la Cancillería para lograr un acercamiento profundo al establishment norteamericano que aún desconfía del Gobierno peronista. Shannon abre las puertas de los despachos más poderos de Washington, conoce como piensa Cristina Fernández de Kirchner y siempre tuvo buena relación con Alberto Fernández.

    El lobby es una actividad legal y reglamentada en DC, y Shannon trabaja para la Argentina desde las oficinas de la firma global de abogados Arnold&Porter. Su contratación fue idea del embajador Jorge Arguello, y tras una compulsa con otros lobistas, el canciller Felipe Solá se inclinó por el experto diplomático que en sus momentos libres hace trekking y pinta cuadros.

    ¿Qué espera y cómo supone que será el nuevo gobierno de Alberto Fernández?-, le preguntó Paula Lugones, corresponsal de Clarín en Estados Unidos.

    -Tengo la esperanza de que va a ser un gobierno exitoso. Llega en un momento clave para la Argentina, cuando se han recuperado de la gran crisis económica que llevó a los Kirchner al poder. También han llegado a la presidencia por la crisis política producida por el intento de reconectar a Argentina al mercado mundial de capitales y todo lo que el presidente Mauricio Macri hizo, algo que era necesario e importante. Pero ahora la importancia es buscar un equilibrio donde Argentina pueda seguir con su inserción en el mundo y, al mismo tiempo, también atender los intereses del pueblo argentino. Es un desafío que enfrentó Macri y será el desafío que tendrá que enfrentar Fernández- contestó Shannon.

    Thomas Shannon se reunió con Nicolás Maduro a pedido del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.Thomas Shannon se reunió con Nicolás Maduro a pedido del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

    Shannon puede jugar un papel importante en Washington frente a la desconfianza que causa la agenda geopolítica de Alberto Fernández. En DC no comparten la posición del Presidente argentino respecto al régimen populista de Nicolás Maduro, cuestionan su propuesta de bloquear la elección de Mauricio Claver -nominado por Donald Trump- como titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no entienden porqué se asiste con la ayuda financiera de Xi Jinping, líder de la República Popular de China.

    Arguello marca el paso diplomático en Washington, pero Shannon es norteamericano, conoce todos los secretos del Capitolio y la Casa Blanca, y siempre hizo lobby para acercar a las partes en conflicto. Trabajó 35 años para el Departamento de Estado, y ahora recibe instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Además de explicitar la estrategia de la Casa Rosada frente a Venezuela, el BID y China, el exsubsecretario de Estado para América Latina de Barack Obama será una pieza importante en la ofensiva diplomática que emprenderá Alberto Fernández para aumentar las exportaciones a los Estados Unidos y obtener inversiones directas de sus principales compañías de bienes y servicios.

    Trump tiene un concepto quid pro quo para sus relaciones bilaterales, y la decisión del Gobierno de exhibir una posición equidistante en la crisis de Venezuela y rechazar la nominación de Claver en el BID, multiplicó el trabajo que emprende Arguello junto al lobista Shannon.

    Si el Presidente de los Estados Unidos renueva su mandato en las próximas elecciones, recordará a los países que se alinearon con su agenda en América Latina. En este contexto, Brasil, Paraguay y Uruguay (socios del Mercosur) serán privilegiados con mayor acceso a las inversiones y a los mercados norteamericanos.

    Y esta es una falencia que Shannon deberá mitigar en 2021, si la Cancillería le renueva el contrato como lobista de la Argentina.

    Thomas Shannon, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en una recepción diplomática organizada en Buenos AiresThomas Shannon, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en una recepción diplomática organizada en Buenos Aires

    El exsecretario de Estado (interino) considera que Cristina Fernández de Kirchner es inteligente e imparable en la búsqueda nuevos espacios de poder, y cree que Alberto Fernández tiene suficiente pragmatismo para manejar a las fuerzas políticas que confluyen en el Frente de Todos.

    Shannon Trabajo para diez presidentes de los Estados Unidos -entre ellos George Bush y Donald Trump-, tuvo conversaciones secretas con Fidel Castro y Maduro, y sabe cómo funciona la diplomacia en América Latina. No es poco para los intereses de la Argentina, en medio de la crisis del COVID-19 y la tensión creciente entre Estados Unidos y China.

    Fuente: Infobae.com

  • Emitir, ajustar o volver al mercado en pleno año electoral, las opciones post canje que maneja el gobierno

    Emitir, ajustar o volver al mercado en pleno año electoral, las opciones post canje que maneja el gobierno

    Congeniar la negociación de un programa de largo plazo para devolver el megapréstamo del FMI, que contribuya además a recuperar acceso al mercado financiero “lo antes posible”, con las necesidades políticas que surgirán en un año electoral es, a partir de ahora, la principal misión del ministro de Economía, Martín Guzmán.

