La decisión de China de aplicarmedidas de salvaguardia a la carne vacuna importada, con un arancel adicional del 55% para los envíos que superen los cupos establecidos, introduce un nuevo factor de riesgo para la economía argentina en 2026. El impacto no es sectorial ni marginal: compromete ingreso de divisas, empleo en el complejo agroindustrial y el ya delicado equilibrio del comercio exterior.
China es el principal destino de la carne vacuna argentina, especialmente de los cortes congelados, donde concentra más del 70% del volumen exportado. En 2024, la Argentina ya superó el cupo anual de 511.000 toneladas fijado ahora por Pekín, y en 2025 volvió a acercarse a ese techo, según datos del Observatorio de China de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (https://www.cera.org.ar/node/967)
A partir de enero de 2026, toda exportación que exceda ese volumen pagará, además del arancel vigente del 12%, un recargo del 55%, lo que en la práctica expulsa al producto del mercado chino por pérdida de competitividad. El resultado inmediato es un tope duro al crecimiento de las exportaciones cárnicas, uno de los pocos rubros con capacidad de generar dólares genuinos en el corto plazo
Vale señalar que el freno a las ventas externas no solo afecta la balanza comercial. La industria frigorífica exportadora es intensiva en empleo, con fuerte presencia en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Menos exportaciones implican menor actividad, suspensiones o reducción de turnos, en un contexto donde el mercado interno no absorbe excedentes a precios rentables.
Además, la carne vacuna fue identificada como uno de los productos argentinos con mayor exposición al riesgo geoeconómico, por su alta concentración en un solo destino y su peso en la canasta exportadora. Esa combinación vuelve al empleo del sector particularmente vulnerable ante decisiones unilaterales de China
Exportaciones en tensión y déficit récord con China
El endurecimiento chino llega cuando el desequilibrio bilateral ya es crítico. los datos del Observatorio muestran que en los primeros once meses de 2025, Argentina acumuló un déficit comercial con China de USD 7.413 millones, el más alto con cualquier socio comercial. Si bien las exportaciones crecieron más del 57% interanual, las importaciones desde China avanzaron al mismo ritmo, ampliando el rojo externo.
Este escenario deja al país en una posición incómoda: necesita más exportaciones para sostener reservas, pero enfrenta barreras crecientes en su principal mercado extrarregional, justo cuando la economía china desacelera su consumo y redefine su política industrial.
Las restricciones a la carne forman parte de una estrategia más amplia. Pekín busca proteger sectores sensibles, administrar su demanda externa y ganar margen en un contexto de tensiones geopolíticas con Estados Unidos y menor dinamismo económico interno. Para Argentina, esto implica que China deja de ser un demandante ilimitado y pasa a operar con una lógica más selectiva.
En términos concretos, la nueva política china implica:
– Menor ingreso potencial de dólares por exportaciones cárnicas.
– Riesgo sobre empleo industrial y rural ligado al complejo bovino.
– Mayor presión sobre la balanza comercial, en un vínculo ya deficitario.
– La necesidad urgente de diversificar mercados y productos para reducir la dependencia de China.
China y la carne argentina: los números clave
Medida comercial
Arancel adicional: 55%
Vigencia: 2026–2028
Tipo: medidas de salvaguardia
Se suma al arancel vigente del 12%
Cupo anual para Argentina
511.000 toneladas en 2026
521.000 toneladas en 2027
532.000 toneladas en 2028
Todo lo que exceda el cupo paga el arancel del 55%
Exportaciones argentinas de carne a China
Exportado en 2024: 572.883 toneladas (superó el cupo)
Exportado ene–nov 2025: 461.106 toneladas
China concentra más del 70% de las exportaciones argentinas de carne congelada
Impacto en dólares
Exportaciones de carne a China 2025: USD 1.751 millones
La carne es uno de los productos con mayor riesgo geoeconómico por concentración en un solo mercado Impacto en empleo
La industria frigorífica exportadora es intensiva en mano de obra
Provincias más expuestas: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba
Menores exportaciones implican riesgo de suspensiones y menor actividad
Contexto macro
Déficit comercial Argentina–China ene–nov 2025: USD 7.413 millones
China es el principal origen de importaciones y uno de los principales socios comerciales de Argentina
El libro blanco de China: Qué es y qué datos aporta para lo que viene
El Libro Blanco —formalmente denominado “Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe”— es una política de Estado oficial publicada por el gobierno chino que define su estrategia de relacionamiento con la región a largo plazo. El de diciembre de 2025 es el tercero de este tipo; antecedentes similares se dieron en 2008 y 2016, cada uno marcando etapas de profundización en el vínculo Estado-región.
Se trata de un texto extenso y exhaustivo, con más de 40 áreas de cooperación abordadas, que funciona como road-map o hoja de ruta para diplomacia, comercio, inversión, tecnología y cooperación política entre China y los países latinoamericanos y caribeños.
Entre los objetivos del nuevo documento aparecen:
1. Consolidar una “comunidad con un futuro compartido”
China formula la relación con América Latina y el Caribe como parte de un proyecto de “comunidad con un futuro compartido”, orientada a crecimiento conjunto, estabilidad y desarrollo sostenible. Esto se presenta como alternativa de cooperación más allá de la lógica del alineamiento geopolítico tradicional.
2. Cinco programas estratégicos
El documento estructura la cooperación bajo cinco programas complementarios:
Solidaridad: apoyo mutuo y gestión conjunta de desafíos.
Desarrollo: proyectos de infraestructura, energía, innovación y financiamiento.
Civilización: intercambios culturales, educativos y científicos.
Paz: cooperación en seguridad, resolución pacífica de conflictos y defensa de la soberanía.
Interconexión entre pueblos: movilidad, turismo y vínculos sociales.
Estos programas operan como prioridades transversales al comercio, inversiones y relaciones institucionales.
3. Profundizar cooperación económica y comercial
El documento reafirma la intención china de:
ampliar el comercio bilateral más allá de materias primas;
promover transacciones en monedas locales y mecanismos financieros alternativos (como swaps o bonos panda);
facilitar acuerdos comerciales, protección de inversiones y cooperación regulatoria entre China y los países de la región.
Fuente: CERA – IEI – Observatorio China, “En Cont@cto China Nº 208”, diciembre 2025
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió oficialmente a la intimación emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), intensificando la disputa entre ambas instituciones por el control de los balances y la supervisión administrativa. Este cruce pone en primer plano el estado de las cuentas del fútbol argentino y la transparencia en su gestión.Te puede interesar:El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil
Según la IGJ, dirigida por Daniel Roque Vítolo, se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables que, en conjunto, superan los USD 450 millones. El organismo estatal sostiene que esas cifras, acumuladas durante los últimos ocho años, no tienen el desglose necesario y que las observaciones previas no fueron respondidas. Así lo expresó Vítolo a Infobae: “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”.
