La Iglesia Católica tiene no solo el derecho sino también el deber de hacer oír su voz ante la pobreza, la exclusión, la injusticia y cualquier circunstancia que afecte la dignidad de las personas. Nadie razonablemente podría pretender que permaneciera indiferente ante el sufrimiento social ni que renunciara a proclamar la doctrina social de la Iglesia que, desde hace más de un siglo, procura iluminar desde el Evangelio los problemas de cada época.
Una cuestión muy diferente aparece cuando, al ejercer ese magisterio moral, algunos de sus representantes ingresan en el terreno de los diagnósticos económicos y terminan presentando como verdades indiscutibles lo que son, en realidad, cuestiones técnicas controvertidas. Más preocupante todavía es cuando esas opiniones adoptan el lenguaje, las consignas y hasta los presupuestos ideológicos de sectores concretos de la política partidaria.
Las recientes manifestaciones de algunos integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina vuelven oportuno señalar esa diferencia. En su homilía en el día de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, formuló consideraciones sobre la libertad económica, los salarios, las tarifas, los precios y el endeudamiento de las familias. El presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, defendió a su vez la intervención de la Iglesia frente a situaciones que considera contrarias a los derechos y a la dignidad humana.
Nada hay de objetable en esto último. El problema comienza cuando se pasa casi imperceptiblemente del juicio moral —la pobreza es un mal, el trabajo merece dignidad, el sufrimiento de una familia endeudada no puede resultar indiferente— al diagnóstico acerca de sus causas y, de allí, a la implícita preferencia por determinadas soluciones económicas. No son lo mismo.
Las palabras pueden ser nobles. Sus resultados no necesariamente lo son
Una autoridad religiosa puede recordar principios morales. Ellos pueden y deben interpelar por igual a gobernantes, empresarios, trabajadores y ciudadanos. Pero saber por qué aumentan determinados precios, cuáles son los efectos de una tarifa subsidiada, qué consecuencias produce el déficit fiscal, qué relación existe entre emisión monetaria e inflación, cuál debe ser el grado de libertad de los mercados o qué políticas permiten aumentar sostenidamente los salarios reales exige conocimientos y evidencia ajenos a la autoridad episcopal.
Un oportuno artículo publicado ayer en LA NACION por el sacerdote y teólogo Gustavo Irrazábal permite llevar esta reflexión aun más lejos. Su análisis se refiere al magisterio social pontificio, pero la advertencia resulta particularmente pertinente para nuestro país. Irrazábal observa la tendencia a asumir sistemáticamente una determinada interpretación sobre la evolución de la pobreza y la desigualdad, mientras se presta menor atención a otras explicaciones igualmente respaldadas por especialistas. Y recuerda algo elemental pero frecuentemente olvidado: decidir cuál de esas interpretaciones económicas describe mejor la realidad constituye, precisamente, un debate para especialistas.
El punto merece especial atención. La existencia de desigualdades injustas no explica por sí misma cuáles son sus causas. Tampoco demuestra que la redistribución sea siempre el remedio adecuado ni que el crecimiento económico sea secundario ni que una mayor intervención estatal produzca necesariamente mayor justicia social. Son cuestiones sobre las cuales economistas serios pueden discrepar. Irrazábal contrapone, precisamente, la preferencia por políticas redistributivas con las teorías que asignan un papel decisivo al crecimiento sostenido e inclusivo para superar la pobreza.
La experiencia argentina debería aconsejar una prudencia todavía mayor.
Durante décadas hemos escuchado un vocabulario político que hizo de la “justicia social”, la “redistribución”, los “derechos adquiridos” y la protección frente al mercado elementos centrales de su retórica. Las palabras pueden ser nobles. Sus resultados no necesariamente lo son. Una sociedad no se vuelve más justa porque proclame más enfáticamente su preocupación por los pobres. La pregunta decisiva es si las políticas adoptadas disminuyen efectivamente la pobreza o terminan multiplicándola. Allí reside uno de los riesgos de que la jerarquía eclesiástica haga suyas, quizás inadvertidamente, categorías procedentes de una determinada tradición política. La coincidencia entre una aspiración moral y una consigna partidaria no convierte a esta última en doctrina cristiana.