    El funcionario y su equipo se preparan para, en pocas semanas, iniciar formalmente la discusión con los técnicos con el organismo, con quienes han consolidado durante los últimos meses un diálogo fluido y, hasta se animan a describir, un vínculo cercano. El proceso indica que, para eso, el país debe presentar la solicitud para aplicar a un programa del organismo. A partir de ese momento, se iniciaría una nueva etapa, la de la Guerra Fría, según la propia metáfora con la que bromean.

    “Va a ser lo más parecido a Estados Unidos y Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. De un día para el otro, de aliados impensados, otra vez a rivales enfrentados”, admitió un integrante del equipo económico. En cualquier caso, ya se sabe sobre qué campos se librarán las próximas batallas: en el terreno de la política fiscal y el de la política monetaria.

    Según una fuente involucrada en las recientes negociaciones de la deuda, volver al mercado va a llevar tiempo, como mínimo y en el mejor de los casos, un año. Esa demora es, precisamente, uno de los costos de la estrategia aplicada con los acreedores

    Es en el primero de ellos donde surgen los dilemas que más entretienen a Guzmán. En principio porque, aun cuando se verifique la mayor tolerancia del organismo a un desequilibrio fiscal en los próximos años o, al menos, en 2021 tal como prevé el ministro, queda sin resolver la cuestión central: de dónde saldrán los recursos para financiarlo. Esta vez, no será el FMI el que aporte los desembolsos que el mercado de capitales niega.

    Así, las opciones se limitan a mantener altos niveles de asistencia al Tesoro por parte del Banco Central con emisión monetaria, acelerar el ajuste de las cuentas públicas o intentar un rumbo de política económica que vuelva a abrir el mercado internacional. “Volver al mercado va a llevar tiempo, como mínimo y en el mejor de los casos, un año”, opinó ante Infobae una fuente involucrada en las recientes negociaciones de la deuda, quien admitió que ése, precisamente, será uno de los costos de la estrategia aplicada con los acreedores. “La idea de Guzmán es volver lo antes posible. Es eso o emitir y el ministro tiene clarísimo el riesgo que implica exacerbar la emisión monetaria”, agregó.

    En efecto, en cada oportunidad que tuvo, Guzmán remarcó que una emisión desmedida puede resultar “desestabilizante” para la economía y que recurrirán a todos los instrumentos disponibles para esterilizar lo necesario en función de evitar un salto inflacionario hacia fin de año. “Sin duda, es la principal incertidumbre a partir de ahora, cómo se gestionará el aterrizaje de la mega emisión por la pandemia”, afirmó el colaborador en la reestructuración de la deuda.

    En el ministerio de Economía aseguran haber construido un buen vínculo con los técnicos del FMI.En el ministerio de Economía aseguran haber construido un buen vínculo con los técnicos del FMI.

    Tampoco los técnicos del FMI, con quienes en el equipo económico esperan una discusión “de bajo perfil mediático” según confiesan sus integrantes, suelen estar bien predispuestos a una política monetaria laxa. Es el otro campo de batalla en el que unos y otros seguramente tendrán que dar pelea. Claro que para financiar el déficit con bajos niveles de emisión, sólo queda el camino, hoy muy difícil, del endeudamiento voluntario. Sin señales de un rumbo claro, esa opción se mantendrá vedada. La expectativa del mercado es que sea la negociación con el Fondo Monetario la que marque el camino, pero cuesta imaginar que el Gobierno acepte imposiciones en pleno año electoral. “Cualquiera sea el programa que se discuta, no debería implicar condicionalidades que impidan un programa de crecimiento como lo piensan Alberto y Cristina”, aportó una fuente oficial quien recordó que aun cuando estas condiciones no fueran, durante los primeros años, demasiado exigentes, importará lo que se anuncie cuando se firme el acuerdo. “El año que viene hay elecciones y lo que se comprometa sí va a importar”, advirtió.

    En el Palacio de Hacienda no desconocen ni relativizan esta variable. “Vamos a tener sin duda una extensa discusión técnica. En algunos temas, el punto de partida está más despejado pero además de eso, también está siempre la política”, admiten.

