Categoría: Política

Un consorcio internacional de periodistas reveló que un grupo de espionaje ruso conocido como “La Compañía” habría impulsado durante 2024 una campaña de desinformación contra el gobierno de Javier Milei, a partir de una filtración de documentos de inteligencia.

A partir de esta publicación, el presidente buscó capitalizar la noticia apuntando duramente contra los medios periodísticos, muchos de los cuales figuran en un listado que da cuenta de presuntos pagos para difundir esas noticias falsas.

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“Los mismos medios que reciben dinero de Rusia, son los mismos que difunden encuestas truchas sobre una supuesta caída de la imagen de Milei. 2+2=4”, es uno de los múltiples posteos que compartió el mandatario en redes. “Un país extranjero ensobraba periodistas argentinos para tumbar a su propio gobierno. Es el escándalo de la década”, dice otro de los tweets citados por Milei, que busca salir del escándalo Adorni.

Según el material analizado, las maniobras combinaron acciones de “guerra híbrida”: difusión de información verdadera y falsa, intentos de profundizar divisiones internas, apoyo indirecto a sectores opositores y promoción de tensiones con países de la región. Los informes mencionan además la elaboración de encuestas, reuniones con actores políticos y sindicales, y contactos con analistas vinculados a la oposición.

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También incluyeron estudios sobre la capacidad militar-industrial argentina, los recursos energéticos en la Antártida y estrategias para influir en debates legislativos, como iniciativas contra un eventual alineamiento con Ucrania. Incluso se menciona un plan de respaldo a candidatos opositores en las elecciones legislativas de 2025.

La investigación se basó en 76 documentos a los que accedieron medios como openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, liderado por Santiago O’Donnell. De acuerdo con esos reportes, “La Compañía” sería una estructura derivada del Grupo Wagner, reconfigurada tras la muerte de Yevgeny Prigozhin y bajo la órbita de organismos de inteligencia como el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, conducido por Sergei Naryshkin.

Se tratan de 250 artículos publicados en medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, con un costo estimado superior a 280 mil dólares. La documentación también menciona pagos a cuentas en redes sociales y supuestos aportes para contenidos televisivos.

Los medios mencionados en la filtración rechazaron cualquier participación en estas maniobras y negaron haber recibido dinero por publicaciones. En muchos casos, señalaron que los contenidos fueron provistos por intermediarios sin identificación clara, por lo que daría cuenta de negligencia para publicar información sin chequear.

Pese a la magnitud de la documentación, los propios investigadores aclararon que no fue posible verificar de manera concluyente si los pagos consignados se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales.

Fuente: Mendoza online

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.Te puede interesar:Milei habilitó un adelanto millonario a los gobernadores y reactiva el contacto para acelerar las reformas

El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.https://33a4006d7e545cb7544e735c094482e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.Te puede interesar:El periodista Renato Di Fabio murió tras haber sufrido un trágico accidente con su moto en MendozaGalvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)

Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.https://33a4006d7e545cb7544e735c094482e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.Te puede interesar:Amenazante reacción de Irán a la decisión de Argentina de declarar organización terrorista a la Guardia RevolucionariaGalvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE). 

La incertidumbre sobre el paradero de Apablaza tiene lugar a días de la visita de Kast a la Argentina, el primer viaje oficial desde que asumió la presidencia. Incluso, esta semana el gobierno trasandino oficializó la designación del nuevo embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.

Gonzalo Uriarte fue senador entre 2011 y 2014, y diputado entre 2002 y 2011, siempre por el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Es abogado de la Universidad Diego Portales y tiene un magíster en Derecho Económico y Financiero de la Universidad del Desarrollo (LLM).

El diplomático ya presentó las cartas credenciales ante del canciller argentino, Pablo Quirno. “Es un honor recibirlo en una etapa que estará marcada por el profundo fortalecimiento de nuestra relación bilateral, gracias al renovado impulso de los Presidentes Milei y Kast”, sostuvo el funcionario el pasado miércoles.

Quirno, además, la semana pasada se reunió en la ciudad de Santiago con su par de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Durante ese encuentro conversarno sobre los principales ejes de la agenda bilateral que, según se informó, incluye la optimización de los procesos fronterizos, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, energía y minería, y la promoción del comercio e inversiones.

Con relación a Apablaza, la ministra vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, señaló ayer en X que “es un prófugo de la justicia chilena, no está condenado, y es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”. Fue una rectificación a sus dichos del míercoles, en ocasión de una misa para recordar al senador Guzmán a 35 años de su asesinato.