Desde la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se afirma que todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento. Mediante un comunicado, la organización sostiene que aportó informes y documentación en tiempo y forma. Además, indica que sólo una observación le fue notificada conforme a la norma y que fue respondida de inmediato. Señala también la obtención regular de certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de obligaciones y documentación.
Entre los argumentos de la AFA figura el trámite de cambio de jurisdicción, realizado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires. Según la asociación, la asamblea correspondiente fue fiscalizada por veedores de la IGJ y toda la documentación fue aprobada y emitida por la autoridad estatal. Más adelante, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló el traslado y notificó formalmente a la IGJ.
Desde la perspectiva de la AFA, cuestionar el traslado carece de fundamento, ya que sostiene que se realizó conforme a la normativa y bajo supervisión oficial. Niega toda intención de eludir controles o escapar a la fiscalización estatal, y afirma que el cambio fue parte del ejercicio regular de sus derechos. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcó.
Sobre las diferencias contables, la IGJ remarca que la magnitud y la falta de detalle en partidas globales requieren un análisis adicional, tanto de la AFA como de los auditores externos involucrados en la validación de los balances. Según Vítolo, se necesitan explicaciones técnicas y garantías respecto a la prevención de lavado de dinero y la trazabilidad de los fondos, en línea con investigaciones penales sobre el manejo de recursos.
La AFA responde que la mayoría de las observaciones a los balances no le fue notificada formalmente y que varias vistas fueron archivadas sin un procedimiento concreto. Argumenta que presentó la documentación correspondiente y denuncia demoras de hasta más de 700 días hábiles por parte de la IGJ para analizar los expedientes. Sostiene que es imposible responder a requerimientos no cursados formalmente.
En cuanto a posibles medidas, el inspector Vítolo advirtió que si la AFA no da respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable. Esta función consistiría en investigar los libros y documentos de la AFA y la Liga Profesional, con el objetivo de esclarecer la gestión de fondos y responder a las observaciones pendientes. “Si no contesta la AFA…, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, aseguró el funcionario.
La posición de la AFA es rechazar la necesidad de tales medidas y sostener que los controles deben realizarse respetando las competencias y el cauce legal. Alega que la difusión pública de imputaciones sin respaldo documental implica presión mediática y no una fiscalización transparente.
La IGJ comparó el caso con el escándalo FIFA Gate, que expuso una red global de corrupción. Según Vítolo, si se prueban desvíos de fondos, operaciones cambiarias irregulares o manejos ilícitos, el impacto podría superar el del caso internacional. Recordó que entonces se trataba de unos USD 200 millones, mientras que las partidas en revisión en la AFA superan ya los USD 400 millones.
Vítolo también subrayó que, si se demuestran ilícitos, la responsabilidad sería individual y recaería sobre miembros del Consejo Directivo, directivos de clubes y fiscalizadores que avalaron los actos, sin afectar a la AFA como institución.
La AFA reitera estar dispuesta a responder por los canales institucionales y sostiene que el uso mediático de la causa desvirtúa la legalidad del proceso. Recalca que las acusaciones públicas carecen de prueba documental y contradicen los propios actos administrativos previos del organismo estatal.
En su visión, el conflicto revela una disputa política y judicial de fondo, donde se busca trasladar responsabilidades por demoras e irregularidades. La asociación concluye que los cuestionamientos no se sustentan en hechos comprobados y atribuye la controversia a la falta de respuesta oportuna y adecuada del propio organismo de control.
A la par del conflicto administrativo, hay varias causas abiertas que pusieron la lupa sobre el manejo de dinero de la AFA y sus principales autoridades. Al respecto, ayer habló por primera vez Tapia de la cuestión. “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, planteó.
La disputa sobre la reforma laboral sumó, en las últimas 96 horas, la desesperación de varias provincias ante la segura caída en la coparticipación si avanza el dictamen que consiguió firmar La Libertad Avanza en diciembre pasado en el Senado, luego frenado por tropelías de la Casa Rosada en el tratamiento del hoy sancionado y vigente Presupuesto 2026. La situación, que generaría un costo político al Gobierno libertario -siempre y cuando logre dicho objetivo-, comenzó a sembrar advertencias de potenciales aliados del oficialismo no sólo por el proyecto en sí mismo, sino por el inevitable condicionamiento para el período ordinario, que comenzará el 1 de marzo.Te puede interesar:Los videos de la ola gigante que impactó en la Costa Atlántica y dejó un muerto y decenas de heridos
“¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un legislador opositor ante Infobae. Desde otro despacho con intenciones de ayudar deslizaron a este medio: “Supongamos que estamos ‘mejor’ en la macro, aunque la salida formal de la recesión no la veo aún. Decime cómo hace un gobernador si en unas semanas te sacan el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos en una planta pública que ya recortaste. Ni con ATN -en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional- te lo cubrirían. Y en el Senado representamos a las provincias. No se entiende”.https://852eb70f6e191b5f3f5358497e856cb2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El oficialismo le bajó el tono en las últimas horas. “No parece ser tan grave, aunque cada provincia es distinta. No es lo mismo una en la que pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa, que otra con mucha más espalda a la que le llega menos, en comparación general por habitante”, aseguró un libertario. En tanto, otro sugirió: “No hay que armar grandes dramas por esto si no hay votos para algún artículo. Ya pasó en ley Bases y el paquete fiscal y el país siguió adelante con Milei”.Te puede interesar:Kicillof asume el rol de líder en las recorridas de verano y saca ventaja en el PJ como candidato del 2027
La última definición fue compartida por un soldado peronista. El mismo dijo: “Mi apuesta es que lo van a usar de moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente, junto a los ministerios de Economía, y del Interior. Han demostrado ser más pragmáticos en las sesiones extraordinarias de diciembre. Estimo continuarán por la misma vía si convocan en febrero”.La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Jaime Olivos)https://852eb70f6e191b5f3f5358497e856cb2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
Del otro lado, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció en reiteradas ocasiones la reanudación de reuniones y peloteos con empresarios, gremios y la oposición de cara a los próximos días, aunque los dueños de los votos clave ya bajaron la ansiedad por el destino del texto.Te puede interesar:ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9
Por caso, durante el último fin de semana, desde una fuerza dialoguista en el Senado manifestaron a Infobae: “El oficialismo creció desde el 10 de diciembre y está muy bien que maneje la agenda. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es con el costo político de querer acelerar sin parar. Me refiero al Ejecutivo. Se lo avisamos a Bullrich y por eso se dejó la reforma laboral para febrero. Pero tampoco se deben exceder en poner plazos que después no se cumplan. Nos desgasta como aliados”.
Ayer, este medio contó que un senador advirtió: “Si esto avanza con muchos cambios extra, la votación en particular será densa y delicada. Y del otro lado estará el kirchnerismo. Años atrás, cuando el cristinismo abrió en el recinto la reforma judicial -después se trabó en Diputados-, fue un papelón. El inconveniente es que el Gobierno pretende pocas modificaciones; nosotros, algunas más”.