    Fuente: Infobae.com

  • Carrió llamó a «una resistencia pacífica» contra el Gobierno

    Carrió llamó a «una resistencia pacífica» contra el Gobierno

     

     

     

     

     

     

     

    Elisa Carrió llamó a una «resistencia pacífica» contra el Gobierno. Según la líder de la Coalición Cívica, Alberto Fernández está usando la pandemia de coronavirus para establecer un «estado de sitio de facto».  «Es hora de la resistencia pacífica vía el derecho», dijo la ex diputada nacional. Carrió también denunció que Cristina Kirchner orquestó una campaña personal contra Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli a través de «periodistas de C5N». Según la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, la vicepresidenta ordenó erosionar la imagen de los dirigentes de la oposición. A través de Twitter, Carrió, que viene mostrando un perfil más público en las últimas semanas, dijo que dicha campaña también tiene como objetivo a Juntos por el Cambio.  Carrió también acompañó su declaración en redes con un video que tituló: «Reflexiones en tiempos de pandemia». Allí, sostiene que la vicepresidenta junto a Alberto buscan la impunidad judicial y que atacan al procurador Eduardo Casal, que tiene «el deber de resistir». Carrió: prohibir las reuniones sociales es «un estado de sitio de hecho» Elisa Carrió, sobre la cuarentena de Alberto: «Nosotros apoyamos la reestructuración de a deuda», dijo y agregó que, sin embargo, la prohibición de reuniones sociales es una intención de estipular un estado de sitio de facto. «Tiene sentido en algunas regiones pero no en toda la Nación», dijo Carrió.

    Fuente: Perfil.com

  • Más críticas a la reforma judicial que impulsa el Gobierno: sumó el rechazo de la Cámara Civil y Comercial

    Más críticas a la reforma judicial que impulsa el Gobierno: sumó el rechazo de la Cámara Civil y Comercial

    La Cámara Civil y Comercial Federal dictó este jueves una acordada en la que criticó la reforma judicial que presentó la semana la pasada el gobierno de Alberto Fernández. Puntualmente, el tribunal objetó la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal que propone la iniciativa.

    “La fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cuál irá en seguro detrimento de los litigantes”, sostiene la resolución a la que accedió Infobae.

    La Cámara del Crimen se había pronunciado este miércoles también en forma crítica a la reforma judicial. El tribunal calificó de inconstitucional la iniciativa y señaló que “importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados”.

    El proyecto establece una reorganización de la justicia federal en el país. Entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia. También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.

    Los jueces de la Cámara Civil y Comercial señalaron que no fueron consultados para los cambios propuestos. Explicaron que ambos fueron funcionan por separado por la diferencia de temas que tratan. “La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuáles no fueron nombrados”, señalaron.

    Para los jueces esa situación “habilitará al litigante afectado por la sentencia dictada en su caso a cuestionar el título del magistrado basándose en la garantía del juez natural y en los límites del nombramiento. Claramente, nada de esto favorece a los justiciables ya que no contribuye a la seguridad jurídica ni a que ellos reciban respuesta con mayor celeridad y eficacia”.

    Ricardo Recondo, uno de los jueces de la Cámara (Maximiliano Luna)Ricardo Recondo, uno de los jueces de la Cámara (Maximiliano Luna)

    La Cámara también observó que en el fuero hay una cantidad de vacantes de jueces con sus concursos públicos y avanzados y que sus postulantes “se han presentado teniendo en cuenta las materias de la competencia específica del Fuero, y en dichas materias fueron evaluados”.

    El proyecto oficial señala como un argumento para unificar ambos fueros que en el interior del país ambas temáticas la lleva el mismo juez. La Cámara opinó que eso es así pero que “no puede válidamente compararse la cantidad de pleitos de marcas, patentes, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, y menos aún el ingente volumen de juicios de amparo que involucran el derecho a la salud”.

    Otros de los puntos criticados fue el plazo de 30 días que habrá -si el proyecto se sanciona sin modificaciones- para la transición. “Es materialmente imposible en ese escaso período capacitar al personal para las nuevas competencias asignadas, reasignar y redistribuir las áreas administrativas de ambas Cámaras y dictar un Reglamento General, máxime en el actual contexto de emergencia sanitaria”, explicaron. Y agregaron: “A la etapa propia de la reorganización y tratamiento del cúmulo de expedientes provocado por las sucesivas ferias judiciales extraordinarias, deberíamos sumar cargas adicionales producto de la unificación, reorganización y capacitación que, a no dudar, provocarán severos retrasos en los plazos y, por mayores que sean los esfuerzos, atentarán con la efectividad de la tutela judicial”. Y señalaron que ese plazo “no debería ser menor a un año”.

    La acordada fue firmada por los jueces Guillermo Antelo, Alfredo Gusman, Fernando Uriarte y Eduardo Gottardi y remitida al Ministerio de Justicia, al Senado -donde se comenzó a discutir el proyecto- a Diputados, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a otros organismos judiciales.