“Es un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre, como gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia”, indicó el miércoles.

Fuente: Infobae.com

La Cámara en lo Penal Económico confirmó la prohibición para salir del país que pesa sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La resolución se da en el marco de la causa que revisa deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que ambos dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravada, por un lado, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social, por el otro.

Uno de los argumentos esgrimidos por los camaristas que firmaron la resolución, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, es que la prohibición no es “absoluta”, puesto que los dirigentes pueden pedir permiso a la Justicia para salir del país. Fue lo que hicieron, de hecho, en ocasiones previas, aunque con resultados dispares.

Los camaristas indicaron que la medida, ordenada por el juez que instruye el caso, Diego Amarante, está “justificada” y “tiende a garantizar la comparecencia del imputado a los llamados del juez de la causa cuando su presencia sea requerida”.

“La decisión apelada, en cuanto a la situación de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino se encuentra actualmente ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser confirmada”, señalaron los magistrados.

Tapia y Toviggino fueron procesados este lunes y embargados cada uno por 350 millones de pesos por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos. Gran parte de esa deuda ya fue saldada, pero el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

No fueron los únicos dirigentes procesados: la resolución también alcanzó a Cristian Malaspina, secretario general de la AFA; a su director, Gustavo Lorenzo; y a Víctor Blanco, exsecretario general. También a la propia AFA, en tanto persona jurídica, lo que le imprime a la maniobra investigada un fuerte rasgo institucional.

Como en su resolución del lunes el juez Amarante dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre Lorenzo, Malaspina y Blanco, hoy la Cámara penal decretó “abstracto” los planteos de ellos respecto a este punto.

El viaje a Venezuela

Los viajes al exterior tuvieron un momento de resalto en la causa cuando la AFA se puso al frente de gestiones diplomáticas extraoficiales para repatriar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado a principios del pasado mes.

Tapia, que había sido habilitado por el juez Amarante para viajar al exterior, dio a conocer al juzgado que extendería su itinerario de viaje para ir a Venezuela, aunque en el marco de otras nuevas actividades institucionales que se habían sumado a su agenda.

Como ese tramo no había sido contemplado inicialmente y los vínculos diplomáticos con el país caribeño no gozaban de buena salud, el juez consideró que la sujeción de Tapia al proceso no estaba garantizada y le negó ese tramo del viaje.

Por las fechas en las que finalmente fue repatriado Gallo, y el hecho de que volvió a bordo de una avión ligado comercialmente a la AFA, el juez Amarante, cuando rechazó el último pedido de Tapia para salir del país, marcó que el dirigente no había sido sincero respecto a los motivos de su pedido.

“Los hechos de público conocimiento que se sucedieron ponen de manifiesto otra posible finalidad de aquél viaje, permitiendo inferir que la justificación de las razones del viaje exteriorizada por el imputado ante esta judicatura resultó -cuanto menos- parcial”, indicó el magistrado.

Por Federico González del Solar

Fuente: La Nación

Manuel Adorni se transformó en un tapón. Habitualmente, los jefes de Gabinete, como cualquier otro funcionario de un gobierno, son el fusible, el elemento que salta ante cualquier anomalía; el que por su presencia evita que nada afecte el cuerpo principal, que es el Presidente de la Nación.

Este no es un Gobierno común. Por empezar, porque tiene una anomalía muy relevante. Está el presidente y este, a su vez, tiene un jefe, que en este caso viene a ser su hermana Karina, quien presume con buen criterio que, si el fusible salta, la impactará directamente a ella.

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Adorni no se va, no sólo porque no tienen a quien poner en su lugar, sino porque la debilidad global que presenta el gobierno hace que su figura, dañada, mancillada, hasta humillada, sea imprescindible para que el resto del sistema que conduce el jefe del presidente no corra riesgos.

“Si los políticos y los medios tradicionales dicen A, nosotros hacemos B y les cosemos el ….” se jactan en la centralidad del poder. El autor de esta sonora y olorosa frase se apoya en encuestas que muestran que, salvo en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, en el resto del país el tema no tuvo mayor impacto. En algo hay que apalancar la expectativa de que todo va a pasar.

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Ante la certeza que sus propios defensores no creen en su pericia a la hora de comprar inmuebles y ocultar un crecimiento patrimonial, ¿puede ser posible que los Menem, que tanto influyen en la cotidianidad de la hermana presidencial, hayan elegido que quede como tapón para que se lleve la marca? Por supuesto que no hay respuesta al respecto.

