Categoría: Política

Infobae reveló una investigación sobre un contrabando millonario a Venezuela desbaratado por la Aduana. Un cargamento de medicamentos con la leyenda «GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA» fue detectado cuando estaba a punto de salir del país. El destino era el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Según supo este medio, detrás de los laboratorios que intentaban enviar la mercadería está Juan José Levy, un empresario que viene haciendo negocios con Venezuela desde hace varios años gracias a vínculos que tendría con el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La magnitud de las maniobras es tal que frente a las sospechas de operaciones fraudulentas, PDVSA -la compañía encargada de realizar los pagos- comenzó una investigación sobre los fondos aplicados al fideicomiso con Argentina.

Es así que como parte de la pesquisa iniciada por la empresa petrolera venezolana, se requirió información sobre los movimientos de Levy a Nación Fideicomiso S.A.

La respuesta llegó hace un par de días. En el escrito, el fiduciario argentino manifestó que los últimos hechos acaecidos -entre los que está el embarque de medicamentos al país caribeño con la leyenda del gobierno de Santa Fe- «devienen en una exposición pública no deseada por este respecto de los asuntos que le son encomendados en el ejercicio de sus funciones». Y se mencionan allí cinco causas judiciales en las que está involucrado Levy. Tres tramitan en el fuero comercial y dos en el penal económico. Estas últimas son los casos 248/2015 y 321/2016, que están bajo la órbita del Juzgado Penal Económico N°6, e investigan al laboratorio Esme, propiedad de Levy.  El segundo expediente es el que se inició por el embarque a Venezuela detectado por la Aduana.

A raíz del escándalo, Nación Fideicomiso S.A. solicitó una reunión urgente con directivos de PDVSA, la compañía que pagó todos los negocios del ejecutivo involucrado.

Pero la actividad de este empresario no queda ahí. A través de un conglomerado de sociedades con las que estaría vinculado, sus cuentas fueron beneficiadas por un convenio con la Anses para la provisión de computadoras del programa Conectar Igualdad. Representó un negocio de casi $4.000 millones.

Recientemente Levy -a través de las sociedades Novatech y Grupo Núcleo-se presentó a una licitación de la Anses en otra operación que le podría reportar $700 millones por la venta de netbooks.

Levy habría aprovechado su cercanía con Julio De Vido para realizar negocios millonarios que están siendo investigados en Panamá por presunto lavado de dinero. Son numerosas las sociedades offshore en las que se entrecruzan su nombre y el de su esposa, una maniobra habitual para quienes quieren que se pierda el rastro de dineros de origen sospechoso.

Varias de las fundaciones con las que está relacionado Levy están mencionadas en la investigación Panamá Papers. Estas entidades offshorese estarían utilizando para gotear el dinero de sus negocios.

Una de esas operatorias -pero no sería la única- es el traspaso de acciones de la sociedad Frolem -constituida en las Islas Seychelles por Mossack Fonseca- a la fundación Sunblaze, cuyos beneficiarios no serían otros que Levy y su esposa.

Otra maniobra de lavado de dinero en la que estaría involucrado el empresario amigo de De Vido se habría hecho a través de un banco de capitales brasileños con sede en Panamá que también está siendo investigado por su presunta participación en el escándalo de sobornos de Petrobras.

La investigación de PDVSA sobre los negocios millonarios de Levy -monotributista categoría E, suspendido en el registro de importadores- está muy encaminada y -según pudo saber Infobae– sospechan que el desfalco es de una gran escala.

Fuente: Infobae.com

El 6 de julio pasado, desde su casa de club de campo en Capilla del Señor,la diputada Elisa Carrió le envió a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal una larga carta con sus supuestas pruebas contra Pablo Bressi, el jefe de la Policía Bonaerense, luego de una larga polémica de insinuaciones mediáticas. Sin embargo, todo quedó más o menos en nada. La carta jamás llegó a los tribunales platenses para ser parte de un expediente contra el número uno de la fuerza provincial. Tanto Vidal como el ministro de Seguridad Cristian Ritondo no hicieron más que confirmarlo en el cargo. La situación era un extraño caso de «fuego amigo» dentro del gobierno de Cambiemos: para fin de julio, Carrió y Vidal limaban asperezas con una cena. La gobernadora habría dicho algo feliz que el caso Bressi ya era «tema superado» después de las chicanas de la diputada.