    Por su parte, Ricardo Recondo, otro de los integrantes de la Cámara, se excusó de opinar porque como integrante del Consejo estará a cargo de algunas decisiones administrativas que establece el proyecto.

    Fuente: Infobae.com

  • Había una vez un país que no es Argentina…

    Había una vez un país que no es Argentina…

    Cuando mi nieta, de cuatro años, me cuenta una historia, empieza diciendo: “Había una vez un Tavo”, y me aclara que no soy yo, y una Cuchi, que también me aclara que no es mi mujer (así ella le dice a su abuela), y de ese modo va introduciendo a distintos personajes de su historia con nombres de sus padres, primos y amiguitas, que por supuesto, en su historia son otros.

    Emulando a mi nieta, contaré mi cuento diciendo que había una vez un país que no es Argentina en donde asume un gobierno que tiene dos objetivos principales, por un lado, lograr la impunidad de algunos de sus miembros, porque están muy próximos a ser condenados por delitos de corrupción y por el otro, someter a la mayor cantidad de medios de producción que puedan, utilizando para ello, diferentes políticas, como la impositiva, cambiaria, regulatoria, etcétera.

    Ese gobierno, obligado por las circunstancias, al momento de su asunción, debió tomar medidas contrarias al populismo que profesa. Entre ellas, dispuso un impuesto sobre el dólar, al que denominó solidario, buscando con esa identificación debilitar a quienes lo pudiesen discutir, toda vez que quedarían ubicados como personas no solidarias. Además, suspendió la actualización de las jubilaciones y pensiones por el índice de costo de vida, que había dispuesto el gobierno anterior, y estableció un estricto control cambiario, entre otras medidas de ajuste.

    Ese gobierno se siente incómodo porque no tiene dólares y tampoco puede imprimir moneda local, herramientas indispensables para poder llevar adelante su política populista.

    Pero, sorpresivamente, a los tres meses de haber asumido, la OMS declara una pandemia. Entonces, ese gobierno decide, cuando solo había 128 contagiados, confinar a toda la población y suspender el libre ejercicio de derechos esenciales garantizados por la Constitución Nacional, esto último, sin declarar el indispensable estado de sitio.

    Para lograr que la población acate tal confinamiento masivo y la suspensión de derechos, decide infundir el pánico por medio de profusa propaganda oficial, ayudada por los medios de comunicación que necesitan la pauta oficial de publicidad para sobrevivir.

    A lo dicho, ese gobierno agrega algún eslogan sensiblero, como el de que ha optado por la vida en lugar de la economía, como si se tratase de valores antagónicos.

    A partir de ese cambio de circunstancias, el Gobierno emite moneda local sin respaldo y en proporciones siderales para cubrir el enorme déficit fiscal que ha generado la cuarentena, y también para empezar con su plan de sometimiento, dando asistencia a las empresas y a los individuos acuciados por la crisis, quienes como contrapartida quedan cada vez más sometidos a la voluntad del gobierno.

    También adopta medidas de estilo populista e intervencionista, como la de suspender los despidos, los concursos preventivos, las quiebras, los desalojos, congelar tarifas, dictar una absurda ley de teletrabajo, etcétera.

    Compara tramposamente los números de contagios y muertos de su país con el de otras naciones, sin preocuparse por las inexactitudes utilizadas, ni en que, en todas esas oportunidades, lo países, regiones o ciudades mencionados lo desmienten con información incontrastable.

    En medio de ese confinamiento decide la intervención de algún grupo empresario en problemas, donde el objetivo de máxima es expropiarlo, y el de mínima, distraer a la población para no tener que explicarle por qué es el único país que habiendo dispuesto el innecesario, o por lo menos prematuro confinamiento, se encamina a batir el récord mundial de encierro de su población, y sin haber logrado bajar los contagios.

    Cuando resulta imposible ocultar las evidencias del desastre económico que ha generado, el Gobierno cambia su mensaje y ubica como culpable de la situación a la pandemia, pese a que resulta innegable, que, por lo menos, la culpa también es de la cuarentena que ha dispuesto.

    Ante el descontento social, que va en aumento, el Gobierno decide permitir algunas actividades, como la de salir a hacer ejercicios físicos en espacios públicos, pero en simultaneo, los medios de comunicación y redes sociales oficiales fustigan a quienes denominan “runners”, estigmatizándolos como egoístas, no solidarios y, esencialmente, culpables del aumento de los contagios, sabiendo que la población, con el pánico que le han generado, ni siquiera tendrá en cuenta que es muy improbable que una enfermedad se propague al aire libre, y, mucho menos, que quienes salgan a correr estén enfermos.