En el poder, todo es factible. Quien ejecuta y gobierna no puede permitir que un peón o alfil caiga cuando éste es atacado porque el efecto posterior puede ser fatal. Por más acusaciones y comprobantes que tuviera en su contra, Cristina Fernández de Kirchner nunca soltó a su vicepresidente, Amado Boudou. Al parecerse tanto Milei y los Kirchner, es fácil deducir que ambos también coinciden en la manera de defender a los propios.

Diferente fue el momento cuando los atacados o los golpeados no eran del entorno de El Jefe. Estos fueron eyectados sin miramientos. Ni siquiera el siempre ubicuo Guillermo Francos pudo sobrevivir al escáner de la hermanísima. Además, equivocado, el antecesor de Adorni solo veía las balas que le llegaban desde las oficinas de Santiago Caputo pero nunca de las del vocero presidencial.

“Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra” relata Juan en el versículo 8:7 de la Biblia. Los rápidos defensores en las redes del mileismo se lo recordaron a María Eugenia Vidal al criticar a Adorni por la utilización de dos jubiladas como parte del enjuague monetario utilizado para comprar sus propiedades. La exgobernadora, hoy conductora de los equipos técnicos del macrismo, también recurrió a una dudosa maniobra económica cuando adquirió su departamento en Recoleta, aunque ella utilizó las bondades de un amigo prestamista.

Quizás por ejemplos similares haya tantos referentes libertarios o defensores de las ideas presidenciales que se mantienen callados. Uno que sufrió el escarnio público hace algunos meses fue Cristian Ritondo, cuando desde el propio gobierno lo acorralaban con denuncias por propiedades en Miami y en CABA por cerca de US$55 millones de dólares. Las relaciones preexistentes del jefe de la bancada del PRO en la política, los medios y la Justicia lo ayudaron para encapsular el tema, aunque no se detenga.

Esto es lo que no tuvo ni tendrá Adorni. Ya es tarde para él y también lo es para un gobierno que lo tiene que dejar ahí como pararrayos hasta que la economía del bolsillo mejore un poco. Lamentablemente para Javier Milei, su equipo tampoco lo ayuda. Si bien no es ilegal, roza con la ética en épocas de vacas flacas que nadie haya pisado el freno para los millonarios créditos otorgados por el Banco Nación a diputados propios y aliados que metódicamente levantan la mano para defender las políticas oficialistas.

Tanto Mariano Campero como Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni no podrían ni pasar por la puerta del BNA si solo presentaran el sueldo que cobran para conseguir esos créditos.

Y ahí está la otra parte de la hipocresía oficial apoyada por un electorado que elije no ver ni escuchar. Nadie puede manejar o aprobar presupuestos por miles de millones de pesos y ganar entre $3.000.000 a $10.000.000, La tentación por la habilitación de la firma es mucha y alguna respuesta debe tener.

En todo caso, la gente empieza a comprender que “son todos lo mismo” como paliativo a reconocer que no todo marcha de acuerdo al plan.

Además, queda más que claro, que la diferencia entre unos y otros está en el tiempo y la audacia que tengan para entrar en el sistema y conseguir más de la teta estatal.

Fuente: Mendoza online

El fiscal que lleva la investigación en la causa por la criptomoneda $LIBRA, Eduardo Taiano, ordenó una nueva revisión del teléfono del lobista Mauricio Novelli que incluye un análisis especial del borrador en el que se alude a un presunto acuerdo de 5 millones de dólares para condicionar la actuación del presidente Javier Milei.

Se trata de una imagen poco definida que expertos informáticos de la DATIP lograron recuperar del teléfono de Novelli. Allí, a modo de “memo”, se despliegan una serie de supuestos pagos por el apoyo de Milei al proyecto.

El fiscal busca saber si este archivo -que había sido eliminado- fue enviado o recibido por alguien en aquellos días. Es un texto corto, en el que Milei es nombrado cuatro veces, y su hermana Karina, una.

Taiano ordenó analizar “si dicha nota fue remitida o recibida por algún contacto ya sea por mensaje o por e mail o en caso de ser posible se indique el contexto en donde fue hallada la misma”. La medida fue firmada el miércoles pasado, pero trascendió recién hoy.

Además, solicitó a la empresa aeronáutica American Airlines la lista de pasajeros correspondientes a los vuelos en los que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy habrían viajado a los Estados Unidos y vuelto al país. La ida habría sido el 5 de febrero de 2025, y la vuelta, días después, el 16 de febrero.

