Categoría: Política

  • Corrupción K: «Todos trabajaban bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner», denunció Fariña.

    Leonardo Fariña, imputado colaborador en la causa de la ruta del dinero K, reveló nuevos detalles sobre el entramado de corrupción montado por el kirchnerismo en torno a la obra pública. En una ampliación de su declaración indagatoria, el financista divulgó información sobre un mecanismo de «retornos» y «recaudación» que -según sus palabras- operó al mando de Néstor y Cristina Kirchner.

    En un escrito de 38 fojas que fue presentado este lunes en el juzgado federal de Sebastián Casanello, el «arrepentido» dio nuevas precisiones de un mecanismo que se inició durante la gestión de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz y que luego se trasladó a la órbita nacional a partir del 25 de mayo de 2003.

    El primer paso que permitió «pavimentar los caminos para el cobro de las coimas» fue la modificación de la ley de Obras Públicas. El Poder Ejecutivo impulsó un nuevo sistema que permitió reemplazar el «acopio» de materiales -que le permitía al constructor congelar el precio de los insumos- por los «anticipos financieros». Por esta reforma, el contratista que ganaba una licitación accedía a un pago inmediato de entre el 10% y el 20% de la obra a fines de ayudarlo con la puesta en marcha del proyecto.

    De acuerdo con los dichos de Fariña, ese porcentaje era el que los empresarios adjudicatarios luego debían abonar en concepto de retorno a distintos funcionarios del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido. Entre ellos, mencionó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López, Roberto Baratta y Rafael Llorens.

    José López es mencionado varias veces por Fariña.
    José López es mencionado varias veces por Fariña.

    Para justificar los pagos, la mayoría de las empresas emitían numerosas facturas truchas y solicitaban protección del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien exigía una coima del 5 por ciento. A los contratistas más reticentes el ex recaudador solía sacarles las dudas con un ejército de inspectores que presionaba hasta que cerrase el «arreglo».

    El rol de la Cámara de la Construcción y de su ex presidente, Carlos Wagner

    Tal como ya lo había hecho en su declaración anterior, Fariña volvió a mencionar al empresario Carlos Wagner como el encargado de «la recolección y la cobranza» en su rol de presidente de la Cámara Argentina de Construcción (CAC). Según relató, bajo su órbita se organizaban «camaritas» o «comisiones» que se reunían en horarios y días específicos para consensuar reclamos y organizar los llamados clubes, «que no era otra cosa que el armado previo de las licitaciones estableciéndose quién iba al frente, con qué precio y quiénes comprarían pliegos para presentarse y acompañar, obviamente con ofertas exorbitantes, haciendo así aconsejable adjudicarle al que iba al frente».

    Tal era el grado de organización, que esos subgrupos llegaron tener denominaciones propias. Estaban los «vivienderos», los «viales», los especialistas en «obras del conurbano», «obras públicas», «concesiones y privatizaciones» y «legales». Esta última comisión desarrollaba la normativa, que luego era consensuada con las autoridades para que salieran los decretos o leyes pertinentes.

    «La provincia de Buenos Aires tenía una particularidad con relación a los clubes y es que el propio gobernador Daniel Scioli participaba en la confección de los mismos dado su estrecha vinculación con el ingeniero De Vido», precisó el escrito presentado con la asistencia letrada de la doctora Giselle Robles.

    Las empresas elegidas para ser adjudicadas armaban su club con otras firmas que se presentaban en las licitaciones con cotizaciones mucho más altas. Así se podían digitar las compulsas siempre a cambio de un porcentaje del precio de la obra o de algún otro tipo de retorno. «Todo iba para Néstor o todo sucedía en conocimiento de él«, precisó Fariña, quien también mencionó a Carlos Zannini y a Alessandra Minicelli (esposa de De Vido) como encargados de diseñar los decretos y las resoluciones referidas a las licitaciones.

    «Una de los ejemplos que recuerdo es que Jaime siendo Secretario de Transporte tenía que hacerse cargo de las gestiones de cobro a las empresas. Su secretaria personal le decía que tal día había partido de tenis, entonces con su bolso raquetero al hombro y lleno de dólares se lo ha visto salir del Faena», contó el ex esposo de la modelo Karina Jelinek.

    La segunda parte de la coima se instrumentaba a través de la certificación de las obras, que generalmente quedaban supeditadas a la voluntad del funcionario de turno. Estos certificados son los que les permitían a las compañías hacerse con el dinero para poder avanzar con el proyecto comprometido.

