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Dilma Rousseff, presidenta de Brasil,  enfrenta hoy la tercera marcha opositora desde que asumió su mandato a inicios del año, en un marco adverso por la crisis económica y las divisiones dentro del Congreso. A menos de ocho meses de haber iniciado el segundo periodo de gobierno, Rousseff vio caer su popularidad al 8% y su rechazo trepar al 71% de acuerdo con una encuesta de Datafolha.

Las profecías que merodeaban la campaña de octubre de 2014 tomaron cuerpo en los últimos meses cuando la economía y las denuncias por los casos de corrupción en Petrobras, obligaron a la mandataria a tomar decisiones que no contentaron al mercado financiero pero tampoco a los trabajadores, gran apoyo en su reelección, por las medidas de ajuste y recortes.

Los escándalos de corrupción destapados en Petrobras, que salpican a varios partidos de la coalición de gobierno y a una veintena de empresas privadas, y el deterioro de la economía tensionaron el clima político. La crisis económica alertó al gobierno y hasta se especuló con un regreso al gabinete del ex presidente y líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, pero según la prensa local local no aceptó la propuesta que habría planteado Rousseff de ocupar uno de los ministerios.

La situación fue aprovechada por la oposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que logró dar un saltó al frente en el balotaje del año pasado, cuando su candidato presidencial Aecio Neves fue derrotado por Rousseff sólo por tres puntos, y ahora encabeza, por primera vez formalmente, una marcha que promete ser multitudinaria en varias ciudades del país, llevando como consignas «Fuera Dilma, fuera PT».

El jueves pasado, la mandataria del PT expresó su decisión de no renunciar pero admitió preocupación ante la «intolerancia» imperante que, dijo, puede recrear el clima de inestabilidad previo al fin de los gobiernos de Joao Goulart, derrocado por un golpe militar, y Getulio Vargas, que se quitó la vida. «Existe una cultura golpista, pero no están las condiciones materiales para que eso ocurra, la intolerancia divide al país, hay un proceso de intolerancia como no se vio antes en Brasil, sino en los períodos en que se quebró la democracia», planteó Rousseff. De todos modos señaló que no considera inminente la quiebra del orden democrático pues esto no coincide con la idiosincrasia de la sociedad brasileña.

Rousseff aseguró que el actual ambiente político le «recuerda» al que precedió al derrocamiento de Goulart en 1964, que dio paso a la dictadura que se prolongó por 21 años, durante la cual ella fue presa política. Al hablar de la marcha por el «impeachment» como denominan al juicio político, Rousseff comentó: «Tenemos que ser capaces de convivir con las diferencias y las situaciones difíciles, ya no somos una democracia infantilizada; las manifestaciones son algo normal».

Agregó, en entrevista al canal SBT de San Pablo, que «las manifestaciones (del 16 agosto) no se pueden transformar en procesos que llevan a la violencia». Ciertos sectores de la oposición, además, advirtieron que agosto es un mes de cataclismos políticos en la historia brasileña; en agosto de 1954 se quitó la vida Getulio Vargas y el 16 de agosto de 1992 hubo una movilización que selló la suerte del presidente Fernando Collor de Mello, que renunció cuatro meses más tarde.

«No se puede aceptar la teoría de cuanto peor mejor porque esto acaba perjudicando a la población» se quejó Rousseff, reiterando los cuestionamientos a la oposición. En varias declaraciones de la semana pasada, la presidenta afirmó ser la «representante legítimamente electa por el voto popular» en las elecciones de octubre de 2014.»No pienso en renunciar» sostuvo, y prosiguió que el cargo de jefe de Estado «exige respeto a la institución, un respeto fundamental no solo para mí sino para todos los presidentes que vendrán después de mí», observó.

En defensa del gobierno también entró de lleno Lula, quien en los últimos días participó en diversos actos «contra el golpe», en los que ha dicho que «algunos olvidan que (Rousseff) fue reelegida en octubre». Como respuesta a las manifestaciones de hoy, el PT ha convocado para el próximo jueves a diversos actos en todo el país, en los que, según Lula, «el pueblo expresará su apoyo a Rousseff y la democracia».

La semana pasada, la mandataria sumó un apoyo clave del Senado a partir de que el titular de la Cámara alta, Renán Calheiros, descartara dar curso a un pedido de juicio político pedido por la oposición, y propusiera una agenda de reformas para enfrentar la crisis económica. El jefe del Senado rechazó acelerar el análisis de las cuentas del gobierno en 2014 impulsado por el líder de Diputados, Eduardo Cunha, considerado el opositor más convencido de promover el impeachment, acusado además por las acusaciones de su corrupción en su contra en el escándalo de Petrobras. Si el Senado no revisa el balance de la gestión de Rousseff se impedirá, al menos por ahora, que haya argumentos para eventuales pedidos de impeachment.

Por su parte, los movimientos sociales que le dieron apoyo a la mandataria frente a las protestas convocadas para el domingo, le expresaron su apoyo y rechazo al golpismo opositor, pero exigieron una «salida por izquierda» y mostraron su resistencia ante los planes de ajuste de la mandataria. Rousseff garantizó que no habrá «retrocesos en las políticas sociales», pero admitió que «ya no se podrá gastar como se gastaba antes, cuando había más dinero», lo cual no convenció del todo a los activistas. Muchos de ellos además, participaron de la multitudinaria marcha en Brasilia el martes pasado, convocada por mujeres campesinas «contra el golpe» y «en defensa de la democracia», que concluyó con un acto en un estadio de fútbol al que asistieron Lula y Rousseff.