El fiscal también solicitó que se requiera a las compañías telefónicas que gestionan las líneas de Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales -el tercero de los implicados locales en la trama- que remitan los listados completos de llamadas entrantes y salientes correspondientes al período comprendido entre el 13 y el 16 de febrero de 2025.

Del peritaje ya realizado sobre el teléfono de Novelli surgió que lobista mantuvo un agitado intercambio con Javier Milei en los minutos previos y posteriores al posteo promocional de $LIBRA. El intercambio se extendería luego con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

A su vez, el fiscal pidió a la DATIP que reúna en una sola carpeta toda la actividad registrada en el celular de Novelli de aquellos días. “Entre otros elementos se deberán aportar mensajes, llamadas, fotografías tomadas y recibidas, notas y calendarios”, precisó Taiano.

El presunto acuerdo

La cabeza del texto del presunto acuerdo por 5 millones de dólares anuncia: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en posible referencia a Hayden Mark Davis, el impulsor del activo, que se encontraba junto a Novelli en los Estados Unidos cuando se lanzó la moneda, el 14 de febrero de 2025, según reconstruyó una investigación de Clarín.

El texto sigue de este modo:

-“$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto»

-«$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis»

-«$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina“.

La información volcada en esa captura se despliega en sintonía con varios eventos que rodearon al lanzamiento del activo.

Los 5 millones de dólares coinciden, por caso, con el monto total que, desde sus cuentas virtuales, el empresario Hayden Davis comenzó a mover el 30 de enero, día en el que Milei se reunió con Novelli y él en Casa Rosada y anunció en redes que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y criptoactivos.

Está probado por la Justicia que parte del dinero que Davis movió aquel día culminó su recorrido en cuentas virtuales que manejaban Novelli y Terrones Godoy.

Se desconoce, en cambio, el destino de otra parte de ese dinero. Por ejemplo, aquel 30 de enero un jubilado argentino recibió de Davis más de un millón de dólares virtuales, apenas 42 minutos después de que el presidente Milei hiciera el comunicado en X junto a Davis. El jubilado lo giró rápidamente a una tercera cuenta desconocida.

Se desconoce también a quién le giró Davis 499 mil dólares virtuales en el momento exacto en que comenzaba su reunión con el presidente Milei, a las 14 horas.

La información en la captura que mandó a analizar el fiscal Taiano se alinea, además, con el comportamiento de Novelli aquel 30 de enero, día en el que mostró un interés desbordado por un amplio abanico de bienes de lujo, como departamentos frente al río, autos de alta gama y relojes Rolex.

Por Federico González del Solar

Fuente: La Nación

Las fuerzas federales de seguridad pasan un tiempo de profunda crisis con los salarios congelados y una obra social que no alcanza a cubrir cuestiones básicas. Agentes de las distintas ramas organizaron una protesta policial en las inmediaciones del Edificio Centinela de retiro, donde opera la Gendarmería Nacional.

En diálogo con MDZ, un oficial de la Policía Federal Argentina comentó cuál es la dura situación que atraviesan en las fuerzas donde algunos trabajadores del sector no alcanzan a cubrir necesidades básicas: «Si hacés, te sancionan; y si no hacés, te sancionan el doble».

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Al mismo tiempo, desde la fuerza, relataron: «Hay policías a los que, si sus hijos tienen algún problema como autismo o alguna discapacidad, no les cubren el tratamiento». Esta situación no solo impacta en los hijos de los policías, sino que también los perjudica a ellos si necesitan algún tipo de tratamiento extra.

Sin respuestas oficiales ni un acuerdo salarial para subsanar la cuestión, a tan solo unas cuadras del Edificio Centinela, la ministra Alejandra Monteoliva participó del acto en conmemoración a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas.

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Cuánto se cobra en la Policía Federal Argentina

Los salarios básicos de la Policía Federal Argentina muestran una amplia escala que refleja la jerarquía interna de la fuerza: en el nivel más alto, un comisario general percibe $2.897.608,10, mientras que en la base, un cadete de 1° y 2° curso cobra $630.979,75. En el medio se ubican rangos operativos como agentes ($878.108,49) y cabos ($965.919,34), junto con suboficiales y oficiales que superan progresivamente el millón de pesos. De este modo, la estructura salarial presenta una brecha de más de cuatro veces entre los ingresos mínimos de formación y los máximos de conducción.