    Según Fariña, López -el hombre del escándalo en el convento- instrumentó un sistema perverso en el cual las empresas amigas cobraban sin mayores problemas, pero no así el resto, que indefectiblemente debía ingresar en el circuito de la coima pagando porcentajes de hasta 4% sobre el monto del certificado.

    Fuente: Infobae.com
  • El Gobierno quiere modificar Ganancias antes de fin de año

    Tras la aprobación del blanqueo de capitales y la publicación de las normas que lo reglamentan, el Poder Ejecutivo se fijó un nuevo objetivo para terminar de ordenar la estructura impositiva.

    El jefe de Gabinete, Marcos Peña, adelantó que están trabajando en un proyecto para reformar las escalas del Impuesto a las Ganancias que será debatido este año y comenzará a regir en 2017.

    Durante la campaña electoral, el presidente Mauricio Macri prometió la supresión del gravamen que impacta todos los meses en los asalariados de mayor nivel de ingresos. Sin embargo, una vez que asumió la gestión sólo se limitó a modificar el mínimo no imponible.

    La medida tuvo un efecto contraproducente. La derogación de un viejo decreto de 2013 provocó que muchos trabajadores que no estaban incluidos en el Impuesto empezaran a pagar Ganancias. Peña adelantó ahora en una entrevista con Telefe que buscarán que el régimen deje de tener un efecto progresivo.

    Hoy tributan impuesto a las Ganancias los trabajadores que tienen un salario bruto mensual de 30.000 pesos.

    Fuente: Infobae.com

  • El Gobierno quiere «imponer» el tarifazo

    El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que el Gobierno quiere “imponer» su «criterio” respecto de las tarifas de gas, con un tope de incremento del 400 por ciento para los domicilios, e ir hacia “un esquema de precios (de los servicios públicos) más vinculados con la realidad”.

    El funcionario, en diálogo con Radio del Plata, volvió a responsabilizar por la situación energética al gobierno anterior y sus “pésimas políticas” y argumentó el aumento en las tarifas por el nivel de consumo: «En la Argentina es el doble de gas por persona que en Chile y el triple que en los países desarrollados”.

    Las palabras del ministro del Interior llegan mientras el Gobierno espera que tras el fin de la feria judicial se resuelvan en la Justicia los amparos contra el aumento en las tarifas de gas.

    Según Frigerio, la obsesión del Gobierno “es poder generar empleo de calidad y de buenos salarios para reducir la pobreza”, a pesar de los resultados contrarios obtenidos durante los ocho meses de gestión.

    Fuente: Página 12

  • Precios: reunión del Gobierno con los supermercados

    Los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de Producción, Francisco Cabrera, y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, están reunidos desde las 12.15 con representantes de las cámaras que nuclean a los supermercados por los precios de productos de primera necesidad.

    El encuentro se desarrolla en el Palacio de Hacienda, en donde también participa el secretario de Comercio, Miguel Braun, y si bien se informó oficialmente que se trata de «una reunión de monitoreo» del sector, se estima que el Gobierno buscará morigerar la suba en los precios de aceites y lácteos.

    Por el sector empresario, participan del encuentro el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Cáceres, y el de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), José Schera.

    Fuente: Clarín.com

  • Se judicializa la polémica por el uso de los datos de la Anses

    El uso de la base de datos de la Anses para las políticas de comunicación oficial se convirtió desde ayer en una nueva batalla judicial contra el Gobierno.

    Por medio de una denuncia penal y una acción de amparo colectivo,diputados del kirchnerismo acusaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a otros tres funcionarios de abuso de autoridad, violación de secretos e incumplimiento de deberes, y reclamaron una medida cautelar para impedir la aplicación de la resolución 166/16 de la Jefatura de Gabinete. Es la que autorizó el traspaso de los datos a la Secretaría de Comunicación Pública.

    De acuerdo con los fundamentos de esa resolución, publicada el lunes en el Boletín Oficial, el objetivo es «contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador». Los datos involucrados son nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de mail.

    También desde el Frente Renovador la diputada Graciela Camaño anticipó que hará una denuncia porque «se viola el derecho de habeas data». Su par de bancada, Felipe Solá, en tanto, dijo que van a preparar una ley que «defienda la información».

    Las dos presentaciones judiciales del kirchnerismo sostienen que la medida viola el derecho a la intimidad, contemplado en los artículos 18 y 19 de la Constitución nacional, y la ley 25.325, de protección de datos personales.