    El aumento de los contagios generado por los “runners” le permite al Gobierno volver al estricto confinamiento, echándoles la culpa a otros, y luego avanza un poco más y dicta un decreto por medio del cual, no solo extiende una vez más la cuarentena, sino que, adicionalmente, declara pasible de ser delincuente a todo aquel que no respete una distancia de dos metros, o que no use barbijo o que no estornude o tosa sobre el pliegue de su codo o que no se lave las manos asiduamente o a aquel que reciba en su domicilio a cualquier persona.

    Pero como los contagios y muertes siguen en aumento, el Gobierno procede a acusar a la población de incumplidora, y también ataca a algún distrito gobernado por la oposición, diciendo, por ejemplo, que en esa jurisdicción los hospitales públicos no atienden a las personas mayores.

    Dentro de ese contexto y con la población encerrada, el Gobierno anuncia, entre gallos y medianoche, su intención de llevar adelante una profunda reforma del Poder Judicial, la cual incluye a la Corte Suprema.

    En síntesis, y más allá de la estricta cuarentena, los contagios y las muertes continúan en aumento, la economía del país atraviesa una profunda recesión, la pobreza alcanza niveles muy preocupantes, la inseguridad se incrementa y empresas con muchos años de trayectoria cerrarán definitivamente sus puertas. Sin duda, ese país ingresa en una muy profunda crisis en todos los sentidos.

    Pero por suerte, y como dije al principio, se trata de un cuento, de una ucronía, es decir, de una “historia reconstruida lógicamente de tal modo que habría podido ser y no ha sido”.

    El autor es abogado y doctor en Derecho

    Fuente: Infobae.com       Gustavo C Liendo

  • Municipio de Vicente Lopez: JORGE MACRI SUPERVISÓ CONTROLES DE TRÁNSITO EN VICENTE LÓPEZ

    Municipio de Vicente Lopez: JORGE MACRI SUPERVISÓ CONTROLES DE TRÁNSITO EN VICENTE LÓPEZ

    Durante la mañana, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente en los controles vehículares que se realizaron en Av. del Libertador y Lavalle para acompañar a los agentes de tránsito y seguridad.

    Estos operativos sirven para controlar el tránsito en la vía pública, el cumplimiento del aislamiento y la movilidad de los trabajadores esenciales. Actualmente hay 8 operativos vehiculares fijos y 3 dinámicos por diferentes barrios del partido.

    Seguimos presentes en los ingresos y egresos en el marco de la pandemia. Controlamos que la gente que acceda al partido tenga el permiso para poder circular, esto se hace de manera continua y ordenada. Ya controlamos más de 600 mil vehículos y 800 mil personas”, expresó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

    Por otra parte, el jefe comunal subrayó: “Quiero agradecer a los trabajadores de tránsito, de las patrullas, de la policía de la provincia porque es un trabajo en equipo muy importante. También a los vecinos, por la paciencia que tienen en los controles, sabemos que ellos pasan varias veces por semana, y el cumplimiento de ellos hace que Vicente López esté bien”.

    Los operativos se realizan las 24 horas del día en los principales accesos de Vicente López.

  • Una fuerte agresión carente de contenido contra el Procurador General interino Eduardo Casal

    Una fuerte agresión carente de contenido contra el Procurador General interino Eduardo Casal

    Con palabras fuertes pero vacías de sustento, en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público se plantearon diversos pedidos de juicio político contra el Procurador General interino, Dr. Eduardo Casal.

    Le reprochan haber protegido al Fiscal Carlos Stornelli, quien se negaba a concurrir a prestar una declaración indagatoria, pero el Dr. Eduardo Casal siguió los lineamientos del Consejo Evaluador que integra la vía administrativa sancionatoria, entre cuyos miembros había un fiscal de Justicia Legítima, Alejandro Alagia, y estaba la actual subsecretaria de Justicia Adriana García Netto. El Dr. Stornelli se presentó a declarar e igual fue sancionado, mientras que el sumario por la causa penal está suspendido a las resultas de ese proceso. Cabe aclarar que en otro caso objetivamente similar, el Fiscal Gonella estuvo tres años sin presentarse a declarar, durante la gestión de la Dra. Gils Carbó, y fue en la gestión del Dr. Eduardo Casal que se sometió a derecho.