Junto a las leyes laboral y de glaciares -también tiene despacho firmado en la Cámara alta-, otro dictamen que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. Se encuentra en Diputados, aunque no preocupa a los bloques. Uno que sí generaría rispideces es el Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó, ni siquiera, en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad.
El Gobierno busca acelerar la sanción de la reforma laboral y apuesta a aprobarla en febrero. Pero en paralelo se abre un frente que amenaza con convertirse en el primer revés político del año: el decreto con el que Javier Milei reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.
En la oposición ya existen conversaciones informales para rechazar el DNU 941/25, una norma que habilita, entre otros puntos sensibles, que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinados supuestos. El movimiento se cocina en silencio, mientras el oficialismo concentra su energía en aprobar la “modernización laboral”.
Con el Congreso en receso, los detractores del decreto activaron el frente judicial: al menos cuatro amparos ya fueron presentados para frenar su aplicación por presunta inconstitucionalidad. Pero el verdadero test llegará cuando se reanude la actividad parlamentaria. Allí, la SIDE puede transformarse en el terreno donde la oposición vuelva a medir fuerzas con la Casa Rosada.
José Mayans y Juliana Di Tullio, del bloque Justicialista en el SenadoMario Mosca / Comunicación Senado
Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.
Solo si ambas cámaras lo desaprueban el DNU cae definitivamente. Si una sola lo rechaza, o si ninguna lo trata, el decreto queda firme como una ley más.
Los números son ajustados y dependen del centro político. Radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias concentran la llave para que la oposición pueda reunir las mayorías necesarias.
En el Senado, Unión por la Patria suma 28 bancas entre el bloque Justicialista que conduce José Mayans, Convicción Federal y los santiagueños que armaron bloque propio. A ellos se sumarían senadores provinciales y radicales desencantados. “Es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado”, admitió un senador peronista.
Desde los espacios provinciales niegan que la SIDE se mezcle con la negociación laboral. “Son dos temas con peso propio”, aseguran. Por ahora, el decreto de inteligencia no aparece como moneda de cambio en la discusión por los recortes coparticipables incluidos en el proyecto laboral, uno de los puntos más resistidos por los gobernadores.
De hecho, un día después de la publicación del DNU, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal emitieron un comunicado conjunto en el que anticiparon su rechazo sin matices: “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.
En Provincias Unidas confluyen los legisladores que responden a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El espacio reúne seis senadores y 19 diputados, un caudal decisivo para inclinar la balanza.
Una de las primeras en expresar su disconformidad con el DNU 941/25 fue la senadora cordobesa, Alejandra Vigo, aliada de Llaryora.
Junto con la Coalición Cívica, Provincias Unidas reclamó formalmente a Victoria Villarruel y Martín Menem que se constituyan las bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El oficialismo, por ahora, dilata esa conformación. Con los plazos legales en proceso, la oposición deberá esperar a febrero para llevar el DNU al recinto.
Hay un antecedente que alimenta las expectativas opositoras: el primer decreto que el Congreso le rechazó a Milei fue el que giraba $100.000 millones a la SIDE, en pleno auge del discurso del “no hay plata”. Aquella vez votaron juntos el PJ, la UCR y Pro.
Pero esta vez el macrismo parece jugar en otra vereda. Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, difundió un comunicado en el que elogió la mayoría de los cambios en inteligencia y se limitó a prometer un “análisis responsable” antes de fijar posición.
Cristian Ritondo, jefe de Pro en Diputados, y Santiago Caputo, asesor presidencial, durante la inauguración de una nueva estación de servicio de YPF en la zona de Pinamar Norte este fin de semanaMarcelo Aguilar – LA NACION
El gesto no fue aislado. El último fin de semana Ritondo se mostró en Pinamar junto a Santiago Caputo, el asesor presidencial que maneja los hilos políticos de la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra. Ambos son aliados en la interna libertaria que enfrenta al tándem Karina Milei–Menem con el núcleo duro de Las Fuerzas del Cielo.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para alinear gobernadores detrás de la reforma laboral. Y este viernes, en la Casa Rosada, se activará la mesa política del oficialismo por primera vez en el año. Estarán Caputo, Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich; no se descarta la presencia de Karina Milei.
La escena condensa el dilema del Gobierno: mientras acelera su reforma estrella, la SIDE amenaza con convertirse en el primer revés legislativo del 2026. Si cae el DNU, el costo político será inmediato. Si sobrevive, Milei habrá probado que también puede blindar su poder en el terreno más sensible del Estado.
En tanto, desde la consultora Cohen Aliados Financieros desglosaron que, del total de vencimientos, $5 billones corresponde a la letra ajustable por TAMAR y $1,9 billones a la Lelink D16E6, luego del canje realizado la semana pasada. «En este marco, el Tesoro cuenta con $3,1 billones depositados en su cuenta en el BCRA, por lo que es probable que apunte a sostener un rollover elevado», mencionaron.
La primera licitación del 2026
En este primer llamado del año, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición una amplia gama de instrumentos del Tesoro Nacional, con alternativas en pesos a tasa fija, tasa variable, ajustadas por inflación y vinculadas al dólar, con el objetivo de refinanciar los compromisos inmediatos y testear el apetito del mercado.
Dentro de los instrumentos a licitar en pesos a tasa fija, el menú estará compuesto por letras y un bono capitalizable, incluyendo reaperturas y una nueva emisión. Los títulos disponibles serán:
– Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 27 de febrero de 2026 (S27F6 – reapertura).
– Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 29 de mayo de 2026 (S29Y6 – reapertura).
– Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).
– Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 30 de junio de 2027 (nuevo), que forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija.
En el segmento de tasa variable, la Secretaría de Finanzas ofrecerá una única alternativa atada a la tasa TAMAR, orientada a quienes buscan cobertura frente a movimientos de las tasas del mercado. El instrumento incluido es:
– Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).
Instrumentos ajustados por inflación y opciones en dólares
Para los inversores que priorizan la cobertura frente a la inflación, el Tesoro licitará instrumentos ajustados por CER, tanto en formato de letras como de bonos cero cupón, todos ellos bajo la modalidad de reapertura. La oferta estará integrada por:
– Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 29 de mayo de 2026 (X29Y6 – reapertura).
– Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).
– Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).
– Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).
Además, la licitación incluirá dos nuevos instrumentos denominados en dólares estadounidenses, vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial y sin pago de intereses, que apuntan a captar demanda de cobertura cambiaria de corto plazo. Las opciones serán:
– Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 27 de febrero de 2026 (nueva).
– Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de marzo de 2026 (nueva).
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del miércoles 14 de enero de 2026, mientras que la liquidación de las operaciones adjudicadas se realizará el viernes 16 de enero. La licitación se efectuará mediante indicación de precio, sin precios mínimos ni máximos, con excepción del nuevo bono capitalizable, que requerirá la indicación de la tasa efectiva mensual.