Había un cabo suelto. En su carta, Carrió mencionaba un nombre por lo menos curioso: el ex oficial principal de la Bonaerense Gabriel Cabral, alias «El Petiso» o «El Enano», quien fuera jefe de Drogas de San Isidro. Hoy, el Ministerio de Seguridad lo señala como un engranaje en la banda de Miguel «Mameluco» Villalba, el notorio capo narco detenido en Ezeiza que tuvo el coraje de candidatearse a intendente y que controló durante años la venta de droga en San Martín.

Cabral estaba prófugo desde el año pasado, buscado por el Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de la doctora Alicia Vence. Cayó este martes por la tarde, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial a Infobae; la Policía Bonaerense lo detuvo sobre la calle 66 en Berazategui, no en un aguantadero de lujo sino en «Los Mellizos», la remisería donde trabajaba a bordo de un Chevrolet Corsa.

De 37 años, con cuentas en bancos como el Francés y el Santander Río,Cabral había percibido según registros comerciales el pago de su obra social del Ministerio de Seguridad Bonaerense al menos hasta octubre del año pasado, casi el fin de la era Scioli-Granados. La fecha es cuatro meses posterior a que la Justicia Federal de San Martín pidiera su detención. La causa que lo compromete, el expediente 13799 caratulado como «averiguación de delito»  fue mencionado por Carrió en su mensaje a Vidal. Es, en sí, una historia de policías sucios.

La delegación San Isidro donde se desempeñaba Cabral fue allanada por la jueza Vence. El ex oficial principal no estaba solo en la imputación: hubo otros doce oficiales implicados, con rangos como teniente, sargento y subteniente. Berazategui, donde fue detenido, es en definitiva su territorio. La jueza Vence había dispuesto el allanamiento de su casa junto con su detención en junio del año pasado. Irónicamente, hace trece años, la Junta de Calificaciones de la fuerza lo elogiaba con un «sobresaliente 10 puntos» para promoverlo de rango.

Carrió le advirtió a Vidal que la causa 13.799 «se instruyó con el objeto de investigar posibles irregularidades en el accionar de personal policial, que darían cobertura a las maniobras de comercio de estupefacientes que acontecerían en la Villa La Cárcova de José León Suárez» y que policías de la localidad y alrededores «habrían brindado protección a las organizaciones que comercializaban allí estupefacientes«. La sospecha no se limitaba a José León Suárez: también se extendía a San Isidro, con el control de Cabral.

Carrió continuó, citando el testimonio de un arrepentido, quien contó cómo «se le pagaba 5000 pesos por semana a la comisaría de José León Suárez, dinero que pasaba a cobrar un oficial; otros 15.000 pesos semanales eran para ‘La Casita’, nombre que se refiere a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Martín«. En esa división Bressi era la máxima jerarquía antes de llegar a la jefatura de la fuerza.

La diputada también recordó un programa emitido por el periodista Rolando Graña en el canal A24, con una entrevista a Cabral, en donde «el citadoreconocía su participación en las maniobras de recolección de dinero y que aquellas les eran ordenadas por el jefe de la dependencia, comisario mayor Okurzati, y por el jefe de la superintendencia de drogas, comisario general Bressi, siendo este último quien percibía el dinero de los tributos que se les exigían a los narcotraficantes». Carrió también recordó que en la causa se menciona a un «recaudador», «un policía de apellido Salvatierra«, quien a su vez «entregaba estupefacientes a Ceferino Benítez» -el presunto narco que disparó la causa contra Cabral en el Juzgado Federal N°2 de San Martín- «para su posterior venta».