    También, le imputan haber perseguido a la Fiscal Dra. Gabriela Boquín, lo cual es absurdo. Ella fue denunciada por al menos seis subordinados por malos tratos y mobbing laboral. Se inició el procedimiento administrativo y el Dr. Eduardo Casal, como en todos los casos, siguió lo que postuló unánimemente el Consejo Evaluador y se dispuso la apertura del sumario, donde se ejerce la defensa, con una resolución que designa al instructor e, inclusive, aconseja considerar el descargo de la Fiscal. Se sostuvo que es una persecución por su intervención como Fiscal ante la Cámara Comercial en el caso del Correo Argentino, lo cual es absurdo porque ella no tiene facultades de investigación, solo dictamina y su opinión no es vinculante para el Tribunal. Inclusive, llegó a decir que una subordinada pasaba información del caso a personas vinculadas a las partes, cuando en el proceso comercial estas conocen todo el contenido del expediente, formulan sus peticiones sobre las mismas constancias que la Fiscal y, por lo tanto, sería absurdo recurrir a ese “espionaje”.

    El Consejo Evaluador solo realiza una investigación preliminar y propone archivar, abrir sumario o remitir el caso al tribunal de enjuiciamiento -jury- para la destitución. Es interesante recordar, que desde que se instauró el Consejo Evaluador en la gestión del Dr. Esteban Righi, el único caso en que se salteó su intervención y consejo fue cuando la entonces Procuradora General Alejandra Gils Carbó remitió al Dr. José María Campagnoli al tribunal de enjuiciamiento para su destitución.

    Dieciocho agrupaciones civiles y personas físicas pidieron el juicio político del Dr. Eduardo Casal, por haber creado en el ámbito de la Procuración General una Secretaría –no una fiscalía– dedicada al análisis del tema de terrorismo. Los fundamentos no resisten el menor análisis, porque desconocen la materia y confunden la terminología que, en el tema terrorista es muy específica. La Secretaría en cuestión, que no demandó personal, estructura ni gasto alguno, carece de facultades autónomas de investigación, es de apoyo a los fiscales en materia de legislación e interpretación de fenómeno terrorista internacional y establece la coordinación con los organismos internacionales en el marco de Naciones Unidas. Inclusive, la resolución que la creó está publicada en la página del Ministerio Público Fiscal, donde están claras sus misiones y funciones.

    También, se le cuestiona haber dejado sin efecto traslados ilegales de fiscales dispuestos por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, respecto de fiscales que concursaron y fueron designados para fiscalías en el interior del país – Morón, Santiago del Estero y La Pampa -, sin la menor pretensión de asumir en tales destinos e inmediatamente se los “trasladó” al fuero federal de CABA o a Lomas de Zamora. En todos los casos no se hizo más que regularizar situaciones irregulares.

    Todos los aspectos cuestionados carecen de entidad y fundamento para promover el juicio político de un Procurador General y el único motivo de someterlo a los agravios que con gran virulencia se le han efectuado en la Comisión Bicameral, donde se llegó a tildar de mafioso a un profesional probo, dedicado y honesto como el Dr. Eduardo Casal, es forzarlo a renunciar, por cuanto el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado, que necesita para designar un Procurador General efectivo sin consenso con la oposición. Se pretende entonces que asuma otro Subprocurador afín a sus ideas políticas.

    Pero, en el colmo de las contradicciones, le reprochan que es ilegal su mandato porque no fue designado por un acto administrativo específico, cuando la ley aplicable es la que establece que le corresponde substituir al Procurador General: sería la misma situación para cualquiera que asumiera el cargo interino si el Dr. Casal renunciara, incluyendo el candidato del oficialismo. Cabe recordar, que según el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público es independiente de los otros poderes del Estado, de modo que ningún funcionario de los otros poderes podría designar un interino y por ello la ley establece el orden de subrogancia.

    * El autor es ex Fiscal General Adjunto de CABA, ex Presidente de la Asociación Argentina de Fiscales y Vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Fiscales.

    Fuente:; Infobae.com

  • Cristina Kirchner, furiosa en Twitter: «No hay argentino más impune que Mauricio Macri»

    Cristina Kirchner, furiosa en Twitter: «No hay argentino más impune que Mauricio Macri»

    Estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al @FrenteDeTodos», dijo este jueves 6 de agosto en Twitter la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, apuntando que «los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri» El hilo de Cristina incluyó varios posteos, cuestionando que los camaristas Irurzun y Bruglia hayan anulado peritajes a las llamadas del expresidente Mauricio Macri en una causa que investiga una presunta asociación ilícita para quedarse con el Grupo Indalo, de Cristobal López y Fabián De Sousa. La cuestión es que la jueza Servini pidió que se revisen las llamadas del expresidente y otros miembros de su gobierno con empresarios, desde 2016 a 2019, y la Cámara Federal hizo lugar al planteo de los abogados de Macri contra esa medida de Servini, lo que desató la ira de Cristina en Twitter, y un hilo de varios posteos, todos remarcando que los jueces «consagran la impunidad de Mauricio Macri», mientras que en su caso particular «allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día…». Al respecto, recordó que la jueza María Romilda Servini de Cubría había pedido a las prestadoras telefónicas el registro de las llamadas y las celdas activadas por Macri y otros altos funcionarios del Gobierno de Cambiemos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019:      Luego comparó el tratamiento que el Poder Judicial otorgó a ella y el más benigno que a su entender le dispensa a Macri:    En este sentido, citó a su hijo Maximo Kirchner para asegurar que «en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina» ya que «el Poder Judicial argentino se la garantiza»: Este jueves también se indicó que la vicepresidenta accionó judicialmente contra Google, porque en el buscador apareció mencionada como «ladrona de la Nación Argentina». La presentación ante el fuero Civil Comercial Federal, en donde hizo referencia a una publicación que apareció el pasado 17 de mayo, y que generó enormes reacciones en redes, hasta que el gigante de interner corrigió el tema y volvió a la publicación habitual de exmandataria. Cristina Kirchner vs Google: las otras peleas con sitios y medios El buscador de Google emplea datos desde Wikipedia y ahí en el panel de conocimiento aparecía su foto junto a la leyenda «Ladrona de la Nación Argentina». Ante la Justicia, los abogados de la titular del Senado pidieron que se «arbitren todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador Google de una persona destacada», anticipando que los fondos que se puedan lograr de la demanda serán donados al Hospital de Niños «Sor María Ludovica» de la ciudad de La Plata.

    Fuente: Perfil.com

  • La oposición se mostró unida detrás del rechazo a la reforma judicial pero no pudo evitar las diferencias internas

    La oposición se mostró unida detrás del rechazo a la reforma judicial pero no pudo evitar las diferencias internas

    “¿Cómo pusiste mi firma?”, preguntó Horacio Rodríguez Larreta sin perder la compostura, como acostumbra, pero visiblemente molesto. Del otro lado del teléfono, Patricia Bullrich escuchaba asombrada: “Pero si estuviste en la reunión y dijiste que sí al documento, ¿cuál es el problema de la firma?”, respondió, igual de enfadada. La comunicación se puso algo más tensa. Y cortaron. Hasta ayer, no habían vuelto a hablar.

    La discusión telefónica, reconstruida por este medio, tuvo lugar el lunes, horas después del duro comunicado sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno -el segundo en una semana desde que se presentó el proyecto-, consensuado en la reunión virtual de media mañana en la que participaron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido Mauricio Macri, que se conectó desde una habitación en Francia, donde pasa sus días de cuarentena.

    Habían quedado, según dicen haber acordado, en que en la declaración pública, titulada “Una reedición de la propuesta de los ’90″, no aparecerían nombres propios. Si no solo “Juntos por el Cambio”. Ya habían tenido chispazos por anteriores comunicados que algunos firmaron con pocas ganas. Desde el texto por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner -que forzó la creación de una mesa ejecutiva en el PRO para compartir las decisiones-, al de la ampliación de la moratoria aprobada hace algunos días por el Congreso.

    “El documento estaba arreglado. Pero bueno, en las reuniones de Cambiemos se decide una cosa y después en el PRO algunos quieren decidir otra cosa. Es infantil. Deben estar negociando cosas”, reflexionaba ayer por la tarde un miembro de Juntos por el Cambio que participó de la reunión virtual del lunes.

    Martín Lousteau, según las fuentes, también puso el grito en el cielo. Primero habló con Alfredo Cornejo. Y después le escribió a Bullrich, el blanco predilecto del “sector moderado” de la coalición opositora, vía WhatsApp. La ex ministra de Seguridad, que ya había discutido con el jefe de Gobierno, le dijo al senador que se arreglara con la UCR.

    Mauricio Macri, en Francia (Infobae)Mauricio Macri, en Francia (Infobae)

    La oposición se aglutinó detrás del rechazo a la reforma judicial, pero el proyecto de la Casa Rosada volvió a exponer las diferencias internas, agudizadas por la falta de un liderazgo claro y las diversas posiciones por el destino del espacio y el vínculo con el oficialismo.

    En la administración porteña no creen que las recientes críticas del kirchnerismo duro y de la Casa Rosada, incluidas las de Alberto Fernández, tengan relación directa con el comunicado del lunes que contó con la firma del jefe de Gobierno junto a las de Macri, Cornejo, Bullrich, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Luis Naidenoff, Lousteau, Humberto Schiavoni, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, y Miguel Ángel Pichetto.