Estos salarios fueron establecidos mediante la Resolución 944/2025, la cual estableció aumentos escalonados entre junio de 2025 y fin de año, sin ningún tipo de actualización posterior en meses que han tenido un alto incremento inflacionario.

Las imágenes de la protesta policial

Fuente: Mendoza online

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió procesar a la ex fiscal en lo Criminal Viviana Fein, por el presunto delito de encubrimiento agravado en la investigación por la muerte de Alberto Nisman.Te puede interesar:Avanza el juicio contra un abogado por prometer impunidad en la causa Cuadernos a cambio de USD 10 millones

En un dictamen presentado ante el juez del caso, Julián Ercolini, la fiscalía consideró que la actuación de Fein el fin de semana de la muerte de Nisman en enero de 2015 alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa, al tiempo que sostuvo que su descargo no logró desvirtuar el cuadro probatorio en su contra.

Taiano aludió a un supuesto plan criminal que habría incluído simular un suicidio.Te puede interesar:Ingresó al quirófano por una operación de rodilla y salió con una lesión irreversible: deberán pagarle $115 millones

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, dice expresamente el dictamen, según reconstruyeron las fuentes consultadas con acceso al expediente.

En ese momento, Cristina Kirchner era presidenta y en un primer mensaje publicado en redes sociales habló de suicidio. Luego, su mirada cambió y admitió la posibilidad de un crimen. Un dirigente de su máxima confianza, Oscar Parrilli, estaba al frente de la AFI.Te puede interesar:Compró un 0 km, lo tuvo que reparar nueve veces y casi se mata en la autopista: la condena millonaria a la automotriz y a la concesionaria

En base a una pericia de Gendarmería, en la causa se dio por probado que se trató de un asesinato vinculado a las funciones de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. Días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y funcionarios de su gobierno por supuesto encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán. Pero el expediente aún está en etapa de investigación.

Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de la fuerza de seguridad.

La causa por la muerte del titular de la UFI AMIA permanece delegada en la fiscalía de Taiano. Avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

Pero hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.

La acusación a la ex fiscal

La ex fiscal fue indagada el 24 de febrero último en la investigación por las supuestas irregularidades cometidas cuando se encontró el cuerpo.

El día de su indagatoria, a más de una década de los hechos, Fein se presentó en Comodoro Py, dejó un escrito y respondió todas las preguntas: reclamó el sobreseimiento y advirtió junto a su abogado Lucio Simonetti que se busca justificar el “fracaso” de la investigación para esclarecer qué le pasó a Nisman, culpando a quienes tuvieron a cargo el caso en un primer momento.

El fiscal evaluó que el descargo de Fein no logró desvirtuar las pruebas y que la ex funcionaria incurrió en irregularidades graves durante las primeras horas de la investigación en el departamento de Le Parc, donde fue hallado sin vida el fiscal Nisman.

“Desde un comienzo el plan criminal consistió en postular la muerte violenta del Dr. Natalio Alberto Nisman como un suicidio, para así desviar la atención de la hipótesis homicida”, se agregó.

Y para “ejecutar ese plan resultaba esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon su muerte y es en este marco en el que se desarrolló el procedimiento aludido con Fein como su directora”.El ex fiscal Alberto Nisman

En el escrito, Taiano sostuvo que se la debe procesar por encubrimiento agravado por tratarse de una funcionaria pública que habría cometido el delito en ejercicio de sus funciones. La decisión será del juez Ercolini.

“Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”, reiteró la fiscalía.

Se volvieron a enumerar las fallas que, según la acusación, hubo ese fin de semana en el lugar del hecho: “habría tardado casi una hora y media en arribar al lugar”, “no habría adoptado medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen” y “habría permitido la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados”.

En ese contexto, Fein “habría manipulado y/o permitido la manipulación y alteración de elementos probatorios” y “no habría recopilado ni advertido la existencia de elementos de prueba esenciales”.El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en el homenaje a Nisman, a diez años de su muerte/Jaime Olivos

Para la fiscalía, no fueron errores. “No nos encontramos frente a simples errores, sino ante acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”, concluyó el dictamen.

El fiscal también subrayó que “el deficiente trabajo provocó la alteración, desaparición y ocultamiento de rastros que hubieran sido determinantes para esclarecer el homicidio”, y que “muchos elementos trascendentales no pudieron ser dilucidados como consecuencia del accionar de la fiscal Fein en los albores de la investigación”.

