Nicolás Márquez apuntó duramente contra el expanelista en su cuenta de X: “SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: ¿o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”.
“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por Ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”, planteó.
“¡VOLVAMOS A SER QUIEN FUIMOS Y ARRASEMOS EN 2027, OTORGÁNDOLE AL LEÓN UNA REELECCIÓN APABULLANTE, CARAJO!», manifestó el escritor y concluyó con una cita de Javier Milei: «Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable».
Márquez es uno de los pocos libertarios que cuestiona abiertamente a Adorni. Hace semanas que le reclama su renuncia a partir de la falta de transparencia en su cargo y en medio de las denuncias por corrupción.
La situación judicial de Manuel Adorni
La Justicia constató en las últimas horas que Adorni realizó un viaje a Aruba, un dato que hasta ahora no había sido confirmado por él. Viajó junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.
Según la reconstrucción judicial, el entonces vocero presidencial voló en Premium Economy, con pasajes que costaron alrededor de 1.450 dólares cada uno, lo que suma unos 5.800 dólares por todo el grupo familiar. También se estableció que los tickets fueron abonados en dólares y en efectivo, mientras que el itinerario incluyó escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso.
El viaje quedó bajo la lupa porque aún no se determinó cuánto costó la estadía ni cómo se financiaron esos gastos, un punto central en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, la Justicia avanzó con medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario para rastrear el origen de los fondos y verificar si son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
La referencia a la experiencia de Cambiemos que hizo el Presidente frente a algunos funcionarios en los últimos días tiene sentido: para aquel gobierno, la crisis cambiaria de abril del 2018 (tercer año del mandato macrista) fue el principio del fin. Después de un triunfo rutilante en las elecciones de medio término, al líder del PRO se le escurrió el sueño de la reelección. Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich suelen dar testimonio de eso.
El dato de inflación de 3,4% en marzo -que implica que el acumulado del primer trimestre del 2026 casi equipara a la estimación del 10,1% que el Gobierno había fijado en el Presupuesto para todo el año- llevó a Milei a decir en público, durante la cumbre de AmCham, lo que le venía transmitiendo al Gabinete en privado: que enero, febrero y marzo fueron meses duros, pero que él está convencido de que el sostenimiento del superávit fiscal permitirá que la inflación ceda y que la economía “pegue la vuelta” hacia mitad de año. Que habrá un antes y un después del Mundial.Te puede interesar:Elisa Carrió criticó al Gobierno, a Adorni y a Mauricio Macri: “La gente no quiere ir al pasado, pero el presente le resulta intolerable”
La Casa Rosada pensó una estrategia para comunicar la mala noticia del último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Luis Caputo se adelantó 24 horas al anuncio del INDEC para amortiguar el golpe. Y Milei -sin dejar de despotricar contra “el círculo rojo, los periodistas y los econochantas”- apeló a un registro novedoso: mostró empatía y reconoció, sin medias tintas, que el dato de la inflación es “malo”. Sintonizó con el sentido común. Un contraste con el ministro de Economía, que optó -como hace todos los meses- por desagregar el número y apelar a tecnicismos para justificar el dato. Los mensajes de uno y otro fueron charlados el lunes, junto con Santiago Caputo, que la semana pasada había trabajado en el “giro empático” del jefe de Estado. “La idea es distinguir. Una cosa es la bronca contra las corporaciones y otra hablarle a la gente que pone el hombro”, tradujeron en la Casa Rosada.El tuit del Presidente luego del dato de inflación
En lo que coincidieron Milei y su ministro de Economía fue en diagramar las expectativas al alza. Caputo prometió, grandilocuente, que se vienen “los mejores 18 o 20 meses de la Argentina en décadas”. El Presidente, en cambio, dejó en claro que morirá con las botas puestas. En sus palabras, “abrazado a la ortodoxia”. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada: todos podemos volver a trabajar al sector privado”, soltó en AmCham. Alguien muy cercano al Presidente comentó: “Javier siempre fue así. Siempre prefirió perder una elección antes de ir en contra de su idea”.Te puede interesar:Santilli adelantó que el Gobierno impulsará una reforma tributaria y contó qué les dijo Milei sobre Adorni
Los Milei profundizan
En los últimos días, los hermanos Milei demostraron una obstinación a prueba de balas. El jefe de Estado, en su determinación de profundizar el programa económico, sin hacer correcciones en un contexto de aceleración de la inflación y caída en la actividad económica. La secretaria General de la Presidencia, en su decisión de sostener a Manuel Adorni pese al desgaste que conlleva para todo el Gobierno.
Hoy nadie del elenco libertario se anima a disentir con los Milei. “Aquel que sugiera hacer un cambio o una corrección, ese es el traidor”, resume un colaborador que conoce al dedillo la dinámica oficial.
El Gobierno está en un momento bisagra ¿Qué ocurre si la economía no repunta como pronostica Milei? ¿Qué impacto tendrá el shock externo de la guerra? ¿Y la inercia inflacionaria? Los miembros staff libertario eligen creerle al jefe de Estado. “Javier tiene datos que nosotros no tenemos, como la recaudación de abril”, comentó esta semana un economista oficialista. “En junio o julio arranca todo”, los escucharon decir a Martin Menem días atrás.https://c0f1cbf2f1ecc731f809463efddb2152.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlEl ministro Luis Caputo (Maximiliano Luna)
Mientras tanto, los ministros desfilan ante el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para persuadirlo de que el Tesoro los asista en sus erogaciones corrientes. Mario Lugones (Salud) logró que se empiecen a destrabar los pagos para los prestadores de PAMI con deudas que se arrastraban desde octubre. Ayer, a las empresas de colectivos del AMBA les giraron los subsidios correspondientes a febrero. Con esa restricción de caja, un funcionario preguntó: “¿Capital Humano sigue con ‘billetera abierta’?”. La respuesta fue que se va a sostener la cuestión asistencial, mientras Sandra Pettovello sigue ajustando el cinturón en otras áreas de su megacartera.