Otro testimonio en la causa, que se desprende de documentos en el expediente del Juzgado Federal N°2, indica que Benítez debía entregarle dinero a Cabral, quien conducía una camioneta Citröen Air Cross negra, un vehículo que otros implicados señalan y del que era titular. También se vincula al ex oficial principal a José Víctor Gutiérrez, alias «El Primo»,otro jugador en la trama, también policía, que proveería de drogas a Benítez y haría de intermediario con varios policías. Los falsos operativos serían otra arista en el problema.

La jueza Vence concluyó al pedir la detención de Cabral: «Se logró  establecer que ‘Primo’ ejercía  su  falsa calidad de funcionario policial amparado en el vínculo que poseía con Gabriel Cabral efectuando las veces de cobrador para este y abocado a la recolección de datos relacionados con  vendedores y proveedores de sustancias estupefacientes, que no se encontraban bajo su protección, con el objeto de armar procedimientos  y  secuestros de dicho material en favor de esa unidad operativa«.

La caída de Cabral es un nuevo revés para Villalba: su hijo menor, Alan, de 23 años, cayó en junio pasado acusado de heredar el negocio familiar en un operativo que secuestró once kilos de cocaína boliviana.

Fuente: Infobae.com

El primer dato trascendente de la encuesta tiene que ver con las elecciones legislativas de 2017, que aunque están en pañales, poco a poco comenzarán a ocupar la agenda política, con su epicentro -como es habitual- en la Provincia de Buenos Aires. El sondeo detectó que si los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer compiten juntos en el distrito con el padrón más grande del país por un lugar en el Senado contra una lista que incluya a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex gobernador Daniel Scioli, habría un empate técnico: obtendrían 37,4% y 37,3%, respectivamente. Muy lejos se acomodaría el oficialismo, virtualmente representado por la diputada Elisa Carrió y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Según los encuestadores, esta dinámica probaría «que los votantes de Scioli se inclinan mayoritariamente por la ex presidente mientras que los votantes de (el presidente Mauricio) Macri lo hacen por Massa/Stolbizer, pero una parte de ellos muestra preferencias por Carrió/J. Macri».

Por otra parte, los guarismos de la ex Jefa de Estado mostrarían cierta contradicción al ser comparados con la cantidad de argentinos que creen que las acusaciones por corrupción son ciertas, ya que el 37,3% se mostró a favor de su candidatura, pero el 71% piensa que es culpable y sólo el 17% cree que no lo es. En otras palabras, hay un sector de la población que piensa que es corrupta y aún así la votaría.

Los encuestados también fueron consultados por el dirigente que creen que debería liderar el peronismo. Y aquí no hubo dudas: tanto en la población en general, como entre los justicialistas y los afiliados al PJ, piensan que debería ser Sergio Massa, lo que refleja una clara vocación de cambio en el partido más grande del país. En cambio, el sondeo muestra los límites de otro dirigente con ganas de liderar la renovación del peronismo, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, que no se acerca ni al 10% de las preferencias en ninguno de esos tres escenarios.

Entre la población en general, el 37,2% se mostró a favor de Massa, el 20,8% eligió a Cristina Kirchner, el 11,4% preferiría a Scioli y apenas el 3,8% optó por Urtubey. Entre los afiliados, el apoyo al tigrense escala al 43,9%, mientras que el ex gobernador supera a la ex presidente por 21,7% a 16,9%.

En otro orden, el humor social en torno a la gestión del presidente Mauricio Macri fue cayendo desde que inició su gestión con un leve saldo negativo. La imagen «correcta» pasó del 60% en diciembre al 44% en julio, mientras que la calificación de «equivocada» trepó del 18% a fines del año pasado al 48% actual.

En sintonía con esa visión, casi la mitad de la población cree que en el corto plazo llegarán inversiones y bajará la inflación. En esa senda, el 47% piensa que entre el 2016 y el 2017 el país volverá a generar trabajo, aunque sólo el 10% espera que sea en el famoso «segundo semestre» del que tanto habló el Gobierno. Del otro lado, un 17% opinó que la situación no cambiará durante el mandato de Macri, mientras que un 24% sostuvo que las inversiones que generen empleos llegarán, pero que no sucederá antes del 2018.