“No se trató de un procedimiento ‘normal’ y no tomó los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”, dijo.

En otro tramo de su escrito, preguntó con respecto a la labor de Fein: “¿No le pareció irregular que el Secretario de Seguridad de la Nación, miembro y referente del Poder Ejecutivo Nacional denunciado, estuviera en la escena del hecho aunque él personalmente no había sido denunciado por el Dr. Nisman? ¿Qué hacía allí?“, en alusión a Sergio Berni.

Fuente: Infobae.com

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron procesados y embargados no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales.

La decisión fue adoptada hoy por el juez federal en la penal y económico Diego Amarante, que los procesó el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Esta agravante hace que la pena mínima prevista en caso de una condena no sea excarcelable y que, como máximo, pueda llegar hasta los 50 años de prisión.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19.000 millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

En su declaración, Tapia entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Tapia argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.https://especialess3.lanacion.com.ar/interactivos/ln-strapi-tools/tools/pdf-viewer2/web/viewer.html?file=https://especialess3.lanacion.com.ar/strapi/RESOLUCION_SITUACIONES_PROCESALES_PUB_f80f963b05.pdf&initialWidth=775&childId=anexo-D2K3WBQ6FJGIXFHM4ZJW6G7XHM-0&parentTitle=Procesan%20y%20embargan%20a%20Claudio%20Tapia%20y%20Pablo%20Toviggino%20por%20evasi%C3%B3n%20de%20impuestos%20en%20la%20AFA%20-%20LA%20NACION&parentUrl=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fprocesan-y-embargan-a-claudio-tapia-y-pablo-toviggino-por-evasion-de-impuestos-en-la-afa-nid30032026%2F

En su resolución, el juez Amarante entendió que la AFA, Tapia y otros altos dirigentes de la entidad lideraron una maniobra sistemática de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social.

El fallo impuso embargos que en su conjunto ascienden 1700 millones de pesos, distribuidos entre la propia institución y los acusados.

El expediente se inició el 12 de diciembre de 2025 por una denuncia de la ARCA. Allí se mencionó que se había detectado la falta de pago, dentro de los plazos legales, de las declaraciones juradas presentadas por la AFA relativas a retenciones impositivas del “SIRE IVA” y “SICORE GANANCIAS” de los períodos agosto y septiembre de 2025, sumado a retenciones de contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

El 18 de diciembre de 2025, ARCA presentó una ampliación de la denuncia, donde dijo que la AFA había omitido cumplir con el pago de obligaciones retenidas en múltiples períodos fiscales mensuales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El fiscal Claudio Navas Rial impulsó el caso contra la AFA y su cúpula directiva: Claudio Fabián Tapia, Cristian Ariel Malaspina (secretario general), Pablo Ariel Toviggino (tesorero) y Gustavo Rroberto Lorenzo (director general). A ellos se sumaría también Víctor Blanco Rodríguez, exsecretario general de la entidad.

El objeto procesal se dividió en hechos independientes: la omisión de depósito de importes retenidos por IVA (16 hechos), Impuesto a las Ganancias (18 hechos) y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social (17 hechos).

Durante las indagatorias, Tapia dijo que su función era “múltiple, primordialmente institucional y esencialmente vinculada y orientada a las actividades que la AFA desarrolla”. Y señaló que pasó 141 días fuera del país en 2024 y 139 en 2025, lo que tornaba “materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”. Afirmó no tener injerencia en el manejo de la clave fiscal.

En la misma línea declaró Blanco Rodríguez. En su descargo, el expresidente de Racing Club alegó que su cargo era “esencialmente institucional y protocolar, sin intervención alguna en la operatoria tributaria y previsional”.

Por su parte, Cristian Malaspina, actual secretario general, dijo que las decisiones de no pagar eran previas a su asunción. Gustavo Lorenzo, director general, señaló que nunca tuvo facultades sobre la disposición de fondos o cuestiones tributarias.

Por otro lado, el tesorero Toviggino apostó por una defensa técnica. Planteó que la AFA actuó amparada por normativas del Ministerio de Economía que permitían planes de alivio fiscal y prórrogas, argumentando que medió un “error de prohibición invencible” y que, dado que el Estado permitía regularizar deudas hasta 2026, no había dolo ni voluntad criminal.

El juez Amarante rechazó esos argumentos. Dijo que lejos de encontrarse ante una entidad en crisis que no podía hacer frente a sus obligaciones impositivas, la AFA tenía suficiente liquidez y que la decisión de retener los fondos del Estado fue una estrategia financiera deliberada.