Toto Caputo no duda en seguir estrangulando el gasto. Pero advierte que él tiene todas las cuentas ordenadas y que es el “factor político” el que impide que siga bajando el riesgo país para buscar financiamiento. En el Gobierno, al ruido político lo llaman “riesgo kuka”, aunque algunos reconocen que el concepto quedó anacrónico después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en octubre, con el kirchnerismo aún desorganizado y, sobre todo, callado. “Tenemos que reconocer que ahora el factor político es nuestro, que no paramos de darnos tiros en los pies”, admitió un importantísimo funcionario en las últimas horas.
Caso Adorni
El caso de Adorni sigue arrojando novedades y ya nadie hace esfuerzos por controlar la narrativa. La escribana Adriana Nechevenko se transformó en un personaje de reparto memorable. Pese a la exposición, la notaria no se escondió: el último fin de semana la vieron en un conocido café del círculo rojo. Todo lo contrario a Adorni, que administra al máximo sus apariciones públicas. El jefe de Gabinete se “karinizó” en el estilo: ahora acompaña a la secretaria General de la Presidencia en sus recorridas mudas y controladas.
Además de Karina Milei, el círculo de contención de Adorni hoy se completa con Martin Menem y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos vienen conversando prácticamente a diario con el ministro coordinador. El primero lo escolta en el camino al informe de gestión que deberá brindar en Diputados el 29 de abril, donde tendrá un careo con la oposición.Manuel Adorni junto a Karina Milei
El segundo oficia de consejero judicial, un apoyo clave para un funcionario que no entiende los códigos de Comodoro Py. Nacido y criado en la familia judicial, Mahiques conoce personalmente, y muy bien, tanto a Ariel Lijo como a Gerardo Pollicita, juez y fiscal de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Sin embargo, hasta ahora el expediente avanzó rápido, con la celeridad que siempre se les reclama a los tribunales. “Que Juan Bautista los conozca no significa que pueda presionarlos ni que ellos se dejen presionar, eso no funciona así”, advirtió alguien que camina los tribunales a diario.
La causa Adorni se inscribe en una puja mucho más grande entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por las vacantes en los juzgados. En primera instancia de Comodoro Py ya hay cuatro vacantes (que están siendo concursadas) y podrían abrirse más casilleros en el mediano plazo. “De repente, después de dos años donde no pasó nada, ahora Karina agarró la botonera del Ministerio de Justicia y parece que se van a mover todos los pliegos. Eso genera un gran nerviosismo en todas las terminales judiciales. Todos juegan”, agregó el colaborador judicial.
Milei, que suele darle una explicación teórica a todos los asuntos, hace dos semanas desempolvó el plan de Justicia de 166 páginas que le había elaborado el sector de Santiago Caputo, que manejaba el ministerio hasta la estocada del karinismo. El Presidente le tomó una foto a un segmento que hablaba de los “tiempos cíclicos” de la Justicia y la crisis del tercer año. “En esta instancia del mandato siempre te destruyen con causas”, se consoló el jefe de Estado, para tratar de entender el tembladeral en los tribunales.
Ahora que maneja los hilos del vínculo con la Justicia, el sector de Karina Milei quiere aplicar las mismas máximas que implementa en el plano político partidario: la imposición sin concesiones. “Ellos hacen con la Justicia el mismo cálculo que hacían con las listas del año pasado. Dicen: ‘Si entregamos poder, después nos van a pasar por encima’”, explicó alguien del elenco estable del karinismo. Y razonó: “¿Qué hubiera pasado con el pedido de interpelación a Adorni si poniamos en las listas de LLA a los (Rodrigo) De Loredo de la vida? ¿Qué nos puede pasar si ponemos en los juzgados a los nombres que ellos quieren?”.Juan Bautista Mahiques (REUTERS)
Un colaborador del karinismo lo resumió así: “Es un error pensar que porque nos aprieten en una causa van a tener más chances de conseguir un lugar”.
Los laderos de Karina Milei, de hecho, ya insinuaron que, de mínima, no se apuraran con la iniciativa de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz para cambiar el reglamento de selección de jueces. La propuesta de los cortesanos le asigna una mayor ponderación a las instancias de examen técnicas y le resta peso a la fase de las entrevistas personales a los candidatos. O sea, apunta a un sistema tabulado que reste discrecionalidad. Santiago Viola, viceministro de Justicia, y abogado de confianza de Karina, dijo durante una reunión del Consejo de la Magistratura que no entiende la “ansiedad” por modificar el reglamento. “No hay nadie mejor que los consejeros para modificar el reglamento del Consejo”, advirtió.
El panorama se complejiza si se tiene en cuenta que Santiago Caputo no soltó completamente la interlocución con un sector de la Justicia. Prueba de ello fue la reunión que él y el procurador del Tesoro, Sebastian Amerio, mantuvieron con Mariano Borinsky el pasado viernes en la Casa Rosada. Se juntaron para pulir el proyecto de Código Penal, pero sirvió para demostrar que el “caputismo” sigue siendo visto como una terminal para una parte del sistema judicial.
