Autor: Jorge Alfredo Baret

El presidente Javier Milei dedicó las últimas 8 horas de su actividad en redes sociales a atacar directamente al periodismo, con epítetos como “mierdas humanas” para la prensa y celebraciones de “masterclass” hacia aquellas publicaciones que servían para sus fines.

Después de los cruces por las versiones sobre su estado de salud que circularon la semana pasada, el mandatario reflotó su embate contra los medios y apoyó el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, para sancionar a los periodistas que publiquen información “sin sustento”.

El nuevo arrebato de Milei contra el periodismo empezó alrededor de las 10.30 de este martes, cuando citó un tuit de Caputo en el que el funcionario cuestionaba una nota de LA NACION sobre el ataque del Presidente a la prensa a partir de que en la semana última se habían registrado más de 300 mensajes con insultos, acusaciones sin pruebas y llamados al odio.

“Exponiendo a las mierdas mentirosas con micrófono”, expresó el mandatario, después de que el titular del Palacio de Hacienda afirmara que lo que en verdad se advierte es un supuesto “ataque del periodismo” al Gobierno.

Con esos mismos términos Milei apoyó directamente, en otro tuit, la propuesta de Caputo de sancionar a los periodistas. El ministro de Economía había considerado que “no es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.

A la publicación de otro usuario, que había planteado que “hay que estar convencido para ser agredido y no ceder con la pauta”, Milei respondió, en cambio, con su habitual “Masterclass”.

La ristra de mensajes

Luego, ante la mención en X de una nota del diario Clarín que hablaba de una supuesta discusión con el autor liberal Federico Domínguez, de la Fundación Faro, Milei arremetió: “Mierdas humanas mentirosas. Mierdas humanas, después lloran malas formas… Mierdas, podrían empezar por no mentir, soretes…”.

Y posteriormente, al hacerse eco de otro posteo en torno a la discusión por el nivel de endeudamiento de la población, el Presidente publicó: “Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado tanto con el tema morosidad… Veremos si están moldeados de barro o de mierda… Principio de Revelación a la carga… CIAO!”.

En otro posteo, en este caso sobre un título de Clarín referido a la reducción impositiva y mencionado en el canal oficialista Carajo, el Presidente sostuvo que “hay que ser muy mierda para tomar a la baja de impuestos como algo malo… Periodistas argentinos (96,7%)… CIAO…!!!”.

En el siguiente tuit el jefe de Estado tampoco escatimó en insultos. “Desenmascarado mierdas”, escribió al citar la publicación de un usuario libertario que hacía referencia a que los medios “inventan que Milei está enfermo, crean teorías sobre su salud; desde antes de asumir como presidente, él y su entorno no paran de recibir operaciones por parte del periodismo”.

“Masterclass”, firmó Milei al citar un tuit de otro usuario anónimo que achacaba faltas morales a otros presidentes de la historia argentina y las contraponía con los “modos” del mandatario libertario.

También celebró otra publicación del streamer Fran Casaretto que rezaba: “Yo también odiaría al periodismo si inventaran cosas sobre mí. Yo también odiaría al periodismo si me criticaran los 365 días del año. Yo también putearía al periodismo si se dedicaran a inventar conflictos dentro de mi gabinete. Y yo también le dedicaría unas palabras a quienes quieren sacarme del sillón de Rivadavia simplemente porque no coincido ideológicamente con ellos”.

Más posteos

También hubo otras publicaciones contra distintos medios -entre ellos LA NACION-, a los que calificó de “amontonamiento de mierda”. “Todos desesperados por la pauta… Todos juntos en defensa del statu-quo que hundió al país”, completó.

Para ese entonces habían pasado 8 horas seguidas de una catara de insultos a periodistas y celebraciones de “masterclass” para todo lo que fueran críticas al rol de los medios de comunicación no alineados con el Gobierno.

Posteriormente Milei citó esta misma nota de LA NACION y la atribuyó a “abanderados de las formas”.

La propuesta previa de Caputo

Caputo había pedido más temprano impulsar una ley para sancionar a los periodistas que publiquen información “sin sustento”, tras negar un supuesto vínculo con una firma privada.

En un posteo, el titular del Palacio de Hacienda rechazó un presunto beneficio por afinidad hacia el empresario Julio Made y su firma, que había planteado en X el periodista ‘Beto’ Valdez.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que, para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, dijo el funcionario.