    La denuncia penal, presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, recayó en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Guillermo Marijuan. Apunta contra Peña; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el subdirector de ese organismo, Federico Braun, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.

    La acción de amparo la presentaron el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y las diputadas Teresa García y Carolina Gaillard. Le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo de Liliana Heiland, donde reclamaron la habilitación de la feria para tramitar el expediente.

    No es el primer amparo por este tema: anteayer, la abogada Valeria Carreras presentó el primero ante la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento. El expediente podría tomarlo su colega Ernesto Marinelli, a cargo durante la feria judicial.

    Razones del rechazo

    El argumento principal de los diputados es que la ley 25.326, en su artículo 4° inciso 3°, establece que los datos personales «no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención».

    Dice la presentación que «con claridad se advierte que el individuo suministra su información personal, como su teléfono o su correo electrónico, a la Anses para ser beneficiario de alguna de sus prestaciones». Y concluye: «Claramente, se altera la intimidad del sujeto que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado. Esto afecta el derecho a estar solo (right to be alone) o a evitar la intromisión en el domicilio y en la vida privada de los sujetos deducido del derecho de privacidad en el sistema anglosajón».

    Otro argumento es que podrían llegar a comprometerse los «datos personales sensibles», aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual, especialmente protegidos por la ley.

    Se basan en que el convenio celebrado entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública, convalidado por la resolución de la Jefatura de Gabinete, autoriza la suscripción de «actas complementarias» para ampliar la información sujeta a intercambio. «¿Qué datos van a ser incluidos en esas actas? ¿Cómo nos vamos a enterar del contenido de estas actas que no van a ser aprobadas por una resolución? Indudablemente, el convenio tiene una cláusula abierta en una cuestión que debería ser interpretada con el mayor de los cuidados y de la prudencia», advirtieron.

    La denuncia penal agrega una sospecha más. Cabandié y Tailhade sostuvieron que se trata de una «maniobra ilegal planificada con antelación». Argumentaron que el 21 de enero solicitó en su sitio web la acreditación de datos personales para realizar trámites y que puso énfasis en que eso era necesario para una gestión «más eficiente, rápida y sencilla». Afirmaron, además, que el verdadero objetivo del Gobierno es usar los datos para «hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública».

    Un gremio de la Anses pidió una marcha atrás

    Uno de los cuatro gremios que representa a los 18.000 empleados de la Anses se manifestó ayer en contra del proyecto oficial para compartir la base de datos del organismo. Se trata del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que conduce Carlos Ortega.

    «Los trabajadores somos los principales garantes de la confidencialidad de los datos que los millones de ciudadanos nos brindan de buena fe a la hora de efectuar un tramite y que ahora no saben con qué propósito van a ser utilizados», afirmó Ortega. Y llamó a la reflexión a las autoridades del organismo y al jefe de Gabinete «para que revisen esta medida y den marcha atrás con la misma en forma inmediata». El gremio está alineado a la CGT oficial, que encabeza Antonio Caló, y tuvo como asesor legal al peronista Héctor Recalde.

    Fuente: La Nación

  • Investigan en Argentina y Venezuela un negociado de un empresario ligado a Julio De Vido

    Infobae reveló una investigación sobre un contrabando millonario a Venezuela desbaratado por la Aduana. Un cargamento de medicamentos con la leyenda «GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA» fue detectado cuando estaba a punto de salir del país. El destino era el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

    Según supo este medio, detrás de los laboratorios que intentaban enviar la mercadería está Juan José Levy, un empresario que viene haciendo negocios con Venezuela desde hace varios años gracias a vínculos que tendría con el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

    La magnitud de las maniobras es tal que frente a las sospechas de operaciones fraudulentas, PDVSA -la compañía encargada de realizar los pagos- comenzó una investigación sobre los fondos aplicados al fideicomiso con Argentina.

    Es así que como parte de la pesquisa iniciada por la empresa petrolera venezolana, se requirió información sobre los movimientos de Levy a Nación Fideicomiso S.A.

    Un empresario cercano a De Vido está cada vez más complicado en una investigación

    La respuesta llegó hace un par de días. En el escrito, el fiduciario argentino manifestó que los últimos hechos acaecidos -entre los que está el embarque de medicamentos al país caribeño con la leyenda del gobierno de Santa Fe- «devienen en una exposición pública no deseada por este respecto de los asuntos que le son encomendados en el ejercicio de sus funciones». Y se mencionan allí cinco causas judiciales en las que está involucrado Levy. Tres tramitan en el fuero comercial y dos en el penal económico. Estas últimas son los casos 248/2015 y 321/2016, que están bajo la órbita del Juzgado Penal Económico N°6, e investigan al laboratorio Esme, propiedad de Levy.  El segundo expediente es el que se inició por el embarque a Venezuela detectado por la Aduana.