El fallo detalla que la AFA contaba con al menos 24 plazos fijos constituidos. Los realizados en pesos representaron un capital invertido de casi 32.000 millones de pesos, devengando intereses por más de 5638 millones de pesos entre abril de 2024 y julio de 2025. A esto se sumaron plazos fijos en dólares por 7,4 millones.

El juez Amarante señaló que “únicamente con los intereses generados por algunos de los plazos fijos constituidos en pesos resultaba posible cancelar -al menos parcialmente- la deuda reclamada por el Fisco”. A modo de ejemplo, en marzo de 2024, mientras la deuda imputada era de 267 millones de pesos, un solo plazo fijo devengó intereses por más de 306 millones de pesos en esos días.

Además, la AFA movió cifras inmensas mediante la compra y venta de títulos del exterior (dólar MEP). En septiembre de 2024, fondeó cuentas con más de 2893 millones de pesos mediante estas operatorias.

En el mismo período, recibió transferencias de sus sponsors, como YPF y Adidas, por miles de millones de pesos, que luego eran transferidos para pagos a clubes de Primera División y Primera B Nacional, como Talleres, Gimnasia y Belgrano, que recibieron 1000 millones cada uno en un solo día de mayo de 2025.

Para el juez, este comportamiento refuta la teoría de la falta de recursos. Amarante concluyó que el dinero no se pagó al fisco por un “afán de lucro severamente cuestionable, por el desprecio que evidencia por la situación por la que atravesaba el pueblo de la Nación en ese particular contexto, y muy en especial el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados”.

El magistrado determinó que la decisión por su magnitud no pudo haber pasado inadvertida para la “mesa chica” directiva, quienes tenían el rol de garantes y optaron por usar los impuestos retenidos a los trabajadores para engrosar el patrimonio institucional. El juez embargó a la Asociación del Fútbol Argentino (a la persona jurídica) y a cada uno de los principales acusados por $350.000.000.

Amarante mantuvo la prohibición de salida del país de Tapia y del resto de los procesados, motivada por “circunstancias no aclaradas” al intentar modificar condiciones de un viaje previamente autorizado.

La misma medida dispuso para Toviggino, debido a que registra otros procesos en trámite. Se dejó sin efecto la prohibición de salida del país de Lorenzo, de Malaspina y de Blanco Rodríguez.

Por Hernán Cappiello

Fuente: La Nación

La Casa Rosada reunió a su mesa política durante más de dos horas para definir la estrategia parlamentaria de cara a abril. El encuentro dejó dos definiciones: dar por terminado el impacto político del caso de Manuel Adorni y acelerar una agenda cargada de proyectos sensibles.

“Es un tema cerrado, no va a renunciar”, repiten en Balcarce 50, en un intento por evitar que el frente judicial del funcionario complique la negociación en el Congreso.https://3c4908e1d59e02d0ef181b69fc4de9b5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htm

Cierre de filas por Adorni y foco en el Congreso

El oficialismo decidió bajar el volumen a la polémica que rodea al jefe de Gabinete y concentrarse en la construcción de mayorías legislativas.https://3c4908e1d59e02d0ef181b69fc4de9b5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

En la reunión participaron figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y Luis Caputo, además de operadores parlamentarios y referentes territoriales.

El objetivo es claro: evitar distracciones internas y avanzar con una hoja de ruta que permita discutir reformas en abril.https://3c4908e1d59e02d0ef181b69fc4de9b5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Una agenda amplia y con alto costo político

El paquete legislativo incluye reformas al Código Penal, cambios en leyes de expropiaciones, tierras, manejo del fuego y glaciares, además de iniciativas en discapacidad y financiamiento universitario.

También vuelve a escena un proyecto para endurecer penas por denuncias falsas, que genera resistencias incluso entre sectores dialoguistas.

La estrategia del oficialismo es negociar caso por caso, sin definir públicamente el orden de tratamiento para mantener margen de maniobra.

La “Ley Hojarasca”, el eje de la desregulación

Entre los proyectos que el Gobierno quiere instalar aparece nuevamente la llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger.

La iniciativa, que ya había perdido estado parlamentario en 2024, busca eliminar cientos de normas consideradas obsoletas o innecesarias dentro del digesto legal argentino.

Durante meses, el equipo de Sturzenegger revisó legislación vigente desde el siglo XIX para identificar regulaciones que, según el Gobierno, ya no tienen sentido o generan costos innecesarios.