Y propuso: “La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.

Esa publicación fue respaldada por Milei, quien abogó por “desenmascarar mentirosos”.

Fuente: La Nación

Desde hace algunos años, cuando Diego Valenzuela decidió eliminar más de un centenar de tasas por servicios municipales cuyas actividades a determinar ya no existían o porque creyó que eran vetustas y frenaban la apertura de actividades comerciales e industriales, inició una discusión mucho más genérica y que terminó de explotar con la llegada de Javier Milei a la Presidencia y las constantes referencias realizadas en contra de este tipo de carga fiscal por el ministro Luis Caputo.

Esta semana, en un fallo inédito por su contundencia, la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de General San Martín le dio la razón al supermercadista Alberto Coto en su reclamo contra la Municipalidad de Moreno. La gestión de Mariel Fernández le reclamó por diferentes ajustes en las tasas de Publicidad y Propaganda, Cuidado de Medio Ambiente y Vial. Esta última, que en la mayoría de los municipios solo se paga cuando un automovilista llena su tanque de nafta o gas oíl, en esta localidad también se imputa por “camiones circulantes”. Coto también le ganó una pulseada a Fernando Espinoza, en La Matanza, que pretendía cobrarle como obra nueva una continuación de la construcción interrumpida por cuestiones económicas en 2011.

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La Cámara de San Martín, que habitualmente les da la derecha a las comunas en este tipo de litigios, fue taxativa en contra de las atribuciones que adoptó la gestión de Fernández, que nunca pudo validar el motivo del cobro de los nuevos valores reclamados. Si no hay contraprestación de servicio por la tasa a cobrar, no hay deuda, sería la síntesis del voluminoso fallo expedido el viernes pasado.

La resolución en lo Contencioso Administrativo le da la derecha no solo a Valenzuela, quien hace quince días de presentó su Semáforo Fiscal junto con Patricia Bullrich, sino a otros particulares damnificados y a otras empresas que han reclamado en el pasado por el mismo tema. ¿Por qué quiere cobrar el municipio? ¿Qué contraprestación brinda? Son algunos de los interrogantes sin respuestas.

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En Marzo de este año, Western Union rechazó el pago de una tasa por Seguridad e Higiene que le exigió la Municipalidad de Merlo por el simple hecho de haber llevado una encomienda hasta esa localidad. La firma no tiene domicilio legal ni sucursales en esa localidad. En ese mismo municipio también una vecina recibió el beneficio legal de no pagar la tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública, conocida como ABL, porque en su cuadra no pasaba ni el barrendero ni había asfalto. En una escala mucho mayor, los ruralistas de Daireaux, en el interior de la Provincia, también obtuvieron el reembolso de la Tasa Vial por el más estado de sus rutas y caminos y se comprobó que dichos fondos se utilizaban para gastos generales.

En agosto de 2022, Valenzuela, junto con la entonces Secretaria de Producción municipal, hoy subsecretaria de Comercio de la Nación, Verónica Ramos, presentaron un mega proyecto con la eliminación de un centenar de tasas municipales que solo existían porque los proyectos se copiaban y pegaban tal cual del año anterior. Ese cambio también sirvió para agilizar los trámites de habilitación, como en el caso de la Libreta Sanitaria, obligatoria en muchos municipios para emplear a un trabajador de comercio. La llegada de Milei al año siguiente y su discurso desregulador, hoy llevado a la práctica sin mucho resguardo por las propias actividades a las que se pretenden potenciar por Federico Sturzenegger, le dieron más relevancia.

Ante consultas realizadas por este medio a especialistas impositivos desde, la aparición de la primera discusión pública por el tema de la Tasa Vial, realizada la empresa ESSO contra la Municipalidad de Quilmes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón al municipio. Pero esta carga es rápidamente verificable y comprobable ya que solo la pagan quienes consumen combustible y por cada ticket se le impone un monto adicional que debería servir para mantener la vía pública. En algunos casos hay una especificación particular para que así se realizara, pero en la mayoría no y va a cuentas generales.