    Pero Rodríguez Larreta, que se quejó porque fue el único de los mandatarios opositores que estampó la firma- y sus colaboradores sí están seguros de que no contribuyen, más allá de que el jefe de la Ciudad participó del encuentro del lunes y avaló, en líneas generales, el comunicado.

    Es que el jefe de Gobierno atraviesa por estos días momentos delicados en su vínculo con el Frente de Todos. Mientras rechaza la reforma públicamente, negocia el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad: de qué manera y con qué fondos. Para la creación del consejo consultivo que revisará, entre otras cuestiones, el funcionamiento de la Corte Suprema, Rodríguez Larreta intermedió entre el Presidente e Inés Weinberg de Roca. En el medio, en la Ciudad vuelve a aparecer el fantasma del recorte de la coparticipación. La semana próxima, en tanto, deberán definir el modelo de continuidad de la cuarentena: si sigue o no adelante con la reapertura de actividades. Y cómo congenia eso con el Gobierno y la administración bonaerense.

    Alberto Fernández y Horacio Rodríguez LarretaAlberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta

    El lunes, en la reunión de zoom de Juntos por el Cambio, los participantes consensuaron el rechazo a la reforma, adelantaron que, en Diputados, no estaban dispuestos a debatirla de forma virtual -el protocolo vence en estas horas-, y plantearon la necesidad de coordinar mejor las estrategias parlamentarias entre el Senado y la Cámara baja.

    En el inicio de la pandemia existía un ámbito de discusión de los jefes de bloque del PRO, la UCR y la CC de ambas cámaras, y un puñado de legisladores de relevancia, que con el correr de los meses dejó de tener actividad. Fue reemplazado después por los encuentros partidarios de los lunes.

    En el anterior debate parlamentario por la polémica ley de Teletrabajo, cuestionada por los empresarios, en el propio seno de Cambiemos reconocen que la actuación del espacio fue llamativa: mientras en la Cámara alta fue rechazada de forma unánime, en Diputados fue apoyada casi por la mayoría, con algunas abstenciones. “No hay coordinación para los grandes temas”, se sinceran.

    En el caso del proyecto de reforma de la Justicia, la posición del interbloque opositor en el Senado es unívoca: el rechazo, a pesar de que hay legisladores que apoyarían algunos artículos en particular, más allá de la hegemonía numérica de Cristina Kirchner. La vicepresidenta pretende darle media sanción a la iniciativa en el corto plazo.

    Los jefes de bloque de Juntos por el Cambio en DiputadosLos jefes de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados

    En Diputados, el tratamiento es una incógnita. Sergio Massa, que a diferencia de la ex presidente en el Senado sí mantiene un fluido diálogo con la oposición -orquestado también a través de Máximo Kirchner-, busca alternativas ante la negativa de Cambiemos de dar el visto bueno a la continuidad de las sesiones remotas.

    En la llamada “ala dura” del PRO, por ejemplo, hay sospechas del vínculo entre el presidente de la Cámara baja y el “sector moderado”. El fondo de $5.000 millones que Ritondo, el jefe del bloque, consiguió en la sesión del martes para obras para municipios bonaerenses dentro de la ampliación presupuestaria alimentó, por ejemplo, esas sospechas.

    María Eugenia Vidal, jefa política del diputado, no participó este lunes de la reunión de la mesa nacional opositora. Su ausencia generó suspicacias. Pero la explicación es mucho menos conspirativa de lo que parece: a la misma hora, ya tenía agendada una charla virtual con empresarios.

    En la oposición resaltan sin embargo que, más allá de las diferencias, la unidad de Juntos por el Cambio todavía prevalece. A pesar de las tensiones.

    En la anterior reunión, hace dos lunes, antes de su viaje por la Costa Azul francesa, Macri pidió una reivindicación a su programa económico que no obtuvo el visto bueno del resto de los participantes. También dijo que había que ejercer una defensa pública a los ex funcionarios del gobierno investigados por la Justicia, como el caso de Guillermo Dietrich.

    Cornejo dijo que no le pasaban información para hacerlo, y que en todo caso primero debían ser los propios investigados los que debían poner la cara públicamente. Lo mismo subrayó Pichetto, que con su estilo se permitió una reflexión: “Hay que decir que también hay algunos que creen que en vez de a un gobierno pertenecieron a una ONG sueca”. Duros y moderados, por igual, lanzaron una carcajada.

    Fuente: Infobae.com