Tramos, condiciones y detalles operativos
Tal como es habitual, la colocación se dividirá en dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo. El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas sin especialización financiera, con límites de hasta VNO $50 millones en instrumentos en pesos y hasta VNO USD 50.000 en los títulos denominados en dólares.
Por último, en el tramo competitivo podrán participar inversores por montos superiores a esos límites, así como todos aquellos excluidos del tramo no competitivo, sin tope máximo de oferta y con mínimos establecidos según el tipo de instrumento.
Las propuestas deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), conforme a los procedimientos vigentes.
Según estimaciones de entidades especializadas en análisis macroeconómico, el índice se ubicaría en torno al 2,6% para diciembre y cerca del 31% para todo el año. De confirmarse esta proyección, sería el registro más bajo desde 2017, cuando el dato oficial fue de 24,8% durante el segundo año de la gestión de Mauricio Macri.https://5152a0aec94355421bf97451c3497123.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
Las principales consultoras privadas, como Equilibra, C&T Asesores Económicos y EcoGo, coincidieron en que la variación mensual de precios oscilará cerca de 2,6%, con una leve aceleración frente al 2,5% registrado por el Indec en noviembre.Te puede interesar:ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9
Por su parte, C&T Asesores Económicos registró para la región del Gran Buenos Aires (GBA) un aumento mensual de 2,6% en diciembre, por encima del 2,4% de noviembre, aunque menor al 2,8% de diciembre de 2024.https://e.infogram.com/8f58eb68-e105-413c-a5a7-5c4e34ef7cf5?parent_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Feconomia%2F2026%2F01%2F13%2Finflacion-hoy-se-conocera-el-dato-de-diciembre-y-2025-cerraria-con-la-cifra-mas-baja-de-los-ultimos-8-anos%2F&src=embed#async_embed
“Diciembre es otro mes donde la carne estará en el centro de la escena en términos de inflación (sólo la carne vacuna dio arriba de 8% mensual). El IPC interanual 2025 finalizaría en torno a 31%”, expuso Gonzalo Carreras, economista de Equilibra, la consultora que utiliza un relevamiento de 130.000 precios y cubre el 85% del IPC Nacional.
El rubro de alimentos y bebidas mostró particular dinamismo en los precios, impulsado sobre todo por el alza en la carne. EcoGo estimó que los alimentos subieron 2,5% en diciembre, principalmente por la carne vacuna, que trepó 9,6% en el mes. Las frutas subieron 1,8%, mientras que las verduras descendieron 7,9%, compensando parcialmente la suba del rubro.
El monitoreo de alta frecuencia realizado por Invecq reveló que los precios aumentaron en promedio 1% en la cuarta semana de diciembre (la de Navidad). De este modo, la inflación móvil de cuatro semanas subió a 2,6%, tras 15 días con variaciones casi nulas.La inflación de diciembre rondaría el 2,6% y 2025 cerraría con un IPC de alrededor de 30% EFE/Juan Ignacio Roncoroni
LCG reportó que, en la quinta semana de diciembre, el rubro alimentos y bebidas aumentó 0,6% semanal, con un promedio mensual de inflación descendiendo a 1,7%. Analistas de la consultora indicaron que el incremento mensual se explica exclusivamente por la carne, mientras que verduras y lácteos restaron presión inflacionaria.
Por su parte, Analytica aportó que, durante la última semana de diciembre, alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 0,5%. Sus relevamientos semanales mostraron una tendencia descendente: 1% en la primera semana, 1,2% en la segunda y 0,9% en la tercera.
Adelantos oficiales
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que recopila proyecciones de consultoras y analistas económicas para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estimó una inflación de 2,3% para diciembre, superando en 0,2 puntos porcentuales la previsión del mes anterior.https://e.infogram.com/3dee253f-b887-4119-b47f-bb668ec131c7?src=embed&embed_type=responsive_iframe
Para enero de 2026, el REM anticipa un IPC por encima de 2% y prevé que recién en junio el índice baje a 1,5%. Para el cierre de 2026, la proyección de inflación pasó de 19,6% a 20,1% interanual.
Otro indicador considerado como anticipo de la tendencia nacional es el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba), que cerró 2025 con un aumento de 31,8%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).
El informe destaca que, aunque se desaceleró respecto al 136,7% anual de 2024, se observaron incrementos muy superiores al promedio general en sectores como carnes y derivados (49,6%), frutas (47,4%), transporte personal (43%) y alquiler de vivienda (37,6%).
Entre enero y noviembre de 2025, el índice acumulado alcanzó 27,9% en todo el territorio nacional. Incluso si el dato de diciembre llegara a 3%, el incremento anual se ubicaría en 31,7%. Así, 2025 cerraría con la inflación más baja desde 2017.
Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén.
Según difundió la agencia Noticias Argentinas, el contraste con el panorama del sábado es total. Durante el inicio del fin de semana, la visibilidad era nula y el fuego había llegado al asfalto de la Ruta 40, obligando a su corte total. Este domingo, en cambio, el asfalto lucía mojado y las laderas de las montañas, antes envueltas en llamas y humo, mostraban la tierra oscura por la humedad.
En Epuyén, solo en la última semana, se quemaron 12.000 hectáreas. El área afectada se duplicó el sábado en pocas horas debido a las ráfagas, marcando el punto más crítico de la emergencia.Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nuncaSuscribite
De esta manera, resultó en una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia.
Aunque el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela. Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.
La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.
La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas.
“Ayer el fuego estaba al borde del camino; hoy la montaña respira”, relataron testigos en el paraje Rincón de Lobos, donde el agua también llegó para aplacar las cenizas.
El reclamo de los brigadistas: «Un salario digno»
Fabián Lagos, brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, subió un video a su cuenta de Instagram en el que, junto a colegas ubicados en el lago Menéndez, exigen una mejora en sus condiciones laborales.
«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente, estabilidad, y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente».
«Si no podemos lograr eso nos están obligando a un conflicto que no queremos generar, queremos trabajar. Nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas», advirtieron las personas que arriesgan su vida combatiendo las llamas.https://rudo.video/vod/bVFft3?volume=0
Losbrigadistas cobran entre $650.000 y $850.000 por mes, por debajo del costo estimado de la canasta básica local y menos incluso que otros trabajadores del mismo sector, como los administrativos, tras haber sido excluidos de las paritarias por el Ejecutivo en 2024.
Sin embargo, Manuel Adorni este domingo festejó la labor coordinada del Gabinete nacional e informó que se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno para contener el avance de las llamas, a una semana del inicio del siniestro.
“El pacto Mercosur-UE genera la mayor área de libre comercio geográfica del planeta. La asimetría entre la dimensión de ambos bloques fortalece el valor del acuerdo, que ocurre entre un bloque de países desarrollados y otro de emergentes, uno del norte y otro del sur, uno internacionalizado y otro hasta hoy económicamente cerrado”, señaló un informe del especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo.