Sobre la pregunta «¿Para qué sector social gobierna el presidente Macri?», el 54,7% contestó «los ricos», el 32,5% piensa que lo hace «para todos», el 9% estimó que tiene en mente a la clase media y apenas un 1,3% puso en el centro a «los más necesitados» y un 0,7% a «los trabajadores».

A los consultados, además, se les preguntó sobre los problemas más importantes del país y de su vida cotidiana. Y la vedette de la preocupación general es, sin duda, la inflación, ya que quedó en segundo y primer lugar respectivamente.

Problemas más importantes del país: desocupación, inflación, corrupción, falta de seguridad, bajos salarios y pobreza, en ese orden.

Problemas que más lo afectan en la vida cotidiana: inflación, falta de seguridad, bajos salarios, desocupación y atención sanitaria, en ese orden. Aquí la corrupción pierde peso, posiblemente porque los efectos que provoca en la sociedad son más difíciles de percibir.

Sin embargo, al evaluar el desempeño de Macri por áreas es justamente la corrupción donde la gestión de Cambiemos recibió más elogios, ya que el 49,8% considera que va por la senda correcta, contra el 44,5% que piensa que lo está haciendo mal.

Esa lógica de «sociedad dividida» se repite al evaluar la política exterior (35,4% piensa que lo está haciendo bien, mientras que el 36,3% lo cuestiona) y al juzgar la lucha contra el narcotráfico (45,1% frente a 46,3%).

En cambio, en materia de jubilados, vivienda, seguridad, inflación y generación de puestos de trabajo, así como a la hora de reflexionar acerca de la economía en general, en los cuadros tienden a pesar más las opiniones negativas.

La encuesta fue terminada de hacer a fines de julio entre mil personas mayores de 16 años y tiene un margen de error de 3,2 puntos porcentuales.

Fuente: Infobae.com

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani presentó una denuncia contra el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido por presunto cohecho y dádivas por el equipamiento de esa cartera que recibió una jueza del tribunal.

Fuentes judiciales informaron que Gemignani presentó hoy a primera hora la denuncia luego de constatar la semana pasada que en una dependencia de la Sala I de la Cámara, cuya presidenta es la jueza Ana María Figueroa, había plasmas y computadoras del programa «Argentina Conectada», lo que derivó en la escandalosa detención de una secretaria del tribunal.

Por ese hecho, el juez de Casación denunció a De Vido por los delitos de dádivas y cohecho. La causa quedó a cargo del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Franco Picardi. Se trata del mismo magistrado que recibió la denuncia de Gemignani contra la secretaria de Casación.

Gemignani realizó la semana pasada un inventario sobre cajas que había en una sala del tribunal. Allí se encontró un televisor LED de 55 pulgadas y una tv wall mount; cuatro  CPU con mouse, teclado, micrófono, cable y dos mini parlantes; cuatro monitores LED; un telepresence SX 20 (utilizado para hacer videconferencias); un perchero y cuatro sillas. Todos los elementos pertenecen al programa «Argentina Conectada», que lanzó en 2010 el Ministerio de Planificación.

El camarista entendió que De Vido podía haber incursionado en un delito al haber enviado esos materiales, por lo que hoy lo denunció. «No se trata de que sea material de trabajo, se trata de la circunstancia legal de la imposibilidad de recibir bienes que no sean remitidos del Consejo de la Magistratura. Es una circunstancia estrictamente legal», explicó el propio magistrado en radio Mitre.

Previo al hallazgo de todos los elementos, Gemignani ordenó la detención de una secretaria de Casación que se había negado a hacer el inventario. Se trata de María Amelia Expucci, quien estuvo detenida una hora y media y luego fue excarcelada por el juez Martínez de Giorgi. Gemignani la denunció por desobediencia. Ella a su vez lo acusó por privación ilegítima de la libertad.

La mujer contó con el apoyo del gremio judicial y de organizaciones judiciales que criticaron duramente al magistrado por su actitud. Hoy, los tribunales amanecieron empapelados con afiches contra el camarista.

Fuente: Infobae.com