La interna eterna entre el estratega y la hermana presidencial, que ya nadie disimula, puede evolucionar a una versión potenciada si cada bando hace su propio juego en materia judicial.
El otro coletazo del caso Adorni es el electoral. Todo indica que el alfil de Karina quedó fuera de carrera para la jefatura de gobierno porteña en 2027. Después de una serie de desplantes, en los últimos días la hermana del Presidente le dio algunas señales de contención a Patricia Bullrich, que venía sintiéndose destratada. “A Patricia la promovieron para que haga campaña en Capital Federal y después la pararon en el paredón. No se puede construir destruyendo”, se quejaron desde el sector de la exministra de Seguridad.
Después de casi dos meses de distancia, Bullrich y la hermana del Presidente hablaron. “Karina le dijo a Patricia que no se deje llevar por lo que dicen los medios”, contaron cerca de la exministra y senadora. Bullrich no quiere que la vigilen en sus recorridas por la Ciudad. La tensión por las candidaturas se da cuando todavía nadie en LLA descarta del todo una alianza con Pro el año próximo.
Pero antes de pensar en candidaturas, hay un interrogante mucho más potente que es cómo saldrá parado el Gobierno de este punto de inflexión económico. Antes de tomar decisiones electorales, la teoría de Milei tiene que mostrar resultados en la práctica.
El Consejo Directivo de Pro bonaerense y la asamblea partidaria se reunieron hoy en unas oficinas del microcentro porteño. Con la participación de Mauricio Macri, los representantes ratificaron la continuidad de Cristian Ritondo como titular del espacio y reactivaron el debate sobre el rumbo que deberá tomar el partido para 2027, incluida la posibilidad de volver a sellar una alianza con La Libertad Avanza en el distrito.
En el encuentro, el expresidente reivindicó la experiencia en gestión de Pro y respaldó la conducción de Ritondo y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, reelectos como autoridades en febrero pasado como parte de una lista de unidad. A ellos, se suma el senador provincial Pablo Petrecca, que asumió como vicepresidente segundo del espacio este mediodía.
Con más de 50 dirigentes bonaerenses presentes, también se formalizó la designación de la diputada nacional Florencia De Sensi como secretaria general de la asamblea partidaria.
Florencia de Sensi, diputada del ProCuenta de X de Florencia de Sensi
Más allá de esta instancia de reorganización interna, la cumbre también permitió volver a discutir en un ámbito institucional el rumbo que deberá adoptar el sello amarillo camino a las elecciones de 2027. “Hablamos de nuestra identidad”, resumió a LA NACION un dirigente que participó de la cumbre, aunque evitó hacer definiciones sobre el futuro del espacio en la Provincia.
Lo cierto es que, en Pro, no descartan la posibilidad de reeditar un acuerdo con el partido de Javier Milei para intentar desplazar al peronismo de su tradicional bastión.
En las últimas semanas, dirigentes como el senador provincial Alex Campbell se mostraron a favor de confluir otra vez con LLA, pese a que la última incursión conjunta dejó a Pro relegado en el armado de las listas. No es, sin embargo, un rumbo sobre el que haya un sólido consenso.
El consejo directivo de Pro bonaerense se reunió en las oficinas de la calle Balcarce porteñaPrensa Pro
Fuentes al tanto de la reunión de este martes explicaron a LA NACION que hay una “voluntad general de acordar porque es la única forma de ganar la provincia”, pero que la posibilidad de volver a cerrar una alianza todavía encuentra reparos entre algunos dirigentes por la “ingratitud de LLA” en los distritos bajo conducción amarilla.
“Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, explicaron. Hay reclamos por la falta de reciprocidad entre el oficialismo nacional y Pro.“No nos dan gobernabilidad [en los municipios] y nosotros le damos gobernabilidad en el Congreso”, agregaron.
A eso se suman las asperezas que dejó la experiencia compartida entre LLA y el partido macrista durante las últimas elecciones de medio término, cuando el sello amarillo terminó relegado en el armado de las listas. Para los comicios bonaerenses, dirigentes del espacio que preside Ritondo como Petrecca y María José Gentile (jefa comunal de 9 de Julio) habían llegado a romper con la estrategia de su partido y se escindieron de la alianza con los libertarios por la postergación de Pro en las nóminas.
En este contexto, y con un debate interno todavía por resolver, Pro bonaerense evita confrontar con el oficialismo nacional y focaliza sus críticas en la gestión de Axel Kicillof. El partido definió compartir, al término de la reunión, un duro informe contra el gobernador peronista por el “estado de abandono” de la Provincia. Cuestionan la supuesta falta de gestión tanto en áreas sociales como salud y educación, como en lo que refiere a seguridad e inversión pública en infraestructura.
“Nuestra provincia es el corazón productivo del país, pero hoy se encuentra atrapada en el abandono, convertida en el último aguantadero militante de un proyecto agotado. Con más de 17 millones de habitantes, Buenos Aires tiene todo el potencial para liderar el desarrollo nacional, pero hace años que funciona bajo un modelo que la frena y deteriora”, dice Ritondo en el informe.
El partido macrista apuntan contra Kicillof, entre otras cuestiones, por las falencias en las prestaciones que ofrece el IOMA, la obra social de la Provincia, a sus afiliados y la deuda que mantiene con distintos hospitales, farmacias y hospitales. El pasivo -señalan- asciende a $8.500 millones.
Denuncian también el incremento en los índices de delitos -advierten que, entre 2023 y 2024, aumentaron 37% los robos violentos y se agravaron los problemas por producción y comercialización de estupefacientes- y la suba impositiva que -reclaman- se destina a cubrir gastos asociados al empleo público antes que a obras e inversión.