Tampoco pueden ser analizables los convenios realizados por las comunas y las empresas de servicios públicos como EDENOR, por las cuales se cobran, con cargo específico, el porcentaje correspondiente al alumbrado público de la tradicional tasa ABL. Al ser un convenio entre partes, los dos salen ganando. Los municipios que se garantizan el recobro mucho mayor que si lo hicieran por medio de la boleta tradicional municipal, que tiene mucho menos capacidad de cobranza, y la propia empresa, que se queda con un monto fijo por cada cuenta por el servicio de retener y luego transferir esos montos.

La aplicación diseñada por Diego Valenzuela releva la carga impositva en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, en su dinámica de buscar culpables, el Ministerio de Economía de la Nación quiere que no existan más ni las tasas ni los convenios empresa – municipios, aunque es el propio Luis Caputo el que somete a una tensión insoportable la situación de las rutas nacionales por no transferir los fondos que el Estado nacional cobra para por cada litro de combustible que se vende, alrededor de $3500 millones de dólares en dos años y mantiene la presión tributaria nacional como la más importante, seguida por los impuestos provinciales, que en el caso de los Ingresos Públicos, son los más distorsionantes del sistema.

El plano municipal es solo un 1,8% promedio en el costo total impositivo de todo el país. Según el Semáforo armado en Menos Impuestos.com.ar, la tasa vial más cara se cobra en Hurlingham, en el oeste del gran Buenos Aires, con 3,16% y la menor en San Pedro, con 0,52%.

Fuente: Mendoza online

José Andrés Velis solicitó este miércoles y obtuvo, vía sistema electrónico, licencia de quince días como Director General de la Aduana, uno de los puestos más sensibles de la administración nacional.

Sin aviso previo a la Casa Rosada, cuyos voceros se mostraron sorprendidos por la noticia, la eventual salida de Velis, no confirmada ni desmentida por el Gobierno, supone una nueva baja para el esquema de poder del asesor presidencial Santiago Caputo, con influencia decisiva en el área y a quien responde el veterano director de la Aduana.

“En la Aduana hay más internas que en el peronismo. Está todo roto”, respondió a LA NACION un conocedor de los entresijos del poder en el edificio de Azopardo al 300. Nombrado vía decreto en octubre de 2024, con la firma del presidente Javier Milei y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se necesita de otro decreto presidencial para que cese en su cargo.

Velis depende, de acuerdo al organigrama oficial, del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, también cercano al consejero presidencial. En el orden jerárquico, tiene debajo de sí a cuatro subdirectores, todos ellos con menos de un año en sus cargos, como Javier Ferrante (operaciones aduaneras metropolitanas), Andrés Kunisz (control aduanero), Carlos Zorzano (operaciones aduaneras en el interior) y Pablo Borgna (técnico legal aduanero). Uno de ellos, en especial Kunisz, parte de la “familia aduanera”, según contaron fuentes del sector, podría tomar el lugar de Velis si la licencia se transformara en alejamiento definitivo.

En sus más de cuatro décadas de trayectoria, Velis ha pasado por distintos puntos sensibles de la Aduana: fue jefe de División Operativa en el Aeropuerto de Ezeiza; del Departamento Operacional Aduanero; de la División Resguardo I y II; y del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires. Jubilado al asumir su actual puesto, respondió durante años al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien “nombró y ascendió a un montón de funcionarios que hoy están en rangos altos en subdirecciones. El tampoco se terminó de ir nunca de la Aduana”, según comentaron fuentes con conocimiento del organismo de control. Velis, considerado un buen “técnico operativo, muy ejecutivo” por dos de sus excompañeros de trabajo, estuvo además en la dirección de puertos durante la gestión de Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa, como director de Aduanas.

La llegada de Vázquez a la ARCA, en reemplazo de Juan Pazo, a mediados de diciembre del año pasado, supuso un cambio negativo para Velis. Con “manejo prusiano” del área, Vázquez habría dispuesto algunos movimientos que disgustaron a Velis, una situación de “desgaste” que habría derivado en el pedido de licencia.

Nacida en el siglo XVI con la llegada del adelantado Pedro de Mendoza a estas tierras, la Aduana fue, a la vez, el órgano encargado del control de los bienes que ingresan y salen del país, y foco de sospechas de contrabando y corrupción. Los distintos gobiernos han designado personas de su confianza en la Dirección General de la Aduana, mientras las subdirecciones son ocupadas por funcionarios de carrera, que resisten el paso de las distintas administraciones y van rotando en distintos puestos del organismo.