La Iglesia engrandece su misión cuando ilumina la política desde sus principios. La empequeñece cuando permite que la política partidaria determine desde qué principios parece hablar
Tampoco debería olvidarse que el crecimiento económico ha sido uno de los instrumentos más formidables de reducción de la pobreza conocidos por la humanidad. Irrazábal recuerda que desde la década de 1960 se han registrado enormes avances mundiales en la reducción de la pobreza extrema, la esperanza de vida, la educación y el acceso al agua potable, la electricidad, los medicamentos y la tecnología. Cientos de millones de personas, particularmente en Asia, abandonaron condiciones ancestrales de pobreza. Ignorar esos progresos para conservar una visión de permanente decadencia social no ayuda a comprender el mundo que se pretende mejorar. Mucho menos ayuda a comprender a la Argentina.
Nuestro país ofrece una dolorosa demostración de que las buenas intenciones proclamadas no sustituyen las buenas políticas. Inflación, déficit crónico, gasto público insostenible, regulaciones asfixiantes y sucesivas distorsiones de precios relativos fueron defendidos demasiadas veces invocando precisamente a los pobres, que son quienes con mayor frecuencia padecieron sus consecuencias. Para colmo, muchos de los defensores de esas ideas –casi todos de un mismo partido político– han estado envueltos en sonados casos de corrupción, lo que constituye una clara evidencia de que su preocupación no iba más allá de la de llenarse sus bolsillos con dinero mal habido.
Esto no significa que toda política de mercado sea acertada, que el Estado carezca de responsabilidades sociales ni que la libertad económica deba desconocer límites jurídicos y éticos. Significa algo más sencillo: entre un principio moral y una política económica existe un largo camino de conocimientos, experiencia, datos y decisiones técnicas que ninguna investidura religiosa permite recorrer por atajo.
Existe además otra razón para la prudencia episcopal.
La Iglesia no pertenece a un partido. Sus fieles tampoco. Entre ellos hay personas de las más diversas ideas políticas y económicas, todas igualmente merecedoras de atención pastoral. Cuando un obispo denuncia la corrupción, reclama respeto por la dignidad humana o recuerda la obligación de asistir a quien sufre, su palabra puede dirigirse a toda la sociedad. Cuando adopta el vocabulario característico de una facción o parece identificar la doctrina social con un programa económico determinado, inevitablemente reduce la universalidad de ese mensaje.
La Iglesia debe hablar de política, si por política entendemos la preocupación por el bien común. Lo que debería evitar es descender a la política partidaria. Y esa frontera se vuelve particularmente difusa cuando pronunciamientos pastorales comienzan a parecerse demasiado a las declaraciones de dirigentes que disputan el poder.
No se trata, entonces, de pedir silencio a los obispos. Muy por el contrario. Se trata de preservar y enaltecer el valor de su palabra.
El propio Irrazábal encuentra una orientación saludable en la enseñanza pontificia: prestar atención a la investigación científica, fomentar un diálogo académico serio y aceptar la diversidad de opiniones. Cuanto más sólido sea el conocimiento sobre el cual se apoye un pronunciamiento social, mayor será su autoridad ética.
También sería deseable recuperar una virtud que la tradición cristiana conoce desde mucho antes que la ciencia económica: la humildad. Humildad para distinguir entre aquello sobre lo cual la Iglesia tiene algo propio e insustituible que decir y aquello sobre lo cual sus ministros pueden tener opiniones tan respetables —y tan falibles— como las de cualquier ciudadano.
La Iglesia engrandece su misión cuando ilumina la política desde sus principios. La empequeñece cuando permite que la política partidaria determine desde qué principios parece hablar.
Fuente: La Nación
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