En este sentido, ponen especial énfasis en el deterioro de las rutas provinciales, que dependen del gobierno de Kicillof, y los caminos rurales -en su mayoría, de tierra- a cargo de los municipios. No hacen alusión, en cambio, al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y cuyo mantenimiento es competencia de Milei. Es un reclamo que suele elevar el gobernador y titular del PJ bonaerense, que denunció “desvío de fondos” de impuestos que deberían destinarse a obras de infraestructura.
En línea con sus reclamos por mayores fondos, este martes, Kicillof acompañó a los intendentes que se acercaron al Ministerio de Economía para pedirle a Luis Caputo compensaciones para el transporte público y el fortalecimiento de la coparticipación.
El gobernador Axel Kicillof acompañó a intendentes peronistas que se acercaron al Ministerio de Economía para reclamar fondosLa Nación
“No se trata de falta de recursos; es falta de gestión del gobierno de Kicillof que prefiere financiar la militancia y su fantasía presidencial antes que garantizar el bienestar de los vecinos”, continúa el informe elaborado por Pro. Así, el macrismo ratifica su rechazo al argumento oficial de la administración provincial y deja la puerta abierta para un eventual acuerdo con LLA para enfrentar al gobernador.
“Más de lo mismo”, decía uno de los presentes, que se retiraba del auditorio principal, entre bostezos, en conjunto con otros dos colegas. No llegaron al momento en el que el presidente apuntó contra ellos por la presunta falta de apoyo a la hora de invertir.
“Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente”, expresó a los gritos el mandatario.
Fueron dichos que fueron parecidos a los esbozados por Patricia Bullrich en su participación en el foro. “Tienen que acompañar. Hay ley de modernización sindical, pueden hacer convenios por empresa, es decir bajar muchísimo los acuerdos laborales. Hay un RIMI que significa que las empresas pueden tener aceleración del impuesto a las ganancias, rebaja de IVA. Pedían eso de Uruguay y Chile y ya lo tiene Argentina. Lo que le dije a los empresarios es hagan realidad las leyes que estamos votando», manifestó la legisladora que, textualmente, instó a que “inviertan” y “saquen los dólares del colchón y de las cajas fuertes”.
Algunos ministros fueron a escuchar al presidente en AmCham.
“Es inentendible. Se lo invita a un evento que se le ratificó el apoyo al rumbo y termina diciendo eso”, expresó otro de los consultados por MDZ, quien daba cuenta del escaso aplauso en la última declaración de Milei.
“Solo aplaudió fuerte la tribunita de funcionarios y diputados que trajo”, comentó con dureza, uno de los consultores que se retiró también con cierta confusión por lo que escuchaba.
Milei llegó al cónclave de AmCham minutos antes de las 18.50 en el marco de un amplio despliegue de seguridad. Al arribar, se dio un abrazo con Manuel Adorni, a quien, en medio del asedio judicial, volvió a elogiar en público. Destacó su performance en la elección porteña, en una candidatura que siempre estuvo prevista que sea testimonial y con el solo hecho de desestabilizar al macrismo en su histórico bastión.
El jefe de gabinete no recibió nuevos apoyos. Este medio intentó hablar al respecto con el ministro de Interior, Diego Santilli, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones, pero todos ellos se negaron a hablar. En ese sentido, Bullrrich se molestó ante las nuevas preguntas sobre el tormento que está viviendo el expanelista por la labor en los tribunales y no quiso explayarse en la honestidad de su presunto competidor a la jefatura de gobierno.
“Es indudable que hace ruido, la transparencia y la corrupción son temas muy importantes y las noticias llegan”, resaltó un empresario de una reconocida multinacional con alusión a las denuncias contra Adorni, cuyo entorno intentó ponerlo en contacto con el fiscal Pollicita, aunque sin éxito. Hay limites para el magistrado que investiga al ministro coordinador, quien se mantiene en silencio.
ubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la el martes por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.
Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.
Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.
El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.
Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.
Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.
El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.
Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.
Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.
La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.
Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.
En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.
En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.
En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.
En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.
Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.
Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.
La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.
Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.
Otro frente de resistencia
La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.
Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.
No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.
El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.
Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.
El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.
La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.
En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.
Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.
La entidad abrió “un expediente” que evaluará el accionar del notario, quien tomó popularidad en los medios y en las redes tras su declaración testimonial en los tribunales de Comodoro Py y en una entrevista.
La investigación interna estará supeditada a la labor técnica y legal de Nechevenko, en especial tras lo expuesto en sede judicial, consignan fuentes del sector que consultó MDZ.
Sin embargo, el principal malestar en el rubro está relacionado con lo que manifestó la escribana en los medios, con explicaciones “que dejaron mucho que desear y solo generan el desprestigio de la profesión”. Si se comprueba que ejerció de manera irregular o negligente, puede ser sancionada y hay quienes reclaman, puertas adentro, la suspensión de su matrícula.
“Nos deja pésimamente mal parados. En épocas que algunos políticos quieren desregularnos y minimizar nuestro trabajo, aparece esta mujer y hace ese papelón”, enfatizó un miembro de la entidad, que accedió a hablar con este medio.
La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py el pasado jueves y después dio una entrevista.Imágenes de NA
Para algunos de los integrantes del colegio, su par “reveló secretos profesionales” en su último reportaje y además evidenció errores técnicos en algunas de sus intervenciones en la compraventa de los inmuebles que investiga la justicia al exvocero.