En julio del año pasado, la Aduana quedó en el ojo de la tormenta por su responsabilidad en el ingreso, el 25 de febrero anterior, del avión privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, con Laura Belén Arrieta como única pasajera y -sobre todo- con diez bultos que no fueron revisados en su totalidad, antes de que el jet siguiera viaje hacia Francia, luego de varios días en un hangar de Aeroparque.

Tal como informó LA NACION, en septiembre del año pasado, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación publicó un informe reservado mediante el cual se encontraron debilidades y grandes fallas en el sistema de cámaras para evitar delitos aduaneros. El ente detectó más de 290 deficiencias en el control por video del organismo. En el informe, en el que se evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA), se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.

Fuentes del Gobierno, y también de la Aduana, aseguraron que, pase lo que pase con Velis, la influencia del asesor Caputo “se va a mantener”, sobre todo a través de Vázquez, aunque el consejero viene perdiendo terreno en los últimos meses, como en el Ministerio de Justicia, con la salida de Sebastián Amerio y la llegada del nuevo ministro Juan Bautista Mahiques y parte de la narrativa oficial, ahora en los hechos en manos del documentalista Santiago Oría.

Por Jaime Rosemberg

Fuente: La Nación

Una publicación en redes sociales volvió a colocar la relación entre el Gobierno y el periodismo en el centro de la discusión pública. Esta vez, el protagonista fue Luis Caputo: el ministro de Economía rechazó una versión sobre un supuesto vínculo empresarial y reclamó sanciones para quienes difundan información que consideró infundada.

El planteo apareció el martes 25 de agosto en la cuenta oficial del funcionario en X. Caputo respondió a un mensaje del periodista Beto Valdez que mencionaba al Grupo Lenor y a su propietario, el ingeniero industrial Julio Made. La publicación relacionaba a la compañía con cambios en el control de los surtidores de combustible, una tarea vinculada hasta entonces con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

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La respuesta de Luis Caputo y su pedido de una ley

El titular del Palacio de Hacienda negó conocer al grupo y al empresario señalados. A partir de esa desmentida, sostuvo que algunos periodistas asumían la mentira como un derecho y afirmó que la Justicia debía intervenir. “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, escribió Caputo, quien cuestionó que una persona pueda publicar información sin sustento y no enfrentar consecuencias. El mensaje puede consultarse desde su cuenta oficial en X.

El ministro no explicó qué tipo de sanciones propondría, a quiénes alcanzaría la norma ni qué autoridad debería determinar si una publicación carece de fundamento. Tampoco presentó un articulado o una iniciativa formal. Su intervención quedó, hasta el momento, limitada a una declaración en redes sociales. El presidente Javier Milei compartió luego el intercambio y respaldó públicamente el cuestionamiento a la versión difundida.

Otro cruce del ministro con los medios

El episodio se produjo después de que Caputo objetara una nota sobre las expresiones del Gobierno contra trabajadores de prensa. Al compartirla, el funcionario sostuvo que el título debía referirse a un ataque “del periodismo” y acusó a un sector de atribuirse el derecho a mentir e injuriar. También defendió la posibilidad de responder públicamente y exponer aquellas afirmaciones que el oficialismo considera falsas.

Las publicaciones profundizaron una discusión que excede el intercambio puntual. Por un lado, los funcionarios pueden desmentir informaciones, solicitar rectificaciones y recurrir a las herramientas judiciales disponibles. Por otro lado, cualquier propuesta destinada a sancionar contenidos periodísticos abre interrogantes sobre sus límites, los criterios para evaluar una publicación y su posible impacto sobre la libertad de expresión.

Qué establece actualmente la legislación argentina

El Código Penal contempla las figuras de calumnias e injurias, pero la Ley 26.551, sancionada en noviembre de 2009, incorporó una protección específica para las expresiones relacionadas con asuntos de interés público. La norma determina que esas manifestaciones no configuran delito de calumnia o injuria. También excluye aquellas expresiones que no sean afirmaciones categóricas. El texto completo está disponible en la Biblioteca de Normativas de la Nación.