Para el bloque sudamericano, el acuerdo implica un cambio de fondo: podría dejar de ser una región con escasa inserción en el comercio internacional.El presidente de la Argentina, Javier Milei; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú (Photo by Evaristo Sa / AFP)
“El Mercosur ha fomentado hasta hoy el comercio entre sus miembros pero logró escasa vinculación fuera del mismo con terceros (Brasil y Argentina, sus principales miembros, son desde hace varios años unos de los 15 países comercialmente más cerrados del planeta). La alta escala arancelaria del bloque ha fomentado quietud internacional”, dijo Elizondo.
En los últimos años, la Unión Europea exporta al Mercosur más de USD 75.000 millones anuales, mientras que el bloque sudamericano envía a Europa alrededor de USD 60.000 millones.
Se estima que el acuerdo podría impulsar el comercio bilateral hasta un 25% en un plazo razonable, en un contexto de eliminación o reducción de las elevadas trabas en frontera que aún persisten en ambos mercados.La Unión Europea exporta al Mercosur más de USD 75.000 millones anuales
Además, se prevé un aumento de la inversión extranjera europea en Sudamérica, en línea con la fuerte presencia del capital europeo a nivel global, que concentra cerca del 25% del stock mundial de inversión extranjera directa.
En este contexto, en lo que respecta a la Argentina, “el acuerdo concederá oportunidades, pero exigirá continuar con el avance en reformas críticas entre nosotros para sacar provecho de la oportunidad”, afirmó Elizondo.
Así, sostiene el analista, se requerirá un nuevo marco de competitividad sistémica, integrado por cuatro planos.
Hay un primer plano que trasciende a la política y se ubica en el terreno “metaeconómico”: el de la cultura y los valores necesarios para impulsar una mirada más abierta al mundo y menos replegada hacia adentro.
El segundo plano es el macroeconómico. En este punto, como señala Elizondo, será clave consolidar en el tiempo las reformas impulsadas en los últimos meses para ordenar desequilibrios heredados —fiscales, monetarios y cambiarios— y profundizar el proceso ya iniciado de revisión y ajuste de normas “obstructivas”, como las laborales, impositivas y administrativas, que aún esperan tratamiento.
El tercero es el mesoeconómico, en el que la infraestructura, la eficiencia del sector público, el acceso a servicios, provisiones y recursos (incluyendo personas más formadas) será requisito.
Y el cuarto es el microeconómico, en el que las empresas tendrán que desarrollar atributos competitivos ante la nueva exigencia. En este aspecto, a criterio de Elizondo, aparecen para el sector privado 7 llamados:
Desarrollar estrategias inteligentes y anticipativas.
Administrar ambientes de negocios diferentes y hasta acompañar el cambio tecnológico y cultural permanente que el mundo propone.
Incorporar conocimiento, innovación y ciencia en la oferta y en las tácticas comerciales.
Generar arquitecturas vinculares y relaciones sistémicas con contrapartes externas que deben pasar a ser más socios y aliados que clientes.
Generar instrumentos de reputación como marcas comerciales o certificaciones de calidad y cumplimiento de estándares.
Diferenciar la oferta en base a condiciones cualitativas.
Concebirse para competir en base a la condición de la empresa y no por la mera calidad de un producto.
Por ello, “el avance en la aprobación del acuerdo no termina una etapa, sino que inicia otra”, indicó Elizondo.Las empresas tendrán que desarrollar atributos competitivos ante la nueva exigencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
En otro orden, el experto destacó que el acuerdo con la Unión Europea tiene un carácter histórico para la Argentina porque ofrece una salida a décadas de aislamiento comercial.
Señala que el país cuenta con muy pocas empresas exportadoras de peso —menos de 500 venden más de USD 10 millones al año al mundo— y que, desde comienzos del siglo XXI, las exportaciones argentinas fueron de las que menos crecieron a nivel global, en buena medida por la falta de acuerdos que faciliten el comercio y la inversión.
Elizondo remarcó que el país arrastra una visión del mundo como amenaza, lo que explica su bajo nivel de integración comercial frente a otros países de la región.
Mientras Chile, México o Colombia tienen decenas de socios comerciales, la Argentina llega apenas a una docena, lo que coloca a sus empresas en desventaja competitiva frente a sus pares regionales.Mientras Chile, México o Colombia tienen decenas de socios comerciales, la Argentina llega apenas a una docena (Imagen Ilustrativa Infobae)
En ese contexto, el experto subrayó que el Gobierno impulsa reformas en tres frentes complementarios: el orden macroeconómico, un nuevo marco regulatorio y la apertura comercial, entendida como condición clave para sostener las otras dos.
De acuerdo a Elizondo, el tratado cambia la matriz de inserción internacional al vincularse con países desarrollados que compiten por valor y calidad.
Además de reducir aranceles y armonizar normas, crea un marco de previsibilidad que favorece el comercio y la inversión. Europa ya es un socio relevante para la Argentina y podría ampliar su peso en sectores como energía, minería y servicios.
Elizondo advierte que el acuerdo no resuelve los problemas internos, pero sí eleva los estándares: aumenta la competencia, mejora las condiciones para los consumidores, obliga a políticas públicas más eficientes y fortalece la reputación del país.
En ese marco, considera que el nuevo vínculo con la Unión Europea puede convertirse en un fuerte incentivo para la llegada de inversiones, siempre que la Argentina avance en las reformas pendientes y las empresas se adapten a las nuevas exigencias.
Las apuestas deportivas son uno de los negocios más rentables del universo de la pelota. Y los deportes en videojuegos o los “e-games” son una de sus industrias más pujantes. Pero las leyes del mercado no aplican para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad que conducen Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino rescindió dos contratos y pagó indemnizaciones por US$14 millones a la empresa española Odeoma Gestión SL en 2021, aunque los acuerdos se cancelaron de mutuo acuerdo y por cuestiones de fuerza mayor, según surge de documentos oficiales de la entidad y balances de Odeoma que obtuvo y analizó LA NACION.
Las indemnizaciones por US$14 millones que embolsó Odeoma SL se suman, así, a los honorarios del 30% que cobró por su rol como agente recaudador o “intermediario” de la AFA, labor por la que recibió transferencias por más de US$30 millones de patrocinadores y otras empresas que sellaron acuerdos comerciales con la entidad de la calle Viamonte, tal como reveló este diario.
La trama que terminó en las indemnizaciones comenzó en febrero de 2018, cuando la AFA firmó un contrato con Odeoma −una sociedad integrada por el santiagueño Fabián Marcelo Saracco, de llegada directa a Toviggino− para desarrollar y gestionar un Prode online de apuestas deportivas para competencias del fútbol argentino durante diez años. El acuerdo −al que accedió LA NACION− lo firmó Tapia e indica que la empresa española se llevaría, como contraprestación, el 30% de todos los ingresos que tuviera dicho negocio.