«No certificó correctamente la operación. No dio fe del acto, con la presencia de ambos participantes en el momento de la escritura. Lo hicieron en momentos separados. En cualquier lugar eso se invalida”, subrayaron profesionales consultados.
Las intervenciones de Nechevenko en el caso Adorni
En la causa que involucra a Manuel Adorni, la intervención de Adriana Nechevenko aparece vinculada a distintas operaciones inmobiliarias que hoy están bajo análisis judicial, con foco en cómo fueron instrumentadas y si reflejan adecuadamente las condiciones reales de las transacciones.
En la compraventa del departamento de Caballito donde reside el funcionario, Nechevenko actuó como escribana interviniente y dio fe del acto, dejando constancia de que la operación se celebró y que las partes manifestaron su voluntad de vender y adquirir el inmueble.
En ese mismo expediente, certificó la identidad de los vendedores y del comprador, verificando la documentación correspondiente y su capacidad para llevar adelante la transacción. Asimismo, tuvo a su cargo la formalización de la escritura, incorporando las condiciones pactadas, entre ellas la particularidad de que una parte sustancial del precio —alrededor de 200.000 dólares— habría sido diferida, un aspecto que hoy concentra parte de los cuestionamientos.
Esa modalidad de pago, considerada poco habitual en el mercado, es uno de los ejes de la investigación y pone el foco en si la escribana dejó debida constancia de ese esquema y de sus términos, en el marco de su deber de instrumentar el acto conforme a derecho.
En relación con el inmueble ubicado en Parque Chacabuco, también bajo análisis en la causa por el monto de la operación y su consistencia con los ingresos declarados. La Justicia busca establecer si hubo diferencias entre el precio declarado y el efectivamente pagado, y si la operación fue realizada de una sola vez o mediante algún esquema que haya permitido fragmentar o diferir pagos, algo que podría alterar la lectura del patrimonio.
En el caso de la vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, habría sido escriturado a nombre de la esposa del funcionario, pero igualmente forma parte del análisis patrimonial. En esta operación, donde intervino Adriana Nechevenko, el foco está puesto en cómo se estructuró el pago, si existieron mecanismos de financiamiento similares a los detectados en Caballito —como pagos diferidos o créditos entre privados— y si el valor consignado en la escritura refleja efectivamente el precio de mercado.
A pesar de haber anunciado la decisión, el Gobierno se negó a aplicar la actualización del índice en febrero pasado, en ocasión de publicarse el IPC de enero, lo que derivó en la renuncia de Lavagna. La nueva metodología actualizada otorga dentro del índice una incidencia mayor a los servicios públicos y el transporte, los precios que todavía tienen por delante ajustes pendientes para corregir las distorsiones del pasado.
“Tras haberse compensado en el primer bimestre, las diferencias entre el IPC vigente -ponderadores de la Encuesta de gastos (ENGHo) de 2004/05- y el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) que iba a implementar Indec a partir de enero fue relevante en marzo: la inflación mensual habría sido 3,65%, acumulando 9,7% en el primer trimestre”, calculó la consultora Equilibra.Te puede interesar:El mensaje que le mandó la escribana de Adorni a una de las testigos en la causa por enriquecimiento ilícitoComparación de la inflación mensual vigente y actualizada con el nuevo IPC (Equilibra)
Señalaron que la principal razón de esa diferencia es que, en conjunto, Educación y naftas tienen un peso tres puntos porcentuales mayor en el IPC actualizado y que, este mes, fueron los rubros que más impulsaron la inflación.https://e3cc8dea33be7f013711c1867025d519.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
“El diferencial se debe al sensible incremento de servicios (producto de la quita de subsidios), aunque fue algo más moderado debido al incremento de precios de alimentos (en la comparación ENGHo 2004/5 y 2017/8 hay un trade off entre estos rubros)”, precisó el CEPA.
Y recordó que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 11,5% adicional de incremento de precios.
También vale mencionar que la inflación medida en dólares muestre un avance acumulado de más del 13% en el primer trimestre del año.
El IPC conocido ayer se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado, impulsado por Educación (12,1%), Transporte (4,1%) y Vivienda, agua, luz, gas y combustibles (3,7%).
Mientras tanto, el presidente Javier Milei aseguró durante el AmCham Summit 2026 que el dato responde, en primer lugar, a la caída de demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado.El presidente Javier Milei en AmCham Summit 2026. Jaime Olivos
Además, dijo el mandatario, en marzo impactaron el aumento estacional de los precios de la educación y el conflicto bélico en Medio Oriente, que generó un efecto cascada sobre el transporte. También mencionó el alza de la carne.
“Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”, afirmó Milei.
“La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente. Es que pegó un salto el nivel de precios por cambios en los precios relativos, pero la inflación de largo converge en la internacional. Al equilibrio al que vamos no cambió”, agregó.
No obstante, admitió que “el dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “el proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva, con una caída fuerte de la demanda de dinero. Como sabemos, la inflación es un fenómeno monetario”.Caputo: «La inflación va a tener certificado de defunción”. Fotografía: Maximiliano Luna
“A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación muy importante y mayor crecimiento. La inflación va a tener certificado de defunción”, añadió.
Comparativa regional
Por otra parte, en comparativa con el resto de los países de la región, Venezuela lideró el ranking de inflación mensual con 13,10% y un acumulado trimestral del 71,80%, reflejando una crisis persistente de precios. La Argentina se ubicó segunda con un 3,4% mensual y 9,40% en el trimestre, seguido por Perú con 2,38% mensual y 3,19% acumulado.