La legislación no impide que una persona que se considere afectada pueda buscar una reparación por la vía civil. Sin embargo, el estándar aplicable a debates de interés público protege un margen amplio para la investigación, la crítica y la circulación de información, especialmente cuando involucra a funcionarios. Una eventual modificación tendría que ser debatida y aprobada por el Congreso.

Hasta el 26 de agosto no se informó oficialmente la presentación de un proyecto impulsado por Caputo sobre esta cuestión. Tampoco se difundieron detalles desde el Ministerio de Economía. Por ahora, su pedido constituye una posición pública expresada en redes y no una reforma legal en trámite.

Fuente: Mendoza online

La Corte Suprema se prepara para resolver una controversia nacida en Formosa, pero su decisión puede terminar teniendo consecuencias políticas a cientos de kilómetros de esa provincia y convertir al máximo tribunal, sin proponérselo, en un árbitro inesperado de la interna peronista.

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La discusión comenzó con Gildo Insfrán, pero ya excede al gobernador que conduce Formosa desde 1995. Raúl Jalil, en Catamarca; Gustavo Sáenz, en Salta; y Osvaldo Jaldo, en Tucumán, tienen por delante definiciones sobre su futuro político y mantienen abierta, con situaciones jurídicas diferentes, la posibilidad de continuar en el poder después de 2027.

Hay un elemento adicional que convierte esas tres historias provinciales en una discusión nacional: Jalil, Sáenz y Jaldo integran el grupo de gobernadores de extracción peronista que eligieron mantener una relación de cooperación con Javier Milei. Los tres negociaron con la Casa Rosada, acompañaron iniciativas del oficialismo o aportaron gobernabilidad durante distintos momentos de la administración libertaria.

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Y esa condición empieza a tener otro costo dentro del peronismo.

En las últimas semanas, los principales sectores del PJ comenzaron a discutir una coordinación política más dura frente al Gobierno y una frontera hasta ahora difusa: qué lugar tendrán en la construcción opositora de 2027 aquellos dirigentes que durante los primeros años de Milei optaron por colaborar con la Casa Rosada.

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En medio de esa discusión apareció la Corte Suprema.

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El máximo tribunal ya había declarado inconstitucional, en diciembre de 2024, el régimen que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador de Formosa. Después de aquel fallo, la provincia reformó su Constitución e incorporó un límite de dos períodos consecutivos.

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Pero la reforma incluyó una cláusula transitoria que abrió una nueva controversia. El mandato de las autoridades que estaban en funciones al momento de sancionarse el nuevo texto sería considerado como el primero bajo el régimen reformado. En los hechos, esa disposición deja a Insfrán en condiciones de intentar presentarse nuevamente en 2027.

La oposición volvió entonces a recurrir a la Corte. La Confederación Frente Amplio Formoseño, integrada por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros espacios opositores, promovió una acción contra la cláusula transitoria cuarta. La semana pasada, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon la competencia originaria del tribunal para intervenir en el planteo.

Si Insfrán fuera habilitado, se presentara y volviera a ganar, iniciaría su noveno mandato consecutivo.

El expediente tiene límites jurídicos precisos. Una eventual sentencia contra Insfrán no inhabilitará automáticamente a otros gobernadores ni resolverá controversias regidas por constituciones provinciales diferentes. Pero una nueva decisión de la Corte que ratifique una interpretación restrictiva sobre las reelecciones y, particularmente, sobre los mecanismos utilizados para comenzar a contar los mandatos hacia adelante tendría una inevitable repercusión política.

Y por eso hay dirigentes que miran hacia Formosa.

Jalil, la sucesión y una alternativa en el Senado
El gobernador Raúl Jalil, firmando un convenio con Diego Santilli y Luis Caputo
El gobernador Raúl Jalil, firmando un convenio con Diego Santilli y Luis Caputo
La situación políticamente más sensible es la de Raúl Jalil.

El gobernador de Catamarca llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2023. Durante su administración, la provincia terminó con el esquema que permitía las reelecciones indefinidas mediante una ley reglamentaria que estableció un máximo de dos períodos consecutivos para gobernador y vicegobernador.

La norma fijó además un punto central: los mandatos que se encontraban en ejercicio cuando entró en vigencia serían considerados como primer período a los efectos del nuevo límite.