Saracco y su socio español Amoedo
Ante las autoridades españolas, Odeoma informó una inversión de 1,3 millones de euros para la implementación del Prode. “Lo estamos desarrollando con entidades internacionales con las que mantenemos acuerdos firmados y, al mismo tiempo, estamos manteniendo distintos encuentros con plataformas gamming internacionales para la puesta en marcha y para su posible cesión o gestión”, notificó la compañía en su balance de 2021.
Pero el proyecto finalmente se cayó ese mismo año. “Como consecuencia de la pandemia Covid-19, este contrato nunca pudo ser ejecutado a satisfacción de las partes, razón que motivara su rescisión en fecha 1° de noviembre de 2021”, informó la AFA en el Boletín 6015 del Comité Ejecutivo. Y agregó: “Atento ello, para cumplir con la obligación contraída por la AFA, se ha procedido de manera excepcional el pago en efectivo en moneda extranjera a la firma Odeoma de los importes convenidos entre las partes en el referido acuerdo de rescisión”.
En noviembre de 2021, la AFA y Odeoma rescindieron el contrato del Prode.
La rescisión del contrato, según reconstruyó LA NACION en base a documentos internos, habría ascendido a los US$8 millones en favor de Odeoma. Y ese es el monto que, una semana después de la publicación en el boletín de la AFA, la entidad que lideran Tapia y Toviggino transfirió a la empresa española con el concepto “terminación de contrato predicciones deportivas”.
Empresa española, negocios fuera de España
En total, Odeoma y su marca comercial, Gold Medal Sports, firmaron al menos siete contratos con la AFA desde 2018 en adelante. Sin embargo, ninguno apuntó a actividades en España. La mayoría de los contratos −a los que accedió este medio− le asignó un rol de representante comercial de la entidad de la calle Viamonte. Y con esa premisa, Odeoma embolsó ingresos de la AFA por auspicios para utilizar la marca del fútbol argentino, con el mismo porcentaje que acordó en diciembre de 2021 TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Faroni y Erica Gillette.
En el caso de Odeoma, el perfil de la empresa registró una clara transformación desde 2018, cuando empezó a firmar contratos con la entidad de la calle Viamonte. Su crecimiento se aceleró, en especial desde 2020, acompañado del desembarco de dos administradores: el argentino Saracco y el español Melchor Israel Amoedo Merlín, cuyo primer apellido, escrito al revés, es Odeoma.
En el Paseo de la Castellana 40, en Madrid, funcionaría la sede central de Odeoma.
Amoedo Merlín aparece como el rostro más visible de esta compañía; firma casi todos los contratos con la AFA junto a Tapia y Toviggino. Pero en el entramado que comenzó en Madrid y luego se expandió a otras compañías aparece Saracco, accionista minoritario (49%) a través de la empresa Las Runas Development SL.
Comerciante de 60 años, Saracco es un argentino que vive en la localidad de Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid, pero en la Argentina registró su domicilio, vivió y trabajó en Santiago del Estero, el pago chico de Toviggino. Y tenía trato directo con Juan Pablo Beacon, un alfil del tesorero que le daba órdenes directas, según reconstruyó LA NACION. Apenas trascendió su nombre durante los últimos días, dio de baja sus cuentas en X y en Linkedin.
Saracco cerró sus cuentas en los últimos días.
Gracias al vínculo que Saracco tejió con la AFA, Odeoma embolsó millones de dólares. Tanto por su intermediación en operaciones comerciales, como por las indemnizaciones que cobró. Porque el Prode online no fue el único contrato que le rescindió la AFA. También se cayó un proyecto de videojuegos. Este medio se comunicó con los socios de la empresa española y con la AFA, pero no obtuvo respuesta.
“Virtual Liga Argentina”
El 4 de julio de 2018, Chiqui Tapia y Toviggino firmaron un acuerdo con Odeoma para que asuma la representación comercial y el desarrollo de la “Virtual Liga Argentina”, un torneo de e-sports (Playstation) bajo la modalidad 11 contra 11. Es decir, una simulación del torneo local pero desde la consola. El contrato −al que accedió LA NACION− detallaba que Odeoma sería el representante comercial de la AFA y que se quedaría con el 30% de los ingresos netos por un plazo de diez años.
Tapia y Toviggino aparecen en todos los contratos de la AFA.x.com/ascensointerior
Tapia llegó, incluso, a anunciar la “Virtual Liga” en diciembre de 2018 y comenzó a rodar en 2019 en el videojuego eFootball PES. Pero la AFA no mencionó a Odeoma en su lanzamiento. “La idea fue traída a la AFA por Virtual Pro Network (VPN), la plataforma que concentra la mayor base de datos de jugadores en todo el mundo”, indicaron las autoridades del fútbol local. La “Virtual Liga” ganó protagonismo cuando el fútbol argentino se suspendió durante la cuarentena por el Covid-19: la AFA lanzó la Copa #QuedateEnCasa en 2020, de la que participaron 21 equipos de la Liga Profesional.
Para entonces, Odeoma ya no formaba parte del proyecto. El 30 de diciembre de 2020, Tapia y Toviggino firmaron la rescisión del contrato. El documento −al que accedió LA NACION− indica que por la finalización del convenio −que se hizo de mutuo acuerdo− la AFA le pagaría una indemnización de US$6 millones. “Ambas partes declaran que, como consecuencia de la pandemia, el contrato nunca pudo ser ejecutado, razón que motiva el presente convenio de rescisión contractual”, indica.
El 30 de diciembre de 2020, Odeoma y la AFA rescindieron el contrato por el Fútbol Virtual.
Las rescisiones contractuales no afectaron el ida y vuelta entre Buenos Aires y Madrid, al punto que Odeoma suscribió más convenios con la AFA. Así, por ejemplo, el Comité Ejecutivo informó en sus boletines de 2021 que se habían firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selección con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh. En todos ellos, la empresa española apareció como el agente de cobro, con un fee del 30% sobre los ingresos.
No sólo eso. A través de su filial GMS Sports Services, Odeoma expandió a Estados Unidos sus negocios con la AFA. Firmaron un contrato en octubre de 2021 para “la gestión integral del proyecto AFA en Miami, tanto en el diseño, construcción, puesta en marcha y explotación”, indica el documento al que accedió este medio.
Tapia y Toviggino aceptaron de puño y letra la propuesta de la compañía por US$3 millones sólo durante el primer año.
artín Rappallini se autodefine como “industrial”. Con tan solo 25 años, en 1993, compró Cerámica Alberdi, la convirtió en la líder del mercado con una participación del 25% y años después, en 2005, fundó Alberdi Desarrollos y construyó cuatro parques industriales. Gracias a su vinculación con una gran cantidad y diversidad de empresas, primero fue presidente la Unión Industrial de Buenos Aires y luego, en mayo de este año, asumió como presidente de la UIA.