Otros países como Chile (1% mensual), Brasil (0,88%) y Paraguay (0,80%) mostraron mayor control, con inflaciones trimestrales inferiores al 2%.
Colombia, Uruguay, Ecuador y Bolivia registraron variaciones mensuales bajas o incluso deflación en el caso de Bolivia (-0,34%).
El gobierno de Javier Milei parece haber dejado atrás su discurso de combate a “la casta”, al menos en lo que se refiere a la justicia. Eso es lo que muestra un análisis de los más de 80 pliegos nominando jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en diferentes tandas durante las últimas dos semanas, en el que proliferan apellidos reconocidos pertenecientes a la denominada “familia judicial”.
No sólo de hijos y esposas de funcionarios del Poder Judicial está integrada la nómina que envió el ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la hermana presidencial, Karina Milei, y el aval del jefe del Estado.
Así, aparece un nombre como el de Laureano Durán, de innegables lazos con operadores judiciales del kirchnerismo, como el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, que también es representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el Consejo de la Magistratura.
Hijo del fallecido Alberto Ramón Durán, un juez que presidió la Cámara Federal, el nombre de Laureano Durán cobró relevancia porque en diciembre de 2014 se convirtió con menos de 40 años y por impulso de la entonces presidente Cristina Kirchner en juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, un tribunal clave ya que tiene competencia electoral. Su nombramiento fue para reemplazar al juez Manuel Blanco, que había fallecido.
Si hablamos de familia, el ministro Mahiques está fuertemente involucrado con este proceso para empezar a completar las más de 300 vacantes judiciales, que en el Senado comenzará el 29 de abril, con la primera de una serie de cinco audiencias que finalizará el 14 de mayo.
Esta semana, el jueves 16, se realizará una audiencia en la que su padre, Carlos Mahiques, será protagonista. El camarista busca extender por cinco años su magistratura a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y, según la Constitución Nacional, debería jubilarse. Nobleza obliga, su pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo en febrero, casi un mes antes de que su hijo reemplazara a Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia.
Mahiques padre es una figura polémica desde que fue trasladado por el gobierno de Mauricio Macri a la Cámara Federal de Casación Penal, un cargo para el que no había concursado. Por esa razón ya ingresaron a la Comisión de Acuerdos del Senado dos impugnaciones mellizas impulsadas por Inecip y ACIJ que destacan ese tipo de movimiento “han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, motivo por el que piden corregir “inmediatamente” una situación que consideran contraria a la carta magna.
Otro de los nombres resonantes por sus lazos de sangre es el de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que está nominado para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Rosatti hijo fue secretario en la justicia electoral entre 2013 y 2018 y es autor del libro “La Justicia Mediática”, en el que analiza la relación de los medios de comunicación, la opinión pública y el servicia judicial y que fue presentado el años pasado en el Senado con el apoyo de senadores libertarios.
También miembro de la “familia judicial” es Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham. La postulante es secretaria en la Cámara Federal porteña y es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien actualmente tiene a su cargo causas de alto impacto político.
Su trayectoria en la justicia es extensa, tanto como su expertise y conocimiento que le permitieron terminar primera en el concurso del Consejo de la Magistratura sin necesidad del habitual empujón político de la entrevista personal que se le suele dar a quienes tienen el favor del Gobierno de turno para poder ingresar en las ternas que se envían al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la nominación de Juan, la tercera ya que las dos veces anteriores su pliego fue retirado por cambios de Gobierno, cobra relevancia porque su esposo es el magistrado que tiene a su cargo la causa Andis, en la que está involucrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei,
La herencia judicial también se puede rastrear en Juan Andrés Moldes. Su padre era el fallecido fiscal Germán Moldes y está postulado como fiscal ante los juzgados en lo Penal Económico.
Nominado para juez de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Pacilio es hijo del ex camarista Antonio Pacilio. Hizo toda la carrera judicial desde auxiliar administrativo hasta secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, cargo que ejerce en la actualidad.
La nómina también incluye secretarios que han crecido al amparo de los jueces más influyentes de los tribunales de Comodoro Py, como María Julia Sosa, quien se desempeña en el juzgado federal de Julián Ercolini, que está propuesta para un Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata.
En esa nómina se inscriben, también, Ivana Quinteros, actual secretaria de la Sala I de la Cámara Federal, nominada para un cargo en un tribunal oral criminal; Javier Arzubi Calvo: actual fiscal federal que trabajó durante años con el juez federal y frustrado candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo; y Jésica Sircovich, que es secretaria en la Cámara de Casación Penal y propuesta para un tribunal oral en la capital de la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete,Manuel Adorni, volvió este lunes a mostrarse en una actividad pública fuera de Casa Rosada tras una semana de permanecer en silencio en su despacho.
El exvocero encabezó una visita a un laboratorio ubicado en el Instituto Malbrán, junto a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La recorrida por la entidad se debe a que en octubre pasado se puso en funcionamiento allí el primer Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) de América Latina, la máxima categoría internacional en seguridad biológica. «Ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, su creación marca un antes y un después en la historia de la salud argentina al poner al país a la vanguardia en la prevención, detección y contención de enfermedades emergentes de alto riesgo y de posibles emergencias sanitarias o amenazas biológicas naturales o deliberadas», consignaron desde la cartera sanitario.
