En medio de las crecientes denuncias y detenciones por el escándalo de corrupción en Petrobras que afectan al gobierno de Dilma Rousseff, la Procuraduría de la República en el Distrito Federal abrió una investigación contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por supuesto tráfico de influencias para favorecer a la constructora Odebrecht, una de las empresas involucradas en la red de sobornos dentro de la petrolera estatal.
Lula, padrino político de Dilma y máxima figura del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), quedó bajo la lupa de la justicia luego de que en los últimos meses la revista Época y el diario O Globo revelaron que desde que dejó el Palacio del Planalto, el ex presidente (2003-2010) viajó numerosas veces con ejecutivos de Odebrecht a países donde la compañía tiene importantes proyectos financiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).
Tras un análisis previo, para la fiscal en Brasilia Mirella Aguiar ahora hay indicios suficientes para iniciar una investigación formal contra el ex presidente por presunto tráfico de influencias en el banco para conceder los créditos para esos negocios internacionales de Odebrecht.
«El proceso se abrió por un plazo de tres meses que puede ser extendido hasta que la procuradora decida si presenta una denuncia. Las penas establecidas en el Código Penal por tráfico de influencias van desde los dos hasta los cinco años de prisión», señaló al diario La Nación la oficina de prensa de la Procuraduría.
El mes pasado el país quedó asombrado con la orden de arresto de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, decretada por el juez federal Sergio Moro, que lleva adelante las pesquisas sobre el extenso esquema de coimas que las principales constructoras brasileñas pagaban a directivos de Petrobras para garantizarse contratos en licitaciones. El poderoso empresario tiene una fluida relación de amistad con Lula.
Según las revelaciones de la prensa brasileña, Lula viajó con ejecutivos de Odebrecht a países donde la constructora tiene fuertes intereses, como Estados Unidos, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Ghana y Angola, y donde sus obras son financiadas con millonarios créditos del Bndes. Según la empresa, Lula no ha sido consultor de la compañía, pero sí le pagó por realizar conferencias en el exterior a través del Instituto Lula.
Ayer, el ex presidente permaneció en silencio, pero el instituto expresó su «sorpresa» por la decisión de la Procuraduría. «Todo lo que la fiscal solicitó fue entregado por el instituto, que llegó a presentar más de lo que había sido exigido inicialmente. El Instituto Lula cree que hubo poco tiempo para que la procuradora analice el material, pero entiende que es parte de las atribuciones del Ministerio Público investigar denuncias y tendrá la oportunidad de comprobar la legalidad y la decencia de todas las actividades del instituto», señaló en un comunicado, mientras personas cercanas al ex mandatario apuntaron que el caso no tiene vinculación con el escándalo de Petrobras.
Las autoridades judiciales estiman que a través del esquema del petrolão unos 2000 millones de dólares en sobornos fueron desviados de la empresa estatal, dinero que en parte financió campañas electorales de políticos del PT y sus aliados. Por el caso se encuentran detenidos una treintena de ejecutivos -muchos de los cuales han decidido colaborar con la justicia a cambio de una reducción en sus condenas-, así como el ex tesorero del PT João Vaccari Neto.
Además, medio centenar de políticos están siendo investigados, supuestamente por beneficiarse de la red de irregularidades. Entre ellos el senador y ex presidente Fernando Collor de Mello, del Partido Laborista Brasileño, que en 1992, tras apenas dos años en el poder, abandonó la presidencia antes de ser juzgado por el Congreso acusado de corrupción.
Hasta el momento, Dilma no ha sido alcanzada por las numerosas denuncias judiciales, aunque ella, como ministra de Minas y Energía primero y luego como jefa de gabinete, encabezó el Consejo de Administración de Petrobras durante el gobierno de Lula. De todos modos, la presión contra su administración no para de aumentar y se han realizado dos jornadas de protestas callejeras masivas para pedir su impeachment por el Congreso, cuando lleva sólo siete meses de haber sido reelegida para un segundo mandato. Asimismo, la presidenta enfrenta una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) por violación de la ley de responsabilidad fiscal en maniobras ante bancos públicos para presuntamente esconder el déficit durante su primer mandato.