    A raíz del escándalo, Nación Fideicomiso S.A. solicitó una reunión urgente con directivos de PDVSA, la compañía que pagó todos los negocios del ejecutivo involucrado.

    Pero la actividad de este empresario no queda ahí. A través de un conglomerado de sociedades con las que estaría vinculado, sus cuentas fueron beneficiadas por un convenio con la Anses para la provisión de computadoras del programa Conectar Igualdad. Representó un negocio de casi $4.000 millones.

    Recientemente Levy -a través de las sociedades Novatech, PC Arts Argentina y Grupo Núcleo-se presentó a una licitación de la Anses en otra operación que le podría reportar $700 millones por la venta de netbooks.

    Levy habría aprovechado su cercanía con Julio De Vido para realizar negocios millonarios que están siendo investigados en Panamá por presunto lavado de dinero. Son numerosas las sociedades offshore en las que se entrecruzan su nombre y el de su esposa, una maniobra habitual para quienes quieren que se pierda el rastro de dineros de origen sospechoso.

    Varias de las fundaciones con las que está relacionado Levy están mencionadas en la investigación Panamá Papers. Estas entidades offshorese estarían utilizando para gotear el dinero de sus negocios.

    Una de esas operatorias -pero no sería la única- es el traspaso de acciones de la sociedad Frolem -constituida en las Islas Seychelles por Mossack Fonseca- a la fundación Sunblaze, cuyos beneficiarios no serían otros que Levy y su esposa.

    Otra maniobra de lavado de dinero en la que estaría involucrado el empresario amigo de De Vido se habría hecho a través de un banco de capitales brasileños con sede en Panamá que también está siendo investigado por su presunta participación en el escándalo de sobornos de Petrobras.

    La investigación de PDVSA sobre los negocios millonarios de Levy -monotributista categoría E, suspendido en el registro de importadores- está muy encaminada y -según pudo saber Infobae– sospechan que el desfalco es de una gran escala.

    Fuente: Infobae.com

  • Larroque: “Es el gobierno de los trolls”

    El diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés Larroque criticó la resolución que permitirá al Gobierno utilizar la base de datos de la Anses para su comunicación pública al considerar que la administración de Cambiemos es «el gobierno de los trolls» y que el convenio es «violatorio de la ley de datos personales».

    En diálogo con radio Del Plata, Larroque se refirió a la resolución publicada ayer en Boletín Oficial y evaluó que es «muy grave» porque implica que «los expertos en campaña sucia van a manejar la información de todas las personas». El legislador adelantó que junto a otros miembros de su bancada presentará una denuncia acusando al Gobierno por la intención de utilizar políticamente los datos de Anses.

    El secretario General de La Cámpora señaló que la explicación del convenio es «entender las problemáticas individuales y poder solucionarlas, posibilitando la comunicación directa por redes sociales» pero opinó que en realidad se trata de que «el gobierno de los trolls tiene acceso al DNI, CUIT, domicilio, estado civil» entre otros datos personales de la población.

    «Si el gobierno quiere saber qué piensa la gente respecto del tarifazo, creo que esa información está a la vista, y no toma medidas», dijo e insistió en que el gobierno nacional «trata de utilizar la información de las personas para hacer campañas». «Esto lo hacían antes y era condenable con fondos propios o del gobierno de la Ciudad, ahora lo van a hacer con los recursos de todas las personas y es muy grave», finalizó.

    Fuente: Página 12

  • El Gobierno usará base de datos de la ANSES para publicidad

    La Jefatura de Gabinete nacional podrá utilizar los datos personales de todos los ciudadanos que estén registrados en las bases de información de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para aplicarlos a estrategias de comunicación del gobierno nacional.

    Así lo establece un convenio firmado entre la Secretaría de Comunicación nacional y el organismo previsional, según la resolución número 166-E/2016 firmada por el jefe de Gabinete,Marcos Peña, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

    Por el convenio, que tiene una duración de 2 años, la ANSES remitirá periódicamente su base de datos relacionada con Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación que considera «necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública» que incluirán estrategias de comunicación vía «redes sociales», hasta «comunicaciones electrónicas, telefónicas, conversación persona a persona de forma de lograr un contacto individual e instantáneo».