De la regulación al principio de libertad

El proyecto no solo propone derogar leyes, sino modificar la lógica del sistema normativo.

Según sus fundamentos, se busca dejar atrás el esquema donde “todo está prohibido salvo lo permitido” y avanzar hacia uno donde predomine la libertad individual, en línea con el artículo 19 de la Constitución.

“El principio debe ser de máxima libertad y no de máximo control”, sostienen los redactores de la iniciativa.

Qué leyes quiere eliminar el Gobierno

El relevamiento oficial identifica distintos tipos de normas a derogar:

• Regulaciones que restringen libertades individuales o derechos de propiedad
• Leyes superadas por nuevas tecnologías o cambios sociales
• Normas vinculadas a organismos que ya no existen
• Trámites considerados burocráticos o innecesarios

Entre los ejemplos aparecen leyes que regulaban contenidos en medios, obligaban a trámites hoy obsoletos o establecían controles estatales sobre actividades que el Gobierno considera desactualizadas.

Santilli, el negociador para destrabar el Congreso

Para avanzar con esta agenda, el oficialismo apuesta a la negociación política. El rol central lo tendrá Diego Santilli, encargado de tender puentes con gobernadores.

Su estrategia incluirá contactos con mandatarios dialoguistas y una eventual gira federal a partir de la segunda semana de abril.

El desafío será conseguir apoyos en un Congreso fragmentado, donde cada proyecto requiere acuerdos específicos.

Fuente: Mendoza online

Frente al avance de la causa $LIBRA, el oficialismo confirmó a Lilia Lemoine, una de sus más fieles lugartenientes, para que presida la Comisión de Juicio Político y, eventualmente, bloquee los intentos de remoción contra el presidente Javier Milei o sus ministros.

La Comisión de Juicio Político es una más sensibles de la Cámara de Diputados, ya que es la encargada de darle impulso -si sus miembros así lo resuelven- al proceso de enjuiciamiento contra el presidente de la Nación, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones u otras causales. De allí el interés de todos los oficialismos de comandar esta comisión con un legislador de confianza y controlar su mayoría para bloquear cualquier intento de remoción.

Los libertarios confirmaron para esta misión a Lemoine, una de las diputadas más aguerridas del bloque. La comisión se constituirá este martes por la tarde y todo indica que será una primera reunión caliente. No solo por el perfil de su nueva presidenta, sino porque la oposición también eligió a sus espadas más combativas para integrarla y agitarán la causa $LIBRA para incomodar al oficialismo.

“Creo que la candidatura de Lilia Lemoine, más allá de que se trata de una presidencia que le corresponde al oficialismo, expone con claridad el momento que atraviesa el Gobierno frente a causas especialmente sensibles, como Andis y el caso $LIBRA. Los libertarios solo buscan soldados leales, y Lemoine lo es a los objetivos de los Milei”, afirmó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien fuera el presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA y ahora integrará la Comisión de Juicio Político.

Si bien la investigación sobre la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA avanza con nuevas revelaciones, la oposición decidió que por ahora no presentará un pedido de enjuiciamiento contra el presidente Milei. Pese a que están convencidos de que su figura fue clave para que la maniobra se consumase, los opositores quieren evitar que el proyecto sea rechazado in limine, sin siquiera habilitar su tratamiento, por la Comisión de Juicio Político bajo el control de Lemoine.

“Vamos a esperar a reunir nuevos elementos probatorios y, cuando los tiempos políticos sean más propicios, recién entonces presentaríamos el pedido de juicio político”, deslizan.

Por de pronto, los opositores enviarán a sus soldados más combativos a la comisión. De Unión por la Patria, por caso, estarán representados Juan Grabois, Teresa García, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Paula Penacca, Eduardo Valdez y Cecilia Moreau.

Ese bloque ya formuló dos pedidos de juicio político contra el presidente Milei; el último de ellos lo presentó el diputado Marino en febrero pasado luego de que el primer mandatario reivindicara la operación que impulsó Donald Trump en Venezuela para desplazar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a tierra norteamericana para su juzgamiento.

Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó. Si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, posteriormente, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. El conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.

Menem intentó desconocer la integración de Pagano al sostener que su incorporación no se había formalizado, una interpretación que fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la comisión. La disputa terminó favoreciendo al oficialismo y el cuerpo nunca se puso en funcionamiento.

Por Laura Serra

Fuente: La Nación