Como máximo referente de la industria local le está tocando lidiar con un momento de extrema tensión en su sector. Según el último informe de la UIA la actividad industrial se mantuvo en octubre alrededor de un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Y si bien registró un crecimiento del 0,3% en octubre respecto de septiembre, solo la refinación de petróleo y la producción de motos alcanzaron los valores máximos acumulados en 2022.
Es en este contexto que Rappallini recibe a Fortuna y habla sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos y también entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, explica por qué el crédito, una reforma impositiva que baje la presión fiscal del 52% al 25%, una reforma laboral que no haga que el costo de un empleado para una empresa sea un 100% más que lo que el trabajador se lleva al bolsillo, una mejora en la infraestructura y educación de calidad permitirían que entre “el 90% y el 95% de la industria argentina sea competitiva en el mundo”. “Tenemos que trabajar sobre el costo argentino”, afirma.
Fortuna: Si bien todavía falta la letra chica, ¿qué opinión le merece el acuerdo con Estados Unidos?
Rappallini: Hay una posición positiva por parte de la industria de que a la Argentina le conviene una alianza con el Atlántico, no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea. Nosotros entendemos que con países que respetan las reglas internacionales de comercio y que tienen las mismas reglas de funcionamiento se puede abrir una oportunidad de integrarnos. Dicho esto, lo que vemos puntualmente con el acuerdo con Estados Unidos es que son un país que no se autoabastece en ninguna cadena de valor. En promedio, importan el 30% de lo que es su producción industrial, con sectores que importan un 20%, otros un 50% y algunos llegan al 90%, como es el caso del calzado. Y ahí es donde vemos una oportunidad. Ellos se autodefinen como un gran Walmart que le compran al mundo y que quieren comprarles a los amigos. Y esta definición de ellos también es un cambio importante para el comercio internacional, porque la geopolítica pasa a tener un rol fundamental y los países van a empezar a elegir con quién comerciar en función de la relación política.
«A la Argentina le conviene una alianza con el Atlántico, no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea», afirma Martín Rappallini, titular de la UIA.
Fortuna: Desde el punto de vista comercial, ¿no cree que el acuerdo está un poco desbalanceado, teniendo en cuenta que los sectores en los cuales argentina abre el mercado son industriales, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, vehículos?
Rappallini: Con Estados Unidos va a haber un win-win desde el punto de vista industrial mucho más favorable que con China. Los datos hablan por si solos. Con China, nuestro país va a tener déficit comercial MOI cercano a los u$s 19 mil millones, mientras que con Estados Unidos rondará los u$s 1.000 o u$s 2.000 millones. Lo que veo también es que hay un error en cómo se ve el acuerdo, porque nosotros no vamos a competir con Estados Unidos de manera directa, sino que vamos a competir con los proveedores de Estados Unidos porque es un país netamente importador, el mayor importador del mundo. Entonces, nosotros vamos a estar compitiendo con México, China, Canadá, Europa, Brasil, Colombia, Perú, Chile y todo país que le esté proveyendo.
Fortuna: En lo que trascendió, Estados Unidos habla de los sectores que Argentina debería considerar; mientras que al revés solo se mencionó uno, que es el de los minerales raros y el de los artículos no patentados de uso farmacéutico…
Rappalinni: Hay muchos sectores que ya están exportando, como el de aluminio y acero. Hay mucha exportación y hay que trabajar para aumentar esa exportación, porque nos vamos a asociar con un país que es el mayor importador del mundo y un mercado muy competitivo, pero tendremos la posibilidad de tener diferencial de aranceles, está claro que es una oportunidad para nuestro país.
Fortuna: ¿Ustedes están participando directamente de las negociaciones?
Rappallini: La metodología que ha tomado Estados Unidos con todos los países es muy particular, porque han firmado convenios de confidencialidad con cada uno de ellos. Es un acuerdo de negociación bilateral con confidencialidad. Entonces, confidencialmente el gobierno nos ha consultado pero tenemos que mantener esa confidencialidad para que no haya filtraciones porque eso podría hacer caer esta negociación. Estados Unidos está negociando con varios países y si algún país se entera con que está negociando Argentina, después se lo pide. Es muy compleja la situación, porque no es un acuerdo de libre comercia, el famoso TLC; sino que es un TIFA, que son acuerdos bilaterales y en este caso se están negociando ciento cincuenta productos; y es el comienzo de lo que podría luego ser un acuerdo de comercio futuro mucho más grande.
Fortuna: Entonces, desde el punto de vista industrial, ¿Estados Unidos es un socio mejor que China?
Rappallini: Sin dudas que Estados Unidos es un socio mejor que China desde el punto de vista industrial. China tiene la cultura de importar materias primas y exportar productos con valor agregado, mientras que Estados Unidos, como comenté antes, importa para toda su cadena de valor y lo que ellos exportan, en general, son productos de muy alto valor agregado.
Fortuna: ¿Qué tan competitiva está actualmente la industria argentina para poder importar a Estados Unidos donde competirá contra otros países mucho más eficientes que nosotros?
Rappallini: La industria argentina es muy heterogénea. Hay muchas empresas que son competitivas hoy y que en la medida que podamos hacer reformas como la impositiva y la laboral podrán serlo mucho más. También hay una potencialidad para muchas de empresas que tienen la capacidad de erradicarse y de competir. Pero no será de un día para el otro, y es por eso que yo hablo de transición. ¿Transición de qué? De pasar de un régimen económico basado en sostener el consumo con gasto público y emisión monetaria, y financiado con los dólares del campo, en un contexto en el que en los últimos diez años no se generó empleo y no hubo crecimiento, a un modelo de crecimiento en el cual tenés que basarte en la competitividad global.
Fortuna: ¿Por este motivo en el día de la industria empezaron a hablar del nuevo contrato productivo? ¿Qué significa ese nuevo contrato?
Rappallini: Exacto, porque este nuevo contrato productivo implica que toda la sociedad argentina – empresarios, trabajadores, Estado- tenemos que empezar a trabajar para ser más eficientes y competitivos. Es una nueva forma de trabajar que permite asociarnos con Estados Unidos. México empezó exportando u$s 100.000 millones en 2003 y ahora exporta u$s 600.000 millones, con un sector autopartista que vendía solo u$s 30 mil millones y ahora les vende u$s 200 mil millones. Lo mismo pasó con Brasil, que exportaba u$s 6.000 millones y ahora les vende u$s 40 mil millones. Estos crecimientos se construyen a través de generar una cadena de valor y entender cuáles son sus necesidades. Hay una oportunidad de crecimiento. No conozco ningún país que haya hecho acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y haya caído su comercio.
Fortuna: ¿Qué factores son claves para mejorar la competitividad de la industria local en este nuevo contrato productivo que nos comenta?