    En sus fundamentos, la resolución 166 E/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial, señala que «la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo».

    Agrega que «resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública».

    En ese marco, señala que «resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador».

    Entre los fundamentos de la resolución se señala que «en virtud de ello se ha suscripto entre la Secretaría de Comunicación Pública de la jefatura de Gabinete de Ministros y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, un Convenio marco de cooperación, mediante el cual se establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información entre las partes firmantes, contenida en sus bases de datos consolidadas».

    La diputada nacional Graciela Camaño anunció que hará «una presentación judicial» contra la resolución del Gobierno al afirmar que: «aseguró que «está prohibido» lo que pretende realizar el Ejecutivo a través del acuerdo firmado entre la Jefatura de Gabinete y la ANSES porque «claramente viola la ley 25326 y el artículo 43 de la Constitución nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales».

    Por su parte, Nicolás del Caño manifestó que: «Nos parece que es inmiscuirse en los asuntos personales de cada uno por parte del Estado. Es un avance contra las libertades democráticas. Quieren apropiarse de esos datos personales para tener ese nivel de control al que aspira el Gobierno»

    A su vez, la diputada socialista, Alicia Ciciliani, dijo que  «Esto forma parte de la cadena nacional del gobierno de Mauricio Macri que prioriza la comunicación vía redes sociales, lo vimos en la campaña y en estos seis meses de gobierno», dijo la legisladora, quien consideró que «tenemos que tomar todos los recaudos para cuidar la privacidad de la gente».

    Por último la diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda aseguró hoy que los datos de los ciudadanos «debe ser protegidos» y «sólo usados para fines de políticas de Estado de carácter social».

    Fuente: Perfil.com

  • «Felipe Solá se fue al pasto» y otras 11 frases del juez del «Dólar Futuro»

    En dos reportajes concedidos a radios porteñas, el juez federal Claudio Bonadio rechazó en duros términos la afirmación del diputado peronistaFelipe Solá acerca de que la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner sería víctima de una «especie de cacería» y también habló sobre las investigaciones que conduce sobre la ex jefa de Estado, entre ellas Los Sauces y el «dólar futuro».

    La frase más destacada surgió ante una consulta del periodista Luis Novaresio, en radio La Red, que desalentó la posibilidad de una inminente detención de la ex primera mandataria, mientras que en la entrevista enRadio Nacional redobló sus críticas contra Solá y anticipó que entre hoy y mañana podría liberar del embargo general de bienes los fondos que percibeCristina Elisabet Kirchner como ex presidente.

    LAS 12 FRASES DESTACADAS DEL JUEZ QUE INVESTIGA A CRISTINA ELISABET KIRCHNER

    1-
    «Me parecieron opiniones irresponsables e impertinentes las de Felipe Solá. Él forma parte de uno de los poderes del Estado, debería ser prudente para referirse a cuestiones institucionales de otros poderes. Me sentiría tan ridículo como él o pasaría por tan ridículo como él si opinara de cuestiones de campo. Su formación es de ingeniero agrónomo y yo soy abogado».

    2-
    «Felipe Solá se equivoca en la cronología. La denuncia del senador Fuentes contra mi hijo, que ya fue cerrada, fue cuando yo ya estaba avanzando en la causa Hotesur. Felipe Solá se fue al pasto».

    3-
    «Cristina Kirchner se ha negado a dar bienes o dinero para cubrir el embargo de la causa dólar futuro, que era de 15 millones de pesos. Ella dijo ‘no quiero ponerlos’. Por eso se dispuso la inmovilización de activos financieros y todo lo que son propiedades. Distinta es la cuestión de la asignación que gozan los ex presidentes, vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema. Esa es una asignación especial vitalicia, no tiene nada que ver con una cuestión previsional de la Anses. Esa pensión, que está regulada por una ley especial, esa parte de la pensión es inembargable. Yo inmovilicé los fondos de la cuenta corriente».

    4-
    «Yo no puedo hablar (sobre la posibilidad de una detención de Cristina Kirchner), esas cuestiones se resuelven en el expediente en función de las pruebas que se juntan, de los delitos que se imputan y de las actitudes de las partes. No hay forma de contestar en teórico».

    5-
    «Póngalo así» , respondió, al ser consultado por el periodista Luis Novaresio sobre que no había «ningún motivo para que la doctora Kirchner vaya a estar presa«.