Jalil afirmó públicamente que no buscará otra reelección y sostuvo que dos períodos son suficientes. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con dirigentes nacionales y provinciales del peronismo, la discusión sobre su futuro no está definitivamente cerrada.

En el oficialismo catamarqueño circulan distintos escenarios.

Uno supone mantener abierta la discusión sobre las posibilidades de continuidad de Jalil. Otro contempla que el gobernador busque una banca en el Senado nacional y habilite una sucesión acordada dentro del peronismo provincial.

Allí aparece Gustavo Saadi.

El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca tiene aspiraciones de suceder a Jalil y cuenta con el respaldo de una dirigente determinante en la política provincial: la exgobernadora y actual senadora nacional Lucía Corpacci.

Corpacci, además, mantiene una relación política y personal estrecha con Cristina Kirchner y no está convencida de acompañar una eventual nueva candidatura del actual gobernador. Un acuerdo alrededor de Saadi podría, por eso, ordenar una sucesión y, al mismo tiempo, recomponer los vínculos entre el peronismo catamarqueño y el sector nacional que responde a la expresidenta.

La discusión tiene un trasfondo inevitable.

Jalil es uno de los mandatarios peronistas que desarrolló una relación más pragmática con Milei. Mantuvo canales abiertos con la Casa Rosada y sus legisladores acompañaron al Gobierno en votaciones relevantes.

Lo que durante los primeros años de la administración libertaria fue presentado por esos gobernadores como una estrategia para preservar los intereses de sus provincias empieza ahora a ser utilizado en la interna del PJ como un elemento para cuestionar su pertenencia a una futura coalición opositora.

Tres hombres en traje sentados en una mesa, dos de ellos sonríen, con micrófonos y una pequeña bandera de franjas roja, azul y blanca
El dirigente político Diego Santilli sonríe durante un encuentro con gobernadores del Norte Grande en la provincia de Misiones.
Sáenz, entre dos oposiciones
Gustavo Sáenz enfrenta una situación diferente y, políticamente, una paradoja todavía mayor.

Gobierna Salta desde 2019 y fue reelegido en 2023. Durante su primer mandato impulsó una reforma constitucional que redujo las posibilidades de reelección del gobernador y vicegobernador.

El debate se concentra en cómo debe computarse ese límite.

La interpretación favorable al gobernador considera que el período iniciado en 2023 es el primero bajo la Constitución reformada y que, por lo tanto, Sáenz podría competir nuevamente en 2027.

Sus adversarios plantean lo contrario y agregan un antecedente particularmente incómodo para el oficialismo provincial.

La misma reforma constitucional de 2021 estableció que los magistrados inferiores del Poder Judicial deben cesar indefinidamente al obtener la jubilación o el día en que cumplan 70 años, lo que ocurra primero.

La cuestión ya fue interpretada por la Justicia salteña. En febrero de 2025, la Corte de Justicia provincial determinó que el límite también alcanzaba a magistrados que ya estaban en ejercicio cuando se sancionó la reforma. Para ordenar la transición, dispuso que quienes ya hubieran alcanzado o alcanzaran los 70 años hasta el 30 de junio de ese año dejarían sus cargos en esa fecha; a partir de entonces, los jueces inferiores deben cesar al cumplir la edad establecida constitucionalmente.

(Infobae en Vivo)
El gobernador Gustavo Sáenz
Ese antecedente ofrece a los adversarios de Sáenz un argumento político y, eventualmente, jurídico: si una limitación incorporada por la Constitución de 2021 pudo alcanzar a magistrados cuyos cargos habían comenzado antes de la reforma, sostienen, deberá explicarse por qué el nuevo límite de mandatos tendría que computarse exclusivamente hacia adelante cuando se trata del gobernador.

No significa que ambas situaciones sean jurídicamente idénticas. Pero el contraste promete convertirse en uno de los ejes de cualquier controversia sobre una eventual candidatura de Sáenz en 2027.

La cuestión resulta todavía más significativa porque fue el propio gobernador quien presentó la reforma constitucional como una herramienta destinada a terminar con los “mandatos eternos” y garantizar la alternancia en los cargos políticos y judiciales.

Pero Sáenz tiene un problema que excede ampliamente la Constitución provincial.