Rappallini: Son cinco los factores claves para ganar competitividad. El primero de ellos es el crédito, que está basado en el orden macroeconómico, relacionado con el ahorro y la moneda, que termina siendo crédito. En todos los países que ha habido desarrollo industrial ha habido crédito para la inversión. El mercado de crédito en la Argentina es de menos del 10% del PBI para el sector privado contra un Brasil que tiene 70 puntos al sector privado. Entonces, el crédito es el factor más importante. El segundo es tener un sistema impositivo que promueva la inversión. Cuando un país tiene menor presión fiscal hay mayor dinamismo, más crecimiento y mayor competitividad. El tercero es un régimen laboral moderno. Los últimos dos son el de contar con una buena infraestructura, porque esto impacta en los costos energéticos, costos de rutas y puertos y; por último, el factor de la educación. Pero educación para el trabajo y de generar los recursos humanos que se necesitan. Cuando hoy vemos a la Argentina en estos cinco temas vemos que el crédito es prácticamente cero; tenemos récord de presión fiscal; en términos de legislación laboral lo hemos, rigidizado; en infraestructura no tenemos nada, y la educación viene empeorando sistemáticamente. La infraestructura tiene dos patas de apalancamiento, que son el crédito y la seguridad jurídica. Acá hemos congelado las tarifas y los peajes, eso lo que hizo fue romper el sistema de seguridad jurídica. A pesar de todo esto, Argentina tiene algo a favor, que muy pocos países lo tienen, que es tener sectores con una gran posibilidad de crecimiento, como puede ser el sector energético, el minero, el campo y la industria del conocimiento. Son sectores que, desde el punto de vista industrial, hay mucha posibilidad.
Fortuna: Usted habló de la reforma laboral, ¿qué posición tiene la UIA respecto a cuál es la principal traba para crear empleo formal?
Rappallini: Hay diversos motivos, porque es un sistema que atenta contra la empleabilidad y contra la voluntad que tiene el empresario de tomar nuevos empleados. El primer elemento que atentó contra esto fue la alta litigiosidad en dos aspectos. Por un lado, respecto de los despidos con multas que multiplicaban por 4 o por 5 la indemnización que siempre generaron una desproporción en lo que realmente tiene que cobrar el trabajador. Después todo lo que es litigiosidad con el tema de enfermedades, que también hay un descontrol total porque le genera al trabajador el incentivo de buscarse alguna enfermedad en vez de pensar en cómo trabajar mejor. Como segundo gran tema está el de la gobernanza dentro de la empresa, como el tema de las vacaciones que tenían que tomarse de octubre a febrero. Tenemos convenios colectivos que tienen 40 años y que lo que se ha generado son sistemas que terminaron rigidizando la forma de relacionamiento entre el sindicato y el empresario. Y, como tercer gran tema está el del costo total que tiene para la empresa un empleado. Si un trabajador gana en mano un millón de pesos, a la compañía le sale dos millones. El costo es del 100%, y ahí están las cargas sociales, jubilaciones, impuestos, aportes, todo. Entonces, ¿qué genera esto? Que las empresas tienen un problema de informalidad muy grande, entre un 40% y un 50% de informalidad. El dato que mejor refleja esta situación es que 1.000 Cuits son el 50% de la economía y 10.000 Cuits son el 75%. Esto rompe la regla de pareto, porque hay casi 600.000 Cuits y el pareto sería que 120.000 Cuits mantuviera todo lo otro. Por eso, nosotros hacemos hincapié en que se debe ampliar la base de aportantes.
Fortuna: ¿La UIA es consultada para la reforma laboral?
Rappallini: Como presidente de la UIA yo estoy en el Consejo Mayo. También hemos trabajado con el Grupo Los Seis en esta reforma, y le llevamos todos los puntos que nosotros entendíamos que era fundamental.
Fortuna: ¿Cree que hay paciencia tanto social como empresarial para esperar las reformas laborales e impositivas mientras la actividad no crece, la informalidad sigue alta y ya hubo más de 250 mil empleos formales que se perdieron en dos años?
Rappallini: Nuevamente es clave el nuevo contrato productivo, con foco en la exportación, que nos permita trabajar en los costos, y el problema es que las rentabilidades bajan. Claro, como en todo el mundo, hay que trabajar más para ganar lo mismo. Esto va a llevar a la Argentina no a tener una economía inflacionaria, sino a tener una como funciona en el resto de los países del mundo, que pone el foco en sus costos para ser competitiva. Todos los países entendieron que es fundamental crear un sistema en el cual el sector privado es el que crea riqueza, y crear riqueza significa mayor producción, empleo y pagar más impuestos.
Fortuna: En la cumbre industrial, Paola Roca La frase esa que hizo tanto ruido en la cumbre industrial de Pablo Rocca dijo una frase que generó mucho ruido: “Necesitamos que el país vuelva a tener una política industrial”. ¿Qué reflexión le merece?
Rappallini: Su frase fue mal interpretada. Lo que dijo Pablo Roca es que, por ejemplo, Italia tiene una política industrial donde hay un sistema de crédito dentro de un orden macroeconómico con amortización acelerada para promover la inversión y políticas públicas para infraestructura. En definitiva, lo que está diciendo, es que se necesita una política industrial que le dé competitividad a los sectores transables de la economía. No es lo mismo el que compite con las mismas reglas dentro del mismo mercado comercial que el que tiene que competir con el mundo. Lo que ha pasado en el mundo con la política industrial es entender que hay una parte de la economía que tiene otra exigencia en términos de competitividad y como país me tenés que tratar de generar las condiciones para que yo tenga, por lo menos, igualdad contra mis competidores globales. Esa es la política industrial de la que hablaba Rocca. Lo que pasa es que muchos lo llevaron para el lado del intervencionismo.
«Lo que dijo Paolo Roca es que se necesita una política industrial que le dé competitividad a los sectores transables de la economía», explicó Rappallini.
Fortuna: ¿En este nuevo contrato productivo no hay muchos sectores que tienen miedo de quedarse afuera?
Rappallini: La Argentina tiene una situación de desigualdad importantísima, y no en comparación con China, sino con Brasil. Tenemos una diferencia en costos estructurales de entre un 20% y un 25%. Esa diferencia se genera por los costos impositivos, laborales, financieros, de infraestructura; es lo que llamamos el costo argentino. Eso es lo que hay que bajar. Hoy, en Brasil, cuesta un 30% menos hacer alimentos que en la Argentina por la estructura de costos. Hay que trabajar sobre el costo argentino. ¿Sabés cómo se baja? Con los cinco factores de lo que hablé antes. Y yendo más al detalle implicaría bajar la presión fiscal del 52% actual al 25%, tener una buena regulación laboral y dar créditos a las empresas. Con eso te digo que quizás el 90% o hasta el 95% de la economía puede ser competitiva.