    El diputado Solá había criticado al juez Bonadio y habló de una “cacería” contra Cristina Kirchner por las investigaciones judiciales que se le siguen a la ex presidente. (Nicolas Stulberg)

    6-
    «El último viernes hizo una presentación el abogado de la ex presidente. En el día de la fecha o el día de mañana voy a decidir si tomo una decisión sobre la liberación sólo de esos fondos»

    7-
    «Ninguna persona sometida a una investigación penal está contenta con el juez que lleva la causa. Nadie está contento de que lo investiguen penalmente. Si los jueces penales nos dejáramos llevar por esa cuestión no tendríamos causas».

    8-
    «La investigación que estoy haciendo está permanentemente auditada por una Cámara de Apelaciones y una Cámara de Casación. Yo no puedo hacer cualquier cosa, lo que puedo hacer es en función de la prueba que voy recolectando».

    9-
    «La causa dólar futuro está en revisión. Tanto sobre la situación procesal de Cristina Fernández como de todos los procesados. Si la Cámara no está de acuerdo, los embargos caerían todos. Si cree la Cámara que lo que yo escribí es correcto, lo mantendrán».

    10-
    «Una persona tiene todas las garantías para poder defenderse. Y Cristina Kirchner por supuesto que también las tiene. No es una concesión gratuita. Ni siquiera forma parte ni es una cuestión de derecho constitucional, es la forma de organización del Estado de Derecho. La defensa en juicio es un derecho humano de tercera generación absolutamente vigente».

    11-
    «Nosotros tenemos claro que sobre el Banco Central hubo una influencia externa que destruyó la autonomía del Banco Central. Primero porque varios directores fueron nombrados luego de ser funcionarios de Axel Kicillof en Economía y segundo porque hay casos como los de (Juan Carlos) Fábrega y (Martín) Redrado a quienes los echaron por tomar decisiones autónomas de acuerdo a las pretensiones del Poder Ejecutivo».

    12-
    «Yo las causas que tenía que activar lo hice en el 2012-2014. Yo procesé a Guillermo Moreno, lo mismo con Vanoli. A Schiavi, en el 2012 fue procesado por la tragedia de Once».

    Fuente: Infobae.com

     
  • Se perdieron US$ 150.000 millones, dijo Macri

    El presidente Mauricio Macri afirmó que las políticas económicas de los últimos años hicieron que la Argentina perdiera US$ 150.000 millones de reservas. En una entrevista brindada al periodista Jorge Lanata y transmitida anoche por El Trece, el mandatario también habló de su primo Ángelo Calcaterra, de la «mafia» del fútbol y del blanqueo de capitales.

    «Cuando nos dan algo gratis, es porque hay gato encerrado. Nos dieron un montón de cosas gratis para distraernos de la realidad de lo que estaba pasando. Esta política nos llevó a perder US$ 150.000 millones de dólares en reservas», señaló Macri, en relación a la polémica por el aumento de tarifas. Según el mandatario, la política económica de los últimos años dejó a la Argentina como si fuera «un avion que iba rumbo a estrellarse sin instrumental» destruido por «la locura», pero que en los primeros meses de gobierno se pudo «enderezar el avión para que no se estrelle», aunque «sigue volando sin el instrumental».

    Además, Macri habló de su primo Calcaterra, quien puso su empresa en venta a pesar de que el mandatario le había pedido que no lo hiciera. «Calcaterra puso su empresa en venta. Contra mi voluntad, porque yo le dije: «Vos tenés los mismos derechos que los demás. O sea, no vas a tener ningún privilegio por ser mi primo». Ninguno que sea mi amigo va a tener privilegios. Pero él insistió para evitar dudas», sostuvo.

    Durante la conversación, en la que según Lanata el Presidente se mostró obsesionado por el cuidado del consumo de gas, también se habló de los cambios que atraviesa el fútbol argentino. «El fútbol representa lo que pasa en un país. Entonces, así como la Argentina está yendo a la no impunidad, al diálogo, a la transparencia, en el fútbol hay que hacer lo mismo. Basta de mafia, basta de afano, basta de truchadas», lanzó Macri.

    Otro de los temas abordados fue el blanqueo de capitales, por el que el Gobierno espera recuadar varias decenas de miles de dólares. Según el mandatario, hay que «aprovechar» la oportunidad. «Acá se acabó la joda para todo el mundo. Tienen que pagar sus impuestos. Aprovechen esta última oportunidad que tienen. Acá no hay más Cristóbal López que no paga impuestos», concluyó.

    Fuente: La Nación