El gobernador construyó una relación fluida con el Gobierno nacional y es uno de los interlocutores provinciales con los que la Casa Rosada pretende preservar el vínculo político. Al mismo tiempo, profundizó su enfrentamiento con Cristina Kirchner y cuestiona abiertamente al sector del peronismo que responde a la expresidenta.

Desde el kirchnerismo le reprochan exactamente lo contrario: su cooperación con Milei y su negativa a integrar una estrategia de confrontación sistemática con el Gobierno.

La paradoja es que Sáenz tampoco tiene una relación armónica con La Libertad Avanza de su propia provincia.

La senadora María Emilia Orozco y sectores libertarios vinculados con Alfredo Olmedo mantienen una confrontación abierta con el gobernador y sostienen una estrategia política muy diferente de la que la Casa Rosada desarrolla con él.

La tensión quedó expuesta esta semana durante la visita de Sandra Pettovello a Salta.

En una actividad en la que coincidieron el gobernador y dirigentes libertarios locales, militantes de La Libertad Avanza cuestionaron a Sáenz. La ministra de Capital Humano intervino para defenderlo y advirtió que quien maltratara al mandatario tendría que “vérselas” con ella.

La frase tuvo inmediata repercusión en la política provincial porque hizo visible una contradicción que hasta entonces se administraba con mayor discreción.

La ministra de Capital Humano visitó la provincia de Salta y pidió que los libertarios no lo traten mal. «Se las van a tener que ver conmigo», les dijo
El Gobierno nacional pretende sostener la interlocución con un gobernador que colaboró con Milei, pero no controla completamente a una estructura libertaria provincial que necesita enfrentarlo para construir una alternativa electoral propia.

Sáenz queda así encerrado entre dos oposiciones: el kirchnerismo cuestiona su lugar dentro del peronismo por su relación con Milei y los libertarios salteños lo combaten pese a la relación política que el mandatario mantiene con el Gobierno nacional.

Jaldo y el período que puede convertirse en un problema
El caso de Osvaldo Jaldo tiene un matiz jurídico diferente.

Antes de convertirse en gobernador electo de Tucumán fue vicegobernador de Juan Manzur. Cuando Manzur dejó la provincia en septiembre de 2021 para asumir como jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Jaldo quedó al frente del Poder Ejecutivo.

Ejerció la gobernación hasta febrero de 2023, cuando Manzur regresó al cargo. Meses después, Jaldo encabezó la fórmula oficialista, ganó las elecciones y asumió como gobernador constitucional.

Los registros institucionales tucumanos diferencian ambas situaciones. Durante el reemplazo de Manzur, Jaldo aparece como vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo. Desde 2023, como gobernador constitucional.

Esa distinción puede transformarse en el centro de una futura controversia.

Si Jaldo avanza con su intención de buscar un nuevo mandato en 2027, sus adversarios internos podrían intentar que aquel período durante el cual ejerció efectivamente la gobernación sea considerado a los efectos de computar los límites constitucionales.

No existe hasta ahora una equiparación automática entre aquella situación y un mandato obtenido como cabeza de una fórmula electoral. Por eso, de los tres gobernadores, el suyo es probablemente el caso que exige mayor cautela jurídica.

Pero también allí la discusión legal se superpone con una pelea política.

Jaldo y Manzur atravesaron durante los últimos años alianzas, enfrentamientos y reconciliaciones. Ahora vuelven a diferenciarse por la relación con Milei.

Javier Milei con Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán
Osvaldo Jaldo y el presidente Milei
Manzur, actualmente senador nacional, se encuentra más cerca del peronismo que promueve una oposición frontal a la Casa Rosada. Jaldo tomó el camino contrario: fue uno de los primeros gobernadores del PJ en establecer una política explícita de cooperación con el nuevo Gobierno y sus legisladores resultaron importantes para el oficialismo en el Congreso.

Si finalmente hubiera una disputa sobre su habilitación para 2027, resultaría difícil separar el debate constitucional de la pelea por el control político del peronismo tucumano.

Los intendentes y la construcción presidencial de Kicillof
El problema de las reelecciones no termina en los gobernadores.

En la provincia de Buenos Aires, decenas de intendentes quedarán impedidos de buscar otro mandato en 2027 si no cambia la legislación vigente. Una mayoría pertenece al peronismo.