Adorni junto a Karina Milei este lunes
El nuevo laboratorio permite trabajar con virus y patógenos como el Ébola, el Marbugo, hantavirus y fiebres hemorrágicas, desarrollar pruebas diagnósticas rápidas y precisas, investigar nuevos antivirales y tratamientos y diseñar vacunas preventivas. También fortalece la respuesta del sistema sanitario ante enfermedades emergentes al permitir realizar una caracterización rápida de los agentes infecciosos, facilitar el monitoreo de nuevas variantes e investigar reservorios animales para prevenir posibles saltos inter-especies.
Para que el BSL-4 comience a operar, la actual gestión de la ANLIS Malbrán realizó una inversión de $500 millones que permitió finalizar las instalaciones termomecánicas del laboratorio. Esto incluyó la colocación de sistemas de aire con presión negativa, filtros de alta eficiencia (HEPA) y válvulas herméticas que detectan fallos y que aíslan al laboratorio en caso de accidentes o fugas; un sistema de autoclave de frontera que elimina bacterias, virus y esporas para garantizar la seguridad en las investigaciones; la implementación del Building Management System que recopila y procesa los datos de todos los sensores y equipos del laboratorio para lograr un control total y eficiente del edificio.
También se adquirieron compresores y tanques de aire respirable redundantes para asegurar el suministro constante a los trajes presurizados que deben utilizar quienes ingresen al laboratorio.
Cómo sigue la semana de Manuel Adorni
En tanto, se prevé que el jueves Adorni y la hermana del presidente realicen una visita a los yacimientos de Vaca Muerta en Neuquén, mientras que el viernes protagonizarán una nueva reunión de la mesa política.
Hay algo que cambió en la manera en que los argentinos y las argentinas se relacionan entre sí. No fue de golpe ni es obra de una sola persona. Pero en 2025 se volvió visible de una manera en la que ya no puede ignorarse. La política dejó de ser un tema de debate y se convirtió en tribus, en una frontera. Y esa frontera no divide solo en el Congreso o en las redes: divide familias, separa amistades, filtra parejas, condiciona empleos, genera insomnio. Bienvenidos al political sorting —o clasificación sociopartidista—: el proceso por el cual la identidad partidaria se superpone a casi todas las dimensiones de la vida social. Ya no sos solo votante de tal o cual partido. Sos libertario, sos peronista, sos “zurdo” —con todo lo que eso implica para el barrio donde querés vivir, para las personas con quienes compartís tu casa, para con quien tomás un café y con quien definitivamente no.
Lo decimos con datos. Una encuesta realizada en la previa electoral, durante septiembre de 2025, relevó cuatro sectores políticos: libertarios (LLA), peronistas o kirchneristas (Fuerza Patria), centristas moderados (UCR, PRO, CC) e izquierda (FIT y afines). El período: plena previa electoral, con el 26 de octubre en el horizonte y un ciclo que incluyó elecciones nacionales, provinciales y municipales a lo largo de todo el año. El contexto inmediato: un presidente cuyo estilo discursivo convirtió la deslegitimación del adversario en componente sistemático —48 veces en Davos el 23 de enero, 40 veces en la apertura del Congreso el 1 de marzo—, y cuyo impacto sobre la convivencia ya era observable incluso entre el 40% de sus propios simpatizantes, que mostraban reservas ante el tono.
¿Se siente libre de expresar su identidad sin temor al rechazo? El gradiente entre sectores es casi perfecto: 80,5% de acuerdo total en el sector libertario, 66,4% en el centro, 59,4% en el peronismo, 51,4% en la izquierda. A mayor cercanía con el poder político oficialista de este ciclo, más libertad percibida. No es un dato de objetividad —no dice quién tiene razón—: es un dato de posición. El viento sopla a favor de unos y en contra de otros, y eso se siente en el cuerpo y en las conductas.
¿La política se volvió más agresiva? También aquí hay gradiente, pero invertido: lo perciben el 87,6% de la izquierda, el 81,5% del peronismo, el 79,8% del centro y solo el 66,4% de los libertarios —y con mucho menos convicción: el 34,7% opinó totalmente de acuerdo, frente al 59% de la izquierda. Los libertarios son simultáneamente el sector que más etiquetas deshumanizantes usa y el que menos agresividad percibe en el ambiente político. Esa contradicción no es un error en los datos: es una de sus claves de lectura más importantes. No es lo mismo disparar que recibir.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
El barrio como búnker ideológico. Una primera lectura: quienes quieren homogeneidad ideológica son muchos, muchísimos y en todos los segmentos ideológicos.El 49% de los libertarios elegiría vivir en un barrio donde la mayoría comparte su ideología (frente a solo el 37,4% que prefiere diversidad). Es el sector con la preferencia más marcada por la segregación residencial ideológica, muy por encima del centro (33,4% quiere homogeneidad vs. 53,5% que prefiere diversidad), la izquierda (40% vs. 43,5%) o el peronismo (44,6% vs. 43,5%). La batalla cultural que se predica hacia afuera convive con una tendencia muy marcada a encerrarse hacia adentro. La paradoja no es menor.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
El daño en los vínculos es real y profundo. En una escala del 1 al 5 sobre cuánto dañó la hostilidad política las relaciones clave —amistades, familia, trabajo—, tres sectores muestran un balance claramente negativo: izquierda 73,3% con daño significativo vs. 25,7% sin daño; peronismo 64,2% vs. 34,1%; centro 60,4% vs. 37,2%. Solo el sector libertario invierte esa relación: 45,5% con daño vs. 52,9% sin daño. El optimismo o la mayor homogeneidad de sus redes sociales los protege. Por ahora.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
La ansiedad política tampoco respeta ideologías. El 44,3% del peronismo, el 38,2% de la izquierda, el 33,7% del centro y el 26,7% de los libertarios admiten haber sufrido ansiedad o insomnio por discusiones políticas agresivas, sean presenciales o digitales. Como señala Emily Sydnor en Disrespectful Democracy (2019), la incivilidad tiene consecuencias psicológicas concretas para los individuos. Los datos lo confirman: la política ya no solo divide, también enferma —aunque sea poco a poco, de manera leve y rutinaria.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
El amor tampoco puede todo. ¿Aceptaría una pareja con ideología contraria a la suya? La izquierda es la más restrictiva: solo el 40% dice que sí, y el 46,7% directamente descarta la relación. Más que los libertarios (40,3% la descarta), el peronismo (44,1%) o el centro (31,9%). Si la pareja fuera de su hijo o hija, el 11,4% de los votantes de izquierda lo excluiría de la familia —más del doble que cualquier otro sector. Rompe el estereotipo habitual sobre de qué lado está la intolerancia en la Argentina. Los datos no hacen concesiones a ningún bando y, en general, la explicación de la diversidad está asociada a un condicionante muy potente: que no se hable de política, como más adelante se verá.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
El capítulo más incómodo es el de las etiquetas. Los motes con que cada tribu designa a los otros fueron recopilados colaborativamente en redes sociales para este estudio. ¿Los usó alguna vez? En etiquetas deshumanizantes —“ratas”, “cucarachas”, “termos”, “marrones”—, el sector libertario lidera claramente: 37,3% las usó, frente al 26,5% del centro, el 21% de la izquierda y el 20,2% del peronismo. Pero, cuando se pregunta por etiquetas de extremo ideológico —“fascista”, “nazi”, “comunista”—, el mapa se invierte de manera exacta: la izquierda lidera con el 39% de uso declarado, seguida del peronismo (27%), el centro (25,7%) y los libertarios (23,7%). Dos estrategias distintas de incivilidad discursiva. Ningún sector queda limpio. Y ese es exactamente el punto.
Lo que duele, también, difiere cualitativamente. Al peronismo le parecen graciosos “peronchos” y “choripaneros” —los puede resignificar como insignia—, pero le duelen “negros de mierda” y “parásitos” —los que atacan su dignidad de clase.
Al libertario le divierte “libertonto”, pero lo hiere “niños nazis” —cuando el mote deja de ser burla y se vuelve acusación histórica seria.
Al centrista le causa gracia “gorila” y “tibio”, pero lo lastima “vende patria”.
Para la izquierda, “zurdo” y “trosko” son casi emblemas, pero “zurdo de mierda” y “mugriento” duelen sin remedio.
El umbral del dolor está siempre donde el insulto ya no puede neutralizarse con ironía ni apropiarse como orgullo identitario.
Encuesta de Zuban Córdoba – Sept. 2025
El patrón que atraviesa toda la encuesta es el silencio como solución. En casi todas las preguntas sobre tolerancia al otro ideológico —como pareja, como familiar funcionario de un gobierno que se detesta, como amigo—, la respuesta más elegida en todos los sectores incluye siempre alguna variante de “sí, pero no hablaríamos de política”. Entre el 25% y el 35% de los encuestados, según la pregunta y el sector, pone esa condición. Eso no es integración. No es deliberación democrática. Es una tregua precaria que funciona hasta que deja de funcionar, y casi todos lo saben sin decirlo.
Un plus para la “batalla cultural”. Es la que el sector libertario pregona, pero no termina de reflejarse del todo en sus conductas. Son el sector que más evita hablar de política en familia, que más etiquetas degradantes usa en el ámbito digital pero menos rechaza trabajos por razones ideológicas, y el que menos percibe la agresividad del ambiente, aunque sus líderes la producen sistemáticamente. Del lado opuesto, los sectores progresistas muestran más coherencia entre discurso y conducta —pero en una dirección que también cuesta: más restricción en amistades, más exclusión familiar, más rechazo a la pareja ideológicamente opuesta. La coherencia puede ser un problema cuando lo que se proclama es el cierre.
Como escribió Amós Oz: «la semilla del fanático siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo« (Contra el fanatismo, 2023). Y como documenta Liliana Mason en Uncivil Agreement (2018), la clasificación sociopartidista genera rencor e incivilidad, incluso entre sectores comparativamente moderados. La polarización afectiva ya no es un fenómeno de los extremos, está presente y transversalizada en toda la sociedad.
Lo que está en juego no son los resultados electorales, lo que está en juego es la posibilidad de seguir habitando el mismo país, con un mínimo de respeto mutuo y reconocimiento del otro como ciudadano legítimo —aunque uno piense que está profundamente equivocado. La grieta no es el problema en sí. El problema surge cuando convivir deja de dar espacio al debate y se convierte en el borde de un abismo desde el que solo se lanzan piedras.
El silencio obligado en las cenas de Navidad no es convivencia. Es, a lo sumo, la postergación de un problema que tarde o temprano vuelve a la mesa —y siempre con más fuerza.
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Mario Riorda esprofesor de Comunicación Gubernamental y de Crisis en la Universidad Austral.
Patricia Nigro es profesora sobre temas de Ciencias del Lenguaje y Discurso Político en la Universidad Austral.
Este artículo forma parte de la investigación “¿Qué está cambiando en la comunicación política latinoamericana con los discursos de incivilidad?”, radicada en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral. La encuesta aludida fue realizada por sistema CAWI, 800 casos (200 por cada grupo seleccionado), entre el 25 y el 27 de septiembre de 2025 por Zuban/CórdobaPor Mario Riorda y Patricia Nigro
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