La senadora provincial Ayelén Durán, alineada con Axel Kicillof, presentó un proyecto para eliminar las restricciones que actualmente alcanzan a intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La presión sobre el gobernador bonaerense tiene una explicación que excede los municipios.

Los intendentes constituyen uno de los principales soportes territoriales de la construcción con la que Kicillof pretende proyectarse nacionalmente en 2027. Muchos de ellos reclaman modificar el régimen de reelecciones y consideran que la resolución de ese problema debe formar parte de los acuerdos políticos que sostengan una eventual candidatura presidencial del gobernador.

La relación es delicada.

Kicillof necesita de los intendentes para su proyecto nacional. Los intendentes necesitan de Kicillof para modificar una legislación que puede terminar con las carreras ejecutivas de muchos de ellos.

Las reelecciones se convierten así en moneda de negociación dentro de una interna que ya no discute solamente candidaturas sino también las reglas bajo las cuales esas candidaturas podrán existir.

Axel Kicillof acto lanzamiento MDF Juventudes
La frontera que el PJ quiere trazar frente a Milei
Toda esa discusión ocurre mientras el peronismo intenta resolver otro problema: cómo volver a construir una estrategia nacional después de años de fragmentación.

Hace dos semanas, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof participaron de una reunión en el Hotel Emperador junto con gobernadores y referentes parlamentarios, entre ellos Gerardo Zamora y los presidentes de los bloques peronistas del Senado y Diputados, José Mayans y Germán Martínez.

El encuentro buscó avanzar en una coordinación política y parlamentaria frente al Gobierno.

Pero las conversaciones dejaron también una discusión que será decisiva hacia 2027.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de conversaciones con dirigentes de distintos sectores del peronismo, existe una decisión de comenzar a establecer una frontera más clara entre quienes confrontan con Milei y aquellos gobernadores que durante estos años mantuvieron una política de cooperación con la Casa Rosada.

Esa búsqueda de unidad tiene, además, un objetivo político-electoral inmediato: impedir que el Gobierno consiga eliminar las PASO, una de las principales reformas que la Casa Rosada pretende concretar este año. La resistencia a esa modificación aparece como uno de los primeros puntos capaces de alinear a sectores que mantienen diferencias profundas sobre liderazgos, candidaturas y estrategias para 2027.

No se trata necesariamente de expulsar a los gobernadores dialoguistas del universo peronista. La discusión es otra: si podrán integrar en las mismas condiciones una coalición electoral construida precisamente para derrotar al Gobierno con el que cooperaron en votaciones y negociaciones relevantes.

Jalil, Sáenz y Jaldo están en el centro de esa discusión.

Los tres conservan estructuras territoriales, legisladores y capacidad electoral. Los tres pueden ser necesarios para cualquier proyecto nacional que pretenda reconstruir una mayoría peronista. Pero los tres eligieron también una estrategia frente a Milei que los distancia del núcleo que intenta organizar una oposición más homogénea.

Y allí aparece la paradoja.

Mientras el peronismo busca resolver políticamente qué hacer con sus gobernadores dialoguistas, una decisión originada en una controversia constitucional de Formosa puede terminar despejando —o complicando todavía más— parte de esa discusión.

La Corte no decidirá quién debe conducir el PJ, quién integrará la coalición opositora ni quién será candidato presidencial en 2027. Tampoco una sentencia sobre Insfrán puede trasladarse automáticamente a las situaciones de Jalil en Catamarca, Sáenz en Salta o Jaldo en Tucumán. Mucho menos resolverá la situación de los intendentes bonaerenses que buscan recuperar la posibilidad de competir por nuevos mandatos, una discusión que depende de la Legislatura provincial y que forma parte de la negociación política alrededor del proyecto presidencial de Kicillof.

Pero si el máximo tribunal vuelve a establecer un criterio restrictivo frente a los mecanismos que permiten prolongar mandatos o comenzar a computarlos hacia adelante, las consecuencias políticas excederán inevitablemente a Formosa.

El peronismo discute hoy dos cuestiones que empiezan a superponerse: quiénes pueden seguir gobernando y quiénes podrán formar parte del proyecto que pretende volver al poder nacional.

Sin buscarlo, la Corte puede terminar convertida en el árbitro inesperado de una parte de esa pelea.

Fuente: Infobae.com